Protestas en Colombia: el proceso de paz en el centro de las expectativas

Por Julie Massal, investigadora del IFEA en Bogotá

Una movilización multisectorial de una amplitud nunca vista

Las movilizaciones sociales en Colombia se dieron inicio con la «huelga nacional» del 21 de noviembre de 2019, seguida masivamente[1] en las principales ciudades, como Bogotá, Medellín y Cali (Colombia posee 45 millones de habitantes, 70% de ellos citadinos), pero también en las pequeñas y medianas ciudades, confirmando su carácter nacional. Continuó con las jornadas del 29 de noviembre y del 4 de diciembre, con una participación menor, pero también se diversificó en sus expresiones, como las marchas casi cotidianas y los cacerolazos, inéditos en Colombia. Asimismo, se dieron lugar a las asambleas ciudadanas de barrio y a diversas modalidades de debate, como las «clases a la calle» sobre la coyuntura, y a muchas manifestaciones festivas y culturales, como los conciertos del 8 de diciembre, el día de la fiesta de Bogotá; todos ellos han permitido una reapropiación del espacio público.

Más allá de los sindicatos que convocaron a la huelga, la movilización se extendió hasta las organizaciones estudiantes, campesinas, indígenas, ambientalistas y feministas, pero también hasta los actores no organizados, como las personas mayores que temen una disminución de su jubilación y la «juventud» no estudiante, que demanda ser escuchada y mejor representada. Autoproclamada «protesta ciudadana», esta movilización multisectorial centró su discurso principalmente en tres temas:

  1. La lucha anticorrupción, principalmente en el seno de la clase política y en el sector educativo, luego de diversos escándalos en las universidades públicas;
  2. La defensa del acuerdo de paz y el rechazo a la violencia social contra los activistas, así como la denuncia del reclutamiento forzado de jóvenes menores por los actores armados;
  3. El rechazo al paquetazo de medidas económicas y sociales, en debate en el Congreso (reforma fiscal, reforma de la jubilación). Estas medidas, según los sindicatos, aumentarían la privatización de las pensiones (que funciona ya según el sistema de capitalización en gran parte), agravaran el empleo precario y mal remunerado, especialmente para los jóvenes graduados y profesionales, y elevarían el costo de vida (impuestos, tarifas por servicios públicos).

Estos temas se articulan alrededor de dos ejes: por un lado, el rechazo a la política social y económica del gobierno, que moviliza los sectores en huelga más próximos a los sectores sindicales, los estudiantes, así como a los jubilados y las familias modestas, en medio urbano; y por otro lado, la reivindicación de un debate «necesario» sobre la puesta en marcha del acuerdo de paz, expresado bajo la forma de una crítica a la «política de seguridad» del gobierno, presente también en el medio rural. Este segundo eje adquiere, de hecho, una importancia mayor en el debate público, lo que reflejaría una evolución desde el referéndum del 2 de octubre de 2016, en el que el acuerdo de paz fue rechazado con un 50,2%.

La movilización en curso se revela, en muchos sentidos, sorprendente. La convocatoria a una huelga nacional por los principales sindicatos el 21 de noviembre no constituye una innovación per se; sin embargo, otras convocatorias a una huelga nacional, como la del 25 de abril de 2019, no tuvieron el mismo eco. Esta vez, la convocatoria va mucho más allá de los sectores tradicionalmente movilizados y recae sobre la creación de una agenda política con nuevas reivindicaciones, manteniendo una fuerte expectativa en relación con el proceso de paz. Se trata de comprender este proceso de articulación multisectorial.

El surgimiento de nuevos debates sociales y políticos

Esta movilización es percibida como innovadora, tanto por su composición y sus motivaciones como por su escala y su extensión geográfica. La movilización social no es, sin embargo, un fenómeno totalmente inédito en Colombia: sea que se trate de un plan nacional o local, ella permitió mantener una red de organizaciones diversas, campesinas, feministas, medioambientales o pacifistas, que participaron en la construcción de diferentes modalidades de resistencia civil, frente al conflicto armado y a la violencia política engendrada por este. Las movilizaciones pasadas produjeron así nuevas articulaciones al plan nacional, entre los actores campesinos y estudiantes en 2011 y 2013, así como con los movimientos pacifistas (Massal, 2018; Allain & Beuf, 2014; Cruz, 2013). Estos antecedentes ponen al descubierto un proceso de recomposición de los movimientos sociales, iniciado poco antes de la negociación del proceso de paz en 2012 y que ha continuado desde entonces. Pero la violencia social y política parecía limitar un poco la extensión de la movilización. La sorpresa generada por la respuesta de finales de 2019 esta pues ligada a su dimensión nacional y a su composición heterogénea, y al hecho de que ella se sitúa en gran parte fuera de los canales institucionales sindicales y partidarios.

La movilización actual es el fruto de las evoluciones sociopolíticas a mediano plazo.  A nivel urbano, después de una década, nuevos debates modifican la agenda de los actores sociales. Las movilizaciones estudiantiles de 2011, que reunieron estudiantes del sector público y privado, habían ya ampliado el debate enfatizando el difícil acceso a los estudios universitarios, esto en respuesta a la privatización de las universidades públicas y al costo de la educación superior. A finales de 2018, este tema volvió al debate a través de nuevas marchas estudiantiles (pero también de maestros y rectores) que señalaban el insuficiente financiamiento del sector público y la falta de oportunidades profesionales para los egresados. El desempleo se agravó, además, en el año 2019, especialmente para los más jóvenes, lo que alimenta la crisis social entre la juventud.

A ello se le suma una protesta creciente contra la clase política tradicional considerada corrupta, así como a numerosas instituciones, especialmente la policía. El desperdicio del dinero público y la «falta de atención» para los problemas sociales cotidianos de una población 70% urbana son cada vez más denunciados. El tema de la corrupción ha dado lugar a la convocatoria a un referéndum (agosto de 2018) por una nueva clase política urbana, cercana a la alcaldesa electa de Bogotá, C. López (que tomará sus funciones en enero de 2020), a favor de reformas institucionales. Pero esta consulta fracasó por poco, suscitando un descontento acrecentado contra los partidos tradicionales, considerados responsables de este fracaso.

El tema de la corrupción sigue siendo un elemento importante en el debate político y los partidos tradicionales pierden su dominio, como lo reflejan las elecciones municipales y departamentales del 27 de octubre de 2019, teniendo como resultado en las principales ciudades (Bogotá, Medellín y Cali), la aparición de figuras independientes de las alianzas partidarias habituales. Los actores de la protesta actual denuncian, además, toda reapropiación partidaria, incluyendo a los partidos de izquierda o de centro; es así que el partido Farc se ha mostrado silencioso al respecto.

Un proceso de paz en el centro de las expectativas sociales

El proceso de paz apareció como uno de los tres principales retos de las protestas. No obstante, está debilitado. Las expectativas sociales con respecto a la paz alimentan la movilización actual, porque el fin del conflicto y la violencia son el núcleo de las demandas.

Si bien han evolucionado en un marco formalmente democrático desde 1958, las protestas han conocido largos períodos de restricción de libertades cívicas y diversas formas de represión o de estigmatización política y social. El grado de violencia es incluso evaluado como «anormalmente elevado» en un contexto democrático (Gutiérrez, 2014). Durante el conflicto armado, la violencia social y política restringió las posibilidades de protesta, estigmatizando la movilización social por sus conexiones con las guerrillas. Sin embargo, a pesar del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2016, la violencia no ha desaparecido. A pesar de la desmovilización de las FARC y la constitución de un partido político Farc[2], el conflicto armado persiste, porque un grupo de disidentes de las FARC (representado por 400 personas en 2016, y por 2018 hoy en día) se negaron a desmovilizarse y después se fortificaron; a ello se le suma la retoma de armas del 29 de agosto de 2019 por ciertos antiguos dirigentes. Por su parte, la guerrilla ELN permanece activa, pues el diálogo iniciado en 2017 por el gobierno de Santos fue interrumpido en enero de 2019 por el presidente I. Duque (Massal, 2019). Así, la violencia social y política continúa muy presente en numerosas regiones de Colombia.

Esta violencia se ejerce especialmente contra los «líderes sociales» (activistas), bajo la forma de amenazas de muerte, asesinatos selectivos y otros tipos de intimidación. Es llevada a cabo por diversos actores armados, sea la guerrilla ELN, los grupos disidentes de las FARC, o las organizaciones relacionadas con grupos paramilitares (desmovilizados por la ley Justicia y Paz de 2005), que continúan bajo formas criminales y mafiosas múltiples sin olvidar la red de criminales transnacionales ligados al narcotráfico (CCJ, 2018; ICG, 2019).

Es por ello que la focalización sobre el proceso de paz se da en tres temáticas a través de las protestas actuales: la defensa del acuerdo de paz (2016), el rechazo a la violencia social contra los activistas[3]  y las poblaciones civiles en las regiones donde los actores armados predominan, y la denuncia del reclutamiento forzado de menores por los actores disidentes. Esta triple temática adquiere una dimensión nueva con la revelación (el 5 de noviembre de 2019), a cargo del senador Roy Barreras, de la presencia de al menos 8 menores de edad en el campo de disidentes bombardeado por el ejército, poco después de la retoma de armas de los antiguos dirigentes FARC, el 29 de agosto de 2019[4].

Esta revelación tuvo un doble efecto: en un primer momento, produjo indignación sobre el hecho de que estos jóvenes (entre 12 y 17 años) muertos en un bombardeo hayan sido presentados como «bajas de combate». Ello relanzó dos debates cruciales: por un lado, el reclutamiento forzado de menores por los actores armados; por otro lado, el de los «falsos positivos»[5], que recuerda las horas más difíciles del conflicto.  Luego, en un segundo momento, el hecho de que esta información sea revelada tan tardíamente, más de dos meses después de los hechos, y que la prensa y el poder no hayan hecho eco mucho antes, generó un rechazo hacia el ministro de defensa, G. Botero (ya cuestionado por otras razones, obligado a renunciar el 6 de noviembre) y hacia el presidente, I. Duque, acusado de minimizar la amplitud del tema. A partir de esto, la política de «seguridad» del gobierno es cuestionada de una manera más global.

Por esta razón el debate se desplaza y amplía entonces hacia la «falta de respeto y de puesta en marcha» del acuerdo de paz y en la «violencia contra los lideres sociales»[6]. Fue después del 6 de noviembre que la mayoría de las organizaciones sociales se unieron a la huelga nacional, ampliando la agenda de reivindicaciones más allá del simple rechazo a las «medidas» socioeconómicas. Durante las jornadas de movilización, después del 21 de noviembre, la defensa de la paz[7] y el rechazo de la violencia social contra los activistas estuvieron presentes en las reivindicaciones de los manifestantes de manera más visible. El rechazo a la violencia social, que había comenzado a adquirir visibilidad en el plano mediático desde 2017, seguía poco debatido en el plano político. La reactivación del tema del reclutamiento forzado de menores[8], igualmente debatido en noviembre por la Comisión de la Verdad a través de un encuentro en Medellín[9], es también un hecho mayor en las regiones más pobres, aún frecuentemente afectadas por la violencia armada.

Así, la movilización multisectorial ha puesto nuevamente en el debate público las preocupaciones sociales durante mucho tiempo inaudibles, pero también ha reactivado el debate sobre el proceso de paz, muy frágil.  Los actores sociales han podido articular de manera innovadora los problemas de seguridad y los socioeconómicos. Mas allá del descontento contra el gobierno de Duque, estas son las evoluciones importantes que conviene seguir a largo plazo.

Bibliografía

Allain M. (avec la collab. d’A. Beuf), “L’agriculture familiale et ses réappropriations locales par le mouvement paysan colombien”, Revue Tiers-Monde 2014/4 (n°220), p. 43-59.

CCJ (2018), Organizaciones sucesoras del paramilitarismo, Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas (ed.).

Cruz E., “La reforma de la educación superior y las protestas estudiantiles en Colombia”, Postdata, 2013, Buenos Aires, 18(1), 1-2: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-96012013000100002&lng=es&tlng=es (consulté le 25 mai 2016).

Fundación Paz y Reconciliación PARES (2018), “¿Cómo va la paz? La reestructuración unilateral del acuerdo de paz”, Bogotá, disponible en: https://pares.com.co/2019/01/08/como-va-la-paz-la-reestructuracion-unilateral-del-acuerdo-de-paz/

Gutiérrez F. (2014), El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010), Bogotá: IEPRI-UN & Penguin Random House, 1a ed

ICG (2019), “Tranquilizar el Pacifico tormentoso: violencia y gobernanza en la Costa de Colombia”, Rapport 76 (AL), 8 de agosto [Informe].

Indepaz (2018), “Conflictos armados focalizados”, dir. C. Gonzalez Posso, Punto de encuentro 74, Bogotá, diciembre [Informe].

Kroc Institute for International Peace Studies (Notre-Dame University) (2019). Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, Part III. [Informe].

Massal Julie, “Les mobilisations sociales dans les régimes hybrides : Regards croisés sur la Colombie, l’Egypte et la Tunisie”, in : Botiveau B., Salcedo H. & Signoles A. (dir.), Amérique latine-Monde arabe, la Diagonale des suds, Paris, Editions Riveneuve-IREMAM-CHERPA, 2018, p. 63-90.

Massal Julie, “Deux ans après l’accord de paix, où en est la Colombie” : Entrevista realizada por M. Allain (Iheal/Creda), Noria Research (18 de febrero de 2019) : https://www.noria-research.com/fr/deux-ans-apres-laccord-avec-les-farc/

 

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[1] El 21 de noviembre, según diversas fuentes de la prensa, alrededor de 800 000 personas se movilizaron en Bogotá (de 8 millones de habitantes), 80 000 en Medellín (de 2,4 millones). Mucho más de lo normal.

[2] La guerrilla y el partido conservan el mismo acrónimo, pero el nombre difiere; la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dio lugar al partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (31 de agosto de 2017). El pronombre difiere igualmente: las FARC se convirtieron en la Farc.

[3] Esta es medida por la ONG colombiana Somos Defensores desde 2010 (reportes en línea): https://www.somosdefensores.org/ . Por ejemplo, contra las mujeres: El Nuevo Siglo, Bogotá, 15/11/2019: “Las mujeres líderes enfrentan nuevas amenazas”, https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2019-las-mujeres-lideres-enfrentan-nuevas-amenazas

[4] Inicialmente la cifra era de 7, pero pasó a 8 luego de la verificación : El País, 5-11-2019: “Barreras denuncia que en bombardeo murieron 7 niños que fueron reportados como bajas en combate”: https://www.elpais.com.co/colombia/roy-barreras-denuncia-que-en-bombardeo-murieron-7-ninos-y-los-hicieron-pasar-por-bajas-de-combate.html

[5] Las víctimas civiles fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate con el fin de otorgar bonos a los soldados, en la década de los años 2000 bajo el mandato de A. Uribe. Las víctimas de falsos positivos según las cifras más conservadoras alcanzan las 3000 personas.

[6] Ver, por ejemplo, los reportes de los think tank colombianos (PARES, 2018 ; Indepaz, 2018) o de la organización International Crisis Croup (ICG, 2019).

[7] “El llamado a incluir el Acuerdo de Paz en la conversación con Duque”, El Espectador, 27/11/2019 : https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-llamado-incluir-el-acuerdo-de-paz-en-la-conversacion-con-duque-articulo-893056?fbclid=IwAR2_8QIqW474lZsofz8rCIz5h13FBJrEqdOhVsVnkcVP9CThrw-X8Y8obLY

[8] “Reclutamiento forzado, un cáncer que está avanzando”, El Espectador,  16/11/2019 : https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/reclutamiento-forzado-un-cancer-que-esta-avanzando-articulo-891393

[9] Comisión de la verdad (CVCR) : “Niños, niñas y adolescentes le hablaron a Colombia” (27/11/2019) : https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/nunca-mas-ninos-y-ninas-en-la-guera-ninas-ninos-adolescentes-hablaron-colombia

 

El proceso de paz en Colombia: retos y desafíos actuales

Por Julie Massal, investigadora IFEA en Colombia 

El proceso de paz en Colombia, vía la puesta en marcha del Acuerdo de Paz firmado en 2016,¿está hoy en riesgo?  Atraviesa, por lo menos, una fase muy delicada. 

Ciertamente, la concretización de los Acuerdos del Teatro Colón[1]ha conocido ya muchas dificultades, al punto que, según la segunda evaluación realizada por el Instituto Kroc de la Universidad Notre-Dame (Kroc 2018), en el mes de mayo de 2018, 21% de las 578 medidas previstas por los Acuerdos han sido plenamente puestos en marcha, y cerca del 60% lo son parcialmente, en diversos grados. En la evaluación anterior (noviembre de 2017) el porcentaje de medidas integralmente puestas en marcha era alrededor del 15%. Más allá de las cifras, la impresión en conjunto continúa eminentemente contrastada, porque los avances varían según las temáticas, en los 5 grandes dominios del Acuerdo de Paz. 

 Estos cinco grandes temas, recordémoslos, son: 1) La reforma rural integral; 2) la participación política para la guerrilla una vez desmovilizada; 3) el fin del conflicto y las medidas a poner en marcha sobre ese plan (desmovilización, desarme); 4) la solución al problema de las drogas ilícitas, y finalmente 5) el estatus de  víctimas y las reparaciones que les corresponde. Según el Instituto Kroc, en mayo de 2018, los dos puntos menos avanzados están ligados a la reforma rural integral y al problema de las drogas ilícitas (en los dos casos, el 45% de las medidas han tenido un avance mínimo), luego el punto n°5 sobre las reparaciones a las víctimas,  con el 37% de medidas apenas iniciado. Un sexto tema, más bien de procedimiento, con respecto a la aprobación del Acuerdo por referéndum y también la verificación posterior del respeto de los compromisos de las partes, alcanza un avance de 52%.

A la fecha, los principales progresos son los siguientes: primero, la desmovilización de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fundadas en 1964) y la entrega completa de armas desde el 3 de julio de 2017; después de la extinción de la guerrilla las FARC, reconvertida en partido político que se constituyó el 31 de agosto de 2017, durante su congreso de fundación, convirtiéndose en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Después de marzo de 2018, el principal avance es la puesta en forma de la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP), que constituye uno de los pilares del Sistema integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición, así como la Comisión de la Verdad que igualmente comenzó su trabajo en la primavera del 2018. Otro avance positivo mayor, es la  prolongación de la Misiónde Verificación de la ONU hasta el mes de septiembre de 2019 y el apoyo internacional al proceso de paz colombiano.

Los aspectos en dificultad continúan siendo por lo tanto numerosos y  algunos entre ellos regresan regularmente a la escena política donde son nuevamente el objeto de debate en cuanto a su “pertinencia”.   Podemos señalar al menos cuatro, particularmente presentes en el debate actual. 

En primer lugar, respecto al plan de lucha contra el narcotráfico (uno de los puntos menos avanzados), la puesta en marcha de un sistema de substitución de los cultivos ilícitos enfrenta numerosos obstáculos, y se ve desafiado, frente a la extensión de las hectáreas de coca en Colombia durante el año 2017.  Al punto que el gobierno de Duque, en el poder desde el 7 de agosto último,  tiene planes de reanudar la aspersión de los cultivos ilícitos por el glifosato, práctica que había sido abandonada en 2015 durante el gobierno de Santos(2010-2018). La crítica relativa al sistema de substitución de cultivos ilícitos  se basa mayormente sobre su impacto social y económico, que parece restringido, porque numerosos campesinos y excombatientes reconvertidos a la agricultura habiendo intentado desarrollar diversos proyecto productivos, a veces con éxito, ven sus cosechas perderse, por falta de oportunidades de comercio y de rutas de acceso a los mercados locales. La coca continua así siendo uno de los productos más rentables, en comparación a otros cultivos, lo que no estimula su substitución. Además, los campesinos involucrados en este proceso se cuentan entre la categoría más amenazada actualmente por los nuevos grupos armados organizados (GAO),  según la sigla en vigor que designa sin ningún orden a los grupos mafiosos, los disidentes de las guerrillas y otras organizaciones sin identificar (FIP 2018). Es además este uno de los principales motivos por los que los campesinos provenientes de las regiones bajo el control de los GAO son nuevamente desplazados; particularmente en el Departamento de Nariño, fronterizo con el Ecuador[2].

En segundo lugar,  la violencia política, bajo diversas modalidades, no ha disminuido a pesar de una disminución comprobada de los enfrentamientos armados y de los niveles de homicidios: cada vez se muestran aún más signos de  una recrudescencia de amenazas de diversos tipos y de asesinatos de líderes sociales. Esta tendencia no es enteramente nueva y ya podía observarse durante la misma negociación de los acuerdos de paz, según los informes anuales de la ONG colombiana « Somos Defensores »[3] que alarga data ha denunciado este fenómeno, o en el de Amnistía Internacional (2017). Las investigaciones universitarias o de diversos institutos y fundaciones movilizados sobre el tema confirman la tendencia al aumento de violaciones a los derechos humanos y a la vida de los “líderes sociales”  (como se les denomina usualmente en Colombia)y su agravamiento posterior a la firma de la paz (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI2017). Ello concierne en particular a los miembros de las juntas de acción comunal (a nivel local), de comunidades indígenas y afrodescendientes, los desplazados, los líderes comunitarios y más generalmente los promotores de lapaz. 

En tercer lugar, la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP) ha sufrido numerosas dificultades técnicas y políticas durante su puesta en marcha. Además, es afectada por una viva oposición de quienes se oponen al proceso de paz, reunidos en torno al antiguo presidente A. Uribe, quien representa una de las fuerzas mayoritarias en el Congreso elegido en marzo de 2018; estos opositores la consideran parcial y ponen en duda su legitimidad.  La JEP está en otro tipo de escrutinio «con lupa» por los diferentes sectores sociales y políticos, porque ella empieza a tratar los casos emblemáticos, como el del antiguo general Mario Montoya, acusado de participar y de permitir diversos tipos de violación de derechos humanos y de ejecuciones extrajudiciales y que niega las acusaciones,  generando la indignación de las víctimas. La importancia política y la credibilidad de las decisiones futuras de la JEP están también en juego.

Finalmente el cuarto tema en dificultad, particularmente importante aunque menos visible desde el aspecto mediático, es el muy incierto destino del reconocimiento de las 16 “circunscripciones especiales para la paz”: estatus que debía ser atribuido a las 16 regiones más afectadas por el conflicto armado y que contienen un gran número de víctimas individuales o colectivas a título de su pertenencia a diversos grupos étnicos o sociales como los desplazados. Este reconocimiento había sido bloqueado en noviembre 2017 por el Senado y el Congreso, esencialmente por cuestiones de procedimiento relacionadas a la mayoría requerida para la votación, asuntos « técnicos » que recubren las divisiones políticas en el seno de los organismos legislativos. El tema de este reconocimiento vuelve al debate legislativo, aunque al margen, pero el final permanece incierto; ello genera en los numerosos grupos de víctimas el sentimiento de no ser realmente reconocidas como tales por el Estado y las instituciones. El punto 5 relativo a las reparaciones a las víctimas es además uno de los que sufre mayor retraso.

Estos temas no son los únicos, lejos de ello, a generar la duda, el temor o incluso la convicción, para algunas personas, de que los acuerdos de paz están en peligro, moribundos para los más escépticos. Sería necesario agregar algunos otros temas: las orientaciones de las reformas en el dominio agrario y rural continúan en gran parte desprovistas de claridad, la redistribución de la tierra está lejos de estar en progreso, y las diversas reformas técnicas continúan en suspenso (falta de catastro fiable). Es el caso, sobre todo, con el estanque de proyectos productivos de ex combatientes a pesar de un claro apoyo internacional a aquellos, sea que se trate de falta de acceso a tierras o mercados (Kroc 2018: 10). La tendencia es la misma, según los especialistas del tema territorial, al incremento de la concentración de la tierra y al aumento de las desigualdades (Gutiérrez & al. 2018). La demora en las reformas incrementa la pérdida de confianza de los excombatientes en proceso de reincorporación en el proceso de paz.

Otro problema es el planeamiento del territorio y el desarrollo insuficiente de las regiones más pobres y/o más afectadas por el conflicto; este retraso se puede atribuir sobre todo a la ausencia y a la ineficiencia del Estado “en regiones” o “dentro de los territorios”, expresión utilizada pero cada vez más discutida. La ausencia o la falta de eficiencia del Estado no se traduce (siempre) por la ausencia de instituciones o de programas de desarrollo diversos (a pesar de que sea así en las regiones las más aisladas), si más bien por la distancia enorme que separa al Estado de grupos sociales para los cuales la palabra oficial, estatal o gubernamental, tiene poquísima credibilidad.

El debate político pero también social e intelectual sobre los resultados de la paz está esencialmente caracterizado por su escepticismo, incluso a veces por cierta desesperación. Los optimistas, poco numerosos, consideran que todo o casi todo está por hacer. Pero cada vez más voces denuncian la realidad del “post-conflicto” hoy en día. La expresión “post-conflicto” (ausente de otros procesos de paz, en América central por ejemplo) había sido lanzada,originalmente, por el Presidente Santos al iniciar las negociaciones; por consiguiente, parece describir más un deseo o una aspiración que una realidad, incluso una realidad inacabada. Es cierto que se ha negociado el proceso de paz y que el Presidente Santos ha obtenido el acuerdo; pero tanto su rechazo por una ligera mayoría (51,2%) durante el referéndum de Octubre del 2016 como los debates actuales ilustran la fragilidad del proceso.

Para terminar, algunos desafíos importantes permanecen: la paz con la guerrilla del ELN, que no tiene avances bajo el gobierno actual, ¿sigue  siendo algo posible? Los grupos armados reconvertidos (disidentes, “bandas criminales”), que predominan en las regiones donde el Estado es menos eficiente o poco creíble, ¿son capaces de seguir definiendo su propio orden social y político? El principal problema de Colombia, ¿no sería la corrupción del Estado, y no la guerrilla o las disidencias? Estas son algunas de las preguntas, o proposiciones, escuchadas en diversos espacios de debate en Colombia.

Bibliografía

AMNESTY INTERNATIONAL : «Ataques letales pero prevenibles : asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos», noviembre de 2017 (pdf, 51 p.).

CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI,« Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017 », Bogotá, 2017 (pdf, 44 p.).

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University),« Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Pazen Colombia », I, noviembre de 2017.

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University),« Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Pazen Colombia », II, agosto de 2018.

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP), « Trayectorias y dinámicas de las disidencias de las FARC », Bogotá, abril de 2018 (pdf, 178 p.)

GUTIERREZF. & al., ¿Qué hacer con el tierrero? Tierra, territorio y paz sostenible, Bogotá, Editorial Universidad delRosario, 2018.

SOMOS DEFENSORES/SIADDHH: https://www.somosdefensores.org/


[1] Después que el Acuerdo fue rechazado por el referéndum (con el 51.2% de votos) del 2 de octubre de 2016, el texto ha sido renegociado por las partes (Gobierno de Santos y guerrilla delas FARC) después firmado y validado por el Congreso el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón, de ahí el nombre de Acuerdos del Teatro Colón de esta versión final, entró en vigor el 1ero-12-2016.

[2] Comme en témoignent divers projets de recherches en cours dans ce département, présentés lors du séminaire international : « La construction de la paix en Colombie : bilan et perspectives » àl’Université Externado (Bogotá), les 18-19 septembre 2018.

[3] Disponibles en ligne, depuis 2010, sur le site : https://www.somosdefensores.org/