Violencia contra las mujeres en el Perú

¿Cuál es el alcance del movimiento «Me Too» en el acceso al apoyo institucional?

Por Robin Cavagnoud[1]

La violencia contra las mujeres es definida por las Naciones Unidas como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (ONU, 1993: p. 3).

El fenómeno de la violencia contra las mujeres ha sido fuertemente mediatizado a nivel mundial desde octubre de 2017, principalmente a través de la aparición del movimiento Me Too. Basado en las representaciones individuales y colectivas que definen y orientan las relaciones entre los sexos en una sociedad dada y en particular con relación a la dominación tanto física como simbólica ejercida por los hombres sobre las mujeres (incluso lo inverso es igualmente posible), al interior o al exterior de la familia, y entre todas las edades de la vida. Esto implica además retos individuales, familiares y políticos en términos de salud pública y de protección social.

En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES de 2016 (INEI, 2016) el 32,2% de las mujeres ha sido, al menos una vez, víctima de una forma de violencia física y/o sexual por parte de su cónyuge o pareja, el 64,2% de una forma de violencia psicológica y/o verbal y el 60,5% de ellas manifiesta haber sido o ser el objeto de alguna forma de control o dominación. Estas cifras están por debajo de los resultados registrados en las últimas encuestas, en particular la de 2012 en la que las proporciones fueron las siguientes: 37,2%, 70,6% y 66,3% respectivamente. Sin embargo, la tendencia se mantiene: la violencia de género contra las mujeres se ha instalado como un fenómeno estructural de la sociedad peruana mientras que su magnitud hace extremadamente difícil, por el momento, una mayor democratización e igualdad en la relación entre los sexos, por ejemplo en la toma de decisiones concernientes a la sexualidad, las elecciones profesionales o la vida familiar cotidiana.

Muralización en Barrios Altos, Lima-Perú (Créditos foto: Leslie Camacho)

La literatura sobre la violencia contra las mujeres muestra dos principales formas de expresión. La primera se inscribe en las relaciones de poder y de control, llamada “terrorismo íntimo”, en la que la violencia psicológica y física encierra a las víctimas en la relación conyugal y crea una situación de miedo permanente y de disminución de recursos personales (confianza, autoestima), financieras (dinero para huir) y sociales a través de las redes de apoyo potencial (familia, amigos) (Leone et al., 2007). Esta forma de violencia se origina generalmente en un modelo patriarcal de dominación masculina y en una legitimación de la violencia en el seno de la familia. La segunda es llamada “violencia situacional”. Esta es la consecuencia de un conflicto abierto entre los miembros de una pareja y más específicamente una disputa que desemboca en un acto de violencia física más circunstancial (Johnson & Leone, 2005).

Factores contextuales e individuales múltiples 

Los contextos de vulnerabilidad social y económica tienen una cierta incidencia sobre las dimensiones y la magnitud de la violencia, en particular doméstica, por el hecho de crear tensiones entre los mismos padres y entre los padres y los hijos, pudiendo desembocar en situaciones de agresión verbal y/o física agravada. Hay otros factores que pueden tener una influencia en la victimización de las mujeres en la relación de pareja, en particular su nivel de instrucción en la medida en que la acumulación de un número más importante de años de estudios contribuye a una mejor inserción profesional y a mayores oportunidades en el mercado laboral en condiciones estables (contrato formal, sistema de protección social, mayores ingresos). Esta situación les permite adquirir una mayor autonomía en su vida privada y estar menos expuestas a actos de violencia en su relación de pareja. Sin embargo, es probable que este análisis encuentre limitaciones en el caso del Perú, donde la autonomía de las mujeres puede constituir un factor de violencia originado por la frustración de los hombres frente a su falta de control sobre su vida cotidiana, más que la probabilidad de la denuncia de la violencia de la que las mujeres son víctimas (Benavides, Bellatín & Cavagnoud, 2017). Pareciera que la misma tendencia se verifica en el caso de Colombia, donde la incorporación creciente de las mujeres en el mercado laboral no ha sido sinónimo de la disminución de los maltratos conyugales (Meil Landwerlin, 2004).

Marcha « Ni una menos », Lima – Perú (Créditos foto: Kelly del Sol)

Además, la violencia de género contra las mujeres también puede reproducirse según la lógica intergeneracional. Las mujeres que crecieron en una familia en la cual sus madres fueron maltratadas por sus padres muestran una probabilidad mayor de exposición a las formas de agresión por parte de sus cónyuges. A este respecto, existe una suerte de asimilación y legitimación del maltrato en el seno del hogar y una instalación de la figura masculina dominante que tiene la capacidad de usar la violencia para imponer su autoridad en el conjunto familiar. En esas circunstancias, es frecuente que el consumo de alcohol sea uno de los factores desencadenantes de las agresiones. Según los resultados de ENDES de 2016, un 49,1% de las mujeres víctimas de violencia declaran que sus cónyuges estuvieron al menos una vez bajo la influencia del alcohol y/o las drogas en el momento de cometer el acto violento (56,7% en 2012). En este caso, las mujeres—e igualmente sus hijos— fueron víctimas de la violencia ejercida por los hombres adultos de la familia, principalmente por el padre, pero también por parte de otros miembros masculinos como el suegro o un tío. Además de violencia doméstica no es raro finalmente que las niñas y adolescentes sean el blanco de diferentes agresiones en el colegio o en la proximidad de su domicilio, en el barrio de residencia. En numerosos ejemplos tomados de la actualidad, estas formas de abuso físico pueden transformarse en agresiones de carácter sexual.

Respuesta pública y escaso acceso a los servicios de protección 

Frente a las situaciones de violencia, las mujeres pueden acceder a las instituciones especializadas en este dominio para presentar una queja o recibir apoyo psicológico y social. En el Perú, según la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar (Ley N° 26260), que establece un protocolo de denuncia, investigación y sanción en el caso de violencia familiar, la Policía Nacional, el fiscal y el juez son los principales actores institucionales a cargo de intervenir y de abrir un proceso que conduzca a una posible pena. Paralelamente, se han abierto centros especializados para asegurar una mejor atención: las Comisarías de la Mujer y los “Centros de Emergencia Mujer” (CEM).

El Perú es uno de los países pioneros en la región con la creación de estas instituciones especializadas y la inauguración en 1992 de la primera Comisaría de la Mujer como respuesta a las demandas de la sociedad civil frente al trato frecuentemente humillante y discriminatorio en las instancias policiales manejadas por hombres (Estremadoyro, 1992), provocando un fenómeno de “re-victimización” hacia las mujeres. Existen actualmente 32 Comisarías de Familia a nivel nacional de las cuales 9 pertenecen a la metrópoli de Lima y Callao.

Además, los Centros de Emergencia Mujer constituyen los principales órganos operacionales en el marco del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). El primer Centro de Emergencia Mujer fue creado el 8 de marzo de 1999 y al término del mismo año un total de 13 centros habían sido puestos en marcha. Estos últimos son espacios independientes para el depósito de denuncias en casos de violencia familiar y/o sexual y deben normalmente permitir simplificar el protocolo de denuncia y hacer un seguimiento más preciso de ello. A la fecha existen casi 270 Centros de Emergencia Mujer instalados en todos los departamentos del país, de los cuales 30 funcionan las 24 horas del día. Se trata de un servicio público y gratuito que ofrece una orientación a la vez legal, de defensa judicial y de ayuda psicológica.

Sin embargo, el acceso a estos servicios de denuncia y de ayuda continúa siendo muy limitado en razón a una serie de factores individuales y contextuales. Según los resultados de la ENDES de 2016, solo el 27,2% de las mujeres víctimas de violencia física se acercaron a una institución para presentar una denuncia o buscar una forma de apoyo. Este resultado se mantiene estable con relación a la encuesta de 2012 (27,3%) pero es significativamente mayor con relación a la de 2009 (16,1%). Pero no indica ningún elemento sobre la calidad de la atención recibida y menos aún sobre el resultado de la denuncia y de la condena eventual del conyugue. Entre las mujeres que han recurrido a una institución para encontrar ayuda 75.9% acudieron a la comisaría, 10.9% un Centro de Emergencia Mujer (DEMUNA), 9.8% a un fiscal, 9.3% a un juez, 4.8% a un centro de salud, 4.2% al MIMP y 5.7% se dirigieron hacia otro tipo de institución.

Finalmente la edad de las mujeres tiene una influencia significativa en este proceso y muestra diferencias muy claras entre las generaciones. Según la misma ENDES, sólo el 9.1% de mujeres de 15 a 19 años víctimas de la violencia siguen un proceso institucional, contra el 16,2% de las mujeres de 20 a 24 años, el 24,6% de las mujeres de 25 a 29, el 28,8% de las mujeres de 30 a 34 años, el 29,7% de las mujeres de 35 a 39 años, el 32,5% de las mujeres de 40 a 44 años y el 35,9% de las mujeres de 45 a 49 años. Sin embargo, pocos elementos empíricos explican esta tendencia.

¿Cómo explicar la baja proporción de mujeres que denuncian?

Un estudio reciente realizado a partir de entrevistas a profundidad a mujeres víctimas de violencia en el distrito de San Juan de Miraflores de la periferia noreste de Lima (Benavides,  et al., 2017) identifica numerosas razones de orden individual que conducen a ciertas mujeres a denunciar estos actos a los servicios de ayuda y de protección social, a diferencia de aquellas, en su mayoría, que optan por  no tomar acciones legales.

Primero, el nivel escolar de las mujeres parece tener una influencia en la probabilidad de denuncia. Las mujeres que recurrieron al servicio de ayuda han estudiado al menos hasta el nivel secundario, mientras que otras han sido menos escolarizadas o no han estudiado más que algunos años del nivel primario. Esta observación va en el sentido de los resultados de la ENDES de 2016 según la cual la denuncia de un acto de violencia en una comisaría aumenta sensiblemente con el nivel educativo de las mujeres: de 57,3% para aquellas que no han alcanzado un nivel de educación “primaria” a 81,6% para aquellas que tienen un nivel de educación universitaria.

Además, la severidad del acto violento por parte del cónyuge aparece como un motivo determinante en el proceso de denuncia. La referencia a actos de violencia física, incluida la sexual (más que psicológica), en repetidas ocasiones se refleja en el testimonio de las mujeres que terminan yendo a una comisaría. Este caso es todavía más frecuente cuando los niños son los principales testigos de estas escenas que resultan imposibles de soportar física y psicológicamente para unos y otros:

El padre de mis hijos me pegaba…  a mis hijos también, con kerosene nos quemaba, era de esteras mi casa  … y yo estaba bien escondida y mi hijita estaba bien escondida y corría, corría, porque la quería agarrar pe’ a ella, mi hijito al mayor le había agarrado y le ha dicho no hay tu madre y les había bañado con querosene y el agarraba fosforo dice y mi hijito mientras eso fuufff… lo soplaba … y traje al policía y lo agarraron le quitamos la ropa y le había hecho llagas el querosene …” (Testimonio de A. M. O., 59 años). 

Cuanto más agudo y perjudicial sea un acto de agresión física, más inclinadas están las mujeres a denunciar a su cónyuge para proteger a sus hijos y no exponerlos a consecuencias más graves. A pesar de esta voluntad de acudir a las autoridades, sucede sin embargo que un obstáculo administrativo como la ausencia de un documento de identidad válido o un acto de corrupción del cónyuge impide la puesta en marcha del protocolo de denuncia. El “terrorismo íntimo” expresado a través de escenas extremadamente violentas y regulares, así como de relaciones sexuales forzadas, motiva más intensamente a las mujeres a vencer su temor y denunciar estas violencias, a diferencia de la “violencia situacional” donde las mujeres dudan, a menudo, en acudir a un puesto policial.

Para comprender la elección de las mujeres para llevar a cabo el proceso de denuncia de su cónyuge, según este estudio, se debe tomar en cuenta la combinación de tres factores: 1) la situación profesional de las mujeres y la autonomía financiera que ellas pueden obtener gracias a su trabajo, 2) el número de hijos menores de edad que tienen bajo su responsabilidad, 3) la existencia de una red de apoyo fuera de su casa. Tener un empleo estable y en cierta medida correctamente remunerado permite cubrir los gastos básicos de sus hijos y, por lo tanto, aparece como requisito previo para señalar un acto de violencia física. La denuncia supone a corto plazo la detención provisoria de su cónyuge y, en consecuencia, un riesgo de pérdida financiera para los hijos. En este sentido, la situación de las mujeres en el mercado laboral puede condicionar en gran parte su motivación a acudir a un servicio de ayuda como la comisaría o el Centro de Emergencia Mujer.

Más allá de la dimensión económica, las mujeres deben igualmente disponer de una solución alternativa/de respaldo para cambiar de domicilio y/o seguir al cuidado de sus hijos luego de una denuncia que resulta en la mayoría de los casos una separación o un divorcio. Esta alternativa puede ser vista al interior de una red de parentesco femenina constituida por la madre, las hermanas o las amigas más cercanas. La constitución previa de este recurso social es primordial para encontrar un apoyo alternativo a la familia de origen representada por la pareja marido/mujer y los niños con el fin de denunciar al cónyuge y encontrar un espacio de protección para los hijos. La existencia de este apoyo es bastante extraña en los testimonios recogidos en este estudio y se manifiesta, en su mayoría, de manera inversa por la manifestación de su ausencia:

“Yo quería ir denunciarlo  y separarme de él (su cónyuge) pero yo no sabía para nada adónde ir y me sentía impotente. Tenía cuatro hijos pequeños  y no sabía a dónde ir y si encontraría un trabajo, no sabía a quién podría encargarlos. Por eso finalmente decidí soportar la situación” (Testimonio J. I. S., 59 años). 

Para las mujeres, el desarrollo de su autonomía personal con la obtención de un empleo estable y/o la gestión individual de su vida íntima puede incrementar la probabilidad de violencia doméstica en el caso del Perú (Benavides, Bellatín & Cavagnoud, 2017) pero en contraparte este factor puede también ayudar a las mujeres a tomar la decisión de poner una denuncia para responder a esta violencia doméstica. Las mujeres socialmente aisladas de su familia o de su red de vecinos muestran así una probabilidad muy ínfima de acudir al servicio social. Esta falta de socialización las aleja de todo recurso que les permita encontrar un apoyo fuera de su domicilio.

Finalmente, es frecuente observar en el testimonio de numerosas mujeres víctimas de violencia doméstica una forma de resignación y fatalismo que las aleja de toda idea de denuncia contra su cónyuge, acompañada de cierta culpabilidad por los hechos de las que son víctimas. Esta inclinación a no intentar ninguna acción legal y a la autocondenación de las mujeres es recurrente en el caso de la “violencia situacional”, mezclando a la vez las agresiones verbales y los insultos repetidos. En todos los casos, este fenómeno conduce directamente a una interiorización de las estructuras de género asimétricas que obedecen a la dominación de los hombres, particularmente frecuente en la sociedad peruana.

***

Ante esta situación, podemos preguntarnos en qué medida el surgimiento de movimientos de la sociedad civil puede contribuir a mejorar el acceso de las mujeres víctimas de violencia a tipos de servicios y dispositivos de ayuda institucional como los descritos  líneas atrás. Si bien “Me Too” y otras iniciativas similares destinadas a denunciar la dominación de los hombres en el ámbito de la intimidad y la sexualidad han permitido destacar, principalmente gracias al uso de las redes sociales, las múltiples escenas y contextos de violencia de las cuales las mujeres son el blanco, queda por ver si estas manifestaciones de buena voluntad pueden proporcionar recursos reales para mejorar la situación de vida de las mujeres en contextos sociales que van más allá de la clases medias. La denuncia de la violencia permite, sin ninguna duda, liberar la palabra silenciada durante mucho tiempo por temor a represalias o amenazas. Produce un discurso que permite poco a poco comunicar y alcanzar ambientes sociales donde las mujeres experimentan otras formas de vulnerabilidades (empleo, salud, educación, protección social, cuidado de niños, segregación urbana), además de la violencia de género. Si un mayor acceso a los servicios de ayuda institucional debe y puede ser visto en entornos sociales marcados por una gran inseguridad, es conveniente para los actores locales (Comisarías de la Mujer, Centros de Emergencia Mujer, municipios) tomar el discurso y hacerlo “operativo” bajo la forma de acción política, no partidista, de prevención y de intervención, con el propósito de proporcionar un apoyo sostenible a las mujeres, de todas las edades y de todas las condiciones sociales, víctimas de este flagelo.

Bibliografía:

BENAVIDES, M., BELLATÍN, P. & CAVAGNOUD, R., 2017 – Social protection systems and domestic violence in poor urban context: the case of San Juan de Lurigancho. Nopoor. Enhacing Knowledge for Renewed Policies Against Poverty. Working Paper n° 56, 33 pp.; Bruselas: EU-funded research Project.

ESTREMADOYRO, F., 1992 – Violencia en la pareja. Comisarías de Mujeres en el Perú, 78 pp.; Ediciones Flora Tristán.

INEI, 2016 – PERÚ. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES, 539 pp.; Lima.

JOHNSON, M. P. & LEONE, J. M., 2005 – The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Findings from the National Violence Against Women Survey. Journal of Family Issues, 26 (3): 322-349.

LEONE, J. M., JOHNSON, M. P. & COHAN, C. L., 2007 – Victim Help Seeking: Differences Between Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Family Relations. Interdisciplinary Journal of Applied Family Science, 56 (5): 427-439.

MEIL LANDWERLIN, G., 2004 – Cambio familiar y maltrato conyugal a la mujer. Revista Internacional de Sociología, 37: 7-27.

ONU, 1993 – Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Résolution 48/104 de l’Assemblée Générale de l’ONU, 6 pp.; New York.

[1] Socio-demógrafo, profesor asociado al Departamento de Ciencias sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coordinador del grupo de investigación Edades de la Vida y Educación (EVE-CISEPA/IFEA). rcavagnoud@pucp.pe