Violencia contra las mujeres en el Perú

¿Cuál es el alcance del movimiento «Me Too» en el acceso al apoyo institucional?

Por Robin Cavagnoud[1]

La violencia contra las mujeres es definida por las Naciones Unidas como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (ONU, 1993: p. 3).

El fenómeno de la violencia contra las mujeres ha sido fuertemente mediatizado a nivel mundial desde octubre de 2017, principalmente a través de la aparición del movimiento Me Too. Basado en las representaciones individuales y colectivas que definen y orientan las relaciones entre los sexos en una sociedad dada y en particular con relación a la dominación tanto física como simbólica ejercida por los hombres sobre las mujeres (incluso lo inverso es igualmente posible), al interior o al exterior de la familia, y entre todas las edades de la vida. Esto implica además retos individuales, familiares y políticos en términos de salud pública y de protección social.

En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES de 2016 (INEI, 2016) el 32,2% de las mujeres ha sido, al menos una vez, víctima de una forma de violencia física y/o sexual por parte de su cónyuge o pareja, el 64,2% de una forma de violencia psicológica y/o verbal y el 60,5% de ellas manifiesta haber sido o ser el objeto de alguna forma de control o dominación. Estas cifras están por debajo de los resultados registrados en las últimas encuestas, en particular la de 2012 en la que las proporciones fueron las siguientes: 37,2%, 70,6% y 66,3% respectivamente. Sin embargo, la tendencia se mantiene: la violencia de género contra las mujeres se ha instalado como un fenómeno estructural de la sociedad peruana mientras que su magnitud hace extremadamente difícil, por el momento, una mayor democratización e igualdad en la relación entre los sexos, por ejemplo en la toma de decisiones concernientes a la sexualidad, las elecciones profesionales o la vida familiar cotidiana.

Muralización en Barrios Altos, Lima-Perú (Créditos foto: Leslie Camacho)

La literatura sobre la violencia contra las mujeres muestra dos principales formas de expresión. La primera se inscribe en las relaciones de poder y de control, llamada “terrorismo íntimo”, en la que la violencia psicológica y física encierra a las víctimas en la relación conyugal y crea una situación de miedo permanente y de disminución de recursos personales (confianza, autoestima), financieras (dinero para huir) y sociales a través de las redes de apoyo potencial (familia, amigos) (Leone et al., 2007). Esta forma de violencia se origina generalmente en un modelo patriarcal de dominación masculina y en una legitimación de la violencia en el seno de la familia. La segunda es llamada “violencia situacional”. Esta es la consecuencia de un conflicto abierto entre los miembros de una pareja y más específicamente una disputa que desemboca en un acto de violencia física más circunstancial (Johnson & Leone, 2005).

Factores contextuales e individuales múltiples 

Los contextos de vulnerabilidad social y económica tienen una cierta incidencia sobre las dimensiones y la magnitud de la violencia, en particular doméstica, por el hecho de crear tensiones entre los mismos padres y entre los padres y los hijos, pudiendo desembocar en situaciones de agresión verbal y/o física agravada. Hay otros factores que pueden tener una influencia en la victimización de las mujeres en la relación de pareja, en particular su nivel de instrucción en la medida en que la acumulación de un número más importante de años de estudios contribuye a una mejor inserción profesional y a mayores oportunidades en el mercado laboral en condiciones estables (contrato formal, sistema de protección social, mayores ingresos). Esta situación les permite adquirir una mayor autonomía en su vida privada y estar menos expuestas a actos de violencia en su relación de pareja. Sin embargo, es probable que este análisis encuentre limitaciones en el caso del Perú, donde la autonomía de las mujeres puede constituir un factor de violencia originado por la frustración de los hombres frente a su falta de control sobre su vida cotidiana, más que la probabilidad de la denuncia de la violencia de la que las mujeres son víctimas (Benavides, Bellatín & Cavagnoud, 2017). Pareciera que la misma tendencia se verifica en el caso de Colombia, donde la incorporación creciente de las mujeres en el mercado laboral no ha sido sinónimo de la disminución de los maltratos conyugales (Meil Landwerlin, 2004).

Marcha « Ni una menos », Lima – Perú (Créditos foto: Kelly del Sol)

Además, la violencia de género contra las mujeres también puede reproducirse según la lógica intergeneracional. Las mujeres que crecieron en una familia en la cual sus madres fueron maltratadas por sus padres muestran una probabilidad mayor de exposición a las formas de agresión por parte de sus cónyuges. A este respecto, existe una suerte de asimilación y legitimación del maltrato en el seno del hogar y una instalación de la figura masculina dominante que tiene la capacidad de usar la violencia para imponer su autoridad en el conjunto familiar. En esas circunstancias, es frecuente que el consumo de alcohol sea uno de los factores desencadenantes de las agresiones. Según los resultados de ENDES de 2016, un 49,1% de las mujeres víctimas de violencia declaran que sus cónyuges estuvieron al menos una vez bajo la influencia del alcohol y/o las drogas en el momento de cometer el acto violento (56,7% en 2012). En este caso, las mujeres—e igualmente sus hijos— fueron víctimas de la violencia ejercida por los hombres adultos de la familia, principalmente por el padre, pero también por parte de otros miembros masculinos como el suegro o un tío. Además de violencia doméstica no es raro finalmente que las niñas y adolescentes sean el blanco de diferentes agresiones en el colegio o en la proximidad de su domicilio, en el barrio de residencia. En numerosos ejemplos tomados de la actualidad, estas formas de abuso físico pueden transformarse en agresiones de carácter sexual.

Respuesta pública y escaso acceso a los servicios de protección 

Frente a las situaciones de violencia, las mujeres pueden acceder a las instituciones especializadas en este dominio para presentar una queja o recibir apoyo psicológico y social. En el Perú, según la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar (Ley N° 26260), que establece un protocolo de denuncia, investigación y sanción en el caso de violencia familiar, la Policía Nacional, el fiscal y el juez son los principales actores institucionales a cargo de intervenir y de abrir un proceso que conduzca a una posible pena. Paralelamente, se han abierto centros especializados para asegurar una mejor atención: las Comisarías de la Mujer y los “Centros de Emergencia Mujer” (CEM).

El Perú es uno de los países pioneros en la región con la creación de estas instituciones especializadas y la inauguración en 1992 de la primera Comisaría de la Mujer como respuesta a las demandas de la sociedad civil frente al trato frecuentemente humillante y discriminatorio en las instancias policiales manejadas por hombres (Estremadoyro, 1992), provocando un fenómeno de “re-victimización” hacia las mujeres. Existen actualmente 32 Comisarías de Familia a nivel nacional de las cuales 9 pertenecen a la metrópoli de Lima y Callao.

Además, los Centros de Emergencia Mujer constituyen los principales órganos operacionales en el marco del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). El primer Centro de Emergencia Mujer fue creado el 8 de marzo de 1999 y al término del mismo año un total de 13 centros habían sido puestos en marcha. Estos últimos son espacios independientes para el depósito de denuncias en casos de violencia familiar y/o sexual y deben normalmente permitir simplificar el protocolo de denuncia y hacer un seguimiento más preciso de ello. A la fecha existen casi 270 Centros de Emergencia Mujer instalados en todos los departamentos del país, de los cuales 30 funcionan las 24 horas del día. Se trata de un servicio público y gratuito que ofrece una orientación a la vez legal, de defensa judicial y de ayuda psicológica.

Sin embargo, el acceso a estos servicios de denuncia y de ayuda continúa siendo muy limitado en razón a una serie de factores individuales y contextuales. Según los resultados de la ENDES de 2016, solo el 27,2% de las mujeres víctimas de violencia física se acercaron a una institución para presentar una denuncia o buscar una forma de apoyo. Este resultado se mantiene estable con relación a la encuesta de 2012 (27,3%) pero es significativamente mayor con relación a la de 2009 (16,1%). Pero no indica ningún elemento sobre la calidad de la atención recibida y menos aún sobre el resultado de la denuncia y de la condena eventual del conyugue. Entre las mujeres que han recurrido a una institución para encontrar ayuda 75.9% acudieron a la comisaría, 10.9% un Centro de Emergencia Mujer (DEMUNA), 9.8% a un fiscal, 9.3% a un juez, 4.8% a un centro de salud, 4.2% al MIMP y 5.7% se dirigieron hacia otro tipo de institución.

Finalmente la edad de las mujeres tiene una influencia significativa en este proceso y muestra diferencias muy claras entre las generaciones. Según la misma ENDES, sólo el 9.1% de mujeres de 15 a 19 años víctimas de la violencia siguen un proceso institucional, contra el 16,2% de las mujeres de 20 a 24 años, el 24,6% de las mujeres de 25 a 29, el 28,8% de las mujeres de 30 a 34 años, el 29,7% de las mujeres de 35 a 39 años, el 32,5% de las mujeres de 40 a 44 años y el 35,9% de las mujeres de 45 a 49 años. Sin embargo, pocos elementos empíricos explican esta tendencia.

¿Cómo explicar la baja proporción de mujeres que denuncian?

Un estudio reciente realizado a partir de entrevistas a profundidad a mujeres víctimas de violencia en el distrito de San Juan de Miraflores de la periferia noreste de Lima (Benavides,  et al., 2017) identifica numerosas razones de orden individual que conducen a ciertas mujeres a denunciar estos actos a los servicios de ayuda y de protección social, a diferencia de aquellas, en su mayoría, que optan por  no tomar acciones legales.

Primero, el nivel escolar de las mujeres parece tener una influencia en la probabilidad de denuncia. Las mujeres que recurrieron al servicio de ayuda han estudiado al menos hasta el nivel secundario, mientras que otras han sido menos escolarizadas o no han estudiado más que algunos años del nivel primario. Esta observación va en el sentido de los resultados de la ENDES de 2016 según la cual la denuncia de un acto de violencia en una comisaría aumenta sensiblemente con el nivel educativo de las mujeres: de 57,3% para aquellas que no han alcanzado un nivel de educación “primaria” a 81,6% para aquellas que tienen un nivel de educación universitaria.

Además, la severidad del acto violento por parte del cónyuge aparece como un motivo determinante en el proceso de denuncia. La referencia a actos de violencia física, incluida la sexual (más que psicológica), en repetidas ocasiones se refleja en el testimonio de las mujeres que terminan yendo a una comisaría. Este caso es todavía más frecuente cuando los niños son los principales testigos de estas escenas que resultan imposibles de soportar física y psicológicamente para unos y otros:

El padre de mis hijos me pegaba…  a mis hijos también, con kerosene nos quemaba, era de esteras mi casa  … y yo estaba bien escondida y mi hijita estaba bien escondida y corría, corría, porque la quería agarrar pe’ a ella, mi hijito al mayor le había agarrado y le ha dicho no hay tu madre y les había bañado con querosene y el agarraba fosforo dice y mi hijito mientras eso fuufff… lo soplaba … y traje al policía y lo agarraron le quitamos la ropa y le había hecho llagas el querosene …” (Testimonio de A. M. O., 59 años). 

Cuanto más agudo y perjudicial sea un acto de agresión física, más inclinadas están las mujeres a denunciar a su cónyuge para proteger a sus hijos y no exponerlos a consecuencias más graves. A pesar de esta voluntad de acudir a las autoridades, sucede sin embargo que un obstáculo administrativo como la ausencia de un documento de identidad válido o un acto de corrupción del cónyuge impide la puesta en marcha del protocolo de denuncia. El “terrorismo íntimo” expresado a través de escenas extremadamente violentas y regulares, así como de relaciones sexuales forzadas, motiva más intensamente a las mujeres a vencer su temor y denunciar estas violencias, a diferencia de la “violencia situacional” donde las mujeres dudan, a menudo, en acudir a un puesto policial.

Para comprender la elección de las mujeres para llevar a cabo el proceso de denuncia de su cónyuge, según este estudio, se debe tomar en cuenta la combinación de tres factores: 1) la situación profesional de las mujeres y la autonomía financiera que ellas pueden obtener gracias a su trabajo, 2) el número de hijos menores de edad que tienen bajo su responsabilidad, 3) la existencia de una red de apoyo fuera de su casa. Tener un empleo estable y en cierta medida correctamente remunerado permite cubrir los gastos básicos de sus hijos y, por lo tanto, aparece como requisito previo para señalar un acto de violencia física. La denuncia supone a corto plazo la detención provisoria de su cónyuge y, en consecuencia, un riesgo de pérdida financiera para los hijos. En este sentido, la situación de las mujeres en el mercado laboral puede condicionar en gran parte su motivación a acudir a un servicio de ayuda como la comisaría o el Centro de Emergencia Mujer.

Más allá de la dimensión económica, las mujeres deben igualmente disponer de una solución alternativa/de respaldo para cambiar de domicilio y/o seguir al cuidado de sus hijos luego de una denuncia que resulta en la mayoría de los casos una separación o un divorcio. Esta alternativa puede ser vista al interior de una red de parentesco femenina constituida por la madre, las hermanas o las amigas más cercanas. La constitución previa de este recurso social es primordial para encontrar un apoyo alternativo a la familia de origen representada por la pareja marido/mujer y los niños con el fin de denunciar al cónyuge y encontrar un espacio de protección para los hijos. La existencia de este apoyo es bastante extraña en los testimonios recogidos en este estudio y se manifiesta, en su mayoría, de manera inversa por la manifestación de su ausencia:

“Yo quería ir denunciarlo  y separarme de él (su cónyuge) pero yo no sabía para nada adónde ir y me sentía impotente. Tenía cuatro hijos pequeños  y no sabía a dónde ir y si encontraría un trabajo, no sabía a quién podría encargarlos. Por eso finalmente decidí soportar la situación” (Testimonio J. I. S., 59 años). 

Para las mujeres, el desarrollo de su autonomía personal con la obtención de un empleo estable y/o la gestión individual de su vida íntima puede incrementar la probabilidad de violencia doméstica en el caso del Perú (Benavides, Bellatín & Cavagnoud, 2017) pero en contraparte este factor puede también ayudar a las mujeres a tomar la decisión de poner una denuncia para responder a esta violencia doméstica. Las mujeres socialmente aisladas de su familia o de su red de vecinos muestran así una probabilidad muy ínfima de acudir al servicio social. Esta falta de socialización las aleja de todo recurso que les permita encontrar un apoyo fuera de su domicilio.

Finalmente, es frecuente observar en el testimonio de numerosas mujeres víctimas de violencia doméstica una forma de resignación y fatalismo que las aleja de toda idea de denuncia contra su cónyuge, acompañada de cierta culpabilidad por los hechos de las que son víctimas. Esta inclinación a no intentar ninguna acción legal y a la autocondenación de las mujeres es recurrente en el caso de la “violencia situacional”, mezclando a la vez las agresiones verbales y los insultos repetidos. En todos los casos, este fenómeno conduce directamente a una interiorización de las estructuras de género asimétricas que obedecen a la dominación de los hombres, particularmente frecuente en la sociedad peruana.

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Ante esta situación, podemos preguntarnos en qué medida el surgimiento de movimientos de la sociedad civil puede contribuir a mejorar el acceso de las mujeres víctimas de violencia a tipos de servicios y dispositivos de ayuda institucional como los descritos  líneas atrás. Si bien “Me Too” y otras iniciativas similares destinadas a denunciar la dominación de los hombres en el ámbito de la intimidad y la sexualidad han permitido destacar, principalmente gracias al uso de las redes sociales, las múltiples escenas y contextos de violencia de las cuales las mujeres son el blanco, queda por ver si estas manifestaciones de buena voluntad pueden proporcionar recursos reales para mejorar la situación de vida de las mujeres en contextos sociales que van más allá de la clases medias. La denuncia de la violencia permite, sin ninguna duda, liberar la palabra silenciada durante mucho tiempo por temor a represalias o amenazas. Produce un discurso que permite poco a poco comunicar y alcanzar ambientes sociales donde las mujeres experimentan otras formas de vulnerabilidades (empleo, salud, educación, protección social, cuidado de niños, segregación urbana), además de la violencia de género. Si un mayor acceso a los servicios de ayuda institucional debe y puede ser visto en entornos sociales marcados por una gran inseguridad, es conveniente para los actores locales (Comisarías de la Mujer, Centros de Emergencia Mujer, municipios) tomar el discurso y hacerlo “operativo” bajo la forma de acción política, no partidista, de prevención y de intervención, con el propósito de proporcionar un apoyo sostenible a las mujeres, de todas las edades y de todas las condiciones sociales, víctimas de este flagelo.

Bibliografía:

BENAVIDES, M., BELLATÍN, P. & CAVAGNOUD, R., 2017 – Social protection systems and domestic violence in poor urban context: the case of San Juan de Lurigancho. Nopoor. Enhacing Knowledge for Renewed Policies Against Poverty. Working Paper n° 56, 33 pp.; Bruselas: EU-funded research Project.

ESTREMADOYRO, F., 1992 – Violencia en la pareja. Comisarías de Mujeres en el Perú, 78 pp.; Ediciones Flora Tristán.

INEI, 2016 – PERÚ. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES, 539 pp.; Lima.

JOHNSON, M. P. & LEONE, J. M., 2005 – The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Findings from the National Violence Against Women Survey. Journal of Family Issues, 26 (3): 322-349.

LEONE, J. M., JOHNSON, M. P. & COHAN, C. L., 2007 – Victim Help Seeking: Differences Between Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Family Relations. Interdisciplinary Journal of Applied Family Science, 56 (5): 427-439.

MEIL LANDWERLIN, G., 2004 – Cambio familiar y maltrato conyugal a la mujer. Revista Internacional de Sociología, 37: 7-27.

ONU, 1993 – Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Résolution 48/104 de l’Assemblée Générale de l’ONU, 6 pp.; New York.

[1] Socio-demógrafo, profesor asociado al Departamento de Ciencias sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coordinador del grupo de investigación Edades de la Vida y Educación (EVE-CISEPA/IFEA). rcavagnoud@pucp.pe

Violence à l’encontre des femmes au Pérou

Quelle portée du mouvement « Me Too » dans l’accès à l’aide institutionnelle ?

Par Robin Cavagnoud[1]

La violence à l’encontre des femmes est définie par les Nations-Unies comme « tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant, ou pouvant causer, aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou la vie privée » (ONU, 1993: p. 3).

Le phénomène de la violence contre les femmes a été fortement médiatisé au niveau mondial depuis octobre 2017, notamment à travers l’apparition du mouvement Me Too. Il repose sur des représentations individuelles et collectives qui définissent et orientent les rapports entre les sexes dans une société donnée, et en particulier sur la domination aussi bien physique que symbolique s’exerçant de la part des hommes sur les femmes (même si l’inverse est également possible), à l’intérieur et à l’extérieur de la famille, et entre tous les âges de la vie. Il implique par ailleurs des enjeux individuels, familiaux et politiques en termes de santé publique et de protection sociale.

Au Pérou, selon l’Enquête démographique et de santé familiale de 2016 (ENDES, 2016), 32,2% des femmes ont été au moins une fois victimes d’une forme de violence physique et/ou sexuelle de la part de leur conjoint ou partenaire, 64,2% d’une forme de violence psychologique et/ou verbale et 60,5% d’entre elles manifestent avoir été ou être l’objet d’une forme de contrôle ou domination. Ces chiffres sont en deçà des résultats enregistrés lors les dernières enquêtes, en particulier celle de 2012 où les proportions étaient respectivement les suivantes : 37,2%, 70,6% et 66,3%. Pourtant, la tendance de fond reste la même : la violence de genre à l’encontre des femmes est installée comme  phénomène structurel de la société péruvienne tandis que sa magnitude rend extrêmement difficile, pour le moment, une plus large démocratisation et égalité dans le rapport entre les sexes, par exemple dans les prises de décisions concernant la sexualité, les choix professionnels ou à la vie familiale quotidienne.

Muralisme à Barrios Altos, Lima-Pérou (Crédits: Leslie Camacho)

La littérature sur les violences à l’encontre des femmes montre deux principales formes d’expression. La première s’inscrit dans un rapport de pouvoir et de contrôle appelé « terrorisme intime » dans lequel la violence psychologique et physique enferme les victimes dans la relation conjugale et crée une situation de peur permanente et de diminution des ressources personnelles (confiance, estime de soi), financières (argent pour s’enfuir) et sociales à travers les réseaux de soutien potentiel (famille, amis) (Leone, Johnson et Cohan, 2007). Cette forme de violence s’enracine généralement dans un modèle patriarcal de domination masculine et dans une légitimation de la violence au sein de la famille. La seconde est appelée « violence situationnelle ». Elle est la conséquence d’un conflit ouvert entre les membres d’un couple, et plus spécifiquement d’une dispute débouchant sur un acte de violence physique davantage circonstanciel (Johnson et Leone, 2005).

Des facteurs contextuels et individuels multiples

Les contextes de vulnérabilité sociale et économique ont une incidence certaine sur les dimensions et la magnitude de la violence, en particulier domestique, par le fait de créer des tensions entre les parents eux-mêmes et entre les parents et les enfants, pouvant déboucher sur des situations d’agression verbale et/ou physique aggravées. D’autres facteurs peuvent avoir une influence sur la victimisation des femmes dans la relation de couple, en particulier leur niveau d’instruction dans la mesure où l’accumulation d’un nombre plus important d’années d’études contribue à une meilleure insertion professionnelle et à plus d’opportunités sur le marché du travail dans des conditions stables (contrat formel, système de protection sociale, revenus plus importants). Cette situation leur permet d’acquérir une autonomie plus importante dans leur vie privée et d’être tendanciellement moins exposées à des actes violents dans leur relation de couple. Cependant, certaines études montrent les limites de cette analyse dans le cas du Pérou où l’autonomie des femmes peut constituer un facteur de violence engendré par la frustration des hommes face à leur manque d’emprise sur leur vie quotidienne, plus que la probabilité de dénonciation de la violence dont les femmes sont victimes (Benavides et al., 2012). Il semblerait que la même tendance se vérifie dans le cas de la Colombie où l’incorporation croissante des femmes sur le marché du travail n’ait pas été synonyme d’une diminution des maltraitances conjugales (Meil Landwerlin, 2004).

Marcha « Ni una menos », Lima- Pérou (Crédits photo: Kelly del Sol)

Par ailleurs, la violence de genre à l’encontre des femmes peut également se reproduire selon une logique intergénérationnelle. Les femmes qui ont grandi dans une famille où leurs mères étaient maltraitées par les pères montrent une probabilité plus importante d’exposition à des formes d’agression de la part de leurs conjoints. Il existe à cet égard une sorte d’assimilation et légitimation de la maltraitance au sein du ménage et une installation d’une figure masculine dominante ayant la capacité d’user de la violence pour imposer son autorité sur l’ensemble de la maisonnée. Dans ces circonstances, il est fréquent que la consommation d’alcool soit l’un des facteurs déclencheurs de ces agressions. Selon les résultats de la même ENDES de 2016, 49,1% des femmes victimes de violence déclarent que leurs conjoints étaient au moins une fois sous l’influence de l’alcool et/ou de drogues au moment de commettre l’acte violent (56,7% en 2012). Dans ce cas, les femmes mais également leurs enfants sont victimes de la violence exercée par les hommes adultes de la famille, principalement par le père mais aussi par d’autres membres masculins comme le beau-père ou un oncle. En plus des violences domestiques, il n’est pas rare enfin que les fillettes et adolescentes ne soient pas la cible de différentes agressions au collège ou à proximité de leur domicile dans le quartier de résidence. Dans de nombreux exemples tirés de l’actualité, ces formes d’abus physique peuvent se transformer en agressions à caractère sexuel.

Réponse publique et faible accès aux services de protection

Face aux situations de violence, les femmes peuvent se rendre à l’une des institutions spécialisées dans ce domaine pour présenter une plainte ou recevoir un soutien psychologique et social. Au Pérou, selon la Loi de protection face à la violence familiale (Loi No 26260), qui établit un protocole de dénonciation, investigation et sanction dans les cas de violence familiale, la Police nationale, le fiscal et le juge sont les principaux acteurs institutionnels en charge d’intervenir et d’ouvrir un procès conduisant à une possible peine. Parallèlement, des centres spécialisés ont été mis en place pour assurer une meilleure attention : les commissariats de femmes et les « Centres d’urgence pour femmes » (Centros de Emergencia Mujer).

Le Pérou est l’un des pays pionniers dans la région avec la création de ces institutions spécialisées et l’inauguration dès 1992 du premier commissariat de femmes comme réponse aux demandes de la société civile face au traitement fréquemment humiliant et discriminatoire dans les instances policières gérées par des hommes (Estramadoyro, 1992), provoquant un phénomène de « re-victimisation » envers les femmes. Il existe actuellement quelques 32 commissariats dit « de famille » au niveau national dont neuf dans la métropole de Lima et Callao.

Par ailleurs, les Centres d’urgence pour femmes constituent les principaux organes opérationnels dans le cadre du Programme national contre la violence familiale et sexuelle du Ministère de la femme et des populations vulnérables (MIMP). Le premier Centre d’urgence pour femmes a été créé le 8 mars 1999 et à la fin de cette même année un total de 13 autres centres avaient été mis en place. Ces derniers sont des espaces indépendants pour le dépôt de plaintes en cas de violence familiale et/ou sexuelle et doivent normalement permettre de simplifier le protocole de dénonciation et faire un suivi plus précis de celui-ci. À ce jour, il existe quelques 270 Centres d’urgence pour femmes installés dans tous les départements du pays dont 30 ayant un fonctionnement 24 heures sur 24. Il s’agit d’un service publique et gratuit offrant une orientation à la fois légale, de défense judiciaire et d’aide psychologique.

Pourtant, l’accès à ces services de dénonciation et d’aide reste fortement limité en raison d’une série de facteurs individuels et contextuels. Selon les résultats de l’ENDES 2016, seul 27,2% des femmes victimes de violence physique se rendent à une institution pour porter plainte ou chercher une forme de soutien. Ce résultat est parfaitement stable par rapport à de l’Enquête de 2012 (27,3%) mais en augmentation significative par rapport à celle de 2009 (16,1%). Mais il n’indique aucun élément sur la qualité de l’attention reçue et encore moins sur l’aboutissement de la plainte et la condamnation éventuelle du conjoint. Parmi les femmes qui ont eu recours à une institution pour trouver de l’aide, 75,9% font appel à un commissariat, 10,9% à un Centre d’urgence pour femmes (DEMUNA), 9,8% à un fiscal, 9,3% à un juge, 4,8% à un centre de santé, 4,2% au MIMP et 5,7% se tournent vers un autre type d’institution.

Enfin, l’âge des femmes a une influence significative dans cette démarche et montre des différences très nettes au fil des générations. Selon la même ENDES, seul 9,1% des femmes de 15 à 19 ans victimes de violence réalisent une démarche institutionnelle, contre 16,2% des femmes de 20 à 24 ans, 24,6% des femmes de 25 à 29 ans, 28,8% des femmes de 30 à 34 ans, 29,7% des femmes de 35 à 39 ans, 32,5% des femmes de 40 à 44 ans et 35,9% des femmes de 45 à 49 ans. Pourtant, peu d’éléments empiriques expliquent cette tendance.

Comment expliquer la faible proportion de femmes portant plainte ?

Une étude récente réalisée à partir d’entretiens approfondis auprès de femmes victimes de violences dans le district de San Juan de Miraflores de la périphérie nord-est de Lima (Benavides, Belatín et Cavagnoud, 2017) identifient plusieurs raisons d’ordre individuel qui conduisent certaines femmes à dénoncer ces actes aux services sociaux d’aide et de protection sociale au contraire de celles, majoritaires, qui optent pour la non poursuite d’actions en justice.

D’abord, le niveau scolaire des femmes semble avoir une influence dans la probabilité de dénonciation. Les femmes qui ont recours à un service d’aide ont au moins étudié jusqu’à l’enseignement secondaire alors que les autres ont été peu scolarisées ou n’ont étudié que quelques années dans l’enseignement primaire. Cette observation va dans le sens des résultats de l’ENDES de 2016 selon lesquels la dénonciation d’un acte de violence auprès d’un commissariat augmente sensiblement avec le niveau scolaire des femmes : de 57,3% pour celles n’ayant pas atteint le niveau dit « primaire » à 81,6% pour celles ayant un niveau d’éducation universitaire.

Par ailleurs, la sévérité de l’acte violent de la part du conjoint apparaît comme un motif péremptoire dans la démarche de dénonciation. La référence à des actes de violence physique y compris sexuelle (plus que psychologique) à répétition se retrouve dans le témoignage des femmes qui finissent par se rendre à un commissariat. Ce cas est encore plus fréquent lorsque les enfants sont les premiers témoins de ces scènes qui deviennent impossibles à supporter physiquement et psychologiquement pour les uns et les autres :

« Le père de mes enfants me frappait. Sur mes enfants et sur moi il aspergeait de quérosène la petite maison de paille que nous occupions alors que nous étions cachés chez une voisine et qu’il n’arrivait pas à nous trouver. Il essayait ensuite d’attaquer ma fille qui courait alors que mon fils l’attrapait et soufflait sur l’allumette pour éviter qu’il mette le feu sur la maison. La police est alors arrivée pour le capturer et lui enlever les vêtements suite aux brûlures qu’il avait sur le corps à cause des giclées de kérosène. » (témoignage A.M.O., 59 ans).

Plus l’acte d’agression physique est aigue et préjudiciable, plus les femmes sont enclines à dénoncer leur conjoint pour protéger leurs enfants et ne pas les exposer à des conséquences plus graves. Malgré cette volonté de se rendre aux autorités, il arrive pourtant qu’un obstacle administratif comme l’absence d’un document d’identité valide ou un acte de corruption du conjoint entrave la mise en place d’un protocole de dénonciation. Le « terrorisme intime » exprimé par des scènes extrêmement violentes et régulières ainsi que des relations sexuelles forcées motivent davantage les femmes à vaincre leur peur et dénoncer ces violences, au contraire de la « violence situationnelle » où les femmes hésitent le plus souvent à se rendre à un poste de police.

Pour comprendre le choix des femmes à réaliser la démarche de dénonciation de leur conjoint, il convient d’après cette étude de prendre en compte la combinaison de trois facteurs : 1. la situation professionnelle des femmes et l’autonomie financière qu’elles peuvent obtenir grâce à leur travail, 2. le nombre d’enfants en bas âge sous leur responsabilité et 3. L’existence d’un réseau de soutien hors de leur domicile. Avoir un emploi stable et dans une certaine mesure correctement rémunéré permet de couvrir les dépenses élémentaires de leurs enfants et apparaît donc comme une condition première pour signaler un acte de violence physique. La dénonciation suppose à court terme la détention provisoire du conjoint et par conséquent un risque de perte financière fourni aux enfants. En ce sens, la situation des femmes sur le marché du travail peut conditionner en grande partie leur motivation à se rendre à un service d’aide comme la police ou un Centre d’urgence pour Femmes.

Au delà de la dimension économique, les femmes doivent également disposer d’une solution de repli pour changer de domicile et/ou faire garder leurs enfants après une dénonciation entraînant dans la plupart des cas une séparation voire un divorce. Cette alternative peut être envisagée à l’intérieur du réseau de parentèle féminin constitué par la mère, les sœurs ou les amies proches. La constitution préalable de cette ressource sociale est primordiale pour trouver un support alternatif à la famille d’origine représentée par le couple mari/femme et les enfants afin de dénoncer le conjoint et trouver un espace de protection pour les enfants. L’existence de ce support est plutôt rare dans les témoignages recueillis dans cette étude et se manifeste davantage à front renversé par l’expression de son absence :

« Moi, je voulais aller au bout de la plainte et me séparer de lui [son conjoint] mais je ne savais pas du tout où aller et je me sentais impuissante. J’avais quatre enfants en bas âge à cette époque et je me demandais vraiment où aller et si je trouvais un trouver un travail, à qui je pouvais bien les faire garder. C’est pour cela que j’ai tout fait finalement pour supporter la situation. » (témoignage J.I.S., 59 ans).

Le développement pour les femmes d’une autonomie personnelle par un emploi stable et/ou la gestion individuelle de sa vie intime peut accroître la probabilité de violence domestique dans le cas du Pérou (Benavides et al., 2012) mais en contrepartie ce facteur peut aussi aider les femmes à prendre la décision de déposer plainte pour répondre à cette violence domestique. Les femmes isolées socialement vis-à-vis de leur famille ou dans le réseau de voisinage montrent ainsi une probabilité très infime de se rendre à un service d’aide sociale. Ce manque de socialisation les éloigne de toute ressource leur permettant de trouver un appui en dehors de leur domicile.

Enfin, il est fréquent d’observer le témoignage de nombreuses femmes victimes de violence domestique une forme de résignation et de fatalisme qui les éloigne de toute idée de porter plainte contre leur conjoint, intégrant pour certaines la culpabilité des faits dont elles sont victimes. Cette inclinaison à ne tenter aucune action en justice et à l’auto-condamnation des femmes est récurrent dans les cas de « violence situationnelle » mêlant à la fois les agressions verbales et les insultes répétées. Dans tous les cas, ce phénomène renvoie directement à une intériorisation des structures de genre asymétriques obéissant à la domination des hommes particulièrement fréquente dans la société péruvienne.

***

Face à ce constat, on peut se demander dans quelle mesure le jaillissement de mouvements issus de la société civile peut contribuer à un meilleur accès des femmes victimes de la violence de genre aux services et dispositifs d’aide institutionnelle comme ceux décrits plus haut. Si « Me too » et d’autres initiatives similaires visant à dénoncer la domination des hommes dans le domaine intime et de la sexualité ont permis de mettre en lumière, notamment grâce à l’utilisation des réseaux sociaux, les multiples scènes et contextes de violence dont les femmes sont la cible, il reste à voir si ces manifestations de bonne volonté peuvent constituer des ressources réelles d’amélioration de la situation de vie des femmes dans des contextes sociaux dépassant les classes moyennes. La dénonciation de la violence permet sans nulle de doute de libérer une parole trop longtemps tenue sous silence par crainte de représailles ou menaces. Il produit ainsi un discours qui parvient petit à petit à circuler et parvenir dans des milieux sociaux où les femmes connaissent d’autres formes de vulnérabilités (emploi, santé, éducation, protection sociale, soin des enfants, ségrégation urbaine) s’ajoutant à la violence de genre. Si un meilleur accès aux services d’aide institutionnelle doit et peut être envisagé dans des milieux sociaux marqués par la grande précarité, il convient aux acteurs locaux (commissariats de femmes, Centres d’urgence pour femmes, municipalités) de s’emparer de ce discours et le rendre « opérationnel » sous forme d’actions politiques, non partisanes, de prévention et d’intervention, afin d’offrir un support durable aux femmes, de tous les âges et de toutes les conditions sociales, victimes de ce fléau.

Bibliographie :

BENAVIDES, M., BELLATÍN, P. & CAVAGNOUD, R., 2017 – Social protection systems and domestic violence in poor urban context: the case of San Juan de Lurigancho. Nopoor. Enhacing Knowledge for Renewed Policies Against Poverty. Working Paper n° 56, 33 pp.; Bruselas: EU-funded research Project.

ESTREMADOYRO, F., 1992 – Violencia en la pareja. Comisarías de Mujeres en el Perú, 78 pp.; Ediciones Flora Tristán.

INEI, 2016 – PERÚ. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES, 539 pp.; Lima.

JOHNSON, M. P. & LEONE, J. M., 2005 – The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Findings from the National Violence Against Women Survey. Journal of Family Issues, 26 (3): 322-349.

LEONE, J. M., JOHNSON, M. P. & COHAN, C. L., 2007 – Victim Help Seeking: Differences Between Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Family Relations. Interdisciplinary Journal of Applied Family Science, 56 (5): 427-439.

MEIL LANDWERLIN, G., 2004 – Cambio familiar y maltrato conyugal a la mujer. Revista Internacional de Sociología, 37: 7-27.

ONU, 1993 – Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Résolution 48/104 de l’Assemblée Générale de l’ONU, 6 pp.; New York.

[1] Socio-démographe, professeur associé au sein du Département de sciences sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) et coordinateur du groupe de recherche Edades de la Vida y Educación (EVE-CISEPA/IFEA). rcavagnoud@pucp.pe

Los alfareros itinerantes de Cuzcudén, San Pablo, Cajamarca

Por Gabriel Ramón, Departamento de Humanidades, Pontificia Universidad Católica del Perú.  glramon@pucp.edu.pe

 Alfareros rurales en los Andes peruanos

En el territorio andino hay dos tipos principales de actividad alfarera: rural y urbana. Si bien puede resultar difícil establecer límites precisos entre ambos, en el caso peruano se reconocen las diferencias en las herramientas, las técnicas y los productos. Por ejemplo, los alfareros urbanos suelen producir con torno o usan horno eléctrico, los alfareros rurales no. Para poner en contexto el caso de Cuzcudén, presentaremos la actividad alfarera rural en el Perú, es decir a la producción alfarera en pequeños pueblos o caseríos principalmente dedicada a la confección de ollas y otras vasijas empleadas en la preparación de alimentos.

Quien haya viajado por el territorio peruano podrá observar que la actividad alfarera rural está más difundida de lo que se piensa. Durante los últimos veinticinco años, en nuestros trabajos de investigación en el centro y norte del Perú, por los departamentos de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, hemos identificado más de treinta pueblos con alfareros en actividad (Mapa 1). Si bien algunos de estos pueblos, los más conocidos, se encuentran en la costa, como Simbilá, Catacaos, Piura [5] (Figura 1) o Mórrope, Lambayeque, Lambayeque [7] (Figura 2), la mayor cantidad de pueblos con alfareros, que hemos podido ubicar en los Andes del norte y centro del Perú, está en la sierra: desde San Bartolomé de los Olleros, Ayabaca, Piura [1] (Figura 3) cerca de la frontera con Ecuador hasta Santo Domingo de los Olleros, Huarochirí, Lima (Ramón 1999). También existen pueblos con alfareros en la selva amazónica y en el centro sur y sur del Perú. Solo en el departamento de Cuzco, el arqueólogo peruano Rogger Ravines (1989: 51-2) dio a conocer la existencia de 24 pueblos con alfareros (ver también Sillar 2000:24-25).

Mapa 1: Alfareros en los Andes Nor-peruanos. En adelante cuando aludamos a pueblos que aparecen en este mapa se indicará el número entre paréntesis rectos. En todos los casos, luego de indicar el lugar se agrega el nombre de la provincia y del departamento.

Figura 1: Simbilá [5]. Sebastián López alisando y José Ipanaqué, asentando.

Figura 2: Mórrope [7]. Luis Alberto Chapoñán.

Figura 3: San Bartolomé de los Olleros [1]. Orfilia Mondragón.

Alfareras y alfareros

Si bien los pueblos con alfareros suelen compartir algunas características, cada uno de ellos tiene rasgos distintivos. Por ejemplo, en el caserío de La Soccha, San Juan Bautista de Sondorillo, Ayabaca, Piura [3], solo los hombres producen vasijas (Figura 4), mientras que en otros pueblos como Yacya, Huari, Ancash [23] las alfareras son mujeres (Figura 5). En pueblos como Caulimalca, Otuzco, La Libertad [10], hombres y mujeres producen vasijas de cerámica (Figura 6). La variedad entre pueblos alfareros no se limita al sexo de los productores, también está presente en otros aspectos.

Figura 4: Sondorillo [3]. Francisco Manchay.

Figura 5: Yacya [23]. Felicita Rojas.

Figura 6: Caulimalca [10].  Alfonso Ávila y Marciana García.

Diversidad de técnicas de manufactura

Existe una gran diversidad de técnicas alfareras dentro de los Andes. Por ejemplo, tenemos el caso de Piura, uno de los departamentos del norte peruano (Ramón 2008b). En el pueblo Simbilá [5], costa de Piura, los hombres producen vasijas grandes con paletas gruesas y una piedra grande (Figura 7). En la sierra piurana, en Santo Domingo, Morropón [2], las mujeres producen ollas utilizando un plato lleno de ceniza sobre el que colocan un par de hojas, un cuchillo grande y una cuchara (Figura 8). En la sierra norte de Piura en Ayabaca, se ubica San Bartolomé de los Olleros [1], cerca de la frontera con Ecuador, allí las mujeres producen con un plato y una herramienta de palo llamada caigua, también usada en la actividad textil, pedazos de mate, cuchillo de fierro y palitos alisadores (Figura 9). En la sierra sur de Piura, en Huancabamba, se encuentra La Soccha [3], donde los hombres producen con doble molde vertical, es decir uno para la base y otro para la parte superior de la vasija, callhuas, cantos rodados y ceniza (Figura 10). También en la sierra sur de Piura, en Santa Ana de Huarmaca [4], los alfareros producen con un solo molde para la base, cailluas y cantos rodados (Figura 11).

Figura 7: Simbilá [5]. Herramientas.

Figura 8: Santo Domingo [2]. Herramientas.

Figura 9: San Bartolomé de los Olleros [1]. Herramientas.

Figura 10: Sondorillo [3]. Moldes.

Figura 11: Huarmaca [4]. Severiano Morantes.

Diversas formas de distribución

Así como existe una gran variedad de técnicas de manufactura alfarera en los Andes peruanos, también poseen diversos modos de distribuir sus productos. Algunos alfareros producen en su pueblo base solo para su consumo familiar, a veces solo para su comunidad, en ocasiones producen para intermediarios, asimismo los alfareros o sus familiares pueden llevar las vasijas a otras localidades donde las intercambian y/o venden en ferias, mercados o casa por casa (Figura 12) (Bell 2017, Sillar 2000). Aunque se ha asumido que la producción en el pueblo base es la más común, ya se está documentando en detalle otra modalidad: la producción itinerante (Ramón 2013).

Figura 12: Venta de vasijas de Caulimalca [10] en Usquil (La Libertad)

¿En qué consiste la producción itinerante?

Alfareros itinerantes son aquellos que salen de su pueblo base para producir vasijas. En muchas partes del mundo se han identificado alfareros itinerantes: en Etiopía, Estados Unidos, Grecia, Pakistán, Saint Lucia en el Caribe y las islas del Mediterráneo, como Chipre y Creta. En los Andes se han identificado diversos casos de alfareros itinerantes, desde Bolivia a Colombia, incluyendo al Perú (Ramón 2013). En ocasiones la producción itinerante ha sido una de las múltiples estrategias usadas por los alfareros para distribuir mejor sus productos, o solo han recurrido a ella por insistencia de los consumidores (como relata la alfarera Orfilia Mondragón en San Bartolomé de los Olleros [1]). Sin embargo, en algunos pueblos los alfareros han recurrido a esta estrategia con mayor frecuencia, hasta considerarse el mecanismo principal de producción/distribución de sus vasijas. De todos los pueblos visitados y/o documentados por nuestro equipo en los últimos veinticinco años el caso más notable de alfareros itinerantes es el centro poblado de Cuzcudén [28] en Cajamarca.

Cuzcudén o Mangallpa

Si bien el nombre oficial del centro poblado es San Francisco de Cuzcudén, el nombre tradicional, reconocido hasta ahora, es Mangallpa que en quechua significa “tierra para ollas”. Administrativamente Cuzcudén es un centro poblado de la provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca. Considerando sus tres caseríos y cinco anexos tiene una población de 2000 habitantes, mientras que en Cuzcudén caserío viven aproximadamente 800 personas.

Una forma de llegar a Cuzcudén desde la costa es partir de Pacasmayo a Chilete y luego a San Pablo. De San Pablo se puede ir en carro hasta Carrerapampa y luego caminar por media hora o ir en el carro de los profesores, que va de lunes a viernes a Cuzcudén. Si llegamos desde San Pablo, veremos que el pueblo se sitúa en una especie de hondonada (Figura 13).

Figura 13: Vista de Cuzcudén

Cuzcudén está localizado en un territorio escarpado, un valle estrecho, con un pequeño río en su base. Desde lo alto de la carretera se observa que las casas están repartidas por el territorio desde las zonas bajas próximas al río (2200 msnm) hasta la parte más elevada, conocida como la Loma (2650 msnm). La mayor acumulación de casas está a ambos lados de la vía principal en la sección de La Capilla. El punto central de Cuzcudén, ubicado en el trayecto de esta vía, es una pequeña plaza (2339 msnm) alrededor de la cual se ubica la iglesia, la municipalidad y la escuela primaria. Otra sección importante del pueblo es Capilla Paccha, mayormente dedicada a la agricultura por lluvia. Finalmente, en el camino Morocho – San Miguel, se ubican las secciones de la Cruz (2317 msnm) y el Naranjo.

Para producir las vasijas se utiliza dos materiales: tierra  (también llamada arena) y mito (también llamado greda). Las canteras de estos materiales se sitúan en la parte alta del pueblo, principalmente en la Loma y Jancos Alto. En Jancos Alto existen dos grandes canteras, una de mito (Figura 14) y otra de tierra, ambas pertenecen a la comunidad de Cuzcudén, aunque existen diversas versiones sobre cómo fueron obtenidas. En la Loma se encuentran canteras menores de tierra. En Capilla Paccha hay otra cantera de mito.  Respecto a la mezcla de ambos materiales, Miguel Tanta explicó “casi igual, la tierra un poquito más”. Jaime Tanta precisó que cuando es de Jancos Alto, se mezcla 40% mito y 60% tierra, pero cuando el mito es de Capilla Paccha es 50% de cada uno.

Figura 14: Cantera de mito en Jancos Alto, con Víctor Toledo.

Las herramientas usadas por los alfareros son las paletas gruesas de madera con rayas, el mazo de madera y la piedra, un raspador, generalmente de metal, varios trapitos para alisar la vasija y un cuero de vaca que les sirve como base para trabajar la arcilla (Figura 15). Elaboran cántaros, jarras, paicas, tiestos, tinajas, pero sobre todo ollas. En Cuzcudén solo los hombres hacen vasijas de cerámica, las mujeres se dedican a la producción textil (sobre alfarería de Cuzcudén, ver Biblioteca Campesina 1994,  Druc 2011:317-321, Espejo 1951, Ramón 2013:83-87).

Figura 15: Herramientas de Amado Serna

En cuanto al proceso de aprendizaje la mayoría de alfareros aprendieron “viendo” o practicando con algún familiar. Por ejemplo, Jacinto Tanta cuenta que aprendió “así mirando a los mayores que hacen”. Espíritu Suárez, indica “bueno, de chico aquí todos nos han enseñado nuestro papá, o sea una familia, nos han enseñado a hacer las ollas, como este sitio es la ollería, la ollería llamamos acá, […] hemos aprendido desde chicos con los mayores han sido olleros, entonces ya nos enseñaban así, papá, a veces un tío, alguna familia nos enseñaba de hacer ollas”. Los viajes también han sido parte del proceso de aprendizaje, es decir los alfareros viajan con sus maestros (padres, parientes) para ayudarlos hasta familiarizarse con la actividad. Por ejemplo, Alfonso Toledo cuenta: “…mi papá más antes nos llevaba así cuando éramos chicos, nos llevaba por ejemplo por Chimbote, a Trujillo nos llevaba, y entonces y pero nosotros no hacíamos, nosotros de compañía nomás nos íbamos con él […] y vendíamos las ollas, ahí ayudábamos a vender, él daba la propina, nos daba él, entonces llegábamos para acá, así, así, así me gustó practicarlo…”.

La manufactura de las vasijas implica varias etapas. Primero se procesan la tierra y el mito. Se les mezcla y se obtiene una masa que servirá para hacer vasijas. Antes de empezar a trabajarla hay que “bailar” sobre la masa, colocada sobre el cuero de vaca. Para comenzar se hacen bolas a mano, de cada una saldrá una vasija (Figura 16). Con esas bolas, a pura mano, se hacen tablas, que tienen forma de plato (Figura 17). Posteriormente, se hace el asiento con el mazo y la piedra (Figura 18). Enseguida viene el alzado del cuerpo usando la paleta, mazo y piedra (Figura 19). Luego de un tiempo, para que seque, se pone el gollete usando la badana y el trapito (Figura 20). Después de golletear se deja secar la vasija tanto a la sombra como al sol. Finalmente se realiza la quema (Figura 21).

Figura 16: Oscar de la Cruz haciendo las bolas.

Figura 17: Oscar de la Cruz haciendo las tablas.

Figura 18: Oscar de la Cruz haciendo el asiento.

Figura 19: Valeriano Moncada alzando el cuerpo.

Figura 20: Víctor Toledo golleteando (foto de Rodolfo Monteverde)

Figura 21:  Antonio Toledo preparando la quema

Sobre los viajes, puede indicarse que los alfareros realizan distintos tipos de  desplazamiento. En principio, el viaje con ollas es a zonas cercanas de Cajamarca, por ejemplo al mercado de San Miguel “por la plata” (Figura 22) o a los pueblos de jalca como Callanca, Cochán, Chiapón, Llapa o Unanca para obtener papas. El intercambio se puede hacer de diversas formas, una de las más usadas es al lleno: se recibe lo que entra en la vasija. El segundo tipo de viaje es con material (tierra y mito) y herramientas para producir ollas en otros pueblos. La distancia a recorrer depende de lo que busca el alfarero: William Romero observó “los que quieren comida se van cerca”, “los que quieren dinero se van hasta lejos”.  Así por ejemplo, Contumazá es un destino común para obtener trigo. Varios alfareros normalmente viajan al valle de Jequetepeque, todo el territorio que conecta Cuzcudén con la costa, poblado de zonas arroceras, ubicadas en la “playa”. Por ejemplo, Víctor Toledo viajó a Pay Pay, a tres horas en carro desde Cuzcudén, con un compañero y trabajaron por quince días, produciendo 300 vasijas que intercambiaron por arroz (Figuras 23, 24). Otros alfareros van por los pueblos de la costa de La Libertad y Lambayeque, a lugares como Guadalupe, Pacasmayo o Chepén. o otros hacia lugares más distantes como Tayabamba, al extremo oriental de la Libertad, Bagua grande, Utcubamba, Amazonas y Nueva Cajamarca, Rioja, San Martín. Unos pocos, como Alfonso Toledo, han probado suerte en lugares más distantes, como los alrededores de Lima, e incluso es sabido que algunos alfareros llegaron hasta Ecuador. Considerando todos los viajes que nos han relatado los alfareros de Cuzcudén, se puede decir que ellos son los que más viajan de los Andes, visitando territorios de la costa, la sierra y la selva.

Figura 22: María Arribasplata vendiendo ollas en San Miguel

Figura 23: Victor Toledo  y Manuel Romero en Pay Pay (foto de Howard Tsai)

Figura 24: Preparando la quema en Pay Pay (foto de Howard Tsai)

Finalmente, una pregunta que surge cuando uno observa todos estos viajes es ¿por qué viajan con sus materiales? Hay varias respuestas. Una, explican los alfareros, es la necesidad de obtener productos agrícolas que no consiguen en su propia comunidad, como arroz o trigo. Otra, alude a la fragilidad de las vasijas, viajando con los materiales es posible recorrer mayores distancias sin que se quiebren las vasijas. Una tercera respuesta se refiere a la estacionalidad, se puede viajar a hacer ollas durante todo el año, pues si bien en la sierra llueve estacionalmente, la costa es generalmente seca. Preguntado sobre esto Jacinto Tanta explicó que “con lluvia, es difícil [sacar el material para hacer ollas] pero ya nosotros, ya nosotros nos adelantábamos en el verano, sacábamos […] y preparábamos y ya guardábamos ya. Sacamos para llevarlo y de que sembrábamos también nosotros aquí nuestro triguito, sembrábamos maicito, cebada. Entonces terminadas nuestras siembras, entonces ya no teníamos que hacer nada ya y nos íbamos a trabajar a la costa, así era”.

(Este texto está basado en la exposición temporal inaugurada el 1 de Octubre de 2017 en el colegio primario, I.E.P. 82270, del centro poblado de Cuzcudén).

 Referencias citadas

Bell, M. 2017. Pottery, Livelihood, and Landscapes. A case study from the Peruvian Andes, 89 pp.; Cham: Springer.

Biblioteca Campesina.1994. Barro bendito. La alfarería en la tradición cajamarquina, 136 pp.; Cajamarca: Proyecto enciclopedia campesina.

Druc, I. 2011. Tradiciones alfareras del valle de Cajamarca y la cuenca alta del Jequetepeque, Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines 40(2):307-331.

Espejo, J. 1951. Los alfareros de Manka-Allpa. El Comercio 1. Diciembre.

Ramón, G.  1999. Producción alfarera en Santo Domingo de los Olleros (Huarochirí-Lima), Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines 28(2):215-248.

Ramón, G. 2008a. Potters of the Northern Peruvian Andes: a palimpsest of technical styles in motion, 437 pp.; Tesis doctoral presentada en la Universidad de East Anglia, Reino Unido.

Ramón, G. 2008b. Producción alfarera en Piura (Perú). Estilo técnico y diacronía. Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines 37 (3): 477-509.

Ramón, G. 2013. Los alfareros golondrinos: productores itinerantes de los Andes, 169 pp.; Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos/Sequilao.

Ravines, R. 1989. Principales comunidades y centros alfareros del Perú. En Ravines Rogger & Fernando Villiger, La cerámica tradicional del Perú, pp. 45-57. Lima: Los Pinos.

Sillar, B. 2000. Making Pots and Constructing Households: An Ethnoarchaeological Study of Pottery Production, Trade and Use in the Andes, 219 pp.; Oxford:B.A.R.

Imágenes: El Mapa 1 fue elaborado por Martha Bell. La foto 20 es de Rodolfo Monteverde. Las fotos 23 y 24 son de Howard Tsai. El resto de las fotos son de Gabriel Ramón

Sobre nuestro proyecto

Esta muestra es parte de un proyecto de investigación iniciado en 1993 en Santo Domingo de los Olleros, Huarochirí, Lima (Ramón 1999) y luego, desde 1999, extendido a los Andes Norperuanos (departamentos de Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura). Los resultados han sido publicados como libros y en revistas, ver Ramón 2008a, 2008b y 2013. Finalmente, desde 2013 se incorporó en nuestra área de estudio el departamento de Cajamarca (ver http://red.pucp.edu.pe/ridei/proyectos/la-alfareria-y-la-textileria-del-sur-de-cajamarca-un-enfoque-interdisciplinario-parte-1/). Los resultados  preliminares sobre Cuzcudén se basan en cinco visitas realizadas desde 2013 a 2017.

Agradecimientos. Nuestro proyecto en Cuzcudén es posible gracias a la amabilidad de todos sus habitantes, quienes nos permiten visitar periódicamente su centro poblado y hacer muchas preguntas sobre alfarería. Asimismo, agradecemos la Beca Andina 2017 otorgada por el  Instituto Francés de Estudios Andinos,  que ha permitido la financiación del trabajo de campo  en Cuzcudén en el presente año y la realización de esta muestra.  Los resultados presentados son preliminares,  ya que aún estamos procesando más de 800 páginas de entrevistas con los alfareros y sus parientes.

El trabajo de campo fue realizado en compañía de Luis Andrade, Kristel Best,  Daniel Dávila y Rodolfo Monteverde, todos ellos me han auxiliado en diversos aspectos de esta investigación. Asimismo, agradecemos a la directora de la escuela primaria de Cuzcudén, Luz Estela Díaz y el alcalde Hermisián Romero quienes nos dieron su apoyo para la presente muestra.  A Howard Tsai por compartir sus fotos de Pay Pay.

Alfareros y parientes entrevistados:

  • Héctor Ramón Aguilar Alvites
  • Alejandro Alvites Valdez
  • Benjamín Arribasplata Moncada
  • Arquímedes Arribasplata Aguilar
  • José Asunción Arribasplata
  • María Arribasplata Aguilar
  • Genaro Chilón Mendoza
  • Oscar de la Cruz
  • Ramón de la Cruz
  • Wilfredo de la Cruz
  • Aurora Espinal Alcántara
  • Neftalí Lozano Lozano
  • Nelson Lozano Aguilar
  • Reiniero Lozano Lozano
  • Alicia Lozano Mendoza
  • Alberto Lozano Mendoza
  • Ulises Lozano
  • Héctor Mendoza Villuslada
  • Marcelino Mendoza
  • Valeriano Moncada Tanta
  • Indalecio Pérez
  • Víctor Pérez Chillán
  • Elmer Pérez Tanta
  • Asunción Romero
  • Hermisián Romero
  • Pedro Romero
  • William Romero
  • Isidora Sánchez
  • Jorge Sánchez Vásquez
  • Nilton Hildebrando Serna Rivasplata
  • Amado Serna Salazar
  • Nelson Serna Salazar
  • José Espíritu Suárez Pérez
  • Hermógenes Tanta/Alejandrina Valdez
  • Jacinto Tanta Aguilar
  • Jaime Tanta Sánchez
  • Luz Tanta
  • Miguel Tanta Aguilar
  • Jacinto Tanta Aguilar y su nieta Rosa
  • Santos Tanta Mendoza
  • Eustaquia Tanta Sánchez
  • Santos Tanta Valdés
  • Nelson Tanta Verástegui
  • Gregorio Tanta Villuslada
  • Yola Tanta
  • Antonio Toledo
  • María Toledo
  • José Víctor Toledo Pérez
  • Julio Toledo Chiloma
  • Víctor Alfonso Toledo Tanta
  • Catalino Vélez
  • Alcides Verástegui Moncada
  • Zacarías Verástegui

 

Reconstruction « avec changements »? Olmos, le modèle économique et les suites possibles du Niño costero

Par: Évelyne Mesclier (IFEA), Jean-Louis Chaléard (Université Paris1-Panthéon-Sorbonne)[1] et Sofía Castro (PUCP)[2]

Lors de son discours à la Nation du 28 juillet 2017, le Président péruvien Pedro Pablo Kuczynski est revenu sur les événements tragiques liés au phénomène de Niño costero survenu en début d’année et a présenté la troisième phase de l’intervention de l’État, la « Reconstruction avec changements ». Cette phase doit entre autres permettre « la réactivation économique de secteurs productifs affectés », selon le document Memoria de Gobierno mis à disposition du public par la Présidence. Les changements auxquels fait allusion le document du gouvernement péruvien s’appuient sur l’hypothèse, répétée bien des fois au cours des événements, que l’eau « a une mémoire », qu’elle repassera par les chemins qu’elle a empruntés, et qu’il faut donc éviter de laisser des populations s’installer dans des lieux dangereux et revoir la conception d’un certain nombre d’infrastructures.

De tels changements, sans nul doute souhaitables, sont-ils suffisants pour modifier durablement les effets des phénomènes El Niño ? Comme nous avons pu le montrer lors du Niño 1997-1998 (Hocquenghem, Mesclier et Oré, 2001), ceux-ci dépendent largement de l’organisation des sociétés. Il faut donc, au-delà de la mémoire de l’eau, s’intéresser à cette organisation. Le cas de Olmos, territoire transformé depuis le début des années 2010 par le projet d’irrigation mené par l’État en partenariat avec l’entreprise Odebrecht, fournit un bon exemple de la façon dont des dynamiques sociales, économiques et politiques rapides interfèrent avec les effets à court et surtout moyen termes des phénomènes physiques. En mai 2017, nous avons pu discuter des conséquences du Niño costero avec des agriculteurs et agricultrices, des éleveurs, des fonctionnaires et des élus du « district » d’Olmos, dans le chef-lieu, petite ville proche du fleuve Olmos, et à Pasaje Norte, hameau situé au nord-ouest de celle-ci, dans la vallée du fleuve Cascajal. Nous avons abordé avec ces personnes la question des changements possibles au cours des mois à venir.

Olmos  » côte  » nord, mai 2017 – Crédits Photo: E. Mesclier

Le Niño costero, s’il a pu surprendre par la soudaineté de son apparition, comme par ses modalités particulières, n’est pas un événement inhabituel pour les habitants de la région côtière du nord du Pérou. Celle-ci vit au rythme des alternances entre les périodes de sécheresse prolongée, les années de pluies plus abondantes et les Niño qui transforment la forêt sèche en paysages dignes du versant amazonien des Andes. Le Niño costero de 2017 a interrompu une longue période de sécheresse qui durait depuis le Niño de 1997-1998, malgré quelques pluies plus importantes en 2012. Le Service National de Météorologie et Hydrologie du Pérou (SENAMHI) a enregistré pour Olmos comme pour l’ensemble du littoral du nord du pays des pluies et des crues exceptionnelles (Senamhi, 2017). Selon le responsable de l’antenne locale de l’Autorité de l’eau, les pluies ont duré de février jusqu’à fin avril.

Les Niño ont des conséquences en général plutôt négatives sur les activités des campagnes du littoral nord du Pérou dans un premier temps : perte des récoltes, propagation de maladies, personnes déplacées, infrastructures endommagées ; et dans un second temps plutôt positives: disponibilité d’eau pour les cultures, croissance des pâturages.

A Pasaje Norte, situé près de la confluence du Cascajal avec la rivière Insculas, les habitants ont connu des moments effectivement difficiles : routes coupées par la crue et difficultés consécutives de l’approvisionnement alimentaire, à peine soulagée par l’apparition ponctuelle d’aide envoyée par le gouvernement par hélicoptère ; coupure prolongée de l’électricité suite à la chute de la ligne, entraînant à la fois l’interruption des communications (sauf la radio) et du fonctionnement du puits qui fournit l’eau de consommation humaine ; fermeture des établissements scolaires, et impossibilité de se rendre à leur travail pour les adultes, et destruction de parcelles de culive. Ces difficultés se prolongeaient en partie les mois suivants, avec l’érosion de la rive du fleuve, qui a emporté des terres de culture  et menace le puits du hameau, et avec l’état de destruction des routes, parsemées de trous et encore en partie inondées. En revanche, aucune épidémie de dengue ou de zika n’avait été signalée.

Les effets positifs du Niño quant à eux suscitaient un certain nombre d’interrogations : dans la vallée du Cascajal, pouvait-il y avoir un redémarrage de l’élevage, comme lors d’autres épisodes semblables ? Le « projet Olmos » a concrètement commencé par la confiscation par le gouvernement central d’une centaine de milliers d’hectares appartenant à la « communauté paysanne » Santo Domingo de Olmos, à la fin des années 1990. Il s’agissait de mettre en culture ces terres considérées comme arides grâce à un apport d’eau venant du versant oriental de la cordillère, à travers un projet hydraulique de grand ampleur. Dans la pratique, ces terres faisaient partie des parcours utilisés par les éleveurs, qui constituent un des groupes d’exploitants présents dans la communauté (Auquier, 2013). Plus radicalement encore, un peu plus au sud, dans le périmètre du projet, les hameaux et les puits ont été rasés et la population déplacée vers un ensemble de maisons construit pour l’occasion, sans terres de parcours, appelé la Algodonera.

La diminution des parcours liée au « projet » et l’absence prolongée de précipitations ont entraîné la réduction drastique du nombre d’animaux. Par ailleurs, les ex éleveurs travaillent aujourd’hui sur les nouvelles plantations du périmètre irrigué, qui sont installées depuis environ deux ans. Les travaux à réaliser sont surtout ceux d’ouvriers agricoles, pour un salaire qui, selon les témoignages recueillis, est de 33 soles par jour, soit 198 soles par semaine. Les contrats sont de trois mois, ce qui est considéré par ces nouveaux ouvriers comme très stable, et ouvrent l’accès à des services de santé différents, qui ne sont cependant pas considérés comme supérieurs à ceux qui existaient auparavant. En revanche le salaire est lui considéré comme plus bas que ce qui était attendu : sur la foi des rumeurs et discours qui ont accompagné le projet, les gens espéraient être payés au moins 45 soles par jour. L’élevage serait plus rémunérateur : dans les années de pâturage abondant, les cheptels qui se reconstituent comptent, selon les témoignages recueillis depuis le début de nos enquêtes, des centaines d’animaux. Mais les journées de travail sur les entreprises ne permettent pas nécessairement de reprendre cette activité. La difficulté est encore plus grande en raison de l’état actuel des routes, qui rend longs et pénibles les déplacements : les personnes de Pasaje Norte mettaient encore deux à trois heures au mois de mai pour rejoindre les entreprises agricoles du périmètre irrigué, à une vingtaine de kilomètres du hameau, soit des temps de déplacement quotidiens de cinq à six heures ! Les hommes interrogés à ce sujet envisageaient une spécialisation au sein des familles, les femmes pouvant rester à la maison et s’occuper des animaux pendant qu’eux-mêmes continueraient d’aller travailler sur les entreprises – l’avis des habitantes de Pasaje Norte sur ce sujet pourrait être différent, certaines d’entre elles ayant trouvé des emplois de bureau dans les entreprises.

Certes, la présence du projet Olmos a pu faciliter la prise en compte des projets d’électrification rurale qui ont abouti de façon concommitante. Celle-ci a permis à quelques éleveurs d’installer des pompes électriques sur leurs puits, ce qui rend plus facile et plus rapide l’accès à l’eau pour les animaux – tout en signifiant une nouvelle dépense. Néanmoins, globalement, les recompositions du territoire impulsent aujourd’hui une dynamique particulière à la reconstruction. Le « changement » est engagé et entraîne une bifurcation importante par rapport aux alternances de réduction et reprise des activités d’élevage.

Dans la vallée du fleuve Olmos, les agriculteurs peuvent-ils quant à eux espérer des changements substantiels après cette période de pluies intenses ? Un certain nombre d’entre eux aurait dû pouvoir dès avant le Niño profiter des infrastructures du projet Olmos pour irriguer leurs terres, puisque 5500 hectares leur appartenant devaient être intégrés au nouveau réseau. De fait, depuis 2015, ils ont pu faire occasionnellement des demandes et obtenir un supplément d’eau, pour leurs parcelles actuellement en culture, améliorant ainsi un peu les résultats de leur activité. Mais ce bénéfice a été de courte durée en 2017 : pendant l’épisode du Niño, une partie de la production fruitière a pourri ou n’a pu se développer et, parallèlement, les canaux du système ancien de distribution ont été détruits. Or c’est à ce seul système que peuvent recourir les petits agriculteurs de la vallée, membres de l’association des usagers. La distribution modernisée, par conduites tubulaires, n’a pu encore être installée sur leurs parcelles, pour des raisons qui combinent apparemment lenteurs administratives et manque de financements. Pour l’instant, seules les entreprises disposent de ce système moderne de distribution. L’urgence est aujourd’hui à la reconstruction des canaux anciens, ce qui a entraîné des frais importants pour les petits et moyens agriculteurs : en mai, leur association avait déjà dépensé plusieurs milliers de soles en location d’engins de chantiers.  Il ne leur était pas possible d’attendre l’aide gouvernementale Celle-ci ne sera pas assez rapide pour leur permettre d’éviter que les plantes manquent d’eau maintenant que les pluies ont cessé ; par ailleurs elle devrait être destinée en priorité aux exploitations les plus modestes, au terme d’une gestion incertaine.

Crédits Photo: E. Mesclier

Les installations du projet Olmos ont elles-mêmes été endommagées dans la vallée ancienne, au niveau de la première prise d’eau, comme l’ont rapporté quelques journaux locaux. Mais plus encore que ces dégradations causées par le Niño, c’est la conception d’ensemble du projet qui semble laisser peu d’espoir à ces agriculteurs, qui se déclarent aujourd’hui déçus : ils ont, disent-ils, attendu des années ce projet, tout cela pour voir passer l’eau qui alimente le nouveau périmètre irrigué, sans pouvoir réellement l’utiliser. La prédiction de Laureano del Castillo, qui parlait en 2012 d’ « injustice hydrique », s’est vue réalisée. Au-delà, les modalités de mise en œuvre du projet laissent largement à désirer : le barrage construit par l’entreprise Odebrecht pour capter l’eau sur le versant oriental de la cordillère n’a pas la hauteur initialement prévue. La partie hydro-énergétique du projet n’a pas vu le jour. L’irrigation des 5500 hectares de la vallée ancienne se heurte à différents obstacles, signalés plus haut. Par ailleurs, même avant les inondations de 2017, les apports d’eau dans cette vallée avaient déjà conduit à une salinisation de certaines parcelles, selon l’ingénieur chargé de l’antenne locale de l’Autorité de l’eau. Comme dans le cas des éleveurs, les agriculteurs abordent la période post Niño dans un contexte territorial nouveau, marqué par l’incertitude sur les possibilités réelles de redéveloppement de leurs activités à la faveur de l’abondance ponctuelle de l’eau.

Le projet Olmos présente des caractéristiques qui sont en lien avec la nature du modèle économique péruvien comme avec la relation particulière que l’État a entretenue avec Odebrecht. Les politiques péruviennes en matière de développement agricole reposent depuis plusieurs décennies sur deux piliers : les mesures en faveur de l’économie de marché, après une période de réforme agraire et d’interventionnisme d’État ; et l’expansion des périmètres irrigués, dans le cadre de « projets » de grande ampleur. Dans la région côtière, cette dernière dynamique a été très importante et a favorisé l’apparition d’exploitations de grande taille (plusieurs milliers d’hectares) produisant pour l’exportation, alors que les petites et moyennes exploitations n’ont pas fait l’objet d’une attention aussi marquée. L’expansion des périmètres irrigués s’est faite dans un nouveau contexte, marqué par les partenariats public-privés, dans lesquels l’entreprise brésilienne Odebrecht a pris une part considérable. Les conditions de ces partenariats ont été depuis des années considérées par des observateurs critiques comme peu favorables à l’État (voir par exemple Escobedo, 2010). Cette situation s’est vue largement expliquée, à partir de 2016 et des confessions concernant le Pérou des cadres de Odebrecht, par la collusion entre les intérêts personnels de hauts personnages de l’État et ceux de l’entreprise.

La reconstruction « avec changements » peut-elle modifier les dynamiques enclenchées jusqu’à présent sur le territoire d’Olmos et créer une situation non seulement plus favorable d’un point de vue économique pour les petits et moyens producteurs, mais leur permettant également de faire des choix moins contraints ? Tout dépend à l’évidence de l’orientation politique que prendra cette reconstruction. Or, si l’agriculture familiale est considérée comme prioritaire dans la Politique Nationale Agraire élaborée depuis 2015 et adoptée en 2016[3], cette priorisation n’est pas encore perceptible dans les faits dans le district d’Olmos. En sera-t-il autrement avec la reconstruction ?

Références citées:

Auquier, C., 2013. Transformations agraires par le prisme de la mondialisation. Le cas d’Olmos, une oasis dans le nord du Pérou. Mémoire ISTOM (Ecole supérieure d’agro- développement international), 139p.

Del Castillo, L. 2012. “El proyecto de irrigación de Olmos, un caso de injusticia hídrica » Justicia hídrica, mars 2012

Escobedo, J., 2010. “Proyecto Olmos: quién gana, quién pierde. El contrato”. La Revista Agraria nº122

Hocquenghem A.-M., Mesclier, É. et Oré, M. T., 2001. Los múltiples avatares de El Niño. dans J. Tarazona, W.E. Arntz et E. Castillo de Maruenda, El Niño en América Latina: Impactos Biológicos y Sociales, Concytec, Lima, pp. 323-330

Kuczynski, P.P., 2017 República del Perú. Memoria de Gobierno 28 julio 2016/27 julio 2017

SEMAHMI, 2017. Boletín climático marzo 2017

 

[1] Jean-Louis Chaléard et Évelyne Mesclier ont réalisé des missions successives de terrain à Olmos dans le cadre du projet ANR Périmarge porté par l’UMR Prodig et le CIRAD.

[2] Les auteurs remercient les habitants et autorités de Olmos qui ont bien voulu répondre à leurs questions en mai 2017 comme pendant les années précédentes.

[3] http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds02-2016-minagri.pdf

¿Reconstrucción «con cambios»? Olmos, el modelo económico y los posibles efectos del Niño costero

Por: Évelyne Mesclier (IFEA), Jean-Louis Chaléard (Université Paris1-Panthéon-Sorbonne)[1] y Sofía Castro (PUCP)[2]

Durante su discurso a la nación el 28 de julio de 2017, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski volvió a hablar de los trágicos eventos ligados al fenómeno del Niño costero acontecidos a inicios del año y presentó la tercera fase de intervención del Estado denominada la « Reconstrucción con cambios ». Esta fase debe, entre otras cosas, permitir «la reactivación económica de los sectores productivos afectados», según el documento  Memoria de Gobierno puesto a disposición pública por la Presidencia. Los cambios a los que hace alusión el documento del gobierno peruano se apoyan en la hipótesis, repetida muchas veces en el transcurso de los eventos, que el agua « tiene una memoria», que volverá a pasar por los caminos que ha recorrido y que se debería entonces impedir que las poblaciones se instalen en lugares peligrosos y revisar la concepción de un cierto número de infraestructuras.

Dichos cambios, deseables sin ninguna duda, ¿son suficientes para modificar duraderamente los efectos de los fenómenos de El Niño? Como hemos demostrado durante el Niño 1997-1998 (Hocquenghem, Mesclier et Oré, 2001), estos dependen largamente de la organización de las sociedades. Hace falta entonces, más allá de la memoria del agua, interesarse en esta organización. El caso de Olmos, territorio transformado desde inicios de 2010 por el proyecto de irrigación dirigido por el Estado en asociación con la empresa Odebrecht, constituye un buen ejemplo de la manera en que dinámicas sociales, económicas y políticas rápidas interfieren con los efectos a corto y sobre todo a mediano plazo de los fenómenos físicos. En mayo de 2017, pudimos discutir las consecuencias del Niño costero con los agricultores, ganaderos, funcionarios y representantes del distrito de Olmos, en la capital, pequeña ciudad cercana al río Olmos y en Pasaje Norte,  caserío situado al noroeste del mismo, en el valle del rio Cascajal. Hemos abordado con estas personas la problemática de los cambios posibles en el curso de los meses venideros.

Olmos, « costa »norte del Perú /  Créditos foto: E. Mesclier

El Niño costero,  si bien ha podido sorprender por la rapidez de su aparición, así como por sus modalidades particulares, no es un evento inhabitual para los habitantes de la región costera del norte del Perú. Ella vive al ritmo de las alternancias entre los periodos de sequía prolongada, los años de lluvias más abundantes y el Niño que transforma los bosques secos en paisajes dignos de las vertientes amazónicas de los Andes. El Niño costero de 2017 interrumpió un largo período de sequía que duraba desde el Niño de 1997 – 1998, a pesar de algunas lluvias más importantes en 2012. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) registró en Olmos y en el conjunto del litoral del norte del país  lluvias y crecidas excepcionales (SENAMHI, 2017). Según el responsable de la antena local de la Autoridad del Agua, las lluvias duraron desde febrero hasta finales de abril.

Los fenómenos de El Niño tiene consecuencias en general negativas sobre las actividades de los campos del litoral norte del Perú en un primer tiempo: pérdida de las cosechas, propagación de enfermedades, damnificados, infraestructuras dañadas y más bien positivas en un segundo momento: disponibilidad de agua para los cultivos, crecimiento de los pastizales.

En Pasaje Norte, situado cerca a la confluencia de Cascajal con el río Insculas, los habitantes pasaron momentos ciertamente difíciles: rutas cortadas por los desbordes y dificultades consecutivas de aprovisionamiento alimentario, apenas mitigadas por la aparición puntual de ayuda enviada por el gobierno en helicóptero; corte prolongado de electricidad debido a la caída de la línea, lo que trajo consigo a su vez la interrupción de las comunicaciones (salvo la radio) y del  funcionamiento del pozo que provee agua de consumo humano, el cierre de establecimientos escolares y la imposibilidad de asistir al trabajo para los adultos, y destrucción de parcelas. Estas dificultades se prolongaron parcialmente los meses posteriores, debido a la erosión de la margen del rio, que amenaza al pozo que abastece el caserío y el estado de destrucción de los caminos, salpicados de huecos y aun en parte inundados. En cambio, ninguna epidemia de dengue o de zika fue reportada.

En cuanto a los efectos positivos del Niño, ellos suscitan un cierto número de interrogantes: en el valle de Cascajal ¿podría haber un renacimiento de la ganadería, como se dio en otros episodios similares? El «proyecto Olmos» concretamente comenzó con la confiscación por el gobierno central de una centena de millares de hectáreas pertenecientes a la  «comunidad campesina»  Santo Domingo de Olmos, a finales de los años 1990.  Se trataba de cultivar esas tierras consideradas como áridas gracias a un aporte de agua proveniente de la vertiente oriental de la cordillera, mediante un proyecto hidráulico de gran amplitud. En la práctica, esas tierras formaban parte de trayectos utilizados por los ganaderos, que constituyen uno de los grupos de agricultores presentes en la comunidad (Auquier, 2013). Más radicalmente aún, un poco más al sur, en el perímetro del proyecto, los caseríos y los pozos fueron arrasados y la población desplazada hacia un conjunto de viviendas construidas para la ocasión, sin tierras  de pastoreo, llamada la Algodonera.

La disminución  de trayectos ligados al «proyecto» y la ausencia prolongada de precipitaciones han significado la reducción drástica del número de animales. Por otra parte, los ex ganaderos trabajan hoy en día en las nuevas plantaciones del perímetro de riego, que fueron instalados hace alrededor de dos años. Los trabajos a realizar son especialmente de obreros agrícolas, por un salario que, según los testimonios recogidos, es de 33 soles  por día, es decir 198 soles por semana. Los contratos son de tres meses, lo que es considerado por estos nuevos asalariados como muy estable y abren el acceso a servicios de salud diferentes,  los que no se consideran sin embargo superiores a los que existían anteriormente. En cambio, el salario es considerado como más bajo al esperado: basados en rumores y discursos que acompañaron el proyecto, la gente esperaba recibir mínimamente 45 soles  por día.  La ganadería sería más lucrativa: en los años de pastizal abundante, los rebaños que se recomponen, según los testimonios recogidos desde el inicio de nuestras encuestas, cuentan con centenas de animales. Pero las jornadas de trabajo en las empresas no permiten necesariamente retomar esta actividad. La dificultad es aún más grande debido al estado actual de las rutas que hace largos y penosos los desplazamientos: los pobladores de Pasaje Norte necesitaban de dos a tres horas en el mes de mayo para llegar a las empresas agrícolas del perímetro de riego, a una veintena de kilómetros del caserío, ¡es decir tiempos de desplazamientos cotidianos de cinco a seis horas! Los hombres consultados al respecto evalúan una especialización en el seno de las familias, donde las mujeres puedan quedarse en casa y ocuparse de los animales mientras que ellos mismos continuarían yendo a trabajar a las empresas – la opinión de las habitantes de Pasaje Norte en este tema podría ser diferente, pues algunas de ellas han encontrado un empleo de oficina en las empresas.

Eventualmente, la presencia del proyecto Olmos ha podido facilitar que se tomen en cuenta proyectos de electrificación rural que se realizaron de manera conjunta. Aquello permitió a algunos ganaderos instalar bombas eléctricas en sus pozos, lo que hace más fácil y más rápido el acceso al agua para los animales – si bien significa un nuevo gasto. No obstante, globalmente, las recomposiciones del territorio impulsan hoy en día una dinámica particular de la reconstrucción. El «cambio» empezó antes y conlleva una bifurcación importante respecto a las alternancias de reducción y de reactivación de las actividades de ganadería.

En el valle del rio Olmos, ¿pueden los agricultores por su parte esperar cambios sustanciales después de este periodo de lluvias intensas? Un cierto número entre ellos deberían haber podido aprovechar la infraestructura del proyecto Olmos para regar sus tierras desde antes del Niño, puesto que 5500 hectáreas de su pertenencia debían ser integradas a una nueva red. De hecho, desde el 2015, ellos han podido hacer ocasionalmente pedidos y obtener un suplemento de agua, para sus parcelas actualmente en cultivo, mejorando así un poco los resultados de su actividad. Pero este beneficio ha sido de corta duración en 2017: durante el episodio del Niño, una parte de la producción de frutas se malogró o no pudo desarrollarse, paralelamente, los canales del antiguo sistema de distribución fueron destruidos. Sin embargo, es este el único sistema al que pueden recurrir los pequeños agricultores del valle, miembros de la asociación de usuarios. La distribución modernizada, por conductos tubulares, no ha podido aún ser instalada sobre sus parcelas, por razones que combinan aparentemente demoras administrativas y falta de financiamiento. Por el momento, solo las empresas disponen de este moderno sistema de distribución. La urgencia está hoy en día en la reconstrucción de los antiguos canales, lo que conlleva gastos importantes para los pequeños y medianos agricultores: en mayo, su asociación había ya gastado varios miles de soles en el alquiler de maquinaria de construcción. No les era posible esperar la ayuda gubernamental, que no será lo bastante rápida para permitirles evitar que les falte agua a las plantas ahora que las lluvias cesaron; además ella debería estar destinada prioritariamente a los cultivos más modestos, al término de una gestión incierta.

Créditos foto: E. Mesclier

Las instalaciones del proyecto Olmos fueron dañadas en el valle antiguo, a nivel de la primera toma de agua, como lo han señalado algunos periódicos locales. Pero más allá de las degradaciones causadas por el Niño, es la concepción del conjunto del proyecto la que parece dejar poca esperanza a los agricultores, que se declaran hoy decepcionados: ellos dicen haber esperado por años este proyecto y todo para ver pasar el agua que alimenta el nuevo perímetro de riego, sin poder utilizarla. La predicción de Laureano del Castillo, que hablaba en 2012 de una «injusticia hídrica», se ve realizada. Aún más, las modalidades de implementación del proyecto dejan mucho que desear: la represa construida por la empresa Odebrecht para captar el agua en la vertiente oriental de la cordillera no tiene la altura inicialmente prevista. La parte hidroenergética del proyecto no vio la luz. La irrigación de las 5500 hectáreas del valle antiguo se ve obstaculizada por diferentes problemas, señalados más arriba. Por otro lado, aún antes de la inundaciones de 2017, los aportes de agua en este valle ya habían conducido a una salinización de ciertas parcelas, según el ingeniero encargado de la antena local de la Autoridad del agua. Como en el caso de los ganaderos, los agricultores abordan el periodo pos Niño  en un contexto territorial nuevo, marcado por la incertidumbre sobre las posibilidades reales de un nuevo desarrollo de sus actividades gracias a la abundancia puntual del agua.

El proyecto Olmos presenta características que están ligadas a la naturaleza del modelo económico peruano así como a relación particular que el Estado ha establecido con Odebrecht. Las políticas peruanas en materia de desarrollo agrícola reposan desde hace varias décadas sobre dos pilares: las medidas en favor de la economía de mercado, luego de un período de reforma agraria y de intervencionismo del Estado, y la expansión de los perímetros de riego, en el marco de «proyectos» de gran amplitud. En la región costera, esta última dinámica ha sido muy importante y ha favorecido la aparición de unidades de explotación de gran tamaño (varios millares de hectáreas) que producen para la exportación, mientras que los pequeños y medianos productores no han sido objeto de una atención tan marcada. La expansión de los perímetros de riego se hizo en un nuevo contexto, marcado por las asociaciones público-privadas, en las que la empresa brasileña Odebrecht ha tenido un rol considerable.  Las condiciones de estas asociaciones han sido desde hace años consideradas por los observadores críticos como poco favorables al Estado (ver por ejemplo Escobedo, 2010). Esta situación se ha visto largamente explicada, a partir de 2016 y de las revelaciones concernientes al Perú de los directivos de Odebrecht, por la colusión entre los intereses privados de altos personajes del Estado y los de la empresa.

La reconstrucción «con cambios» ¿puede en si modificar las dinámicas desencadenadas hasta el momento en el territorio de Olmos y crear una situación no solamente más favorable económicamente para los pequeños y medianos productores, sino también que les permita elegir bajo menores presiones? Todo depende evidentemente de la orientación política que tomará esta reconstrucción. Sin embargo, si la agricultura familiar es considerada como prioritaria en la Política Nacional Agraria elaborada desde 2015 y adoptada en 2016[3], esta priorización no es aún perceptible en los hechos en el distrito de Olmos. ¿Será diferente con la reconstrucción?

Referencias citadas:

Auquier, C., 2013. Transformations agraires par le prisme de la mondialisation. Le cas d’Olmos, une oasis dans le nord du Pérou. Mémoire ISTOM (Ecole supérieure d’agro- développement international), 139p.

Del Castillo, L. 2012. “El proyecto de irrigación de Olmos, un caso de injusticia hídrica » Justicia hídrica, marzo 2012

Escobedo, J., 2010. “Proyecto Olmos: quién gana, quién pierde. El contrato”. La Revista Agraria nº122

Hocquenghem A.-M., Mesclier, É. et Oré, M. T., 2001. Los múltiples avatares de El Niño. dans J. Tarazona, W.E. Arntz et E. Castillo de Maruenda, El Niño en América Latina: Impactos Biológicos y Sociales, Concytec, Lima, pp. 323-330

Kuczynski, P.P., 2017 República del Perú. Memoria de Gobierno 28 julio 2016/27 julio 2017

SEMAHMI, 2017. Boletín climático marzo 2017

 

[1] Jean-Louis Chaléard y Évelyne Mesclier han realizado misiones sucesivas de terreno en Olmos en el marco del proyecto ANR  Périmarge realizado por el l’UMR Prodig y el CIRAD.

[2] Los autores agradecen a los habitantes y las autoridades de Olmos que han aceptado responder sus preguntas en mayo 2017 como durante los años anteriores.

[3] http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds02-2016-minagri.pdf

Peaje en Puente Piedra y acceso a la ciudad

Límites sociales y territoriales de los Asociaciones Público-Privadas

Artículo de Quentin Marchand*

Los primeros días del año 2017 han sido el escenario de un conflicto entre los habitantes de Puente Piedra y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El problema : la puesta en marcha de un peaje, en el kilómetro 25,5 de la Panamericana Norte, puerta de entrada y salida de este distrito ubicado al norte de la ciudad de Lima. El 4 de Enero de 2017, una semana después de la aplicación de la nueva tarifa, los habitantes de los asentamientos humanos Laderas de Chillón y Eucaliptos, situados al costado del nuevo peaje, se han opuesto violentamente a esta medida incendiando la nueva infraestructura. Luego, el 5 de enero una protesta que reunió aproximadamente 200 personas se dirigió hacia la zona convirtiéndose en un enfrentamiento con la policía. Este conflicto ha dado lugar a un vivo debate político sobre la responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana y precisamente del actual alcade Luis Castañeda quien habría perdido 8 puntos de popularidad en el lapso de dos semanas. Desencadenado a nivel local, el conflicto ha tomado rápidamente una dimensión metropolitana, incluso nacional con la intervención del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski y del Ministro del interior quienes se pusieron del lado de los habitantes de Puente Piedra, denunciando un proyecto inviable. Tras 15 días de conflictos, el alcalde de Lima declaró durante el aniversario de la ciudad el 18 de enero, que el peaje sería suprimido.

Créditos: Quentin Marchand

Intentaremos evaluar en este artículo cuáles son los límites sociales y territoriales de los peajes urbanos, considerados aquí como una herramienta de financiamiento privado de infraestructura pública. Esta reflexión nos llevará en primer lugar a considerar el carácter equitativo de la tarifa adoptada, para después interesarse en el impacto de las obras de esta infraestructura en aquel territorio.

Un peaje equitativo

La implementación de peajes en las grandes metrópolis es frecuente, sin embargo su función puede variar. Hay que distinguir los peajes de eje, cuyo objetivo principal es financiar una infraestructura, y los peajes de zona, cuyo objetivo es restringir el acceso de los vehículos a la ciudad como es el caso de Londres. En el caso de Puente  Piedra, se trata de un peaje de eje que permite financiar las obras de mejoramiento  de la Panamericana. El Alcalde de Lima precisó que la implementación del peaje estaba previsto en el contrato de concesión de los 3 grandes ejes metropolitanos que atraviesan Lima de norte a sur. El consorcio Rutas de Lima, encargado de esta concesión tenía el derecho de imponer esta tarifa que estaba fijada dentro de los términos del contrato sin embargo, ¿era esta medida era equitativa?

El debate académico sobre la problemática de la equidad de los peajes urbanos es abundante (Reigner & al, 2013) y nos entrega indicadores que permiten ver que las condiciones de esta equidad no están cumplidas en el caso del peaje de Puente Piedra.  Para ser equitativo, un peaje urbano debe primero adoptar una tarifa razonable, es decir, que el costo adicional que trae no debe pesar sobre el presupuesto de la movilidad de las personas implicadas, lo que no es el caso en Puente Piedra. En efecto, para poder salir de sus hogares, los habitantes de Laderas de Chillón y Eucaliptos, cuyos ingresos son bajos, deben pagar 5 soles por recorrido. Además, la Panamericana siendo la columna vertebral de la red vial de Puente Piedra, tiene pocas alternativas al peaje (Avenida Gambetta al oeste y Avenida Chillón Trapiche al este).  La elección de estos nuevos itinerarios conllevan una pérdida de tiempo importante (1 hora más según el Comercio), en un contexto local donde los tiempos de viaje ya son significativos (2 a 5 horas por día).

Así, el peaje penaliza los desplazamientos del domicilio al lugar trabajo, que son indispensables. En efecto, según un estudio del Observatorio Socio Económico Laboral realizado en los distritos del norte de Lima (Rodriguez, 2007), cerca de la mitad de los habitantes de Puente Piedra trabajan fuera del distrito, dentro de ellos un tercio trabaja en los distritos del centro de Lima. El uso de la Panamericana para desplazarse en bus o en vehículo privado es un imperativo para una gran parte de la población de Puente Piedra.

Del punto de vista de la demanda, la implementación de este peaje conlleva entonces efectos particularmente negativos para la población local.

Infraestructura vial y desarrollo territorial

Ahora, si nos interesamos a la oferta, es decir, a la infraestructura construida gracias al peaje, el balance es cuestionable. En primer lugar, se trata de una concesión para el mejoramiento y mantenimiento de una ruta existente. Esto significa que las ganancias del peaje financian el mejoramiento de vías metropolitanas ya construidas al momento de concesionarlas en 2013.

Sin embargo, una de las críticas de los habitantes están justamente relacionadas con las diferencias observadas entre la parte sur de la Panamericana, en dirección hacia los distritos balnearios más favorecidos y la parte norte, más modesta.

Observamos efectivamente que la mayoría de los grandes arreglos y particularmente los costosos “by pass” serán efectuados en la parte sur del río Chillón (mapa adjunto), es decir, fuera del distrito de Puente Piedra. Así las ganancias de los diferentes peajes no están realmente orientadas hacia los territorios y las poblaciones de este distrito en particular ni al cono norte en general. Entonces podemos considerar que los intereses económicos de esta concesión priman sobre los aspectos sociales inherentes a su funcionamiento. La elección de la ubicación del peaje lo demuestra: situado un kilómetro antes del río Chillón (al nivel de Puente Chillón en el mapa), aprovecha la barrera física del río, atravesado por un solo puente que funciona finalmente como un cuello de botella para los automovilistas que deben atravesarlo para acceder a la ciudad.

En términos geográficos, la lógica de un eje, atravesado por puntos de pago (peajes) donde confluyen flujos de transporte se impone a la lógica de un área, donde se relacionan lugares a través de diferentes prácticas de movilidad.

A nivel económico, el desarrollo propio de la infraestructura prima sobre el desarrollo del territorio. Por lo tanto, la infraestructura atraviesa y estructura el territorio. Si a principios del siglo XX Puente Piedra era solamente un pequeño pueblo rural, que crecía en verano con la llegada de los trabajadores temporeros en el campo, ahora es un distrito urbano en pleno crecimiento que participa del funcionamiento de la metrópolis de Lima. La piedra que hacía antes el puente entre las dos orillas del río Chillón se ha convertido en una autopista urbana que atraviesa de punta a punta el distrito y conecta a sus habitantes al resto de la aglomeración.

Si este punto de acceso ha sido estratégico para el desarrollo de Puente Piedra es todavía hoy muy importante para sus habitantes cuyas condiciones de movilidad son determinantes para asegurar su subsistencia. Antes de poner en funcionamiento el peaje, hubiese sido necesario un  diagnóstico para evaluar los efectos segregativos de una medida que restringe y tarifica el acceso a la ciudad y sus oportunidades.

A modo de conclusión, podemos preguntarnos si la ausencia de subsidio público para mejorar los ejes metropolitanos y la elección de modos de financiamiento privado, como las concesiones, excluye de hecho estas consideraciones sobre el derecho a la ciudad y la dimensión inclusiva de las infraestructuras de transporte.

*Volontaire international à l’IFEA – doctorant en géographie à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne (UMR PRODIG)

Referencias

Reigner, H., & al, e. (2013). Nouvelles idéologies urbaine : dictionnaire critique de la ville moderne, verte et sûre. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

Rodriguez, N. V. (2007). Comas, Puente Piedra y Ventanilla – Lima Norte en cifras. Lima: Observatorio Socioeconómico Laboral de Lima Norte.

 

Péage à Puente Piedra et accès à la ville

 Limites sociales et territoriales d’un outil de financement privé d’infrastructures publiques

Par: Quentin Marchand *

Les premiers jours de l’année 2017 ont été le théâtre d’un conflit entre les habitants de Puente Piedra et la Municipalité Métropolitaine de Lima. En cause : la mise en place d’un péage, au kilomètre 25,5 de la Panaméricaine Nord, porte d’entrée et de sortie de ce district situé au nord de l’agglomération de Lima. Le 4 Janvier 2017, une semaine après la mise en application de la nouvelle tarification, les habitants des « asentamientos humanos » Laderas de Chillon et Eucaliptos, situés près du nouveau poste de péage, se sont violemment opposés à cette mesure en incendiant la nouvelle infrastructure. Une manifestation réunissant près de 200 personnes s’est ensuite dirigée le 5 Janvier sur les lieux et a tourné à l’affrontement avec les forces de police. Ce conflit a donné lieu à un vif débat politique sur la responsabilité de la Municipalité Métropolitaine et notamment de l’actuel Maire Luis Castañeda qui aurait perdu 8 points de popularité en l’espace de deux semaines. Déclenché au niveau local, le conflit a rapidement pris une dimension métropolitaine, voire nationale avec l’intervention du Président de la République, Pedro Pablo Kuczynski et du Ministre de l’intérieur qui ont pris le parti des habitants de Puente Piedra, dénoncant un projet non viable. Après 15 jours de conflits, le maire de Lima a déclaré lors de l’anniversaire de la ville le 18 Janvier, que le péage allait être supprimé.

Créditos: Quentin Marchand

Nous tenterons d’évaluer dans cet article quelles sont les limites sociales et territoriales des péages urbains, considérés ici en tant qu’outil de financement privés d’infrastructure publique. Cette réflexion nous amènera dans un premier temps à considérer le caractère équitable de la tarification adoptée, pour ensuite s’intéresser aux impacts des aménagements de cette infrastructure sur le territoire concerné.

Un péage équitable ?

La mise en place de péages dans les grandes métropoles est fréquente, mais leur fonction peut varier. Il faut en effet distinguer les péages d’axe, dont l’objectif principal est de financer une infrastructure, et les péages de zone, dont l’objectif est de restreindre l’accès des automobiles à la ville comme c’est le cas à Londres. Dans le cas de Puente Piedra, il s’agit d’un péage d’axe qui permet de financer les travaux d’aménagement de la Panaméricaine. Comme le Maire de Lima l’a précisé, la mise en place de ce péage était prévue dans le contrat de concession des 3 grandes axes métropolitains qui traversent Lima du nord au sud. Le consortium Rutas de Lima en charge de cette concession était donc dans son droit lorsqu’il a mis en opération ce péage, en imposant un tarif fixé dans les termes du contrat.  Cependant, cette mesure était-équitable ?

Le débat académique sur la question de l’équité des péages urbains est assez nourri (Reigner & al, 2013) et nous fournit des indicateurs qui permettent de voir que les conditions de cette équité n’étaient pas remplies dans le cas du péage de Puente Piedra.

Pour être équitable, un péage urbain doit tout d’abord adopter un tarif raisonnable, c’est-à-dire que le coût supplémentaire entrainé par sa mise en place ne doit pas trop peser sur le budget transport des personnes concernées, ce qui n’est pas le cas à Puente Piedra. En effet, pour pouvoir sortir de chez eux les habitants de Laderas de Chillon et Eucaliptos, dont les revenus sont faibles, devaient s’acquitter de 5 soles par passage. De plus, la Panaméricaine étant la colonne vertébrale du réseau viaire de Puente Pierdra, les alternatives au péage sont peu nombreuses (Avenue Gambetta à l’ouest et Avenue Chillon Trapiche à l’est). L’adoption de ces nouveaux itinéraires entraînent une perte de temps importante (1h de plus selon le Comercio), dans un contexte local où les temps de trajets sont déjà très importants (2 à 5h par jour). Ainsi, le péage pénalisait les déplacements domicile-travail, qui sont les plus contraints. En effet, selon une étude de l’Observatorio Socio Economico Laboral mené dans les districts du nord de Lima (Rodriguez, 2007), près de la moitié des habitants de Puente Piedra travaillent en dehors du district, dont un tiers dans les districts du centre de Lima. Le recours à la Panaméricaine pour se déplacer en bus ou en véhicule privé est donc un impératif pour une grande part des habitants de Puente Piedra. Du point de vue de la demande, la mise en place de ce péage entraîne donc des effets particulièrement négatifs pour la population locale.

Infrastructure autoroutière et développement territorial

Si l’on s’intéresse désormais à l’offre, c’est-à-dire à l’infrastructure routière mise en place grâce au péage, le bilan est aussi discutable. Tout d’abord, il s’agit d’une concession pour l’entretien et l’aménagement d’une route existante. Cela signifie que les recettes du péage financent l’aménagement de voies métropolitaines déjà construites au moment de leur concession en 2013. Or, une des critiques adressées par les habitants concerne justement les différences observées entre les aménagements effectuées sur la partie sud de la Panaméricaine en direction des districts balnéaires huppés de la capitale et la partie Nord plus modeste. On observe en effet que la plupart des grands aménagements et notamment les coûteux « by pass » seront effectués sur la partie située au sud du fleuve Chillon  (carte ci-jointe), c’est-à-dire en dehors du district de Puente Piedra. Ainsi les recettes des différents péages ne sont pas vraiment orientées vers les  territoires et les populations de ce district en particulier et du cône nord en général.

On peut alors considérer que les intérêts économiques de cette concession priment sur les aspects sociaux inhérents à son fonctionnement. Le choix de la localisation du péage en témoigne : situé un kilomètre avant le fleuve Chillon (au niveau du « Puente Chillón » sur la carte), il profite de la barrière physique du fleuve, traversée par un seul pont qui agit au final comme un « goulot d’étranglement » pour les automobilistes qui doivent le traverser pour accéder à la ville. En termes géographiques, la logique d’un axe, parcouru par des points de paiement (les péages) où conflue les flux d’automobile s’impose sur la logique d’une aire, qui met en relation des lieux entre eux aux travers de différentes pratiques  de mobilité. Au niveau économique, le développement propre de l’infrastructure prime sur le développement du territoire qu’elle traverse et structure pourtant.

Si au début du XXème siècle, Puente Piedra n’était qu’une petite bourgade rurale, qui grossissait en été par l’afflux de travailleurs saisonniers dans les champs, elle est aujourd’hui un district urbain de 350000 habitants en pleine croissance, qui participe du fonctionnement de l’agglomération liméenne. La pierre qui faisait jadis le pont entre les deux rives du fleuve Chillon est devenue une autoroute urbaine qui traverse de bout en bout le district et connecte ses habitants au reste de l’agglomération. Si ce point d’accès a toujours été stratégique pour le développement de Puente Piedra, il est aujourd’hui tout aussi important pour ses habitants dont les conditions de la mobilité sont déterminantes pour assurer leur subsistance. Avant de mettre en place ce péage, un diagnostic aurait été donc nécessaire pour évaluer les effets ségrégatifs d’une mesure qui restreint et tarifie l’accès à la ville et ses opportunités. On peut alors se demander si l’absence de subvention publique pour l’aménagement des axes métropolitains et le choix d’outils de financement exclusivement privés comme les concessions, exclut de fait ces considérations sur le droit à la ville et la dimension inclusive des infrastructures de transport.

L’ombre de l’affaire Odebrecht sur les enjeux locaux du conflit

On peut conclure en se demandant pourquoi cette dimension territoriale et sociale du conflit n’a été que peu traitée dans le débat public. Le conflit a en fait été très rapidement politisé au niveau métropolitain puis national. Tout d’abord, par les échanges entre l’ancienne maire de Lima, Susanna Villaran et l’actuel, Luis Castañeda, qui se sont renvoyé tour à tour la responsabilité des termes du contrat signé avec le consortium Rutas de Lima. Ensuite par le Ministre de l’intérieur et le chef de l’exécutif qui ont très vite pris le parti des habitants de Puente Piedra et dénoncé le caractère inviable du projet.

Tout se passe comme si les acteurs politiques avaient très vite voulu se laver les mains sur le projet, et les Partenariats Public-Privé (PPP) en général, évitant ainsi d’être pris dans la tourmente de l’affaire Odebrecht. Celle-ci fait effectivement passer la question étudiée à une tout autre échelle, celle du continent, entièrement secoué par les affaires de corruption qui entourent ce type de contrat passés avec la multinationale brésilienne Oderbretch.

La réponse politique de Castañeda s’est alors davantage tournée vers la résolution rapide du conflit en annulant la tarification du péage dans le sens nord-sud. Cette décision a été prise pour éviter que la vindicte populaire, renforcée par le climat de suspicion actuelle autour des PPP, se tourne vers les raisons objectives du conflit c’est-à-dire le pourquoi d’un péage inéquitable et indéfendable en termes sociaux. Il fallait en d’autres termes, éteindre le feu médiatique du conflit de Puente Piedra pour éviter que celui-ci rejoigne le grand brasier de l’affaire Odebrecht qui menace, lui, de tout ravager sur son passage…

*Volontaire international à l’IFEA – doctorant en géographie à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne (UMR PRODIG)

Referencias

Reigner, H., & al, e. (2013). Nouvelles idéologies urbaine : dictionnaire critique de la ville moderne, verte et sûre. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

Rodriguez, N. V. (2007). Comas, Puente Piedra y Ventanilla – Lima Norte en cifras. Lima: Observatorio Socioeconómico Laboral de Lima Norte.

 

El patrimonio alimentario de los quiteños

Material elaborado para el coloquio Internacional: « Patrimonios alimentarios en América latina. Recursos locales, actores y globalización »

Realizado el 27 y 28 de Octubre de 2016 – Quito, Ecuador

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Créditos: Marie Sigrist

Proyecto de investigación Alto Tacna

La región serrana de Tacna, en el extremo sur del país, es una de las regiones menos conocidas sobre un plano arqueológico del Perú. Sin embargo, tiene una gran riqueza de vestigios de las épocas prehispánicas tardías, es decir del Intermedio Tardío (1000 – 1450 d.C.) y del Horizonte Tardío (1450 – 1532 d.C.), pero también de las épocas más tempranas como lo ha mostrado el trabajo de Danièle Lavallée en la quebrada de los Burros. Ademas, los descubrimientos recientes sobre la ciudadela Inca de Moqui Tacna, en el valle de Locumba, por el equipo del Institute for Field Research (USA) y del Arqueólogo Jesús Gordillo Begazo han mostrado la importancia de investigar en esta región y entenderla aún mejor.

El proyecto de investigación  Alto Tacna es auspiciado por la Universidad Panthéon Sorbonne – Paris 1 (Francia), el Museo del Quai Branly – Fondation Martine Aublet (Francia) y el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA-Perú). Cuenta también con el apoyo del laboratorio de Arqueología Americana del CNRS en Francia y del proyecto franco-chileno “Arica-Belen” en curso en la pre cordillera de Arica, al extremo norte del Chile dirigido por el Dr. Thibault Saintenoy y la Dra. Marcela Sepulveda.

El proyecto Tacna se concentra en la región serrana del departamento de Tacna, entre las localidades modernas de Sitajara y Tarata. Sus principales objetivos son:

1) la creación de un mapa arqueológico inédito de esta región,

2) la creación de un referencial de las estructuras militares del Periodo Intermedio Tardío (1000 – 1450 d.C.)

3) el análisis del modelo de asentamiento de los sitios en la zona de estudio.

Proyecto arqueológico Alto Tacna

Mapa área del proyecto arqueológico Alto Tacna

El proyecto de investigación arqueológico Alto Tacna se desarrollara entre los meses de Noviembre y diciembre 2015. Proyecto franco-peruano, está integrado por arqueólogos especializados en las ép
ocas tardías, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) y de La Sorbona (Francia). Cuenta además con la presencia de arqueólogos especializados en las nuevas técnicas de investigación (SIG, fotogrametría, etc.) y de estudiantes en formación universitaria internacional.

Sitio web: http://www.altotacna.com/

 

Los Altos de Arica : Archéologie au pied de l’Altiplano

Associée au programme de recherche « Origines, Héritages et Dynamiques » de l’IFEA, la mission archéologique « Arica-Belén: ¿Cómo Tocoroma se volvió San Santiago de Belén? » au Chili, dirigée par Thibault Saintenoy, s’intéresse aux origines du village colonial de Santiago de Belén. Un projet à découvrir sur http://www.altosarica.com/

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Projet de Recherche Tambo Colorado (MAEDI-IFEA)

Un nouvel article vient de paraître sur Tambo Colorado. Il a été publié dans le cadre de la participation des chercheurs du projet  G.PACHECO NEYRA, V.WRIGHT, H. TORRES PECEROS & O HUAMÁN OROS au colloque international REHAB au Portugal en mars dernier.

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Credit photo: @ Projet de Recherche Tambo Colorado, 2012

ABSTRACT:

Tambo Colorado is one of the most impressive Inca sites in the southern Peruvian coast, because of its stunning architecture, its extraordinary pictorial decoration, and its strategic location in the section of the Great Inca Road. This site has been indicated as the best preserved in the Peruvian coast; despite it is located in Pisco one of the most seismic area at the Pacific coast. Unfortunately, despite the importance that this site involves, it has not been protected and actually is exposed to environmental factors and earthquakes, which affect its conservation. The Research Projet Tambo Colorado has recently applied a comprehensive analysis encompassing nature of the materials (archaeometric analysis), 3D photomodeling; graffiti study as well as a proper understanding of its architectonic and finishes conditions. In this regard transdisciplinary proper understanding of its architectonic and finishes conditions. In this regard transdisciplinary research provides the necessary tools to conserve not just the site materiality but its significance

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