¿La crisis pandémica, oportunidad conservadora? Crónicas chilenas

Por Antoine Faure (Escuela de Periodismo – USACH) y Argelia Villegas Silva (Université Clermont-Auvergne)[1]

En octubre de 2019, gran parte de Chile se levantaba en contra del sistema neoliberal, la precariedad y las desigualdades que este genera. Seis meses después, en plena crisis pandémica, las protestas se multiplican en los barrios los más pobres y denuncian el “hambre del pueblo”. Las medidas frente al contagio de COVID-19 han priorizado la economía estructural y agudizado las mismas desigualdades. Como si lo ocurrido en octubre no hubiese existido.

Esta constatación pone luz sobre el cómo se está usando, en Chile, un momento de crisis social y sanitaria para aplacar demandas de justicia social y cambios políticos profundos y, a la vez, implementar un control mucho más drástico –y autoritario– sobre los sujetos ya no políticos, sino considerados como esencialmente económicos.

Cuarentena rotativa

Las primeras decisiones gubernamentales muestran un sesgo implícito entre la población privilegiada y la parte más vulnerable de la sociedad, más aún conociendo las diferencias del acceso al agua y en las condiciones laborales, y la brecha entre los sistemas de salud, privado y público, que existen en Chile. Consistieron en inmunizar, es decir dejar que se contamine la población, siguiendo en esto la decisión del Reino Unido al inicio de la pandemia, antes de adoptar el aislamiento preventivo.

Una vez que se perdió la trazabilidad de la cepa COVID-19, la gestión de la crisis entró en una segunda fase con un confinamiento episódico, focalizado y rotativo. Estas medidas selectivas marcaban una diferencia entre sectores privilegiados (esta vez en cuarentena) y sectores vulnerables presionados para seguir trabajando presencialmente, y producir.

Tras una polémica sobre la manipulación de las cifras de contaminados y muertos, 12 comunas adicionales de la Región Metropolitana de Santiago de Chile entraron en cuarentena el 8 de mayo, en respuesta al disparo de la curva de los/as contagiados/as (2.500 nuevos/as contaminados/as diarios). Con cifras que llegaron a cerca de 4.000 nuevos contagiados por día, se decretó, el 15 de mayo a las 22:00hrs, cuarentena total para toda la Región Metropolitana (6,7 millones de personas sobre un total de 7,7 millones de personas confinadas en el país).

Sin sorpresa, una gestión neoliberal

La principal preocupación detrás de la gestión de la crisis sanitaria ha sido claramente económica, y específicamente en clave de austeridad y ortodoxia. ¿El objetivo? Impedir, a toda costa, el aumento del gasto y de la deuda pública, aun cuando Chile tiene un nivel bajo de endeudamiento (27% del PIB) e importantes fondos de reserva (4%)[2]. Esta política se expresó con claridad en las palabras de José Manuel Silva, director de inversión del fondo de pensión LarrainVial, al declarar públicamente que la prioridad es la economía “y eso significa que va a morir gente”[3].

Esta lógica se refleja por un lado en un dictamen de la Dirección del trabajo que data del 26 de marzo y que aconsejaba no pagar los salarios a los/as trabajadores sin capacidad de trabajar de manera presencial o digital. Y se promulgó una ley de protección del empleo que permite suspender los contratos durante el tiempo de la crisis para restablecerlos cuando esta termine. Otras maneras de condenarlo/as a una miseria que el gobierno intenta compensar con un bono de 50.000 pesos por familia (entre 50 y 70 euros, dependiendo de la tasa de cambio). El 16 de mayo, 11.4% de la población activa se encontraba cesante o con contratos suspendidos, en un país donde el seguro de cesantía está sujeto a numerosas condiciones y limitaciones relacionadas a la naturaleza del empleo[4].

Por otro lado, las ISAPRES, mutuales privadas de cobertura médica, no encontraron mejor momento para aumentar sus cotizaciones[5] (lo que el gobierno “logró” postergar por 30 días) y, al mismo tiempo, han rechazado el 31% de las licencias médicas[6] relacionadas al COVID-19. En paralelo, las declaraciones repetidas sobre los éxitos de un sistema de salud que funciona a partir de profundos clivajes (público vs privado; capital vs regiones), apuntan a reforzar el discurso sobre los logros de una lógica mercantil que media todo tipo de servicios en Chile.

El ejecutivo sigue la misma partitura de siempre: tímidas ayudas sociales, red de apoyo psicológico y soluciones económicas a través del endeudamiento. Se incentiva a la población a usar sus ahorros, se ha facilitado el acceso al crédito por la mediación del sistema bancario privado. Varios sectores están afectados directamente por recortes presupuestarios: cultura, educación e investigación científica, entre muchos otros.

La pandemia, oportunidad para agudizar el conflicto estratégico

El gobierno y las élites conservadoras chilenas han aprovechado el contexto para lanzar una contra-ofensiva y enfrentar las demandas sociales de octubre de 2019. En un país con profundas continuidades institucionales y económicas heredadas de la dictadura cívico-militar, la crisis pandémica resulta una ventana de oportunidad para asumir derivas hacia una democracia iliberal[7] (por ejemplo, restricciones al derecho de reunión, incremento de la represión y un fuerte patriotismo).

El 16 de marzo, se decretó el Estado de catástrofe y el toque de queda, desplegando las Fuerzas Militares en las calles, incluso las “boinas negras” (un cuerpo de élite). La represión se ha intensificado, ampliándose a varias comunas (La Florida, Lo Hermida, Villa Francia, Villa Portales, Araucanía, Antofagasta) y hacia varios sectores (Brigadas de Salud, periodistas, secundarios). En este contexto de criminalización y claro descuido de los DD. HH., el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha declarado que “no hay derechos sin deberes”, lo que creó una ola de rechazo[8]. Las protestas del hambre están fuertemente reprimidas con el pretexto del respeto de la cuarentena.

Frente a los múltiples intentos para dar continuidad a las movilizaciones de octubre 2019, los profesionales de la política son unánimes en denunciar su carácter “contraproducente”, desde la derecha más conservadora hasta la oposición de centro-izquierda y la Democracia cristiana. Y el gobierno llama de manera reiterada y clásica a la unión nacional para dejar la política de lado durante la crisis.

Mientras tanto, las provocaciones de los conservadores se multiplican. Dos actos muy simbólicos ocurrieron apenas iniciado el confinamiento. Se blanquearon las paredes intervenidas de manera artístico-política durante el octubre chileno, lo que hizo recordar los primeros días después del golpe de Estado de 1973, en los que muchos murales fueron cubiertos por su carácter político. El 3 de abril, en plena cuarentena de la comuna donde se encuentra la Plaza de la Dignidad, en el punto neurálgico de las movilizaciones ahora vacío, el presidente Piñera se hizo fotografiar como para mostrar su dominación.

Sin embargo, las movilizaciones no han cesado, al contrario, se han transformado y ajustado a la situación, lo que muestra su profundo arraigo. Se ven iniciativas digitales (consultas ciudadanas, paros o cabildos en línea), manifestaciones callejeras y hasta performances (como los activistas que van a “sanar” los barrios sin cuarentena, cuya acción articula problema sanitario y denuncia social). Colectivos como el Movimiento Agua y Tierra, proponen escuelas de autoformación para hacer compost o limitar la producción de basura, cooperativas de abastecimiento o proyectos de autosuficiencia y soberanía alimenticia territorial. Todos estos movimientos también han desarrollado acciones de solidaridad y entreayuda, con los más vulnerables, las personas aisladas, los enfermos o los adultos mayores.

En Chile, la crisis sanitaria está prolongando la crisis social. Es un agente multiplicador y que hace visibles las desigualdades producidas por el neoliberalismo. A la vez, ha sido una oportunidad para reforzar el neoliberalismo y derivar hacia prácticas iliberales. Se trata de frenar el proceso constituyente, para postergar el Plebiscito sobre la reforma constitucional y la formación de una convención constituyente. Está claro que el sector derechista, que ocupa los cargos ejecutivos, no quiere firmar una nueva constitución y busca cómo profundizar el modelo que le es funcional en una “nueva normalidad” neoliberal enfocada en el control autoritario de la población.


[1] Se terminó este texto el 25 de mayo de 2020, por lo que existe un desfase entre las últimas decisiones y lo que se aborda aquí.

[2] CEPAL (2019): Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, (LC/PUB.2019/25-P), Santiago, Chile.

[3] https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/jose-manuel-silva-de-larrainvial-la-historia-de-la-industria-de-las-aerolineas-es-bastante-compleja-y-en-tiempos-normales-las-dejan-quebrar/GMRXI4IDANGP3HZ3ABXFH5AOE4/.

[4] http://www.fundacionsol.cl/2020/03/por-que-el-plan-economico-ante-el-covid-19-es-insuficiente-y-lo-agrava-el-dictamen-que-permite-no-pagar-remuneraciones/.

[5] https://www.latercera.com/pulso/noticia/isapres-informan-un-alza-promedio-de-45-en-los-planes-de-salud-desde-julio/EJ33YCDUOFA7FJ6KQXEWZR7KX4/.

[6] https://www.latercera.com/politica/noticia/isapres-30-de-licencias-medicas-relacionadas-a-coronavirus-han-sido-rechazadas-o-reducidas/3E5RWMWP7ZAZXI6BLYZ6KFMWEA/.

[7] Zakaria, Fareed, “The rise of illiberal democracy”, Foreign Affairs, 76(6), Nov/Dec 1997

[8] https://www.cnnchile.com/pais/derechos-humanos-funcionarios-indh-rechazan-dichos-de-sergio-micco_20200502/