Archives par mot-clé : Colombia

Bicirecorridos comentados: ¿cómo estudiar la movilidad en bicicleta en condiciones cotidianas?

Publié le par
Répondre

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Maëlle Lucas, Universidad Rennes 2 (Francia)

Reseña redactada por María Jimena López León, Magister en Estudios Políticos y Msc candidate in Comparative Politics en la London School of Economics and Political Science (Reino Unido). 

Con Bicirecorridos comentados, Maëlle Lucas, doctoranda en la Universidad Rennes 2, presentó su experiencia de campo estudiando la movilidad en bicicleta en la ciudad de Bogotá en el 2021. Con el objetivo de caracterizar los perfiles de ciclistas, sus experiencias, y elecciones, y de comprender los factores individuales y colectivos, privados y públicos que influencian estos comportamientos.

Maëlle formula tres hipótesis para su investigación. El contexto social y familiar influye en la elección de la bicicleta como opción de movilidad; usos anteriores de la bicicleta tienden a reforzar su uso en el futuro; y, el entorno físico que condiciona el sistema de movilidad, es decir, la existencia de una infraestructura y un tráfico adecuados, pueden facilitar su uso. Para resolver este rompecabezas, Maëlle combinó el análisis de la Encuesta de Movilidad Urbana de Bogotá (EMU), entrevistas semiestructuradas y un recorrido comentado en bicicleta o “bicirecorridos”, a partir de la cual construye una tipología de bici-usuarios para la ciudad de Bogotá. 

Tomando los patrones de viaje descritos en la EMU (distancia transitada, tiempo y frecuencia de los trayectos), Maëlle construyó seis perfiles de usuarios: ciclistas del centro, ciclistas de clase alta del norte, maratonistas, trabajadores, movilidad del cuidado y estudiantes, y trabajadores de la Sabana. Esta información fue complementada con una encuesta en línea hecha por ella, con la que capturó 500 respuestas y amplió información sobre características sociodemográficas de los usuarios. Para los bicirecorridos seleccionó 5 mujeres y 9 hombres que correspondieran con los seis perfiles identificados anteriormente. En las entrevistas capturó información sobre tres temas principalmente: la bicicleta en su historia de vida, la influencia del entorno en el uso de la bicicleta y su experiencia montando en Bogotá. 

El trabajo de campo se realizó entre febrero y diciembre de 2021 y tuvo varias adaptaciones como resultado de dos situaciones imprevistas: la continuación de las cuarentenas a causa de la pandemia y el Paro Nacional –una serie de protestas sociales ocasionadas por el abuso policial e incumplimiento de acuerdos entre el gobierno y estudiantes, grupos étnicos y sindicatos. Esta coyuntura motivó a que aparecieran “nuevos usos” de la bicicleta, no contemplados en las entrevistas, mientras que otros más convencionales desaparecieran temporalmente, como el usar la bici para ir a estudiar. Pero el mayor efecto que esto generó fue en el cronograma del trabajo de campo que terminó adaptándose exitosamente a los imprevistos. De otro lado, la metodología propuesta es en sí misma un aporte al campo de estudio de la movilidad en entornos urbanos, pues construye estos perfiles de biciusuarios con base en material empírico y combinando variables socioeconómicas y espaciales, contrario a las clasificaciones generales que predomina en los estudios de este campo.

Durante la discusión, se sugirió que, para la etapa de escritura se hiciera más explícitos los elementos que hacen de Bogotá un caso de estudio atractivo. Se mencionó la importancia de contextualizar la cultura de movilidad de la ciudad –como el “pico y placa” y el énfasis de los Planes de Ordenamiento Territorial de las últimas administraciones en las que se ha establecido, por ejemplo, el compromiso de aumentar el número de kilómetros de cicloruta. También el efecto que tienen las interacciones con el tráfico vehicular en general, pues continua, predominando esta idea de que el carro tiene prioridad por encima de la bicicleta. Allí, Maëlle mencionó que el uso que hecho del seguimiento a redes sociales en momentos que han disparado esta discusión como el accidente de tránsito en el que murió un niño ciclista que estaba entrenando al ser atropellado por un camión. 

También se le preguntó si el trabajo contemplaba una comprensión de la bicicleta como artefacto cultural: cuáles modelos se usan y por qué razones o para qué usos, y qué otras nociones culturales respaldan su uso o lo constriñen. Se puso el ejemplo de la ciudad de Lima donde existe una resistencia al uso de la bicicleta porque es algo que “se ve mal”, es un tema de clase social. Maëlle aclaró que hay un factor que hace que la experiencia de montar bicicleta en Bogotá sea diferente a la descrita sobre Lima: la influencia de los ciclistas profesionales ha hecho que el uso de la bicicleta tenga otro tipo de valor social. Aunque también expresa que es indudable el efecto que tiene las condiciones de inseguridad en la ciudad que ha llevado que las clases populares usan bicicletas más económicas para resguardar su seguridad de algún hurto, y que en general, la clase social también marca un diferenciador en los usos y selección de la bicicleta, mientras que los estratos altos lo hacen cada vez más como forma recreativa, la clase popular lo usa para recreación y trabajo. Pero en general, unos y otros concuerdan en concebir la bicicleta como alternativa para la forma de movilidad en la ciudad. 

De otro lado, la intricada metodología también derivó en posibles sesgos metodológicos. Maëlle reconoce que, al basarse en los perfiles creados por la EMU, las personas seleccionadas para las entrevistas corresponden a éste, lo que reduce la posibilidad de contraste con otros tipos de usuario y propósitos de uso de la bicicleta. Para facilitar la triangulación metodológica, Mäelle le dio prioridad a un solo perfil sobre otro, en los casos en que la información de las encuestas mostrara que el entrevistado correspondía con varios perfiles simultáneamente. De otro lado, también reconoció que la presencia del/la investigador/a cambia el comportamiento, en lo que puede llamarse esta “artificialización de la realidad”.  

Un último punto de discusión fue el significado de la experiencia personal de ser mujer y realizar trabajo de campo en bicicleta. De acuerdo con Maëlle, lo que más influenció fue el hecho de ser extranjera, pues dice: “me atreví a ir a barrios en los que no tenía esa percepción de que fuera una zona muy insegura”. Y que si bien la categoría de género no salió en las entrevistas sí se hizo evidente en su experiencia como biciusuaria: el acoso sexual dentro del transporte para las ciclistas ocurre, lo que implicó que debiera adaptarse a nuevas estrategias para evitar su “exposición”, y lamentablemente, según Maëlle, es un tema poco discutido. Finalmente, se recomienda a Maëlle que aborde el tema desde el enfoque de género considerando si hay diferencias en la manera en que perciben la comodidad, la seguridad usuarios hombres y mujeres, así como su experiencia de política pública.   

Presentación de Maëlle Lucas © IFEA

Bibliografía 

Adam, Matthieu, Ortar, Nathalie, Merchez, Luc, Laffont, Georges-Henri, Rivano, Hervé, « Susciter la parole des cyclistes: traces GPS et vidéos au service de l’entretien », EspaceTemps.net, 2020 

Aldred, Rachel, « Built environment interventions to increase active travel: a critical review and discussion », Current environmental health reports, vol. 6, n°4, p. 309-315, 2019 

Bonham, Jennifer, Wilson, Anne, « Bicycling and the life course: the start-stop-start experiences of women cycling », International Journal of Sustainable Transportation, vol. 6, n°4, p. 195-213, 2012 

Carvajal, German et al., « Bicycle safety in Bogota: a seven-year analysis of bicyclists’ collisions and fatalities », Accident Analysis & Prevention, vol. 144, 2020 

Coutras, Jacqueline, « La mobilité quotidienne et les inégalités de sexe à travers le prisme des statistiques », Recherches féministes, vol. 10, n°2, p. 77-90, 1997 

Freudendal-Pedersen, Malene, « Cyclists as part of the city’s organism: structural stories on cycling in Copenhagen », City & Society, vol. 27, p. 30-50, 2015 

Handy, Susan, « The contribution of comfort, convenience and liking of bicycling to the bicycling gender gap : Evidence from Davis, California ». In : 5th International Conference on Women’s Issues in Transportation Federation Internationale De L’Automobile (FIA) Institut Francais des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) Bureau of Transportation StatisticsTransportation Research Board, 2014 

Jodelet, Denise, « Les représentations socio-spatiales de la ville », Conceptions de l’espace, p.145-177, 1982 

Montero, Sergio, « Worlding Bogota’s Ciclovía: from urban experiment to international “best practice” », Latin American Perspectives, vol. 44, n°2, p. 111-131, 2017 

Muggenburg, Busch, Geertsema, Lanzendorf, « Mobility biographies: A review of achievements and challenges of the mobility biographies approach and a framework for further research », Journal of Transport Geography, vol. 46, p. 151-163, 2015 

Pérez López, Ruth, « El sistema de bicicletas publicas “Ecobici”: del cambio modal al cambio social », Espacialidades, n°5, p. 104-124, 2013 

Robert, Jérémy, Lucas, Maëlle, Gouëset, Vincent, « Du confinement à la perspective d’une mobilité plus durable : impacts de la Covid-19 à Lima et Bogotá », in La Covid-19 et les Amériques : éclairages à chaud, à paraître 

Rosas Satizabal, Daniel, Rodriguez Valencia, Álvaro, « Factors and policies explaining the emergence of the bicycle commuter in Bogotá », Case studies on transport policy, vol. 7, n°1, p. 138-149, 2019 

Sanchez Bernal, Mónica, Triana Gallego Laura, « Mujeres, patrimonio y ciudad: en bici por monumentos y espacios simbolicos de y para ellas en Bogotá », Revista Transporte y Territorio, n°16, p. 9-40, 2017 

Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, Encuesta de Movilidad Urbana 2019, 2020

Sheller, Mimi, Urry, John, « The new mobilities paradigm », Environment and planning A, vol. 38, n°2, p. 207-226, 2006 

«Pensé que era el momento de hablar». La emergencia de la categoría de la violencia sexual en el conflicto armado como un problema público en Colombia, 1990-2008

Publié le par
Répondre

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Liliana Rocío Chaparro Moreno, Universidad Nacional de Colombia

Reseña redactada por María Cegarra, doctoranda en Psicología en la Universidad Sorbonne Paris Nord (Francia).

Liliana Rocío Chaparro Moreno es abogada, ha trabajado en organizaciones sociales feministas, trabaja en el marco de los Derechos Humanos desde 2003 y ha acompañado a víctimas de violencia sexual en Colombia. Su tesis de doctorado tiene como objetivo comprender el proceso y las condiciones de emergencia de la categoría «violencia sexual» en el conflicto armado en Colombia, como un problema público entre los años 1990 y 2008. Las fuentes utilizadas por la ponente fueron: los movimientos de organizaciones sociales y de mujeres, ONGs, actores internacionales, la prensa escrita y entidades estatales.

La ponencia comienza haciendo alusión al caso de la periodista Jineth Bedoya, reportera que en el año 2000 fue secuestrada, golpeada y violada por los integrantes de un grupo paramilitar. Esta noticia fue tratada por los medios de comunicación internacionales como un caso de violencia sexual, sin embargo, en la prensa nacional de Colombia no hizo referencia a la violencia sexual, sólo informó sobre el secuestro y los golpes. Es en 2009 que Jineth Bedoya relata los hechos de manera integral en España, dando así título con la frase entre comillas a la presente ponencia y a la tesis. Liliana Rocío Chaparro Moreno problematiza así la manera con que en Colombia se creó un orden simbólico que posibilitó un clima en el que las víctimas pensaron que «ya era el momento de hablar».

Pese a que Colombia sufre con un conflicto armado desde hace varias décadas, no es sino a partir de la década de los noventa que la violencia sexual es asociada al conflicto armado a nivel público, sobre todo gracias al trabajo de las organizaciones de mujeres. Esta emergencia se cristaliza en el año 2008 porque la Corte Constitucional colombiana declara la elaboración de un catálogo de crímenes sexuales, a partir del cual se genera una agenda pública en torno a este asunto. La ponente señala cómo el lenguaje coproduce la realidad y no es únicamente un mero reflejo de la misma. Esta mirada arroja luz sobre una geografía del poder que opera con los «distintos saberes que se interrelacionan, se disputan, que reordenan y reclasifican, que generan discontinuidades, rupturas y continuidades». Si la narración configura el objeto, las fronteras de las cosas que se dicen y las cosas que no. No es hasta 2008 que aumentan las denuncias por parte de las víctimas de violencia sexual y es así que la cuestión se vuelve un problema público. Además, el lenguaje internacional se interrelaciona con las narrativas locales, generando transformaciones tanto en el derecho internacional como en el trabajo colombiano a partir de lo denominado como el “caso Colombia”.

A partir del año 1979, durante el gobierno de Julio César Turbay, la fuerte presencia estatal (a través de estatutos de seguridad) potencia de manera inesperada los movimientos sociales. En 1981 tiene lugar el primer encuentro feminista de Latinoamérica en la ciudad de  Bogotá,  que  será  crucial  para  la  experiencia  feminista  colombiana,  puesto  que  se comienza a tejer redes que antes no existían donde se comparten las experiencias de una violencia sexual que había sido naturalizada, silenciada y marginalizada en el discurso público.  Tras  la aprobación  de la actual y vigente Constitución Colombiana en 1991, específicamente a partir del año 1996, surgen nuevos procesos de negociación con las guerrillas y cabe destacar la aparición de organizaciones de mujeres que trabajan con los procesos de paz. Nace el movimiento feminista La Ruta de las Mujeres y surgen numerosos movimientos feministas. Entre los años 1996 y 2002 (recordemos que el proceso de paz del Caguán  en  Colombia  tiene  lugar  entre  1998  y  2002),  las  organizaciones  de  mujeres elaboran una nueva narrativa en la que hablan de una tríada de sufrimiento por el conflicto armado: por el asesinato de sus compañeros y padres, por el desplazamiento forzado y la violación. A partir de ahí, la participación de las mujeres en las negociaciones por la paz aumenta.

En 2002 se rompe el proceso de paz con las FARC en el Caguán y entra electo el nuevo presidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo mandato moviliza un discurso de «lucha contra el  terrorismo».  En  este  punto,  las  organizaciones  de  mujeres  se  vuelven  clave  para demostrar  ante  las  comunidades  nacional  e  internacional,  a  través  de  la  denuncia  del ejercicio persistente de la violencia sexual, que el atroz conflicto armado en Colombia seguía activo.

Desde   el   2003,   la   ponente   señala   como   hallazgo   fundamental   un   giro epistemológico de la violencia sexual posibilitando su emergencia como categoría en torno a tres ejes: (1) la tecnificación del lenguaje, (2) el arma de guerra y (3) las estadísticas. (1) Se pasa de un lenguaje descriptivo a un lenguaje jurídico-penal que señala los crímenes internacionales  como  tal,  siendo  conjugado  esto  con  la  intensificación  que  toman  los estudios de Género y posibilitando el abordaje de la violencia sexual de manera explícita y definida. (2) La percepción de las mujeres como botín de guerra incorpora a la violencia sexual el carácter de «inevitable»; sin embargo, dicha percepción pasa a ser de «arma de guerra»  donde los  cuerpos  de las mujeres  son  campo  de batalla, lo  cual  permite una interpretación diferente de la violencia sexual: pasa a ser algo estratégico y político, y no un mero daño colateral de la guerra. (3) Se comienza a generar cifras sobre los casos de violencia sexual específica que hasta entonces no eran visibilizados junto con las cifras de masacres, torturas y desplazamientos.

A partir de aquí se comienza a interpretar el silencio de las víctimas como síntoma de la gravedad de esta violencia y de la ausencia de atención por parte del Estado. Se interpreta ese silencio como consecuencia del miedo y del trauma, y no como una decisión individual de cada víctima. Así, el miedo y el trauma dejan de ser individuales propios a cada víctima para pasar a considerarse como un problema público.

Las conclusiones se presentan en torno a los siguientes problemas en el país sobre la violencia sexual: la necesidad de las mujeres de (1) legitimar su presencia en los procesos de paz, (2) de evitar las amnistías y (3) de lograr medidas extraordinarias para demostrar la experiencia de las mujeres en la guerra como tan atroz como la de los hombres. El uso del lenguaje como instrumento que visibiliza y legitima (o no) el fenómeno de la violencia sexual, lo cual está conectado a cómo un problema pasa de ser privado a ser público. Con esta tesis se pretende así historizar un proceso que se mantiene latente en Colombia y en otros países latinoamericanos.

Tras la ponencia, se formularon varias preguntas y se nombraron varias referencias bibliográficas.

Una  primera  pregunta  trata  sobre  los  testimonios  de  la  violencia  sexual  como victimización y la relación víctima-victimario, donde el uso de la violencia sexual como arma de guerra es común también en el conflicto armado de Perú. Esta intervención habla sobre el sufrimiento de la violencia sexual infligida por soldados hombres hacia soldados hombres   en   el   ámbito   castrense,   dentro   de   la   formación   en   la   brutalización   e hipermasculinización, vivido como pérdida del honor masculino como hombres y también como  vulneración  del  cuerpo  que  lo  capacita  como  arma  a  ejercer  tal  violencia posteriormente. Este asunto es tratado por Jelke Boesten en su obra Sexual Violence During War   and Peace: Gender, Power,   and Post–Conflict   Justice   in Peru   (2014).   Liliana Chaparro  retoma  su  premisa  de  que  el  lenguaje  coproduce  la  realidad  y  la  narración configura el objeto y recuerda igualmente que la población LGBT no está recogida en las cifras como víctimas de la violencia sexual en Colombia hasta el año 2008.

Sharie Neira pregunta acerca de los grupos feministas que comienzan a empujar la generación de estadísticas sobre las víctimas y si la ponente ha podido entrevistar a algunas integrantes  de  los  grupos.  Pregunta  también  sobre  la  existencia  de  los  conflictos intrafeministas en el seno de estos movimientos y sobre quiénes exigían la presencia del Estado sobre esta cuestión, ya que le propio Estado es también un agente de violencia. Se menciona el libro Imbrication. Femmes, race et clase dans les mouvements sociaux de Jules Falquet (2019). Liliana responde que eligió no hacer entrevistas para poder estudiar la posterioridad de los sucesos y recomienda la lectura de la tesis de Carolina Vergel, Usages militants et institutionnels du droit à propos de la cause des femmes victimes du conflit armé en Colombie (defendida en 2013), que trata cómo el movimiento social de mujeres creó la causa de las mujeres en la guerra. Liliana comenta que en el encuentro de 1981 hay una ruptura y se gesta una red feminista paradójicamente «rota», debido a dos discursos que se oponen: uno que defiende la existencia de una experiencia femenina singular que otros movimientos no entienden, versus una perspectiva más marxista que señala un problema de clase que una vez resuelto, desemboca automáticamente en la desaparición de la opresión patriarcal. Finalmente, para responder a la pregunta de quiénes exigían la presencia del Estado sobre esta cuestión, Liliana menciona que fueron organizaciones como La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, La Casa de la Mujer, la Ruta Pacífica de las Mujeres, entre otras, las que reclamaron al Tribunal Constitucional que emitiera alineamientos de políticas públicas. Los movimientos que se oponen a la presencia del Estado no son las organizadas. Se concluye que el hecho de exigir la presencia del Estado no significó no cuestionar la militarización de la vida civil, entonces cabe preguntarse no tanto si se quiere al Estado en esta cuestión, sino cómo se le quiere.

Durante el conversatorio se mencionan además los siguientes trabajos:

▪ Sed de sangre: Historia del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo XX, de Johanna Bourke (2008).

▪ Manhood   Deprived   and   (Re)constructed   during   Conflicts   and   International Prosecutions: The Curious Case of the Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta et al., Feminist Legal Studies, 1-19, de Gözde Turan (2016).

▪ Trabajo sobre las mujeres militares estadounidenses perpetradoras de violencia en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, por Basuli Deb.

Presentación de Liliana Rocío Chaparro Moreno © IFEA

Bibliografía

Amnistía Internacional. «Colombia. Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado», 12 de octubre de 2004. https://www.amnesty.org/ es/documents/document/?indexNumber=amr23%2f040%2f2004&language=es.

Asúa Batarrita, Adela. «El significado de la violencia sexual contra las mujeres y la reformulación de la tutela  penal  en  este  ámbito.  Inercias  jurisprudenciales».  En  Género,  violencia  y  derecho. Valencia: Tirant lo blanch, 2008.

Brownmiller, Susan. Against Our Will: Men, Women, and Rape. Reprinted edition. New York: Ballantine Books, 1975.

Das, Veena. «En la región del rumor». En Veena Das: Sujetos del dolor, agentes de dignidad, Primera edición. Colombia: Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia; Instituto Pensar, Universidad Javeriana, 2008.

———. «La antropología del dolor». En Veena Das: Sujetos del dolor, agentes de dignidad, Primera edición. Colombia: Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia; Instituto Pensar, Universidad Javeriana, 2008.

Engle, Karen. «A Genealogy of the Centrality of Sexual Violence to Gender and Conflict». En The Oxford Handbook of Gender and Conflict, editado por Dina Haynes, Fionnuala Ni Aolain, Nahla Valji, y Naomi Cahn, 132-44, 2018.

———. The Grip of Sexual Violence in Conflict: Feminist Interventions in International Law. Edición: 1. Stanford University Press, 2020.

Fassin, Didier. La razón humanitaria. Una historia moral del tiempo presente. 1a ed. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2016.

Foucault, Michel. Genealogía del racismo. La Plata: Altamira, 2012.

———. La arqueología del saber. Traducido por Aurelio Garzón del Camino. Siglo XXI Editores, 2010.

Gusfield, Joseph R. La cultura de los problemas públicos: el mito del conductor alcoholizado versus la sociedad  inocente.  Traducido  por  Teresa  Arijón  y  Camila  Nijensohn.  Buenos  Aires:  Siglo Veintiuno Editores, 2014.

Halley, Janet. «Rape at Rome: Feminist Interventions in the Criminalization of Sex-Related Violence in Positive International Criminal Law». Michigan Journal of International Law 30 (2009): 1-124.

———. «Rape in Berlin: Reconsidering the Criminalisation of Rape in the International Law of Armed Conflict». Melbourne Journal of International Law 9, n.o 1 (2008): 78-124.

Henry, Nicola. «The Fixation on Wartime Rape Feminist Critique and International Criminal Law». Social   &   Legal   Studies   23,   n.o 1   (1   de   marzo   de   2014):   93-111.   https://doi.org/10.1177/0964663913499061.

———.  «Theorizing  Wartime  Rape  Deconstructing  Gender,  Sexuality,  and  Violence».  Gender  & Society, 9 de octubre de 2015, 0891243215608780. https://doi.org/10.1177/0891243215608780.

Jelin, Elizabeth. «El género en las memorias». En Los trabajos de la memoria, 99-115. Madrid: Siglo XXI Editores España, 2002.

———. La lucha por el pasado: Cómo construimos la memoria social. Edición: 1. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores, 2017.

Koselleck,  Reinhart.  Futuro  pasado:  para  una  semántica  de  los  tiempos  históricos.

Paidós, 1993.

———. Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia. Traducido por Daniel Innerarity. Barcelona (España): Ediciones Paidós, 2013.

———.  «Un  texto  fundacional  de  Reinhart  Koselleck:  Introducción  al  “Diccionario  histórico  de conceptos político-sociales básicos en lengua alemana”». Anthropos: huellas del conocimiento, 2009, 92-105.

Lamus, Doris. De la subversión a la inclusión: movimientos de mujeres de la segunda ola en Colombia, 1975–2005.  Instituto  Colombiano  de  Antropología  e  Historia,  2010  .  http:// www.bdigital.unal.edu.co/47906/1/9789588181660.pdf.

Martin Alcoff, Linda. Violación y resistencia. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros, 2019.

Scott, Joan. «Experiencia». Traducido por Moisés Silva. Revista de estudios de género, La ventana 2, n.o 13 (2001): 42-74. https://doi.org/10.32870/lv.v2i13.

Theidon, Kimberly. «1325 + 17 = ? Filling in the Blanks of the Women, Peace, and Security Agenda». En  The Oxford  Handbook of  Gender  and  Conflict,  editado  por Dina  Haynes,  Fionnuala  Ni Aolain, Nahla Valji, y Naomi Cahn, 145-56, 2018.

———. «Gender in Transition: Common Sense, Women, and War». Journal of Human Rights 6, n.o 4 (11 de diciembre de 2007): 453-78. https://doi.org/10.1080/14754830701693011.

———. «La teta asustada: una teoría sobre la violencia de la memoria», 2009.

Todorov, Tzvetan. Frente al limite. México, D.F.: Siglo XXI, 1993. ———. Los abusos de la memoria. Barcelona: Ediciones Paidós, 2000.

Traverso, Enzo. A sangre y fuego. De la guerra civil europea, 1914–1945. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros, 2009.

———. La historia como campo de batalla. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2012.

Troncoso  Pérez,  Lelya  Elena,  y  Isabel  Piper  Shafir.  «Género  y  memoria:  articulaciones  críticas  y feministas». Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social 15, n.o 1 (3 de marzo de 2015): 65-90. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1231.

Van Alphen, Ernst. «Experiencia, memoria y trauma: síntomas de discursividad». En Trauma, cultura e historia: reflexiones interdisciplinarias para el nuevo milenio, editado por Francisco A Ortega, 195-216. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios Sociales, 2011.

Vergel Tovar, Carolina. «Les usages militants et institutionnels du droit à propos de la cause des femmes victimes  du  conflit  armé  en  Colombie».  Université  Paris  Ouest  Nanterre  La  Défense  Ecole doctorale de Droit et Science Politique UFR de Droit et Science Politique (DSP), 2013.

Vigarello, Georges. Historia de la violación. Siglos XVI-XX. Feminismos. España: Ediciones Cátedra, 1999.

Viseur Sellers, Patricia. Procesos penales sobre violencia sexual en conflicto: La importancia de los derechos  humanos  como  medio  de  interpretación,  s.d.  http://mesadeapoyo.com/wp-content/ uploads/2018/12/Patricia-Sellers-Procesos-penales-sobre-violencia-sexual-en-conflicto.pdf.

———. «The context of sexual violence: sexual violence as violations of international humanitarian law».  En  Substantive  and  Procedural  Aspects  of  International  Criminal  Law,  editado  por Gabrielle Kirk McDonald y Olivia Swaak-Goldman, 263-332. Kluwer Law International, 2000. h   t   t   p   s   :   /   /   b   o   o   k   s   .  g   o   o   g   l   e   .   c   o   m   .   c  o   /   b   o   o   k   s  id=63n_4CkGiMYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa ge&q&f=true.

Wood,  Elisabeth.  «Rape  during  war  is  not  inevitable:  variation  in  wartime  sexual  violence».  En Understanding and Proving International Sex Crimes.pdf, editado por Morten Bergsmo y AB Skre. Oslo: Torkel Opsahl Academic Epublisher, 2012. http://elisabethwood.commons.yale.edu/ files/wood-rape-is-not-inevitable-in-war-2012.pdf.

———.  «Sexual  Violence  during  War:  Variation  and  Accountability».  En  Collective  Violence  and International  Criminal  Justice:  An  Interdisciplinary  Approach,  editado  por  Alette  Smeulers. Antwerp ; Portland, OR: Intersentia, 2010.

———. «Violencia sexual durante la guerra: hacia un entendimiento de la variación». Análisis Político 66 (agosto de 2009): 3-27.

Sexualidades y afectos de mujeres lesbianas afrodescendientes y blancas/mestizas en Cali, Colombia: la entrevista y el terreno

Publié le par
Répondre

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de María Cegarra, Universidad Sorbonne Paris Nord (Francia)

Reseña redactada por Maëlle Lucas, doctoranda en geografía en la Universidad Rennes 2 (Francia)

El pasado 13 de agosto, durante el Encuentro mensual de los Jóvenes Investigadorxs del IFEA, María Cegarra, doctoranda de psicología en la Universidad Sorbonne Paris Nord, nos presentó el marco teórico y los primeros avances de su trabajo doctoral, desde Cali, donde está actualmente realizando su trabajo de campo. María Cegarra busca entender la experiencia y el discurso en el ámbito de la sexualidad de mujeres caleñas afrodescendientes y mestizas, lesbianas y de clase media y popular. Llegó a Colombia en un momento de muchos cambios, con la pandemia de la Covid-19 y con el Paro Nacional que ocurrió en los últimos meses. Este último evento se ve reflejado en la afectividad de las personas encontradas durante el trabajo de campo, y tiene un impacto en la forma de vivir su sexualidad en el ámbito doméstico y privado y fuera de él.

Marco teórico

María Cegarra empezó su presentación con una definición de las principales teorías que enmarcan su tesis, para que la audiencia tenga una idea más precisa de dónde parte su investigación. El feminismo decolonial es central para entender la opresión múltiple que viven las mujeres que María Cegarra pudo entrevistar. Además de la estigmatización por su orientación sexual, muchas mujeres son invisibilizadas por el feminismo blanco europeo. El feminismo decolonial busca responder a esta falla. La herencia colonial sigue presente en un imaginario que construye y define lo que deben ser el cuerpo y el deseo femeninos. Aquí se puede mencionar el trabajo de Mara Viveros Vigoya que habla de sexualización de la raza (Viveros Vigoya, 2008) y describe este vínculo del imaginario colonial entre origen étnico y sexualidad. Un elemento importante para tener en cuenta es que el color de la piel está vinculado con el nivel de vida, en un contexto racializado donde el cuerpo es el lugar privilegiado de la dominación.

Fernando Urrea Giraldo habla de pigmentocracia para definir una jerarquía de poder según el color de la piel (Urrea Giraldo y La Furcia, 2014). La otra forma de opresión que se evidencia en el trabajo de María Cegarra es la alterización de las mujeres lesbianas. Monique Wittig describe este fenómeno en On ne naît pas femme, publicado en 1980.

Contexto caleño

En una segunda fase de su presentación, María Cegarra nos describió el contexto caleño en el que está realizando su encuesta. Busca comparar las trayectorias sexuales de mujeres caleñas lesbianas, en una ciudad en la que la protesta social del sector LGBTQI+ está teniendo cada vez más peso. El censo del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) nos da alguna información sobre la población estudiada. En Cali viven 258 000 personas afrodescendientes, en una ciudad de aproximadamente 2 millones de habitantes. Se observa una bajada significativa de la población identificada como negra, raizal o palenquera en Colombia entre el 2005 y el 2018. En relación a un menor acceso a recursos económicos estables, el nivel educativo de esta población está por debajo del nivel educativo del total de la población colombiana. Estudian menos personas NARP (población Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera) en la educación superior y en posgrado. Cali y el departamento del Valle del Cauca concentran parte de esta población negra afrocolombiana. En el mapa, se puede observar que estas personas se concentran también en los sectores orientales de la ciudad, que son los más pobres.

Cuestiones de metodología y avances de las primeras entrevistas

La recopilación de datos se hace principalmente por entrevistas individuales en profundidad. Se conciben como un conversatorio. Y también se usa el método de la observación etnográfica. El objetivo es de 30 entrevistas, con 50% de mujeres que se identifiquen como afrodescendientes y 50% de mujeres como mestizas, todas lesbianas o bisexuales. Se usa también la técnica de la bola de nieve. A nivel de la ética de la metodología, es importante que las personas entrevistadas estén al tanto de la información que se va a generar. Aquí es importante mencionar que María Cegarra parte del conocimiento situado, es decir que se “anuncia” como mujer blanca, española, lesbiana y de clase trabajadora, y todos estos elementos la sitúan epistemológicamente en el entorno de su trabajo de campo. Teniendo en cuenta estos datos, insiste en la precaución que se debe tener para no caer en una colonización académica, discursiva y epistémica. Considera que el saber está producido por las mujeres entrevistadas y que el resultado de su trabajo será el reflejo de un diálogo con esta parte de la sociedad colombiana en un tiempo dado. Para facilitar el contacto visual con la persona, no se toman notas durante la entrevista. María Cegarra cerró su presentación con una interrogación sobre la legitimidad de definir la identificación étnica de las personas entrevistadas.

Discusión

La discusión se abrió con esta pregunta, y con la dificultad de identificarse en las sociedades latinoamericanas, donde lo étnico está muy vinculado con lo socio-económico, y afirmarse como mestizo si uno tiene la piel de color claro, puede ser una forma de borrar su posición social dominante. María Cegarra elige seguir la auto-identificación de las personas entrevistadas. Una proposición interesante surgió de la discusión, con la idea de preguntar también cómo la sociedad identifica a estas personas.

El segundo tema importante de la discusión giró alrededor de la metodología elegida y la relación de poder que se establece en las entrevistas. Por un lado, la persona entrevistada es la que detiene la información que busca la investigadora y esto le da poder. Pero por otro lado, desde un punto de vista macro-sociológico, no hay que olvidar la posición de poder que le da a la investigadora el hecho de ser blanca, europea y con capital académico.

Otra sugestión que salió de la conversación es la de considerar la grabadora como un actor de la entrevista, y observar qué pasa cuando se prende y cuando se apaga. Más allá de esto, María Cegarra busca tener en cuenta el comportamiento del cuerpo, que también brinda una información muy rica para la investigación.

La discusión se cerró con consejos bibliográficos, y surgió la idea de contactar a investigadores claves para la investigación, con los que se podrían también hacer entrevistas, como las antropólogas Ochy Curiel y Mara Viveros.

Calí, 2021 ©María Cegarra

Bibliografía

CURIEL, Ochy, La nación heterosexual. Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación, Bogotá, Brecha lésbica, en la frontera, 2013.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Análisis regional de los indicadores sociodemográficos, 2005/2018.

QUIJANO, Aníbal, « Colonialidad del poder, globalización y democracia », Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nº 7 et 8, 2002.

HARAWAY, Donna, Des singes, des cyborgs et des femmes. La réinvention de la nature, Paris, Jacqueline Chambon, 2009.

LANDER, Edgardo (ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLALSO, 2000.

LUGONES, María, « Heterosexualism and the Colonial/Modern Gender System », Hypatia, Vol. 22, No. 1, 2007.

URREA-GIRALDO, Fernando, LA FURCIA, Ange, « Pigmentocracia del deseo en el mercado sexual Trans de Cali, Colombia », Sexualidad, Salud y Sociedad, nº 16, pp. 121-152, 2014.

URREA-GIRALDO, POSSO QUICENO, Jeanny (ed.), Feminidades, sexualidades y colores de piel. Mujeres negras, indígenas, blancas-mestizas y transgeneristas negras en el suroccidente colombiano, Cali, Universidad del Valle, 2015.

URREA-GIRALDO, Fernando, VIVEROS VIGOYA, Mara, WADE, Peter, (ed.) Raza, etnicidad y sexualidades. Ciudadanía y multiculturalismo en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008.

VIVEROS VIGOYA, Mara, La sexualización de la raza y la racialización de la sexualidad en el contexto latinoamericano actual, México, D.F., 2008, pp. 168-198.

WITTIG, Monique, «On ne naît pas femme», NQF, nº 8, 1980, pp. 75-84.

Dinámicas de plantación en contextos ilegales: explicando la producción de coca en Colombia

Publié le par
Répondre

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Miryam Nacimento, CUNY – The Graduate Center (EEUU)

Reseña redactada por Antonio Pérez Balarezo, doctorando en Prehistoria por la Université de Paris Nanterre (Francia)

La irrupción de cultivos ilícitos en Colombia desde fines de la década de 1980 ha generado impactos de valores incalculables a nivel ambiental, social, económico y político en los países andinos. Particularmente, en lo que se refiere al cultivo ilícito de hoja de coca, cifras oficiales de la ONU muestran que Colombia albergó, en 2020, 154000 hectáreas de coca y produjo 1137 toneladas de cocaína. De ese total, el gobierno de Iván Duque señaló haber erradicado 130000 hectáreas en el mismo año, produciendo así una afectación de cerca de 301 millones de dólares a las organizaciones del narcotráfico. Pero, ¿qué significan estas cifras, juzgadas como históricas por el gobierno colombiano, a nivel socio-político? En otras palabras, más allá de la evidente y persistente política pública de erradicación forzosa como estrategia general de combate a las drogas ilícitas, ¿cuáles son las repercusiones de la existencia de cultivos ilícitos en la configuración de la sociedad y el estado colombianos? En el marco de su tesis de doctorado titulada Cultivos ilusorios, plantas ilícitas y construcción de estado en Colombia, Miryam Nacimento aborda ésta y otras preguntas desde un ángulo distinto al propuesto por investigaciones anteriores: el de la producción de conocimiento por parte del estado, el sector agrario y la sociedad civil alrededor de la planta de coca. Se trata, pues, de comprender la formación del estado colombiano en el marco de la reciente intensificación de la violencia derivada de la guerra contra las drogas, a través de la información (o, en algunos casos, desinformación) producida sobre la coca en varios sectores de la sociedad y el aparato estatal colombiano. Entender el imaginario estatal, en última instancia.

En este contexto mayor, el de su investigación doctoral, el viernes 26 de marzo de 2021, M. Nacimento presentó la ponencia titulada Dinámicas de plantación en contextos ilegales: explicando la producción de coca en Colombia durante unos de los periódicos Encuentros de Jóvenes Investigadores (EJI) organizados por el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). El objetivo de esta ponencia fue analizar el poder explicativo del concepto de plantación histórica para entender la producción ilícita de coca en Colombia. Así mismo, y a la inversa, se buscó explorar la posible contribución del estudio de la coca ilícita al concepto de plantación. Desde el inicio de la presentación, M. Nacimento señaló que la plantación, como herramienta teórico-metodológica, permite explicar ciertas características del cultivo de coca que habrían escapado a conceptualizaciones anteriores. Entender estas características resultaría indispensable a fin de cartografiar los diferentes modos de existencia de los cultivos de coca en Colombia y explorar las diversas repercusiones sociopolíticas a nivel micro y macro-regional. Tras un breve repaso de las principales propuestas teóricas sobre el concepto de plantación disponibles en la literatura, y luego de señalar, entre otros elementos, que la expansión de las fronteras agrarias concretizada por el estado colombiano preparó el camino para la emergencia de plantaciones ilegales, M. Nacimento propuso y discutió una conceptualización mucho más flexible de la plantación centrada en la interrelación de diversas formas de explotación de la tierra, mano de obra y del medio ambiente. 

Permítaseme detenerme un momento en este punto. Para un prehistoriador que estudia los fenómenos técnicos paleoamericanos con el objetivo de lograr una mínima comprensión del devenir evolutivo entre ser humano y medio ambiente, resulta altamente provechoso encontrar puntos en común entre distintas metodologías humanistas. Detallemos por qué. Durante su presentación, M. Nacimento se preocupó por la diversidad —al parecer inherente— de las manifestaciones correspondientes a las unidades de producción ilícita de coca en Colombia. Ella percibe, sin embargo, que tal diversidad puede ser explicada a partir de un concepto-eje compartido: la plantación. Parecería posible señalar, entonces, que diversas formas comparten un mismo concepto. A la diversidad e inestabilidad de la expresión material de los cultivos ilícitos de coca, subyacen ciertos criterios que estructuran el concepto de plantación, cuya estabilidad teórica deberá demostrarse. En el campo de la prehistoria, es prácticamente cotidiano trabajar con una multiplicidad de manifestaciones técnicas y, ante ellas, dudar sobre el sentido antropológico que debe otorgárseles. En esta dinámica de diagnosis extremadamente delicada, existen globalmente dos opciones: o nos sumergimos en la especificidad de cada diferencia percibida, o buscamos lo imperceptible, es decir, el punto de contacto de esas diferencias. El ejercicio epistemológico, en realidad, es doble, pues es necesario recorrer las teselas para observar el mosaico que configuran. El trabajo de campo de M. Nacimento está justamente orientado a definir los criterios que articulan ese mosaico, es decir el concepto de plantación. Si bien se señaló que el sistema de plantaciones en Colombia tiende a reducir todas las diversidades de agentes y esquemas agrarios, ello es únicamente informativo de uno de los criterios del concepto de plantación en Colombia: la lógica predatoria anclada en el monocultivo. Otros criterios discutidos por M. Nacimento corresponden a: un sistema unificado, totalizador y totalizante de captación de rentas; el control territorial; el auge de los intermediarios en la cadena productiva; y el camuflaje como esquema operativo. La ponencia concluyó, por consiguiente, en la potencialidad heurística del concepto de plantación para los fines de una explicación antropológica del fenómeno de los cultivos ilícitos de coca en Colombia.

Sin duda, la aplicación del concepto de plantación traerá muchos beneficios en la explicación que busca M. Nacimento. Sin embargo, durante la ponencia y la discusión posterior, no fueron tan evidentes las eventuales transformaciones epistemológicas de las que el concepto mismo de plantación podría ser objeto luego del estudio de la diversidad de expresiones agrícolas en Colombia. Esto, por supuesto, obedece más al carácter de la presentación —limitada en el tiempo y en el avance de la investigación— que a una falta de atención de la expositora. Cabe resaltar que la sección de discusión se vio enriquecida por una multiplicidad de intervenciones del público, concentradas en las características del trabajo de campo, la construcción y aplicación de metodologías, los aspectos más sociales en torno al fenómeno del cultivo de coca en Colombia, el interés de la antropología política de lo ilegal en las plantaciones, la identidad y/o ciudadanía de los cocaleros, entre otros aspectos.

Quizá el mayor mérito del trabajo de investigación de M. Nacimento resida en el enfoque metodológico desarrollado, que intenta superar las tipologías de las unidades agrícolas ilícitas en Colombia, y tiende hacia una geografía cultural de amplio signo antropológico. Desde nuestra perspectiva, es únicamente en los límites de esta configuración metodológica que será posible otorgar peso explicativo a las estadísticas muchas veces protagonistas de aventuradas propagandas políticas. 

Presentación de Miryam Nacimento © IFEA

Bibliografía

Haraway, Donna, Noboru Ishikawa, Scott F. Gilbert, Kenneth Olwig, Anna L. Tsing, and Nils Bubandt. 2016. “Anthropologists Are Talking – About the Anthropocene.” In Ethnos: Journal of Anthropology, 81:535–64. ttps://doi.org/ 10.1080/00141844.2015.1105838.

Li, Tania Murray. 2018. “After the Land Grab: Infrastructural Violence and the ‘Mafia System’ in Indonesia’s Oil Palm Plantation Zones.” Geoforum 96 (November): 328–37.

Mintz, Sidney W. 1986. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Penguin Books.

Tsing, Anna. 2017. “A Threat to Holocene Resurgence Is a Threat to Livability.” In The Anthropology of Sustainablity, edited by Marc Brightman and Jerome Lewis. New York: Palgrave Studies in Anthropology of Sustainability.

EL VIA CRUCIS DE LA PAZ EN COLOMBIA

Publié le par
1

La difícil gobernabilidad en el posconflicto

Por Gina Paola Rodríguez (Becaria IFEA e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC)

Colombia ha transitado diversos acuerdos de paz, pero se encuentra lejos de doblar la página de la violencia política. Más de cinco décadas en guerra con un saldo de 300 mil muertos, 8 millones de desplazados y 9.5 millones de hechos victimizantes[1] hacen del posconflicto un momento de gran vulnerabilidad para la sociedad colombiana.

Desde el comienzo de las negociaciones en Cuba en noviembre de 2012, la meta de la paz pareció perderse en el horizonte en diversos momentos. La desconfianza entre las partes fue el primer escollo, pero logró superarse para dar paso al “Acuerdo Final para la finalización del conflicto y el logro de una Paz sostenible y duradera”[2]. Cuando se creyó que lo más difícil había sido vencido, el proceso de paz estuvo a punto de expirar con el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 2016. Reanimado y modificado en diversos ítems por el presidente Santos[3], el Acuerdo pudo superar la refrendación en el Congreso de la República en diciembre del año pasado.

Proceso de paz de La Habana. Foto: Alejandro Ernesto EFE

A un año de firmados los acuerdos con los que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) buscaron finalizar el conflicto, varios factores mantienen a la paz en vilo. La dificultad para implementar lo pactado en medio de múltiples violencias (nuevas y recicladas) sumada a la falta de apoyo político para concretar legislativa e institucionalmente lo pactado con la insurgencia son los obstáculos que enfrenta el posconflicto en el corto plazo. De profundizarse, estos factores pueden hacer que la paz, de por si esquiva, escape por completo al alcance de los colombianos.

Violencias recicladas y nuevas conflictividades

Desde la instalación de las conversaciones en Cuba, un renovado orden ilegal se ha venido configurando en el país en articulación con las múltiples economías ilícitas enclavadas en los territorios. Como documenta la investigación de la Fundación Ideas para la Paz (2016), una serie de dinámicas vienen transformando el mapa de la conflictividad en el país: por un lado, la suplantación y transferencia de capacidades de las FARC-EP a las guerrillas en actividad (el Ejército de Libeeración Nacional- ELN  y el Ejército Popular de Liberación-EPL) y por otro la disputa entre estas, el neoparamilitarismo y la delincuencia común por el control de los territorios liberados; esta pugna se vincula con el control de las vías y recursos asociados al narcotráfico, la minería ilegal (incluido el coltán[4]) y las actividades predatorias como la extorsión, agudizando las ya críticas condiciones de seguridad.

Como agravante, las intervenciones del Estado se dirigen a los eslabones más débiles de la cadena, como los cultivadores de coca, y enfrentan serias dificultades para generar una respuesta integral y no exclusivamente represiva. La exacerbación de este último componente ha impedido la reconstrucción de un lazo de confianza y legitimidad entre el Estado colombiano y sus ciudadanos, un requisito indispensable para consolidación de la paz. Como muestra, el Paro Nacional Indígena, o “Minga por la Vida”, iniciado a finales de octubre, movilizó a cien mil colombianos en 24 de los 32 departamentos del país en protesta por la constante represión de la que son objeto los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes por parte de las fuerzas de seguridad[5] y en reclamo por la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.

Las dificultades del Estado colombiano para garantizar la seguridad se hacen más evidentes ante los numerosos casos de asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas políticos. Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, 186 líderes han sido ejecutados por grupos paramilitares, según informes de organizaciones comunitarias y de DDHH (IECAH, 2017). Aunque el neoparamilitarismo se ha fortalecido en las zonas de donde han salido las FARC-EP, el gobierno  se niega a reconocer su existencia así como la sistematicidad de los hechos. También el asesinato de integrantes de las FARC-EP que han sido indultados o que están en proceso de reincorporación incumple con las garantías pactadas en La Habana. Hasta el momento, 37 integrantes de la ahora llamada “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” (FARC) han sido asesinados. Los integrantes de la organización ven en estas muertes la repetición del genocidio sufrido por la Unión Patriótica (UP), partido político de las FARC, en las décadas del 80 y 90.

Frente a este panorama, el fantasma de la deserción de los farianos recorre el país. Los defectos del proceso de reincorporación a la vida civil hacen prever que la actual cifra de 400 desertores seguirá en aumento. A los problemas referidos para garantizar la seguridad física, se suman gruesos inconvenientes en materia de seguridad jurídica, reincorporación material y reincorporación política. En el aspecto jurídico, la ley de amnistía funcionó parcialmente. Quienes lograron la libertad lo hicieron bajo la figura de gestores de paz y no en virtud de la Ley de amnistía, y quedan aún 1270 excombatientes en prisión. En cuanto a la reincorporación económica, el avance es mínimo. Según el informe de Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), de las 26 zonas veredales donde habrían de concentrarse los desmovilizados, solo 7 vieron sus construcciones de viviendas, carreteras y servicios públicos finalizadas y en 19 las obras quedaron inconclusas. Por otra parte, si bien al 30 de septiembre de 2017, 10.172 excombatientes de las FARC-EP habían recibido los recursos de la asignación única de normalización de dos millones de pesos (663 USD aprox.) y 9.843 habían sido vinculados al sistema de salud, sólo 3.850 estaban afiliados al sistema de pensiones y una cantidad  aun menor se encontraba inscrita en programas académicos (OIAP, 2017).

Por último, la reincorporación política se halla a medio camino y sin garantías. Pese al lanzamiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) como partido político a mediados de 2017 y al reciente anuncio de la candidatura presidencial de su líder, Rodrigo Londoño Echeverry “Timochenko”, la violencia ejercida contra los militantes de esta agrupación política dificulta su inserción en el juego democrático.

El déficit político o la paz sin quórum

La piedra angular de todo posconflicto es el modelo de justicia que se aplicará a los hechos ocurridos durante los enfrentamientos. La Justicia Transicional (JT), marco en el que habrán de conocerse y juzgarse los hechos del pasado, se caracteriza por su carácter excepcional y extraordinario, así como por su potencial para propiciar transformaciones en la justicia en el posconflicto e incluso a posteriori. Se trata, como señala Aukerman (2002), de una oportunidad para la reforma institucional, el ajuste normativo, y sobre todo, el cambio cultural en relación con la justicia. No obstante su excepcionalidad, la JT coexiste con la justicia ordinaria (JO) y con los valores culturales y filosóficos propugnados por esta. La coexistencia entre ambas no es sencilla, pudiendo ocurrir que la pregnancia de los valores de la JO pongan en riesgo la viabilidad de la JT.

En Colombia tal parece ser el caso. Como analiza Molano (2016) las expectativas de los colombianos en torno a la justicia están más cerca de la demagogia punitiva que de la justicia restaurativa. Así, “se tiende a ver la justicia como un castigo o sanción que se impone a un sujeto como condición acaso necesaria para la satisfacción del derecho de otro”, es decir, ha echado raíces la idea de que “los problemas sociales deben resolverse mediante la intervención del aparato punitivo del Estado, y de que dicha intervención es efectiva sólo en función y proporción directa de su severidad. Esta demagogia punitiva -insiste el autor- sobre-simplifica el debate público sobre los fines y los límites de la justicia penal” (Molano, 2016:19).

La observación de Molano explica, en parte, las dificultades que ha experimentado la Jurisdicción Especial para la Paz en su concepción y reglamentación. El llamado a la mano dura contra la guerrilla ha sido uno de los emblemas de campaña de los opositores al proceso de paz que más receptividad ha tenido entre los colombianos. En diversos momentos, la insistencia de ciertos grupos de presión en judicializar a los ex-guerrilleros según los cánones de la justicia ordinaria, e incluso con mayor severidad, pusieron en peligro la continuidad del proceso de paz.

La otra parte que explica el retraso en la implementación de la JT es el clientelismo endémico del parlamento colombiano. Con enorme esfuerzo y tras meses de estar paralizada en el Congreso, finalmente pudo ser aprobada la Ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La disolución de la coalición oficialista en el Congreso y la cercanía de las elecciones legislativas y presidenciales (marzo y mayo de 2018) motivaron diversas estrategias de dilación por parte de los congresistas que buscaron sacar provecho de la urgencia presidencial para exigir dádivas y cargos que les permitan enfrentar los próximos comicios. Durante meses, un número inaudito de congresistas se declaró impedido para participar en la votación del Reglamento de la JEP, impidiendo completar el quórum aprobatorio. La lentitud[6] de los legisladores provino de su particular interpretación de la conexión entre la participación política de la FARC y lo reglamentado en la JEP.  Según el Acuerdo Final, las personas que dejaron las armas y tienen responsabilidades en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad pueden excepcionalmente ejercer el derecho político de ser elegidos, previa manifestación expresa de acogerse a la Jurisdicción. Sin embargo, la ley estatutaria debía aclarar cómo se puede ejercer un cargo de elección popular y, al mismo tiempo, acatar las restricciones que imponga el Tribunal de Paz.

Con sendas modificaciones respecto a lo pactado en La Habana, la aprobación de la JEP, columna vertebral de la Justicia Transicional, pudo resolverse antes del vencimiento del fast track[7], o vía rápida. Sin embargo, quedan pendientes 11 leyes ordinarias, 18 decretos, tres leyes estatutarias, dos leyes orgánicas y dos actos legislativos para completar el paquete contemplado en el Acuerdo Final, que deberán seguir el curso ordinario en el Congreso durante el 2018.

Pasito a pasito

Más allá del ralentismo descrito, algunos elementos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRN) que contempla el Acuerdo de Paz, han ido avanzando. La reglamentación del Sistema, la selección de los magistrados de la JEP, la designación de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la reglamentación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) son algunas muestras.

Este último paso es fundamental en el imperativo moral y político de ofrecer Verdad y Reparación a las víctimas del conflicto armado y recomponer el tejido social afectado por la violencia.  Conformada por once miembros y presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, la CEV tendrá como objetivo “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la  sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el  impacto del conflicto en los niños, niñas y  adolescentes y la violencia basada en género, entre otros”. Además deberá “promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que  vieron sus derechos vulnerados y  como sujetos políticos de importancia para la transformación del país” y “el reconocimiento individual y colectivo de las responsabilidades por parte de todos aquellos que directa o indirectamente participaron en el conflicto” (Art. 2, Decreto 588/2007).

De lo citado se colige que, más que publicar un informe sobre la verdad del conflicto armado, que como sabemos no va a ser única y causará disputas, la CEV será un mecanismo de memoria que jalone procesos de reconciliación y de participación de las víctimas con miras a su reparación. Un país como Colombia, que lleva más de medio siglo en conflicto armado, necesita con urgencia  identificar cuáles han sido los patrones de comportamiento violento y proponer posibles terapéuticas. El trabajo de la Comisión le permitirá a los colombianos entender por qué pasó lo que pasó y cómo evitar que vuelva a ocurrir. Es una tarea compleja de cumplir en los tres años que tendrá de existencia la CEV y que difícilmente dejará satisfechos a todos, pero que deberá realizarse con el mayor rigor posible. Como en el caso de otras Comisiones de la Verdad, como las de Perú, Sudáfrica, Argentina o Chile, la CEV colombiana se orientará a la búsqueda de la verdad sin implicaciones judiciales, pero su particularidad radicará en el reto de reconstruir un conflicto de larga duración, de enorme magnitud y complejidad y con una  abrumadora cantidad de víctimas.

Lo que se viene…

Ningún proceso de paz es un camino rectilíneo y fácilmente transitable. A veces toma la forma de un vía crucis, un recorrido tortuoso y extenuante de una estación a otra, donde la redención amenaza con disiparse antes de llegar a destino. Tras sufrir el impacto político, económico y social de una confrontación armada, la sociedad colombiana encara el desafío de superar la violencia, reconstruir su institucionalidad, recuperar la convivencia civil, neutralizar las causas y catalizadores del enfrentamiento armado, e impedir su reactivación o transmutación.

En este trasegar, dos elementos dificultan el logro de una paz sostenible y duradera. De un lado, el carácter parcial de los Acuerdos, que se han negociado y firmado con uno de los protagonistas de la violencia y han dejado por fuera a otros que muy pronto han tomado las banderas, las zonas y los negocios de quienes salieron de la confrontación. Urgen, en este sentido, el avance de las conversaciones con el ELN y el EPL, así como la adopción de medidas tendientes al desmonte definitivo del neoparamilitarismo. La otra amenaza al proceso de paz, es el escaso avance en la implementación de los acuerdos destinados a la reparación de las víctimas y a garantizar la no repetición de hechos de violencia, que ha traído como consecuencia nuevas violaciones de derechos humanos tanto por parte de los grupos armados como del propio Estado.

En este contexto tan complejo, el presidente Santos debe jugarse el todo por el todo para lograr que el Congreso le cumpla a la paz. Junto a él, los partidos políticos, la Corte Constitucional, el gobierno en todos sus niveles, las FARC y, por supuesto, la sociedad colombiana tienen que aportar los cimientos para que la paz prevalezca.

Minga por la vida. Foto: El Nuevo Diario

 REFERENCIAS

Aukerman, M. (2002). Extraordinary evil, ordinary crime: A Framework for understanding transitional justice. Harvard Human Rights Journal, 15, 39-96.

Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2016). Economías criminales en clave de postconflicto: Tendencias actuales y propuestas para hacerles frente. Bogotá: FIP.

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) (2017). Los asesinatos de líderes sociales dificultan la paz en Colombia. [en línea]. Disponible en: https://www.iecah.org/index.php/articulos/3257-los-asesinatos-de-lideres-sociales-dificultan-la-paz-en-colombia

Molano, A., (2015). “Justicia para el posconflicto: viejos y nuevos problemas en escenarios complejos”, en Andrés Molano (comp.). El posconflicto en Colombia: Reflexiones y propuestas para recorrer la transición. Bogotá: Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga: Fundación Konrad Adenauer Colombia.

Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) (2017). ¿En qué va la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz? [en línea] Disponible en: https://goo.gl/XM62Bo

Rodríguez, G., (2016). “¿Cesó la horrible noche? Marchas y contramarchas de la paz en Colombia”, Revista Política Latinoamericana N° 3, julio-diciembre [en línea]. Disponible en: http://www.politicalatinoamericana.org/revista/index.php/RPL/issue/view/3

–

[1] Según datos de la Unidad de Víctimas hay doce crímenes prevalentes en las denuncias: desplazamiento forzado, homicidio, mutilaciones por minas, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y robo de bienes.

[2] Los Acuerdos giran en torno a seis temas: 1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política; 3. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; 4. Verdad, Justicia y Reparación para las Víctimas; 5. Drogas ilícitas y 6. Mecanismos de implementación y verificación. El texto final puede consultarse en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx

[3] Para una descripción más detallada de las modificaciones realizadas al Acuerdo tras el plebiscito ver: Rodríguez (2016).

[4] El coltán es un mineral utilizado para la fabricación de componentes en microelectrónica, telecomunicaciones y en la industria aeroespacial. Su escasez y enorme demanda en el mercado internacional hacen de su explotación ilegal una fuente de sangrientos enfrentamientos como atestigua el caso de la República del Congo.

[5] El antecedente inmediato del Paro indígena fue la masacre de entre 7 y 15 campesinos, presuntamente por efectivos de la Policía, en la población de Tumaco al sur del país. El ataque ocurrió el 5 de octubre cuando más de 1.000 campesinos avanzaban por la zona selvática de Alto Mira tratando de impedir la erradicación de cultivos de coca en un pulso con las fuerzas de seguridad. A la fecha los hechos continúan sin esclarecerse.

[6]  El Congreso lleva más de siete meses discutiendo los proyectos de ley referentes al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y la Adecuación de tierras y de la Reforma Política y  el de las Circunscripciones Especiales de Paz, incluso con modificaciones que irían en contra de lo pactado en La Habana y del espíritu del Acuerdo.

[7]  El fast track es un mecanismo contemplado en el acto legislativo número 1 de 2016, que reduce de ocho a cuatro el número de debates requeridos en el Congreso para la aprobación de leyes y reformas constitucionales vinculadas con el proceso de paz cuyo funcionamiento está previsto hasta el 30 de noviembre de 2017.