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Las autoridades locales frente al coronavirus: algunas lecciones e ideas para el futuro

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Por Arthur Morenas, doctorando en ciencia política (Institut des Amériques)

Desde hace una semana, la municipalidad provincial de Chincha prohibió el acceso al mercado de abastos, el principal mercado de la ciudad, a toda persona que residiese fuera del distrito de Chincha Alta, capital de la provincia. Desde el inicio del estado de emergencia en todo el territorio nacional, las autoridades vienen enfrentándose al problema de la aglomeración de personas en el mercado y sus alrededores, el cual genera riesgos de contagio. Chincha, situada a 3 horas al sur de la capital Lima, es la segunda provincia más poblada de la región Ica, con 217 683 habitantes. La mayor parte de su población se concentra en los distritos costeros de Chincha Alta (63 671), Pueblo Nuevo (61 078), Sunampe (27 496) y Grocio Prado (24 049). Si los distritos de Chincha Alta y Pueblo Nuevo son mayormente urbanos, los otros distritos tienen importantes actividades agrícolas, pesqueras y ganaderas. La provincia tiene además 3 distritos ubicados en la sierra (Chavín, San Juan de Yánac y San Pedro de Huacarpana), importantes por su actividad agrícola y ganadera, pero también minera.

La concentración urbana en la parte costera, y específicamente en los alrededores de Chincha Alta resultó problemática en la gestión de la crisis del Coronavirus. El mercado de abastos y sus alrededores (ocupados por el comercio ambulante) son habitualmente lugares de alta concentración de gente. Las restricciones horarias y limitaciones al comercio ambulante habían empeorado la situación, y resultó necesario limitar el acceso al mercado y descentralizar los mercados de abastecimiento en los principales distritos de la provincia. De hecho, la medida obligó a los alcaldes de municipalidades distritales a organizar, en sus respectivos distritos, mercados locales. Esta medida era necesaria; sin embargo, tardó en implementarse e ilustra el papel específico de los gobiernos regionales y locales en la lucha contra el coronavirus, papel que no debería reducirse solo a la entrega de víveres a poblaciones vulnerables.

El mercado provisional en la plaza de armas del distrito de Sunampe . Foto: A. Morenas

Los gobiernos locales: ¿posibles actores para acercar al productor y consumidor en tiempos de crisis sanitaria?

Desde el inicio de la crisis y del estado de emergencia en el Perú, la cuestión de la mejor manera de poder limitar las altas concentraciones de personas en los mercados y supermercados ha sido central y a veces controversial, como lo mostró la medida de alternancia en los días de compra entre hombres y mujeres o la prohibición de compras los jueves y viernes santo. Las decisiones gubernamentales han sido a veces criticadas, pero poco se mencionó sobre el papel que podían (o deberían) tener las autoridades locales y regionales. Si la transferencia de recursos del gobierno nacional a las autoridades regionales y locales para la compra y entrega de canastas de primera necesitad a los hogares más necesitados dio a estas un papel “oficial” en la gestión de la crisis, se debería poner énfasis también en una serie de medidas que podrían implementar, con el fin de controlar a nivel local las concentraciones excesivas de personas. Se dio, a través de la prensa, cierto énfasis a la decisión de alcaldes distritales de cerrar sus “fronteras”: la decisión de la municipalidad de La Molina fue la más mediatizada, pero también se tomó esta decisión en otros distritos como Pacasmayo o San Pedro de Lloc.

No obstante, poco se mencionó sobre el papel que pueden jugar estas autoridades para reorganizar los circuitos de abastecimiento, para intentar limitar las concentraciones de gente en los mercados y supermercados y a la vez acercar al consumidor y al productor, para reducir riesgos de contaminación en el transporte de los productos: “de la chacra a la olla”, es el nombre que se le dio a la iniciativa en varios distritos de Chincha. De hecho, los gobiernos locales conocen más que cualquier otra autoridad gubernamental o estatal a los habitantes y productores de sus respectivos distritos, y son probablemente los más indicados para poder realizar dicha tarea. Cabe mencionar que estas iniciativas no se pueden reproducir con la misma facilidad en todas las localidades: la provincia de Chincha cuenta con un número importante de productores agrícolas, avícolas y actividad pesquera, lo que ayuda evidentemente a organizar dichos circuitos locales de abastecimiento. La iniciativa de descentralizar los mercados de abastos se revela no obstante necesaria para poder enfrentar con más eficiencia el tema de la alta concentración de gente, y se podría pensar en mecanismos para abastecer, especialmente en zonas urbanas, las tiendas y pequeños negocios con precios equivalentes a los de los grandes mercados, en general más económicos. Cuando, en algunos momentos, se denunciaba el número exagerado de distritos, la crisis actual recuerda la importancia de contar con niveles de autoridad lo suficientemente cercanos a la población para poder fomentar la organización local, pero también la importancia de contar con mecanismos de repartición de los recursos entre distritos, para que la organización local no sea sinónimo de nuevas desigualdades entre distritos ricos y pobres.

  • Entrada a feria “de la chacra a la olla”
  • Puerta de desinfección
Feria en la Plaza de armas del distrito de Sunampe. Fotos: A.Morenas

La crisis del coronavirus saca a la luz la problemática de los “no pobres” vulnerables.

El conocimiento de las autoridades locales de sus respetivos distritos y provincias fue uno de los argumentos principales a favor de la transferencia de recursos para la compra de productos de primera necesidad. Cabe mencionar aquí también que muchas autoridades locales no esperaron dicha transferencia del gobierno para implementar, muchas veces con grandes empresas locales, la entrega, por ejemplo, de pollos a los residentes de sus distritos (como ocurrió en varios distritos de la región Ica). No queremos entrar aquí en el debate sobre la dimensión muchas veces “política” de dichas entregas (¿es necesario que el alcalde en persona realice la entrega, y que el personal de comunicación de la municipalidad esté difundiendo en vivo las entregas?), pero sí recalcar que esta crisis saca a la luz el problema de los “no pobres” en situación de vulnerabilidad, los cuales no han sido incluidos en muchas políticas públicas de las últimas décadas.

Se ha hablado mucho sobre la fortaleza fiscal del Perú, que le permite afrontar con más dinamismo la crisis del coronavirus en comparación con otros países de la región, e incluso del mundo. La entrega de bonos a los hogares más vulnerables ha sido, sin lugar a duda, un paso importante para ayudar a millones de familias en situación de pobreza. La extensión de los bonos a trabajadores independientes, y la transferencia de recursos para la entrega de canastas de primera necesidad a nivel local muestra con cierta claridad la dificultad que tiene el Estado peruano para llegar a todos los necesitados en un momento de crisis excepcional. En estas últimas décadas, los programas sociales se han basado en el principio de “focalización” de la pobreza, con la idea de que los programas sociales lleguen a las personas que realmente lo necesiten: aquellas en situación de pobreza y extrema pobreza. No obstante, como lo recuerdan Javier Herrera y Angelo Cozzubo “La expansión de la cobertura de los programas sociales, al focalizar únicamente a la población en condición de pobreza, ha dejado sin atención a los vulnerables y menos aún diseñando políticas específicas destinadas a disminuir la vulnerabilidad (en particular los mecanismos de seguros contra el desempleo, la quiebra de negocios familiares, las consecuencias de desastres naturales, el acceso al crédito formal, etc.)”[1]. Los vulnerables son las personas y hogares que salieron de la situación de pobreza, pero que podrían fácilmente, por razones coyunturales o de enfermedad, por ejemplo, caer de nuevo en esta. La dificultad para el Estado peruano de ayudar a esos hogares en situación de vulnerabilidad, que representaban el 28,4% en el 2018[2], muestra que todavía se hizo poco para identificar e implementar políticas socioeconómicas de corte más universal. De alguna manera, el anuncio del 28 de julio de 2019 por el presidente Vizcarra de la universalización del Sistema Integral de Salud (SIS), antes dirigido a los hogares más pobres, va en este sentido, aunque necesita un incremento importante del presupuesto para el sector salud. La crisis del coronavirus podría, de cierta manera, reforzar una forma de consenso nacional para mejorar el sistema público de salud. La situación también saca a la luz el desafío, para los científicos sociales en general, de producir un conocimiento más detallado sobre esta categoría de “no pobres” aún en situación bastante precaria y frágil, lo cual implica no limitarse solamente a las encuestas sobre condiciones materiales de vida y pobreza monetaria.

[1] Javier Herrera y Angelo Cozzubo, La Vulnerabilidad de los hogares a la pobreza en el Perú, 2004-2014, UMR DIAL 225, Université Paris Dauphine, Institut de Recherche pour le développement,  Documento de Trabajo, n˚ 2018‑08, 2016.

[2] https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/28/coronavirus-en-peru-los-vulnerables-a-la-pandemia-covid-19/

Les autorités locales face au coronavirus : quelques leçons et idées pour le futur

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Par Arthur Morenas, doctorant en sciencie polítique (Institut des Amériques)

Depuis une semaine, la municipalité de la province de Chincha a interdit l’accès aux halles, le principal marché de la ville, à toute personne résidant hors du district de Chincha Alta, capitale de la province. Depuis le début de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national, les autorités se voient confrontées au problème de l’agglomération de population dans le marché et ses alentours, ce qui génère des risques de contagion. Chincha, située à 3 heures au sud de la capitale Lima, est la seconde province la plus peuplée de la région d’Ica, avec 217 683 habitants. La majeure partie de sa population se concentre dans les districts côtiers de Chincha Alta (63 671), Pueblo Nuevo (61 078), Sunampe (27 496) et Grocio Prado (24 049). Si les districts de Chincha Alta et Pueblo Nuevo sont principalement urbains, les autres se dédient à d’importantes activités agricoles, de pêche et d’élevage de bétail. La province comprend, en outre, 3 districts situés dans la sierra (Chavín, San Juan de Yánac et San Pedro de Huacarpana), importants de par leur activité agricole et d’élevage, mais aussi minière.

La concentration urbaine sur la côte, et particulièrement autour de Chincha Alta s’est révélée être problématique dans la gestion de la crise du Coronavirus. Les halles et leurs alentours (occupés par le commerce ambulant) sont habituellement des lieux de forte concentration de population. Les restrictions horaires et la limitation du commerce ambulant ayant empiré la situation, il a donc été nécessaire de limiter l’accès aux halles et de les décentraliser vers les principaux districts de la province. En effet, cette mesure a obligé les maires des districts à organiser des marchés locaux dans leurs circonscriptions respectives. Cette disposition nécessaire a cependant tardé à être mise en œuvre. Elle illustre le rôle spécifique des gouvernements régionaux et locaux dans la lutte contre le coronavirus, rôle qui ne devrait pas être réduit au seul don de vivres aux populations vulnérables.

Marché provisoire à la place d’armes du district Sunampe. Photo: A. Morenas

Les gouvernements locaux : de possibles acteurs pour rapprocher producteur et consommateur en temps de crise sanitaire ?

Dès le début de la crise et de l’état d’urgence au Pérou, la question de limiter au mieux les fortes concentrations de population dans les marchés et supermarchés a été centrale et parfois controversée, comme le montre la mesure visant à alterner les jours de courses entre hommes et femmes ou l’interdiction de faire les courses les jeudi et vendredi saints. Les décisions gouvernementales ont parfois été critiquées, mais le rôle que pouvaient (ou devraient) avoir les autorités locales et régionales a rarement été mentionné. Le transfert de fonds du gouvernement national vers les autorités régionales et locales pour acheter et donner des paniers de produits de première nécessité aux foyers les plus pauvres a donné à celles-ci un rôle « officiel » dans la gestion de la crise. Néanmoins, il faudrait également souligner une série de mesures qu’elles pourraient mettre en oeuvre, dans le but de contrôler les concentrations excessives de population à échelle locale. Dans la presse, une certaine emphase a été mise sur la décision de certains maires de districts de fermer leurs « frontières ». Bien que la décision de la municipalité de La Molina ait été la plus médiatisée, d’autres districts, tels que Pacasmayo o San Pedro de Lloc, l’ont également prise.

Cependant, peu de fois a été évoqué le rôle que peuvent jouer ces autorités pour réorganiser les circuits de ravitaillement, tenter de limiter les rassemblements de personnes dans les marchés et les supermarchés tout en rapprochant consommateur et producteur, et réduire les risques de contamination lors du transport des produits. Cette initiative a été nommée « du champ à la marmite » dans plusieurs districts de Chincha. En effet, les gouvernements locaux connaissent les habitants et producteurs de leurs districts respectifs mieux toute autre autorité gouvernementale ou étatique, et sont probablement les plus indiqués pour pouvoir réaliser cette tâche. Il convient de mentionner que ces initiatives ne peuvent pas être reproduites aussi facilement dans toutes les localités : la province de Chincha compte un nombre important de producteurs agricoles, avicoles et une forte activité de pêche, ce qui, évidemment, aide à organiser ces circuits locaux de ravitaillement. L’initiative de décentraliser les halles se révèle cependant nécessaire pour pouvoir affronter plus efficacement le thème de la forte concentration de population, et l’on pourrait, particulièrement en zone urbaine, penser à des mécanismes pour approvisionner les magasins et les petits commerces au même prix que les grands marchés, généralement plus économiques. Alors que le nombre excessif de districts a pu être critiqué par le passé, la crise actuelle rappelle l’importance de disposer de niveaux d’autorité suffisamment proches de la population pour pouvoir développer l’organisation locale, mais aussi de mécanismes de répartition des ressources entre les districts, afin que l’organisation locale ne soit pas synonyme de nouvelles inégalités entre district riches et pauvres.

  • Entrée à la foire “De la chacra a la olla”
  • Port d’accès au marché itinérant
Marché itinérant à la place d’armes du district Sunampe. Photo: A. Morenas

La crise du coronavirus met en lumière la problématique des « non-pauvres » vulnérables.

La connaissance que les autorités locales ont de leurs districts et provinces respectifs a été l’un des arguments principaux en faveur du transfert de fonds destiné à l’achat de produits de première nécessité. Il faut également mentionner que de nombreuses autorités locales n’ont pas attendu ce virement du gouvernement pour mettre en place, souvent avec de grandes entreprises locales, le don de poulets, par exemple, aux habitants de leurs districts (comme cela a été le cas dans plusieurs districts d’Ica). Nous ne souhaitons pas prendre ici part au débat sur la dimension souvent « politique » de ces remises (est-il nécéssaire que le maire en personne effectue les remises, et que l’équipe de communication de la municipalité diffuse l’événement en direct ?). En revanche, nous voulons souligner le fait que cette crise mette en lumière le problème des « non-pauvres » en situation de vulnérabilité, lesquels ont été exclus de nombreuses politiques publiques ces dernières décennies.

On a beaucoup parlé de la forteresse budgétaire péruvienne, qui permet au pays d’affronter plus dynamiquement la crise du coronavirus par rapport à d’autres pays de la région, voire du monde. Le remise de bons aux foyers les plus vulnérables a été, sans aucun doute, une étape importante pour aider des millions de familles en situation de pauvreté. L’extension des bons aux travailleurs indépendants, et le transfert de fonds pour remettre des paniers de première nécessité à échelle locale montre plutôt clairement la difficulté que rencontre l’État péruvien pour atteindre tous les pauvres dans un moment de crise exceptionnelle. Ces dernières décennies, les programmes sociaux se sont basés sur le principe de « focalisation » de la pauvreté, avec l’idée que les programmes sociaux parviennent aux personnes qui en ont réellement besoin : celles en situation de pauvreté et d’extrême-pauvreté. Cependant, comme le rappellent Javier Herrera et Angelo Cozzubo, « l’expansion de la couverture des programmes sociaux, en se focalisant uniquement sur la population en condition de pauvreté, a laissé les vulnérables sans attention, et ce encore plus en dessinant des politiques spécifiques destinées à diminuer la vulnérabilité (en particulier les mécanismes d’assurance-chômage, d’assurance pour la faillite des entreprises familiales, les conséquences de désastres naturels, l’accès au crédit formel, etc.) »[1]. Les vulnérables sont les personnes et les foyers étant sortis de la pauvreté, mais qui, par exemple, pour des motifs conjoncturels ou de santé, pourraient facilement y retomber. La difficulté pour l’État péruvien d’aider ces foyers en situation de vulnérabilité, lesquels représentaient 28,4% de la population en 2018[2], montre qu’encore bien peu a été fait pour identifier et mettre en oeuvre des politiques socio-économiques à caractère plus universel. D’une certaine façon, l’annonce faite le 28 juillet 2019 par le président Vizcarra à propos de l’universalisation du Assurance Intégrale de Santé[3] (SIS), auparavant adressé aux foyers les plus pauvres, va dans ce sens, bien qu’il nécessite une hausse importante du budget du secteur sanitaire. La situation met également en lumière le défi, pour les chercheurs en sciences sociales en général, de produire un savoir plus détaillé sur cette catégorie de « non-pauvres » étant encore dans une situation relativement précaire et fragile, ce qui implique de ne pas simplement se limiter aux enquêtes sur les conditions de vie et de pauvreté monétaire.

[1] Javier Herrera y Angelo Cozzubo, La Vulnerabilidad de los hogares a la pobreza en el Perú, 2004-2014, UMR DIAL 225, Université Paris Dauphine, Institut de Recherche pour le développement, Documento de Trabajo, n˚ 2018‑08, 2016 (traduction propre).

[2] https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/28/coronavirus-en-peru-los-vulnerables-a-la-pandemia-covid-19/

[3] N.D.T : Seguro Integral de Salud.

El científico, la corrupción y la política[1]

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Por Arthur Morenas, coordinador del polo andino del Institut des Amériques (IDA) en Lima 

“Nosotros estimaríamos que nuestras investigaciones no merecen una hora de pena si tuvieran solo un interés especulativo. Si separamos, con precaución, los problemas teóricos de los problemas prácticos, no es para descuidar estos últimos: es, al contrario, para ponernos en condición de resolverlos mejor” (Durkheim, 2013 [1893]: Prefacio a la primera edición. Traducción propia).

Las crisis políticas y la multiplicación de los escándalos de corrupción en varios países de América Latina dan, para los científicos sociales, una relevancia particular a las palabras de Emile Durkheim. ¿Cómo hacer ciencia y valorizar sus aportes en contextos de fuertes exigencias sociales?

En el Perú, el escándalo Lava Jato tuvo como principal consecuencia la renuncia del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, así como un intenso debate sobre la necesidad de una reforma política. Recientemente, el actual presidente, Martín Vizcarra (quien asumió como vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski el mandato presidencial después de la renuncia de este), anunció su intención de adelantar las elecciones generales para el 2020. En el marco de este debate, los científicos sociales están en primera fila. La creación, a fines del 2018, de una “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política”, conformada por universitarios[2], lo ilustra con claridad. Esta comisión fue creada por el Poder Ejecutivo, en el marco de una abierta lucha contra la corrupción, con el fin de recibir propuestas para la reforma política y legitimarla científicamente. Otro ejemplo es el intento de institucionalizar un colegio de politólogos para organizar la “profesión” de politólogo[3]. Esta iniciativa provenía del Congreso de la República, cuya mayoría (el fujimorismo y el partido aprista) rechaza en gran parte las propuestas del Ejecutivo en materia de reforma política (por ejemplo, la propuesta de no reelección inmediata de los congresistas). La creación de dicho colegio habría significado la implementación de requisitos estrictos para poder ejercer la “profesión” de politólogo, lo que implicaba un control sobre las personas “profesionalmente calificadas” para opinar sobre la reforma política[4]. Si se hubieran aplicado a la “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política” los mismos requisitos que se querían imponer para colegiarse, varios de sus miembros no habrían podido participar[5]. De hecho, en el Perú, salvo algunas excepciones, la carrera de Ciencias Políticas con grados de bachillerato y licenciatura son recientes (años 2000). Sin embargo, el criterio principal para entrar al colegio de politólogos era la realización de estudios de Ciencias Políticas en pregrado y la obtención de la licenciatura, excluyendo así a sociólogos, historiadores, antropólogos… que trabajan temas políticos o han realizado maestrías o doctorados en dicha disciplina (como era el caso de varios miembros de la “Comisión de Alto Nivel”).

Estas cuestiones hacen recordar la manera como grupos profesionales y sociales utilizaron herramientas y legitimidad científica para inscribirse en las luchas para la construcción de los Estados latinoamericanos (y sus políticas) (Dezalay & Garth, 2002; Oré & Rap, 2009). Los momentos de crisis son propicios para estas estrategias, ya que las exigencias sociales son fuertes, y las estructuras de regulación social y política están debilitadas. Según estas exigencias, los politólogos y los científicos sociales tendrían que ser los “doctores” de la democracia a la imagen de los “money doctors” que se dedicaron a “salvar” las economías latinoamericanas a partir de finales del siglo XIX (Drake, 1994). A nuestro parecer, esta situación puede llevar a dos riesgos. Primero, y el intento de creación del colegio de politólogos lo muestra con cierta claridad, la tentación de independizar la ciencia política de las otras ciencias sociales (como ocurrió en cierta medida con la economía) (Heredia, 2015), privándola de valiosos aportes[6]. Segundo, el riesgo de entrar en el debate científico usando las categorías forjadas en las esferas políticas (u otras). Sin embargo, como nos lo recuerda la frase de Durkheim: para que los trabajos científicos tengan un verdadero interés para comprender y resolver problemas, es necesario mantener cierta distancia con las categorías comúnmente empleadas. Usando estas perspectivas, los trabajos científicos pueden tener verdaderos aportes. A continuación, recordamos algunas perspectivas forjadas desde las Ciencias Sociales, que recuerdan a la vez la importancia de trabajos empíricos profundizados y los aportes desde sus diferentes ramas.

 

Estudiar la corrupción: las prácticas y la categorización

Camille Goirand, en el marco de las conferencias que brindó durante la décima edición de las Jornadas de Jóvenes Americanistas organizadas en La Paz por el IFEA[7], recordó que las categorías “clientelismo” o “corrupción” abarcan muchas veces una serie de prácticas que tienen poco que ver entre ellas. Estas categorías no son neutras. Por lo tanto, es necesario identificar lo que se suele considerar, en un espacio social y político específico, como “corrupción” y los juegos de poder que existen para el uso legítimo de esta categoría. Usando el caso brasileño, recordó que los recientes escándalos de corrupción “Lava Jato” fueron aprovechados por grupos políticos y sociales para derrocar al gobierno, cuando estos mismos grupos afrontaban también graves acusaciones de malversaciones y sobornos. Dicho esto, no se trata de buscar culpar o exculpar a grupos políticos, sino más bien de identificar el trabajo de estos agentes sociales y políticos para orientar la categorización de ciertas prácticas como “corruptas” (y al mismo tiempo normalizar y legitimar ciertas prácticas, que en otros contextos sociales podrían ser consideradas como tales). Poner la mirada sobre este trabajo de “encuadre”[8] es un aporte valioso de las Ciencias Sociales: son herramientas para entender la manera como se estructura el poder, las visiones y estrategias que se usan para legitimar o deslegitimar ciertas prácticas, etc.

En el Perú, si bien siempre existieron acusaciones contra gobernantes a nivel nacional, en estos últimos años la atención se había centrado en asuntos locales y regionales[9]. El caso probablemente más emblemático ha sido “La Centralita”, en 2014, en el que se acusó al entonces presidente del gobierno regional de Áncash de utilizar una red de espionaje y presión contra opositores políticos y de haberse beneficiado de coimas en proyectos de obras públicas. A inicios de 2016, la Contraloría General de la República, órgano encargado del control del uso de los recursos públicos, informaba que 11 de los 24 gobernadores regionales en cargo entre 2011 y 2014 tienen denuncias penales, de los cuales 5, en ese entonces, eran prófugos o se encontraban bajo prisión preventiva[10]. Lo que sobresale hoy en día en el marco del escándalo Lava Jato es la formalización, penal, de acusaciones de corrupción en contra de altas autoridades políticas y administrativas del país. Estas revelaciones agudizaron la crisis política que conoce el Perú desde los años 2000, y en este contexto la lucha contra la corrupción constituye hoy en día un capital político, que hasta ahora era movilizado esencialmente por los partidos de izquierda, con un éxito relativo. Por lo tanto, estudiar cuáles son los grupos que intentan aprovechar este capital político (o deslegitimarlo), sus estrategias y su posición en el poder nacional permite contextualizar y situar la actual crisis política y acercarse a las prácticas concretas del poder en el Perú.

 

Prácticas del poder en el Perú

No obstante, la crisis política en el Perú tiene raíces más profundas y no se le puede reducir a los escándalos de corrupción. Por eso es aún más relevante interesarse por las prácticas del poder (político, económico, estatal, etc.). Retomando las ideas de Alberto Vergara, la crisis política en el Perú radica, al menos en parte, en el sentimiento de que “ir a votar parece cada vez más una pantomima sin consecuencias” (Vergara, 2012: 1). Esta ausencia de “alternativa”, el autor la relaciona con el auge, en el Estado peruano, de un grupo de tecnócratas quienes “han sido formados en un habitus impregnado de unos principios, prácticas y políticas chorreados desde el MEF y los organismos internacionales” (Vergara, 2012: 3). Por lo tanto, la manera con la cual se organizó este sistema institucional debe interesar al científico social. Recientemente, los trabajos sobre el caso peruano se han dividido en dos enfoques, a veces opuestos, entre la visión de un Estado “capturado” (Cabtree & Durand, 2017) por los grupos económicos y la presentación de una burocracia independiente, que no se deja influenciar por el sector privado u organismos internacionales (Dargent, 2012). Mas allá de un debate sobre el grado de independencia formal de estos “tecnócratas”, cuyo mérito es llevar la atención hacia las prácticas concretas del poder, nos parece central entender cómo se institucionalizó y estructuró este nuevo aparato estatal. Esto conduce a interesarse no solamente por la estructura burocrática, sino también por el origen social de estos grupos, el peso de las universidades públicas y privadas, los recursos necesarios para poder acceder a los principales puestos de responsabilidad etc.

Por ejemplo, volviendo a una escala “local”, el trabajo de Álvaro Galvez (2017) muestra con bastante interés el auge de los “perfileros” o “emprendedores del Estado” en relación con la elaboración e implementación de los proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP, reemplazado en 2017 por el sistema InvertePe). El autor describe un sistema, que podría parecer paradójico, en el cual la “mejor” manera de trabajar para el Estado, a nivel local, es siendo un consultor privado dedicado a la elaboración de proyectos de inversión pública. Esta “confusión” entre intereses públicos y privados lleva, en algunos contextos, a la caracterización de actos de corrupción. Pero la paradoja descrita por el autor va más allá de una confusión de intereses en la implementación de proyectos de inversión pública: a nivel local, las características y los recursos legítimos para poder ingresar en el “sector público” son, en gran parte, características y recursos provenientes del sector privado. Si bien, durante varios años, estas características eran poco cuestionadas, hoy en día la multiplicación de los escándalos de corrupción cambia este escenario. Actualmente, la analogía con el nivel nacional es evidente: aunque las acusaciones de “lobbyismo” no son nuevas, estas prácticas son puestas en tela de juicio.

En algunas palabras, y para concluir, la(s) crisis política(s) nos enseña(n) lo necesarias que son las Ciencias Sociales, en su conjunto, para la sociedad, pero también la necesidad de darles cierta autonomía en la construcción de sus cuestionamientos. No se trata, no obstante, de postular la independencia total del científico social en relación con las dinámicas sociales y políticas, pero sí recordar la importancia de ofrecer condiciones de trabajo que le permitan forjar sus problemáticas con cierta independencia[11], no para mantenerse alejados de la sociedad, sino para ofrecer nuevas miradas y enfoques y salir del monopolio que tienen ciertos grupos (políticos, periodísticos o económicos) en la construcción de las problemáticas y debates públicos.

 

Referencias citadas

CRABTREE, J. & DURAND, F., 2017 – Perú: élites del poder y captura política, 201 pp.; Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

DARGENT, E., 2012 – Technocracy under democracy: assessing the political autonomy of experts in latin america; Austin: The University of Texas at Austin. Tesis de doctorado (Ciencia política)

DEZALAY, Y. & GARTH, B., 2002 – La internacionalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transformar los Estados latinoamericanos, 390 pp.; Bogotá: Inst. Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.

DRAKE, P. W. (ed.), 1994 – Money doctors, foreign debts, and economic reforms in Latin America from the 1890s to the present, xxxiii + 270 pp.; Wilmington, Del.: SR Books.

DURKHEIM, É., 2013 [1893] – De la division du travail social; París: Presses Universitaires de France.

GÁLVEZ, Á., 2017 – Emprendedores del Estado: el Sistema Nacional de Inversión Pública y el surgimiento de los “perfileros” en los gobiernos locales. In: Burócratas y tecnócratas. La infructuosa búsqueda de la eficiencia empresarial en el Estado peruano del siglo XXI (Á. Gálvez & Á. Grompone Velásquez, eds.):  19-96; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

HEREDIA, M., 2015 – Cuando los economistas alcanzaron el poder: o cómo se gestó la confianza en los expertos, 299 pp.; Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

MUÑOZ, P. & GUIBERT, Y., 2016 – Perú: El fin del optimismo. Revista de ciencia política, 36 (1): 313-338.

ORÉ, M. T. & RAP, E., 2009 – Políticas neoliberales de agua en el Perú. Antecedentes y entretelones de la ley de recursos hídricos. Debates en Sociología, 34: 32-66.

QUIROZ, A. W., 2013 – Historia de la corrupción en el Perú, 486 pp.; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

VERGARA, A., 2012 – Alternancia sin alternativa.  ¿Un año de Humala o veinte años de un sistema? Revista Argumentos, 6 (3): 1-13.

 

[1] Título libremente inspirado de la traducción francesa del libro de Max Weber, La política como vocación, 1919 (Le savant et la politique).

[2] Disponible en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300957/Comisi%C3%B3n_Informe_Completo-compressed_compressed.pdf

[3] Por el momento, la ley de creación del Colegio de Politólogos ha sido observada por el Poder Ejecutivo, el cual la juzgó inconstitucional.

[4] Aunque es probable que este control hubiera sido relativo. Los colegios profesionales en el Perú tienen cierta importancia en el ejercicio de las profesiones (abogado, arquitecto, entre otros). No obstante, algunas carreras emblemáticas, con bastante peso en la función pública, tienen vínculos relativamente débiles con los colegios profesionales. El caso más evidente es el del Colegio de Economistas, al cual no pertenecían varios de quienes habían sido ministros de Economía.

[5] Maria Alejandra Campos, «El inútil colegio de politólogos», El Comercio (16 de mayo de 2019). Disponible en https://elcomercio.pe/politica/inutil-colegio-politologos-maria-alejandra-campos-noticia-635744

[6] Cabe mencionar que uno de los clásicos de los estudios sobre corrupción en el Perú es fruto del trabajo del historiador Alonso W. Quiroz (2013).

[7] Junto con el CEMCA, la UMSA, la Embajada de Francia en Bolivia y el IDA.

[8] «Framing», en inglés; «cadrage» en francés.

[9] Paula Muñoz y Yamilé Guibert, por ejemplo, describen bien este aumento de la percepción de los casos de corrupción a nivel local a partir de 2014 (Muñoz & Guibert, 2016: cap. VII). Recordamos que estamos hablando aquí de casos de corrupción que llevaron a penas de prisión o prisión preventiva, y no solo a denuncias periodísticas o políticas.

[10] «Once ex gobernadores regionales denunciados por corrupción», El Comercio, (12 de enero de 2016). Disponible en https://elcomercio.pe/peru/once-ex-gobernadores-regionales-denunciados-corrupcion-262162

[11] Cabe mencionar, en este contexto, la reciente movilización de importantes instituciones peruanas para pedir una política nacional de apoyo a las Ciencias Sociales. Disponible en http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ApuestaporlasCCSS_Brochure_d.pdf

Le savant, la corruption et la politique[1]

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Par Arthur MORENAS, coordinateur du Pole Andine de l’Institut des Amériques à Lima

« Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n’est pas pour négliger ces derniers : c’est, au contraire, pour nous mettre en état de les mieux résoudre » (Durkheim, 2013 [1893] : Préface a la première édition)

Les crises politiques et la multiplication des scandales de corruption dans plusieurs pays d’Amérique latine donnent une importance particulière, pour le chercheur en sciences sociales, aux mots de Emile Durkheim : comment faire de la science et valoriser ses apports dans des contextes de fortes exigences sociales ?

Au Pérou, le scandale Lava Jato a eu comme principale conséquence la démission du président de la République Pedro Pablo Kuczynski ainsi qu’un intense débat quant à la nécessité d’une réforme politique. Récemment, le président Martin Vizcarra (qui, en tant que vice-président de Pedro Pablo Kuczynski, a assumé la présidence de la République) a annoncé son intention d’avancer les élections générales pour l’année 2020. Dans le cadre de ce débat, les scientifiques sont en première file. La création, fin 2018, d’une « Commission de Haut Niveau pour la Réforme Politique », formée d’universitaires[2], l’illustre clairement. Cette commission a été créé par le pouvoir exécutif dans le cadre d’une lutte ouverte contre la corruption, avec l’objectif de recevoir des propositions et de légitimer scientifiquement la réforme politique. Un autre exemple est la tentative d’institutionnaliser un « Collège de politologues » afin d’organiser la « profession » de politologue. Cette initiative provenait du Congrès de la République, dont la majorité (le Fujimorisme et la parti Apriste) rejette en grande partie les propositions de l’exécutif en matière de réforme politique (par exemple : la proposition de non-réélection immédiate des députés). La création de ce Collège aurait impliqué la mise en place de stricts prérequis pour pouvoir exercer la « profession » de politologue[3], ce qui aurai entrainé de fait un contrôle sur les personnes « professionnellement qualifiées » pour opiner sur la réforme politique[4]. En effet, si l’on avait appliqué à la « Commission de Haut Niveau pour la Réforme Politique » les mêmes prérequis que l’on souhaitait imposer pour rejoindre le Collège professionnel de politologues, plusieurs des membres de cette commission n’auraient pas pu y participer[5]. De fait : au Pérou, hormis quelques exceptions, les formations en sciences politique avec des diplômes de Bachelor ou Licence sont récentes (années 2000). Or, le critère principal pour pouvoir rejoindre le Collège de politologues était la réalisation d’études de science politique dès le premier cycle universitaire, excluant ainsi les sociologues, historiens, anthropologues et autres travaillant sur des thématiques politiques, ou ayant réalisé des études de science politique en Master et Doctorat, mais pas en premier cycle (comme c’était le cas de plusieurs membres de la « Commission de Haut Niveau »).

Ces questions rappellent la manière dont des groupes professionnels et sociaux utilisèrent des outils et une légitimité scientifique pour s’inscrire dans les luttes pour la construction des Etats latinoaméricains (et leurs politiques) (Dezalay & Garth, 2002 ; Oré & Rap, 2009). Les moments de crise sont propices à ces stratégies, du fait de fortes exigences sociales et de structures de régulation politique relativement affaiblies. Selon une partie de ces exigences, les politologues et les scientifiques devraient être les « docteurs » de la démocratie, à l’image des « money doctors » qui se sont employés à « sauver » les économies latino-américaines à partir de la fin du XIXème siècle (Drake, 1994). Cependant, cette situation peut amener deux risques. Premièrement, et la tentative de création du « Collège de politologues » le montre clairement, la tentation d’isoler les sciences politiques des autres sciences sociales (comme ce fut le cas, dans une certaine mesure, de l’Economie) (Heredia, 2015), la privant de riches apports[6] et démarches de recherche. Deuxièmement : le risque d’entrer dans le débat scientifique en utilisant les catégories forgées dans les sphères politiques (ou autres). Comme nous le rappelle la phrase de Durkheim : pour que les travaux scientifiques aient un véritable intérêt pour comprendre et résoudre des problématiques, il est nécessaire de maintenir une certaine distance avec les catégories communément employées. À travers ces perspectives, les travaux scientifiques peuvent fournir de véritables apports.

Dans les pages qui suivent, nous rappellerons certaines perspectives développées à partir des sciences sociales, qui donnent à voir à la fois l’importance de travaux empiriques approfondis ainsi que les multiples et riches apports des différentes « branches » des sciences sociales.

Etudier la corruption : les pratiques et la catégorisation

Camille Goirand, dans le cadre des conférences données lors de la Xème édition des Journées des Jeunes Américanistes organisées à La Paz par l’IFEA[7], a rappelé que les catégories comme « clientélisme » ou « corruption » concernent souvent des pratiques qui ont peu de choses à voir entre elles. Ces catégories ne sont pas neutres. Il est, de ce fait, nécessaire d’identifier ce que l’on a coutume de considérer, dans un espace social et politique spécifique, comme « corruption » et les jeux de pouvoir qui existent pour l’utilisation légitime de cette catégorie. À travers du cas brésilien, Camille Goirand a rappelé que les récents scandales de corruption « Lava Jato » ont été utilisés par des groupes politiques et sociaux pour battre le gouvernement, quand ces mêmes groupes affrontaient aussi de graves accusations de malversations et pots de vins. Ceci dit, il ne s’agit pas de chercher à responsabiliser ou déresponsabiliser des groupes politiques, mais plutôt d’identifier le travail de ces agents sociaux et politiques pour orienter la catégorisation de certaines pratiques comme « corruption » (et dans le même temps normaliser et légitimer certaines pratiques, qui dans d’autres contextes sociaux pourraient être considérées comme corrompues). Faire porter le regard sur ce travail de « cadrage » est un riche apport des sciences sociales : ce sont des outils pour comprendre la manière à travers laquelle se structurent le pouvoir, les visions et les stratégies utilisées par les agents sociaux pour légitimer ou délégitimer certaines pratiques.

Au Pérou, si des accusations contre les gouvernements nationaux ont toujours existé, l’attention s’était surtout centrée, ces dernières années, sur des questions locales et régionales[8]. L’affaire la plus emblématique a été, en 2014, la « Centralita », dans laquelle le président du conseil régional de Ancash avait alors été accusé d’utiliser un réseau d’espionnage et de pressions contre les opposants politiques, ainsi que d’avoir bénéficié de pots de vins dans des projets de travaux publics. Au début de l’année 2016, la Contraloría General de la República, organe chargé du contrôle de l’utilisation des ressources publiques, informait que 11 des 24 gouverneurs régionaux en poste entre 2011 et 2014 affrontaient des accusations pénales, parmi lesquels 5 étaient alors en fuite ou en prison préventive[9]. Ce qui est mis en évidence aujourd’hui dans le cadre du scandale Lava Jato est la formalisation, pénale, d’accusation de corruptions contre de hautes autorités politiques et administratives du pays. Ces révélations ont accentué la crise politique que connait le Pérou depuis les années 2000, et dans ce contexte la lutte contre la corruption est aujourd’hui un capital politique, qui était jusqu’alors mobilisé essentiellement par les partis de gauche avec un succès relatif. De ce fait, étudier qui sont les groupes qui tentent d’utiliser ce capital politique (ou le délégitimer), leurs stratégies et leurs positions dans le pouvoir national permet de contextualiser et situer la crise actuelle et s’approcher des pratiques concrètes du pouvoir au Pérou.

Pratiques du pouvoir au Pérou

Cependant, la crise politique au Pérou a des racines plus profondes et l’on ne peut la réduire aux scandales de corruption. Pour cela il est encore plus important e s’intéresser aux pratiques du pouvoir (politique, économique, étatique etc). En reprenant les idées de Alberto Vergara, la crise politique au Pérou se situe, au moins en partie, dans le sentiment qu’ « aller voter ressemble toujours plus à une pantomime sans conséquences » (Vergara, 2012 : 1). Cette absence d’ « alternative », l’auteur la met en relation avec la montée en puissance, dans l’Etat péruvien, d’un groupe de technocrates qui « ont été formés dans un habitus imprégné de principes, pratiques et politiques ruisselant depuis le MEF [ndlr : Ministère d’Économie et des Finances] et les organismes internationaux » (Vergara, 2012 : 3). De ce fait, la manière dont s’est organisé ce système institutionnel doit intéresser le scientifique. Récemment, les travaux sur le cas péruvien se sont divisés en deux perspectives, parfois opposées, entre la vision d’un État « capturé » (Cabtree & Durand, 2017) par les groupes économiques et la présentation d’une bureaucratie indépendante, ne se laissant influencer ni par les organismes privés ni par les organismes internationaux (Dargent, 2012). Au-delà d’un débat sur le niveau d’indépendance formelle de ces « technocrates », dont le mérite est de faire porter l’attention sur les pratiques concrètes du pouvoir, il nous parait central de comprendre comment s’est institutionnalisé et structuré ce nouvel appareil étatique. Cela amène à s’intéresser non seulement à la structure bureaucratique mais aussi aux origines sociales de ces groupes, le poids des universités publiques et privées, les ressources nécessaires pour pouvoir accéder aux principaux postes de responsabilité etc.

Par exemple, et revenant à une échelle locale, un travail de Alvaro Galvez (2017) montre avec beaucoup d’intérêt la montée en puissance des « perfileros » ou « entrepreneurs d’Etat » en lien avec l’élaboration et la mise en fonctionnement de projets d’investissements publics dans le cadre du Système National d’Investissement Public (SNIP, remplacé en 2017 par le système InvertePe). L’auteur décrit un système, qui pourrait paraître paradoxale, dans lequel la « meilleure » manière de travailler pour l’Etat à l’échelle locale est en étant un consultant privé dédié à l’élaboration de projets d’investissements publics. Cette « confusion » entre intérêts publics et privés amène, dans certains contextes, à la caractérisation d’actes de corruption. Mais le paradoxe décrit par l’auteur va au-delà d’une confusion entre intérêts dans la mise en œuvre de projets d’investissements publics : au niveau local, les caractéristiques et les ressources légitimes pour pouvoir entrer dans le « secteur public » sont, en grande partie, des caractéristiques et ressources provenant du secteur privé. Si durant plusieurs années ces caractéristiques étaient peu questionnées, aujourd’hui la multiplication des scandales de corruption change cet état de fait. L’analogie avec le niveau national est aujourd’hui évidente : bien que les accusations de « lobbysme » ne soient pas nouvelles, ces pratiques sont aujourd’hui mises en accusation.

En quelques mots, pour conclure, les crises politiques nous montrent la nécessité des sciences sociales, dans leur ensemble, pour la société, mais aussi la nécessité de leur donner une certaine autonomie dans la construction de leurs questionnements. Il ne s’agit pas, cependant, de postuler l’indépendance totale du scientifique des dynamiques sociales et politiques, mais plutôt de rappeler l’importance d’offrir des conditions de travail qui permettent aux scientifique de forger leurs problématiques avec une certaine indépendance, non pas pour se maintenir à l’écart de la société mais pour offrir de nouveaux regards et perspectives, et sortir du monopole qu’ont certains groupes (politiques, journalistiques ou économiques) dans la construction des problématiques et débats publics.

Références citées :

CRABTREE, J. & DURAND, F., 2017 – Perú: élites del poder y captura política, 201 pp.; Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

DARGENT, E., 2012 – Technocracy under democracy: assessing the political autonomy of experts in latin america; Austin: The University of Texas at Austin. Thèse de doctorat (PhD) en Science politique.

Dezalay, Yves, et Bryant G. Garth. 2002. La mondialisation des guerres de palais: la restructuration du pouvoir d’Etat en Amérique latine, entre notables du droit et Chicago boys. 390pp Collection liber. Paris: Seuil.

DRAKE, P. W. (ed.), 1994 – Money doctors, foreign debts, and economic reforms in Latin America from the 1890s to the present, xxxiii + 270 pp.; Wilmington, Del.: SR Books.

DURKHEIM, É., 2013 [1893] – De la division du travail social; París: Presses Universitaires de France.

GÁLVEZ, Á., 2017 – Emprendedores del Estado: el Sistema Nacional de Inversión Pública y el surgimiento de los “perfileros” en los gobiernos locales. In: Burócratas y tecnócratas. La infructuosa búsqueda de la eficiencia empresarial en el Estado peruano del siglo XXI (Á. Gálvez & Á. Grompone Velásquez, eds.):  19-96; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

HEREDIA, M., 2015 – Cuando los economistas alcanzaron el poder: o cómo se gestó la confianza en los expertos, 299 pp.; Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

MUÑOZ, P. & GUIBERT, Y., 2016 – Perú: El fin del optimismo. Revista de ciencia política, 36 (1): 313-338.

ORÉ, M. T. & RAP, E., 2009 – Políticas neoliberales de agua en el Perú. Antecedentes y entretelones de la ley de recursos hídricos. Debates en Sociología, 34: 32-66.

QUIROZ, A. W., 2013 – Historia de la corrupción en el Perú, 486 pp.; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

VERGARA, A., 2012 – Alternancia sin alternativa.  ¿Un año de Humala o veinte años de un sistema? Revista Argumentos, 6 (3): 1-13.

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[1] Titre librement inspiré du libre de Max Weber, Le savant et la politique, 1919

[2] Rapport disponible en ligne : https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300957/Comisi%C3%B3n_Informe_Completo-compressed_compressed.pdf

[3] Pour le moment la loi de création du collège de politologues a été observée par le pouvoir exécutif, qui l’a jugé inconstitutionnelle

[4] Bien qu’il soit possible que ce contrôle ait été relatif. Les collèges professionnels au Pérou ont une certaine importance dans l’exercice des professions (avocat, architectes entre autres). Néanmoins certaines professions emblématiques, avec un poids important dans la fonction publique, ont des liens relativement faibles avec les collèges professionnels. Le cas le plus évident est celui du collège des économistes, auquel plusieurs ministres de l’Economie n’ont jamais appartenu.

[5] Voir : Maria Alejandra Campos, «El inútil colegio de politólogos», El Comercio (16 mai 2019). Disponible en https://elcomercio.pe/politica/inutil-colegio-politologos-maria-alejandra-campos-noticia-635744

 

[6] Il faut rappeler que l’un des classiques de l’étude de la corruption au Pérou est le fruit d’un travail de l’historien Alonso W. Quiroz (2013)

[7] Avec le CEMCA, la UMSA, l’Ambassade de France en Bolivie et l’IDA.

[8] Paula Muñoz et Yamilé Guibert, par exemple, décrivent bien cette augmentation des cas de corruption au niveau local à partir de 2014 (Muñoz & Guibert, 2016 : cap. VII). Nous rappelons que nous parlons ici de cas de corruption qui se sont traduits par des peines de prison ou de la prison préventive, et pas uniquement à des accusations journalistiques ou politiques.

[9] «Once ex gobernadores regionales denunciados por corrupción», El Comercio, (12 janvier 2016). Disponible en ligne : https://elcomercio.pe/peru/once-ex-gobernadores-regionales-denunciados-corrupcion-262162

 

Nouveaux jeunes chercheurs

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L’IFEA a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de deux jeunes chercheurs à son siège administratif à Lima. D’abord, Marie Pigeolet, boursière d’aide à la mobilité 2017, doctorante en Géographie  à l’Université Paris 1- Panthéon Sorbonne qui travaille sur le thème : “ Penser la gestion de crise et sa préparation : le rôle des savoirs informels et de la dimension religieuse.”  Son terrain d’étude est la ville de Lima.

Nous accueillons aussi le nouveau coordinateur du Pôle Andin de l’Institut des Amériques à Lima : Arthur Morenas, doctorant en Sciences politiques de l’Université de Strasbourg. Sa thèse aborde l’étude des politiques économiques au Pérou, en utilisant les apports de la science politique pour comprendre quelles sont les mécanismes sociaux, politiques et économiques qui interviennent dans leur construction et mise en œuvre. En tant que coordinateur de l’IdA à  Lima, Arthur participera à l’organisation d’événements académiques pour son institution et l’IFEA.

Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans leurs recherches !

Marie Pigeolet (Crédits photo: K. PACHECO)

Arthur Morenas (Crédits photo: K. PACHECO)

El estudio sociológico de la legitimidad en contextos a priori desfavorables

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Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s IFEA

El caso de las prácticas mágicas en la era moderna y de las prácticas políticas en las márgenes urbanas 

Presentación de Fanny Charrasse y Arthur Morenas

LEGITIMIDAD Y LEGITIMIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS MÁGICAS: EL CHAMANISMO EN TÚCUME (PERÚ) Y EL MAGNETISMO EN PARIS (FRANCIA)

Fanny Charrasse, en primer año de doctorado de sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS-Paris, laboratorio LIERE) bajo la dirección de Cyril Lemieux, presentó el viernes 15 de julio de 2016 una exposición concisa, eficaz y dinámica sobre «Legitimidad y legitimización de las prácticas mágicas: el chamanismo en Túcume (Perú) y el magnetismo en Paris (Francia)».

En este trabajo de comparación de dos prácticas mágicas perteneciendo a zonas geográficas distintas, ella planteó el problema de la patrimonialización y modernización que permite a estas prácticas salir de la zona gris o de la explicita ilegalidad. Más precisamente, cuestionó las dinámicas de transformación que rigen el proceso de patrimonialización.

Partió del problema de la predefinición del chamanismo y del magnetismo: en primer lugar, la predefinición de la misma investigadora que había calificado las prácticas de « tradicionales »: si bien, todos los practicantes no comparten en absoluto este punto de vista sino que algunos (sobre todo los magnetizadores) consideran sus prácticas como «modernas », o «del futuro ». Desde la perspectiva de una sociología pragmática, Fanny Charrasse planteó entonces la interrogación siguiente: ¿quiénes son los que juzgan las prácticas como tradicionales o modernas?

Desarrolló su reflexión en tres puntos: primero, presentó ambas prácticas mágicas, en base a su trabajo de campo, subrayando puntos en común. Luego, describió el trabajo de las asociaciones cuya meta es patrimonializar, y correlativamente, estandarizar las prácticas. Terminó analizando las tensiones generadas por el trabajo de las asociaciones sobre los chamanes y magnetizadores en función del deseo de reconocimiento de los mismos.

Chamanismo y magnetismo: semejanzas, distinciones

Con el fin de obtener una primera aproximación a ambas prácticas – chamanismo y magnetismo – Fanny Charrasse estableció una metodología de investigación precisa: configuró listas de nombres de chamanes y magnetizadores, compilando la opinión de sus interlocutores sobre cada uno de ellos. Una vez establecidas las listas, pudo contactar a chamanes y magnetizadores proponiéndoles realizar entrevistas y hacer observación durante las sesiones.

chaman-fcharrasse

Créditos: F. Charrasse

En base a estos dos trabajos de campo –en Túcume y en Paris– pudo destacar algunas características compartidas por ambas prácticas: la multiplicidad de profesiones de origen, un sistema de alianza y distinciones propias de cada disciplina. Observó en efecto que muchos de los curanderos se dedicaban a otras actividades de forma paralela. También que los chamanes de Túcume, en mayor medida que los magnetizadores de Paris, tenían una red de amistades y enemistades profesionales. Finalmente, en los chamanes de Túcume se distinguen los curanderos «compactados», adinerados y famosos por haber hecho ‘un pacto con el diablo’; mientras que en el magnetismo en Paris se divide entre el magnetismo «puro» y el «abierto» a las prácticas adivinatorias.

Las asociaciones y el trabajo de definición

Fanny Charrasse presentó luego el trabajo de las asociaciones locales -en las cuales participó- cuyo objetivo es valorizar las prácticas, modernizarlas, para que sean reconocidas por el Estado y profesionalmente relacionadas con los museos.

Estas asociaciones, que trabajan de la mano con los curanderos, proceden correlativamente a un ejercicio de definición: ya sea para el chamanismo o el magnetismo y establecen una lista de requisitos que deben reunir los curanderos que desean integrar la asociación.

En el caso del chamanismo en Túcume, los chamanes deben ser profesionales (no dedicarse a otra profesión aparte del chamanismo) y no deben« hacer el mal ». De esta forma, los chamanes «compactados», cuyo contrato con el diablo rige su práctica, son automáticamente descartados de la asociación.

En el caso parisino, las asociaciones definieron el magnetismo como una práctica liberal que tiene que ser declarada en la URSSAF. También los magnetizadores tienen que practicar magnetismo «puro» (sin combinarlo con prácticas adivinatorias), responder al juramento hipocrático (según el cual la práctica no puede ser dañina) y a las prohibiciones del Colegio Médico.

Fanny Charrasse califica este proceso de «modernización simple», apoyándose en la distinción entre modernización simple y reflexiva hecha por Ulrich Beck, esta va a la par con la asepsia y comercialización de las prácticas.

Tensiones sobre las formas de practicar

La doctoranda finalizó su exposición analizando las tensiones provocadas por el trabajo de reconocimiento de las asociaciones sobre las maneras de practicar el chamanismo y el magnetismo. En base a su participación en 22 sesiones de chamanismo en Túcume y en 11 sesiones de magnetismo en Paris, Fanny Charrasse presenció estrategias de precaución de parte de los curanderos, debidas en parte a la presencia de un público -en este caso la socióloga- que tiene contacto con las asociaciones.

Asimismo, nos dio el ejemplo de una ceremonia durante la cual el chamán le justificó que el gesto que estaba realizando no era «para hacer el daño» sino para «devolver el daño», distinguiéndose por lo tanto de una práctica puramente dañina. Por otra parte, con los magnetizadores, ella pudo observar un cambio de vocabulario cuyo uso permitía no trasgredir las prohibiciones del Colegio Médico: por ejemplo, se evitaba el término «videncia» a favor de «intuición», o  «prescripción» a favor de «consejo».

Estos cambios de parte de los curanderos -generados por el deseo de reconocimiento- ilustran las dinámicas de transformación que van a la par con el proceso de patrimonialización. Fanny Charrasse concluyó su exposición con una pregunta final: en estos procesos de legitimización de las prácticas mágicas, ¿qué entidad tiene que cambiar, las prácticas o la sociedad?

El debate

Después de esta presentación descriptiva y analítica, el debate permitió acceder a dimensiones más pragmáticas de la investigación, valiosas en lo que permiten dar forma a la realidad del trabajo de campo.

Se tocó la cuestión de la formación de los chamanes y magnetizadores: la trasmisión de padre a hijo y el don. La doctoranda matizó su respuesta explicando que estas cuestiones estaban en debate dentro de las asociaciones.

Luego se habló del nexo entre chamanismo y turismo: ¿serán dos caras de la misma moneda? Fanny Charrasse precisó que en el caso de Túcume, sólo un  chamán trabajaba con turistas. Pero relativizó esta afirmación anticipando que dentro del contexto actual de trabajo de las asociaciones existe la posibilidad que esta tendencia se desarrolle.

Un participante preguntó acerca del poder de los chamanes compactados, cuya fama resiste a las condenas consecutivas de la iglesia, los médicos y actualmente las asociaciones. Fanny Charrasse relató entonces la forma en la cual pudo conocer a un chamán compactado famoso de Túcume y las estrategias que ella desarrolló en su trabajo de campo.

El debate concluyó con una pregunta en torno a las diferencias y similitudes entre el campo francés y el campo peruano y la cuestión de la racionalidad: ¿es la misma cosa hacer chamanismo en el Perú que magnetismo en Francia? Fanny Charrasse contestó que, dentro de la perspectiva de la sociología pragmática, se evaluaban las prácticas a partir de los mismos criterios, sin jerarquía de racionalidad.

Luego se enfocó la charla en la experiencia personal de una de las participantes cuya voluntad de aprender a pasar el cuy fue rechazada porque, según su interlocutora, sus creencias no eran compatibles con la práctica. Fanny relativizó este suceso con su propia experiencia: en algunos casos, los chamanes le solicitaban su participación y en otros, se la negaban.

EL MARGEN Y LA INFORMALIDAD: PRÁCTICAS DE ACTORES Y CONSTRUCCIÓN DE LEGITIMIDAD POLÍTICA. EL CASO DE JICAMARCA

 

Arthur Morenas es estudiante del Master América Latina del Instituto de Estudios Políticos de Grenoble. Ha sido practicante del IFEA, apoyando en la organización del coloquio « Nuevas miradas sobre el régimen militar de Velasco Alvarado ». Actualmente, es miembro del equipo de investigación PERIMARGE, en el marco de una práctica en el CNRS.

Arthur presentó los primeros resultados de su investigación sobre el tema « El margen y la informalidad: prácticas de actores y construcción de la legitimidad política”. Su estudio se enfoca en la comunidad de Jicamarca, distrito de San Antonio de Huarochirí. Esta investigación tiene como objetivo analizar las prácticas de los actores sociales y políticos durante las elecciones generales de 2016 en una zona considerada como marginal.

Escenario territorial y político de la Comunidad de Jicamarca

Arthur empezó por describir la particularidad del contexto territorial y político de su zona de estudio. La comunidad campesina de Jicamarca definió su territorio dentro de los anexos 22 y 8 ubicados en la matriz de la provincia de Huarochirí en límite con la provincia de Lima Metropolitana (distritos de San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica). El propósito de la creación de los anexos 22 y 8 de la comunidad de Jicamarca era defenderse de la urbanización creciente de esta zona de expansión urbana, reivindicada por las dos provincias. Esta situación de continuidad directa con la aglomeración limeña y su urbanización creciente es justamente un contexto idóneo para realizar esta investigación. Arthur resaltó efectivamente el peso político potencial de esta zona marginal y el interés de los actores políticos en entrar en esta durante la campaña por las elecciones generales.

Crédito: A. Morenas

Crédito: A. Morenas

Clientelismo y marginalidad

A partir de este contexto, Arthur definió el espacio marginal desde su dimensión social (exclusión de un tipo de personas) y espacial (exclusión de un territorio específico). Estas dos dimensiones de la marginalidad subrayadas por Didier Fassin, se encuentran en el contexto de Lima en el análisis de José Matos Mar sobre la exclusión del Perú profundo por el Perú oficial en las barriadas de Lima. En este marco, el análisis del  contexto político de los territorios marginales describe un espacio con poca presencia política y prácticas políticas fuera de lo que se define en democracia liberal como el clientelismo.

Los resultados del trabajo de campo realizado por Arthur durante el periodo electoral y post-electoral permiten más bien balancear esta constatación. Si bien el contexto electoral ha  demostrado una cierta tendencia al desarrollo de prácticas clientelistas: cambio de presencia política en la zona de inexistente a muy fuerte con la llegada de candidatos, cultura del regalo (comida para los pobres, promesa de titulación de propiedades para los domingueros*). Pese a ello, las relaciones políticas entre los actores no carecían de contenido político. Más bien se identificó interacciones fuertes entre organizaciones sociales y políticas. Tal como que el frente de defensa (reunión de dirigentes de los diferentes sectores de los anexos 22 y 8) dejo de funcionar un año durante las elecciones para evitar los conflictos entre los dirigentes que apoyaban Keiko y los que apoyaban el Frente Amplio.

Crédito: A. Morenas

Crédito: A. Morenas

Organizaciones sociales y militancia política

A partir de estos primeros resultados, Arthur pudo distinguir dos tipos de organizaciones sociales: las que tienen militancia política clara y las que no tienen y se presentan solamente como apoyo al candidato. Sobre estas últimas agrupaciones, suelen pertenecer a sectores más populares que no están conectados con el tren eléctrico. El apoyo que entregan a un candidato se caracteriza por un intercambio: le dieron un espacio para poner su cartel porque el candidato ayudo en la construcción de un muro de contención.

Arthur terminó su presentación subrayando el carácter prospectivo de su investigación, que hizo surgir muchas interrogantes, sin proporcionar aún respuestas claras, debido a la complejidad del territorio estudiado y de las dinámicas que lo atraviesan.

Bibliografía

FASSIN, Didier : « Exclusion, underclass, marginalidad. Figures contemporaines de la pauvreté urbaine en France, aux Etats-Unis et en Amérique latine »,  In: Revue française de sociologie, 1996, 37-1. pp. 37-75

MATOS MAR, José : Desborde popular y crisis del estado, el nuevo rostro del Perú en la década del 1980, Instituto de Estudios Peruanos, IEP Ediciones, Lima : 1986

 

Camille Riverti (EHESS) y Quentin Marchand (IFEA)