El derecho a la protesta pacífica en renegociación

Reflexión en torno al paro nacional colombiano de abril-mayo 2021

Escribe Julie Massal, doctora en ciencia política e investigadora del IFEA en Colombia

Negociar el derecho a la protesta pacífica en contexto de pos-acuerdo de paz.

La movilización social actual en Colombia, que ha sido calificada por algunos actores y observadores como “un estallido social”, se inscribe en un contexto marcado por la conformación de un debate público cada vez más orientado a definir, delimitar y revindicar el “derecho a la protesta pacífica” (Cruz, 2015). Ello necesariamente implica definir “qué es protestar pacíficamente” y establecer “qué se puede hacer” (o no) para promover demandas y lograr hacerse escuchar por las autoridades. Dicho de otro modo, lo que está en juego fundamentalmente es negociar y ampliar el repertorio de acción colectiva[1] vigente hoy en día, en Colombia.  Por parte de los manifestantes, desde protestas anteriores como el paro nacional en 2019, se busca lograr el reconocimiento del derecho a usar la protesta disruptiva, que perturba en cierto grado el funcionamiento del orden social o institucional, más no violenta (Barrera & Hoyos, 2020). Por ello, se busca innovar con modos de acción que logren captar la atención de las autoridades públicas sin desatar una represión desmedida.

Pues el nivel de represión de la protesta – o del disenso político-  en Colombia se puede considerar como “anormalmente elevado” dentro de un régimen democrático estable; y ello es observable bajo gobiernos de muy diversa índole política, como lo demuestra un estudio histórico de largo alcance en el siglo XX (Gutiérrez, 2014). Cabe recordar que el régimen democrático colombiano se fundó, de manera muy ambivalente, sobre una alternancia automática entre los partidos mayoritarios, el Conservador y el Liberal, pues cada 4 años, alternativamente, esos partidos “ponen” el presidente, durante el periodo llamado del Frente Nacional (1958-1974)[2]: este mecanismo se pensó como una forma de terminar el enfrentamiento entre estos partidos pero también de restringir el surgimiento de nuevas disidencias liberales. Fue precisamente la emergencia del líder disidente del partido liberal, Eliecer Gaitán, y su asesinato el 9 de abril de 1948, lo que dio lugar al periodo de la Violencia (1948-1953) entre partidarios de los Conservadores y Liberales, y luego a una breve dictadura militar (1953-1957). Así, aunque se busque re-institucionalizar el conflicto político, esa alternancia bipartidista restringe el espacio político para expresiones partidistas y sociales de oposición, aun en un régimen formalmente democrático.

También se debe resaltar el carácter polarizado del debate público, debido a la huella que deja el conflicto armado desde los años 1960 en la sociedad y la política colombiana: el tratamiento al disenso político, cuando éste es expresado a través de movimientos sindicales y partidos políticos afines a la izquierda[3], ha sido estigmatizador, por considerarse toda fuerza de oposición como vinculada o infiltrada por las guerrillas armadas. La expresión pacífica de la oposición política o social carece, por ende, de una suficiente representación política y de un acceso garantizado al debate público.

En ese contexto, el proceso de movilización actual, en abril-mayo de 2021, evidencia que el margen de negociación del repertorio de acción es aún muy estrecho para la población movilizada. Es más, las posibilidades de ampliar este margen de maniobra lucen también restringidas. Ello ocurre en un contexto político muy ambivalente: el contexto de pos-acuerdo de paz, vigente gracias al acuerdo de paz concluido con la ex guerrilla de las Farc en 2016, puede haber propiciado la expresión pacifica de demandas sociales y políticas, en particular las de actores sociales reconstituidos, como lo vemos más adelante. Pero en el plano institucional, no hubo una ampliación de la representación política: en las primeras elecciones legislativas (marzo de 2018) pos-acuerdo de paz, la ex guerrilla de las Farc, convertida en el partido político “Fuerza alternativa Revolucionara de Colombia”, consiguió menos de 1% de los votos y su candidato presidencial renunció a presentarse después de varios ataques en su contra durante la campaña electoral. El poder legislativo y ejecutivo siguen dominados por fuerzas partidistas tradicionales. Además se observa la persistencia de diversas expresiones de violencia social y política (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI, 2018), incluso contra actores sociales movilizados pacíficamente en pos de promover la paz. En este marco, la protesta en el espacio público redefine los márgenes y condiciones de su legitimidad.

Para entenderlo mejor, examinamos brevemente unos rasgos notorios de la protesta, y contextualizamos el momento en el que se produce, a mediano plazo. También recordamos el espectro de demandas antiguas y actuales que se expresan así como los motivos de agravio pendientes. Concluimos con un llamado a desarrollar varias reflexiones investigativas.

Una movilización amplia, diversa y sostenida en un contexto sociopolítico agitado

La movilización social en Colombia adquiere una amplitud llamativa, en abril-mayo de 2021, incluso mayor a la movilización observada en el paro nacional de noviembre 2019. Este paro también había sido considerado como un hito histórico, solo comparable con el paro cívico de 1977, un referente fundamental en la memoria de las luchas sociales en Colombia[4].

Esta amplitud se hace manifiesta tanto por su extensión geográfica como por su diversidad social. Se han registrado marchas y  otras acciones (plantones, bloqueos de vías) en todo el país, especialmente cerca o dentro de las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Barranquilla) y en ciudades medianas, con mayor fuerza en el suroeste colombiano, en Cali y Popayán[5]. Se expresaron múltiples sectores urbanos, mayormente juveniles[6], y un conjunto de corporaciones profesionales, como transportadores, sector de la salud (médicos, enfermeras), estudiantes y docentes del sector público y privado, trabajadores del sector minero, campesinos, entre otros. Cuentan además con un fuerte apoyo organizativo de actores como la Minga indígena, procedente del Cauca, que recorre el país en bus y con marchas en centros urbanos. Varios de estos actores, sobre todo actores juveniles que agrupan jóvenes que no estudian ni trabajan[7], han sido objeto de una atención mediática mayor de lo usual, porque su presencia ha sido considerada como novedosa[8].

Pero también la protesta se ha extendido en el tiempo, por ya más de cinco semanas, desde el 28 de abril hasta inicios de junio (cuando se escriben estas líneas). Las marchas (mínimo dos veces por semana) han sido uno de los modos de acción más usado, dentro de la convocatoria al “paro nacional”. Vale aclarar que el término de “paro nacional” designa la huelga multisectorial generada por el rechazo a una nueva reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo al Congreso en abril de 2021 y que catalizó la protesta inicialmente, por su impacto en la clase media, debido sobre todo al aumento del IVA en productos esenciales alimenticios. Pero también se observa una extrema diversidad de modalidades de acción colectiva, al extenderse la protesta tanto geográfica como socialmente. Entre estas acciones se cuentan bloqueos de vías (por los transportadores), plantones ante diversas instituciones públicas o puestos de policía; algunos de estos puestos fueron reapropiados y convertidos en bibliotecas populares, y en general se observa una extrema diversidad de actividades artísticas durante o al margen de las marchas.

La principal interrogante respecto a esa duración se refiere al por qué se extiende la protesta, pese al retiro de dos reformas claves: el 2 de mayo, la reforma fiscal fue provisionalmente retirada por el gobierno (una nueva versión de ella se propondrá al Congreso próximamente), y el 19 de mayo también fue desaprobada y archivada en el Congreso una reforma de la salud que había sido muy poco difundida mediáticamente[9] pero que fue criticada por el sector de la salud. Aun después del retiro de estas muy controvertidas propuestas de reforma, la protesta siguió tomando fuerza con nuevas marchas concurridas, especialmente el 22 y el 25 de mayo, entre otros motivos porque la represión de las marchas, mayormente pacíficas, desde inicios de mayo genera una amplia indignación a nivel nacional. Pero también porque se extiende el descontento dirigido cada vez más en contra del presidente de la República, de la policía, o de diversas instituciones judiciales (Fiscalía) y órganos de control al sector público (Contraloría, Procuraduría), considerados demasiado cercanos al Ejecutivo y no suficientemente independientes.

Este descontento político y social ya ha sido expresado en el paro nacional de 2019, cuando se denunció la corrupción y diversas reformas que aumentaban la flexibilidad laboral y reducían el monto de las pensiones. Pero se agrava después de un año de fuerte restricción del acceso al espacio público durante la pandemia de covid19, debido a las medidas de confinamiento (25 marzo-26 de agosto de 2020), y luego en 2020-2021, de diversos períodos de restricción caracterizados por toques de queda o cuarentenas puntuales y localizadas en diversas ciudades. Además, el descontento crece al ver la crisis sanitaria ampliarse o prolongarse y la crisis socio-económica agravarse.

En efecto, pese a las medidas a menudo drásticas que han sido implementadas por más de un año,  Colombia enfrenta hoy en día el tercer y más alto pico que ha conocido el país y registra más de 90 000 fallecidos (inicios de junio de 2021) sobre una población mayor de 48 millones de habitantes. El efecto socio-económico de la lucha contra la pandemia también empieza a registrarse, especialmente el aumento drástico de nivel de pobreza (que hoy afecta 42.5% de la población) o de extrema pobreza (15% de la población), en ausencia de un sistema de seguro frente al desempleo. Este último alcanza un nivel promedio de 15.9% a fines de 2020, pero afecta aún más a la juventud y a las mujeres. Los planes de apoyo social instituidos durante la pandemia podrían concluirse pronto, mientras se prepara la reapertura económica y social total desde el 8 de junio, pese al persistente alto nivel de contagio por covid19.

Articulación y diversificación de los actores y sus demandas 

La prorrogación de la protesta, pese al retiro de dos controvertidas reformas (fiscal y de salud), puede explicarse, a nuestro juicio, por dos factores de largo alcance : el primero es la diversificación de actores que se han sumado a las diversas acciones, y el segundo, corolario, es la multitud de motivos de agravio que emergen, revelando de paso la magnitud de la ira, frustración y rabia expresadas en los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública o en las consignas sobre la renuncia del presidente. Por ello, parece pertinente enfocar esta diversidad de actores y reclamos, no como un problema de dispersión (como se sugiere a menudo), sino muy al contrario, como el síntoma de un proceso de articulación de actores sociales que han logrado promover y afianzar nuevos debates sociales y políticos a lo largo de la década del 2010, marcada por la negociación del acuerdo de paz con las Farc (2012-2016) y su implementación desde entonces (con todas sus limitaciones).

En efecto, la última década ha sido caracterizada por el auge de una multitud de actores sociales locales y nacionales (pacifistas, ecologistas, feministas), pero también por la reorganización de actores históricos como lo son los movimientos campesinos y estudiantiles. Los actores campesinos, en alianza con diversos grupos de población agrarios, indígenas y urbanos (estudiantes, ecologistas),  protagonizaron el “paro nacional agrario” en 2013-2014, del cual surgieron nuevos procesos de alianza entre sectores rurales y urbanos, o entre sectores productivos y consumidores (Lalinde, 2019). A su vez, se fomentó la alianza entre estudiantes de universidades públicas y privadas en 2011, al denunciar juntos los intentos de privatización de la educación superior pública y al rechazar el alto costo de acceso a la enseñanza superior. En 2017, el “paro cívico” en Buenaventura (suroeste pacífico) también puso en evidencia la pobreza y la violencia persistente en regiones que carecen de servicios básicos y de infraestructuras públicas. En las protestas del 2018, profesores y rectores de universidades públicas abogaron por un mayor presupuesto ante una fuerte deuda pública en el sector educativo, y los estudiantes reclamaron mayores oportunidades profesionales y de movilidad social.  En 2019, el paro nacional nuevamente reunió una diversidad de sectores estudiantiles y académicos en general pero también de sindicatos de trabajadores y de representantes de la tercera edad, por un mayor acceso al empleo y contra la corrupción, junto con sectores diversos movilizados en contra de las reformas fiscal, laboral y pensional. Además, en 2019, fue notoria la defensa y promoción del proceso de paz, muy fragilizado, por amplios sectores sociales afectados por la violencia social y política, tanto contra líderes sociales como contra excombatientes de las Farc desmovilizados. Pero la promesa del proceso de paz de abrir el espectro político a nuevos actores sociales ha perdido fuerza ante los pocos avances en este ámbito, siendo el Congreso considerado uno de los mayores responsables del lento avance de las reformas institucionales que derivan del acuerdo de paz de 2016. Finalmente, el fracaso del referendo de agosto de 2018 sobre un conjunto de propuestas políticas apuntalando la lucha contra la corrupción, desacreditó aún más los partidos representados a nivel legislativo y hoy cercanos al poder ejecutivo.

Todos estos episodios de protesta o intentos de expresar el descontento por vías institucionales evidencian una serie de motivos de protesta de actores diversos que han ido coordinándose. Debido a los retrasos en la implementación del cambio institucional (punto 2 del acuerdo de paz), existe una pérdida de confianza generalizada en la palabra institucional (tanto legislativa como ejecutiva y la de ciertos órganos de control y judiciales) y una pérdida de esperanza frente al cambio político que se esperaba iba a significar el proceso de paz. Sigue siendo muy estrecho el espacio para abrir el debate público a demandas sociales que han quedado inaudibles por mucho tiempo. Por ello, se expresa la diversidad de demandas y expectativas pero también de frustraciones en las protestas de 2019 y más aún en 2021.

Hoy en día, el abanico de demandas y expectativas, así como de reclamos y motivos de agravio, parece inagotable. En efecto existen denuncias y reclamos en el plano político, social y cultural: denuncia de la violencia policial contra los manifestantes, incluida violencia sexual contra manifestantes menores de edad ; denuncia por declaraciones abiertamente o implícitamente racistas contra los indígenas por parte de representantes de partidos o de periodistas, que los conminan a “regresar a su hábitat natural” y oponen los “indígenas” que viven en “reservas” (según los términos despectivos usados por algunos representantes públicos) a los “ciudadanos” (urbanos); por último, también hay fuertes denuncias por cómo se ha estigmatizado a los manifestantes, tildados de “vándalos” y “terroristas” por el poder ejecutivo, y por la respuesta oficial mayormente represiva.

Pero igualmente surgen múltiples demandas y expectativas de oportunidades de empleo o de estudio, por ejemplo exigiendo reducir el costo de la matrícula universitaria o los intereses sobre los préstamos a los estudiantes; también se espera una mayor protección frente al desempleo y la informalidad o la precariedad, sobre todo para las mujeres cabezas de hogar,  por lo que surge un incipiente debate sobre una “renta básica” para todos los jóvenes desempleados y los más pobres. También hay un debate creciente sobre la relación entre el campo y la ciudad, porque según adujeron algunos observadores, ahora se hace visible en el espacio urbano la situación de pobreza y hambre pero también la violencia sufrida tradicionalmente en el campo. Finalmente podemos destacar una demanda creciente de igualdad de género, por actores que denuncian el hecho  de que la pobreza y el desempleo afectan aún más a las mujeres.

Aunque estos temas no son del todo nuevos, ahora cobran una relevancia inesperada en el debate público[10]. Y, pese a la profusión de temas y debates que se cruzan de manera muy compleja, de los que aquí solo mencionamos algunos, el eje aglutinador parece ser una reivindicación central: el derecho a usar el espacio público para expresar las demandas y el descontento, después de más de 12 meses de restricción durante la pandemia. E incluso, creemos que no solo se trata de usar el espacio público sino más fundamentalmente aun, de reapropiárselo. En este sentido, también se debe observar con detenida atención otro fenómeno de mayor relevancia que, en el plano sociocultural y político, ha marcado el paro nacional en mayo de 2021: en Cali, Bogotá, Manizales, Pasto y Popayán, se tumbaron estatuas de conquistadores y fundadores de las ciudades[11], y se renombraron calles y avenidas como la Avenida Jiménez en la Candelaria (centro histórico de Bogotá), rebautizada “Avenida Misak” por el pueblo Misak que organizó el derrumbe de la estatua de G. Jiménez de Quesada. Estos actos apuntan además, entre muchos otros significados que deberán ser objeto de reflexión y análisis, a denunciar la glorificación de la Conquista y el exterminio de los pueblos indígenas, pero también incentivan a revindicar el derecho a debatir otra “memoria histórica” y a cuestionar la propia construcción de la nación, como lo sugiere M. Saade[12]. Ello también se puede destacar en los pliegos de peticiones locales, por ejemplo en el Catatumbo (noreste de Colombia)[13].

Por ende, se puede considerar que si tantos procesos organizativos y motivos de protesta prosperan y se cruzan hoy en día, en un panorama aun confuso y profuso, ello no se debe meramente a un “estallido” de frustraciones – aunque estas son innegables – sino a un muy amplio y complejo proceso de articulación de actores socio-políticos y a la promoción de nuevos debates públicos que hoy cobran una relevancia ineludible. La diversidad de actores presentes en la protesta, más que un elemento de desunión, constituye en nuestro criterio el indicio de la paulatina reconstrucción de un tejido social muy desgarrado por el conflicto armado y la violencia sociopolítica aun imperante.

Derecho a la protesta y redefinición del repertorio de acción colectiva vigente

En este contexto, el hecho de renegociar, definir y delimitar el “derecho a la protesta pacífica” (reconocido por el art. 37 de la Constitución de 1991), adquiere un significado y un alcance complejo, a corto pero también a más largo plazo, pues se trata de garantizar a más diversos actores sociales el acceso seguro al debate público y de elaborar estrategias para contornar o disminuir la represión.

El conflicto armado persistente (principalmente debido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, aun activa y a las disidencias de las Farc que se extienden) propicia todavía la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en el discurso oficial y entre las fuerzas del orden. La DSN lleva a tratar la protesta como un elemento desestabilizador y subversivo, pues se sospecha que está infiltrada por las guerrillas, y es percibida como necesariamente violenta. No obstante, investigaciones recientes demuestran, al contrario, una disminución en el uso de la violencia desde los años 1970, violencia que hoy está presente en el 4% de las acciones colectivas (Barrera & Hoyos, 2020). Debido en parte a la DSN, la protesta aun no es concebida como un fenómeno normal dentro de un régimen democrático, por lo que la represión apunta a restablecer “el orden público”, como lo evidencia el protagonismo del Escuadrón antimotines y disturbios (Esmad), que es central en la respuesta de la fuerza pública. Aunque existe un creciente cuestionamiento (sobre todo desde 2019) al uso de armas letales en la represión, aún persiste una carencia de reglamentación de las modalidades de uso de la fuerza, lo que propicia además una tendencia a militarizar la respuesta[14].

Ante ello, negociar espacios de protesta pacífica y definir las condiciones de su legitimidad es el reto mayor al que se enfrentan los actores sociales, tanto en el plano político como judicial.  Por ejemplo, el uso del bloqueo de vías y carreteras es un delito penal (artículo 353A del código penal vigente que data del año 2000), pero aun así, es un modo de acción muy difundido, lo que genera enfrentamientos entre la población, como se observa recurrentemente en las protestas. Las marchas, que son la principal modalidad de acción en los paros nacionales, junto con el plantón delante de las instancias de poder, son más aceptadas por la población, pero también son reprimidas como lo evidencia la respuesta a los paros del 2019 y 2021, entre muchos ejemplos.

El análisis de “la marcha” como forma de acción, en sus dimensiones expresivas, políticas o culturales (Fillieule, 2015), podría ayudar a comprender cómo se definen estrategias entre los actores sociales frente a la represión, sea para eludirla o denunciarla. Entre la diversidad de modalidades de acción ensayadas, se destaca el uso recurrente del arte en las marchas, con bailes, títeres, performances teatrales y músicos, en parte con ánimo de desincentivar la represión, pero también de dar un carácter alegre a la protesta, más allá de los reclamos. El éxito de esta estrategia deberá medirse con más claridad. De manera general, existe poco conocimiento cualitativo de las marchas aunque ya empiezan a surgir estudios más enfocados en la etnografía de la acción colectiva (Aguilar-Forero, 2020; Perilla, 2018).

También se debe evaluar los límites encontrados ante la respuesta oficial. Si bien se reprime tradicionalmente la protesta en Colombia, hoy en día, la represión evoluciona  y es menos uniforme de lo que se puede percibir, aunque aún existe muy poco análisis al respecto. Sería pertinente entender mejor, por ejemplo, cómo ciertos actores logran disminuir la represión, aunque sea de manera puntual tal como lo hicieron los estudiantes en el 2011 con “maratones de besos y abrazos” con la policía (Cruz, 2015), mientras que otros actores (campesinos, jóvenes y actores barriales urbanos) enfrentan niveles de represión elevados. Se requiere observar también más detalladamente las interacciones y negociaciones sobre los modos de acción en uso y su traducción jurídica o política (Uprimny & Sánchez, 2010; Lalinde, 2019). Ello ayudaría a evaluar mejor, a su vez, la evolución del repertorio de acción colectiva, que hoy por hoy está en clara redefinición. Se trata por ende de un momento de inflexión política determinante, lo que explica sin duda su carácter eminentemente candente.

Bibliografía

Aguilar-Forero N. (2020). “Las cuatro co de la acción colectiva juvenil: el caso del paro nacional de Colombia (noviembre 2019-enero2020)”. Análisis Político (UN), enero-abril, nº 98, p. 26-43.

Barrera V. & Hoyos C. (2020). “¿Violenta y desordenada? Análisis de los repertorios de la protesta social en Colombia”. Análisis político (UN),enero-abril,  nº 98, p. 167-190.

Cruz E. (2015). “El derecho a la protesta social en Colombia”. Pensamiento Jurídico (UN) n°42, p. 47-69.

CCJ-IEPRI-CINEP-UN & al. (2018). ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo. Bogotá : http://www.nocheyniebla.org/wp-content/uploads/u1/docs/cuales_son_los_patrones_final.pdf

Fillieule O. (2015). “Estudiar las marchas. Balance y perspectivas a partir de veinte años de investigaciones”. In Combes Hélène, Tamayo Sergio & Voegtli Michael, Pensar y Mirar la protesta, México, CNRS- Conacyt-Red Mexicana de Estudios de movimientos sociales & UAM, p. 39-91.

Fillieule O. (2010). “Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action”. In Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, p. 77-99.

Lalinde S. (Ed). (2019). Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia, Dejusticia, Documentos 49.

Gutiérrez F. (2014). El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010). Bogotá: IEPRI-UN & Penguin Random House, 1a ed.

Perilla Daza D. (2018). La plebitusa: movilización política de las emociones pos-plebiscito por la paz en Colombia. Maguare, vol. 32, n°2 (jul-dic), p. 153-181.

Uprimny R. & Sánchez Duque L.M. (2010). Derecho penal y protesta social (caso Colombia). En Bertoni E. (Comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina. Buenos Aires, Universidad de Palermo, p. 47-74.


[1] El « repertorio de acciones » es definido tradicionalmente como el abanico de modos de acción disponibles y usados con frecuencia, en un momento y contexto dado, en función de la respuesta pública. Ver: Fillieule Olivier, « Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action », in Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2010, p. 77-99.

[2] Para un análisis de la democracia colombiana durante el “Frente Nacional”: Gutiérrez (2014: 95-105).

[3] En particular la Unión Patriótica, partido surgido de una desmovilización parcial de las Farc en 1984, que fue víctima de un “genocidio político” (entre 3000 y 5000 militantes y candidatos a elecciones fueron asesinados).

[4] Son pocos los datos estadísticos disponibles, pero se puede evaluar muy superficialmente en cerca de 2 millones de participantes en las principales marchas en mayo de 2021, según fuentes de prensa, aunque también existe una multitud de modos de acción menos visibles.

[5] “Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali?”, Uniperiodico, 11-05-2021: Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali? (unal.edu.co)

[6] El apoyo a la población juvenil se expresa en declaraciones y acciones públicas muy diversas, como por ejemplo la marcha de la población mayor de edad el 23 de mayo, llamada “cuchimarcha”. Más ampliamente, el paro ha registrado 75% de aprobación: León J., “El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll”, La Silla Vacia, 25-05-2021:  El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[7] “Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes”, Portafolio, 14-05-2021: Dane reporte situación en Colombia: Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes-en-colombia | Economía | Portafolio

[8] “Colombia ante una juventud golpeada e invisibilizada”, Uniperiódico (digital), 27-05-2021:Colombia ante una juventud golpeada e invisibilizada (unal.edu.co)

[9] “La caída de la reforma a la Salud, el nuevo triunfo de las protestas en Colombia”: France24, 19-05-2021: La caída de la reforma a la Salud, el nuevo triunfo de las protestas en Colombia (france24.com)

[10] León J., “El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll”, en La Silla Vacia, 25-05-2021:  El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[11] Saade M. « Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia », in Las 2Orillas, 25-05-2021 : Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia – Las2orillas

[12]  Según M. Saade (op. cit.) : 1) en Popayán, el 16 de septiembre de 2020: derrumban estatua de Sebastián de Belalcázar ; 2)  en Cali, 28 abril de 2021: derrumban estatua de Sebastián de Belalcázar ; 3) en Manizales, 1 mayo de 2021: derrumban estatua de Gilberto Alzate Avendaño, político histórico conservador; 4) en Pasto, 1 mayo de 2021: cae estatua de Antonio Nariño, precursor de la independencia de Colombia, y 5) en Bogotá, 7 de mayo de 2021: tumban estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad. Salvo en Popayán, todos los actos han ocurrido en el periodo del paro nacional.

[13] “El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional”, Pacifista, 19-05-2021: El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional | ¡PACIFISTA!

[14]  Uprimny R., “El Decreto de asistencia militar de Duque es inconstitucional”, La Silla Vacía, 31-05-2021: El decreto de « asistencia militar » de Duque es inconstitucional | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

La pandemia del coronavirus: un nuevo reto social y cultural para Colombia

Por Julie Massal, doctora en ciencias políticas e investigadora del IFEA en Bogotá

La pandemia del “coronavirus” llegó a Colombia, en proporciones aún modestas (con cerca de 800 casos conocidos y 13 muertos al 31 de marzo). En Bogotá desde el 20 de marzo y a nivel nacional desde el 25, se declaró la cuarentena, y en muchas regiones, hay toques de queda en pueblos y veredas. Las medidas de protección se acompañan de algunas propuestas dirigidas hacia las poblaciones que se encuentran en las situaciones más vulnerables, por la falta de acceso al agua y a los servicios básicos, entre ellos el acceso a la salud. Por ejemplo, en Bogotá los sectores más pobres recibirán ayuda bajo la forma de canastas básicas y se anunció la suspensión del pago de algunos servicios públicos (luz, agua); también se anticipó que se reconectaría a los usuarios cuyos servicios como el de acueducto habían sido suspendidos por falta de pago. Pero en regiones más aisladas, las condiciones  de pobreza y de débil acceso a los servicios básicos pueden potenciar los efectos negativos de la pandemia en la población menos protegida. Si bien las consignas de distanciación social, de gestos de higiene y de cuarentena se han tomado a nivel nacional, sus efectos no serán los mismos en todo el territorio, afectado por numerosas desigualdades sociales y por distintas formas de violencia y control territorial por los actores armados, criminales o mafiosos.

El panorama político, en efecto, es contrastado: la violencia contra los líderes sociales no da tregua, afectando a jóvenes líderes y ex combatientes en proceso de reinserción, en varias partes del país. A esto se añade la estigmatización contra algunas personas sospechosas de portar el virus. Esto es más preocupante todavía cuando esta estigmatización se dirige específicamente contra los líderes sociales, pues implica para ellos un mayor peligro, debido a que se convierten en blancos todavía más vulnerables. En efecto, la pandemia ha implicado, en muchas regiones, restricciones a la movilidad aún más estrictas que de costumbre; por tanto esos líderes no pueden escapar en caso de ser amenazados por su actuar político y ser blanco de estigmatización puede disminuir el apoyo que reciben de las comunidades, lo que los expone aún más. Al mismo tiempo los organismos internacionales y nacionales de control y monitoreo de la paz tienen mayor dificultad para acceder a esas regiones. 

Pero también hay señales alentadoras de una movilización de las instancias de implementación de la paz, particularmente de la Comisión de la Verdad que llamó a los actores armados a cesar sus actividades. El ELN, guerrilla aún en actividad, anunció el 30 de marzo un cese al fuego unilateral por un mes (del 1 al 30 de abril) como “gesto humanitario” debido a la pandemia, acatando el llamado del Secretariado General de la ONU a cesar los conflictos armados en el mundo entero. La Conferencia Episcopal y la Misión de verificación de la ONU, que vigila la implementación de la paz, también han apoyado este llamado. La agenda de la paz se mueve con la pandemia, también. En el contexto de una implementación de la paz, aun frágil, pero decidida a pesar de los obstáculos, por parte de la sociedad colombiana, éstas son señales que, sin sobrevaluarlas, son dignas de atención y seguimiento.

En la vida cotidiana, también hay muchos “pequeños cambios”, que tal vez no lo sean tanto, y de los cuales no se sabe si se olvidarán apenas termine la cuarentena o si su efecto será más duradero. La distancia social en las colas del supermercado o la tiendita, la prohibición del abrazo, la imposibilidad de “tomarse un tintico”, expresión que en Colombia es una metáfora de muchas relaciones sociales, tanto en la amistad como en los negocios; la calma sorprendente de una ciudad como Bogotá bulliciosa y llena de música…Hay una atmósfera distinta con la desaparición, al menos en algunos barrios, de los vendedores ambulantes que venden cigarrillos, caramelos, una aromática, o que alquilan “minutos” de celular, en las esquinas. Sí, llama la atención la paulatina invisibilidad de todo este “mundo de la calle” y de la gente que vive del “rebusque”, una especie de “Sistema D” (como decimos en Francia), ultra eficiente. El rebusque es la forma de buscar ganarse la vida, a como dé lugar, al vender de todo y sacarle provecho a cualquier oportunidad, con algo de reciclaje de piezas usadas y mucha creatividad a veces. ¿Que irá a pasar con esta economía “informal” pero tan difundida y que da cierta forma a la vida cotidiana? Este es un ejemplo entre tantos de los cambios a diario que ya ha ocasionado la pandemia del coronavirus en Colombia.

Como en otras partes del mundo, las dudas y las incógnitas son las que predominan, y no termina el asombro frente a todo lo que queda en veremos, lo que se creía no podía ocurrir. Pero la pandemia no tendrá los mismos efectos, en particular en las poblaciones más vulnerables, en todo el país, ni en todos los países, y no se ha enfrentado de la misma manera en todas partes, como lo muestra la diversidad de situaciones en América latina. El reto para pensar todo lo que está por cambiar o ya cambió, en la vida diaria, la economía, las relaciones culturales y sociales, la paz o la política, en la ciudad o el campo, es inmenso. Y habrá que hacerlo mirando lo que pasa alrededor nuestro, en nuestro entorno inmediato, por ahora, en la tienda o el barrio. Luego, habrá que pensar cómo investigar en este mundo cambiante y cómo esta pandemia cambia nuestra relación al mundo.

Le processus de paix en Colombie: défis et enjeux actuels

par Julie Massal, chercheuse de l’IFEA en Colombie

Le processus de paix en Colombie,via la mise en œuvre de l’Accord de paix signé en 2016, est-il aujourd’hui en danger ?  Il traverse, pour le moins, une phase très délicate.

Certes, la concrétisation des Accords du Théâtre Colón[1] a déjà connu maintes difficultés, au point que, selon la seconde évaluation menée par l’institut Kroc de Notre-Dame University (Kroc 2018), au mois de mai 2018, 21%des 578 mesures prévues par les Accords ont été pleinement mises en œuvre, et près de 60% le sont partiellement, à divers degrés. Lors de la précédente évaluation (novembre 2017) le pourcentage de mesures intégralement mises en place était de l’ordre de 15%  Au-delà des chiffres, l’impression d’ensemble reste éminemment contrastée, car les avancées varient selon les thématiques, dans les 5 grands domaines de l’Accord de Paix. 

Ces cinq grands thèmes,rappelons-le, étaient : 1) La réforme rurale intégrale ; 2) la participation politique pour la guérilla une fois démobilisée ; 3) la fin du conflit et les mesures à mettre en œuvre sur ce plan (démobilisation,désarmement) ; 4) la solution au problème des drogues illicites, et enfin5) le statut des victimes et les réparations qui leur sont dues. Selon l’Institut Kroc, en mai 2018, les deux points les moins avancés sont ex aequo la réforme rurale intégrale et le problème des drogues illicites (dans les deux cas, 45% des mesures ont une avancée minimale), puis le point n°5 sur les réparations aux victimes, avec 37% de mesures à peine entamées. Un sixième thème, plutôt d’ordre procédural, concernant l’approbation de l’accord par référendum mais aussi la vérification ultérieure du respect des engagements des parties, atteint un avancement de 52%.

A ce jour, les principaux progrès sont les suivants : tout d’abord, la démobilisation des FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie, FARC, nées en 1964) et la remise complète des armes depuis le 3 juillet 2017 ; puis l’extinction de la guérilla des FARC, reconvertie  en un parti politique qui se constitue le 31 août 2017, lors de son congrès fondateur, en devenant laForce Alternative Révolutionnaire du Commun. Depuis mars 2018, la principale avancée est la mise en place de la Juridiction Spéciale pour la Paix (JEP), qui constitue l’un des piliers du Système intégral de vérité, justice,réparation, et non répétition, ainsi que la Commission de la Vérité qui a également débuté ses travaux au printemps 2018. Autre point positif majeur, la prolongation de la Mission de Vérification de l’ONU jusqu’au mois de septembre2019 et le soutien international au processus de paix colombien.

Les aspects en souffrance restent pourtant nombreux et certains parmi eux reviennent régulièrement sur le devant de la scène politique ou font à nouveau l’objet de débat sur leur« pertinence ». On peut en dénombrer au moins quatre,particulièrement présents dans le débat actuel.

En premier lieu, sur le plan de la lutte contre le narcotrafic (l’un des points les moins avancés), la mise en œuvre du système de substitution des cultures illicites rencontre de nombreux obstacles, et se voit remise en question, face à l’extension des hectares de coca en Colombie durant l’année 2017. Au point que le gouvernement Duque, au pouvoir depuis le 7 août dernier, envisage de reprendre l’aspersion des cultures illicites par le glyphosate, pratique qui avait été abandonnée en2015 durant le gouvernement Santos (2010-2018). La critique relative au système de substitution des cultures illicites porte notoirement sur son impact social et économique, qui semble restreint, car de nombreux paysans et ex-combattants reconvertis dans l’agriculture ayant tenté de développer divers projets productifs, parfois avec succès, voient les récoltes se perdre, faute de débouchés commerciaux et de routes pour l’accès aux marchés locaux. La coca reste ainsi l’un des produits les plus rentables, par rapport à bien d’autres cultures, ce qui ne stimule pas la substitution. Par ailleurs, les paysans engagés dans ce processus comptent parmi les catégories les plus menacées actuellement par de nouveaux groupes armés organisés (GAO), selon le sigle en vigueur qui désigne pêle-mêle des groupes mafieux, des dissidents des guérillas et d’autres organisations mal identifiées (FIP 2018). C’est d’ailleurs l’un des principaux motifs pour lesquels les paysans issus de régions soumises au contrôle des GAO, sont à nouveau déplacés; en particulier dans le Départementde Nariño, frontalier avec l’Equateur[2].

En deuxième lieu, la violence politique, sous diverses modalités, n’a pas diminué malgré une baisse avérée des affrontements armés et du niveau d’homicides : de plus en plus de signes montrent même une recrudescence des menaces de divers type et des assassinats de leaders sociaux. Cette tendance n’est pas entièrement nouvelle et pouvait déjà s’observer durant la négociation même des accords de paix,selon les rapports annuels de l’ONG colombienne « Somos Defensores »[3] qui a de longue date dénoncé ce phénomène, ou celui d’Amnesty International (2017). Les recherches universitaires ou de divers instituts et fondations mobilisés sur ce sujet confirment la tendance à l’accroissement des atteintes aux droits de l’homme et à la vie des « leaders sociaux » (comme on les dénomme usuellement en Colombie) et son aggravation après la signature de la paix (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI 2017). Cela concerne en particulier les membres des juntes d’action communale (au niveau local), de communautés indigènes et afro-descendantes, les déplacés, les leaders communautaires et plus   généralement les promoteurs de la paix.

En troisième lieu, la Juridiction Spéciale pour la Paix (JEP) a connu maintes difficultés techniques et politiques lors de sa mise en œuvre. De plus, elle se heurte à une vive opposition des opposants au processus de paix, rassemblés autour de l’ancien président A. Uribe, qui représente l’une des forces majoritaires au Congrès élu en mars 2018 ;  ces opposants la considèrent partiale et mettent en doute sa légitimité.  La JEP est en outre scrutée « à la loupe » par les différents secteurs sociaux et politiques, car elle commence à traiter des cas emblématiques, tels celui de l’ancien général Mario Montoya, accusé de participer à ou de permettre divers types de violation des droits de l’homme et des exécutions extrajudiciaires et qui nie ces accusations, soulevant la colère des victimes. La portée politique et la crédibilité des décisions à venir de la JEP est donc aussi en jeu.

Enfin le quatrième thème en souffrance, particulièrement important bien que moins visible sur le plan médiatique, est le sort bien incertain de la reconnaissance des 16« circonscriptions spéciales pour la paix » : statut qui devait être attribué à 16 régions parmi les plus touchées par le conflit armé et comportant un grand nombre de victimes individuelles ou collectives au titre de leur appartenance à divers groupes ethniques ou sociaux tels les déplacés.Cette reconnaissance avait été bloquée en novembre 2017 par le Sénat et le Congrès, essentiellement pour des questions de procédure relatives à la majorité requise au vote, enjeux « techniques » qui recouvraient des divisions politiques au sein des organes législatifs. Le sujet de cette reconnaissance revient dans le débat législatif, quoique à la marge, mais l’issue reste incertaine ; cela génère chez de nombreux groupes de victimes le sentiment  de ne pas être réellement reconnues comme telles par l’Etat et les institutions. Le point 5relatif aux réparations aux victimes est d’ailleurs l’un de ceux qui souffre le plus de  retard.

Ces thèmes ne sont pas les seuls,loin de là, à générer le doute, la crainte ou même la conviction, chez certains, que les accords de paix sont en danger, voire moribonds pour les plus sceptiques. Il faudrait en ajouter bien d’autres : les orientations de réformes dans le domaine agraire et rural restent en grande partie dépourvues de clarté ; la redistribution de la terre est loin d’être en progrès, et diverses réformes techniques restent en suspens (absence de cadastre fiable).C’est le cas, surtout, avec la stagnation des projets productifs des ex-combattants malgré un clair appui international à ceux-ci, que ce soit faute d’accès à des terres ou de débouchés (Kroc 2018 : 10). La tendance est même, selon les spécialistes du thème foncier, à une concentration accrue de la terre et un accroissement des inégalités (Gutiérrez & al. 2018). La lenteur des réformes accroît la perte de confiance des ex combattants en cours de réincorporation dans le processus de paix.

Il en va de même s’agissant de l’ordonnancement du territoire et du développement insuffisant des régions les plus pauvres et/ou les plus affectées par le conflit ; retard attribué pour l’essentiel à l’absence ou à l’inefficacité de l’Etat « en régions »  ou « dans les territoires », selon l’expression usitée, mais de plus en plus discutée. L’absence ou le manque d’efficacité de l’Etat[4]ne se traduit pas (toujours) par l’absence d’institutions ou de programmes de développement de diverse nature (même si c’est le cas dans les régions reculées), mais plutôt par le fossé qui le sépare de bien des groupes sociaux pour qui la parole officielle, étatique ou gouvernementale, n’a qu’une crédibilité infime.

 Le débat politique mais aussi social et intellectuel sur le bilan de la paix est donc essentiellement marqué par le scepticisme voire un certain dépit. Les optimistes, peu nombreux,considèrent que tout ou presque reste à faire. Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour douter de la réalité du « post-conflit » aujourd’hui. L’expression de« post-conflit » (absente d’autres processus de paix, en Amérique centrale par exemple) avait d’ailleurs été lancée, à l’origine, par le Président Santos au tout début des négociations ; elle semble donc, de ce point de vue, moins décrire une réalité même inachevée qu’exprimer un souhait ou une aspiration. Le processus de paix a certes été négocié et l’accord de paix obtenu par le Président Santos, mais tant sa désapprobation par une légère majorité (51, 2%) lors du référendum d’octobre 2016 que les débats actuels illustrent la fragilité du processus de paix à bien des égards.

Enfin, des défis majeurs persistent : la paix avec la guérilla de l’ELN, qui stagne sous le gouvernement actuel, est-elle envisageable ? Les groupes armés reconvertis(dissidences ; « bandes criminelles ») prédominant dans les régions où l’Etat est le moins efficace ou le moins crédible, sont-ils de nouveau en mesure de définir leur propre ordre social et politique ? Le principal problème de la Colombie n’est-il ni la guérilla ni les dissidences,mais la corruption de l’Etat ? Ce sont là quelque unes des questions, ou positions, entendues dans divers espaces de débat en Colombie.

Bibliographie

AMNESTY INTERNATIONAL : « Ataques letales pero prevenibles : asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos », noviembre de 2017 (pdf, 51 p.).

CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI, « Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017 », Bogotá, 2017 (pdf, 44 p.).

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University), « Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia », I, noviembre de 2017.

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University), « Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia », II, agosto de 2018.

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP), « Trayectorias y dinámicas de las disidencias de las FARC », Bogotá, abril de 2018 (pdf, 178 p.)

GUTIERREZ F. & al., ¿Qué hacer con el tierrero? Tierra, territorio y paz sostenible, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2018.

SOMOS DEFENSORES/SIADDHH: https://www.somosdefensores.org/


[1] Une fois l’accord rejeté par le référendum (à 51.2% des voix) du 2 octobre 2016, le texte avait été renégocié par les parties (Gouvernement Santos et guérilla des Farc) puis signé et validé par le Congrès le 24 novembre 2016 au Théâtre Colon, d’où le nom des Accords du Théâtre Colon de cette version finale, entrée en vigueur le 1er-12-2016.

[2] Comme en témoignent divers projets de recherches en cours dans ce département, présentés lors du séminaire international : « La construction de la paix en Colombie : bilan et perspectives » à l’Université Externado (Bogotá), les 18-19 septembre 2018.

[3] Disponibles en ligne, depuis 2010, sur le site : https://www.somosdefensores.org/

[4] Séminaire international « Construire la paix en Colombie : bilan et perspectives » (op.cit.).

 

El proceso de paz en Colombia: retos y desafíos actuales

Por Julie Massal, investigadora IFEA en Colombia 

El proceso de paz en Colombia, vía la puesta en marcha del Acuerdo de Paz firmado en 2016,¿está hoy en riesgo?  Atraviesa, por lo menos, una fase muy delicada. 

Ciertamente, la concretización de los Acuerdos del Teatro Colón[1]ha conocido ya muchas dificultades, al punto que, según la segunda evaluación realizada por el Instituto Kroc de la Universidad Notre-Dame (Kroc 2018), en el mes de mayo de 2018, 21% de las 578 medidas previstas por los Acuerdos han sido plenamente puestos en marcha, y cerca del 60% lo son parcialmente, en diversos grados. En la evaluación anterior (noviembre de 2017) el porcentaje de medidas integralmente puestas en marcha era alrededor del 15%. Más allá de las cifras, la impresión en conjunto continúa eminentemente contrastada, porque los avances varían según las temáticas, en los 5 grandes dominios del Acuerdo de Paz. 

 Estos cinco grandes temas, recordémoslos, son: 1) La reforma rural integral; 2) la participación política para la guerrilla una vez desmovilizada; 3) el fin del conflicto y las medidas a poner en marcha sobre ese plan (desmovilización, desarme); 4) la solución al problema de las drogas ilícitas, y finalmente 5) el estatus de  víctimas y las reparaciones que les corresponde. Según el Instituto Kroc, en mayo de 2018, los dos puntos menos avanzados están ligados a la reforma rural integral y al problema de las drogas ilícitas (en los dos casos, el 45% de las medidas han tenido un avance mínimo), luego el punto n°5 sobre las reparaciones a las víctimas,  con el 37% de medidas apenas iniciado. Un sexto tema, más bien de procedimiento, con respecto a la aprobación del Acuerdo por referéndum y también la verificación posterior del respeto de los compromisos de las partes, alcanza un avance de 52%.

A la fecha, los principales progresos son los siguientes: primero, la desmovilización de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fundadas en 1964) y la entrega completa de armas desde el 3 de julio de 2017; después de la extinción de la guerrilla las FARC, reconvertida en partido político que se constituyó el 31 de agosto de 2017, durante su congreso de fundación, convirtiéndose en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Después de marzo de 2018, el principal avance es la puesta en forma de la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP), que constituye uno de los pilares del Sistema integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición, así como la Comisión de la Verdad que igualmente comenzó su trabajo en la primavera del 2018. Otro avance positivo mayor, es la  prolongación de la Misiónde Verificación de la ONU hasta el mes de septiembre de 2019 y el apoyo internacional al proceso de paz colombiano.

Los aspectos en dificultad continúan siendo por lo tanto numerosos y  algunos entre ellos regresan regularmente a la escena política donde son nuevamente el objeto de debate en cuanto a su “pertinencia”.   Podemos señalar al menos cuatro, particularmente presentes en el debate actual. 

En primer lugar, respecto al plan de lucha contra el narcotráfico (uno de los puntos menos avanzados), la puesta en marcha de un sistema de substitución de los cultivos ilícitos enfrenta numerosos obstáculos, y se ve desafiado, frente a la extensión de las hectáreas de coca en Colombia durante el año 2017.  Al punto que el gobierno de Duque, en el poder desde el 7 de agosto último,  tiene planes de reanudar la aspersión de los cultivos ilícitos por el glifosato, práctica que había sido abandonada en 2015 durante el gobierno de Santos(2010-2018). La crítica relativa al sistema de substitución de cultivos ilícitos  se basa mayormente sobre su impacto social y económico, que parece restringido, porque numerosos campesinos y excombatientes reconvertidos a la agricultura habiendo intentado desarrollar diversos proyecto productivos, a veces con éxito, ven sus cosechas perderse, por falta de oportunidades de comercio y de rutas de acceso a los mercados locales. La coca continua así siendo uno de los productos más rentables, en comparación a otros cultivos, lo que no estimula su substitución. Además, los campesinos involucrados en este proceso se cuentan entre la categoría más amenazada actualmente por los nuevos grupos armados organizados (GAO),  según la sigla en vigor que designa sin ningún orden a los grupos mafiosos, los disidentes de las guerrillas y otras organizaciones sin identificar (FIP 2018). Es además este uno de los principales motivos por los que los campesinos provenientes de las regiones bajo el control de los GAO son nuevamente desplazados; particularmente en el Departamento de Nariño, fronterizo con el Ecuador[2].

En segundo lugar,  la violencia política, bajo diversas modalidades, no ha disminuido a pesar de una disminución comprobada de los enfrentamientos armados y de los niveles de homicidios: cada vez se muestran aún más signos de  una recrudescencia de amenazas de diversos tipos y de asesinatos de líderes sociales. Esta tendencia no es enteramente nueva y ya podía observarse durante la misma negociación de los acuerdos de paz, según los informes anuales de la ONG colombiana « Somos Defensores »[3] que alarga data ha denunciado este fenómeno, o en el de Amnistía Internacional (2017). Las investigaciones universitarias o de diversos institutos y fundaciones movilizados sobre el tema confirman la tendencia al aumento de violaciones a los derechos humanos y a la vida de los “líderes sociales”  (como se les denomina usualmente en Colombia)y su agravamiento posterior a la firma de la paz (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI2017). Ello concierne en particular a los miembros de las juntas de acción comunal (a nivel local), de comunidades indígenas y afrodescendientes, los desplazados, los líderes comunitarios y más generalmente los promotores de lapaz. 

En tercer lugar, la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP) ha sufrido numerosas dificultades técnicas y políticas durante su puesta en marcha. Además, es afectada por una viva oposición de quienes se oponen al proceso de paz, reunidos en torno al antiguo presidente A. Uribe, quien representa una de las fuerzas mayoritarias en el Congreso elegido en marzo de 2018; estos opositores la consideran parcial y ponen en duda su legitimidad.  La JEP está en otro tipo de escrutinio «con lupa» por los diferentes sectores sociales y políticos, porque ella empieza a tratar los casos emblemáticos, como el del antiguo general Mario Montoya, acusado de participar y de permitir diversos tipos de violación de derechos humanos y de ejecuciones extrajudiciales y que niega las acusaciones,  generando la indignación de las víctimas. La importancia política y la credibilidad de las decisiones futuras de la JEP están también en juego.

Finalmente el cuarto tema en dificultad, particularmente importante aunque menos visible desde el aspecto mediático, es el muy incierto destino del reconocimiento de las 16 “circunscripciones especiales para la paz”: estatus que debía ser atribuido a las 16 regiones más afectadas por el conflicto armado y que contienen un gran número de víctimas individuales o colectivas a título de su pertenencia a diversos grupos étnicos o sociales como los desplazados. Este reconocimiento había sido bloqueado en noviembre 2017 por el Senado y el Congreso, esencialmente por cuestiones de procedimiento relacionadas a la mayoría requerida para la votación, asuntos « técnicos » que recubren las divisiones políticas en el seno de los organismos legislativos. El tema de este reconocimiento vuelve al debate legislativo, aunque al margen, pero el final permanece incierto; ello genera en los numerosos grupos de víctimas el sentimiento de no ser realmente reconocidas como tales por el Estado y las instituciones. El punto 5 relativo a las reparaciones a las víctimas es además uno de los que sufre mayor retraso.

Estos temas no son los únicos, lejos de ello, a generar la duda, el temor o incluso la convicción, para algunas personas, de que los acuerdos de paz están en peligro, moribundos para los más escépticos. Sería necesario agregar algunos otros temas: las orientaciones de las reformas en el dominio agrario y rural continúan en gran parte desprovistas de claridad, la redistribución de la tierra está lejos de estar en progreso, y las diversas reformas técnicas continúan en suspenso (falta de catastro fiable). Es el caso, sobre todo, con el estanque de proyectos productivos de ex combatientes a pesar de un claro apoyo internacional a aquellos, sea que se trate de falta de acceso a tierras o mercados (Kroc 2018: 10). La tendencia es la misma, según los especialistas del tema territorial, al incremento de la concentración de la tierra y al aumento de las desigualdades (Gutiérrez & al. 2018). La demora en las reformas incrementa la pérdida de confianza de los excombatientes en proceso de reincorporación en el proceso de paz.

Otro problema es el planeamiento del territorio y el desarrollo insuficiente de las regiones más pobres y/o más afectadas por el conflicto; este retraso se puede atribuir sobre todo a la ausencia y a la ineficiencia del Estado “en regiones” o “dentro de los territorios”, expresión utilizada pero cada vez más discutida. La ausencia o la falta de eficiencia del Estado no se traduce (siempre) por la ausencia de instituciones o de programas de desarrollo diversos (a pesar de que sea así en las regiones las más aisladas), si más bien por la distancia enorme que separa al Estado de grupos sociales para los cuales la palabra oficial, estatal o gubernamental, tiene poquísima credibilidad.

El debate político pero también social e intelectual sobre los resultados de la paz está esencialmente caracterizado por su escepticismo, incluso a veces por cierta desesperación. Los optimistas, poco numerosos, consideran que todo o casi todo está por hacer. Pero cada vez más voces denuncian la realidad del “post-conflicto” hoy en día. La expresión “post-conflicto” (ausente de otros procesos de paz, en América central por ejemplo) había sido lanzada,originalmente, por el Presidente Santos al iniciar las negociaciones; por consiguiente, parece describir más un deseo o una aspiración que una realidad, incluso una realidad inacabada. Es cierto que se ha negociado el proceso de paz y que el Presidente Santos ha obtenido el acuerdo; pero tanto su rechazo por una ligera mayoría (51,2%) durante el referéndum de Octubre del 2016 como los debates actuales ilustran la fragilidad del proceso.

Para terminar, algunos desafíos importantes permanecen: la paz con la guerrilla del ELN, que no tiene avances bajo el gobierno actual, ¿sigue  siendo algo posible? Los grupos armados reconvertidos (disidentes, “bandas criminales”), que predominan en las regiones donde el Estado es menos eficiente o poco creíble, ¿son capaces de seguir definiendo su propio orden social y político? El principal problema de Colombia, ¿no sería la corrupción del Estado, y no la guerrilla o las disidencias? Estas son algunas de las preguntas, o proposiciones, escuchadas en diversos espacios de debate en Colombia.

Bibliografía

AMNESTY INTERNATIONAL : «Ataques letales pero prevenibles : asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos», noviembre de 2017 (pdf, 51 p.).

CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI,« Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017 », Bogotá, 2017 (pdf, 44 p.).

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University),« Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Pazen Colombia », I, noviembre de 2017.

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University),« Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Pazen Colombia », II, agosto de 2018.

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP), « Trayectorias y dinámicas de las disidencias de las FARC », Bogotá, abril de 2018 (pdf, 178 p.)

GUTIERREZF. & al., ¿Qué hacer con el tierrero? Tierra, territorio y paz sostenible, Bogotá, Editorial Universidad delRosario, 2018.

SOMOS DEFENSORES/SIADDHH: https://www.somosdefensores.org/


[1] Después que el Acuerdo fue rechazado por el referéndum (con el 51.2% de votos) del 2 de octubre de 2016, el texto ha sido renegociado por las partes (Gobierno de Santos y guerrilla delas FARC) después firmado y validado por el Congreso el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón, de ahí el nombre de Acuerdos del Teatro Colón de esta versión final, entró en vigor el 1ero-12-2016.

[2] Comme en témoignent divers projets de recherches en cours dans ce département, présentés lors du séminaire international : « La construction de la paix en Colombie : bilan et perspectives » àl’Université Externado (Bogotá), les 18-19 septembre 2018.

[3] Disponibles en ligne, depuis 2010, sur le site : https://www.somosdefensores.org/