El proceso de paz en Colombia: retos y desafíos actuales

Por Julie Massal, investigadora IFEA en Colombia 

El proceso de paz en Colombia, vía la puesta en marcha del Acuerdo de Paz firmado en 2016,¿está hoy en riesgo?  Atraviesa, por lo menos, una fase muy delicada. 

Ciertamente, la concretización de los Acuerdos del Teatro Colón[1]ha conocido ya muchas dificultades, al punto que, según la segunda evaluación realizada por el Instituto Kroc de la Universidad Notre-Dame (Kroc 2018), en el mes de mayo de 2018, 21% de las 578 medidas previstas por los Acuerdos han sido plenamente puestos en marcha, y cerca del 60% lo son parcialmente, en diversos grados. En la evaluación anterior (noviembre de 2017) el porcentaje de medidas integralmente puestas en marcha era alrededor del 15%. Más allá de las cifras, la impresión en conjunto continúa eminentemente contrastada, porque los avances varían según las temáticas, en los 5 grandes dominios del Acuerdo de Paz. 

 Estos cinco grandes temas, recordémoslos, son: 1) La reforma rural integral; 2) la participación política para la guerrilla una vez desmovilizada; 3) el fin del conflicto y las medidas a poner en marcha sobre ese plan (desmovilización, desarme); 4) la solución al problema de las drogas ilícitas, y finalmente 5) el estatus de  víctimas y las reparaciones que les corresponde. Según el Instituto Kroc, en mayo de 2018, los dos puntos menos avanzados están ligados a la reforma rural integral y al problema de las drogas ilícitas (en los dos casos, el 45% de las medidas han tenido un avance mínimo), luego el punto n°5 sobre las reparaciones a las víctimas,  con el 37% de medidas apenas iniciado. Un sexto tema, más bien de procedimiento, con respecto a la aprobación del Acuerdo por referéndum y también la verificación posterior del respeto de los compromisos de las partes, alcanza un avance de 52%.

A la fecha, los principales progresos son los siguientes: primero, la desmovilización de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fundadas en 1964) y la entrega completa de armas desde el 3 de julio de 2017; después de la extinción de la guerrilla las FARC, reconvertida en partido político que se constituyó el 31 de agosto de 2017, durante su congreso de fundación, convirtiéndose en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Después de marzo de 2018, el principal avance es la puesta en forma de la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP), que constituye uno de los pilares del Sistema integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición, así como la Comisión de la Verdad que igualmente comenzó su trabajo en la primavera del 2018. Otro avance positivo mayor, es la  prolongación de la Misiónde Verificación de la ONU hasta el mes de septiembre de 2019 y el apoyo internacional al proceso de paz colombiano.

Los aspectos en dificultad continúan siendo por lo tanto numerosos y  algunos entre ellos regresan regularmente a la escena política donde son nuevamente el objeto de debate en cuanto a su “pertinencia”.   Podemos señalar al menos cuatro, particularmente presentes en el debate actual. 

En primer lugar, respecto al plan de lucha contra el narcotráfico (uno de los puntos menos avanzados), la puesta en marcha de un sistema de substitución de los cultivos ilícitos enfrenta numerosos obstáculos, y se ve desafiado, frente a la extensión de las hectáreas de coca en Colombia durante el año 2017.  Al punto que el gobierno de Duque, en el poder desde el 7 de agosto último,  tiene planes de reanudar la aspersión de los cultivos ilícitos por el glifosato, práctica que había sido abandonada en 2015 durante el gobierno de Santos(2010-2018). La crítica relativa al sistema de substitución de cultivos ilícitos  se basa mayormente sobre su impacto social y económico, que parece restringido, porque numerosos campesinos y excombatientes reconvertidos a la agricultura habiendo intentado desarrollar diversos proyecto productivos, a veces con éxito, ven sus cosechas perderse, por falta de oportunidades de comercio y de rutas de acceso a los mercados locales. La coca continua así siendo uno de los productos más rentables, en comparación a otros cultivos, lo que no estimula su substitución. Además, los campesinos involucrados en este proceso se cuentan entre la categoría más amenazada actualmente por los nuevos grupos armados organizados (GAO),  según la sigla en vigor que designa sin ningún orden a los grupos mafiosos, los disidentes de las guerrillas y otras organizaciones sin identificar (FIP 2018). Es además este uno de los principales motivos por los que los campesinos provenientes de las regiones bajo el control de los GAO son nuevamente desplazados; particularmente en el Departamento de Nariño, fronterizo con el Ecuador[2].

En segundo lugar,  la violencia política, bajo diversas modalidades, no ha disminuido a pesar de una disminución comprobada de los enfrentamientos armados y de los niveles de homicidios: cada vez se muestran aún más signos de  una recrudescencia de amenazas de diversos tipos y de asesinatos de líderes sociales. Esta tendencia no es enteramente nueva y ya podía observarse durante la misma negociación de los acuerdos de paz, según los informes anuales de la ONG colombiana « Somos Defensores »[3] que alarga data ha denunciado este fenómeno, o en el de Amnistía Internacional (2017). Las investigaciones universitarias o de diversos institutos y fundaciones movilizados sobre el tema confirman la tendencia al aumento de violaciones a los derechos humanos y a la vida de los “líderes sociales”  (como se les denomina usualmente en Colombia)y su agravamiento posterior a la firma de la paz (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI2017). Ello concierne en particular a los miembros de las juntas de acción comunal (a nivel local), de comunidades indígenas y afrodescendientes, los desplazados, los líderes comunitarios y más generalmente los promotores de lapaz. 

En tercer lugar, la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP) ha sufrido numerosas dificultades técnicas y políticas durante su puesta en marcha. Además, es afectada por una viva oposición de quienes se oponen al proceso de paz, reunidos en torno al antiguo presidente A. Uribe, quien representa una de las fuerzas mayoritarias en el Congreso elegido en marzo de 2018; estos opositores la consideran parcial y ponen en duda su legitimidad.  La JEP está en otro tipo de escrutinio «con lupa» por los diferentes sectores sociales y políticos, porque ella empieza a tratar los casos emblemáticos, como el del antiguo general Mario Montoya, acusado de participar y de permitir diversos tipos de violación de derechos humanos y de ejecuciones extrajudiciales y que niega las acusaciones,  generando la indignación de las víctimas. La importancia política y la credibilidad de las decisiones futuras de la JEP están también en juego.

Finalmente el cuarto tema en dificultad, particularmente importante aunque menos visible desde el aspecto mediático, es el muy incierto destino del reconocimiento de las 16 “circunscripciones especiales para la paz”: estatus que debía ser atribuido a las 16 regiones más afectadas por el conflicto armado y que contienen un gran número de víctimas individuales o colectivas a título de su pertenencia a diversos grupos étnicos o sociales como los desplazados. Este reconocimiento había sido bloqueado en noviembre 2017 por el Senado y el Congreso, esencialmente por cuestiones de procedimiento relacionadas a la mayoría requerida para la votación, asuntos « técnicos » que recubren las divisiones políticas en el seno de los organismos legislativos. El tema de este reconocimiento vuelve al debate legislativo, aunque al margen, pero el final permanece incierto; ello genera en los numerosos grupos de víctimas el sentimiento de no ser realmente reconocidas como tales por el Estado y las instituciones. El punto 5 relativo a las reparaciones a las víctimas es además uno de los que sufre mayor retraso.

Estos temas no son los únicos, lejos de ello, a generar la duda, el temor o incluso la convicción, para algunas personas, de que los acuerdos de paz están en peligro, moribundos para los más escépticos. Sería necesario agregar algunos otros temas: las orientaciones de las reformas en el dominio agrario y rural continúan en gran parte desprovistas de claridad, la redistribución de la tierra está lejos de estar en progreso, y las diversas reformas técnicas continúan en suspenso (falta de catastro fiable). Es el caso, sobre todo, con el estanque de proyectos productivos de ex combatientes a pesar de un claro apoyo internacional a aquellos, sea que se trate de falta de acceso a tierras o mercados (Kroc 2018: 10). La tendencia es la misma, según los especialistas del tema territorial, al incremento de la concentración de la tierra y al aumento de las desigualdades (Gutiérrez & al. 2018). La demora en las reformas incrementa la pérdida de confianza de los excombatientes en proceso de reincorporación en el proceso de paz.

Otro problema es el planeamiento del territorio y el desarrollo insuficiente de las regiones más pobres y/o más afectadas por el conflicto; este retraso se puede atribuir sobre todo a la ausencia y a la ineficiencia del Estado “en regiones” o “dentro de los territorios”, expresión utilizada pero cada vez más discutida. La ausencia o la falta de eficiencia del Estado no se traduce (siempre) por la ausencia de instituciones o de programas de desarrollo diversos (a pesar de que sea así en las regiones las más aisladas), si más bien por la distancia enorme que separa al Estado de grupos sociales para los cuales la palabra oficial, estatal o gubernamental, tiene poquísima credibilidad.

El debate político pero también social e intelectual sobre los resultados de la paz está esencialmente caracterizado por su escepticismo, incluso a veces por cierta desesperación. Los optimistas, poco numerosos, consideran que todo o casi todo está por hacer. Pero cada vez más voces denuncian la realidad del “post-conflicto” hoy en día. La expresión “post-conflicto” (ausente de otros procesos de paz, en América central por ejemplo) había sido lanzada,originalmente, por el Presidente Santos al iniciar las negociaciones; por consiguiente, parece describir más un deseo o una aspiración que una realidad, incluso una realidad inacabada. Es cierto que se ha negociado el proceso de paz y que el Presidente Santos ha obtenido el acuerdo; pero tanto su rechazo por una ligera mayoría (51,2%) durante el referéndum de Octubre del 2016 como los debates actuales ilustran la fragilidad del proceso.

Para terminar, algunos desafíos importantes permanecen: la paz con la guerrilla del ELN, que no tiene avances bajo el gobierno actual, ¿sigue  siendo algo posible? Los grupos armados reconvertidos (disidentes, “bandas criminales”), que predominan en las regiones donde el Estado es menos eficiente o poco creíble, ¿son capaces de seguir definiendo su propio orden social y político? El principal problema de Colombia, ¿no sería la corrupción del Estado, y no la guerrilla o las disidencias? Estas son algunas de las preguntas, o proposiciones, escuchadas en diversos espacios de debate en Colombia.

Bibliografía

AMNESTY INTERNATIONAL : «Ataques letales pero prevenibles : asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos», noviembre de 2017 (pdf, 51 p.).

CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI,« Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017 », Bogotá, 2017 (pdf, 44 p.).

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University),« Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Pazen Colombia », I, noviembre de 2017.

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University),« Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Pazen Colombia », II, agosto de 2018.

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP), « Trayectorias y dinámicas de las disidencias de las FARC », Bogotá, abril de 2018 (pdf, 178 p.)

GUTIERREZF. & al., ¿Qué hacer con el tierrero? Tierra, territorio y paz sostenible, Bogotá, Editorial Universidad delRosario, 2018.

SOMOS DEFENSORES/SIADDHH: https://www.somosdefensores.org/


[1] Después que el Acuerdo fue rechazado por el referéndum (con el 51.2% de votos) del 2 de octubre de 2016, el texto ha sido renegociado por las partes (Gobierno de Santos y guerrilla delas FARC) después firmado y validado por el Congreso el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón, de ahí el nombre de Acuerdos del Teatro Colón de esta versión final, entró en vigor el 1ero-12-2016.

[2] Comme en témoignent divers projets de recherches en cours dans ce département, présentés lors du séminaire international : « La construction de la paix en Colombie : bilan et perspectives » àl’Université Externado (Bogotá), les 18-19 septembre 2018.

[3] Disponibles en ligne, depuis 2010, sur le site : https://www.somosdefensores.org/