Los científicos sociales contra la destrucción del patrimonio: una intervención legítima y necesaria

Por Évelyne Mesclier, directora del Instituto Francés de Estudios Andinos

La Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, firmada en 1972, establece claramente un vínculo entre el patrimonio y las ciencias. Este vínculo aparece en múltiples ocasiones en los artículos 1 y 2, que estipulan que un sitio o monumento cultural o natural será clasificado si su “valor universal excepcional” es reconocido “desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia”, “desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico” o “desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural” según las categorías respectivas.

No es casualidad que, reunidos durante los 70 años del IFEA, en octubre de 2018, los científicos representantes de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas y de la Arqueología señalaran de manera sostenida los riesgos que afronta el patrimonio en los países donde llevan a cabo sus investigaciones. Ellos evocaron la precariedad de las condiciones de conservación de los archivos, los recurrentes robos en las bibliotecas, los incendios en los museos, iglesias o distritos históricos, la destrucción de los sitios arqueológicos o culturales debido al crecimiento urbano, a ciertas actividades artesanales y a “grandes proyectos” de minas, represas, carreteras y aeropuertos. Es, a la vez, una amenaza tanto para la memoria de la humanidad como para su futuro.

Muchos de estos científicos se comprometen igualmente con el debate en la prensa y las redes sociales para intentar influir en las políticas públicas en relación a casos emblemáticos de destrucción anunciada del patrimonio. Sin repetir lo dicho durante las ponencias dadas en el marco de los 70 años del IFEA, que serán objeto de una publicación, deseamos señalar aquí tres aspectos: el patrimonio es fundamental para la innovación científica; la visión de los científicos es indispensable para comprender los desafíos del patrimonio; asimismo para descifrar los beneficios y a, la vez, las ilusiones que ofrecen las nuevas tecnologías en este campo. Así, los científicos son denunciantes legítimos e indispensables frente a las amenazas que se ciernen sobre el patrimonio.

El patrimonio es fundamental para la innovación científica

Los científicos tienen por misión principal producir hipótesis nuevas con el fin de comprender el mundo. Su trabajo consiste particularmente en consultar un gran número de fuentes para vincular los hechos y las interpretaciones. Ello permite repensar la realidad de una manera coherente, rica, probable y útil a las sociedades.

Es por eso que los vestigios del pasado lejano o cercano, aún accesibles a través de objetos, monumentos, lugares, testigos, documentos de archivos, son esenciales para ellos. Se trata de información proveniente muchas veces del pasado, pero que es indispensable para avanzar en la comprensión actual del funcionamiento de las sociedades y su entorno. Como tal, el patrimonio es insustituible para la innovación científica.

Por su actividad, los científicos mantienen una relación privilegiada con el patrimonio. Los archivos, las bibliotecas de investigación, las piedras talladas por hombres y mujeres de la prehistoria, los restos arqueológicos más sencillos, las relaciones entre partes de la sociedad y ecosistemas específicos, la arquitectura y los modos de vida, las múltiples lenguas, representaciones y saberes elaborados en el curso de los siglos y cuyas sociedades continúan manteniendo, pasan fácilmente desapercibidos a los ojos del público en general. Es a costa de un trabajo a veces largo y arduo que estos bienes patrimoniales se revelan fundamentales para comprender no solamente el pasado, sino también el presente y las posibilidades del futuro.

La visión de los científicos es fundamental para comprender los desafíos del patrimonio

Los científicos tienen una visión global del patrimonio, por la naturaleza misma de su trabajo. Así, los archivos, si están bastante incompletos, se vuelven si no inutilizables, al menos poco reveladores. Grupos humanos y ecosistemas, habitantes y ensambles arquitectónicos, toman sentido por los vínculos que mantienen: cuando estos vínculos se rompen, las lógicas resultan más difíciles de reconstruir. Los paisajes no son ni únicamente naturales ni únicamente culturales: la articulación de elementos físicos y de representaciones constituyen su riqueza. Y en este Año Internacional de las Lenguas Indígenas, hay que recordar que son sus interlocutores quienes poseen las claves de los sistemas de representación asociados a las lenguas.

Pero el papel de los científicos no se limita a estudiar los bienes patrimoniales. Para algunos de ellos, consiste igualmente en analizar las relaciones de poder y los intereses particulares que gobiernan el destino de dichos bienes. El patrimonio no tiene, en efecto, el mismo valor ni el mismo sentido para todos. “La circulación de los bienes patrimoniales entre diferentes esferas (familiares, burocráticas, nacionales, internacionales) da lugar a una confrontación de representaciones y objetivos que terminan definiendo el valor y el sentido del objeto de la transmisión”[1].

Los archivos, los museos y sus usos patrimoniales nacieron muchas veces durante el surgimiento de los Estados-nación. Sin embargo, los patrimonios pueden verse afectados por políticas públicas estrechamente identitarias, nacionalistas u orientadas en función de intereses particulares, que borran voluntariamente una parte de la realidad. Los elementos del patrimonio pueden también encontrarse afectados materialmente por proyectos de reordenamiento del territorio, cuando nuevas infraestructuras transforman elementos físicos y sociedades de manera drástica y definitiva. Las zonificaciones pueden algunas veces preservar elementos privilegiados del patrimonio, pero también conducir al abandono de los usos que la sociedad hacía de ellos. Las rápidas modificaciones de los paisajes tienden a transformar territorios dignos de patrimonialización en espacios banales e intercambiables.

Los científicos también son históricamente portadores de un pensamiento crítico sobre la dominación de la ciencia por los países del Norte y la importancia del conocimiento indígena[2]. Sin embargo, también analizan los usos políticos que se pueden hacer de la alteridad de los saberes, y son conscientes que, como aquellas de los Estados-nación, las lógicas de los actores locales pueden ser identitarias, económicas — y hasta extractivistas—, clientelistas o incluso estar marcadas por oposiciones políticas, como en el caso de las memorias de los conflictos. Además, las poblaciones locales, las empresas privadas, los Estados, las entidades internacionales no exhiben posiciones homogéneas, ni son carentes de conflictos de interés en su propio seno.

Es también tarea de los científicos analizar estas dinámicas y alertar sobre las pérdidas que implican para el patrimonio las visiones más reductivas, que resultan frecuentemente ser las menos democráticas, ya que ellas eliminan o ignoran las voces discordantes en nombre del desarrollo local, de la lucha nacional contra los imperialismos o de cualquier otra ideología.

Una advertencia frente a las ilusiones de la modernidad digital

La ciencia, por naturaleza, no produce conocimientos definitivos, sino  interpretaciones sucesivas. Los científicos integran en sus trabajos la transmisión de elementos de argumentación y de prueba, que podrían así ser reutilizados para la validación o la oposición de sus conclusiones, tanto por sus contemporáneos como por las generaciones futuras. Así, ellos trabajan frecuentemente junto con profesionales de la conservación para poner en marcha estrategias de preservación del patrimonio, ya sea a través de documentos, objetos o sitios.

Los instrumentos digitales, en particular, han transformado la transmisión del patrimonio al multiplicar las posibilidades de registro y exploración del contenido y del aspecto de los documentos escritos, de la palabra y la música, de los objetos, los paisajes y los lugares. Estos instrumentos permiten ciertamente compartir y difundir más rápidamente, más democráticamente y a mayor distancia una parte de la información contenida en los bienes patrimoniales. Ellos permiten que los estudiantes o ciudadanos puedan acceder a su estudio. En caso de catástrofe, podrán restituir la apariencia de los bienes patrimoniales perdidos.

No obstante, un grave error sería esperar que lo digital remplace los bienes patrimoniales en sí mismos. Por un lado, un registro sistemático de esos bienes supone un esfuerzo financiero y de recursos humanos de tal envergadura que los avances son lentos y parciales. Por otro lado, los registros tendrán, según la opinión de la mayoría de especialistas, una vida limitada a unos cincuenta años como máximo: en efecto, los formatos evolucionan en permanencia y la tarea de transferir sistemáticamente los datos sobre los nuevos soportes, sin duda no podrá ser efectuada por todas las instituciones ni para todos los datos. Finalmente, y de manera tal vez aún más importante, el registro no es un bien patrimonial en sí mismo: conserva apenas una pequeña parte de su riqueza.

Ahora bien, es difícil saber qué elementos necesitarán mañana los científicos para respaldar sus hipótesis y hacer nuevos descubrimientos. Así, hoy la Arqueometría sugiere nuevos análisis para los cuales se requiere un acceso directo y específico a los materiales. En el caso de sitios complejos y combinando paisajes culturales y naturales, el registro preserva una parte forzosamente muy limitada de la información, tanto para los usos científicos como para el público en general: evidentemente, recorrer un museo o un conjunto de sitios arqueológicos sigue siendo una experiencia intelectual y sensorial que no se puede comparar con ver una película, aun en tercera dimensión.

Los científicos que participan de la preservación del patrimonio transmiten unánimemente un mismo mensaje: apoyarse en la digitalización para preservar el patrimonio  genera un peligro suplementario de acercarse a su desaparición.

Un rol legítimo e indispensable para lanzar voces de alerta

En razón de su profesión y de sus implicaciones, los científicos son de los pocos que disponen de una visión global de los desafíos del patrimonio, la cual incluye los puntos de vista de los otros actores, así como la comprensión del valor de los bienes en sí mismos y de los recursos posibles para preservarlos. Esto les convierte en los más firmes representantes del interés general y, al mismo tiempo, los más informados.

Como intelectuales comprometidos con la sociedad, la necesidad y la legitimidad de su rol para lanzar voces de alerta no pueden ser cuestionadas. Los resultados de su intervención en el debate público dependen a su vez del esfuerzo de las autoridades y de los ciudadanos para aprovechar la oportunidad de reconsiderar, desde otro ángulo, sus decisiones.


[1] Julien Bondaz, Cyril Isnart y Anaïs Leblon, 2012, « Au-delà du consensus patrimonial. Résistances et usages contestataires du patrimoine ». Civilisations, vol. 61, n°. 1: 10

[2] Sobre las reflexiones en curso en las Science and Technology Studies (STS), ver David Dumoulin Kervran, Mina Kleiche-Dray y Mathieu Quet, 2017, « Les STS ont-elles un Sud ? Penser les sciences dans/avec les Suds ». Revue d’anthropologie des connaissances,  11 (3).

Les scientifiques sociaux contre la destruction du patrimoine : une intervention nécessaire et légitime

Par Evelyne Mesclier, directrice de l’Institut Français d’Études Andines

La Convention du Patrimoine mondial de l’UNESCO, signée en 1972, établit clairement un lien entre le patrimoine et les sciences. Ce lien apparaît à plusieurs reprises dans ses articles 1 et 2, qui stipulent qu’un site ou monument culturel ou naturel sera classé si sa “valeur universelle exceptionnelle” est reconnue “du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science”, “du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique”, ou encore “du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle”, selon les catégories concernées.

Aussi n’est-il pas anodin que, réunis lors des 70 ans de l’IFEA, en octobre 2018, des scientifiques représentant des disciplines diverses des sciences sociales et humaines et de l’archéologie aient signalé de façon appuyée les risques que le patrimoine encourt dans les pays où ils mènent leurs recherches. Ils ont évoqué la précarité des conditions de conservation des archives, la récurrence des vols dans les bibliothèques, les incendies dans des musées, des églises ou des quartiers historiques, la destruction des sites  archéologiques ou culturels par la croissance urbaine, certaines activités artisanales, et par de  “grands projets” de mines, barrages, autoroutes et aéroports. C’est, disent-ils, à la fois la mémoire de l’humanité et son avenir qui sont ainsi menacés.

Nombre de ces scientifiques s’engagent également dans le débat dans la presse et les réseaux sociaux pour tenter d’influencer les politiques publiques à propos de cas emblématiques de destruction annoncée du patrimoine. Sans reprendre les termes des échanges menés lors des 70 ans de l’IFEA, qui feront l’objet d’une publication, nous souhaitons ici souligner trois aspects : le patrimoine est fondamental pour l’innovation scientifique ; la vision des scientifiques est indispensable pour comprendre les enjeux du patrimoine ; elle l’est également pour saisir les avantages mais aussi les illusions des nouvelles technologies dans ce domaine. Ainsi, les scientifiques sont des lanceurs d’alerte indispensables et légitimes face aux menaces qui pèsent sur le patrimoine.

Le patrimoine est fondamental pour l’innovation scientifique

Les scientifiques ont pour mission principale de produire des hypothèses nouvelles afin de comprendre le monde. Leur travail consiste notamment à consulter un grand nombre de sources pour mettre en relation les faits et les interprétations. Cela leur permet de repenser la réalité d’une façon cohérente, riche, vraisemblable et utile aux sociétés.

C’est pourquoi les traces du passé lointain ou proche, encore accessibles à travers des objets, des monuments, des lieux, des témoins, des documents d’archives, sont pour eux essentielles. Il s’agit d’information provenant souvent du passé, mais qui sont indispensables pour avancer dans la compréhension actuelle du fonctionnement des sociétés et de leurs environnements. A ce titre, le patrimoine est indispensable à l’innovation scientifique.

De par leur activité, les scientifiques entretiennent donc un rapport privilégié avec le patrimoine. Les archives, les bibliothèques de recherche, les pierres taillées par les hommes et les femmes de la préhistoire, les restes archéologiques les plus modestes, les relations entre des pans de la société et des écosystèmes spécifiques, des architectures et des modes de vie, les multiples langues, représentations et savoirs élaborés au cours des siècles et dont les sociétés restent porteuses, passent largement inaperçus aux yeux du grand public. C’est au prix d’un travail souvent long et ardu que ces biens patrimoniaux se révèlent fondamentaux pour comprendre non seulement le passé, mais aussi le présent et les possibilités d’avenir.

La vision des scientifiques est fondamentale pour comprendre les enjeux du patrimoine

Les scientifiques ont une vision globale du patrimoine, du fait même de la nature de leur travail. Ainsi, les archives, si elles sont trop incomplètes, deviennent, sinon inutilisables, du moins peu révélatrices. Groupes humains et écosystèmes, habitants et ensembles architecturaux, font sens par les liens qu’ils entretiennent : lorsque ces liens sont rompus, il devient plus difficile d’en reconstituer les logiques. Les paysages ne sont ni seulement naturels ni seulement culturels : l’articulation des éléments physiques et des représentations font leur richesse. Et en cette Année internationale des Langues Autochtones, il faut rappeler que ce sont leurs locuteurs qui détiennent les clefs des systèmes de représentation qui sont associés aux langues.

Mais le rôle des scientifiques ne s’arrête pas à étudier les biens patrimoniaux. Pour certains d’entre eux, il consiste également à analyser les rapports de pouvoir et les intérêts particuliers qui président au sort de ces biens. Le patrimoine n’a en effet pas la même valeur et pas le même sens pour tous. “Toute circulation des biens patrimoniaux entre plusieurs sphères (familiales, bureaucratiques, nationales, internationales) donne lieu à une confrontation de représentations et d’objectifs s’accordant plus ou moins sur la valeur et le sens de l’objet de la transmission”[1].

Les archives, les musées et leurs usages patrimoniaux sont souvent nés lors du surgissement des États-Nations. Pour autant, les patrimoines peuvent se trouver affectés par des politiques publiques étroitement identitaires, nationalistes ou orientées en fonction d’intérêts particuliers, qui oblitèrent volontairement une partie du réel. Les éléments du patrimoine peuvent aussi se trouver découpés matériellement par des projets d’aménagement, comme lorsque des infrastructures nouvelles transforment à la fois les éléments physiques et les sociétés de manière brutale et sans retour. Les zonages peuvent parfois préserver des éléments privilégiés du patrimoine, mais aussi conduire à l’abandon des usages qu’en faisait la société. Les modifications rapides de paysages tendent à transformer  des territoires dignes de patrimonialisation en espaces banals et interchangeables.

Les scientifiques sont de même historiquement porteurs d’une réflexion critique sur la domination des sciences par les Nords et sur l’importance des savoirs autochtones[2]. Cependant, ils analysent également les usages politiques qui peuvent être fait de l’altérité des savoirs, et n’ignorent pas que, comme celle des États-Nations, les logiques des acteurs locaux peuvent être identitaires, économiques voire extractivistes, clientélistes ou encore marqués par des oppositions politiques, comme dans le cas des mémoires des conflits. Par ailleurs, les populations locales, les enteprises privées, les États, les entités internationales n’affichent pas des positions homogènes et ne sont pas dénués de conflits d’intérêt en leur sein.

C’est aussi la tâche des scientifiques que d’analyser ces dynamiques et  d’alerter sur les pertes qu’entraînent pour le patrimoine les visions les plus réductrices, lesquelles sont souvent aussi les moins démocratiques, qu’elles éliminent ou ignorent les voix discordantes au nom du développement local, de la lutte nationale contre les impérialismes ou de toute autre idéologie.

Une mise en garde contre les illusions de la modernité numérique

La science, par nature, n’aboutit pas à des connaissances définitives mais à des interprétations successives. Les scientifiques intègrent dans leurs travaux la transmission des éléments de l’argumentation et de la preuve, qui pourront ainsi être réutilisées pour la validation ou la contestation de leurs conclusions, aussi bien par leurs contemporains que par les générations futures. Ils travaillent ainsi souvent aux côtés des professionnels de la conservation pour mettre en place des stratégies de préservation du patrimoine, qu’il s’agisse de documents, d’objets ou de sites.

Les outils numériques, notamment, ont transformé la transmission du patrimoine  en multipliant les possibilités d’enregistrement et d’exploration du contenu et de l’aspect des documents écrits, de la parole et de la musique, des objets, des paysages et des lieux. Ces outils permettent assurément de partager et de diffuser plus rapidement, plus démocratiquement et à plus longue distance une partie de l’information contenue dans les biens patrimoniaux. Ils peuvent permettre à des étudiants ou à des citoyens d’accéder à leur étude. En cas de catastrophe, ils pourront restituer l’apparence des biens patrimoniaux disparus.

Une grave illusion consiste cependant à attendre du numérique qu’il remplace les biens patrimoniaux eux-mêmes. D’une part, un enregistrement systématique de ces biens suppose un effort financier et en ressources humaines tel que les avancées sont longues et partielles. D’autre part, les enregistrements auront de l’avis de la plupart des spécialistes une durée de vie limitée à une cinquantaine d’années au plus : les formats évoluent en effet en permanence et la tâche consistant à transférer systématiquement les données sur de nouveaux supports ne pourra sans doute pas être effectuée par toutes les institutions et pour toutes les données. Enfin, et de façon peut-être encore plus importante, l’enregistrement n’est pas le bien patrimonial lui-même : il ne conserve qu’une petite partie de sa richesse.

Or il est difficile de savoir de quels éléments les scientifiques de demain auront besoin pour étayer leurs hypothèses et faire de nouvelles découvertes. Ainsi, aujourd’hui l’archéométrie suggère des analyses nouvelles pour lesquelles un accès direct et spécifique aux matériaux est requise. Dans le cas de sites complexes et combinant paysages culturels et naturels, l’enregistrement préserve une partie forcément très limitée de l’information, tant pour des usages scientifiques que pour le grand public : de toute évidence, parcourir un musée ou un ensemble de sites arquéologiques reste une expérience intellectuelle et sensorielle sans commune mesure avec la visualisation d’un film, même en trois dimensions.

Les scientifiques qui participent à la préservation du patrimoine transmettent donc unanimement un même message : se reposer sur la numérisation pour préserver le patrimoine crée un danger supplémentaire d’aller vers sa disparition.

Un rôle indispensable et légitime de lanceurs d’alerte

De par leur profession et ses implications, les scientifiques font partie des rares membres de la société à disposer d’une vision globale des enjeux du patrimoine, incluant la prise en compte des approches des autres acteurs tout comme la compréhension de la valeur des biens eux-mêmes et des ressources possibles pour les préserver. Ils sont de ce fait les plus sûrs représentants de l’intérêt général, et tout en même temps les mieux informés.

En tant qu’intellectuels dans la cité, la nécessité et la légitimité de leur rôle de lanceurs d’alerte ne peut leur être contestée. Les résultats de leur intervention dans le débat public dépendent quant à eux des efforts des décideurs et des citoyens pour saisir l’opportunité de reconsidérer sous un autre angle leurs décisions.


[1] Julien BONDAZ, Cyril ISNART et Anaïs LEBLON “Au-delà du consensus patrimonial. Résistances et usages contestataires du patrimoine”. Civilisations vol. 61, no 1 – Au-delà du consensus patrimonial

[2] Pour une  approche des réflexions en cours dans les Science Studies (STS), voir David Dumoulin Kervran, Mina Kleiche-Dray et Mathieu Quet, « Les STS ont-elles un Sud ? Penser les sciences dans/avec les Suds ». Revue d’anthropologie des connaissances – 2017/3

Reconstruction « avec changements »? Olmos, le modèle économique et les suites possibles du Niño costero

Par: Évelyne Mesclier (IFEA), Jean-Louis Chaléard (Université Paris1-Panthéon-Sorbonne)[1] et Sofía Castro (PUCP)[2]

Lors de son discours à la Nation du 28 juillet 2017, le Président péruvien Pedro Pablo Kuczynski est revenu sur les événements tragiques liés au phénomène de Niño costero survenu en début d’année et a présenté la troisième phase de l’intervention de l’État, la « Reconstruction avec changements ». Cette phase doit entre autres permettre « la réactivation économique de secteurs productifs affectés », selon le document Memoria de Gobierno mis à disposition du public par la Présidence. Les changements auxquels fait allusion le document du gouvernement péruvien s’appuient sur l’hypothèse, répétée bien des fois au cours des événements, que l’eau « a une mémoire », qu’elle repassera par les chemins qu’elle a empruntés, et qu’il faut donc éviter de laisser des populations s’installer dans des lieux dangereux et revoir la conception d’un certain nombre d’infrastructures.

De tels changements, sans nul doute souhaitables, sont-ils suffisants pour modifier durablement les effets des phénomènes El Niño ? Comme nous avons pu le montrer lors du Niño 1997-1998 (Hocquenghem, Mesclier et Oré, 2001), ceux-ci dépendent largement de l’organisation des sociétés. Il faut donc, au-delà de la mémoire de l’eau, s’intéresser à cette organisation. Le cas de Olmos, territoire transformé depuis le début des années 2010 par le projet d’irrigation mené par l’État en partenariat avec l’entreprise Odebrecht, fournit un bon exemple de la façon dont des dynamiques sociales, économiques et politiques rapides interfèrent avec les effets à court et surtout moyen termes des phénomènes physiques. En mai 2017, nous avons pu discuter des conséquences du Niño costero avec des agriculteurs et agricultrices, des éleveurs, des fonctionnaires et des élus du « district » d’Olmos, dans le chef-lieu, petite ville proche du fleuve Olmos, et à Pasaje Norte, hameau situé au nord-ouest de celle-ci, dans la vallée du fleuve Cascajal. Nous avons abordé avec ces personnes la question des changements possibles au cours des mois à venir.

Olmos ” côte ” nord, mai 2017 – Crédits Photo: E. Mesclier

Le Niño costero, s’il a pu surprendre par la soudaineté de son apparition, comme par ses modalités particulières, n’est pas un événement inhabituel pour les habitants de la région côtière du nord du Pérou. Celle-ci vit au rythme des alternances entre les périodes de sécheresse prolongée, les années de pluies plus abondantes et les Niño qui transforment la forêt sèche en paysages dignes du versant amazonien des Andes. Le Niño costero de 2017 a interrompu une longue période de sécheresse qui durait depuis le Niño de 1997-1998, malgré quelques pluies plus importantes en 2012. Le Service National de Météorologie et Hydrologie du Pérou (SENAMHI) a enregistré pour Olmos comme pour l’ensemble du littoral du nord du pays des pluies et des crues exceptionnelles (Senamhi, 2017). Selon le responsable de l’antenne locale de l’Autorité de l’eau, les pluies ont duré de février jusqu’à fin avril.

Les Niño ont des conséquences en général plutôt négatives sur les activités des campagnes du littoral nord du Pérou dans un premier temps : perte des récoltes, propagation de maladies, personnes déplacées, infrastructures endommagées ; et dans un second temps plutôt positives: disponibilité d’eau pour les cultures, croissance des pâturages.

A Pasaje Norte, situé près de la confluence du Cascajal avec la rivière Insculas, les habitants ont connu des moments effectivement difficiles : routes coupées par la crue et difficultés consécutives de l’approvisionnement alimentaire, à peine soulagée par l’apparition ponctuelle d’aide envoyée par le gouvernement par hélicoptère ; coupure prolongée de l’électricité suite à la chute de la ligne, entraînant à la fois l’interruption des communications (sauf la radio) et du fonctionnement du puits qui fournit l’eau de consommation humaine ; fermeture des établissements scolaires, et impossibilité de se rendre à leur travail pour les adultes, et destruction de parcelles de culive. Ces difficultés se prolongeaient en partie les mois suivants, avec l’érosion de la rive du fleuve, qui a emporté des terres de culture  et menace le puits du hameau, et avec l’état de destruction des routes, parsemées de trous et encore en partie inondées. En revanche, aucune épidémie de dengue ou de zika n’avait été signalée.

Les effets positifs du Niño quant à eux suscitaient un certain nombre d’interrogations : dans la vallée du Cascajal, pouvait-il y avoir un redémarrage de l’élevage, comme lors d’autres épisodes semblables ? Le « projet Olmos » a concrètement commencé par la confiscation par le gouvernement central d’une centaine de milliers d’hectares appartenant à la « communauté paysanne » Santo Domingo de Olmos, à la fin des années 1990. Il s’agissait de mettre en culture ces terres considérées comme arides grâce à un apport d’eau venant du versant oriental de la cordillère, à travers un projet hydraulique de grand ampleur. Dans la pratique, ces terres faisaient partie des parcours utilisés par les éleveurs, qui constituent un des groupes d’exploitants présents dans la communauté (Auquier, 2013). Plus radicalement encore, un peu plus au sud, dans le périmètre du projet, les hameaux et les puits ont été rasés et la population déplacée vers un ensemble de maisons construit pour l’occasion, sans terres de parcours, appelé la Algodonera.

La diminution des parcours liée au « projet » et l’absence prolongée de précipitations ont entraîné la réduction drastique du nombre d’animaux. Par ailleurs, les ex éleveurs travaillent aujourd’hui sur les nouvelles plantations du périmètre irrigué, qui sont installées depuis environ deux ans. Les travaux à réaliser sont surtout ceux d’ouvriers agricoles, pour un salaire qui, selon les témoignages recueillis, est de 33 soles par jour, soit 198 soles par semaine. Les contrats sont de trois mois, ce qui est considéré par ces nouveaux ouvriers comme très stable, et ouvrent l’accès à des services de santé différents, qui ne sont cependant pas considérés comme supérieurs à ceux qui existaient auparavant. En revanche le salaire est lui considéré comme plus bas que ce qui était attendu : sur la foi des rumeurs et discours qui ont accompagné le projet, les gens espéraient être payés au moins 45 soles par jour. L’élevage serait plus rémunérateur : dans les années de pâturage abondant, les cheptels qui se reconstituent comptent, selon les témoignages recueillis depuis le début de nos enquêtes, des centaines d’animaux. Mais les journées de travail sur les entreprises ne permettent pas nécessairement de reprendre cette activité. La difficulté est encore plus grande en raison de l’état actuel des routes, qui rend longs et pénibles les déplacements : les personnes de Pasaje Norte mettaient encore deux à trois heures au mois de mai pour rejoindre les entreprises agricoles du périmètre irrigué, à une vingtaine de kilomètres du hameau, soit des temps de déplacement quotidiens de cinq à six heures ! Les hommes interrogés à ce sujet envisageaient une spécialisation au sein des familles, les femmes pouvant rester à la maison et s’occuper des animaux pendant qu’eux-mêmes continueraient d’aller travailler sur les entreprises – l’avis des habitantes de Pasaje Norte sur ce sujet pourrait être différent, certaines d’entre elles ayant trouvé des emplois de bureau dans les entreprises.

Certes, la présence du projet Olmos a pu faciliter la prise en compte des projets d’électrification rurale qui ont abouti de façon concommitante. Celle-ci a permis à quelques éleveurs d’installer des pompes électriques sur leurs puits, ce qui rend plus facile et plus rapide l’accès à l’eau pour les animaux – tout en signifiant une nouvelle dépense. Néanmoins, globalement, les recompositions du territoire impulsent aujourd’hui une dynamique particulière à la reconstruction. Le « changement » est engagé et entraîne une bifurcation importante par rapport aux alternances de réduction et reprise des activités d’élevage.

Dans la vallée du fleuve Olmos, les agriculteurs peuvent-ils quant à eux espérer des changements substantiels après cette période de pluies intenses ? Un certain nombre d’entre eux aurait dû pouvoir dès avant le Niño profiter des infrastructures du projet Olmos pour irriguer leurs terres, puisque 5500 hectares leur appartenant devaient être intégrés au nouveau réseau. De fait, depuis 2015, ils ont pu faire occasionnellement des demandes et obtenir un supplément d’eau, pour leurs parcelles actuellement en culture, améliorant ainsi un peu les résultats de leur activité. Mais ce bénéfice a été de courte durée en 2017 : pendant l’épisode du Niño, une partie de la production fruitière a pourri ou n’a pu se développer et, parallèlement, les canaux du système ancien de distribution ont été détruits. Or c’est à ce seul système que peuvent recourir les petits agriculteurs de la vallée, membres de l’association des usagers. La distribution modernisée, par conduites tubulaires, n’a pu encore être installée sur leurs parcelles, pour des raisons qui combinent apparemment lenteurs administratives et manque de financements. Pour l’instant, seules les entreprises disposent de ce système moderne de distribution. L’urgence est aujourd’hui à la reconstruction des canaux anciens, ce qui a entraîné des frais importants pour les petits et moyens agriculteurs : en mai, leur association avait déjà dépensé plusieurs milliers de soles en location d’engins de chantiers.  Il ne leur était pas possible d’attendre l’aide gouvernementale Celle-ci ne sera pas assez rapide pour leur permettre d’éviter que les plantes manquent d’eau maintenant que les pluies ont cessé ; par ailleurs elle devrait être destinée en priorité aux exploitations les plus modestes, au terme d’une gestion incertaine.

Crédits Photo: E. Mesclier

Les installations du projet Olmos ont elles-mêmes été endommagées dans la vallée ancienne, au niveau de la première prise d’eau, comme l’ont rapporté quelques journaux locaux. Mais plus encore que ces dégradations causées par le Niño, c’est la conception d’ensemble du projet qui semble laisser peu d’espoir à ces agriculteurs, qui se déclarent aujourd’hui déçus : ils ont, disent-ils, attendu des années ce projet, tout cela pour voir passer l’eau qui alimente le nouveau périmètre irrigué, sans pouvoir réellement l’utiliser. La prédiction de Laureano del Castillo, qui parlait en 2012 d’ « injustice hydrique », s’est vue réalisée. Au-delà, les modalités de mise en œuvre du projet laissent largement à désirer : le barrage construit par l’entreprise Odebrecht pour capter l’eau sur le versant oriental de la cordillère n’a pas la hauteur initialement prévue. La partie hydro-énergétique du projet n’a pas vu le jour. L’irrigation des 5500 hectares de la vallée ancienne se heurte à différents obstacles, signalés plus haut. Par ailleurs, même avant les inondations de 2017, les apports d’eau dans cette vallée avaient déjà conduit à une salinisation de certaines parcelles, selon l’ingénieur chargé de l’antenne locale de l’Autorité de l’eau. Comme dans le cas des éleveurs, les agriculteurs abordent la période post Niño dans un contexte territorial nouveau, marqué par l’incertitude sur les possibilités réelles de redéveloppement de leurs activités à la faveur de l’abondance ponctuelle de l’eau.

Le projet Olmos présente des caractéristiques qui sont en lien avec la nature du modèle économique péruvien comme avec la relation particulière que l’État a entretenue avec Odebrecht. Les politiques péruviennes en matière de développement agricole reposent depuis plusieurs décennies sur deux piliers : les mesures en faveur de l’économie de marché, après une période de réforme agraire et d’interventionnisme d’État ; et l’expansion des périmètres irrigués, dans le cadre de « projets » de grande ampleur. Dans la région côtière, cette dernière dynamique a été très importante et a favorisé l’apparition d’exploitations de grande taille (plusieurs milliers d’hectares) produisant pour l’exportation, alors que les petites et moyennes exploitations n’ont pas fait l’objet d’une attention aussi marquée. L’expansion des périmètres irrigués s’est faite dans un nouveau contexte, marqué par les partenariats public-privés, dans lesquels l’entreprise brésilienne Odebrecht a pris une part considérable. Les conditions de ces partenariats ont été depuis des années considérées par des observateurs critiques comme peu favorables à l’État (voir par exemple Escobedo, 2010). Cette situation s’est vue largement expliquée, à partir de 2016 et des confessions concernant le Pérou des cadres de Odebrecht, par la collusion entre les intérêts personnels de hauts personnages de l’État et ceux de l’entreprise.

La reconstruction « avec changements » peut-elle modifier les dynamiques enclenchées jusqu’à présent sur le territoire d’Olmos et créer une situation non seulement plus favorable d’un point de vue économique pour les petits et moyens producteurs, mais leur permettant également de faire des choix moins contraints ? Tout dépend à l’évidence de l’orientation politique que prendra cette reconstruction. Or, si l’agriculture familiale est considérée comme prioritaire dans la Politique Nationale Agraire élaborée depuis 2015 et adoptée en 2016[3], cette priorisation n’est pas encore perceptible dans les faits dans le district d’Olmos. En sera-t-il autrement avec la reconstruction ?

Références citées:

Auquier, C., 2013. Transformations agraires par le prisme de la mondialisation. Le cas d’Olmos, une oasis dans le nord du Pérou. Mémoire ISTOM (Ecole supérieure d’agro- développement international), 139p.

Del Castillo, L. 2012. “El proyecto de irrigación de Olmos, un caso de injusticia hídrica » Justicia hídrica, mars 2012

Escobedo, J., 2010. “Proyecto Olmos: quién gana, quién pierde. El contrato”. La Revista Agraria nº122

Hocquenghem A.-M., Mesclier, É. et Oré, M. T., 2001. Los múltiples avatares de El Niño. dans J. Tarazona, W.E. Arntz et E. Castillo de Maruenda, El Niño en América Latina: Impactos Biológicos y Sociales, Concytec, Lima, pp. 323-330

Kuczynski, P.P., 2017 República del Perú. Memoria de Gobierno 28 julio 2016/27 julio 2017

SEMAHMI, 2017. Boletín climático marzo 2017

 

[1] Jean-Louis Chaléard et Évelyne Mesclier ont réalisé des missions successives de terrain à Olmos dans le cadre du projet ANR Périmarge porté par l’UMR Prodig et le CIRAD.

[2] Les auteurs remercient les habitants et autorités de Olmos qui ont bien voulu répondre à leurs questions en mai 2017 comme pendant les années précédentes.

[3] http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds02-2016-minagri.pdf

¿Reconstrucción «con cambios»? Olmos, el modelo económico y los posibles efectos del Niño costero

Por: Évelyne Mesclier (IFEA), Jean-Louis Chaléard (Université Paris1-Panthéon-Sorbonne)[1] y Sofía Castro (PUCP)[2]

Durante su discurso a la nación el 28 de julio de 2017, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski volvió a hablar de los trágicos eventos ligados al fenómeno del Niño costero acontecidos a inicios del año y presentó la tercera fase de intervención del Estado denominada la « Reconstrucción con cambios ». Esta fase debe, entre otras cosas, permitir «la reactivación económica de los sectores productivos afectados», según el documento  Memoria de Gobierno puesto a disposición pública por la Presidencia. Los cambios a los que hace alusión el documento del gobierno peruano se apoyan en la hipótesis, repetida muchas veces en el transcurso de los eventos, que el agua « tiene una memoria», que volverá a pasar por los caminos que ha recorrido y que se debería entonces impedir que las poblaciones se instalen en lugares peligrosos y revisar la concepción de un cierto número de infraestructuras.

Dichos cambios, deseables sin ninguna duda, ¿son suficientes para modificar duraderamente los efectos de los fenómenos de El Niño? Como hemos demostrado durante el Niño 1997-1998 (Hocquenghem, Mesclier et Oré, 2001), estos dependen largamente de la organización de las sociedades. Hace falta entonces, más allá de la memoria del agua, interesarse en esta organización. El caso de Olmos, territorio transformado desde inicios de 2010 por el proyecto de irrigación dirigido por el Estado en asociación con la empresa Odebrecht, constituye un buen ejemplo de la manera en que dinámicas sociales, económicas y políticas rápidas interfieren con los efectos a corto y sobre todo a mediano plazo de los fenómenos físicos. En mayo de 2017, pudimos discutir las consecuencias del Niño costero con los agricultores, ganaderos, funcionarios y representantes del distrito de Olmos, en la capital, pequeña ciudad cercana al río Olmos y en Pasaje Norte,  caserío situado al noroeste del mismo, en el valle del rio Cascajal. Hemos abordado con estas personas la problemática de los cambios posibles en el curso de los meses venideros.

Olmos, “costa”norte del Perú /  Créditos foto: E. Mesclier

El Niño costero,  si bien ha podido sorprender por la rapidez de su aparición, así como por sus modalidades particulares, no es un evento inhabitual para los habitantes de la región costera del norte del Perú. Ella vive al ritmo de las alternancias entre los periodos de sequía prolongada, los años de lluvias más abundantes y el Niño que transforma los bosques secos en paisajes dignos de las vertientes amazónicas de los Andes. El Niño costero de 2017 interrumpió un largo período de sequía que duraba desde el Niño de 1997 – 1998, a pesar de algunas lluvias más importantes en 2012. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) registró en Olmos y en el conjunto del litoral del norte del país  lluvias y crecidas excepcionales (SENAMHI, 2017). Según el responsable de la antena local de la Autoridad del Agua, las lluvias duraron desde febrero hasta finales de abril.

Los fenómenos de El Niño tiene consecuencias en general negativas sobre las actividades de los campos del litoral norte del Perú en un primer tiempo: pérdida de las cosechas, propagación de enfermedades, damnificados, infraestructuras dañadas y más bien positivas en un segundo momento: disponibilidad de agua para los cultivos, crecimiento de los pastizales.

En Pasaje Norte, situado cerca a la confluencia de Cascajal con el río Insculas, los habitantes pasaron momentos ciertamente difíciles: rutas cortadas por los desbordes y dificultades consecutivas de aprovisionamiento alimentario, apenas mitigadas por la aparición puntual de ayuda enviada por el gobierno en helicóptero; corte prolongado de electricidad debido a la caída de la línea, lo que trajo consigo a su vez la interrupción de las comunicaciones (salvo la radio) y del  funcionamiento del pozo que provee agua de consumo humano, el cierre de establecimientos escolares y la imposibilidad de asistir al trabajo para los adultos, y destrucción de parcelas. Estas dificultades se prolongaron parcialmente los meses posteriores, debido a la erosión de la margen del rio, que amenaza al pozo que abastece el caserío y el estado de destrucción de los caminos, salpicados de huecos y aun en parte inundados. En cambio, ninguna epidemia de dengue o de zika fue reportada.

En cuanto a los efectos positivos del Niño, ellos suscitan un cierto número de interrogantes: en el valle de Cascajal ¿podría haber un renacimiento de la ganadería, como se dio en otros episodios similares? El «proyecto Olmos» concretamente comenzó con la confiscación por el gobierno central de una centena de millares de hectáreas pertenecientes a la  «comunidad campesina»  Santo Domingo de Olmos, a finales de los años 1990.  Se trataba de cultivar esas tierras consideradas como áridas gracias a un aporte de agua proveniente de la vertiente oriental de la cordillera, mediante un proyecto hidráulico de gran amplitud. En la práctica, esas tierras formaban parte de trayectos utilizados por los ganaderos, que constituyen uno de los grupos de agricultores presentes en la comunidad (Auquier, 2013). Más radicalmente aún, un poco más al sur, en el perímetro del proyecto, los caseríos y los pozos fueron arrasados y la población desplazada hacia un conjunto de viviendas construidas para la ocasión, sin tierras  de pastoreo, llamada la Algodonera.

La disminución  de trayectos ligados al «proyecto» y la ausencia prolongada de precipitaciones han significado la reducción drástica del número de animales. Por otra parte, los ex ganaderos trabajan hoy en día en las nuevas plantaciones del perímetro de riego, que fueron instalados hace alrededor de dos años. Los trabajos a realizar son especialmente de obreros agrícolas, por un salario que, según los testimonios recogidos, es de 33 soles  por día, es decir 198 soles por semana. Los contratos son de tres meses, lo que es considerado por estos nuevos asalariados como muy estable y abren el acceso a servicios de salud diferentes,  los que no se consideran sin embargo superiores a los que existían anteriormente. En cambio, el salario es considerado como más bajo al esperado: basados en rumores y discursos que acompañaron el proyecto, la gente esperaba recibir mínimamente 45 soles  por día.  La ganadería sería más lucrativa: en los años de pastizal abundante, los rebaños que se recomponen, según los testimonios recogidos desde el inicio de nuestras encuestas, cuentan con centenas de animales. Pero las jornadas de trabajo en las empresas no permiten necesariamente retomar esta actividad. La dificultad es aún más grande debido al estado actual de las rutas que hace largos y penosos los desplazamientos: los pobladores de Pasaje Norte necesitaban de dos a tres horas en el mes de mayo para llegar a las empresas agrícolas del perímetro de riego, a una veintena de kilómetros del caserío, ¡es decir tiempos de desplazamientos cotidianos de cinco a seis horas! Los hombres consultados al respecto evalúan una especialización en el seno de las familias, donde las mujeres puedan quedarse en casa y ocuparse de los animales mientras que ellos mismos continuarían yendo a trabajar a las empresas – la opinión de las habitantes de Pasaje Norte en este tema podría ser diferente, pues algunas de ellas han encontrado un empleo de oficina en las empresas.

Eventualmente, la presencia del proyecto Olmos ha podido facilitar que se tomen en cuenta proyectos de electrificación rural que se realizaron de manera conjunta. Aquello permitió a algunos ganaderos instalar bombas eléctricas en sus pozos, lo que hace más fácil y más rápido el acceso al agua para los animales – si bien significa un nuevo gasto. No obstante, globalmente, las recomposiciones del territorio impulsan hoy en día una dinámica particular de la reconstrucción. El «cambio» empezó antes y conlleva una bifurcación importante respecto a las alternancias de reducción y de reactivación de las actividades de ganadería.

En el valle del rio Olmos, ¿pueden los agricultores por su parte esperar cambios sustanciales después de este periodo de lluvias intensas? Un cierto número entre ellos deberían haber podido aprovechar la infraestructura del proyecto Olmos para regar sus tierras desde antes del Niño, puesto que 5500 hectáreas de su pertenencia debían ser integradas a una nueva red. De hecho, desde el 2015, ellos han podido hacer ocasionalmente pedidos y obtener un suplemento de agua, para sus parcelas actualmente en cultivo, mejorando así un poco los resultados de su actividad. Pero este beneficio ha sido de corta duración en 2017: durante el episodio del Niño, una parte de la producción de frutas se malogró o no pudo desarrollarse, paralelamente, los canales del antiguo sistema de distribución fueron destruidos. Sin embargo, es este el único sistema al que pueden recurrir los pequeños agricultores del valle, miembros de la asociación de usuarios. La distribución modernizada, por conductos tubulares, no ha podido aún ser instalada sobre sus parcelas, por razones que combinan aparentemente demoras administrativas y falta de financiamiento. Por el momento, solo las empresas disponen de este moderno sistema de distribución. La urgencia está hoy en día en la reconstrucción de los antiguos canales, lo que conlleva gastos importantes para los pequeños y medianos agricultores: en mayo, su asociación había ya gastado varios miles de soles en el alquiler de maquinaria de construcción. No les era posible esperar la ayuda gubernamental, que no será lo bastante rápida para permitirles evitar que les falte agua a las plantas ahora que las lluvias cesaron; además ella debería estar destinada prioritariamente a los cultivos más modestos, al término de una gestión incierta.

Créditos foto: E. Mesclier

Las instalaciones del proyecto Olmos fueron dañadas en el valle antiguo, a nivel de la primera toma de agua, como lo han señalado algunos periódicos locales. Pero más allá de las degradaciones causadas por el Niño, es la concepción del conjunto del proyecto la que parece dejar poca esperanza a los agricultores, que se declaran hoy decepcionados: ellos dicen haber esperado por años este proyecto y todo para ver pasar el agua que alimenta el nuevo perímetro de riego, sin poder utilizarla. La predicción de Laureano del Castillo, que hablaba en 2012 de una «injusticia hídrica», se ve realizada. Aún más, las modalidades de implementación del proyecto dejan mucho que desear: la represa construida por la empresa Odebrecht para captar el agua en la vertiente oriental de la cordillera no tiene la altura inicialmente prevista. La parte hidroenergética del proyecto no vio la luz. La irrigación de las 5500 hectáreas del valle antiguo se ve obstaculizada por diferentes problemas, señalados más arriba. Por otro lado, aún antes de la inundaciones de 2017, los aportes de agua en este valle ya habían conducido a una salinización de ciertas parcelas, según el ingeniero encargado de la antena local de la Autoridad del agua. Como en el caso de los ganaderos, los agricultores abordan el periodo pos Niño  en un contexto territorial nuevo, marcado por la incertidumbre sobre las posibilidades reales de un nuevo desarrollo de sus actividades gracias a la abundancia puntual del agua.

El proyecto Olmos presenta características que están ligadas a la naturaleza del modelo económico peruano así como a relación particular que el Estado ha establecido con Odebrecht. Las políticas peruanas en materia de desarrollo agrícola reposan desde hace varias décadas sobre dos pilares: las medidas en favor de la economía de mercado, luego de un período de reforma agraria y de intervencionismo del Estado, y la expansión de los perímetros de riego, en el marco de «proyectos» de gran amplitud. En la región costera, esta última dinámica ha sido muy importante y ha favorecido la aparición de unidades de explotación de gran tamaño (varios millares de hectáreas) que producen para la exportación, mientras que los pequeños y medianos productores no han sido objeto de una atención tan marcada. La expansión de los perímetros de riego se hizo en un nuevo contexto, marcado por las asociaciones público-privadas, en las que la empresa brasileña Odebrecht ha tenido un rol considerable.  Las condiciones de estas asociaciones han sido desde hace años consideradas por los observadores críticos como poco favorables al Estado (ver por ejemplo Escobedo, 2010). Esta situación se ha visto largamente explicada, a partir de 2016 y de las revelaciones concernientes al Perú de los directivos de Odebrecht, por la colusión entre los intereses privados de altos personajes del Estado y los de la empresa.

La reconstrucción «con cambios» ¿puede en si modificar las dinámicas desencadenadas hasta el momento en el territorio de Olmos y crear una situación no solamente más favorable económicamente para los pequeños y medianos productores, sino también que les permita elegir bajo menores presiones? Todo depende evidentemente de la orientación política que tomará esta reconstrucción. Sin embargo, si la agricultura familiar es considerada como prioritaria en la Política Nacional Agraria elaborada desde 2015 y adoptada en 2016[3], esta priorización no es aún perceptible en los hechos en el distrito de Olmos. ¿Será diferente con la reconstrucción?

Referencias citadas:

Auquier, C., 2013. Transformations agraires par le prisme de la mondialisation. Le cas d’Olmos, une oasis dans le nord du Pérou. Mémoire ISTOM (Ecole supérieure d’agro- développement international), 139p.

Del Castillo, L. 2012. “El proyecto de irrigación de Olmos, un caso de injusticia hídrica » Justicia hídrica, marzo 2012

Escobedo, J., 2010. “Proyecto Olmos: quién gana, quién pierde. El contrato”. La Revista Agraria nº122

Hocquenghem A.-M., Mesclier, É. et Oré, M. T., 2001. Los múltiples avatares de El Niño. dans J. Tarazona, W.E. Arntz et E. Castillo de Maruenda, El Niño en América Latina: Impactos Biológicos y Sociales, Concytec, Lima, pp. 323-330

Kuczynski, P.P., 2017 República del Perú. Memoria de Gobierno 28 julio 2016/27 julio 2017

SEMAHMI, 2017. Boletín climático marzo 2017

 

[1] Jean-Louis Chaléard y Évelyne Mesclier han realizado misiones sucesivas de terreno en Olmos en el marco del proyecto ANR  Périmarge realizado por el l’UMR Prodig y el CIRAD.

[2] Los autores agradecen a los habitantes y las autoridades de Olmos que han aceptado responder sus preguntas en mayo 2017 como durante los años anteriores.

[3] http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds02-2016-minagri.pdf