El derecho a la protesta pacífica en renegociación

Reflexión en torno al paro nacional colombiano de abril-mayo 2021

Escribe Julie Massal, doctora en ciencia política e investigadora del IFEA en Colombia

Negociar el derecho a la protesta pacífica en contexto de pos-acuerdo de paz.

La movilización social actual en Colombia, que ha sido calificada por algunos actores y observadores como “un estallido social”, se inscribe en un contexto marcado por la conformación de un debate público cada vez más orientado a definir, delimitar y revindicar el “derecho a la protesta pacífica” (Cruz, 2015). Ello necesariamente implica definir “qué es protestar pacíficamente” y establecer “qué se puede hacer” (o no) para promover demandas y lograr hacerse escuchar por las autoridades. Dicho de otro modo, lo que está en juego fundamentalmente es negociar y ampliar el repertorio de acción colectiva[1] vigente hoy en día, en Colombia.  Por parte de los manifestantes, desde protestas anteriores como el paro nacional en 2019, se busca lograr el reconocimiento del derecho a usar la protesta disruptiva, que perturba en cierto grado el funcionamiento del orden social o institucional, más no violenta (Barrera & Hoyos, 2020). Por ello, se busca innovar con modos de acción que logren captar la atención de las autoridades públicas sin desatar una represión desmedida.

Pues el nivel de represión de la protesta – o del disenso político-  en Colombia se puede considerar como “anormalmente elevado” dentro de un régimen democrático estable; y ello es observable bajo gobiernos de muy diversa índole política, como lo demuestra un estudio histórico de largo alcance en el siglo XX (Gutiérrez, 2014). Cabe recordar que el régimen democrático colombiano se fundó, de manera muy ambivalente, sobre una alternancia automática entre los partidos mayoritarios, el Conservador y el Liberal, pues cada 4 años, alternativamente, esos partidos “ponen” el presidente, durante el periodo llamado del Frente Nacional (1958-1974)[2]: este mecanismo se pensó como una forma de terminar el enfrentamiento entre estos partidos pero también de restringir el surgimiento de nuevas disidencias liberales. Fue precisamente la emergencia del líder disidente del partido liberal, Eliecer Gaitán, y su asesinato el 9 de abril de 1948, lo que dio lugar al periodo de la Violencia (1948-1953) entre partidarios de los Conservadores y Liberales, y luego a una breve dictadura militar (1953-1957). Así, aunque se busque re-institucionalizar el conflicto político, esa alternancia bipartidista restringe el espacio político para expresiones partidistas y sociales de oposición, aun en un régimen formalmente democrático.

También se debe resaltar el carácter polarizado del debate público, debido a la huella que deja el conflicto armado desde los años 1960 en la sociedad y la política colombiana: el tratamiento al disenso político, cuando éste es expresado a través de movimientos sindicales y partidos políticos afines a la izquierda[3], ha sido estigmatizador, por considerarse toda fuerza de oposición como vinculada o infiltrada por las guerrillas armadas. La expresión pacífica de la oposición política o social carece, por ende, de una suficiente representación política y de un acceso garantizado al debate público.

En ese contexto, el proceso de movilización actual, en abril-mayo de 2021, evidencia que el margen de negociación del repertorio de acción es aún muy estrecho para la población movilizada. Es más, las posibilidades de ampliar este margen de maniobra lucen también restringidas. Ello ocurre en un contexto político muy ambivalente: el contexto de pos-acuerdo de paz, vigente gracias al acuerdo de paz concluido con la ex guerrilla de las Farc en 2016, puede haber propiciado la expresión pacifica de demandas sociales y políticas, en particular las de actores sociales reconstituidos, como lo vemos más adelante. Pero en el plano institucional, no hubo una ampliación de la representación política: en las primeras elecciones legislativas (marzo de 2018) pos-acuerdo de paz, la ex guerrilla de las Farc, convertida en el partido político “Fuerza alternativa Revolucionara de Colombia”, consiguió menos de 1% de los votos y su candidato presidencial renunció a presentarse después de varios ataques en su contra durante la campaña electoral. El poder legislativo y ejecutivo siguen dominados por fuerzas partidistas tradicionales. Además se observa la persistencia de diversas expresiones de violencia social y política (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI, 2018), incluso contra actores sociales movilizados pacíficamente en pos de promover la paz. En este marco, la protesta en el espacio público redefine los márgenes y condiciones de su legitimidad.

Para entenderlo mejor, examinamos brevemente unos rasgos notorios de la protesta, y contextualizamos el momento en el que se produce, a mediano plazo. También recordamos el espectro de demandas antiguas y actuales que se expresan así como los motivos de agravio pendientes. Concluimos con un llamado a desarrollar varias reflexiones investigativas.

Una movilización amplia, diversa y sostenida en un contexto sociopolítico agitado

La movilización social en Colombia adquiere una amplitud llamativa, en abril-mayo de 2021, incluso mayor a la movilización observada en el paro nacional de noviembre 2019. Este paro también había sido considerado como un hito histórico, solo comparable con el paro cívico de 1977, un referente fundamental en la memoria de las luchas sociales en Colombia[4].

Esta amplitud se hace manifiesta tanto por su extensión geográfica como por su diversidad social. Se han registrado marchas y  otras acciones (plantones, bloqueos de vías) en todo el país, especialmente cerca o dentro de las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Barranquilla) y en ciudades medianas, con mayor fuerza en el suroeste colombiano, en Cali y Popayán[5]. Se expresaron múltiples sectores urbanos, mayormente juveniles[6], y un conjunto de corporaciones profesionales, como transportadores, sector de la salud (médicos, enfermeras), estudiantes y docentes del sector público y privado, trabajadores del sector minero, campesinos, entre otros. Cuentan además con un fuerte apoyo organizativo de actores como la Minga indígena, procedente del Cauca, que recorre el país en bus y con marchas en centros urbanos. Varios de estos actores, sobre todo actores juveniles que agrupan jóvenes que no estudian ni trabajan[7], han sido objeto de una atención mediática mayor de lo usual, porque su presencia ha sido considerada como novedosa[8].

Pero también la protesta se ha extendido en el tiempo, por ya más de cinco semanas, desde el 28 de abril hasta inicios de junio (cuando se escriben estas líneas). Las marchas (mínimo dos veces por semana) han sido uno de los modos de acción más usado, dentro de la convocatoria al “paro nacional”. Vale aclarar que el término de “paro nacional” designa la huelga multisectorial generada por el rechazo a una nueva reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo al Congreso en abril de 2021 y que catalizó la protesta inicialmente, por su impacto en la clase media, debido sobre todo al aumento del IVA en productos esenciales alimenticios. Pero también se observa una extrema diversidad de modalidades de acción colectiva, al extenderse la protesta tanto geográfica como socialmente. Entre estas acciones se cuentan bloqueos de vías (por los transportadores), plantones ante diversas instituciones públicas o puestos de policía; algunos de estos puestos fueron reapropiados y convertidos en bibliotecas populares, y en general se observa una extrema diversidad de actividades artísticas durante o al margen de las marchas.

La principal interrogante respecto a esa duración se refiere al por qué se extiende la protesta, pese al retiro de dos reformas claves: el 2 de mayo, la reforma fiscal fue provisionalmente retirada por el gobierno (una nueva versión de ella se propondrá al Congreso próximamente), y el 19 de mayo también fue desaprobada y archivada en el Congreso una reforma de la salud que había sido muy poco difundida mediáticamente[9] pero que fue criticada por el sector de la salud. Aun después del retiro de estas muy controvertidas propuestas de reforma, la protesta siguió tomando fuerza con nuevas marchas concurridas, especialmente el 22 y el 25 de mayo, entre otros motivos porque la represión de las marchas, mayormente pacíficas, desde inicios de mayo genera una amplia indignación a nivel nacional. Pero también porque se extiende el descontento dirigido cada vez más en contra del presidente de la República, de la policía, o de diversas instituciones judiciales (Fiscalía) y órganos de control al sector público (Contraloría, Procuraduría), considerados demasiado cercanos al Ejecutivo y no suficientemente independientes.

Este descontento político y social ya ha sido expresado en el paro nacional de 2019, cuando se denunció la corrupción y diversas reformas que aumentaban la flexibilidad laboral y reducían el monto de las pensiones. Pero se agrava después de un año de fuerte restricción del acceso al espacio público durante la pandemia de covid19, debido a las medidas de confinamiento (25 marzo-26 de agosto de 2020), y luego en 2020-2021, de diversos períodos de restricción caracterizados por toques de queda o cuarentenas puntuales y localizadas en diversas ciudades. Además, el descontento crece al ver la crisis sanitaria ampliarse o prolongarse y la crisis socio-económica agravarse.

En efecto, pese a las medidas a menudo drásticas que han sido implementadas por más de un año,  Colombia enfrenta hoy en día el tercer y más alto pico que ha conocido el país y registra más de 90 000 fallecidos (inicios de junio de 2021) sobre una población mayor de 48 millones de habitantes. El efecto socio-económico de la lucha contra la pandemia también empieza a registrarse, especialmente el aumento drástico de nivel de pobreza (que hoy afecta 42.5% de la población) o de extrema pobreza (15% de la población), en ausencia de un sistema de seguro frente al desempleo. Este último alcanza un nivel promedio de 15.9% a fines de 2020, pero afecta aún más a la juventud y a las mujeres. Los planes de apoyo social instituidos durante la pandemia podrían concluirse pronto, mientras se prepara la reapertura económica y social total desde el 8 de junio, pese al persistente alto nivel de contagio por covid19.

Articulación y diversificación de los actores y sus demandas 

La prorrogación de la protesta, pese al retiro de dos controvertidas reformas (fiscal y de salud), puede explicarse, a nuestro juicio, por dos factores de largo alcance : el primero es la diversificación de actores que se han sumado a las diversas acciones, y el segundo, corolario, es la multitud de motivos de agravio que emergen, revelando de paso la magnitud de la ira, frustración y rabia expresadas en los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública o en las consignas sobre la renuncia del presidente. Por ello, parece pertinente enfocar esta diversidad de actores y reclamos, no como un problema de dispersión (como se sugiere a menudo), sino muy al contrario, como el síntoma de un proceso de articulación de actores sociales que han logrado promover y afianzar nuevos debates sociales y políticos a lo largo de la década del 2010, marcada por la negociación del acuerdo de paz con las Farc (2012-2016) y su implementación desde entonces (con todas sus limitaciones).

En efecto, la última década ha sido caracterizada por el auge de una multitud de actores sociales locales y nacionales (pacifistas, ecologistas, feministas), pero también por la reorganización de actores históricos como lo son los movimientos campesinos y estudiantiles. Los actores campesinos, en alianza con diversos grupos de población agrarios, indígenas y urbanos (estudiantes, ecologistas),  protagonizaron el “paro nacional agrario” en 2013-2014, del cual surgieron nuevos procesos de alianza entre sectores rurales y urbanos, o entre sectores productivos y consumidores (Lalinde, 2019). A su vez, se fomentó la alianza entre estudiantes de universidades públicas y privadas en 2011, al denunciar juntos los intentos de privatización de la educación superior pública y al rechazar el alto costo de acceso a la enseñanza superior. En 2017, el “paro cívico” en Buenaventura (suroeste pacífico) también puso en evidencia la pobreza y la violencia persistente en regiones que carecen de servicios básicos y de infraestructuras públicas. En las protestas del 2018, profesores y rectores de universidades públicas abogaron por un mayor presupuesto ante una fuerte deuda pública en el sector educativo, y los estudiantes reclamaron mayores oportunidades profesionales y de movilidad social.  En 2019, el paro nacional nuevamente reunió una diversidad de sectores estudiantiles y académicos en general pero también de sindicatos de trabajadores y de representantes de la tercera edad, por un mayor acceso al empleo y contra la corrupción, junto con sectores diversos movilizados en contra de las reformas fiscal, laboral y pensional. Además, en 2019, fue notoria la defensa y promoción del proceso de paz, muy fragilizado, por amplios sectores sociales afectados por la violencia social y política, tanto contra líderes sociales como contra excombatientes de las Farc desmovilizados. Pero la promesa del proceso de paz de abrir el espectro político a nuevos actores sociales ha perdido fuerza ante los pocos avances en este ámbito, siendo el Congreso considerado uno de los mayores responsables del lento avance de las reformas institucionales que derivan del acuerdo de paz de 2016. Finalmente, el fracaso del referendo de agosto de 2018 sobre un conjunto de propuestas políticas apuntalando la lucha contra la corrupción, desacreditó aún más los partidos representados a nivel legislativo y hoy cercanos al poder ejecutivo.

Todos estos episodios de protesta o intentos de expresar el descontento por vías institucionales evidencian una serie de motivos de protesta de actores diversos que han ido coordinándose. Debido a los retrasos en la implementación del cambio institucional (punto 2 del acuerdo de paz), existe una pérdida de confianza generalizada en la palabra institucional (tanto legislativa como ejecutiva y la de ciertos órganos de control y judiciales) y una pérdida de esperanza frente al cambio político que se esperaba iba a significar el proceso de paz. Sigue siendo muy estrecho el espacio para abrir el debate público a demandas sociales que han quedado inaudibles por mucho tiempo. Por ello, se expresa la diversidad de demandas y expectativas pero también de frustraciones en las protestas de 2019 y más aún en 2021.

Hoy en día, el abanico de demandas y expectativas, así como de reclamos y motivos de agravio, parece inagotable. En efecto existen denuncias y reclamos en el plano político, social y cultural: denuncia de la violencia policial contra los manifestantes, incluida violencia sexual contra manifestantes menores de edad ; denuncia por declaraciones abiertamente o implícitamente racistas contra los indígenas por parte de representantes de partidos o de periodistas, que los conminan a “regresar a su hábitat natural” y oponen los “indígenas” que viven en “reservas” (según los términos despectivos usados por algunos representantes públicos) a los “ciudadanos” (urbanos); por último, también hay fuertes denuncias por cómo se ha estigmatizado a los manifestantes, tildados de “vándalos” y “terroristas” por el poder ejecutivo, y por la respuesta oficial mayormente represiva.

Pero igualmente surgen múltiples demandas y expectativas de oportunidades de empleo o de estudio, por ejemplo exigiendo reducir el costo de la matrícula universitaria o los intereses sobre los préstamos a los estudiantes; también se espera una mayor protección frente al desempleo y la informalidad o la precariedad, sobre todo para las mujeres cabezas de hogar,  por lo que surge un incipiente debate sobre una “renta básica” para todos los jóvenes desempleados y los más pobres. También hay un debate creciente sobre la relación entre el campo y la ciudad, porque según adujeron algunos observadores, ahora se hace visible en el espacio urbano la situación de pobreza y hambre pero también la violencia sufrida tradicionalmente en el campo. Finalmente podemos destacar una demanda creciente de igualdad de género, por actores que denuncian el hecho  de que la pobreza y el desempleo afectan aún más a las mujeres.

Aunque estos temas no son del todo nuevos, ahora cobran una relevancia inesperada en el debate público[10]. Y, pese a la profusión de temas y debates que se cruzan de manera muy compleja, de los que aquí solo mencionamos algunos, el eje aglutinador parece ser una reivindicación central: el derecho a usar el espacio público para expresar las demandas y el descontento, después de más de 12 meses de restricción durante la pandemia. E incluso, creemos que no solo se trata de usar el espacio público sino más fundamentalmente aun, de reapropiárselo. En este sentido, también se debe observar con detenida atención otro fenómeno de mayor relevancia que, en el plano sociocultural y político, ha marcado el paro nacional en mayo de 2021: en Cali, Bogotá, Manizales, Pasto y Popayán, se tumbaron estatuas de conquistadores y fundadores de las ciudades[11], y se renombraron calles y avenidas como la Avenida Jiménez en la Candelaria (centro histórico de Bogotá), rebautizada “Avenida Misak” por el pueblo Misak que organizó el derrumbe de la estatua de G. Jiménez de Quesada. Estos actos apuntan además, entre muchos otros significados que deberán ser objeto de reflexión y análisis, a denunciar la glorificación de la Conquista y el exterminio de los pueblos indígenas, pero también incentivan a revindicar el derecho a debatir otra “memoria histórica” y a cuestionar la propia construcción de la nación, como lo sugiere M. Saade[12]. Ello también se puede destacar en los pliegos de peticiones locales, por ejemplo en el Catatumbo (noreste de Colombia)[13].

Por ende, se puede considerar que si tantos procesos organizativos y motivos de protesta prosperan y se cruzan hoy en día, en un panorama aun confuso y profuso, ello no se debe meramente a un “estallido” de frustraciones – aunque estas son innegables – sino a un muy amplio y complejo proceso de articulación de actores socio-políticos y a la promoción de nuevos debates públicos que hoy cobran una relevancia ineludible. La diversidad de actores presentes en la protesta, más que un elemento de desunión, constituye en nuestro criterio el indicio de la paulatina reconstrucción de un tejido social muy desgarrado por el conflicto armado y la violencia sociopolítica aun imperante.

Derecho a la protesta y redefinición del repertorio de acción colectiva vigente

En este contexto, el hecho de renegociar, definir y delimitar el “derecho a la protesta pacífica” (reconocido por el art. 37 de la Constitución de 1991), adquiere un significado y un alcance complejo, a corto pero también a más largo plazo, pues se trata de garantizar a más diversos actores sociales el acceso seguro al debate público y de elaborar estrategias para contornar o disminuir la represión.

El conflicto armado persistente (principalmente debido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, aun activa y a las disidencias de las Farc que se extienden) propicia todavía la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en el discurso oficial y entre las fuerzas del orden. La DSN lleva a tratar la protesta como un elemento desestabilizador y subversivo, pues se sospecha que está infiltrada por las guerrillas, y es percibida como necesariamente violenta. No obstante, investigaciones recientes demuestran, al contrario, una disminución en el uso de la violencia desde los años 1970, violencia que hoy está presente en el 4% de las acciones colectivas (Barrera & Hoyos, 2020). Debido en parte a la DSN, la protesta aun no es concebida como un fenómeno normal dentro de un régimen democrático, por lo que la represión apunta a restablecer “el orden público”, como lo evidencia el protagonismo del Escuadrón antimotines y disturbios (Esmad), que es central en la respuesta de la fuerza pública. Aunque existe un creciente cuestionamiento (sobre todo desde 2019) al uso de armas letales en la represión, aún persiste una carencia de reglamentación de las modalidades de uso de la fuerza, lo que propicia además una tendencia a militarizar la respuesta[14].

Ante ello, negociar espacios de protesta pacífica y definir las condiciones de su legitimidad es el reto mayor al que se enfrentan los actores sociales, tanto en el plano político como judicial.  Por ejemplo, el uso del bloqueo de vías y carreteras es un delito penal (artículo 353A del código penal vigente que data del año 2000), pero aun así, es un modo de acción muy difundido, lo que genera enfrentamientos entre la población, como se observa recurrentemente en las protestas. Las marchas, que son la principal modalidad de acción en los paros nacionales, junto con el plantón delante de las instancias de poder, son más aceptadas por la población, pero también son reprimidas como lo evidencia la respuesta a los paros del 2019 y 2021, entre muchos ejemplos.

El análisis de “la marcha” como forma de acción, en sus dimensiones expresivas, políticas o culturales (Fillieule, 2015), podría ayudar a comprender cómo se definen estrategias entre los actores sociales frente a la represión, sea para eludirla o denunciarla. Entre la diversidad de modalidades de acción ensayadas, se destaca el uso recurrente del arte en las marchas, con bailes, títeres, performances teatrales y músicos, en parte con ánimo de desincentivar la represión, pero también de dar un carácter alegre a la protesta, más allá de los reclamos. El éxito de esta estrategia deberá medirse con más claridad. De manera general, existe poco conocimiento cualitativo de las marchas aunque ya empiezan a surgir estudios más enfocados en la etnografía de la acción colectiva (Aguilar-Forero, 2020; Perilla, 2018).

También se debe evaluar los límites encontrados ante la respuesta oficial. Si bien se reprime tradicionalmente la protesta en Colombia, hoy en día, la represión evoluciona  y es menos uniforme de lo que se puede percibir, aunque aún existe muy poco análisis al respecto. Sería pertinente entender mejor, por ejemplo, cómo ciertos actores logran disminuir la represión, aunque sea de manera puntual tal como lo hicieron los estudiantes en el 2011 con “maratones de besos y abrazos” con la policía (Cruz, 2015), mientras que otros actores (campesinos, jóvenes y actores barriales urbanos) enfrentan niveles de represión elevados. Se requiere observar también más detalladamente las interacciones y negociaciones sobre los modos de acción en uso y su traducción jurídica o política (Uprimny & Sánchez, 2010; Lalinde, 2019). Ello ayudaría a evaluar mejor, a su vez, la evolución del repertorio de acción colectiva, que hoy por hoy está en clara redefinición. Se trata por ende de un momento de inflexión política determinante, lo que explica sin duda su carácter eminentemente candente.

Bibliografía

Aguilar-Forero N. (2020). “Las cuatro co de la acción colectiva juvenil: el caso del paro nacional de Colombia (noviembre 2019-enero2020)”. Análisis Político (UN), enero-abril, nº 98, p. 26-43.

Barrera V. & Hoyos C. (2020). “¿Violenta y desordenada? Análisis de los repertorios de la protesta social en Colombia”. Análisis político (UN),enero-abril,  nº 98, p. 167-190.

Cruz E. (2015). “El derecho a la protesta social en Colombia”. Pensamiento Jurídico (UN) n°42, p. 47-69.

CCJ-IEPRI-CINEP-UN & al. (2018). ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo. Bogotá : http://www.nocheyniebla.org/wp-content/uploads/u1/docs/cuales_son_los_patrones_final.pdf

Fillieule O. (2015). “Estudiar las marchas. Balance y perspectivas a partir de veinte años de investigaciones”. In Combes Hélène, Tamayo Sergio & Voegtli Michael, Pensar y Mirar la protesta, México, CNRS- Conacyt-Red Mexicana de Estudios de movimientos sociales & UAM, p. 39-91.

Fillieule O. (2010). “Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action”. In Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, p. 77-99.

Lalinde S. (Ed). (2019). Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia, Dejusticia, Documentos 49.

Gutiérrez F. (2014). El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010). Bogotá: IEPRI-UN & Penguin Random House, 1a ed.

Perilla Daza D. (2018). La plebitusa: movilización política de las emociones pos-plebiscito por la paz en Colombia. Maguare, vol. 32, n°2 (jul-dic), p. 153-181.

Uprimny R. & Sánchez Duque L.M. (2010). Derecho penal y protesta social (caso Colombia). En Bertoni E. (Comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina. Buenos Aires, Universidad de Palermo, p. 47-74.


[1] El « repertorio de acciones » es definido tradicionalmente como el abanico de modos de acción disponibles y usados con frecuencia, en un momento y contexto dado, en función de la respuesta pública. Ver: Fillieule Olivier, « Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action », in Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2010, p. 77-99.

[2] Para un análisis de la democracia colombiana durante el “Frente Nacional”: Gutiérrez (2014: 95-105).

[3] En particular la Unión Patriótica, partido surgido de una desmovilización parcial de las Farc en 1984, que fue víctima de un “genocidio político” (entre 3000 y 5000 militantes y candidatos a elecciones fueron asesinados).

[4] Son pocos los datos estadísticos disponibles, pero se puede evaluar muy superficialmente en cerca de 2 millones de participantes en las principales marchas en mayo de 2021, según fuentes de prensa, aunque también existe una multitud de modos de acción menos visibles.

[5] “Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali?”, Uniperiodico, 11-05-2021: Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali? (unal.edu.co)

[6] El apoyo a la población juvenil se expresa en declaraciones y acciones públicas muy diversas, como por ejemplo la marcha de la población mayor de edad el 23 de mayo, llamada “cuchimarcha”. Más ampliamente, el paro ha registrado 75% de aprobación: León J., “El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll”, La Silla Vacia, 25-05-2021:  El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[7] “Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes”, Portafolio, 14-05-2021: Dane reporte situación en Colombia: Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes-en-colombia | Economía | Portafolio

[8] “Colombia ante una juventud golpeada e invisibilizada”, Uniperiódico (digital), 27-05-2021:Colombia ante una juventud golpeada e invisibilizada (unal.edu.co)

[9] “La caída de la reforma a la Salud, el nuevo triunfo de las protestas en Colombia”: France24, 19-05-2021: La caída de la reforma a la Salud, el nuevo triunfo de las protestas en Colombia (france24.com)

[10] León J., “El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll”, en La Silla Vacia, 25-05-2021:  El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[11] Saade M. « Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia », in Las 2Orillas, 25-05-2021 : Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia – Las2orillas

[12]  Según M. Saade (op. cit.) : 1) en Popayán, el 16 de septiembre de 2020: derrumban estatua de Sebastián de Belalcázar ; 2)  en Cali, 28 abril de 2021: derrumban estatua de Sebastián de Belalcázar ; 3) en Manizales, 1 mayo de 2021: derrumban estatua de Gilberto Alzate Avendaño, político histórico conservador; 4) en Pasto, 1 mayo de 2021: cae estatua de Antonio Nariño, precursor de la independencia de Colombia, y 5) en Bogotá, 7 de mayo de 2021: tumban estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad. Salvo en Popayán, todos los actos han ocurrido en el periodo del paro nacional.

[13] “El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional”, Pacifista, 19-05-2021: El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional | ¡PACIFISTA!

[14]  Uprimny R., “El Decreto de asistencia militar de Duque es inconstitucional”, La Silla Vacía, 31-05-2021: El decreto de “asistencia militar” de Duque es inconstitucional | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

Protestas en Colombia: el proceso de paz en el centro de las expectativas

Por Julie Massal, investigadora del IFEA en Bogotá

Una movilización multisectorial de una amplitud nunca vista

Las movilizaciones sociales en Colombia se dieron inicio con la «huelga nacional» del 21 de noviembre de 2019, seguida masivamente[1] en las principales ciudades, como Bogotá, Medellín y Cali (Colombia posee 45 millones de habitantes, 70% de ellos citadinos), pero también en las pequeñas y medianas ciudades, confirmando su carácter nacional. Continuó con las jornadas del 29 de noviembre y del 4 de diciembre, con una participación menor, pero también se diversificó en sus expresiones, como las marchas casi cotidianas y los cacerolazos, inéditos en Colombia. Asimismo, se dieron lugar a las asambleas ciudadanas de barrio y a diversas modalidades de debate, como las «clases a la calle» sobre la coyuntura, y a muchas manifestaciones festivas y culturales, como los conciertos del 8 de diciembre, el día de la fiesta de Bogotá; todos ellos han permitido una reapropiación del espacio público.

Más allá de los sindicatos que convocaron a la huelga, la movilización se extendió hasta las organizaciones estudiantes, campesinas, indígenas, ambientalistas y feministas, pero también hasta los actores no organizados, como las personas mayores que temen una disminución de su jubilación y la «juventud» no estudiante, que demanda ser escuchada y mejor representada. Autoproclamada «protesta ciudadana», esta movilización multisectorial centró su discurso principalmente en tres temas:

  1. La lucha anticorrupción, principalmente en el seno de la clase política y en el sector educativo, luego de diversos escándalos en las universidades públicas;
  2. La defensa del acuerdo de paz y el rechazo a la violencia social contra los activistas, así como la denuncia del reclutamiento forzado de jóvenes menores por los actores armados;
  3. El rechazo al paquetazo de medidas económicas y sociales, en debate en el Congreso (reforma fiscal, reforma de la jubilación). Estas medidas, según los sindicatos, aumentarían la privatización de las pensiones (que funciona ya según el sistema de capitalización en gran parte), agravaran el empleo precario y mal remunerado, especialmente para los jóvenes graduados y profesionales, y elevarían el costo de vida (impuestos, tarifas por servicios públicos).

Estos temas se articulan alrededor de dos ejes: por un lado, el rechazo a la política social y económica del gobierno, que moviliza los sectores en huelga más próximos a los sectores sindicales, los estudiantes, así como a los jubilados y las familias modestas, en medio urbano; y por otro lado, la reivindicación de un debate «necesario» sobre la puesta en marcha del acuerdo de paz, expresado bajo la forma de una crítica a la «política de seguridad» del gobierno, presente también en el medio rural. Este segundo eje adquiere, de hecho, una importancia mayor en el debate público, lo que reflejaría una evolución desde el referéndum del 2 de octubre de 2016, en el que el acuerdo de paz fue rechazado con un 50,2%.

La movilización en curso se revela, en muchos sentidos, sorprendente. La convocatoria a una huelga nacional por los principales sindicatos el 21 de noviembre no constituye una innovación per se; sin embargo, otras convocatorias a una huelga nacional, como la del 25 de abril de 2019, no tuvieron el mismo eco. Esta vez, la convocatoria va mucho más allá de los sectores tradicionalmente movilizados y recae sobre la creación de una agenda política con nuevas reivindicaciones, manteniendo una fuerte expectativa en relación con el proceso de paz. Se trata de comprender este proceso de articulación multisectorial.

El surgimiento de nuevos debates sociales y políticos

Esta movilización es percibida como innovadora, tanto por su composición y sus motivaciones como por su escala y su extensión geográfica. La movilización social no es, sin embargo, un fenómeno totalmente inédito en Colombia: sea que se trate de un plan nacional o local, ella permitió mantener una red de organizaciones diversas, campesinas, feministas, medioambientales o pacifistas, que participaron en la construcción de diferentes modalidades de resistencia civil, frente al conflicto armado y a la violencia política engendrada por este. Las movilizaciones pasadas produjeron así nuevas articulaciones al plan nacional, entre los actores campesinos y estudiantes en 2011 y 2013, así como con los movimientos pacifistas (Massal, 2018; Allain & Beuf, 2014; Cruz, 2013). Estos antecedentes ponen al descubierto un proceso de recomposición de los movimientos sociales, iniciado poco antes de la negociación del proceso de paz en 2012 y que ha continuado desde entonces. Pero la violencia social y política parecía limitar un poco la extensión de la movilización. La sorpresa generada por la respuesta de finales de 2019 esta pues ligada a su dimensión nacional y a su composición heterogénea, y al hecho de que ella se sitúa en gran parte fuera de los canales institucionales sindicales y partidarios.

La movilización actual es el fruto de las evoluciones sociopolíticas a mediano plazo.  A nivel urbano, después de una década, nuevos debates modifican la agenda de los actores sociales. Las movilizaciones estudiantiles de 2011, que reunieron estudiantes del sector público y privado, habían ya ampliado el debate enfatizando el difícil acceso a los estudios universitarios, esto en respuesta a la privatización de las universidades públicas y al costo de la educación superior. A finales de 2018, este tema volvió al debate a través de nuevas marchas estudiantiles (pero también de maestros y rectores) que señalaban el insuficiente financiamiento del sector público y la falta de oportunidades profesionales para los egresados. El desempleo se agravó, además, en el año 2019, especialmente para los más jóvenes, lo que alimenta la crisis social entre la juventud.

A ello se le suma una protesta creciente contra la clase política tradicional considerada corrupta, así como a numerosas instituciones, especialmente la policía. El desperdicio del dinero público y la «falta de atención» para los problemas sociales cotidianos de una población 70% urbana son cada vez más denunciados. El tema de la corrupción ha dado lugar a la convocatoria a un referéndum (agosto de 2018) por una nueva clase política urbana, cercana a la alcaldesa electa de Bogotá, C. López (que tomará sus funciones en enero de 2020), a favor de reformas institucionales. Pero esta consulta fracasó por poco, suscitando un descontento acrecentado contra los partidos tradicionales, considerados responsables de este fracaso.

El tema de la corrupción sigue siendo un elemento importante en el debate político y los partidos tradicionales pierden su dominio, como lo reflejan las elecciones municipales y departamentales del 27 de octubre de 2019, teniendo como resultado en las principales ciudades (Bogotá, Medellín y Cali), la aparición de figuras independientes de las alianzas partidarias habituales. Los actores de la protesta actual denuncian, además, toda reapropiación partidaria, incluyendo a los partidos de izquierda o de centro; es así que el partido Farc se ha mostrado silencioso al respecto.

Un proceso de paz en el centro de las expectativas sociales

El proceso de paz apareció como uno de los tres principales retos de las protestas. No obstante, está debilitado. Las expectativas sociales con respecto a la paz alimentan la movilización actual, porque el fin del conflicto y la violencia son el núcleo de las demandas.

Si bien han evolucionado en un marco formalmente democrático desde 1958, las protestas han conocido largos períodos de restricción de libertades cívicas y diversas formas de represión o de estigmatización política y social. El grado de violencia es incluso evaluado como «anormalmente elevado» en un contexto democrático (Gutiérrez, 2014). Durante el conflicto armado, la violencia social y política restringió las posibilidades de protesta, estigmatizando la movilización social por sus conexiones con las guerrillas. Sin embargo, a pesar del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2016, la violencia no ha desaparecido. A pesar de la desmovilización de las FARC y la constitución de un partido político Farc[2], el conflicto armado persiste, porque un grupo de disidentes de las FARC (representado por 400 personas en 2016, y por 2018 hoy en día) se negaron a desmovilizarse y después se fortificaron; a ello se le suma la retoma de armas del 29 de agosto de 2019 por ciertos antiguos dirigentes. Por su parte, la guerrilla ELN permanece activa, pues el diálogo iniciado en 2017 por el gobierno de Santos fue interrumpido en enero de 2019 por el presidente I. Duque (Massal, 2019). Así, la violencia social y política continúa muy presente en numerosas regiones de Colombia.

Esta violencia se ejerce especialmente contra los «líderes sociales» (activistas), bajo la forma de amenazas de muerte, asesinatos selectivos y otros tipos de intimidación. Es llevada a cabo por diversos actores armados, sea la guerrilla ELN, los grupos disidentes de las FARC, o las organizaciones relacionadas con grupos paramilitares (desmovilizados por la ley Justicia y Paz de 2005), que continúan bajo formas criminales y mafiosas múltiples sin olvidar la red de criminales transnacionales ligados al narcotráfico (CCJ, 2018; ICG, 2019).

Es por ello que la focalización sobre el proceso de paz se da en tres temáticas a través de las protestas actuales: la defensa del acuerdo de paz (2016), el rechazo a la violencia social contra los activistas[3]  y las poblaciones civiles en las regiones donde los actores armados predominan, y la denuncia del reclutamiento forzado de menores por los actores disidentes. Esta triple temática adquiere una dimensión nueva con la revelación (el 5 de noviembre de 2019), a cargo del senador Roy Barreras, de la presencia de al menos 8 menores de edad en el campo de disidentes bombardeado por el ejército, poco después de la retoma de armas de los antiguos dirigentes FARC, el 29 de agosto de 2019[4].

Esta revelación tuvo un doble efecto: en un primer momento, produjo indignación sobre el hecho de que estos jóvenes (entre 12 y 17 años) muertos en un bombardeo hayan sido presentados como «bajas de combate». Ello relanzó dos debates cruciales: por un lado, el reclutamiento forzado de menores por los actores armados; por otro lado, el de los «falsos positivos»[5], que recuerda las horas más difíciles del conflicto.  Luego, en un segundo momento, el hecho de que esta información sea revelada tan tardíamente, más de dos meses después de los hechos, y que la prensa y el poder no hayan hecho eco mucho antes, generó un rechazo hacia el ministro de defensa, G. Botero (ya cuestionado por otras razones, obligado a renunciar el 6 de noviembre) y hacia el presidente, I. Duque, acusado de minimizar la amplitud del tema. A partir de esto, la política de «seguridad» del gobierno es cuestionada de una manera más global.

Por esta razón el debate se desplaza y amplía entonces hacia la «falta de respeto y de puesta en marcha» del acuerdo de paz y en la «violencia contra los lideres sociales»[6]. Fue después del 6 de noviembre que la mayoría de las organizaciones sociales se unieron a la huelga nacional, ampliando la agenda de reivindicaciones más allá del simple rechazo a las «medidas» socioeconómicas. Durante las jornadas de movilización, después del 21 de noviembre, la defensa de la paz[7] y el rechazo de la violencia social contra los activistas estuvieron presentes en las reivindicaciones de los manifestantes de manera más visible. El rechazo a la violencia social, que había comenzado a adquirir visibilidad en el plano mediático desde 2017, seguía poco debatido en el plano político. La reactivación del tema del reclutamiento forzado de menores[8], igualmente debatido en noviembre por la Comisión de la Verdad a través de un encuentro en Medellín[9], es también un hecho mayor en las regiones más pobres, aún frecuentemente afectadas por la violencia armada.

Así, la movilización multisectorial ha puesto nuevamente en el debate público las preocupaciones sociales durante mucho tiempo inaudibles, pero también ha reactivado el debate sobre el proceso de paz, muy frágil.  Los actores sociales han podido articular de manera innovadora los problemas de seguridad y los socioeconómicos. Mas allá del descontento contra el gobierno de Duque, estas son las evoluciones importantes que conviene seguir a largo plazo.

Bibliografía

Allain M. (avec la collab. d’A. Beuf), “L’agriculture familiale et ses réappropriations locales par le mouvement paysan colombien”, Revue Tiers-Monde 2014/4 (n°220), p. 43-59.

CCJ (2018), Organizaciones sucesoras del paramilitarismo, Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas (ed.).

Cruz E., “La reforma de la educación superior y las protestas estudiantiles en Colombia”, Postdata, 2013, Buenos Aires, 18(1), 1-2: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-96012013000100002&lng=es&tlng=es (consulté le 25 mai 2016).

Fundación Paz y Reconciliación PARES (2018), “¿Cómo va la paz? La reestructuración unilateral del acuerdo de paz”, Bogotá, disponible en: https://pares.com.co/2019/01/08/como-va-la-paz-la-reestructuracion-unilateral-del-acuerdo-de-paz/

Gutiérrez F. (2014), El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010), Bogotá: IEPRI-UN & Penguin Random House, 1a ed

ICG (2019), “Tranquilizar el Pacifico tormentoso: violencia y gobernanza en la Costa de Colombia”, Rapport 76 (AL), 8 de agosto [Informe].

Indepaz (2018), “Conflictos armados focalizados”, dir. C. Gonzalez Posso, Punto de encuentro 74, Bogotá, diciembre [Informe].

Kroc Institute for International Peace Studies (Notre-Dame University) (2019). Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, Part III. [Informe].

Massal Julie, “Les mobilisations sociales dans les régimes hybrides : Regards croisés sur la Colombie, l’Egypte et la Tunisie”, in : Botiveau B., Salcedo H. & Signoles A. (dir.), Amérique latine-Monde arabe, la Diagonale des suds, Paris, Editions Riveneuve-IREMAM-CHERPA, 2018, p. 63-90.

Massal Julie, “Deux ans après l’accord de paix, où en est la Colombie” : Entrevista realizada por M. Allain (Iheal/Creda), Noria Research (18 de febrero de 2019) : https://www.noria-research.com/fr/deux-ans-apres-laccord-avec-les-farc/

 

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[1] El 21 de noviembre, según diversas fuentes de la prensa, alrededor de 800 000 personas se movilizaron en Bogotá (de 8 millones de habitantes), 80 000 en Medellín (de 2,4 millones). Mucho más de lo normal.

[2] La guerrilla y el partido conservan el mismo acrónimo, pero el nombre difiere; la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dio lugar al partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (31 de agosto de 2017). El pronombre difiere igualmente: las FARC se convirtieron en la Farc.

[3] Esta es medida por la ONG colombiana Somos Defensores desde 2010 (reportes en línea): https://www.somosdefensores.org/ . Por ejemplo, contra las mujeres: El Nuevo Siglo, Bogotá, 15/11/2019: “Las mujeres líderes enfrentan nuevas amenazas”, https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2019-las-mujeres-lideres-enfrentan-nuevas-amenazas

[4] Inicialmente la cifra era de 7, pero pasó a 8 luego de la verificación : El País, 5-11-2019: “Barreras denuncia que en bombardeo murieron 7 niños que fueron reportados como bajas en combate”: https://www.elpais.com.co/colombia/roy-barreras-denuncia-que-en-bombardeo-murieron-7-ninos-y-los-hicieron-pasar-por-bajas-de-combate.html

[5] Las víctimas civiles fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate con el fin de otorgar bonos a los soldados, en la década de los años 2000 bajo el mandato de A. Uribe. Las víctimas de falsos positivos según las cifras más conservadoras alcanzan las 3000 personas.

[6] Ver, por ejemplo, los reportes de los think tank colombianos (PARES, 2018 ; Indepaz, 2018) o de la organización International Crisis Croup (ICG, 2019).

[7] “El llamado a incluir el Acuerdo de Paz en la conversación con Duque”, El Espectador, 27/11/2019 : https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-llamado-incluir-el-acuerdo-de-paz-en-la-conversacion-con-duque-articulo-893056?fbclid=IwAR2_8QIqW474lZsofz8rCIz5h13FBJrEqdOhVsVnkcVP9CThrw-X8Y8obLY

[8] “Reclutamiento forzado, un cáncer que está avanzando”, El Espectador,  16/11/2019 : https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/reclutamiento-forzado-un-cancer-que-esta-avanzando-articulo-891393

[9] Comisión de la verdad (CVCR) : “Niños, niñas y adolescentes le hablaron a Colombia” (27/11/2019) : https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/nunca-mas-ninos-y-ninas-en-la-guera-ninas-ninos-adolescentes-hablaron-colombia