El derecho a la protesta pacífica en renegociación

Reflexión en torno al paro nacional colombiano de abril-mayo 2021

Escribe Julie Massal, doctora en ciencia política e investigadora del IFEA en Colombia

Negociar el derecho a la protesta pacífica en contexto de pos-acuerdo de paz.

La movilización social actual en Colombia, que ha sido calificada por algunos actores y observadores como “un estallido social”, se inscribe en un contexto marcado por la conformación de un debate público cada vez más orientado a definir, delimitar y revindicar el “derecho a la protesta pacífica” (Cruz, 2015). Ello necesariamente implica definir “qué es protestar pacíficamente” y establecer “qué se puede hacer” (o no) para promover demandas y lograr hacerse escuchar por las autoridades. Dicho de otro modo, lo que está en juego fundamentalmente es negociar y ampliar el repertorio de acción colectiva[1] vigente hoy en día, en Colombia.  Por parte de los manifestantes, desde protestas anteriores como el paro nacional en 2019, se busca lograr el reconocimiento del derecho a usar la protesta disruptiva, que perturba en cierto grado el funcionamiento del orden social o institucional, más no violenta (Barrera & Hoyos, 2020). Por ello, se busca innovar con modos de acción que logren captar la atención de las autoridades públicas sin desatar una represión desmedida.

Pues el nivel de represión de la protesta – o del disenso político-  en Colombia se puede considerar como “anormalmente elevado” dentro de un régimen democrático estable; y ello es observable bajo gobiernos de muy diversa índole política, como lo demuestra un estudio histórico de largo alcance en el siglo XX (Gutiérrez, 2014). Cabe recordar que el régimen democrático colombiano se fundó, de manera muy ambivalente, sobre una alternancia automática entre los partidos mayoritarios, el Conservador y el Liberal, pues cada 4 años, alternativamente, esos partidos “ponen” el presidente, durante el periodo llamado del Frente Nacional (1958-1974)[2]: este mecanismo se pensó como una forma de terminar el enfrentamiento entre estos partidos pero también de restringir el surgimiento de nuevas disidencias liberales. Fue precisamente la emergencia del líder disidente del partido liberal, Eliecer Gaitán, y su asesinato el 9 de abril de 1948, lo que dio lugar al periodo de la Violencia (1948-1953) entre partidarios de los Conservadores y Liberales, y luego a una breve dictadura militar (1953-1957). Así, aunque se busque re-institucionalizar el conflicto político, esa alternancia bipartidista restringe el espacio político para expresiones partidistas y sociales de oposición, aun en un régimen formalmente democrático.

También se debe resaltar el carácter polarizado del debate público, debido a la huella que deja el conflicto armado desde los años 1960 en la sociedad y la política colombiana: el tratamiento al disenso político, cuando éste es expresado a través de movimientos sindicales y partidos políticos afines a la izquierda[3], ha sido estigmatizador, por considerarse toda fuerza de oposición como vinculada o infiltrada por las guerrillas armadas. La expresión pacífica de la oposición política o social carece, por ende, de una suficiente representación política y de un acceso garantizado al debate público.

En ese contexto, el proceso de movilización actual, en abril-mayo de 2021, evidencia que el margen de negociación del repertorio de acción es aún muy estrecho para la población movilizada. Es más, las posibilidades de ampliar este margen de maniobra lucen también restringidas. Ello ocurre en un contexto político muy ambivalente: el contexto de pos-acuerdo de paz, vigente gracias al acuerdo de paz concluido con la ex guerrilla de las Farc en 2016, puede haber propiciado la expresión pacifica de demandas sociales y políticas, en particular las de actores sociales reconstituidos, como lo vemos más adelante. Pero en el plano institucional, no hubo una ampliación de la representación política: en las primeras elecciones legislativas (marzo de 2018) pos-acuerdo de paz, la ex guerrilla de las Farc, convertida en el partido político “Fuerza alternativa Revolucionara de Colombia”, consiguió menos de 1% de los votos y su candidato presidencial renunció a presentarse después de varios ataques en su contra durante la campaña electoral. El poder legislativo y ejecutivo siguen dominados por fuerzas partidistas tradicionales. Además se observa la persistencia de diversas expresiones de violencia social y política (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI, 2018), incluso contra actores sociales movilizados pacíficamente en pos de promover la paz. En este marco, la protesta en el espacio público redefine los márgenes y condiciones de su legitimidad.

Para entenderlo mejor, examinamos brevemente unos rasgos notorios de la protesta, y contextualizamos el momento en el que se produce, a mediano plazo. También recordamos el espectro de demandas antiguas y actuales que se expresan así como los motivos de agravio pendientes. Concluimos con un llamado a desarrollar varias reflexiones investigativas.

Una movilización amplia, diversa y sostenida en un contexto sociopolítico agitado

La movilización social en Colombia adquiere una amplitud llamativa, en abril-mayo de 2021, incluso mayor a la movilización observada en el paro nacional de noviembre 2019. Este paro también había sido considerado como un hito histórico, solo comparable con el paro cívico de 1977, un referente fundamental en la memoria de las luchas sociales en Colombia[4].

Esta amplitud se hace manifiesta tanto por su extensión geográfica como por su diversidad social. Se han registrado marchas y  otras acciones (plantones, bloqueos de vías) en todo el país, especialmente cerca o dentro de las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Barranquilla) y en ciudades medianas, con mayor fuerza en el suroeste colombiano, en Cali y Popayán[5]. Se expresaron múltiples sectores urbanos, mayormente juveniles[6], y un conjunto de corporaciones profesionales, como transportadores, sector de la salud (médicos, enfermeras), estudiantes y docentes del sector público y privado, trabajadores del sector minero, campesinos, entre otros. Cuentan además con un fuerte apoyo organizativo de actores como la Minga indígena, procedente del Cauca, que recorre el país en bus y con marchas en centros urbanos. Varios de estos actores, sobre todo actores juveniles que agrupan jóvenes que no estudian ni trabajan[7], han sido objeto de una atención mediática mayor de lo usual, porque su presencia ha sido considerada como novedosa[8].

Pero también la protesta se ha extendido en el tiempo, por ya más de cinco semanas, desde el 28 de abril hasta inicios de junio (cuando se escriben estas líneas). Las marchas (mínimo dos veces por semana) han sido uno de los modos de acción más usado, dentro de la convocatoria al “paro nacional”. Vale aclarar que el término de “paro nacional” designa la huelga multisectorial generada por el rechazo a una nueva reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo al Congreso en abril de 2021 y que catalizó la protesta inicialmente, por su impacto en la clase media, debido sobre todo al aumento del IVA en productos esenciales alimenticios. Pero también se observa una extrema diversidad de modalidades de acción colectiva, al extenderse la protesta tanto geográfica como socialmente. Entre estas acciones se cuentan bloqueos de vías (por los transportadores), plantones ante diversas instituciones públicas o puestos de policía; algunos de estos puestos fueron reapropiados y convertidos en bibliotecas populares, y en general se observa una extrema diversidad de actividades artísticas durante o al margen de las marchas.

La principal interrogante respecto a esa duración se refiere al por qué se extiende la protesta, pese al retiro de dos reformas claves: el 2 de mayo, la reforma fiscal fue provisionalmente retirada por el gobierno (una nueva versión de ella se propondrá al Congreso próximamente), y el 19 de mayo también fue desaprobada y archivada en el Congreso una reforma de la salud que había sido muy poco difundida mediáticamente[9] pero que fue criticada por el sector de la salud. Aun después del retiro de estas muy controvertidas propuestas de reforma, la protesta siguió tomando fuerza con nuevas marchas concurridas, especialmente el 22 y el 25 de mayo, entre otros motivos porque la represión de las marchas, mayormente pacíficas, desde inicios de mayo genera una amplia indignación a nivel nacional. Pero también porque se extiende el descontento dirigido cada vez más en contra del presidente de la República, de la policía, o de diversas instituciones judiciales (Fiscalía) y órganos de control al sector público (Contraloría, Procuraduría), considerados demasiado cercanos al Ejecutivo y no suficientemente independientes.

Este descontento político y social ya ha sido expresado en el paro nacional de 2019, cuando se denunció la corrupción y diversas reformas que aumentaban la flexibilidad laboral y reducían el monto de las pensiones. Pero se agrava después de un año de fuerte restricción del acceso al espacio público durante la pandemia de covid19, debido a las medidas de confinamiento (25 marzo-26 de agosto de 2020), y luego en 2020-2021, de diversos períodos de restricción caracterizados por toques de queda o cuarentenas puntuales y localizadas en diversas ciudades. Además, el descontento crece al ver la crisis sanitaria ampliarse o prolongarse y la crisis socio-económica agravarse.

En efecto, pese a las medidas a menudo drásticas que han sido implementadas por más de un año,  Colombia enfrenta hoy en día el tercer y más alto pico que ha conocido el país y registra más de 90 000 fallecidos (inicios de junio de 2021) sobre una población mayor de 48 millones de habitantes. El efecto socio-económico de la lucha contra la pandemia también empieza a registrarse, especialmente el aumento drástico de nivel de pobreza (que hoy afecta 42.5% de la población) o de extrema pobreza (15% de la población), en ausencia de un sistema de seguro frente al desempleo. Este último alcanza un nivel promedio de 15.9% a fines de 2020, pero afecta aún más a la juventud y a las mujeres. Los planes de apoyo social instituidos durante la pandemia podrían concluirse pronto, mientras se prepara la reapertura económica y social total desde el 8 de junio, pese al persistente alto nivel de contagio por covid19.

Articulación y diversificación de los actores y sus demandas 

La prorrogación de la protesta, pese al retiro de dos controvertidas reformas (fiscal y de salud), puede explicarse, a nuestro juicio, por dos factores de largo alcance : el primero es la diversificación de actores que se han sumado a las diversas acciones, y el segundo, corolario, es la multitud de motivos de agravio que emergen, revelando de paso la magnitud de la ira, frustración y rabia expresadas en los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública o en las consignas sobre la renuncia del presidente. Por ello, parece pertinente enfocar esta diversidad de actores y reclamos, no como un problema de dispersión (como se sugiere a menudo), sino muy al contrario, como el síntoma de un proceso de articulación de actores sociales que han logrado promover y afianzar nuevos debates sociales y políticos a lo largo de la década del 2010, marcada por la negociación del acuerdo de paz con las Farc (2012-2016) y su implementación desde entonces (con todas sus limitaciones).

En efecto, la última década ha sido caracterizada por el auge de una multitud de actores sociales locales y nacionales (pacifistas, ecologistas, feministas), pero también por la reorganización de actores históricos como lo son los movimientos campesinos y estudiantiles. Los actores campesinos, en alianza con diversos grupos de población agrarios, indígenas y urbanos (estudiantes, ecologistas),  protagonizaron el “paro nacional agrario” en 2013-2014, del cual surgieron nuevos procesos de alianza entre sectores rurales y urbanos, o entre sectores productivos y consumidores (Lalinde, 2019). A su vez, se fomentó la alianza entre estudiantes de universidades públicas y privadas en 2011, al denunciar juntos los intentos de privatización de la educación superior pública y al rechazar el alto costo de acceso a la enseñanza superior. En 2017, el “paro cívico” en Buenaventura (suroeste pacífico) también puso en evidencia la pobreza y la violencia persistente en regiones que carecen de servicios básicos y de infraestructuras públicas. En las protestas del 2018, profesores y rectores de universidades públicas abogaron por un mayor presupuesto ante una fuerte deuda pública en el sector educativo, y los estudiantes reclamaron mayores oportunidades profesionales y de movilidad social.  En 2019, el paro nacional nuevamente reunió una diversidad de sectores estudiantiles y académicos en general pero también de sindicatos de trabajadores y de representantes de la tercera edad, por un mayor acceso al empleo y contra la corrupción, junto con sectores diversos movilizados en contra de las reformas fiscal, laboral y pensional. Además, en 2019, fue notoria la defensa y promoción del proceso de paz, muy fragilizado, por amplios sectores sociales afectados por la violencia social y política, tanto contra líderes sociales como contra excombatientes de las Farc desmovilizados. Pero la promesa del proceso de paz de abrir el espectro político a nuevos actores sociales ha perdido fuerza ante los pocos avances en este ámbito, siendo el Congreso considerado uno de los mayores responsables del lento avance de las reformas institucionales que derivan del acuerdo de paz de 2016. Finalmente, el fracaso del referendo de agosto de 2018 sobre un conjunto de propuestas políticas apuntalando la lucha contra la corrupción, desacreditó aún más los partidos representados a nivel legislativo y hoy cercanos al poder ejecutivo.

Todos estos episodios de protesta o intentos de expresar el descontento por vías institucionales evidencian una serie de motivos de protesta de actores diversos que han ido coordinándose. Debido a los retrasos en la implementación del cambio institucional (punto 2 del acuerdo de paz), existe una pérdida de confianza generalizada en la palabra institucional (tanto legislativa como ejecutiva y la de ciertos órganos de control y judiciales) y una pérdida de esperanza frente al cambio político que se esperaba iba a significar el proceso de paz. Sigue siendo muy estrecho el espacio para abrir el debate público a demandas sociales que han quedado inaudibles por mucho tiempo. Por ello, se expresa la diversidad de demandas y expectativas pero también de frustraciones en las protestas de 2019 y más aún en 2021.

Hoy en día, el abanico de demandas y expectativas, así como de reclamos y motivos de agravio, parece inagotable. En efecto existen denuncias y reclamos en el plano político, social y cultural: denuncia de la violencia policial contra los manifestantes, incluida violencia sexual contra manifestantes menores de edad ; denuncia por declaraciones abiertamente o implícitamente racistas contra los indígenas por parte de representantes de partidos o de periodistas, que los conminan a “regresar a su hábitat natural” y oponen los “indígenas” que viven en “reservas” (según los términos despectivos usados por algunos representantes públicos) a los “ciudadanos” (urbanos); por último, también hay fuertes denuncias por cómo se ha estigmatizado a los manifestantes, tildados de “vándalos” y “terroristas” por el poder ejecutivo, y por la respuesta oficial mayormente represiva.

Pero igualmente surgen múltiples demandas y expectativas de oportunidades de empleo o de estudio, por ejemplo exigiendo reducir el costo de la matrícula universitaria o los intereses sobre los préstamos a los estudiantes; también se espera una mayor protección frente al desempleo y la informalidad o la precariedad, sobre todo para las mujeres cabezas de hogar,  por lo que surge un incipiente debate sobre una “renta básica” para todos los jóvenes desempleados y los más pobres. También hay un debate creciente sobre la relación entre el campo y la ciudad, porque según adujeron algunos observadores, ahora se hace visible en el espacio urbano la situación de pobreza y hambre pero también la violencia sufrida tradicionalmente en el campo. Finalmente podemos destacar una demanda creciente de igualdad de género, por actores que denuncian el hecho  de que la pobreza y el desempleo afectan aún más a las mujeres.

Aunque estos temas no son del todo nuevos, ahora cobran una relevancia inesperada en el debate público[10]. Y, pese a la profusión de temas y debates que se cruzan de manera muy compleja, de los que aquí solo mencionamos algunos, el eje aglutinador parece ser una reivindicación central: el derecho a usar el espacio público para expresar las demandas y el descontento, después de más de 12 meses de restricción durante la pandemia. E incluso, creemos que no solo se trata de usar el espacio público sino más fundamentalmente aun, de reapropiárselo. En este sentido, también se debe observar con detenida atención otro fenómeno de mayor relevancia que, en el plano sociocultural y político, ha marcado el paro nacional en mayo de 2021: en Cali, Bogotá, Manizales, Pasto y Popayán, se tumbaron estatuas de conquistadores y fundadores de las ciudades[11], y se renombraron calles y avenidas como la Avenida Jiménez en la Candelaria (centro histórico de Bogotá), rebautizada “Avenida Misak” por el pueblo Misak que organizó el derrumbe de la estatua de G. Jiménez de Quesada. Estos actos apuntan además, entre muchos otros significados que deberán ser objeto de reflexión y análisis, a denunciar la glorificación de la Conquista y el exterminio de los pueblos indígenas, pero también incentivan a revindicar el derecho a debatir otra “memoria histórica” y a cuestionar la propia construcción de la nación, como lo sugiere M. Saade[12]. Ello también se puede destacar en los pliegos de peticiones locales, por ejemplo en el Catatumbo (noreste de Colombia)[13].

Por ende, se puede considerar que si tantos procesos organizativos y motivos de protesta prosperan y se cruzan hoy en día, en un panorama aun confuso y profuso, ello no se debe meramente a un “estallido” de frustraciones – aunque estas son innegables – sino a un muy amplio y complejo proceso de articulación de actores socio-políticos y a la promoción de nuevos debates públicos que hoy cobran una relevancia ineludible. La diversidad de actores presentes en la protesta, más que un elemento de desunión, constituye en nuestro criterio el indicio de la paulatina reconstrucción de un tejido social muy desgarrado por el conflicto armado y la violencia sociopolítica aun imperante.

Derecho a la protesta y redefinición del repertorio de acción colectiva vigente

En este contexto, el hecho de renegociar, definir y delimitar el “derecho a la protesta pacífica” (reconocido por el art. 37 de la Constitución de 1991), adquiere un significado y un alcance complejo, a corto pero también a más largo plazo, pues se trata de garantizar a más diversos actores sociales el acceso seguro al debate público y de elaborar estrategias para contornar o disminuir la represión.

El conflicto armado persistente (principalmente debido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, aun activa y a las disidencias de las Farc que se extienden) propicia todavía la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en el discurso oficial y entre las fuerzas del orden. La DSN lleva a tratar la protesta como un elemento desestabilizador y subversivo, pues se sospecha que está infiltrada por las guerrillas, y es percibida como necesariamente violenta. No obstante, investigaciones recientes demuestran, al contrario, una disminución en el uso de la violencia desde los años 1970, violencia que hoy está presente en el 4% de las acciones colectivas (Barrera & Hoyos, 2020). Debido en parte a la DSN, la protesta aun no es concebida como un fenómeno normal dentro de un régimen democrático, por lo que la represión apunta a restablecer “el orden público”, como lo evidencia el protagonismo del Escuadrón antimotines y disturbios (Esmad), que es central en la respuesta de la fuerza pública. Aunque existe un creciente cuestionamiento (sobre todo desde 2019) al uso de armas letales en la represión, aún persiste una carencia de reglamentación de las modalidades de uso de la fuerza, lo que propicia además una tendencia a militarizar la respuesta[14].

Ante ello, negociar espacios de protesta pacífica y definir las condiciones de su legitimidad es el reto mayor al que se enfrentan los actores sociales, tanto en el plano político como judicial.  Por ejemplo, el uso del bloqueo de vías y carreteras es un delito penal (artículo 353A del código penal vigente que data del año 2000), pero aun así, es un modo de acción muy difundido, lo que genera enfrentamientos entre la población, como se observa recurrentemente en las protestas. Las marchas, que son la principal modalidad de acción en los paros nacionales, junto con el plantón delante de las instancias de poder, son más aceptadas por la población, pero también son reprimidas como lo evidencia la respuesta a los paros del 2019 y 2021, entre muchos ejemplos.

El análisis de “la marcha” como forma de acción, en sus dimensiones expresivas, políticas o culturales (Fillieule, 2015), podría ayudar a comprender cómo se definen estrategias entre los actores sociales frente a la represión, sea para eludirla o denunciarla. Entre la diversidad de modalidades de acción ensayadas, se destaca el uso recurrente del arte en las marchas, con bailes, títeres, performances teatrales y músicos, en parte con ánimo de desincentivar la represión, pero también de dar un carácter alegre a la protesta, más allá de los reclamos. El éxito de esta estrategia deberá medirse con más claridad. De manera general, existe poco conocimiento cualitativo de las marchas aunque ya empiezan a surgir estudios más enfocados en la etnografía de la acción colectiva (Aguilar-Forero, 2020; Perilla, 2018).

También se debe evaluar los límites encontrados ante la respuesta oficial. Si bien se reprime tradicionalmente la protesta en Colombia, hoy en día, la represión evoluciona  y es menos uniforme de lo que se puede percibir, aunque aún existe muy poco análisis al respecto. Sería pertinente entender mejor, por ejemplo, cómo ciertos actores logran disminuir la represión, aunque sea de manera puntual tal como lo hicieron los estudiantes en el 2011 con “maratones de besos y abrazos” con la policía (Cruz, 2015), mientras que otros actores (campesinos, jóvenes y actores barriales urbanos) enfrentan niveles de represión elevados. Se requiere observar también más detalladamente las interacciones y negociaciones sobre los modos de acción en uso y su traducción jurídica o política (Uprimny & Sánchez, 2010; Lalinde, 2019). Ello ayudaría a evaluar mejor, a su vez, la evolución del repertorio de acción colectiva, que hoy por hoy está en clara redefinición. Se trata por ende de un momento de inflexión política determinante, lo que explica sin duda su carácter eminentemente candente.

Bibliografía

Aguilar-Forero N. (2020). “Las cuatro co de la acción colectiva juvenil: el caso del paro nacional de Colombia (noviembre 2019-enero2020)”. Análisis Político (UN), enero-abril, nº 98, p. 26-43.

Barrera V. & Hoyos C. (2020). “¿Violenta y desordenada? Análisis de los repertorios de la protesta social en Colombia”. Análisis político (UN),enero-abril,  nº 98, p. 167-190.

Cruz E. (2015). “El derecho a la protesta social en Colombia”. Pensamiento Jurídico (UN) n°42, p. 47-69.

CCJ-IEPRI-CINEP-UN & al. (2018). ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo. Bogotá : http://www.nocheyniebla.org/wp-content/uploads/u1/docs/cuales_son_los_patrones_final.pdf

Fillieule O. (2015). “Estudiar las marchas. Balance y perspectivas a partir de veinte años de investigaciones”. In Combes Hélène, Tamayo Sergio & Voegtli Michael, Pensar y Mirar la protesta, México, CNRS- Conacyt-Red Mexicana de Estudios de movimientos sociales & UAM, p. 39-91.

Fillieule O. (2010). “Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action”. In Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, p. 77-99.

Lalinde S. (Ed). (2019). Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia, Dejusticia, Documentos 49.

Gutiérrez F. (2014). El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010). Bogotá: IEPRI-UN & Penguin Random House, 1a ed.

Perilla Daza D. (2018). La plebitusa: movilización política de las emociones pos-plebiscito por la paz en Colombia. Maguare, vol. 32, n°2 (jul-dic), p. 153-181.

Uprimny R. & Sánchez Duque L.M. (2010). Derecho penal y protesta social (caso Colombia). En Bertoni E. (Comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina. Buenos Aires, Universidad de Palermo, p. 47-74.


[1] El « repertorio de acciones » es definido tradicionalmente como el abanico de modos de acción disponibles y usados con frecuencia, en un momento y contexto dado, en función de la respuesta pública. Ver: Fillieule Olivier, « Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action », in Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2010, p. 77-99.

[2] Para un análisis de la democracia colombiana durante el “Frente Nacional”: Gutiérrez (2014: 95-105).

[3] En particular la Unión Patriótica, partido surgido de una desmovilización parcial de las Farc en 1984, que fue víctima de un “genocidio político” (entre 3000 y 5000 militantes y candidatos a elecciones fueron asesinados).

[4] Son pocos los datos estadísticos disponibles, pero se puede evaluar muy superficialmente en cerca de 2 millones de participantes en las principales marchas en mayo de 2021, según fuentes de prensa, aunque también existe una multitud de modos de acción menos visibles.

[5] “Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali?”, Uniperiodico, 11-05-2021: Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali? (unal.edu.co)

[6] El apoyo a la población juvenil se expresa en declaraciones y acciones públicas muy diversas, como por ejemplo la marcha de la población mayor de edad el 23 de mayo, llamada “cuchimarcha”. Más ampliamente, el paro ha registrado 75% de aprobación: León J., “El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll”, La Silla Vacia, 25-05-2021:  El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[7] “Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes”, Portafolio, 14-05-2021: Dane reporte situación en Colombia: Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes-en-colombia | Economía | Portafolio

[8] “Colombia ante una juventud golpeada e invisibilizada”, Uniperiódico (digital), 27-05-2021:Colombia ante una juventud golpeada e invisibilizada (unal.edu.co)

[9] “La caída de la reforma a la Salud, el nuevo triunfo de las protestas en Colombia”: France24, 19-05-2021: La caída de la reforma a la Salud, el nuevo triunfo de las protestas en Colombia (france24.com)

[10] León J., “El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll”, en La Silla Vacia, 25-05-2021:  El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[11] Saade M. « Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia », in Las 2Orillas, 25-05-2021 : Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia – Las2orillas

[12]  Según M. Saade (op. cit.) : 1) en Popayán, el 16 de septiembre de 2020: derrumban estatua de Sebastián de Belalcázar ; 2)  en Cali, 28 abril de 2021: derrumban estatua de Sebastián de Belalcázar ; 3) en Manizales, 1 mayo de 2021: derrumban estatua de Gilberto Alzate Avendaño, político histórico conservador; 4) en Pasto, 1 mayo de 2021: cae estatua de Antonio Nariño, precursor de la independencia de Colombia, y 5) en Bogotá, 7 de mayo de 2021: tumban estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad. Salvo en Popayán, todos los actos han ocurrido en el periodo del paro nacional.

[13] “El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional”, Pacifista, 19-05-2021: El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional | ¡PACIFISTA!

[14]  Uprimny R., “El Decreto de asistencia militar de Duque es inconstitucional”, La Silla Vacía, 31-05-2021: El decreto de « asistencia militar » de Duque es inconstitucional | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

Dinámicas de plantación en contextos ilegales: explicando la producción de coca en Colombia

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Miryam Nacimento, CUNY – The Graduate Center (EEUU)

Reseña redactada por Antonio Pérez Balarezo, doctorando en Prehistoria por la Université de Paris Nanterre (Francia)

La irrupción de cultivos ilícitos en Colombia desde fines de la década de 1980 ha generado impactos de valores incalculables a nivel ambiental, social, económico y político en los países andinos. Particularmente, en lo que se refiere al cultivo ilícito de hoja de coca, cifras oficiales de la ONU muestran que Colombia albergó, en 2020, 154000 hectáreas de coca y produjo 1137 toneladas de cocaína. De ese total, el gobierno de Iván Duque señaló haber erradicado 130000 hectáreas en el mismo año, produciendo así una afectación de cerca de 301 millones de dólares a las organizaciones del narcotráfico. Pero, ¿qué significan estas cifras, juzgadas como históricas por el gobierno colombiano, a nivel socio-político? En otras palabras, más allá de la evidente y persistente política pública de erradicación forzosa como estrategia general de combate a las drogas ilícitas, ¿cuáles son las repercusiones de la existencia de cultivos ilícitos en la configuración de la sociedad y el estado colombianos? En el marco de su tesis de doctorado titulada Cultivos ilusorios, plantas ilícitas y construcción de estado en Colombia, Miryam Nacimento aborda ésta y otras preguntas desde un ángulo distinto al propuesto por investigaciones anteriores: el de la producción de conocimiento por parte del estado, el sector agrario y la sociedad civil alrededor de la planta de coca. Se trata, pues, de comprender la formación del estado colombiano en el marco de la reciente intensificación de la violencia derivada de la guerra contra las drogas, a través de la información (o, en algunos casos, desinformación) producida sobre la coca en varios sectores de la sociedad y el aparato estatal colombiano. Entender el imaginario estatal, en última instancia.

En este contexto mayor, el de su investigación doctoral, el viernes 26 de marzo de 2021, M. Nacimento presentó la ponencia titulada Dinámicas de plantación en contextos ilegales: explicando la producción de coca en Colombia durante unos de los periódicos Encuentros de Jóvenes Investigadores (EJI) organizados por el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). El objetivo de esta ponencia fue analizar el poder explicativo del concepto de plantación histórica para entender la producción ilícita de coca en Colombia. Así mismo, y a la inversa, se buscó explorar la posible contribución del estudio de la coca ilícita al concepto de plantación. Desde el inicio de la presentación, M. Nacimento señaló que la plantación, como útil teórico-metodológico, permite explicar ciertas características del cultivo de coca que habrían escapado a conceptualizaciones anteriores. Entender estas características resultaría indispensable a fin de cartografiar los diferentes modos de existencia de los cultivos de coca en Colombia y explorar las diversas repercusiones sociopolíticas a nivel micro y macro-regional. Tras un breve repaso de las principales propuestas teóricas sobre el concepto de plantación disponibles en la literatura, y luego de señalar, entre otros elementos, que la expansión de las fronteras agrarias concretizada por el estado colombiano preparó el camino para la emergencia de plantaciones ilegales, M. Nacimento propuso y discutió una conceptualización mucho más flexible de la plantación centrada en la interrelación de diversas formas de explotación de la tierra, mano de obra y del medio ambiente. 

Permítaseme detenerme un momento en este punto. Para un prehistoriador que estudia los fenómenos técnicos paleoamericanos con el objetivo de lograr una mínima comprensión del devenir evolutivo entre ser humano y medio ambiente, resulta altamente provechoso encontrar puntos en común entre distintas metodologías humanistas. Detallemos por qué. Durante su presentación, M. Nacimento se preocupó por la diversidad —al parecer inherente— de las manifestaciones correspondientes a las unidades de producción ilícita de coca en Colombia. Ella percibe, sin embargo, que tal diversidad puede ser explicada a partir de un concepto-eje compartido: la plantación. Parecería posible señalar, entonces, que diversas formas comparten un mismo concepto. A la diversidad e inestabilidad de la expresión material de los cultivos ilícitos de coca, subyacen ciertos criterios que estructuran el concepto de plantación, cuya estabilidad teórica deberá demostrarse. En el campo de la prehistoria, es prácticamente cotidiano trabajar con una multiplicidad de manifestaciones técnicas y, ante ellas, dudar sobre el sentido antropológico que debe otorgárseles. En esta dinámica de diagnosis extremadamente delicada, existen globalmente dos opciones: o nos sumergimos en la especificidad de cada diferencia percibida, o buscamos lo imperceptible, es decir, el punto de contacto de esas diferencias. El ejercicio epistemológico, en realidad, es doble, pues es necesario recorrer las teselas para observar el mosaico que configuran. El trabajo de campo de M. Nacimento está justamente orientado a definir los criterios que articulan ese mosaico, es decir el concepto de plantación. Si bien se señaló que el sistema de plantaciones en Colombia tiende a reducir todas las diversidades de agentes y esquemas agrarios, ello es únicamente informativo de uno de los criterios del concepto de plantación en Colombia: la lógica predatoria anclada en el monocultivo. Otros criterios discutidos por M. Nacimento corresponden a: un sistema unificado, totalizador y totalizante de captación de rentas; el control territorial; el auge de los intermediarios en la cadena productiva; y el camuflaje como esquema operativo. La ponencia concluyó, por consiguiente, en la potencialidad heurística del concepto de plantación para los fines de una explicación antropológica del fenómeno de los cultivos ilícitos de coca en Colombia.

Sin duda, la aplicación del concepto de plantación traerá muchos beneficios en la explicación que busca M. Nacimento. Sin embargo, durante la ponencia y la discusión posterior, no fueron tan evidentes las eventuales transformaciones epistemológicas de las que el concepto mismo de plantación podría ser objeto luego del estudio de la diversidad de expresiones agrícolas en Colombia. Esto, por supuesto, obedece más al carácter de la presentación —limitada en el tiempo y en el avance de la investigación— que a una falta de atención de la expositora. Cabe resaltar que la sección de discusión se vio enriquecida por una multiplicidad de intervenciones del público, concentradas en las características del trabajo de campo, la construcción y aplicación de metodologías, los aspectos más sociales en torno al fenómeno del cultivo de coca en Colombia, el interés de la antropología política de lo ilegal en las plantaciones, la identidad y/o ciudadanía de los cocaleros, entre otros aspectos.

Quizá el mayor mérito del trabajo de investigación de M. Nacimento resida en el enfoque metodológico desarrollado, que intenta superar las tipologías de las unidades agrícolas ilícitas en Colombia, y tiende hacia una geografía cultural de amplio signo antropológico. Desde nuestra perspectiva, es únicamente en los límites de esta configuración metodológica que será posible otorgar peso explicativo a las estadísticas muchas veces protagonistas de aventuradas propagandas políticas. 

Presentación de Miryam Nacimento © IFEA

Bibliografía

Haraway, Donna, Noboru Ishikawa, Scott F. Gilbert, Kenneth Olwig, Anna L. Tsing, and Nils Bubandt. 2016. “Anthropologists Are Talking – About the Anthropocene.” In Ethnos: Journal of Anthropology, 81:535–64. ttps://doi.org/ 10.1080/00141844.2015.1105838.

Li, Tania Murray. 2018. “After the Land Grab: Infrastructural Violence and the ‘Mafia System’ in Indonesia’s Oil Palm Plantation Zones.” Geoforum 96 (November): 328–37.

Mintz, Sidney W. 1986. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Penguin Books.

Tsing, Anna. 2017. “A Threat to Holocene Resurgence Is a Threat to Livability.” In The Anthropology of Sustainablity, edited by Marc Brightman and Jerome Lewis. New York: Palgrave Studies in Anthropology of Sustainability.

Elections présidentielles en Equateur en contexte de crise sociale et sanitaire: une droite affaiblie mais victorieuse

Par Julie Massal, docteure en sciencie politique e chercheuse de l’IFEA en Colombie

Les élections présidentielles des 7 février et 11 avril en Equateur ont présenté un revirement de tendance entre le premier et le second tour ; le premier donnant l’avantage aux divers acteurs de gauche avant que la droite l’emporte au second. On examine ici certains aspects des résultats en les reliant au contexte à court terme, afin d’en discerner quelques enjeux majeurs.

  1. Un premier tour favorable à des acteurs de gauche divisés et en conflit

Au premier tour, le scrutin présidentiel semble illustrer un mouvement en faveur des forces politiques de gauche, avec trois candidats situés à gauche du spectre politique, mais issus de traditions politiques distinctes, et un candidat de droite libérale, qui réunissent plus de 80% du vote, malgré une forte dispersion de l’offre avec 16 candidats au premier tour[1]. Cela semble témoigner d’un effacement complet de la droite[2], avant que le 2e tour ne rebatte les cartes.

Andrés Arauz, le candidat de la tendance « Socialisme du XXI siècle » inspirée par l’ex-président R. Correa (2007-2017) obtient 32.7% des suffrages exprimés ; c’est un peu moins que prévu (il avait 36% d’intentions de vote dans les sondages), mais cela lui octroie une large avance sur ses rivaux. Proche de R. Correa (entretemps jugé et condamné pour corruption), il est considéré comme la continuation de son projet politique, qui suscite de vives oppositions y compris parmi les acteurs sociaux de gauche[3]. Les deux rivaux d’Arauz sont d’une part l’ex banquier Guillermo Lasso, candidat du mouvement « Créer des opportunités » (CREO, droite libérale), et d’autre part Yaku Perez, candidat du mouvement Pachakutik, bras politique de la Confédération des Nationalités Indigènes d’Equateur (CONAIE). Celle-ci joue un rôle majeur lors de la révolte d’octobre 2019 contre l’augmentation du prix des combustibles. Si Yaku Perez n’a pas été le leader de cette révolte, sa candidature a été choisie par Pachakutik, non sans susciter de fortes divisions au sein de la CONAIE, pour représenter une gauche sociale et écologiste d’opposition, éloignée de la gauche Corréiste, à laquelle elle se déclare d’ailleurs ouvertement hostile. Cela tient notamment au fait que Yaku Perez incarne une branche de la « résistance à l’extractivisme » qui a été fortement réprimée, à l’instar de la CONAIE et de nombreux mouvements sociaux, durant le mandat de Correa.

Selon un décompte final, produit après de multiples recours et procédures partielles de recomptage, G. Lasso obtient 19.74% des voix et Y. Perez, 19,38%, soit environ 33 000 voix d’écart (0.35% des votes), et Lasso devient donc le candidat désigné pour affronter Arauz au 2e tour. Mais la droite reste affaiblie, car lors des législatives (qui ont aussi lieu le 7 février), elle obtient moins de 10% des voix, ce qui en fait seulement la 4e force politique. En outre, Lasso obtient de moins bons résultats en 2021 qu’aux scrutins où il s’est présenté auparavant en 2013 et 2017. La droite est reléguée au niveau législatif derrière trois mouvances de gauche : le parti du candidat corréiste, Union pour l’Esperance (Unes) ; Pachakutik, désormais 2e force à l’assemblée[4] et enfin le parti Gauche Démocratique (ID), dont le candidat X. Hervas obtient 15.7% des voix à la présidentielle et qui devient la 3e force politique législative.  Tout semble donc indiquer un net affaiblissement de la droite.

Enfin, l’abstention, annoncée comme très élevée (d’au moins 30%) dans les sondages en raison du contexte sanitaire critique qui pouvait détourner les électeurs du scrutin, n’est finalement « que » de 18%, dans un pays où le vote est obligatoire. Le vote nul atteint 9.6%.

Ainsi, « la gauche » peut sembler en position de force à l’issue du premier tour. Mais en réalité, il existe de forts clivages en son sein, car aussi bien la Gauche Démocratique que Pachakutik et les mouvements sociaux et indiens ainsi qu’une part importante de l’électorat, sont fortement hostiles au candidat corréiste, A. Arauz, ce qui lui donne peu de réserves de voix. Le clivage politique corréiste/anti-corréiste est donc encore bien présent, même si ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte pour comprendre le revirement qui se présente au second tour.

2. Un second tour favorable à une droite affaiblie

Le second tour, dont le résultat était annoncé serré à l’approche du scrutin, présente une inversion de l’ordre des favoris, chose rare mais non inédite. En effet, le candidat G. Lasso l’emporte avec 52,36% des suffrages exprimés (soit 4.652.699 voix) contre 47.64% pour A. Arauz (4.232.323 voix), sur un total de 13.1 millions d’électeurs[5]. Cette fois l’abstention est de 20.9% (2.260.957 électeurs) et le taux de votes nuls de 9,6 % au premier tour, passe à 16, 3% (1.757 679 bulletins nuls) au second tour. Le report de voix bénéficie très majoritairement à G. Lasso, qui passe de 19.7% à 52.4% des suffrages, tandis qu’A. Arauz passe de 32.7% à 47.6%.

Cela pose plusieurs questions, auxquelles une analyse plus poussée des résultats devra permettre de répondre. Quel est le réservoir de voix de G. Lasso, notamment parmi les populations indigènes[6] qui n’ont plus de candidat ? Celles-ci ont-elles respecté la consigne électorale de « vote nul idéologique », promue par Pachakutik, mais que certains dirigeants de la CONAIE ont eux-mêmes rejetée ? L’enjeu majeur est donc de savoir si le vote indien est bien la clef du scrutin et surtout du revirement du rapport de force gauche-droite, ce qui suppose de comprendre comment les divisions au sein des acteurs indiens ont pesé sur cet électorat. Car les choix des dirigeants indiens au second tour illustrent une forte hétérogénéité politique et des stratégies concurrentes[7]

Après l’éviction de Yaku Perez, Pachakutik et une partie des instances dirigeantes nationales ou locales de la CONAIE appellent leurs bases au « vote nul idéologique » pour le second tour. Mais, en raison des divisions entre CONAIE et Pachakutik au sujet de la candidature de Perez et de divergences relatives au projet corréiste au sein même de la CONAIE, cette consigne de vote n’est pas acceptée par certains dirigeants de la CONAIE. Son président, Jaime Vargas, l’un des principaux leaders indiens de la révolte d’octobre 2019, se voit expulsé de Pachakutik juste avant le second tour, pour avoir exprimé son appui au candidat corréiste A. Arauz. Mais d’autres dirigeants de la CONAIE, comme Leonidas Iza, également un leader majeur de la révolte d’octobre 2019,  exigent la « sanction » des électeurs indiens qui ne respecteraient pas la consigne électorale du vote nul, dans les régions où la population indigène est supposée acquise à la CONAIE[8]. Les divisions se font aussi sentir via des rapprochements explicites envers G. Lasso : l’ex candidate à la vice-présidence et binôme de Y. Perez, V. Cedeno, a appelé à voter pour lui. Et Y. Perez, connu pour son hostilité marquée à R. Correa, s’était prononcé en faveur de G. Lasso au scrutin présidentiel en 2017. Cette fois-ci, il annule son vote et appelle au respect de cette consigne. Ces positions diverses reflètent la complexité des choix politiques parmi les dirigeants indiens, tant au sein de la CONAIE que de Pachakutik, positions qui elles-mêmes peuvent diverger de celles des électeurs indiens.

C’est pourquoi l’étude des résultats du second tour doit s’inscrire dans une analyse approfondie des clivages politiques au sein des courants de gauche. Ceux-ci sont en effet très hétérogènes et s’opposent, en particulier, sur deux aspects majeurs : en premier lieu, la place de l’Etat et son rôle interventionniste dans l’économie , qui est revendiqué par les pro-Correa et rejeté par Y. Perez ; et en second lieu, le modèle de développement fondé sur l’extraction des ressources, que la gauche corréiste a promu comme un moyen d’obtenir des ressources nécessaires à la lutte contre la pauvreté, mais en réprimant fortement acteurs sociaux et écologistes opposés à ce modèle, représentés par Y. Perez. Le vote pour G. Lasso peut difficilement apparaitre, dans un tel contexte, comme un vote de conviction en faveur de la droite libérale qu’il représente. Certes, il obtient la moitié des suffrages exprimés et bénéficie en majorité du report de voix, mais ce sont « seulement » 4.7 millions de voix sur les 13 millions d’électeurs et 17 millions d’habitants. Et cela se produit dans un contexte de division profonde des gauches et d’affaiblissement de la droite. Contexte marqué aussi au second tour par l’abstention de près de 21% malgré le vote obligatoire, et 16.3% de votes nuls, un taux plus important que d’ordinaire et en forte croissance face au 1er tour.

Le vote Lasso peut représenter un vote sanction envers le camp corréiste qui a, selon certains de leurs dirigeants, « trahi » les populations indiennes en réprimant fortement mouvements indiens et écologistes[9], même si ce mécontentement s’exprime aussi via le vote nul. Mais l’évaluation du vote indien et de son appui à la droite au second tour reste à discuter après une analyse approfondie des reports de voix des électeurs de Yaku Perez. La carte du vote par départements[10] révèle certes un appui à Lasso dans des provinces de la Sierra et d’Amazonie qui avaient soutenu Y. Perez au premier tour, mais ces résultats départementaux doivent être examinés à la lumière des taux d’abstention et de votes nuls, analyse qui permettra d’éclairer les dynamiques locales et nationales du vote indien et son orientation ou non en faveur de la droite libérale, thème pour l’instant au cœur des polémiques[11]

Par ailleurs, il s’agit de comprendre d’autres facteurs du report de vote en faveur de Lasso, puisque le clivage régional semble inversé, comme au premier tour : la Sierra vote majoritairement pour le « banquier de Guayaquil » tandis que la Costa (hormis l’archipel des Galápagos) vote plutôt pour le candidat de Quito. Les ressorts du vote régional semblent donc également en redéfinition.

C’est enfin un scrutin qui a lieu à peine un an et demi après la révolte d’octobre 2019, marquée par le rejet des populations indigènes de la Sierra et des secteurs populaires urbains envers des réformes précarisant l’emploi et accroissant le prix des combustibles. La révolte se solde par des affrontements importants pendant près de 10 jours, laissant plus de 1300 blessés et au moins une dizaine de décès. Cela a pu, selon certains analystes comme F. García (Flacso) faire perdre au mouvement Pachakutik une partie du vote urbain des classes moyennes ou aisées, selon une analyse de la sociologie du vote Pachakutik au premier tour[12]. Ce repli de Pachakutik sur des bases indiennes et populaires diminue sa capacité à incarner le vote contestataire. Le mécontentement des secteurs « anti-Correa », qui ne se sentent plus représentés par Pachakutik, peut favoriser le candidat de la droite libérale. Mais une sociologie du report de vote au second tour est indispensable pour le vérifier.

3. Le contexte socio-économique et sanitaire : enjeux présents et à venir.

L’élection s’est tenue dans un contexte sanitaire critique, encore accentué par un nouveau pic et un reconfinement peu avant le second tour, qui se double d’une forte crise économique et sociale. Malgré un confinement précoce et sévère en mars 2020, l’épidémie a eu des effets dévastateurs, avec plus de 340 000 cas et 17 mille morts recensés (mi-avril 2021), dans un pays de 17 millions d’habitants[13]. Qui plus est, selon de récentes études, le groupe d’âge le plus touché est désormais celui des 20-49 ans (60.5%), suivi du groupe des 50-65 ans (20.3%)[14]. Les effets de la gestion de la pandémie sur la pauvreté, le chômage et le sous-emploi ont été présents dans les débats présidentiels. Le candidat Lasso a axé une grande part de sa campagne sur des promesses d’emplois et des aides aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants, en promettant après sa victoire au second tour « des opportunités et la prospérité pour tous ».  

La crise sanitaire et économique ravive aussi les crispations liées aux scandales de corruption qui touchent le camp des pro-Correa ou le gouvernement Moreno. Ce débat sur la corruption se confond désormais avec les enjeux de la campagne de vaccination durant les derniers mois du gouvernement Moreno (2017-2021), qui mène une politique d’austérité fiscale aggravant la précarité de l’emploi et la fragilité du système hospitalier. Or, la campagne de vaccination est encore lente et marquée par la dénonciation de passe-droits, après que le ministre de la santé s’est fait vacciner (ainsi que sa famille) alors que moins de dix mille doses de vaccin étaient arrivées dans le pays, ce qui le contraint à démissionner aussitôt le fait révélé.

Tout cela ne peut qu’aggraver le mécontentement, voire le désespoir, d’une partie importante de la population tant face à ces pratiques que face à l’absence d’une offre politique tournée vers l’avenir ou susceptible d’offrir des réponses concrètes et crédibles aux enjeux immédiats. La crise sociale de 2019, en Equateur mais plus largement dans la région latino-américaine, a rappelé le rôle de mouvements sociaux certes affaiblis mais déterminés à lutter contre les réformes d’inspiration néolibérale ou contre l’usage de l’extractivisme comme (seul) moteur du développement économique. Ces thèmes ont paru singulièrement absents des débats présidentiels en 2021, et l’absence de réponse à ces enjeux ne peut qu’aggraver le vide politique. Le contexte sanitaire préoccupant au Pérou, qui votait pour le premier tour de l’élection présidentielle le 11 avril, ou bien au Brésil, où la pandémie semble hors de contrôle et suscite un mécontentement croissant envers le gouvernement Bolsonaro, ajoute à l’inquiétude face à l’avenir politique andin et latino-américain.


[1] Les résultats des 2 tours sont en ligne : Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[2] Celle-ci a pourtant orienté le gouvernement de L. Moreno (2017-2021) : Pablo Ospina , “Ecuador: ¿realmente hay un ‘giro a la derecha’? Del correísmo al morenismo”, Nueva Sociedad, Avril 2019 : http://nuso.org/articulo/ecuador-moreno-correa-elecciones-politica/?fbclid=IwAR1zggus-M1mmAlloyZvGktlQ57Ju4rRNwxbZsqxAsMC4rmw2dxvwRIu5H4

[3] Pour une analyse des clivages politiques au sein des gauches: Frédéric ThomasContretemps, 7 avril 2021 : Équateur : les gauches, l’extractivisme et la transition

[4] El Universo, 9 de febrero, 2021: El movimiento indígena se convierte en segunda fuerza política del Ecuador, duplica y triplica su votación de elecciones pasadas | Política | Noticias | El Universo

[5] Chiffres du Conseil National Electoral (13 avril 2021): Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[6] En Equateur, la population autochtone ou indigène est définie par des critères tels que l’usage d’une langue indienne et l’appartenance à des « communautés » ; ces dernières sont elles-mêmes regroupées au sein de « peuples » (Otavalos, Saraguros), qui composent à leur tour des « nationalités » (Quichua par exemple) reconnues par la Constitution en vigueur (2008). La CONAIE est la confédération des organisations qui représentent ces nationalités.

[7] France24, 07-04-2021:Ecuador: presidenciales dividen al movimiento indígena, clave para definir el balotaje (france24.com)

[8] Dans les régions où la Conaie est le mieux ancrée (notamment la Sierra centrale et du sud), elle exerce une sorte de domination symbolique sur les communautés et incite à l’adoption d’un vote collectif et non de choix individuels. La sanction s’exerce sous forme de pression morale ou pécuniaire (via une amende) lorsque la personne ne respecte pas le choix communautaire ou celui de l’organisation présente localement. Les divisions internes de la Conaie entre dirigeants et entre ceux-ci et leurs bases peuvent donc altérer la capacité à exercer cette « domination ».

[9] Cf. l’analyse de M. Moreano Venegas : Antiextractivismo y política radical en Ecuador – Jacobin América Latina (jacobinlat.com) (febrero-2021), ou celle de F. Thomas, op.cit.

[10] Disponible dans l’article suivant : Rafael Correa reconoce victoria de Guillermo Lasso en segunda vuelta: ‘Su éxito será el del Ecuador’ | El Comercio (El Comercio, 12-04-2021)

[11] El Universo, 13 de abril, 2021 : Apoyo de Jaime Vargas a Andrés Arauz y el silencio de Jaime Nebot en campaña ayudaron a Guillermo Lasso a ganar en los sitios donde Yaku Pérez tuvo más votación, aseguran analistas | Política | Noticias | El Universo

[12] Cf. le Webinaire réalisé par l’IFEA, le 15 mars 2021 : Institut français d’etudes andines – YouTube

[13] Paz-Gómez D.M. & Santelices Enríquez M.C (2020). (In)capacidades de política en tiempos de covid-19: comprendiendo las respuestas económicas de Colombia y Ecuador. Análisis Político, IEPRI-UN, nº 100, p. 72-91.

[14] El Universo 11 de abril de 2021 :Casos de coronavirus en Ecuador, al domingo 11 de abril: 346.817 confirmados, 17.293 fallecidos y 183.300 vacunados | Ecuador | Noticias | El Universo

Elecciones presidenciales en Ecuador en un contexto de crisis social y sanitaria: una derecha debilitada pero victoriosa

Escribe Julie Massal, doctora en ciencia política e investigadora del IFEA en Colombia

Las elecciones presidenciales del 7 de febrero y 11 de abril en Ecuador presentaron un giro entre la tendencia de la primera y la segunda vuelta; la primera dio ventaja a diversos actores de la izquierda antes que la derecha ganara la segunda. Examinaremos aquí ciertos aspectos de los resultados en relación al contexto a corto plazo, con el fin de discernir algunos de los principales desafíos. 

  1. Una primera vuelta favorable a los actores de izquierda divididos y en conflicto

En primera vuelta, el escrutinio presidencial parece ilustrar un movimiento en favor de las fuerzas políticas de izquierda, con tres candidatos situados a la izquierda del espectro político, pero provenientes de tradiciones políticas distintas, y un candidato de derecha liberal, que reúnen más del 80% del voto, a pesar de una fuerte dispersión de la oferta con 16 candidatos en primera vuelta[1]. Ello parece indicar una desaparición completa de la derecha[2], antes que la segunda vuelta barajara las cartas.

Andrés Arauz, el candidato de la tendencia « socialismo del siglo XXI » inspirado por el expresidente R. Correa (2007-2017) obtuvo 32.7% de votos emitidos; un poco menos de lo previsto (él tenía 36% de intención de voto en los sondeos), pero ello le otorga una larga ventaja sobre sus rivales. Cercano a R. Correa (por ahora juzgado y condenado por corrupción), es considerado como la continuación de su proyecto político, que suscita vivas oposiciones incluso entre los actores sociales de izquierda[3]. Los rivales de Arauz son en un lado el ex banquero Guillermo Lasso, candidato del movimiento “Crear las oportunidades” (CREO, derecha liberal), y de otro lado Yaku Pérez, candidato del movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Esta organización juega un rol mayor en las protestas de octubre de 2019 contra el aumento del precio de los combustibles.  Aunque Yaku Pérez, fue el líder de estas protestas, su candidatura fue escogida por Pachakutik, no sin suscitar fuertes divisiones en el seno de la CONAIE, para representar a una izquierda social y ecologista de oposición, distanciada de la izquierda Correista, a la que ella se declara abiertamente hostil. Esto se debe en particular al hecho de que Yaku Pérez encarna una rama de la “resistencia al extractivismo” que ha sido fuertemente reprimida, como la CONAIE y muchos movimientos sociales, durante el mandato de Correa.

Según el conteo final, producido tras múltiples recursos y procedimientos de reconteo parcial, G. Lasso obtiene 19.74% de votos e Y. Pérez, 19.38%, es decir un aproximado de 33,000 votos de diferencia (0.35% de votos), y Lasso se convierte entonces en el candidato designado para enfrentar a Arauz en la segunda vuelta. Pero la derecha queda debilitada, porque en las legislativas (que tuvieron lugar también el 7 de febrero), obtuvo menos del 10% de los votos, con lo que llega a ser apenas la cuarta fuerza política.  De otro lado, Lasso obtiene peores resultados en 2021, que en los anteriores escrutinios donde participó en 2013 y 2017. La derecha es relegada a nivel legislativo detrás de tres movimientos de izquierda: el partido del candidato correista, Unión por la esperanza (Unes); Pachakutik, en adelante la segunda fuerza en la asamblea[4] y finalmente el partido Izquierda Democrática (ID) – cuyo candidato X. Hervas obtiene 15.7% de votos en la presidencial y se convierte en la tercera fuerza política legislativa. Todo parece indicar un claro debilitamiento de la derecha.

Finalmente, la abstención, anunciada como muy elevada (de al menos 30%) en los sondeos en razón del contexto sanitario crítico que podía alejar a los electores del escrutinio, -alcanzó finalmente “solo” el 18%, en un país donde el voto es obligatorio. El voto nulo alcanza el 9.6%.

Así, “la izquierda” parece presentar una posición de fuerza al término de la primera vuelta. Pero en realidad, existen fuertes divisiones en su seno, porque si bien la Izquierda Democrática, Pachakutik y los movimientos sociales e indígenas constituyen una parte importante del electorado, son fuertemente hostiles al candidato correista, A. Arauz, lo que le da pocas reservas de votos. La división política correista/anticorreista está todavía bien presente, aunque no es el único factor a tomar en cuenta para comprender el giro que se presentó en la segunda vuelta.

 2. Una segunda vuelta favorable a una derecha debilitada

En la segunda vuelta, que se preveía reñida en la fase previa a la votación, se produjo una rara, pero no inédita inversión del orden de los favoritos. En efecto, el candidato G. Lasso la gana con el 52.36% de votos emitidos (es decir 4 652,699 votos) contra el 47.64% para A. Arauz (4 232,323 votos), sobre un total de 13.1 millones de electores[5]. Esta vez la abstención es de 20.9% (2 260957 electores) y la tasa de votos nulos de 9.6% en la primera vuelta pasa a ser de 16. 3% (1 757679 boletines nulos) en la segunda vuelta. El reporte de votos beneficia muy mayoritariamente a G. Lasso que pasa de 19.7% a 52.4% de votos, mientras que A. Arauz pasa de 32.7% a 47.6%.

Esto plantea una serie de preguntas, a las que hay que dar respuesta mediante un análisis más profundo de los resultados. ¿Cuál es la reserva de votos de Lasso especialmente entre las poblaciones indígenas[6] que no tienen candidato? ¿respetaron la consigna electoral de “voto nulo ideológico”, promovida por Pachakutik, pero que ciertos dirigentes de la CONAIE rechazaron? La cuestión principal, es entonces saber si el voto indígena es realmente la clave de la elección y sobretodo de la inversión del equilibrio de poder izquierda-derecha, lo que supone comprender como las divisiones en el seno de los actores indígenas han pesado sobre el electorado. Porque la elección de los dirigentes indígenas en segunda vuelta muestra una fuerte heterogeneidad política y de estrategias contrapuestas[7].

Después de la eliminación de Yaku Pérez, Pachakutik y una parte de las instancias dirigentes nacionales o locales de la CONAIE llaman a sus bases al “voto nulo ideológico” para la segunda vuelta. Pero, debido a divisiones entre la CONAIE y Pachakutik a propósito de la candidatura de Pérez y de divergencias relativas al proyecto correista en el seno mismo de la CONAIE, esta consigna de voto no fue aceptada por ciertos dirigentes de la CONAIE. Su presidente, Jaime Vargas, uno de los principales líderes indígenas de las protestas de octubre de 2019, se ve expulsado de Pachakutik justo antes de la segunda vuelta, por haber manifestado su apoyo al candidato correista A. Arauz. Pero otros dirigentes de la CONAIE, como Leonidas Iza, también un líder mayor de las protestas de octubre de 2019, exigen la “sanción” de los electores indígenas que no respetaron la consigna electoral del voto nulo, en las regiones donde la población indígena esta supuestamente comprometida con la CONAIE[8]. Las divisiones se hacen así sentir a través del acercamiento explícito hacia G. Lasso: la ex candidata de la vicepresidencia y binomio de Y. Pérez, V. Cedeno, ha llamado a votar por él.  E Y. Pérez, conocido por su marcada hostilidad hacia R. Correa, se había pronunciado a favor de G. Lasso en el escrutinio presidencial en 2017. Esta vez sí, él anula su voto y llama al respeto de esta consigna. Estas posiciones diversas reflejan la complejidad de las elecciones políticas entre los dirigentes indígenas, tanto en el seno de la CONAIE que, de Pachakutik, posiciones que en sí mismas pueden divergir con la de los electores indígenas.

Por ello el estudio de los resultados de la segunda vuelta debe inscribirse en un análisis -cuidadoso de las divisiones políticas en el seno de las corrientes de la izquierda. Estas son en efecto muy heterogéneas y se oponen, en particular, sobre dos aspectos mayores: en primer lugar el espacio del Estado y su rol intervencionista en la economía, que es reivindicada por los pro-Correa y rechazada por Y. Pérez; y en segundo lugar, el modelo de desarrollo fundado en la extracción de recursos que la izquierda correista ha promovido como un medio de obtener recursos necesarios para la lucha contra la pobreza pero reprimiendo fuertemente a los actores sociales y ecologistas opuestos a este modelo, representados por Y. Pérez. El voto por G. Lasso puede difícilmente aparecer en este contexto, como un voto de convicción en favor de la derecha liberal que representa. Es cierto que obtuvo la mitad de los votos emitidos y se benefició mayoritariamente del arrastre de votos, pero fueron “solo” 4.7 millones de votos sobre los 13 millones de electores y 17 millones de habitantes. Y esto se produce en un contexto de división profunda de izquierdas y debilitamiento de la derecha. El contexto también estuvo marcado en la segunda vuelta por la abstención de cerca del 21% a pesar del voto obligatorio, y el 16.3% de votos nulos, una tasa más importante de lo común y en fuerte crecimiento frente a la primera vuelta.

El voto Lasso puede representar un voto de sanción hacia el sector correista que, según ciertos dirigentes “traicionó” a las poblaciones indígenas reprimiendo fuertemente los movimientos indígenas y ecologistas[9], aún si el descontento se expresa también a través del voto nulo. Pero la valoración del voto indígena y de su apoyo a la derecha en la segunda vuelta queda por discutir tras un análisis exhaustivo de la transferencia de los votos de los electores de Yaku Pérez. El mapa de voto por departamentos[10] revela ciertamente un apoyo a Lasso en las provincias de la Sierra y de la Amazonia que habían apoyado a Y. Pérez en la primera vuelta, pero estos resultados departamentales deben ser examinados a la luz de las tasas de abstención y de votos nulos, un análisis que permitirá esclarecer las dinámicas locales y nacionales del voto indígena y su orientación o no a favor de la derecha liberal, tema que por el momento está en el centro de la polémica[11].

Además, se trata de comprender otros factores del traspaso de votos en favor de Lasso, porque – el sesgo regional parece invertida, como en la primera vuelta: la Sierra vota mayoritariamente por el “banquero de Guayaquil” mientras que la Costa (salvo el archipiélago de Galápagos) vota sobre todo por el candidato de Quito. Los resultados del voto regional parecen entonces estar igualmente en redefinición.

Finalmente es un escrutinio que se da lugar apenas un año y medio después de las protestas de octubre de 2019, marcadas por el rechazo de las poblaciones indígenas de la Sierra y de los sectores populares urbanos hacia las reformas que precarizan el empleo e incrementan el precio de los combustibles. Las protestas dieron lugar a importantes enfrentamientos durante 10 días, dejando más de 1300 heridos y al menos una decena de muertos. Esto ha podido según ciertos análisis como el de F. García (FLACSO) hacer perder al movimiento Pachakutik una parte de su voto urbano en las clases medias altas, según un análisis de la sociología del voto Pachakutik en primera vuelta[12]. Este repliegue de Pachakutik hacia sus bases indígenas y populares disminuye su capacidad de encarnar el voto contestatario. El descontento de sectores “anti-Correa”, que no se sienten representados más por Pachakutik, pudo favorecer al candidato de la derecha liberal. Pero una sociología de recuento de votos en segunda vuelta es indispensable para verificarlo.

3. El contexto socio-económico y sanitario: desafíos presentes y futuros

La elección se realizó en un contexto sanitario crítico, aún acentuado por un nuevo pico y un reconfinamiento poco antes de la segunda vuelta, a lo que se suma una fuerte crisis económica y social. A pesar de un confinamiento precoz y severo en marzo del 2020, la epidemia ha tenido efectos devastadores, con más de 340,000 casos y 17,000 muertos (mitad de abril 2021), en un país de 17 millones de habitantes[13]. Además, según estudios recientes, el grupo de edad más afectado es ahora el de los 20-49 años (60.5%) seguido del grupo de 50 a 65 años (20.3%)[14]. Los efectos de la gestión de la pandemia sobre la pobreza, el desempleo o el subempleo han estado presentes en los debates presidenciales. El candidato Lasso ha centrado una gran parte de su campaña en promesas de empleo y de ayudas a las pequeñas empresas y a los trabajadores independientes, prometiendo después de su victoria en segunda vuelta “oportunidades y prosperidad para todos”.

La crisis sanitaria y económica revive también las crispaciones ligadas a los escándalos de corrupción que afectan al sector pro-correa o al gobierno de Moreno. Éste debate sobre la corrupción se confunde además con problemas en la campaña de vacunación durante los últimos meses del gobierno de Moreno (2017-2021) que lleva una política de austeridad fiscal agravando la precariedad del empleo y la fragilidad del sistema hospitalario. La campaña de vacunación está todavía lenta y marcada por las denuncias de favoritismo, después que el ministro de la salud se hiciera vacunar (así como a su familia) mientras que menos de 10,000 dosis de vacunas habían llegado al país, lo que lo llevó a renunciar y rápidamente ser relevado.

Todo esto no puede más que aumentar el descontento, o incluso la desesperación, de una parte importante de la población tanto frente a estas prácticas como a la ausencia de una oferta política dirigida al futuro o susceptible de ofrecer respuestas concretas y creíbles a los problemas inmediatos. La crisis social del 2019, en Ecuador y más ampliamente en la región latinoamericana, ha recordado el rol de los movimientos sociales ciertamente debilitados pero determinados a luchar contra las reformas de inspiración neoliberal o contra el uso del extractivismo como (único) motor de desarrollo económico. Estos temas han aparecido singularmente ausentes en los debates presidenciales del 2021, y la ausencia de respuesta a estos problemas no puede sino  agravar el vacío político. El contexto sanitario preocupante en Perú, que votaba por la primera vuelta en elección presidencial el 11 de abril o también en Brasil, donde la pandemia parece fuera de control y suscita el descontento creciente hacia el gobierno de Bolsonaro, aumenta la inquietud frente al futuro político andino y latinoamericano.


[1] Los resultados de las dos vueltas están en línea: Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[2] Esto por tanto orientó el gobierno de L. Moreno (2017-2021): Pablo Ospina, « Ecuador: ¿realmente hay un “giro a la derecha”? Del correismo al morenismo”, Nueva sociedad, abril 2019: http://nuso.org/articulo/ecuador-moreno-correa-elecciones-politica/?fbclid=IwAR1zggus-M1mmAlloyZvGktlQ57Ju4rRNwxbZsqxAsMC4rmw2dxvwRIu5H4

[3]  Cf. el análisis de las divisiones políticas en el seno de las izquierdas: Frédéric Thomas, Contretemps, 7 de abril de 2021: Équateur : les gauches, l’extractivisme et la transition

[4] El universo, 9 de febrero, 2021: El movimiento indígena se convierte en segunda fuerza política del Ecuador, duplica y triplica su votación de elecciones pasadas | Política | Noticias | El Universo

[5]  Cifras del Consejo nacional electoral (13 de abril de 2021): Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[6] En Ecuador, la población autóctona o indígena está definida por criterios tales como el uso de una lengua indígena y la pertenencia a las “comunidades”; éstas últimas están ellas mismas reagrupadas en el seno de los “pueblos” (Otavalos, Saraguros), que componen a su vez  – las “nacionalidades” (quichua por ejemplo) reconocidas por la Constitución en vigor (2008). La CONAIE es la confederación de las organizaciones que representan esas nacionalidades.

[7]  France24, 07-04-2021: Ecuador: presidenciales dividen al movimiento indígena, clave para definir el balotaje (france24.com)

[8] En las regiones donde la CONAIE está mejor anclada (particularmente la Sierra central y del sur), ella ejerce una suerte de dominación simbólica sobre las comunidades e incita a la adopción de un voto colectivo y no a decisiones individuales. La sanción se ejerce bajo una forma de presión moral o pecuniaria (vía una multa) si la persona no respeta la decisión comunitaria o de la organización presente localmente. Las divisiones internas de la CONAIE entre los dirigentes y entre estos y sus bases pueden entonces alterar la capacidad de ejercer este “dominio”.

[9] Cf.  El análisis de M. Moreno Venegas: Antiextractivismo y política radical en Ecuador – Jacobin América Latina (jacobinlat.com)  (Febrero-2021), o aquel de F. Thomás, op. cit.

[10] Disponible en el artículo siguiente: Rafael Correa reconoce victoria de Guillermo Lasso en segunda vuelta: ‘Su éxito será el del Ecuador’ | El Comercio (El comercio, 12-04-20 21).

[11]  El universo, 13 de abril, 2021: Apoyo de Jaime Vargas a Andrés Arauz y el silencio de Jaime Nebot en campaña ayudaron a Guillermo Lasso a ganar en los sitios donde Yaku Pérez tuvo más votación, aseguran analistas | Política | Noticias | El Universo

[12]  Cf. El webinar realizado por IFEA, el 15 de marzo de 2021: Institut français d’etudes andines – YouTube

[13] Paz-Gómez D.M & Santelices Enríquez M.C (2020). (In) capacidades de política en tiempos de COVID-19: comprendiendo las respuestas económicas de Colombia y Ecuador. Análisis político, IEPRI-UN, nº 100, p. 72-91.

[14] 11 de abril de 2021: Casos de coronavirus en Ecuador, al domingo 11 de abril: 346.817 confirmados, 17.293 fallecidos y 183.300 vacunados | Ecuador | Noticias | El Universo

Alina Wong in Memoriam

Par Aliocha Maldavsky, directora del IFEA

L’Institut français d’études andines a l’infinie tristesse de faire part du décès d’Alina Wong, chargée des ventes des publications de l’Institut, survenu le 15 janvier 2021, des suites du COVID-19 à l’âge de 61 ans. Archéologue de formation, Alina avait participé dès les années 1980 aux activités de l’IFEA dans ce domaine. Elle avait ensuite rejoint l’équipe de la bibliothèque pour occuper en 1998 le poste de responsable des ventes. Quasiment toute sa vie professionnelle s’est déroulée dans notre institution, aux côtés d’autres collègues qui, comme elle, ont vu passer les chercheurs et les directeurs. Alina connaissait donc très bien l’IFEA, où elle assurait une tâche essentielle, celle de veiller à la diffusion de la connaissance scientifique, à travers ses ouvrages et sa revue, le Bulletin de l’Institut français d’études andines.

Elle connaissait parfaitement le réseau de distribution au Pérou et dans le reste des pays andins et assurait un suivi méticuleux des ventes, ne ménageant pas sa peine à l’occasion des foires du livre, s’adaptant aux récentes évolutions de son métier. Excellente libraire, Alina était surtout une femme solaire, irradiant sympathie et bonne humeur partout sur son passage. Prochainement, Alina allait enfin disposer d’un espace adéquat à l’exposition des livres et à leur vente, dans les nouveaux locaux de l’IFEA, en cours de rénovation dans le quartier de Barranco. L’IFEA ne manquera pas de lui rendre l’hommage qu’elle mérite, dans ce nouveau lieu de vie collective et de rencontres scientifiques.

El Instituto Francés de Estudios Andinos lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de Alina Wong, encargada de las ventas de las publicaciones del Instituto, el 15 de enero de 2021, a causa de los efectos del COVID-19 a los 61 años. Alina, arqueóloga de formación, participó en las actividades del IFEA en este campo desde los años ochenta. Posteriormente, se incorporó al equipo de la biblioteca para luego ocupar el puesto de responsable de ventas en 1998. Casi toda su vida profesional transcurrió en nuestra institución, junto a otros colegas que, como ella, han visto pasar a investigadores y directores. Así pues, Alina conoció muy bien el IFEA, donde desempeñó una labor esencial, la de garantizar la difusión de los conocimientos científicos, a través de sus libros y de su revista, el Bulletin de l’Institut français d’études andines.

Ella conocía perfectamente la red de distribución en Perú y en el resto de los países andinos y hacía un seguimiento meticuloso de las ventas, sin escatimar esfuerzos en las ferias del libro, adaptándose a las novedades de su profesión. Excelente librera, Alina era sobre todo una mujer alegre, que irradiaba simpatía y buen humor allá donde iba. Pronto, Alina iba contar por fin con un espacio adecuado para la exposición y venta de libros, en el nuevo local del IFEA, actualmente en remodelación en el distrito de Barranco. El IFEA no dejará de rendirle el homenaje que se merece en este nuevo lugar de vida colectiva y de reuniones científicas.

© A. Langlois, archivo IFEA – 2015

 

© Archivo IFEA
Feria del Libro del Congreso Nacional de Arqueología, © K. Pacheco – 2016
Feria del libro de Lima 2016, acompañada por Gérard Borras y Nora Araujo © K. Pacheco

Alina y su gran amigo el filólogo peruanista Gerald Taylor, © K. Pacheco – Lima, 2015

Evento el Pastoralismo Andino © K. Pacheco, Alianza Francesa de Lima – 2019

© Personal del IFEA 2019

 

Prehistoria antigua de la América andina: aportes desde la tecnología lítica

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Antonio Pérez Balarezo, Université Paris Nanterre (Francia).

Reseña redactada por César Bazán Seminario, doctorando en sociología por el Instituto de Sociología de la Universidad de Friburgo y el Arnold-Bergstraesser Institut (Alemania).

El viernes 23 de abril de 2021 se llevó a cabo la sesión mensual del grupo de jóvenes investigadores del Instituto Francés de Estudios Andinos. En esa ocasión, Antonio Pérez Balarezo hizo una presentación de los avances de su trabajo doctoral en prehistoria, con foco en las Américas bajo la asesoría de Érick Boëda, en la Universidad Paris Nanterre.

Con las desventajas de no estar familiarizado con la jerga científica en prehistoria y de ser completamente ajeno al tema de investigación de Pérez Balarezo, haré una reseña de la ponencia presentada y de la posterior discusión. Tengo a mi favor, que la explicación del expositor tomó en cuenta que se dirigía a un público lego en menesteres de prehistoria. Con meridiana claridad, Pérez Balarezo explicó el ABC de conceptos y teorías, cuestiones que en círculos más familiarizados con la prehistoria se darían por sentados. El tema amplio de su investigación es el comienzo de la población de América del Sur por parte del ser humano. 

El inicio significó aclarar para el público, cuáles son las principales teorías sobre el poblamiento de América: el modelo de cronología corta (Clovis-first), el modelo de cronología intermedia (Clovis-second) y el modelo de cronología larga. El uso de mapas e imágenes ayudaron a seguir las rutas que habrían utilizado los seres humanos para poblar el continente. Así mismo, nos explicó en qué consistió el uso de tecnologías líticas, es decir, la transformación de la piedra.

De ese modo, a partir del análisis de las herramientas líticas, Pérez Balarezo cuestionó los paradigmas Clovis y se mostró más cercano a los márgenes de un modelo de cronología larga, aunque también esbozó críticas a este modelo.

Las preguntas de investigación que guían el trabajo doctoral del expositor son las siguientes: ¿Cuáles son las características técnico-funcionales de las industrias líticas de Sudamérica occidental durante el Pleistoceno final? ¿Cómo evolucionaron los sistemas técnicos a través de las diferentes etapas del Pleistoceno final? ¿Estamos frente a sistemas técnicos diferentes? ¿Cuáles son los linajes técnicos que pueden ser reconstruidos? ¿Cuáles son las dinámicas demográficas y tecno-culturales? La amplitud, en número y en temática, de las preguntas de investigación no fue motivo de cuestionamiento en el foro.

Probablemente la falta de cuestionamiento se haya debido al conocimiento experto mostrado por Pérez Balarezo para la explicación previa, que dejó al público –o al menos a mí– con la sensación de ser un neófito en la materia y con las dudas de si podría plantear algún comentario que valga la pena. 

Lo que sí generó una consulta del público fue la amplitud de lugares para trabajo de campo. Pérez Balarezo previó para su tesis doctoral analizar material proveniente de nueve conjuntos líticos provenientes de los siguientes sitios arqueológicos: Colección El Jobo (Perú); Colección El Camare-Las Lagunas (Venezuela); Colección El Abra-Tequendama (Colombia); Cacao 1.A (Argentina): Capa 5 (1); Huaca Prieta (Perú): Unit 12-C23; El Palto (Perú): fases unifaciales y bifaciales; Pikimachay (Perú): zonas h y h1; Monte Verde I-II (Chile); y Pilauco PB-s (Chile).

A la fecha de la exposición, el trabajo de campo estaba bastante avanzado. Ante la consulta, Pérez Balarezo sostuvo que en efecto el trabajo de campo era amplio, pero viable, pues se trataba de material que estaba en colecciones. Además su asesor respaldó la amplia y ambiciosa propuesta. 

Las preguntas del debate fueron por varios rumbos. Una de las primeras preguntas vinculó el presente con la prehistoria: ¿qué hace que las poblaciones emigren? Desde su mirada de arqueólogo, Pérez Balarezo planteó que la explicación basada únicamente en cuestiones climáticas es muy limitada. Apostando a la resiliencia del ser humano, invitó a que se piensen otros motivos de acuerdo a la población que se decida estudiar.

Luego la discusión tomó rumbo hacia las relaciones de poder en la academia arqueológica: las diferentes escuelas, las fundaciones que financian los elevados costos académicos, etc. Vinculado a esto, se debatió el uso de nuevos enfoques para analizar el material arqueológico. Con ocasión de la publicación del artículo “Female hunters of the early Americas” de Haas y otros y otras, la conversación abordó el feminismo y el uso de evidencia para sustentar los hallazgos.

En la línea de criticar las relaciones de poder en la academia, el debate asumió una perspectiva decolonial, que Pérez Balarezo saludó. Eso se vio reforzado por la primera diapositiva de su presentación, que era efectivamente un guiño al Sur Global. Se trataba de una versión libre del mapa de América del Sur invertido de Joaquín Torres García.

En conclusión, la sesión fue enriquecedora para los y las asistentes y para el expositor. Se trató de un grupo humano entrenado en el debate interdisciplinario, pero ajeno a la disciplina del expositor. A pesar de eso, la exposición fluyó con naturalidad y el debate abordó diferentes aspectos relacionados con la arqueología y con otras de las disciplinas que estaban representadas en el foro.

Presentación de Antonio Pérez Balarezo © IFEA

Bibliografía

Boëda E, Ramos M, Pérez A, Hatté C, Lahaye C, et al. (2021) 24.0 kyr cal BP Stone artefact from Vale da Pedra Furada, Piauí, Brazil: Techno-functional analysis. PLOS ONE 16(3): e0247965. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247965

Boëda E, Gruhn R, Vialou A, Aschero C, Vialou D, Pino M, Gluchy M, Pérez A & Ramos M. (2021) The Chiquihuite Cave, a Real Novelty? Observations about the Still-ignored South American Prehistory, PaleoAmerica, 7:1, 1-7, DOI: 10.1080/20555563.2020.1851500

Suárez R, Ardelean C, Editores. (2019). People and Culture in Ice Age Americas: New Dimensions in Paleoamerican Archaeology. University of Utah Press.

Pandemia y tensiones fronterizas entre Perú y Ecuador

Escribe François Bignon*, doctor en historia por la Universidad de Rennes 2

Artículo publicado originalmente en francés por el blog COVIDAM: Le covid dans les Amériques, del Instituto de las América e IGlobes (CNRS), en febrero del 2021.

A finales de enero del 2021, la directora de Amnistía internacional – Américas denunció la militarización de la frontera de Perú y Ecuador. Ante los disparos de advertencia realizados por el ejército peruano contra grupos de migrantes venezolanos, hacía un llamado a « limitar el uso de las fuerzas armadas en el ámbito de la gestión migratoria para evitar una tragedia« .

Mientras Perú, afectado por una terrible segunda ola de la epidemia, acababa de decretar de nuevo el cierre de sus fronteras exteriores, el ejército peruano movilizó importantes efectivos en el sector, enviando al menos 1.200 soldados y una cincuentena de vehículos blindados para controlar varias decenas de puntos de paso ilegales por los que transitan los venezolanos. Ante los rumores de una próxima retirada, el comandante general de las fuerzas armadas peruanas llegó a asegurar la presencia de 3.000 soldados en la región, mientras sus servicios difundían un pujante video en las redes sociales para reafirmar a los peruanos que sus fronteras estaban bajo control.

Esta militarización de la frontera, que se basa en la doble situación de la pandemia y la migración venezolana, debe ser analizada a la luz de una larga historia de conflictos que bien puede volver a la palestra. A menudo se habla de una nueva geopolítica de la vacuna, pero las tensiones asociadas a la pandemia también están reavivando disputas preexistentes.

Si bien la escala nacional no es siempre la más adecuada para luchar contra el virus que no respeta fronteras, sabemos que la pandemia global ha reforzado las fronteras internacionales en todo el mundo, mostrando también las debilidades inherentes a su gestión multilateral. En las Américas, la pandemia ha afectado las fronteras antes abiertas y atravesadas por un importante flujo demográfico y económico, cómo la frontera entre Canadá y Estados e incluso la que separa Argentina de Uruguay. En Europa como en América, la reorganización de las fronteras internacionales ha afectado menos a las élites con capacidad de permanecer conectadas en casa que a los nuevos pobres de la movilidad global, condenados a intentar atravesar estas barreras que ahora se les cierran.

La situación entre Perú y Ecuador no es la excepción a la regla. La militarización peruana se efectúa contra el paso ilegal de migrantes venezolanos en nombre de la lucha contra la Covid-19. Este control reforzado se aplica sobre un segmento minoritario de los (aproximadamente) 1500 km de frontera terrestre que separa las dos repúblicas. La mayor parte de esta frontera atraviesa la selva amazónica, hasta donde el virus circula intensamente, tanto en la región andino-amazónica como en la parte brasileña. Pero debido a la intensidad del flujo de personas, es en la parte occidental de esta frontera donde la atención se focaliza, donde el serpenteante río Zarumilla constituye el límite internacional entre los dos países. El corredor entre Huaquillas (Ecuador) y Aguas verdes (Perú) es así, el principal punto de paso terrestre entre ambos países.

Sin embargo, el río Zarumilla está lejos de haber sido siempre una frontera consensuada. Al contrario, junto a los inmensos territorios amazónicos, ha sido el centro de un litigio a menudo considerado como el más largo diferendo de frontera del continente y que ha llevado a varias guerras.

Arraigado en el proceso de independencia de España a principios del siglo XIX, el desacuerdo entre Lima y Quito en torno a su frontera común fue total durante casi dos siglos. Los ecuatorianos reivindicaban los territorios situados hasta el río Tumbes al sur del río Zarumilla, mientras que los peruanos consideraban a veces toda la región ecuatoriana de El Oro como peruana. En la Amazonia, la diferencia afectaba a cerca de cientos de miles de kilómetros cuadrados. A una primera guerra en 1828 (implicando a la Gran Colombia), le siguieron las de 1858-1860, 1941, 1981 y, finalmente la de 1995. Por tanto, la existencia de los dos estados andinos ha estado profundamente marcada por esta rivalidad territorial. El proceso de integración regional iniciada en 1969 por el Pacto Andino no permitió resolver definitivamente el conflicto. Los dos países continuaron dándose la espalda con un comercio preferencial hacia el sur para Perú y hacia el norte para Ecuador, practicando más bien una indiferencia cordial que el codesarrollo entre dos pueblos que comparten mucho en términos de cultura. La Comunidad Andina de Naciones está, hoy en día, dormida.

La herencia bélica de esta relación sigue presente en el paisaje regional, a través de diferentes monumentos conmemorativos de la guerra de 1941, en el curso de la cual la provincia ecuatoriana El Oro fue ocupada militarmente, obligando a miles de personas a abandonar la región, dejando atrás tenaces rencores. Una película de propaganda de la época que celebra la aplastante victoria peruana, acaba de incorporarse al patrimonio cultural de la nación. Ya en 1995, cuando se produjeron enfrentamientos en las estribaciones amazónicas de lo Andes, muy lejos de la región de Zarumilla, una viva emoción se instaló entre los habitantes de la región, convencidos de que los peruanos se preparaban de nuevo para “invadirlos”.

En Machala, capital de la región ecuatoriana El Oro, el monumento a los muertos de la guerra de 1941 recuerda el pasado doloroso de las relaciones fronterizas entre Ecuador y Perú, que la crisis de la covid-19 amenaza con reavivar

Sin embargo, fue lo absurdo de la última guerra entre dos estados latinoamericanos lo que permitió un acuerdo definitivo. En 1998 se firmó finalmente la paz en Brasilia, acompañada de un mensaje de proyectos de desarrollo fronterizo que tuvieron un éxito limitado.

Desde entonces, la relaciones entre los dos países se normalizaron en principio, pero en ocasiones pueden surgir desacuerdos sobre la gestión fronteriza sobre el terreno de esta dolorosa historia. En 2017 la construcción de un espacio verde a lo largo del río fronterizo había sido interpretado por las autoridades peruanas como la construcción de un muro que contravenía los acuerdos de paz. Frente al retiro del embajador peruano, los ecuatorianos congelaron el proyecto.

Pero mientras que en este caso se trataba de permitir la libre circulación legal de bienes y personas, la pandemia mundial ha completamente invertido las posiciones.

La circulación rápida del virus en el continente americano, así como la situación catastrófica de Guayaquil, situada inmediatamente al norte de la frontera, han tempranamente decidido al gobierno peruano del presidente Martín Vizcarra a controlar demás de cerca las entradas sobre su suelo. La situación era además más crítica en cuanto a que los cruces ilegales se han multiplicado con la llegada masiva de migrantes venezolanos.

Perú es en efecto el segundo país que más venezolanos exiliados ha acogido sobre su suelo, albergando a un 1 millón de ellos. Al inicio bien acogidos, los migrantes han ido enfrentando cada vez más dificultades económicas y xenofobia. Desde junio del 2019, las autoridades peruanas exigieron una obtención de visa a fin de limitar las entradas.

En este contexto, es el río Zarumilla el que constituye el escenario de la mayoría de los cruces clandestinos. Éstos operan en los dos sentidos: venezolanos que van desde Ecuador hacia el Perú, pero también desde el Perú hacia el Ecuador cuando algunos de ellos bloqueados en el Perú en plena pandemia, decidieron retornar a su patria caminando. Estos pasajes son frecuentemente explotados por las redes de contrabando que están estructuralmente establecidas en esta escarpada frontera. Desde el siglo XIX, el contrabando viene regularmente a añadirle leña al fuego entre los dos gobiernos que denuncian cada uno las acciones ilegales de los nacionales vecinos, utilizando el hecho para legitimar el reforzamiento de los efectivos policiales y militares.

Así pues, en base a una tradición bien establecida, el ejército peruano ha decidido remilitarizar esta frontera para oponerse al flujo ilegal y desmantelar los puntos de paso, afrontando el riesgo de reavivar las tensiones latentes. ¿podría la Covid-19 y la migración venezolana anunciar futuros conflictos alrededor de una frontera históricamente conflictiva?

Cabe señalar que, contrariamente a la situación que prevalecía hace 25 años, es la cooperación más que la competencia lo que parece, al menos de manera oficial, tomar el rumbo. El ejército ecuatoriano muestra así su coordinación con las fuerzas peruanas, tal como lo practica con el vecino Colombia. La presencia de las fuerzas armadas de ambos lados no tiene el mismo potencial beligerante que cuando los dos estados se enfrentaban por la propia definición de la frontera.

Peruanos y ecuatorianos tienen los ojos puestos en la situación política y sanitaria de sus respectivas naciones más que sobre su frontera común. A principios de 2021, las noticias giran en torno a las elecciones. Los ecuatorianos elegían a su nuevo presidente el 7 de febrero, en una primera vuelta muy disputada y mientras que en Perú se lanzaba la campaña para las elecciones de abril, en un contexto de inestabilidad estructural política y de intenso debate sobre la importación de vacunas y el uso de ciertos medicamentos.

Las miradas no están puestas principalmente a la frontera y son sobre todo las poblaciones locales quienes sufren el filtro fronterizo establecido por los militares, arruinando la economía local que es fundamentalmente transnacional, aunque los productos alimentarios continúen atravesando la frontera. Para los venezolanos sin recursos varados en la frontera o para los nacionales que deben acceder al país vecino por su trabajo, la tragedia no está lejana, como lo demuestra el caso de una peruana herida de bala por un soldado peruano cuando intentaba regresar a su país a la altura de Huaquillas.

Ante este tipo de demostración de fuerza peruana, los ecuatorianos parecen moverse lentamente. Las fuerzas armadas anunciaron el 1 de febrero el envío de 200 soldados y 20 vehículos a la frontera. El objetivo oficial es cooperar con el ejército peruano, pero eso no impide pensar que las fuerzas ecuatorianas desearían también afirmar soberanía ocupando el terreno. Además, el ministro de defensa ecuatoriano declaró hace algunos días la necesidad de reorganizar las tropas fronterizas,  quizás un preludio a un movimiento más amplio.

« Nos dimos cuenta que hace falta reforzar con personal. Tenemos destacamentos permanentes fijos a lo largo de la línea frontera, algunos fueron levantados y vamos a tener que volverlos a reactivar”. Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa (Ecuador), 28 de enero de 2021

Oswaldo Jarrín, ministre de la Défense (Équateur), le 28 janvier 2021 (« Nous nous sommes rendus compte qu’il faut renforcer les effectifs. Nous avons des détachements permanents fixés le long de la frontière, certains avaient été retirés et nous allons devoir les réactiver »)

Soldados ecuatorianos posan frente al Canal de Zarumilla. La militarización peruana de la frontera tras el cierre sanitario de Perú parece imponer una competencia  mediático en torno a la presencia soberana de ambos estados.

Si la lógica fronteriza ha cambiado, la presencia continuada de los militares en la región podría provocar el resurgimiento de la tención mediante la multiplicación de los incidentes. También es probable que las elecciones de ambos países vuelvan a barajar las cartas, sobre todo si persiste la situación sanitaria. Los nuevos presidentes de Ecuador y Perú, podrían ser tentados en ganar un poco de crédito y ganar legitimidad adicional a bajo costo utilizando una retórica nacionalista clásica.

La militarización de la frontera entre Perú y Ecuador podría revertir definitivamente la lógica de apertura que había prevalecido desde la paz de 1998. Las consecuencias de esta situación afectarían sobre todo a las poblaciones locales fronterizas que, ayer como hoy, son las primeras en soportar el costo de dichos enfrentamientos.

Rennes, 11 de febrero de 2021

* François Bignon, es doctor en historia (Universidad de Rennes- Arènes UMR 60 51). El ha sido delegado en Lima del Instituto de las Américas de Lima de 2014 a 2017. Su tesis de doctorado estudia el proceso de fabricación de las fronteras y de las identidades nacionales alrededor de la guerra de 1941 entre Perú y Ecuador.

Lancement du projet : Raconte l’indépendance depuis ton village, ton quartier ou ta ville

Le 26 mars 2021 a eu lieu le lancement de la deuxième édition du projet :  « Raconte l’indépendance depuis ton village, ton quartier ou ta ville », dont l’objectif est d’offrir un cadre alternatif aux célébrations du Bicentenaire de l’Indépendance du Pérou et de le penser depuis les provinces du Pérou.

Raconte l’indépendance … est un projet d’histoire participative et citoyenne né en 2013 avec un premier concours d’essais, dont les textes gagnants, centrés sur Arequipa, Huacho et Tarapacá, ont été présentés au colloque international  « Les indépendances avant l’indépendance »  et publiés par l’IFEA en 2017 (voir publication).

L’objectif de démocratiser la mémoire de l’indépendance va au-delà d’un concours de rédaction d’essais, et le projet vise désormais à intégrer les citoyennes et les citoyens dans un débat historiographique décentralisé, se mettant ainsi au service de tous ceux qui souhaitent contribuer à la réécriture de l’histoire de l’Indépendance depuis leur lieu d’origine ou lieu de leur choix. La deuxième édition du projet propose un partage des sources à travers la diffusion de ressources numériques (sources primaires sur la période de l’Indépendance digitalisées), afin de les mettre à disposition des chercheurs et du public en général – pour faciliter la recherche dans le contexte de la crise sanitaire, qui limite l’accès aux archives et bibliothèques. Le projet organise également des ateliers de formation à l’écriture de l’histoire pour des historiens amateurs, avec le concours de l’université San Marcos et de l’Instituto de estudios peruanos (IEP). Il offrira des espaces de dialogue et de rencontre afin que cette nouvelle mémoire commune puisse être construite comme la mémoire de tous.

Au cours de la présentation, animée par l’anthropologue et journaliste Javier Torres Seoane, ont été dévoilés le projet, son histoire, les ateliers de formation, la création de bases de données et de moteurs de recherche, et d’autres éléments conçus en vue d’un nouvel appel à candidatures. Parmi les participants figuraient des représentants des entités organisatrices : le département d’histoire de l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le département d’histoire de l’University of California Santa Barbara, le centre de recherche sur l’Amérique hispanique coloniale de l’université de la Sorbonne Nouvelle, la fondation Neogranadina, l’Institut français d’études andines et les archives régionales d’Ayacucho.

Séminaire interne Modural mars 2021

A la suite du Séminaire de lancement du programme Modural, qui s’était tenu à Bogotá en présentiel du 9 au 13 mars 2020, juste avant le confinement (https://modural.hypotheses.org/940), le second séminaire s’est déroulé en modalité virtuelle du 8 au 12 mars 2021. Il a permis aux membres de l’équipe de faire le point sur l’avancée des activités, présenter les résultats préliminaires sur chaque terrain, et de définir les priorités pour l’année à venir. Plusieurs membres extérieurs ont aussi été invités pour apporter leur expertise.

La conjoncture de la Covid-19 a été un des principaux thèmes de discussion, en termes d’impacts sur la mobilité et d’analyse du vécu par les habitants sur la base d’entretiens et de chroniques familiales. Les défis méthodologiques et logistiques imposés par la situation sanitaire pour la mise en œuvre de la recherche ont aussi été abordés. Au-delà, les discussions ont porté sur divers aspects de l’analyse des pratiques de mobilité dans les deux métropoles, notamment sur le cas des femmes de ménages, des personnes en situation de handicap, ou encore sur l’usage du vélo. Le séminaire a enfin été l’occasion de discuter de la préparation de l’enquête par questionnaire, reportée en 2022, dans quatre zones périphériques dans chaque ville. Un rapport de synthèse sur la base des présentations et des discussions du séminaire sera publié prochainement.

Pour consulter le programme du séminaire : https://modural.hypotheses.org/1169

Comando Matico: el uso de medios digitales frente a la pandemia por Covid-19

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Danna Duffó Chapilliquén, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Reseña redactada por Luis Felipe Torres, doctorando en Antropología Social por el Museo Nacional (UFRJ).

El día 26 de febrero de 2021, en el marco de los Encuentros de Jóvenes Investigadorxs organizados por el IFEA, se realizó la presentación de la ponencia “Comando Matico: el uso de medios digitales frente a la pandemia por COVID-19”. La ponencia estuvo a cargo de Danna Duffó, antropóloga de la PUCP, que presentó su tesis de licenciatura en proceso de elaboración sobre un tema de gran importancia para el campo de la salud intercultural.

El estudio se realiza en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19 en el Perú, exacerbada por una deficiente gestión gubernamental en materia sanitaria, donde las iniciativas de la sociedad civil y el desarrollo de estrategias auto-gestionadas han sido fundamentales para enfrentar la pandemia en el país. Asimismo, el colapso del sistema de salud y la incertidumbre sobre los tratamientos de un virus desconocido, dieron espacio para iniciativas de tratamiento alternativas a las prescritas por el sistema de salud pública. 

La investigación presentada se interesa en la iniciativa llamada el “Comando Matico”. Este colectivo es conformado por mujeres y hombres activistas pertenecientes al pueblo indígena Shipibo (comunicadores, artistas, profesores, políticos, etc.), que ofrecen tratamiento gratuito a pacientes con COVID-19 a través de la medicina tradicional de su pueblo. Mediante el uso de plantas medicinales y técnicas como la vaporización, hasta la fecha han atendido a más de 800 pacientes, tanto presencialmente en la ciudad de Pucallpa, como por medios virtuales.    

El tema principal del estudio es analizar los usos políticos que el Comando Matico hace de los medios digitales, en particular de la red social Facebook. La ponente explora cómo el Comando Matico utiliza esta red para visibilizar los logros y el reconocimiento que viene teniendo su accionar durante la emergencia sanitaria que vive el país. Pero además, sugiere que el Facebook es utilizado también en el marco de un proyecto político simbólicamente mayor al mismo Comando Matico. De esta manera, el estudio se enfoca en la importancia de los medios digitales y nuevas tecnologías como medios de acción política (Ulfe y Canepa, 2014). 

En primer término, se hizo énfasis en la lucha de los pueblos indígenas ante la falta de apoyo del Estado en el marco de la pandemia. De hecho, el Comando Matico se presenta en su red social Facebook en base a una aguda crítica al gobierno peruano: “somos un grupo humano multidisciplinario de jóvenes indígenas, que luchamos para salir de esta pandemia mundial llamado COVID-19, demostramos la valentía y compromiso ante una autoridad que no atiende a la población vulnerable.” En este sentido, el estudio resalta cómo los medios digitales del Comando Matico forman parte de un reclamo de los pueblos indígenas en el Perú ante el aparato estatal, por causa de su histórica desatención a los pueblos amazónicos.

Adicionalmente, las redes sociales del Comando Matico vienen posicionando la agencia de los pueblos indígenas y su capacidad de autogestión. Esto está relacionado fuertemente a la reivindicación de los conocimientos tradicionales indígenas y en específico de la medicina tradicional amazónica, la cual viene tomando gran importancia para la población local en el contexto actual.

Actualmente, la iniciativa viene recibiendo apoyo de diversos sectores activistas para la mejoría de su infraestructura de atención, aun cuando se mantiene vigente la falta de apoyo del sector estatal. A largo plazo el proyecto tiene el objetivo de establecer un hospital intercultural, en donde se pueda desarrollar en la práctica un diálogo entre la oferta sanitaria occidental y los saberes medicinales de los pueblos amazónicos.

La presente investigación recurre a la etnografía virtual como metodología de trabajo (Hine, 2004). Se hace una revisión exhaustiva de los discursos presentes en el Fan Page del Comando Matico y de los perfiles de sus integrantes. Asimismo, se realizan entrevistas y conversaciones por medios virtuales con los integrantes del Comando Matico, y de personas allegadas o involucradas con su labor. 

La discusión acerca de la ponencia tuvo diversos matices, pero en su mayor parte coincidieron en resaltar el reto metodológico que impone la pandemia de COVID-19 para el trabajo de campo etnográfico. En este sentido, los antropólogos vienen explorando nuevos campos de investigación adecuados a este contexto, donde el trabajo de campo virtual va tomando decidido protagonismo mientras se mantiene el distanciamiento social como regla sanitaria en el marco de la pandemia.  

Se coincidió en que el estudio propuesto sobre los usos políticos de las redes sociales del Comando Matico es de gran interés para explorar sobre los nuevos campos de acción política de los pueblos indígenas, que se han venido insertando crecientemente al uso de los medios digitales en los últimos años. Asimismo, se resaltó oportunidad para explorar los nuevos usos y técnicas de la medicina tradicional indígena Shipiba, así como el nivel de (des)articulación que presenta con el aparato de salud estatal. Este tipo de investigaciones son consideradas centrales para buscar caminos para acortar la brecha entre las políticas interculturales promulgadas por el Estado y su aplicación en el terreno.

Presentación de Danna Duffó © IFEA

 Bibliografía

Hinea, C. (2004). Etnografía virtual. Barcelona: Editorial UOC. Recuperado de http://www.digitaliapublishing.com/a/36913/

Ulfe, M. E., & Cánepa, G. (2014). Performatividades contemporáneas y el imperativo de la participación en las tecnologías digitales. Anthropologica, N°33 Lima: PUCP

 

 

Webinaire : Protestations sociales et changements politiques dans la zone andine: le cas de l’Equateur

Afin de promouvoir une analyse comparative dans la zone andine concernant les changements sociaux et politiques actuels et récents dans des pays tels que la Bolivie, l’Equateur, la Colombie et le Pérou, l’IFEA propose une série de webinaires qui se concentrent sur les spécificités d’un pays, en vue d’une éventuelle comparaison régionale entre les principales tendances du changement socio-politique en cours.

Le premier de ces webinaires a eu lieu le 15 mars sous le titre : « Protestations sociales et changements politiques dans la zone andine : le cas équatorien ». L’événement proposait d’analyser quels sont les principaux acteurs sociaux (mouvements, organisations, associations) qui contribuent actuellement à orienter le débat politique et social, en mettant l’accent sur les dynamiques qui permettent de comprendre le récent processus électoral.

Le débat a compté sur la participation de Floresmilo Simbaña, diplômé en sciences publiques et sociales et ancien dirigeant de la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur, CONAIE ; Fernando García, professeur chercheur du département d’Anthropologie, d’Histoire et de sciences humaines de la FLACSO-Équateur et Pablo Ospina, professeur d’Anthropologie à l’Université Andine Simon Bolivar, à Quito. La coordination scientifique de l’événement était assurée par Julie Massal (IFEA) et Maria Moreno, professeure invitée à la FLACSO-Equateur. 

Nuit des idées 2021

Le 28 janvier dernier, nous avons participé à « La nuit des idées », un événement mondial organisé depuis 2016 par l’Institut Français de Paris, qui réunit chaque année chercheurs et artistes autour d’une thématique commune, favorisant l’échange de connaissances et de points de vue. À cette occasion, le point de départ était le thème « Proches » : une façon d’explorer la compréhension de l’espace et des autres, entre chacun de nous et au sein de nos sociétés.

L’édition péruvienne de la Nuit des idées avait un programme très varié qui a été inauguré par une conférence intitulée « Civilizaciones : reinventemos nuestra historia », avec la participation de l’écrivain français Laurent Binet et du ministre péruvien de la culture, Alejandro Neyra. Cette « première édition andine » a été coordonnée par l’Ambassade de France au Pérou, les Alliances françaises, l’IFEA et France Volontaires.

Parmi les événements présentés par l’IFEA figuraient :

La table ronde : Proximité et éloignement dans les villes andines. Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelles implications sur les mobilités quotidiennes ? Quels projets?,  avec la participation de spécialistes péruviens et colombiens : Pablo Vega Centeno (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima), Germán Prieto (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá) et Priscille De Coninck (Agence Française de Développement, Colombie) et organisé par les chercheurs du projet « Les pratiques de la mobilité durable dans les métropoles d’Amérique latine : une étude comparée de Bogotá et Lima – MODURAL». Voir l’evénément:

Les présentations de chercheurs français regroupées sous le titre « Proches … de l’Amazonie » auquel ont participé : Raphaël Colliaux (IFEA), avec la présentation : L’Amazonie péruvienne face aux dynamiques économiques mondiales. Le cas de la voie navigable de l’Amazone ; Paul Codjia (Université McGill) : Plusieurs nations pour un seul État ? et Catherine Lara (IFEA) avec le sujet: Être potière en Amazonie. Voir les présentations:

La série d’entretiens intitulée : Entretiens : la génération du bicentenaire ? Entre revendications et solidarité, les mobilisations au XXIe siècle, sous la coordination scientifique d’Evelyne Mesclier (IRD/PRODIG) et d’Arthur Morenas (Université de Strasbourg), avec la participation de spécialistes de différentes provenances et disciplines : Hélène Combes, docteure en science politique et maître de conférences à Science Po, Paris ; Moises Rojas, sociologue et maître de conférences à l’UNMSM et à l’UPC, diplômé d’un master en politique comparée à la PUCP ; María Luisa Burneo, diplômée d’un master en anthropologie à l’EHESS, chercheuse à l’IEP et maître de conférences à la PUCP et Johnatan Vega Slee, diplômé d’une licence en histoire à l’UNMSM et candidat au diplôme master en Anthropologie à la FLACSO Equateur.  Regarder l’entretien:

Pour terminer la soirée, le  sujet « Étudier et enseigner le quechua : une science humaine et sociale » a été présenté à travers une vidéo intitulée « Runasimita Yachasun : Conversation avec César Itier (Inalco – Paris) »  voir la vidéo:

 

 

Funciones y percepciones del testimonio de víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Pauline Vandenbossche, Universidad Lyon Lumière (Francia).

Reseña redactada por Liliam Fiallo, doctoranda en derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador).

En el conversatorio realizado el 29 de enero de 2021, Pauline Vandenbossche dio a conocer los principales hallazgos de su trabajo doctoral sobre el proceso de paz en Colombia; específicamente el rol de los testimonios de las víctimas en los procesos judiciales sostenidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La autora comienza exponiendo un par de interrogantes centrales de su investigación: 1) ¿Por qué algunas personas quieren o deben explicar su dolor en un proceso judicial? 2) ¿Cómo son percibidos estos testimonios por parte de los magistrados? Los hallazgos que presenta responden a sus observaciones etnográficas de las audiencias públicas realizadas por JEP, así como a entrevistas a mujeres víctimas, realizadas a inicios del 2020. Pauline señala como una de las limitaciones del trabajo el hecho de que no pudo seguir realizando entrevistas, debido al COVID. 

La creación de la JEP en el año 2016 respondió al contexto de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La autora sostiene que la JEP fue pensada para aplicar una ‘centralización de las víctimas’ en el trabajo judicial, de aquí que el acceso a esta jurisdicción no se produce a título individual. El acceso de las víctimas es mediado por organizaciones sociales, que deben acoger un mínimo de dos casos, con el fin de presentarlos a la JEP. La organización debe tener, además, la capacidad material para agrupar varias personas víctimas de un mismo hecho y recopilar detalles específicos de los casos, para lograr llevarlos a la justicia.

Luego de la ponencia, pasamos a la etapa de preguntas. Liliam Fiallo preguntó sobre este tema si Pauline tuvo oportunidad de comprender cómo funciona el proceso de acogida de casos, y si existen conflictos entre las víctimas y las organizaciones. En respuesta a esta interrogante, la ponente se refirió a este procedimiento como una ‘barrera burocrática’. Vandenbossche señaló que, de las entrevistas realizadas, pudo identificar dos problemas fundamentales. El primero es que algunas víctimas no quieren acogerse a los casos que no tienen, a su vez, muchas víctimas. Esto se debe a que la JEP acoge los casos de organizaciones que cuentan con una acumulación mayor de casos individuales. Una manera en que esta situación ha sido contrarrestada es con un trabajo de persuasión, para lograr sumar casos individuales al informe de las organizaciones. El otro problema encontrado es el desacuerdo de las víctimas con la calificación jurídica de los crímenes como violaciones de derechos humanos. Hay personas que no quieren acogerse a estos procesos porque la JEP solo puede sancionar con 20 años de privación de libertad como máximo. Las víctimas plantean que los hechos responden a una política de Estado, por tanto, no son violaciones de derechos humanos sino crímenes de lesa humanidad. Esta fue la situación de las “Madres de Soacha”, que inicialmente no quisieron acogerse a la JEP, aunque finalmente acordaron hacerlo.

Ante la pregunta realizada por Justine Biancotto sobre las posibilidades de acceso individual a la JEP, la ponente planteó que otra de las maneras de presentar los casos frente a la JEP es cuando, de oficio, se abren macro-casos. En estos, los magistrados piden que las víctimas presenten individualmente sus casos, dentro de procesos que se encaminan a investigar la ocurrencia de violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, tomando como referencia el criterio de la representatividad y de la territorialización. Este proceso, señaló, también tiene elementos en contra, entre ellos, que no se ha podido eliminar totalmente la dispersión de los casos. 

En respuesta a sus principales preguntas de investigación, Pauline señaló dos dimensiones centrales en su análisis: 1) la reapropiación del espacio de la justicia por la palabra, y 2) el testimonio como construcción de la identidad de las víctimas. Sobre la primera dimensión, la autora resaltó el rol de los testimonios de las víctimas como pruebas judiciales. Los testimonios permiten, en esta línea, aclarar los hechos, dar detalles sobre los mismos. Ello es relevante ya que “escuchar ciertas víctimas y darles la palabra dentro de los procesos judiciales (investigaciones, audiencias), no ha sido un hecho permanente en las instituciones de justicia que tratan de violencias de guerra, tanto al nivel internacional como nacional. Decidir que las víctimas hablen y tomar en cuenta su palabra responde a cierta concepción del juicio y de la justicia” (Pauline Vandenbossche en resumen de la presentación). Por otra parte, en las audiencias las víctimas también suelen ponerse de acuerdo para proponer de qué manera quieren ser reparadas. Estas recomendaciones son frecuentemente acogidas por los magistrados, con lo cual las víctimas se ubican como controladores de la gestión pública.

Esta acción colectiva, acompañada de una capacidad propositiva y de control, está muy relacionada con el rol de los testimonios en los procesos de creación de identidad de las víctimas. Estas se construyen en el acto de los testimonios como tal. “Las emociones son bienvenidas en el tribunal”, dijo Pauline haciendo referencia a las palabras de una jueza frente a una de las ‘madres de Soacha’. Pero la autora también hizo referencia a los sentimientos de rabia que sirven a las personas comparecientes para activar su agencia, denunciar, pedir a los jueces, etc. Ello, a pesar del riesgo que implica el testimonio para la propia vida. La autora sostuvo que este acercamiento al rol de la víctima no es común en la literatura, donde generalmente estas son representadas desde el dolor y la pérdida.

Sobre esta segunda parte de la presentación surgieron comentarios muy valiosos, que se ubicaban en las coordenadas metodológicas. 

Liliana Chaparro, sugirió que Pauline tomara en cuenta la diferente incidencia que los diversos tipos de hechos conocidos por la JEP pueden tener en la manera de presentar los testimonios y constituirse como sujetos. Son perfiles diferentes de víctimas, tienen trayectorias diversas, de modo que valdría la pena hacer esa diferenciación metodológica al momento de fundamentar los casos y procesar la información. Lo mismo podría aplicarse para el caso de los magistrados de la JEP, cuyos orígenes son también diferentes de otros magistrados que vienen de la carrera judicial.

César Bazán planteó la necesidad de que Pauline realizara más entrevistas, en orden de dar respuesta a sus preguntas de investigación. Es necesario conocer de primera mano -y no a partir únicamente de las audiencias- el criterio de las personas sobre por qué declaran en los tribunales, con qué fin. Rescató que, como mismo ha expresado Pauline, el testimonio de la víctima está mediado por una negociación colectiva, donde pueden haber perdido los matices las experiencias individuales. Sobre este mismo punto Sharie Neira Rios apuntó que las personas que pasan por un proceso judicial -ya en calidad de víctimas o de acusadas- repiten muchas veces la misma historia, de modo que puede encontrarse con testimonios pre-hechos. De aquí la importancia de hacer las entrevistas preguntando indirectamente por los hechos relacionados con el incidente traumático. 

En la misma cuerda, Mélanie Lercier sugirió evaluar los silencios entre las víctimas, o cómo se pueden poner de acuerdo para dar una versión de los hechos en público. Para ello sugiere entender el silencio como el contraste entre relatos oficiales y personales, lo cual pudiera enriquecer mucho el análisis sobre la construcción de la identidad de las víctimas a través de los relatos personales Vs. Relatos colectivos. Liliana Chaparro animó también a Pauline a consultar trabajos bibliográficos de Kimberly Theidon que abordan a las víctimas sin romantizarlas puesto que no hay que pensar que existe una verdad que las víctimas tienen oculta y que hay que descubrir. Esto se podría lograr profundizando en las entrevistas.

Bibliografía

Barbot, J., & Dodier, N. (2014). Repenser la place des victimes au procès pénal. Le répertoire normatif des juristes en France et aux États-Unis. Revue française de science politique, 62(3), 407-433. 

Claverie, É. (2006). Les victimes saisies par le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. In S. Lefranc, Après le conflit, la réconciliation ? (Michel Houdiard éditeur).

Claverie, É. (2012). Mettre en cause la légitimité de la violence d’État. La justice pénale internationale comme institution, comme dispositif et comme scène. Quaderni, 78, 67-83. 

Di Gore, S. (2012). La participation de la victime à la procédure devant le Tribunal spécial pour le Liban. Revue Québécoise de droit international, 25(2), 143-174. 

Díaz, A. M., & Marin R., C. A. (Éds.). (2008). Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005 (Comisión Colombiana de Juristas). http://www.corteidh.or.cr/tablas/ r36533.pdf 

Dodier, N., & Barbot, J. (2016). La force des dispositifs. Annales. Histoire, sciences sociales, 2, 421-450. 

Jakšić, M., & Ragaru, N. (2019). Le témoignage comme preuve. Itinéraires judiciaires des victimes. Présentation du dossier. Droit et société, 2(102), 227-241. 

Mosquera Rosero-Labbé, C. (2018). La progresiva emergencia de las víctimas como agentes políticos en Colombia. In A. Vargas Velazquez (Éd.), Transición, democracia y paz (Universidad Nacional de Colombia, p. 203-228).

La colonialidad del poder y el sistema de justicia: una exploración marrón y decolonial

Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA

Presentación de César Bazán Seminario, Instituto de Sociología de la Universidad de Friburgo & Arnold-Bergstraesser Institut.

Reseña redactada por Miryam Nacimiento, doctoranda en antropología cultural por el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York – CUNY

El viernes 18 de diciembre de 2020, durante las Tardes de Jóvenes Investigadores, se llevó a cabo la exposición y posterior discusión de la investigación: “La colonialidad del poder y el sistema de justicia: una exploración marrón y decolonial”, realizada por César Bazán Seminario, estudiante de doctorado de la Universidad de Freiburg, Alemania. Con base a la revisión de expedientes fiscales, la conducción de entrevistas y la asistencia a audiencias judiciales, el estudio analiza la actuación de la Policía Peruana y del sistema de justicia durante el conflicto social en torno al proyecto minero de extracción de cobre “Las Bambas”, en Cotabamba, región Apurímac – Perú. Específicamente, se discutió el tratamiento policial y judicial de las protestas, las cuales estuvieron motivadas por modificaciones en el programa ambiental de la empresa extractiva de capitales chinos que operaba en el área. Inspirado en la aproximación teórica decolonial propuesta autores como Aníbal Quijano y Enrique Dussel, la investigación pregunta: ¿cómo se manifiesta la colonialidad del poder en los actores del sistema de justicia? La principal expresión de la colonialidad en lo sucedido en “Las Bambas” se identifica en la presencia de divisiones dicotómicas que estructuran las relaciones sociales y la vida diaria de los actores tales como civilización/ barbarie, centro/periferia o amigo/enemigo, oposiciones que emergen en la modernidad y que constituyen patrones de la “colonialidad del poder”.

Estas dualidades se manifiestan, por ejemplo, en el Plan de Operaciones implementado por la Policía Peruana para hacer frente a las protestas, en el cual los manifestantes no son tratados como ciudadanos ejerciendo su legítimo derecho a protestar, sino como terroristas o adversarios, a quienes se les intenta incluso de vincular con grupos subversivos. Para César Bazán, este tratamiento a la población local responde a una lógica racial que pone en desventaja a comunidades rurales, quechua hablantes y de piel “marrón” como las de Cotabamba. Por otro lado, la relación comercial entre China y Perú también expresa un vínculo colonial en tanto el poder económico protagónico global del primero se contrapone al rol periférico del segundo, en su calidad de país productor de materias primas. La colonialidad se manifiesta también en la subordinación de la Policía a la empresa con la que firma convenios remunerados para brindarle seguridad. Finalmente, se aludió al respaldo legal que reciben los intereses comerciales y extractivos por parte del sistema de justicia en tanto se obstaculizó la determinación responsabilidades por las tres muertes ocurridas durante las protestas.

La discusión posterior giró principalmente en torno a la utilización de categorías inspiradas en la teoría decolonial para la descripción de los actores. Específicamente, el expositor y las asistentes se detuvieron en la caracterización de manifestantes como “personas de piel marrón”, racializadas y criminalizadas por parte de otras “personas de piel marrón” (policías y abogados). De igual manera, se discutió las nociones de centro/periferia y Norte versus Sur Global, así como su utilidad para describir las complejas dinámicas de poder que hacen parte del conflicto en “Las Bambas” y que no necesariamente pasarían por un relacionamiento dicotómico por parte de los involucrados. Esto último se refleja, por ejemplo, en las difíciles condiciones de trabajo de la misma Policía. César Bazán Seminario argumentó que el tratamiento conceptual propuesto intenta dar cuenta del racismo y eurocentrismo, rasgos de “la colonialidad del poder”, y que influyen en las decisiones que toman los actores para favorecer a los intereses extractivos en desmedro de los manifestantes locales, comúnmente identificados como “no civilizados”. Finalmente, cabe destacar que Bazán Seminario conjuga el trabajo académico con el activismo en un colectivo de abogados, con el fin no solo de entender la relación entre el derecho y la colonialidad del poder, sino también de reivindicar lo que él designa como “lo marrón” o aquello que no es blanco.  

BIBLIOGRAFÍA

QUIJANO, Aníbal. (1992). Colonialidad y Modernidad/Racionalidad. Perú Indígena. 13 (29), pp. 11-20.

QUIJANO, Aníbal. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Lander, Edgardo (compilador). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, pp. 122-151.

QUIJANO, Aníbal. (2007). Colonialidad del poder y clasificación social. En: Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (editores). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar: 93-125.

WALLERSTEIN, Immanuel. 2006. Análisis de sistemas-mundo: una introducción. 2da edición. México DF: Siglo XXI.

El rapado: La violencia de Sendero Luminoso contra las mujeres andinas

Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA

Presentación de Renzo Aroni Sulca, Universidad de Columbia – Nueva York (23 de octubre 2020)

Reseña redactada por Anaïs Vidal-Jaumary, doctoranda en Historia por el IHEAL y la PUCP

Renzo Aroni nos presenta un capítulo de su tesis de doctorado en el cual aborda el tema del corte de cabello de mujeres andinas (rapado) en el medio de la masacre de sus esposos, realizada por Sendero Luminoso, (distrito de Huamanquiquia, 1 de julio de 1992). 

Renzo examina el significado cultural y simbólico de estos actos en este contexto y período, es decir, en las comunidades andinas durante el conflicto armado. Su investigación se centra en dos preguntas: ¿Por qué los senderistas raparon el cabello de estas mujeres y cómo justifican sus acciones? Y ¿qué relatos ofrecen las mujeres que sufrieron esta misma acción?

Las primeras fuentes del investigador son los testimonios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y las entrevistas con una senderista que participó en la masacre y que habla de su decisión de cortar las trenzas de las mujeres en lugar de matarlas. Notamos que su justificación y argumentos contrastan con los testimonios de las viudas. 

Para poder entender la masacre del 1 de julio, el investigador contextualiza su estudio detallando el desarrollo de la coalición campesina de resistencia y también, la violencia retributiva de Sendero Luminoso. Detalla también el relato de esta masacre, tal como fue contado por testigos el 9 de abril del 2002 durante la cuarta sesión de las audiencias públicas en Ayacucho, organizada por la CVR.    

Según los testimonios y los puntos de vista de los y las entrevistados(as); el significado del corte de cabello por la fuerza, de las trenzas en este caso particular, por parte de los senderistas, varía bastante. Primero, este puede representar una manera de castigar sin matar, incluso, por demanda de parte de estas mujeres para salvar sus vidas. En segundo lugar, es un acto mucho más grave, humillante. Esta acción violenta en contra de una colaboración o supuesta colaboración con los enemigos de Sendero Luminoso, sucedió en el medio del terror, torturas y pérdida de seres queridos. El trauma persistió no sólo en el período de crecimiento del cabello sino también el resto de sus vidas: “Era como matarnos”. En este contexto, el corte se entiende histórica y culturalmente como un acto de castigo, como una humillación pública. Si esta forma de violencia física fue usada por los senderistas entre otros castigos corporales, el investigador subraya que este método violento se practicaba a veces, en los pueblos andinos. Siguiendo la mirada de Carlos Iván Degregori, lo analiza como una continuación de la antigua sociedad señorial. 

Más allá de la humillación, el corte de cabello tiene un significado importante en la cosmovisión andina. De hecho, el cabello es parte integral del cuerpo de la mujer, físicamente pero también en su concepción cultural. Es una manifestación de la fuerza vital y es importante subrayar que el cabello caído, cortado, debe ser quemado para que el alma de la persona no sufra de la pérdida. Por ello, Renzo Aroni menciona que las mujeres recogieron sus trenzas al día siguiente de la masacre. Su investigación se apoya, también, en trabajos sobre el corte de cabello de las mujeres francesas durante la Segunda Guerra Mundial, en relación con las acusaciones de traición por acostarse con el enemigo[1]

Finalmente, desde la concepción andina, el corte de cabello tiene significados diferentes y mucho más profundos que los propuestos por el informe de la CVR y otros estudios, los cuales se concentran en el castigo humillante. Ahí, se combinan varias formas de violencia: agresión física, punitiva, psicológica, incluso sexualizada.

BIBLIOGRAFÍA

Aroni, Renzo. “Huamanquiquia: Indigenous Peasant Resistance against the Shining Path in Peru.” Ph.D. Diss., University of California, Davis, 2020.

Boesten, Jelke. Sexual Violence during War and Peace: Gender, Power, and Post-Conflict Justice in Peru. New York: Palgrave Macmillan, 2014.

Coxshall, Wendy. “Rebuilding Disrupted Relations: Widowhood, Narrative and Silence in a Contemporary Community in Ayacucho, Peru.” Ph.D. Diss., University of Manchester, 2004.

Sebba, Anne. Les Parisiennes: How the Women of Paris Lived, Loved and Died in the 1940s.London: Weidenfeld & Nicolson, 2016.

Sherrow, Victoria. Encyclopedia of Hair: A Cultural History. London: Greenwood Press, 2006.

Theidon, Kimberly. Intimate Enemies: Violence and Reconciliation in Peru. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013.

Virgili, Fabrice. Shorn Women: Gender and Punishment in Liberation France. Translated from the French by John Flower. Oxford and New York: Berg Publishers, 2002.

[1] https://www.abc.es/historia/abci-cruel-castigo-resistencia-francesa-prostitutas-tuvieron-sexo-nazis-201808230139_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F