Comentario a “Escritos de historia andina, tomo I / Pierre Duviols (2016)”

Por Pablo Landeo Muñoz

Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales, París.

Duviols conoció a Ventura García Calderón, en París, leyó La venganza del cóndor y quedó fascinado por ese territorio de la América indígena, llamado Perú. Llegó a Lima, en 1951, para desempeñarse como lector de francés, por dos años, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. “Esos dos años en Lima me permitieron conocer a mucha gente y fueron para mí un verdadero descubrimiento, el descubrimiento de una cultura extraordinaria” (Itier, 2016) . Estando en Lima sostuvo correspondencias con Enrique López Albújar, fue amigo de José María Arguedas, de Fernando de Szyszlo, de Ricardo Grau, etc. Rodeado por artistas e intelectuales influyentes, es de suponer que estaba más que convencido de quedarse en el Perú y conocer a profundidad, su pasado colonial y andino. 
Duviols se ha consagrado a estudiar de manera exhaustiva la historia andina del Perú, con énfasis en la religión pre-hispánica y los procesos de enjuiciamiento colonial, en el marco de la extirpación de idolatrías. Ha viajado por diversos lugares de los Andes, consultado las bibliografías más diversas, visitado archivos y repositorios donde todavía permanecen viejos manuscritos aguardando la presencia de alguien que los rescate del silencio, de la oscuridad. Las contribuciones de Duviols han permitido el esclarecimiento de aspectos importantes de nuestra historia andina desconocidos o conocidos de forma superficial. 
La importancia científica de los ensayos y diversos escritos de Duviols, hicieron que la Biblioteca Nacional y el Instituto Francés de Estudios Andinos aunaran esfuerzos para publicar, a través de un proyecto, una suerte de Duviols indispensable, en tres tomos. A la fecha se han publicado Escritos de historia andina (T 1, 2016) y Cronistas mestizos e indígenas del Perú (T 2, 2017), el T 3 “La lucha contra las religiones autóctonas en el Perú colonial” se halla en proceso de revisión, para su publicación posterior. Estas ediciones científicas a cargo de César Itier y Javier Flores Espinosa, reúnen como hemos mencionado los escritos más significativos de Duviols, las que le hacen merecedor de ser considerado como el iniciador de los estudios etnohistóricos en el Perú. 
Dividido en “I Divinidades y representaciones andinas” y “II Mito y ritual”, el T 1 nos entrega, 14 valiosos artículos. Por cierto, anteceden al corpus citado las palabras introductorias de Gérard Borras y Ramón Mujica Pinilla (:7-9), luego hallamos la entrevista que César Itier hiciera al autor, un texto breve pero con informaciones que dejan trascender la personalidad de Duviols y su compromiso con nuestra cultura andina (:11-20).
Entre los diversos artículos que se publica en Escritos de historia andina destaco, desde mis intereses particulares, el análisis de las categorías hanay arriba y uray abajo, elementos organizadores del espacio vertical andino, en el contexto de las relaciones inter-ecológicas así como ejes que estructuran los relatos de la tradición oral andina; en este orden de cosas, el libro que comentamos, genera expectativa por textos como “4. Huari y llacuaz. Agricultores y pastores: un dualismo prehispánico de oposición y complementariedad” (:81-130). De igual manera, el tema de la petrificación que sufren los personajes de la tradición oral quechua podrán ser mejor comprendidos con el ensayo “7. Un simbolismo andino del doble: la litomorfosis del ancestro” (:167-174). Por su parte “8. Un simbolismo de la ocupación, el ordenamiento y la explotación del espacio: el monolito “huanca” y su función en los Andes prehispánicos” (:175-206), es un artículo que nos permitirá comprender la sacralidad de la piedra por el vínculo que guardaba con un determinado mallqui, y la función como entidad fertilizadora (ahora en versión más moderna como saywas o demarcadores territoriales). Finalmente “14. Sumaq T’ika o la dialéctica de la dependencia” (:357-433) nos interesa por la cantidad de variantes que nos descubre Duviols, sobre el tema de los pueblos sin agua. Los datos son abundantes y sorprende realmente el aporte bibliográfico sobre este motivo, así como la diversidad de espacios y épocas por los que circulan, sin dejar de indicarse que existen variantes procedentes incluso de la tradición oral europea. 
Por otra parte, Duviols es también crítico de sus fuentes, en la entrevista que sostiene con Itier, preguntado sobre los métodos del “análisis diferencial” de Dumézil (iniciador del estudio comparativo de los mitos), manifiesta, sin desdeñar las contribuciones existentes: “Pienso que la investigación no debe consistir en aplicar un método preexisistente, como una receta, a un texto o a un autor, sino en buscar el método particular que requiere ese texto o esa fuente histórica” (:16). Entre las observaciones críticas a las fuentes tenemos el cuestionamiento a Felipe Huamán Poma de Ayala, no sin haber hecho lo mismo con los demás cronista: “Huamán Poma de Ayala recoge en su tierra de Lucanas la tradición de dos edades primitivas en la protohistoria del Perú […], aunque adultera esta tradición añadiendo escorias europeizadas por su deseo de enlazar y reconciliar cronológica y religiosamente la historia andina con la historia bíblica y demostrar el progreso técnico, político y religioso de las sucesivas edades.” (:122).
Duviols, nos permite fortalecer nuestros vínculos con el pasado, desde un conocimiento objetivo; rememorar a nuestras divinidades, percibir nuestra identidad como una simbología solar que nos impulsa a repensar un futuro andino, peruano, universal. Acucioso, constante, Duviols es un investigador a quien tenemos que descubrir porque sus trabajos, que se publicaron en diversas revistas especializadas, muchos de ellos en francés, ahora, empiezan a ser reunidos, traducidos al español y felizmente publicados. 
Pablo Landeo Muñoz
Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales, 
París.

Le processus de paix en Colombie: défis et enjeux actuels

par Julie Massal, chercheuse de l’IFEA en Colombie

Le processus de paix en Colombie,via la mise en œuvre de l’Accord de paix signé en 2016, est-il aujourd’hui en danger ?  Il traverse, pour le moins, une phase très délicate.

Certes, la concrétisation des Accords du Théâtre Colón[1] a déjà connu maintes difficultés, au point que, selon la seconde évaluation menée par l’institut Kroc de Notre-Dame University (Kroc 2018), au mois de mai 2018, 21%des 578 mesures prévues par les Accords ont été pleinement mises en œuvre, et près de 60% le sont partiellement, à divers degrés. Lors de la précédente évaluation (novembre 2017) le pourcentage de mesures intégralement mises en place était de l’ordre de 15%  Au-delà des chiffres, l’impression d’ensemble reste éminemment contrastée, car les avancées varient selon les thématiques, dans les 5 grands domaines de l’Accord de Paix. 

Ces cinq grands thèmes,rappelons-le, étaient : 1) La réforme rurale intégrale ; 2) la participation politique pour la guérilla une fois démobilisée ; 3) la fin du conflit et les mesures à mettre en œuvre sur ce plan (démobilisation,désarmement) ; 4) la solution au problème des drogues illicites, et enfin5) le statut des victimes et les réparations qui leur sont dues. Selon l’Institut Kroc, en mai 2018, les deux points les moins avancés sont ex aequo la réforme rurale intégrale et le problème des drogues illicites (dans les deux cas, 45% des mesures ont une avancée minimale), puis le point n°5 sur les réparations aux victimes, avec 37% de mesures à peine entamées. Un sixième thème, plutôt d’ordre procédural, concernant l’approbation de l’accord par référendum mais aussi la vérification ultérieure du respect des engagements des parties, atteint un avancement de 52%.

A ce jour, les principaux progrès sont les suivants : tout d’abord, la démobilisation des FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie, FARC, nées en 1964) et la remise complète des armes depuis le 3 juillet 2017 ; puis l’extinction de la guérilla des FARC, reconvertie  en un parti politique qui se constitue le 31 août 2017, lors de son congrès fondateur, en devenant laForce Alternative Révolutionnaire du Commun. Depuis mars 2018, la principale avancée est la mise en place de la Juridiction Spéciale pour la Paix (JEP), qui constitue l’un des piliers du Système intégral de vérité, justice,réparation, et non répétition, ainsi que la Commission de la Vérité qui a également débuté ses travaux au printemps 2018. Autre point positif majeur, la prolongation de la Mission de Vérification de l’ONU jusqu’au mois de septembre2019 et le soutien international au processus de paix colombien.

Les aspects en souffrance restent pourtant nombreux et certains parmi eux reviennent régulièrement sur le devant de la scène politique ou font à nouveau l’objet de débat sur leur« pertinence ». On peut en dénombrer au moins quatre,particulièrement présents dans le débat actuel.

En premier lieu, sur le plan de la lutte contre le narcotrafic (l’un des points les moins avancés), la mise en œuvre du système de substitution des cultures illicites rencontre de nombreux obstacles, et se voit remise en question, face à l’extension des hectares de coca en Colombie durant l’année 2017. Au point que le gouvernement Duque, au pouvoir depuis le 7 août dernier, envisage de reprendre l’aspersion des cultures illicites par le glyphosate, pratique qui avait été abandonnée en2015 durant le gouvernement Santos (2010-2018). La critique relative au système de substitution des cultures illicites porte notoirement sur son impact social et économique, qui semble restreint, car de nombreux paysans et ex-combattants reconvertis dans l’agriculture ayant tenté de développer divers projets productifs, parfois avec succès, voient les récoltes se perdre, faute de débouchés commerciaux et de routes pour l’accès aux marchés locaux. La coca reste ainsi l’un des produits les plus rentables, par rapport à bien d’autres cultures, ce qui ne stimule pas la substitution. Par ailleurs, les paysans engagés dans ce processus comptent parmi les catégories les plus menacées actuellement par de nouveaux groupes armés organisés (GAO), selon le sigle en vigueur qui désigne pêle-mêle des groupes mafieux, des dissidents des guérillas et d’autres organisations mal identifiées (FIP 2018). C’est d’ailleurs l’un des principaux motifs pour lesquels les paysans issus de régions soumises au contrôle des GAO, sont à nouveau déplacés; en particulier dans le Départementde Nariño, frontalier avec l’Equateur[2].

En deuxième lieu, la violence politique, sous diverses modalités, n’a pas diminué malgré une baisse avérée des affrontements armés et du niveau d’homicides : de plus en plus de signes montrent même une recrudescence des menaces de divers type et des assassinats de leaders sociaux. Cette tendance n’est pas entièrement nouvelle et pouvait déjà s’observer durant la négociation même des accords de paix,selon les rapports annuels de l’ONG colombienne « Somos Defensores »[3] qui a de longue date dénoncé ce phénomène, ou celui d’Amnesty International (2017). Les recherches universitaires ou de divers instituts et fondations mobilisés sur ce sujet confirment la tendance à l’accroissement des atteintes aux droits de l’homme et à la vie des « leaders sociaux » (comme on les dénomme usuellement en Colombie) et son aggravation après la signature de la paix (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI 2017). Cela concerne en particulier les membres des juntes d’action communale (au niveau local), de communautés indigènes et afro-descendantes, les déplacés, les leaders communautaires et plus   généralement les promoteurs de la paix.

En troisième lieu, la Juridiction Spéciale pour la Paix (JEP) a connu maintes difficultés techniques et politiques lors de sa mise en œuvre. De plus, elle se heurte à une vive opposition des opposants au processus de paix, rassemblés autour de l’ancien président A. Uribe, qui représente l’une des forces majoritaires au Congrès élu en mars 2018 ;  ces opposants la considèrent partiale et mettent en doute sa légitimité.  La JEP est en outre scrutée « à la loupe » par les différents secteurs sociaux et politiques, car elle commence à traiter des cas emblématiques, tels celui de l’ancien général Mario Montoya, accusé de participer à ou de permettre divers types de violation des droits de l’homme et des exécutions extrajudiciaires et qui nie ces accusations, soulevant la colère des victimes. La portée politique et la crédibilité des décisions à venir de la JEP est donc aussi en jeu.

Enfin le quatrième thème en souffrance, particulièrement important bien que moins visible sur le plan médiatique, est le sort bien incertain de la reconnaissance des 16« circonscriptions spéciales pour la paix » : statut qui devait être attribué à 16 régions parmi les plus touchées par le conflit armé et comportant un grand nombre de victimes individuelles ou collectives au titre de leur appartenance à divers groupes ethniques ou sociaux tels les déplacés.Cette reconnaissance avait été bloquée en novembre 2017 par le Sénat et le Congrès, essentiellement pour des questions de procédure relatives à la majorité requise au vote, enjeux « techniques » qui recouvraient des divisions politiques au sein des organes législatifs. Le sujet de cette reconnaissance revient dans le débat législatif, quoique à la marge, mais l’issue reste incertaine ; cela génère chez de nombreux groupes de victimes le sentiment  de ne pas être réellement reconnues comme telles par l’Etat et les institutions. Le point 5relatif aux réparations aux victimes est d’ailleurs l’un de ceux qui souffre le plus de  retard.

Ces thèmes ne sont pas les seuls,loin de là, à générer le doute, la crainte ou même la conviction, chez certains, que les accords de paix sont en danger, voire moribonds pour les plus sceptiques. Il faudrait en ajouter bien d’autres : les orientations de réformes dans le domaine agraire et rural restent en grande partie dépourvues de clarté ; la redistribution de la terre est loin d’être en progrès, et diverses réformes techniques restent en suspens (absence de cadastre fiable).C’est le cas, surtout, avec la stagnation des projets productifs des ex-combattants malgré un clair appui international à ceux-ci, que ce soit faute d’accès à des terres ou de débouchés (Kroc 2018 : 10). La tendance est même, selon les spécialistes du thème foncier, à une concentration accrue de la terre et un accroissement des inégalités (Gutiérrez & al. 2018). La lenteur des réformes accroît la perte de confiance des ex combattants en cours de réincorporation dans le processus de paix.

Il en va de même s’agissant de l’ordonnancement du territoire et du développement insuffisant des régions les plus pauvres et/ou les plus affectées par le conflit ; retard attribué pour l’essentiel à l’absence ou à l’inefficacité de l’Etat « en régions »  ou « dans les territoires », selon l’expression usitée, mais de plus en plus discutée. L’absence ou le manque d’efficacité de l’Etat[4]ne se traduit pas (toujours) par l’absence d’institutions ou de programmes de développement de diverse nature (même si c’est le cas dans les régions reculées), mais plutôt par le fossé qui le sépare de bien des groupes sociaux pour qui la parole officielle, étatique ou gouvernementale, n’a qu’une crédibilité infime.

 Le débat politique mais aussi social et intellectuel sur le bilan de la paix est donc essentiellement marqué par le scepticisme voire un certain dépit. Les optimistes, peu nombreux,considèrent que tout ou presque reste à faire. Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour douter de la réalité du « post-conflit » aujourd’hui. L’expression de« post-conflit » (absente d’autres processus de paix, en Amérique centrale par exemple) avait d’ailleurs été lancée, à l’origine, par le Président Santos au tout début des négociations ; elle semble donc, de ce point de vue, moins décrire une réalité même inachevée qu’exprimer un souhait ou une aspiration. Le processus de paix a certes été négocié et l’accord de paix obtenu par le Président Santos, mais tant sa désapprobation par une légère majorité (51, 2%) lors du référendum d’octobre 2016 que les débats actuels illustrent la fragilité du processus de paix à bien des égards.

Enfin, des défis majeurs persistent : la paix avec la guérilla de l’ELN, qui stagne sous le gouvernement actuel, est-elle envisageable ? Les groupes armés reconvertis(dissidences ; « bandes criminelles ») prédominant dans les régions où l’Etat est le moins efficace ou le moins crédible, sont-ils de nouveau en mesure de définir leur propre ordre social et politique ? Le principal problème de la Colombie n’est-il ni la guérilla ni les dissidences,mais la corruption de l’Etat ? Ce sont là quelque unes des questions, ou positions, entendues dans divers espaces de débat en Colombie.

Bibliographie

AMNESTY INTERNATIONAL : « Ataques letales pero prevenibles : asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos », noviembre de 2017 (pdf, 51 p.).

CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI, « Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017 », Bogotá, 2017 (pdf, 44 p.).

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University), « Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia », I, noviembre de 2017.

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University), « Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia », II, agosto de 2018.

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP), « Trayectorias y dinámicas de las disidencias de las FARC », Bogotá, abril de 2018 (pdf, 178 p.)

GUTIERREZ F. & al., ¿Qué hacer con el tierrero? Tierra, territorio y paz sostenible, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2018.

SOMOS DEFENSORES/SIADDHH: https://www.somosdefensores.org/


[1] Une fois l’accord rejeté par le référendum (à 51.2% des voix) du 2 octobre 2016, le texte avait été renégocié par les parties (Gouvernement Santos et guérilla des Farc) puis signé et validé par le Congrès le 24 novembre 2016 au Théâtre Colon, d’où le nom des Accords du Théâtre Colon de cette version finale, entrée en vigueur le 1er-12-2016.

[2] Comme en témoignent divers projets de recherches en cours dans ce département, présentés lors du séminaire international : « La construction de la paix en Colombie : bilan et perspectives » à l’Université Externado (Bogotá), les 18-19 septembre 2018.

[3] Disponibles en ligne, depuis 2010, sur le site : https://www.somosdefensores.org/

[4] Séminaire international « Construire la paix en Colombie : bilan et perspectives » (op.cit.).

 

El proceso de paz en Colombia: retos y desafíos actuales

Por Julie Massal, investigadora IFEA en Colombia 

El proceso de paz en Colombia, vía la puesta en marcha del Acuerdo de Paz firmado en 2016,¿está hoy en riesgo?  Atraviesa, por lo menos, una fase muy delicada. 

Ciertamente, la concretización de los Acuerdos del Teatro Colón[1]ha conocido ya muchas dificultades, al punto que, según la segunda evaluación realizada por el Instituto Kroc de la Universidad Notre-Dame (Kroc 2018), en el mes de mayo de 2018, 21% de las 578 medidas previstas por los Acuerdos han sido plenamente puestos en marcha, y cerca del 60% lo son parcialmente, en diversos grados. En la evaluación anterior (noviembre de 2017) el porcentaje de medidas integralmente puestas en marcha era alrededor del 15%. Más allá de las cifras, la impresión en conjunto continúa eminentemente contrastada, porque los avances varían según las temáticas, en los 5 grandes dominios del Acuerdo de Paz. 

 Estos cinco grandes temas, recordémoslos, son: 1) La reforma rural integral; 2) la participación política para la guerrilla una vez desmovilizada; 3) el fin del conflicto y las medidas a poner en marcha sobre ese plan (desmovilización, desarme); 4) la solución al problema de las drogas ilícitas, y finalmente 5) el estatus de  víctimas y las reparaciones que les corresponde. Según el Instituto Kroc, en mayo de 2018, los dos puntos menos avanzados están ligados a la reforma rural integral y al problema de las drogas ilícitas (en los dos casos, el 45% de las medidas han tenido un avance mínimo), luego el punto n°5 sobre las reparaciones a las víctimas,  con el 37% de medidas apenas iniciado. Un sexto tema, más bien de procedimiento, con respecto a la aprobación del Acuerdo por referéndum y también la verificación posterior del respeto de los compromisos de las partes, alcanza un avance de 52%.

A la fecha, los principales progresos son los siguientes: primero, la desmovilización de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fundadas en 1964) y la entrega completa de armas desde el 3 de julio de 2017; después de la extinción de la guerrilla las FARC, reconvertida en partido político que se constituyó el 31 de agosto de 2017, durante su congreso de fundación, convirtiéndose en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Después de marzo de 2018, el principal avance es la puesta en forma de la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP), que constituye uno de los pilares del Sistema integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición, así como la Comisión de la Verdad que igualmente comenzó su trabajo en la primavera del 2018. Otro avance positivo mayor, es la  prolongación de la Misiónde Verificación de la ONU hasta el mes de septiembre de 2019 y el apoyo internacional al proceso de paz colombiano.

Los aspectos en dificultad continúan siendo por lo tanto numerosos y  algunos entre ellos regresan regularmente a la escena política donde son nuevamente el objeto de debate en cuanto a su “pertinencia”.   Podemos señalar al menos cuatro, particularmente presentes en el debate actual. 

En primer lugar, respecto al plan de lucha contra el narcotráfico (uno de los puntos menos avanzados), la puesta en marcha de un sistema de substitución de los cultivos ilícitos enfrenta numerosos obstáculos, y se ve desafiado, frente a la extensión de las hectáreas de coca en Colombia durante el año 2017.  Al punto que el gobierno de Duque, en el poder desde el 7 de agosto último,  tiene planes de reanudar la aspersión de los cultivos ilícitos por el glifosato, práctica que había sido abandonada en 2015 durante el gobierno de Santos(2010-2018). La crítica relativa al sistema de substitución de cultivos ilícitos  se basa mayormente sobre su impacto social y económico, que parece restringido, porque numerosos campesinos y excombatientes reconvertidos a la agricultura habiendo intentado desarrollar diversos proyecto productivos, a veces con éxito, ven sus cosechas perderse, por falta de oportunidades de comercio y de rutas de acceso a los mercados locales. La coca continua así siendo uno de los productos más rentables, en comparación a otros cultivos, lo que no estimula su substitución. Además, los campesinos involucrados en este proceso se cuentan entre la categoría más amenazada actualmente por los nuevos grupos armados organizados (GAO),  según la sigla en vigor que designa sin ningún orden a los grupos mafiosos, los disidentes de las guerrillas y otras organizaciones sin identificar (FIP 2018). Es además este uno de los principales motivos por los que los campesinos provenientes de las regiones bajo el control de los GAO son nuevamente desplazados; particularmente en el Departamento de Nariño, fronterizo con el Ecuador[2].

En segundo lugar,  la violencia política, bajo diversas modalidades, no ha disminuido a pesar de una disminución comprobada de los enfrentamientos armados y de los niveles de homicidios: cada vez se muestran aún más signos de  una recrudescencia de amenazas de diversos tipos y de asesinatos de líderes sociales. Esta tendencia no es enteramente nueva y ya podía observarse durante la misma negociación de los acuerdos de paz, según los informes anuales de la ONG colombiana « Somos Defensores »[3] que alarga data ha denunciado este fenómeno, o en el de Amnistía Internacional (2017). Las investigaciones universitarias o de diversos institutos y fundaciones movilizados sobre el tema confirman la tendencia al aumento de violaciones a los derechos humanos y a la vida de los “líderes sociales”  (como se les denomina usualmente en Colombia)y su agravamiento posterior a la firma de la paz (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI2017). Ello concierne en particular a los miembros de las juntas de acción comunal (a nivel local), de comunidades indígenas y afrodescendientes, los desplazados, los líderes comunitarios y más generalmente los promotores de lapaz. 

En tercer lugar, la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP) ha sufrido numerosas dificultades técnicas y políticas durante su puesta en marcha. Además, es afectada por una viva oposición de quienes se oponen al proceso de paz, reunidos en torno al antiguo presidente A. Uribe, quien representa una de las fuerzas mayoritarias en el Congreso elegido en marzo de 2018; estos opositores la consideran parcial y ponen en duda su legitimidad.  La JEP está en otro tipo de escrutinio «con lupa» por los diferentes sectores sociales y políticos, porque ella empieza a tratar los casos emblemáticos, como el del antiguo general Mario Montoya, acusado de participar y de permitir diversos tipos de violación de derechos humanos y de ejecuciones extrajudiciales y que niega las acusaciones,  generando la indignación de las víctimas. La importancia política y la credibilidad de las decisiones futuras de la JEP están también en juego.

Finalmente el cuarto tema en dificultad, particularmente importante aunque menos visible desde el aspecto mediático, es el muy incierto destino del reconocimiento de las 16 “circunscripciones especiales para la paz”: estatus que debía ser atribuido a las 16 regiones más afectadas por el conflicto armado y que contienen un gran número de víctimas individuales o colectivas a título de su pertenencia a diversos grupos étnicos o sociales como los desplazados. Este reconocimiento había sido bloqueado en noviembre 2017 por el Senado y el Congreso, esencialmente por cuestiones de procedimiento relacionadas a la mayoría requerida para la votación, asuntos « técnicos » que recubren las divisiones políticas en el seno de los organismos legislativos. El tema de este reconocimiento vuelve al debate legislativo, aunque al margen, pero el final permanece incierto; ello genera en los numerosos grupos de víctimas el sentimiento de no ser realmente reconocidas como tales por el Estado y las instituciones. El punto 5 relativo a las reparaciones a las víctimas es además uno de los que sufre mayor retraso.

Estos temas no son los únicos, lejos de ello, a generar la duda, el temor o incluso la convicción, para algunas personas, de que los acuerdos de paz están en peligro, moribundos para los más escépticos. Sería necesario agregar algunos otros temas: las orientaciones de las reformas en el dominio agrario y rural continúan en gran parte desprovistas de claridad, la redistribución de la tierra está lejos de estar en progreso, y las diversas reformas técnicas continúan en suspenso (falta de catastro fiable). Es el caso, sobre todo, con el estanque de proyectos productivos de ex combatientes a pesar de un claro apoyo internacional a aquellos, sea que se trate de falta de acceso a tierras o mercados (Kroc 2018: 10). La tendencia es la misma, según los especialistas del tema territorial, al incremento de la concentración de la tierra y al aumento de las desigualdades (Gutiérrez & al. 2018). La demora en las reformas incrementa la pérdida de confianza de los excombatientes en proceso de reincorporación en el proceso de paz.

Otro problema es el planeamiento del territorio y el desarrollo insuficiente de las regiones más pobres y/o más afectadas por el conflicto; este retraso se puede atribuir sobre todo a la ausencia y a la ineficiencia del Estado “en regiones” o “dentro de los territorios”, expresión utilizada pero cada vez más discutida. La ausencia o la falta de eficiencia del Estado no se traduce (siempre) por la ausencia de instituciones o de programas de desarrollo diversos (a pesar de que sea así en las regiones las más aisladas), si más bien por la distancia enorme que separa al Estado de grupos sociales para los cuales la palabra oficial, estatal o gubernamental, tiene poquísima credibilidad.

El debate político pero también social e intelectual sobre los resultados de la paz está esencialmente caracterizado por su escepticismo, incluso a veces por cierta desesperación. Los optimistas, poco numerosos, consideran que todo o casi todo está por hacer. Pero cada vez más voces denuncian la realidad del “post-conflicto” hoy en día. La expresión “post-conflicto” (ausente de otros procesos de paz, en América central por ejemplo) había sido lanzada,originalmente, por el Presidente Santos al iniciar las negociaciones; por consiguiente, parece describir más un deseo o una aspiración que una realidad, incluso una realidad inacabada. Es cierto que se ha negociado el proceso de paz y que el Presidente Santos ha obtenido el acuerdo; pero tanto su rechazo por una ligera mayoría (51,2%) durante el referéndum de Octubre del 2016 como los debates actuales ilustran la fragilidad del proceso.

Para terminar, algunos desafíos importantes permanecen: la paz con la guerrilla del ELN, que no tiene avances bajo el gobierno actual, ¿sigue  siendo algo posible? Los grupos armados reconvertidos (disidentes, “bandas criminales”), que predominan en las regiones donde el Estado es menos eficiente o poco creíble, ¿son capaces de seguir definiendo su propio orden social y político? El principal problema de Colombia, ¿no sería la corrupción del Estado, y no la guerrilla o las disidencias? Estas son algunas de las preguntas, o proposiciones, escuchadas en diversos espacios de debate en Colombia.

Bibliografía

AMNESTY INTERNATIONAL : «Ataques letales pero prevenibles : asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos», noviembre de 2017 (pdf, 51 p.).

CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI,« Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017 », Bogotá, 2017 (pdf, 44 p.).

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University),« Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Pazen Colombia », I, noviembre de 2017.

KROC Institute for international Peace Studies (Notre-Dame University),« Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Pazen Colombia », II, agosto de 2018.

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP), « Trayectorias y dinámicas de las disidencias de las FARC », Bogotá, abril de 2018 (pdf, 178 p.)

GUTIERREZF. & al., ¿Qué hacer con el tierrero? Tierra, territorio y paz sostenible, Bogotá, Editorial Universidad delRosario, 2018.

SOMOS DEFENSORES/SIADDHH: https://www.somosdefensores.org/


[1] Después que el Acuerdo fue rechazado por el referéndum (con el 51.2% de votos) del 2 de octubre de 2016, el texto ha sido renegociado por las partes (Gobierno de Santos y guerrilla delas FARC) después firmado y validado por el Congreso el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón, de ahí el nombre de Acuerdos del Teatro Colón de esta versión final, entró en vigor el 1ero-12-2016.

[2] Comme en témoignent divers projets de recherches en cours dans ce département, présentés lors du séminaire international : « La construction de la paix en Colombie : bilan et perspectives » àl’Université Externado (Bogotá), les 18-19 septembre 2018.

[3] Disponibles en ligne, depuis 2010, sur le site : https://www.somosdefensores.org/

La cuestión urbana en la región andina

Miradas sobre la investigación y la formación

NUEVA PUBLICACIÓN

Se trata del esfuerzo conjunto de un colectivo de investigadores andinos y franceses quienes nos presentan un balance original de los estudios urbanos y los grandes desafíos planteados por la ciudad en los últimos 25 años en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Editores científicos:
Pascale Metzger, Julien Rebotier, Jérémy Robert, Patricia Urquieta y Pablo Vega Centeno 

Edición de: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)

Con el apoyo de: IRD, PNUD, IFEA, CNRS

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