El científico, la corrupción y la política[1]

Por Arthur Morenas, coordinador del polo andino del Institut des Amériques (IDA) en Lima 

Nosotros estimaríamos que nuestras investigaciones no merecen una hora de pena si tuvieran solo un interés especulativo. Si separamos, con precaución, los problemas teóricos de los problemas prácticos, no es para descuidar estos últimos: es, al contrario, para ponernos en condición de resolverlos mejor” (Durkheim, 2013 [1893]: Prefacio a la primera edición. Traducción propia).

Las crisis políticas y la multiplicación de los escándalos de corrupción en varios países de América Latina dan, para los científicos sociales, una relevancia particular a las palabras de Emile Durkheim. ¿Cómo hacer ciencia y valorizar sus aportes en contextos de fuertes exigencias sociales?

En el Perú, el escándalo Lava Jato tuvo como principal consecuencia la renuncia del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, así como un intenso debate sobre la necesidad de una reforma política. Recientemente, el actual presidente, Martín Vizcarra (quien asumió como vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski el mandato presidencial después de la renuncia de este), anunció su intención de adelantar las elecciones generales para el 2020. En el marco de este debate, los científicos sociales están en primera fila. La creación, a fines del 2018, de una “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política”, conformada por universitarios[2], lo ilustra con claridad. Esta comisión fue creada por el Poder Ejecutivo, en el marco de una abierta lucha contra la corrupción, con el fin de recibir propuestas para la reforma política y legitimarla científicamente. Otro ejemplo es el intento de institucionalizar un colegio de politólogos para organizar la “profesión” de politólogo[3]. Esta iniciativa provenía del Congreso de la República, cuya mayoría (el fujimorismo y el partido aprista) rechaza en gran parte las propuestas del Ejecutivo en materia de reforma política (por ejemplo, la propuesta de no reelección inmediata de los congresistas). La creación de dicho colegio habría significado la implementación de requisitos estrictos para poder ejercer la “profesión” de politólogo, lo que implicaba un control sobre las personas “profesionalmente calificadas” para opinar sobre la reforma política[4]. Si se hubieran aplicado a la “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política” los mismos requisitos que se querían imponer para colegiarse, varios de sus miembros no habrían podido participar[5]. De hecho, en el Perú, salvo algunas excepciones, la carrera de Ciencias Políticas con grados de bachillerato y licenciatura son recientes (años 2000). Sin embargo, el criterio principal para entrar al colegio de politólogos era la realización de estudios de Ciencias Políticas en pregrado y la obtención de la licenciatura, excluyendo así a sociólogos, historiadores, antropólogos… que trabajan temas políticos o han realizado maestrías o doctorados en dicha disciplina (como era el caso de varios miembros de la “Comisión de Alto Nivel”).

Estas cuestiones hacen recordar la manera como grupos profesionales y sociales utilizaron herramientas y legitimidad científica para inscribirse en las luchas para la construcción de los Estados latinoamericanos (y sus políticas) (Dezalay & Garth, 2002; Oré & Rap, 2009). Los momentos de crisis son propicios para estas estrategias, ya que las exigencias sociales son fuertes, y las estructuras de regulación social y política están debilitadas. Según estas exigencias, los politólogos y los científicos sociales tendrían que ser los “doctores” de la democracia a la imagen de los “money doctors” que se dedicaron a “salvar” las economías latinoamericanas a partir de finales del siglo XIX (Drake, 1994). A nuestro parecer, esta situación puede llevar a dos riesgos. Primero, y el intento de creación del colegio de politólogos lo muestra con cierta claridad, la tentación de independizar la ciencia política de las otras ciencias sociales (como ocurrió en cierta medida con la economía) (Heredia, 2015), privándola de valiosos aportes[6]. Segundo, el riesgo de entrar en el debate científico usando las categorías forjadas en las esferas políticas (u otras). Sin embargo, como nos lo recuerda la frase de Durkheim: para que los trabajos científicos tengan un verdadero interés para comprender y resolver problemas, es necesario mantener cierta distancia con las categorías comúnmente empleadas. Usando estas perspectivas, los trabajos científicos pueden tener verdaderos aportes. A continuación, recordamos algunas perspectivas forjadas desde las Ciencias Sociales, que recuerdan a la vez la importancia de trabajos empíricos profundizados y los aportes desde sus diferentes ramas.

 

Estudiar la corrupción: las prácticas y la categorización

Camille Goirand, en el marco de las conferencias que brindó durante la décima edición de las Jornadas de Jóvenes Americanistas organizadas en La Paz por el IFEA[7], recordó que las categorías “clientelismo” o “corrupción” abarcan muchas veces una serie de prácticas que tienen poco que ver entre ellas. Estas categorías no son neutras. Por lo tanto, es necesario identificar lo que se suele considerar, en un espacio social y político específico, como “corrupción” y los juegos de poder que existen para el uso legítimo de esta categoría. Usando el caso brasileño, recordó que los recientes escándalos de corrupción “Lava Jato” fueron aprovechados por grupos políticos y sociales para derrocar al gobierno, cuando estos mismos grupos afrontaban también graves acusaciones de malversaciones y sobornos. Dicho esto, no se trata de buscar culpar o exculpar a grupos políticos, sino más bien de identificar el trabajo de estos agentes sociales y políticos para orientar la categorización de ciertas prácticas como “corruptas” (y al mismo tiempo normalizar y legitimar ciertas prácticas, que en otros contextos sociales podrían ser consideradas como tales). Poner la mirada sobre este trabajo de “encuadre”[8] es un aporte valioso de las Ciencias Sociales: son herramientas para entender la manera como se estructura el poder, las visiones y estrategias que se usan para legitimar o deslegitimar ciertas prácticas, etc.

En el Perú, si bien siempre existieron acusaciones contra gobernantes a nivel nacional, en estos últimos años la atención se había centrado en asuntos locales y regionales[9]. El caso probablemente más emblemático ha sido “La Centralita”, en 2014, en el que se acusó al entonces presidente del gobierno regional de Áncash de utilizar una red de espionaje y presión contra opositores políticos y de haberse beneficiado de coimas en proyectos de obras públicas. A inicios de 2016, la Contraloría General de la República, órgano encargado del control del uso de los recursos públicos, informaba que 11 de los 24 gobernadores regionales en cargo entre 2011 y 2014 tienen denuncias penales, de los cuales 5, en ese entonces, eran prófugos o se encontraban bajo prisión preventiva[10]. Lo que sobresale hoy en día en el marco del escándalo Lava Jato es la formalización, penal, de acusaciones de corrupción en contra de altas autoridades políticas y administrativas del país. Estas revelaciones agudizaron la crisis política que conoce el Perú desde los años 2000, y en este contexto la lucha contra la corrupción constituye hoy en día un capital político, que hasta ahora era movilizado esencialmente por los partidos de izquierda, con un éxito relativo. Por lo tanto, estudiar cuáles son los grupos que intentan aprovechar este capital político (o deslegitimarlo), sus estrategias y su posición en el poder nacional permite contextualizar y situar la actual crisis política y acercarse a las prácticas concretas del poder en el Perú.

 

Prácticas del poder en el Perú

No obstante, la crisis política en el Perú tiene raíces más profundas y no se le puede reducir a los escándalos de corrupción. Por eso es aún más relevante interesarse por las prácticas del poder (político, económico, estatal, etc.). Retomando las ideas de Alberto Vergara, la crisis política en el Perú radica, al menos en parte, en el sentimiento de que “ir a votar parece cada vez más una pantomima sin consecuencias” (Vergara, 2012: 1). Esta ausencia de “alternativa”, el autor la relaciona con el auge, en el Estado peruano, de un grupo de tecnócratas quienes “han sido formados en un habitus impregnado de unos principios, prácticas y políticas chorreados desde el MEF y los organismos internacionales” (Vergara, 2012: 3). Por lo tanto, la manera con la cual se organizó este sistema institucional debe interesar al científico social. Recientemente, los trabajos sobre el caso peruano se han dividido en dos enfoques, a veces opuestos, entre la visión de un Estado “capturado” (Cabtree & Durand, 2017) por los grupos económicos y la presentación de una burocracia independiente, que no se deja influenciar por el sector privado u organismos internacionales (Dargent, 2012). Mas allá de un debate sobre el grado de independencia formal de estos “tecnócratas”, cuyo mérito es llevar la atención hacia las prácticas concretas del poder, nos parece central entender cómo se institucionalizó y estructuró este nuevo aparato estatal. Esto conduce a interesarse no solamente por la estructura burocrática, sino también por el origen social de estos grupos, el peso de las universidades públicas y privadas, los recursos necesarios para poder acceder a los principales puestos de responsabilidad etc.

Por ejemplo, volviendo a una escala “local”, el trabajo de Álvaro Galvez (2017) muestra con bastante interés el auge de los “perfileros” o “emprendedores del Estado” en relación con la elaboración e implementación de los proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP, reemplazado en 2017 por el sistema InvertePe). El autor describe un sistema, que podría parecer paradójico, en el cual la “mejor” manera de trabajar para el Estado, a nivel local, es siendo un consultor privado dedicado a la elaboración de proyectos de inversión pública. Esta “confusión” entre intereses públicos y privados lleva, en algunos contextos, a la caracterización de actos de corrupción. Pero la paradoja descrita por el autor va más allá de una confusión de intereses en la implementación de proyectos de inversión pública: a nivel local, las características y los recursos legítimos para poder ingresar en el “sector público” son, en gran parte, características y recursos provenientes del sector privado. Si bien, durante varios años, estas características eran poco cuestionadas, hoy en día la multiplicación de los escándalos de corrupción cambia este escenario. Actualmente, la analogía con el nivel nacional es evidente: aunque las acusaciones de “lobbyismo” no son nuevas, estas prácticas son puestas en tela de juicio.

En algunas palabras, y para concluir, la(s) crisis política(s) nos enseña(n) lo necesarias que son las Ciencias Sociales, en su conjunto, para la sociedad, pero también la necesidad de darles cierta autonomía en la construcción de sus cuestionamientos. No se trata, no obstante, de postular la independencia total del científico social en relación con las dinámicas sociales y políticas, pero sí recordar la importancia de ofrecer condiciones de trabajo que le permitan forjar sus problemáticas con cierta independencia[11], no para mantenerse alejados de la sociedad, sino para ofrecer nuevas miradas y enfoques y salir del monopolio que tienen ciertos grupos (políticos, periodísticos o económicos) en la construcción de las problemáticas y debates públicos.

 

Referencias citadas

CRABTREE, J. & DURAND, F., 2017 – Perú: élites del poder y captura política, 201 pp.; Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

DARGENT, E., 2012 – Technocracy under democracy: assessing the political autonomy of experts in latin america; Austin: The University of Texas at Austin. Tesis de doctorado (Ciencia política)

DEZALAY, Y. & GARTH, B., 2002 – La internacionalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transformar los Estados latinoamericanos, 390 pp.; Bogotá: Inst. Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.

DRAKE, P. W. (ed.), 1994 – Money doctors, foreign debts, and economic reforms in Latin America from the 1890s to the present, xxxiii + 270 pp.; Wilmington, Del.: SR Books.

DURKHEIM, É., 2013 [1893] – De la division du travail social; París: Presses Universitaires de France.

GÁLVEZ, Á., 2017 – Emprendedores del Estado: el Sistema Nacional de Inversión Pública y el surgimiento de los “perfileros” en los gobiernos locales. In: Burócratas y tecnócratas. La infructuosa búsqueda de la eficiencia empresarial en el Estado peruano del siglo XXI (Á. Gálvez & Á. Grompone Velásquez, eds.):  19-96; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

HEREDIA, M., 2015 – Cuando los economistas alcanzaron el poder: o cómo se gestó la confianza en los expertos, 299 pp.; Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

MUÑOZ, P. & GUIBERT, Y., 2016 – Perú: El fin del optimismo. Revista de ciencia política, 36 (1): 313-338.

ORÉ, M. T. & RAP, E., 2009 – Políticas neoliberales de agua en el Perú. Antecedentes y entretelones de la ley de recursos hídricos. Debates en Sociología, 34: 32-66.

QUIROZ, A. W., 2013 – Historia de la corrupción en el Perú, 486 pp.; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

VERGARA, A., 2012 – Alternancia sin alternativa.  ¿Un año de Humala o veinte años de un sistema? Revista Argumentos, 6 (3): 1-13.

 

[1] Título libremente inspirado de la traducción francesa del libro de Max Weber, La política como vocación, 1919 (Le savant et la politique).

[2] Disponible en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300957/Comisi%C3%B3n_Informe_Completo-compressed_compressed.pdf

[3] Por el momento, la ley de creación del Colegio de Politólogos ha sido observada por el Poder Ejecutivo, el cual la juzgó inconstitucional.

[4] Aunque es probable que este control hubiera sido relativo. Los colegios profesionales en el Perú tienen cierta importancia en el ejercicio de las profesiones (abogado, arquitecto, entre otros). No obstante, algunas carreras emblemáticas, con bastante peso en la función pública, tienen vínculos relativamente débiles con los colegios profesionales. El caso más evidente es el del Colegio de Economistas, al cual no pertenecían varios de quienes habían sido ministros de Economía.

[5] Maria Alejandra Campos, «El inútil colegio de politólogos», El Comercio (16 de mayo de 2019). Disponible en https://elcomercio.pe/politica/inutil-colegio-politologos-maria-alejandra-campos-noticia-635744

[6] Cabe mencionar que uno de los clásicos de los estudios sobre corrupción en el Perú es fruto del trabajo del historiador Alonso W. Quiroz (2013).

[7] Junto con el CEMCA, la UMSA, la Embajada de Francia en Bolivia y el IDA.

[8] «Framing», en inglés; «cadrage» en francés.

[9] Paula Muñoz y Yamilé Guibert, por ejemplo, describen bien este aumento de la percepción de los casos de corrupción a nivel local a partir de 2014 (Muñoz & Guibert, 2016: cap. VII). Recordamos que estamos hablando aquí de casos de corrupción que llevaron a penas de prisión o prisión preventiva, y no solo a denuncias periodísticas o políticas.

[10] «Once ex gobernadores regionales denunciados por corrupción», El Comercio, (12 de enero de 2016). Disponible en https://elcomercio.pe/peru/once-ex-gobernadores-regionales-denunciados-corrupcion-262162

[11] Cabe mencionar, en este contexto, la reciente movilización de importantes instituciones peruanas para pedir una política nacional de apoyo a las Ciencias Sociales. Disponible en http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ApuestaporlasCCSS_Brochure_d.pdf

Le savant, la corruption et la politique[1]

Par Arthur MORENAS, coordinateur du Pole Andine de l’Institut des Amériques à Lima

« Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n’est pas pour négliger ces derniers : c’est, au contraire, pour nous mettre en état de les mieux résoudre » (Durkheim, 2013 [1893] : Préface a la première édition)

Les crises politiques et la multiplication des scandales de corruption dans plusieurs pays d’Amérique latine donnent une importance particulière, pour le chercheur en sciences sociales, aux mots de Emile Durkheim : comment faire de la science et valoriser ses apports dans des contextes de fortes exigences sociales ?

Au Pérou, le scandale Lava Jato a eu comme principale conséquence la démission du président de la République Pedro Pablo Kuczynski ainsi qu’un intense débat quant à la nécessité d’une réforme politique. Récemment, le président Martin Vizcarra (qui, en tant que vice-président de Pedro Pablo Kuczynski, a assumé la présidence de la République) a annoncé son intention d’avancer les élections générales pour l’année 2020. Dans le cadre de ce débat, les scientifiques sont en première file. La création, fin 2018, d’une « Commission de Haut Niveau pour la Réforme Politique », formée d’universitaires[2], l’illustre clairement. Cette commission a été créé par le pouvoir exécutif dans le cadre d’une lutte ouverte contre la corruption, avec l’objectif de recevoir des propositions et de légitimer scientifiquement la réforme politique. Un autre exemple est la tentative d’institutionnaliser un « Collège de politologues » afin d’organiser la « profession » de politologue. Cette initiative provenait du Congrès de la République, dont la majorité (le Fujimorisme et la parti Apriste) rejette en grande partie les propositions de l’exécutif en matière de réforme politique (par exemple : la proposition de non-réélection immédiate des députés). La création de ce Collège aurait impliqué la mise en place de stricts prérequis pour pouvoir exercer la « profession » de politologue[3], ce qui aurai entrainé de fait un contrôle sur les personnes « professionnellement qualifiées » pour opiner sur la réforme politique[4]. En effet, si l’on avait appliqué à la « Commission de Haut Niveau pour la Réforme Politique » les mêmes prérequis que l’on souhaitait imposer pour rejoindre le Collège professionnel de politologues, plusieurs des membres de cette commission n’auraient pas pu y participer[5]. De fait : au Pérou, hormis quelques exceptions, les formations en sciences politique avec des diplômes de Bachelor ou Licence sont récentes (années 2000). Or, le critère principal pour pouvoir rejoindre le Collège de politologues était la réalisation d’études de science politique dès le premier cycle universitaire, excluant ainsi les sociologues, historiens, anthropologues et autres travaillant sur des thématiques politiques, ou ayant réalisé des études de science politique en Master et Doctorat, mais pas en premier cycle (comme c’était le cas de plusieurs membres de la « Commission de Haut Niveau »).

Ces questions rappellent la manière dont des groupes professionnels et sociaux utilisèrent des outils et une légitimité scientifique pour s’inscrire dans les luttes pour la construction des Etats latinoaméricains (et leurs politiques) (Dezalay & Garth, 2002 ; Oré & Rap, 2009). Les moments de crise sont propices à ces stratégies, du fait de fortes exigences sociales et de structures de régulation politique relativement affaiblies. Selon une partie de ces exigences, les politologues et les scientifiques devraient être les « docteurs » de la démocratie, à l’image des « money doctors » qui se sont employés à « sauver » les économies latino-américaines à partir de la fin du XIXème siècle (Drake, 1994). Cependant, cette situation peut amener deux risques. Premièrement, et la tentative de création du « Collège de politologues » le montre clairement, la tentation d’isoler les sciences politiques des autres sciences sociales (comme ce fut le cas, dans une certaine mesure, de l’Economie) (Heredia, 2015), la privant de riches apports[6] et démarches de recherche. Deuxièmement : le risque d’entrer dans le débat scientifique en utilisant les catégories forgées dans les sphères politiques (ou autres). Comme nous le rappelle la phrase de Durkheim : pour que les travaux scientifiques aient un véritable intérêt pour comprendre et résoudre des problématiques, il est nécessaire de maintenir une certaine distance avec les catégories communément employées. À travers ces perspectives, les travaux scientifiques peuvent fournir de véritables apports.

Dans les pages qui suivent, nous rappellerons certaines perspectives développées à partir des sciences sociales, qui donnent à voir à la fois l’importance de travaux empiriques approfondis ainsi que les multiples et riches apports des différentes « branches » des sciences sociales.

Etudier la corruption : les pratiques et la catégorisation

Camille Goirand, dans le cadre des conférences données lors de la Xème édition des Journées des Jeunes Américanistes organisées à La Paz par l’IFEA[7], a rappelé que les catégories comme « clientélisme » ou « corruption » concernent souvent des pratiques qui ont peu de choses à voir entre elles. Ces catégories ne sont pas neutres. Il est, de ce fait, nécessaire d’identifier ce que l’on a coutume de considérer, dans un espace social et politique spécifique, comme « corruption » et les jeux de pouvoir qui existent pour l’utilisation légitime de cette catégorie. À travers du cas brésilien, Camille Goirand a rappelé que les récents scandales de corruption « Lava Jato » ont été utilisés par des groupes politiques et sociaux pour battre le gouvernement, quand ces mêmes groupes affrontaient aussi de graves accusations de malversations et pots de vins. Ceci dit, il ne s’agit pas de chercher à responsabiliser ou déresponsabiliser des groupes politiques, mais plutôt d’identifier le travail de ces agents sociaux et politiques pour orienter la catégorisation de certaines pratiques comme « corruption » (et dans le même temps normaliser et légitimer certaines pratiques, qui dans d’autres contextes sociaux pourraient être considérées comme corrompues). Faire porter le regard sur ce travail de « cadrage » est un riche apport des sciences sociales : ce sont des outils pour comprendre la manière à travers laquelle se structurent le pouvoir, les visions et les stratégies utilisées par les agents sociaux pour légitimer ou délégitimer certaines pratiques.

Au Pérou, si des accusations contre les gouvernements nationaux ont toujours existé, l’attention s’était surtout centrée, ces dernières années, sur des questions locales et régionales[8]. L’affaire la plus emblématique a été, en 2014, la « Centralita », dans laquelle le président du conseil régional de Ancash avait alors été accusé d’utiliser un réseau d’espionnage et de pressions contre les opposants politiques, ainsi que d’avoir bénéficié de pots de vins dans des projets de travaux publics. Au début de l’année 2016, la Contraloría General de la República, organe chargé du contrôle de l’utilisation des ressources publiques, informait que 11 des 24 gouverneurs régionaux en poste entre 2011 et 2014 affrontaient des accusations pénales, parmi lesquels 5 étaient alors en fuite ou en prison préventive[9]. Ce qui est mis en évidence aujourd’hui dans le cadre du scandale Lava Jato est la formalisation, pénale, d’accusation de corruptions contre de hautes autorités politiques et administratives du pays. Ces révélations ont accentué la crise politique que connait le Pérou depuis les années 2000, et dans ce contexte la lutte contre la corruption est aujourd’hui un capital politique, qui était jusqu’alors mobilisé essentiellement par les partis de gauche avec un succès relatif. De ce fait, étudier qui sont les groupes qui tentent d’utiliser ce capital politique (ou le délégitimer), leurs stratégies et leurs positions dans le pouvoir national permet de contextualiser et situer la crise actuelle et s’approcher des pratiques concrètes du pouvoir au Pérou.

Pratiques du pouvoir au Pérou

Cependant, la crise politique au Pérou a des racines plus profondes et l’on ne peut la réduire aux scandales de corruption. Pour cela il est encore plus important e s’intéresser aux pratiques du pouvoir (politique, économique, étatique etc). En reprenant les idées de Alberto Vergara, la crise politique au Pérou se situe, au moins en partie, dans le sentiment qu’ « aller voter ressemble toujours plus à une pantomime sans conséquences » (Vergara, 2012 : 1). Cette absence d’ « alternative », l’auteur la met en relation avec la montée en puissance, dans l’Etat péruvien, d’un groupe de technocrates qui « ont été formés dans un habitus imprégné de principes, pratiques et politiques ruisselant depuis le MEF [ndlr : Ministère d’Économie et des Finances] et les organismes internationaux » (Vergara, 2012 : 3). De ce fait, la manière dont s’est organisé ce système institutionnel doit intéresser le scientifique. Récemment, les travaux sur le cas péruvien se sont divisés en deux perspectives, parfois opposées, entre la vision d’un État « capturé » (Cabtree & Durand, 2017) par les groupes économiques et la présentation d’une bureaucratie indépendante, ne se laissant influencer ni par les organismes privés ni par les organismes internationaux (Dargent, 2012). Au-delà d’un débat sur le niveau d’indépendance formelle de ces « technocrates », dont le mérite est de faire porter l’attention sur les pratiques concrètes du pouvoir, il nous parait central de comprendre comment s’est institutionnalisé et structuré ce nouvel appareil étatique. Cela amène à s’intéresser non seulement à la structure bureaucratique mais aussi aux origines sociales de ces groupes, le poids des universités publiques et privées, les ressources nécessaires pour pouvoir accéder aux principaux postes de responsabilité etc.

Par exemple, et revenant à une échelle locale, un travail de Alvaro Galvez (2017) montre avec beaucoup d’intérêt la montée en puissance des « perfileros » ou « entrepreneurs d’Etat » en lien avec l’élaboration et la mise en fonctionnement de projets d’investissements publics dans le cadre du Système National d’Investissement Public (SNIP, remplacé en 2017 par le système InvertePe). L’auteur décrit un système, qui pourrait paraître paradoxale, dans lequel la « meilleure » manière de travailler pour l’Etat à l’échelle locale est en étant un consultant privé dédié à l’élaboration de projets d’investissements publics. Cette « confusion » entre intérêts publics et privés amène, dans certains contextes, à la caractérisation d’actes de corruption. Mais le paradoxe décrit par l’auteur va au-delà d’une confusion entre intérêts dans la mise en œuvre de projets d’investissements publics : au niveau local, les caractéristiques et les ressources légitimes pour pouvoir entrer dans le « secteur public » sont, en grande partie, des caractéristiques et ressources provenant du secteur privé. Si durant plusieurs années ces caractéristiques étaient peu questionnées, aujourd’hui la multiplication des scandales de corruption change cet état de fait. L’analogie avec le niveau national est aujourd’hui évidente : bien que les accusations de « lobbysme » ne soient pas nouvelles, ces pratiques sont aujourd’hui mises en accusation.

En quelques mots, pour conclure, les crises politiques nous montrent la nécessité des sciences sociales, dans leur ensemble, pour la société, mais aussi la nécessité de leur donner une certaine autonomie dans la construction de leurs questionnements. Il ne s’agit pas, cependant, de postuler l’indépendance totale du scientifique des dynamiques sociales et politiques, mais plutôt de rappeler l’importance d’offrir des conditions de travail qui permettent aux scientifique de forger leurs problématiques avec une certaine indépendance, non pas pour se maintenir à l’écart de la société mais pour offrir de nouveaux regards et perspectives, et sortir du monopole qu’ont certains groupes (politiques, journalistiques ou économiques) dans la construction des problématiques et débats publics.

Références citées :

CRABTREE, J. & DURAND, F., 2017 – Perú: élites del poder y captura política, 201 pp.; Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

DARGENT, E., 2012 – Technocracy under democracy: assessing the political autonomy of experts in latin america; Austin: The University of Texas at Austin. Thèse de doctorat (PhD) en Science politique.

Dezalay, Yves, et Bryant G. Garth. 2002. La mondialisation des guerres de palais: la restructuration du pouvoir d’Etat en Amérique latine, entre notables du droit et Chicago boys. 390pp Collection liber. Paris: Seuil.

DRAKE, P. W. (ed.), 1994 – Money doctors, foreign debts, and economic reforms in Latin America from the 1890s to the present, xxxiii + 270 pp.; Wilmington, Del.: SR Books.

DURKHEIM, É., 2013 [1893] – De la division du travail social; París: Presses Universitaires de France.

GÁLVEZ, Á., 2017 – Emprendedores del Estado: el Sistema Nacional de Inversión Pública y el surgimiento de los “perfileros” en los gobiernos locales. In: Burócratas y tecnócratas. La infructuosa búsqueda de la eficiencia empresarial en el Estado peruano del siglo XXI (Á. Gálvez & Á. Grompone Velásquez, eds.):  19-96; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

HEREDIA, M., 2015 – Cuando los economistas alcanzaron el poder: o cómo se gestó la confianza en los expertos, 299 pp.; Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

MUÑOZ, P. & GUIBERT, Y., 2016 – Perú: El fin del optimismo. Revista de ciencia política, 36 (1): 313-338.

ORÉ, M. T. & RAP, E., 2009 – Políticas neoliberales de agua en el Perú. Antecedentes y entretelones de la ley de recursos hídricos. Debates en Sociología, 34: 32-66.

QUIROZ, A. W., 2013 – Historia de la corrupción en el Perú, 486 pp.; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

VERGARA, A., 2012 – Alternancia sin alternativa.  ¿Un año de Humala o veinte años de un sistema? Revista Argumentos, 6 (3): 1-13.

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[1] Titre librement inspiré du libre de Max Weber, Le savant et la politique, 1919

[2] Rapport disponible en ligne : https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300957/Comisi%C3%B3n_Informe_Completo-compressed_compressed.pdf

[3] Pour le moment la loi de création du collège de politologues a été observée par le pouvoir exécutif, qui l’a jugé inconstitutionnelle

[4] Bien qu’il soit possible que ce contrôle ait été relatif. Les collèges professionnels au Pérou ont une certaine importance dans l’exercice des professions (avocat, architectes entre autres). Néanmoins certaines professions emblématiques, avec un poids important dans la fonction publique, ont des liens relativement faibles avec les collèges professionnels. Le cas le plus évident est celui du collège des économistes, auquel plusieurs ministres de l’Economie n’ont jamais appartenu.

[5] Voir : Maria Alejandra Campos, «El inútil colegio de politólogos», El Comercio (16 mai 2019). Disponible en https://elcomercio.pe/politica/inutil-colegio-politologos-maria-alejandra-campos-noticia-635744

 

[6] Il faut rappeler que l’un des classiques de l’étude de la corruption au Pérou est le fruit d’un travail de l’historien Alonso W. Quiroz (2013)

[7] Avec le CEMCA, la UMSA, l’Ambassade de France en Bolivie et l’IDA.

[8] Paula Muñoz et Yamilé Guibert, par exemple, décrivent bien cette augmentation des cas de corruption au niveau local à partir de 2014 (Muñoz & Guibert, 2016 : cap. VII). Nous rappelons que nous parlons ici de cas de corruption qui se sont traduits par des peines de prison ou de la prison préventive, et pas uniquement à des accusations journalistiques ou politiques.

[9] «Once ex gobernadores regionales denunciados por corrupción», El Comercio, (12 janvier 2016). Disponible en ligne : https://elcomercio.pe/peru/once-ex-gobernadores-regionales-denunciados-corrupcion-262162