Grupo de Trabajo “Informalidades Urbanas: dinámicas y políticas en la ciudad autoconstruida”

Con el apoyo institucional del Instituto Francés de Estudios Andinos – IFEA

Miembros:

  • Julio Calderón (Sociólogo – Independiente)
  • Anderson García (Sociólogo – Independiente)
  • Neli Loayza Reyes (Socióloga – PUCP)
  • Jimena Ñiquen Castro-Pozo (Socióloga – PUCP)
  • Nekson Pimentel (Antropólogo – UNMSM)
  • Jérémy Robert (Geógrafo, IFEA)
  • Luis Rodriguez (Arquitecto – PUCP)

 Contactos: gt.informalidadesurbanas@gmail.com

Presentación:

El Grupo de trabajo “Informalidades Urbanas: dinámicas y políticas en la ciudad autoconstruida” se constituyó en febrero de 2017 por un pequeño grupo de investigadores, con apoyo del IFEA.

El grupo se propone abordar las nuevas configuraciones de la ciudad autoconstruida desde una perspectiva crítica. La “barriada”, en tanto asentamiento “informal” paradigmático, se definió por modalidades no mercantiles de acceso al suelo, la fuerza de la acción colectiva y de las demandas ciudadanas y su significado socio-cultural. Este modelo sirvió para explicar los procesos de producción de la ciudad de Lima y otras ciudades peruanas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

En la actualidad, la ciudad autoconstruida sigue siendo una forma central de producción de la ciudad: las antiguas “barriadas” se consolidan, al mismo tiempo que nuevas urbanizaciones surgen fuera de toda planificación urbana. Así, la población que habita en Barrios Urbano Marginales[1] se ha duplicado entre 1993 y 2012, de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Vivienda[2].

Sin embargo, los procesos y las modalidades de urbanización han experimentado grandes cambios. Desde 1990, con políticas urbanas neoliberales de por medio, las lógicas de producción y consolidación de los asentamientos autoconstruidos se han transformado:

  • el proceso de mercantilización del acceso al suelo va creciendo y parece ser generalizado,
  • aumentan las prácticas delictivas y el tráfico de tierras en las periferias,
  • las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades públicas se han reconfiguradas, en un contexto marcado por la disminución del peso de las organizaciones barriales, los procesos de la descentralización y la fragmentación de la acción pública,
  • las autoridades públicas frente a la ciudad autoconstruida apuntan, por un lado, hacia el mejoramiento y la integración, aunque los recursos siguen limitados; y por otro lado, hacia un control oficialmente más estricto de la ilegalidad,
  • los asentamientos consolidados de origen informal se van densificando, con autoconstrucción y presencia de un mercado inmobiliario (de venta y alquileres) que empuja su compacidad,
  • los imaginarios sobre la informalidad y la ciudad autoconstruida parecen mantenerse a lo largo del tiempo, a pesar de las transformaciones sociales y la implementación de políticas públicas.

En este nuevo escenario que parece más complejo: ¿cuáles son los actores, las reglas y las estrategias que se despliegan en la consolidación y expansión de la ciudad autoconstruida del siglo XXI?, ¿qué ha cambiado respecto a la segunda mitad del siglo pasado?, ¿Cómo se configura la relación entre lo formal y lo informal en la actualidad, y cuáles son las consecuencias en la producción del espacio?

Nuestros Objetivos:

El grupo de trabajo busca intercambiar puntos de vista sobre las informalidades en la ciudad autoconstruida e identificar temas de investigación a desarrollar. Más que respuestas rápidas a los problemas, el propósito es sugerir una agenda de investigación y reflexión de intensión comprensiva. Se trata de:

  • Generar un espacio de intercambio para articular y promover las discusiones académicas y construir una red de investigadores interesados en el tema.
  • Problematizar y generar teoría sobre el hábitat popular.
  • Generar evidencia empírica a través de proyectos de investigación sobre el mercado y la gobernanza de la ciudad autoconstruida,
  • Producir publicaciones y eventos académicos que visibilicen este fenómeno en el ámbito académico.

Nuestras Líneas Temáticas:

  • Mercado informal de suelo y configuraciones delictivas (Julio Calderón & Nekson Pimentel)
  • Gobernanza de la ciudad autoconstruida (Jérémy Robert)
  • Informalidad Urbana en Asentamientos Populares Consolidados (Anderson García & Jimena Ñiquen)
  • Subjetividad e imaginarios en y de la informalidad (Luis Rivero & Neli Loayza)

Publicaciones y actividades:

En 2017:

V Congreso internacional pre ALAS, 2017, 3 de agosto 2017, Lima, Perú. Comunicación: “El nuevo clientelismo en el Perú. El caso de Lima”

XXXI Congreso ALAS 2017, 8 – 11 Diciembre 2017, Montevideo, Uruguay. Comunicación: “Gobernabilidad y mercado en la Ciudad Ilegal: propuestas para una agenda de investigación”

Calderón, Julio (2017) “La insoportable levedad de la planificación urbana y lo legal informal en el Perú”. En DESCO El arte del desgobierno. Lima: Desco.

García, Anderson. (2017). Mercados informales de suelo: Retos para el planeamiento urbano y la gobernanza. Lima: www.urbanistas.lat . Recuperado de: http://urbanistas.lat/mercados-informales-de-suelo-en-lima-retos-para-el-planeamiento-urbano-y-la-gobernanza/

Ñiquen, Jimena (2017) “De la necesidad a la acumulación: estrategias residenciales de las familias fundadoras en la periferia de Lima”, Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, tome 46 n°3, pp. 453 – 470

Dammert Guardia M., Robert J., Vega Centeno P., (2017), “Miradas sobre el hábitat popular en el Perú”, Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, tome 46 n°3

En 2018:

Organización de un “Seminario de investigación” (Agosto 2018), en curso.

García, Anderson. (2018). Inquilinos en Asentamientos Populares Consolidados: ¿una demanda atrapada?. Lima: www.urbanistas.lat . Recuperado de: http://urbanistas.lat/inquilinos-en-asentamientos-populares-consolidados-una-demanda-atrapada/

[1] Núcleo urbano caracterizado por presentar altos niveles de pobreza monetaria y no monetaria y carecer, total o parcialmente, de servicios de infraestructura y de servicios de equipamiento. (MVCS, 2012)

[2] MVCS 2012 – Situación de los Barrios Urbano Marginales en el Perú 2012. Segunda aproximación, MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, Dirección de Urbanismo, Lima, 121 p.

Visita a Zona arqueológica en La Lindosa

Galerie

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El 7 de junio se realizó una visita a la zona arqueológica de la Serranía la Lindosa, ubicada en la Amazonia colombiana a 400 km. al sur de Bogotá. Participaron en el recorrido el Sr. Gautier Mignot (Embajador de Francia en Colombia), André … Lire la suite

Résultats des demandes d’Aides à la mobilité de l’IFEA

11 dossiers ont été reçus pour les aides qui seront attribuées au cours de l’année universitaire 2018-2019.

Une double évaluation, sollicitée auprès de deux experts extérieurs à l’IFEA, a été effectuée pour chaque dossier, à partir des critères suivants :

  • Intérêt intrinsèque du projet, qualité scientifique, originalité;
  • Intérêt pour l’IFEA et proximité de la thématique proposée avec les programmes de recherche actuels de l’IFEA (consultable sur notre site);
  • Compétences du candidat pour réaliser la recherche, conditions de réalisation y compris encadrement, faisabilité.

Sur la bas des résultats de ces évaluations, les décisions prises par la direction de l’IFEA sont d’attribuer :

5 mois de bourse à Clément Renault. Sujet de recherche : Chacun sa croix. Les Ashéninka de Dulce Gloria et l’évangélisme (Haut Yurua, Pérou)

5 mois de bourse à Mathilde Thon-Fourcade. Sujet de recherche : Décoloniser l’Etat bolivien : l’identité au cœur de la formation des agents d’Etat

3 mois de bourse à Sisa Calapi. Sujet de recherche : A Cotacachi sans y être. Pratiques musiciales et dansées des comkmunaut5és d’Imantag (Equateur)

Nos félicitations aux lauréats !

Resultados de las candidaturas de Aides à la mobilité del IFEA

11 postulaciones se recibieron para las ayudas que serán atribuidas en el transcurso del año universitario 2018-2019.

Una doble evaluación solicitada a dos expertos externos al IFEA, se efectuó para cada postulación, a partir de los siguientes criterios:

  • Interés intrínseco del proyecto, calidad científica, originalidad;
  • Interés para el IFEA y proximidad de la temática propuesta con los programas de investigación actuales del IFEA (consultable en nuestra página web);
  • Competencias del candidato(a) para realizar la investigación, condiciones de realización incluyendo supervisión, viabilidad.

Sobre la base de los resultados de estas evaluaciones, la dirección del IFEA decide atribuir:

5 meses de beca a Clément Renault. Tema de investigación: Cada quien su cruz. Los Asheninka de Dulce Gloria y el evangelismo (Haut Yurua, Pérou)

5 meses de beca a Mathilde Thon-Fourcade. Tema de investigación: Descolonizar el Estado boliviano: la identidad en el centro de la formación de agentes del Estado

3 meses de beca a Sisa Calapi. Tema de investigación: En Cotacachi, sin estar allí. Prácticas musicales y danzas de las comunidades de Imantag (Ecuador)

¡Felicitamos a los seleccionados!

Formaciones de estatalidad

Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA

Presentación de Gina Paola Rodríguez (IEALC / IFEA)

Formaciones de estatalidad: Elementos para repensar el Estado en América Latina

El 17 de noviembre 2017, Gina Paola Rodriguez, Doctora en ciencias sociales e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Universidad de Buenos Aires, presentó avances de la investigación que desarrolla gracias al apoyo del IFEA. En continuidad con lo que fue su tesis doctoral, sustentada en el 2015, su trabajo actual elabora un ejercicio comparado de las dinámicas de violencia parainstitucional en Perú y Colombia en el contexto de sus conflictos armados internos. Para esta sesión de las Tardes de Jóvenes Investigadores la expositora se concentró en el caso colombiano y avanzó en  algunas hipótesis interpretativas sobre el caso peruano que eventualmente pueden ser útiles para  analizar otros países latinoamericanos.

La intervención empezó señalando que la inestabilidad política que ha conocido Colombia desde su nacimiento como República ha sido la fuente de numerosas violencias en las que se intersectan motivaciones políticas, económicas y hasta de sangre. De todas estas violencias, aquella de tipo parainstitucional ha sido la menos investigada en comparación con otras como la violencia insurgente. De ahí que el objetivo de la investigadora consista en indagar el papel de la violencia ejercida por agentes que actúan en modo paralelo al Estado en defensa del statu quo en el proceso ampliado de construcción del Estado y el poder político.

La presentación constó de cuatro partes. En primer lugar, Rodríguez expuso el concepto de “estatalidad” señalando que se trata de un concepto polisémico y complejo cuya definición tradicional merece ser repensada a la luz de este estudio de caso. Luego, presentó las diversas fases y ciclos de la violencia parainstitucional que han dinamizado la construcción del orden en Colombia entre 1945 y 2010. En la tercera parte, formuló la pregunta por las posibles interpretaciones de este fenómeno anunciando una disyuntiva: ¿se tratará de una crisis del Estado o de una estatalidad ad hoc? ¿Será la violencia parainstitucional un componente de la estatalidad? Según la investigadora, el análisis de la violencia parainstitucional a la luz del proceso de construcción del orden, exige repensar las representaciones del Estado elaboradas a partir de binomios clásicos como legal/ilegal, Estado/sociedad civil y público/privado. Lo que casos como el colombiano y el peruano mostrarían, es la existencia de un punto intermedio, una zona gris que no es dejada al azar y que permitiría al Estado construir y mantener su autoridad.  Finalmente, las ideas expuestas condujeron a una discusión acerca de la situación peruana y los posibles puntos de comparación con la experiencia colombiana.

De las definiciones de la estatalidad hasta una lectura de la violencia parainstitucional

 Antes de exponer los diferentes momentos que componen su investigación, Rodríguez quiso definir el concepto de violencia parainstitucional a partir de cuatro características. Primero, que esta violencia tiene por objeto mantener el statu-quo a través de la represión y el disciplinamiento por la vía del terror. Segundo, que discurre de manera simultánea a la violencia estatal, pero a través de organizaciones o grupos con dinámicas de funcionamiento propias. Tercero, que sirve de complemento y/o suplemento a las fuerzas estatales. Cuarto, que reviste un status organizacional que se define a la vez como legal e ilegal.

Según Rodríguez, la noción de estatalidad suele estar asociada a las capacidades desplegadas por el aparato estatal, el sector público o las burocracias, perdiendo de vista otro tipo de relaciones y actores sociales que también permiten establecer el orden y la coacción sobre un territorio dado. Si bien muchas de estas relaciones se formalizan en un sistema legal surgido del Estado y respaldado por él, muchas otras escapan a lo debidamente sancionado por derecho. De ahí que un concepto más complejo de estatalidad deba comprender -además de  la política legal-formal que establece el estado de derecho, los deberes y libertades ciudadanas etc.- aquella estructura informal y a veces ilegal que asegura los intereses de clase del Estado y garantiza su mantenimiento en el tiempo.

El carácter bifronte de la estatalidad ha sido señalado en trabajos como el del jurista alemán Ernst Fraenkel (1941) quien postuló la noción de “estado dual” para referirse a aquel tipo de organización política en la que el estado de excepción y el estado de normalidad coexisten en un espacio y un tiempo dado. En otro contexto y con otro problema en la mira, el sociólogo argentino Matias Dewey (2012), propuso el término “estatalidad híbrida” para describir cómo las capacidades del Estado incluyen tanto aquellas legales y normadas por el derecho, como otras de tipo ilegal e informal, de tal modo que la estatalidad se construye gracias a la acción de actores estatales como de no estatales. Los aportes de Fraenkel y Dewey, entre otros, nutrieron la interpretación de Rodríguez acerca de los modos en los que el Estado colombiano construye su soberanía apoyado en el despliegue de la violencia parainstitucional.

A partir de allí, las preguntas que planteó la investigadora fueron las siguientes: ¿qué forma adquieren estas prácticas en Colombia entre 1945 y 2010?, ¿de qué manera estos modos de operación nos devuelven una imagen distinta de las capacidades del Estado colombiano, más allá de las visiones que apuntan a su debilidad endémica?

El caso colombiano: análisis de los ciclos de violencia parainstitucional

La investigadora dividió analíticamente su periodo de estudio en cinco ciclos o etapas que,  si bien conservan líneas de continuidad, se diferencian por el tipo de actores, las modalidades de ejercicio de la violencia y el recurso a elementos normativos con fines de disciplinamiento.

El primer ciclo se produce entre 1946 y 1958 en el marco de la exacerbación de los conflictos entre los partidos liberal y conservador. La violencia parainstitucional estuvo agenciada por grupos parapoliciales como los “Pajáros”, los “Contrachusmeros” y los “Aplanchadores”, creados por terratenientes, comerciantes y políticos de filiación conservadora que asumieron la tarea de disciplinar por la vía del terror a los militantes liberales y las poblaciones consideradas “disidentes”. Esta época estuvo marcada también por la creación de “La Chulavita”, una policía compuesta en su totalidad por efectivos afines al partido conservador que ejercían su “fuerza de ley” sobre aquellos que no compartían el mismo sistema de valores.

Cuadro de Fernando Botero. El Cazador. Fuente: Colección « Violencia en Colombia ». Museo Nacional de Colombia.

El segundo ciclo se extiende entre 1958 y 1978 y se diferencia del anterior tanto por los actores comprometidos como por las técnicas empleadas. La violencia extrema entre los partidos tradicionales cedió el paso a un acuerdo de élites que mantuvo en la periferia a las terceras fuerzas. El pacto de 1957, conocido como Frente Nacional, prescribió la alternancia del poder entre los dos partidos por un periodo de 16 años así como la división milimétrica de la burocracia estatal. Esta resolución, aunada a otros factores como la influencia de la Revolución Cubana y la agudización de la pobreza y desigualdad en el país, marcaron el surgimiento de grupos guerrilleros como  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como alternativas armadas de oposición política. En este contexto, y en sintonía con lo acaecido en el resto de América Latina, se produjo la consolidación de la Doctrina de Seguridad Nacional promocionada por los Estados Unidos en su lucha anticomunista través de la formación de fuerzas militares de todo el continente. La confrontación, otrora fundada en la afiliación partidista, se convirtió ahora en una confrontación de clase, que relocalizó la mira de “amenazas” para el Estado en las movilizaciones sociales, campesinas, estudiantiles y gremiales consideradas peligrosas para el orden y la seguridad de la nación. Como mecanismo de funcionamiento de la paralegalidad el periodo combinó la proclamación recurrente del Estado de sitio con la persecución armada y el encarcelamiento de las fuerzas de oposición.

El tercer ciclo empieza en el año 1978 y se extiende hasta 1991. Se caracteriza por el involucramiento de los grupos narcotraficantes en la formación de una nueva generación de grupos de violencia parainstitucional. Los grupos paramilitares surgen como un modo de enfrentar a las guerrillas y defender intereses sectoriales a partir de la asociación entre fuerzas del Estado y grupos de narcotraficantes. Creados con la misión de liberar los territorios que estaban bajo la influencia de las guerrillas, operaron una contrarreforma del poder político y económico en los territorios. La estrategia que hasta entonces se mantuvo al margen de la ley empezó a ser convalidada a partir del año 1991, cuando el Estado colombiano legalizó la  creación de las Cooperativas de Seguridad y Vigilancia con el nombre de CONVIVIR. Se trató de grupos de civiles habilitados para tener armamento y funciones de vigilancia, seguridad y control sobre el territorio.

Con distintos alcances y características, la situación colombiana encuentra su análoga en Perú  que, en los años 1991 y 1992 asistió a la legalización de los Comités de Autodefensa (CAD), encargados del combate a Sendero Luminoso. Funcionando de manera informal desde comienzos de los ochenta, dichos Comités fueron finalmente convalidados en tiempos del fujimorismo para asistir a las Fuerzas Armadas y a la Policía en la lucha contra el terrorismo. En ambos casos, la frontera entre civiles y militares se hizo porosa y la multiplicación y  expansión de estos grupos por el territorio nacional produjo un agravamiento sin precedentes de la violencia. Sin embargo, mientras en Perú, la acción contrainsurgente de los CAD permitió la derrota de Sendero Luminoso, en Colombia el efecto espejo entre insurgencia y contrainsurgencia escaló el conflicto de manera geométrica sin lograr la rendición militar de ninguno de los bandos.

Siguiendo con el caso colombiano, Rodríguez describió la estrategia de expansión de los grupos paramilitares.  En un comienzo, se trató de grupos que operaban localmente y estaban desarticulados entre sí. Sin embargo a comienzos de los 2000 iniciaron un proceso de articulación nacional con el que buscaron presentarse ante la opinión pública como una organización centralizada y jerárquica que exigía al Estado colombiano un “proceso de paz”, similar al adelantado con la insurgencia. A partir del año 2003, se inició un cuestionado proceso de desarme y amnistía de los grupos paramilitares bajo la ley de “Justicia y Paz”, con resultados desalentadores tanto por la impunidad en la que quedaron sus crímenes como por la persistencia de sus estructuras políticas y militares a lo largo del territorio nacional.

El último ciclo empieza a partir de esta época y persiste hasta hoy en una coyuntura de fragmentación, dispersión y rearme de los antiguos grupos de autodefensa. Puede decirse que los esfuerzos del Estado colombiano por desmovilizar a los grupos paramilitares han fracasado. Los residuos del paramilitarismo han configurado el fenómeno conocido como  Bandas Criminales Emergentes (BACRIM), que mantienen a la población en vilo no sólo por su participación en actividades como la extorsión y los mercados ilícitos, sino por su abierta intervención en la configuración de los poderes políticos regionales y nacionales.

La escombrera, operación Orión.  Fotografía de Jesús Abad Colorado[1] (2002)

Por otra parte, en 2012 se inició el proceso de paz con las FARC, que ha atravesado numerosas dificultades no sólo para su firma e implementación. Tras lo logrado en La Habana, si bien se observa una baja en las muertes producto del conflicto armado, causa perplejidad el inusitado aumento de homicidios en el marco de enfrentamientos entre bandas de crimen organizado por el control de las economías y territorios otrora controlados por las FARC. La persistencia de la violencia  y la criminalidad por parte de los ex-paramilitares después del 2003 mantiene la estrategia de disciplinamiento de las poblaciones contrarias al modelo neoliberal de expansión extractivista. Así, desde el año 2016 han sido asesinados más de 200 líderes sociales, campesinos e indígenas. Por supuesto, lo acaecido a partir de 2012 amerita un análisis más detenido.

En el caso peruano, la persistencia de los Comités de Autodefensa en tiempos del posconflicto remite a otras dinámicas. Extinguido su poder de fuego, estas agrupaciones mantienen actualmente su formación con miras al logro de un reconocimiento de derechos por parte de Estado. A su pedido de visibilización como “héroes de la Pacificación”, se suman  demandas concretas de mejoramiento de sus condiciones de vida (becas, indemnizaciones, etc.) y de articulación de su accionar en los esquemas locales de seguridad ciudadana.

¿Una soberanía estatal a través de la desmonopolización de la violencia?

Para Rodríguez, la delegación de la violencia en grupos paraestatales, más que una crisis del Estado puede constituir un modo de estatalidad ad hoc. A fin de mantener su soberanía, los Estados desmonopolizan eventualmente el uso de la fuerza en grupos de civiles. La estrategia encuentra sus límites cuando dichos grupos adquieren una autonomía que hace imposible su control por parte del Estado. Aunque no se puede arribar a una conclusión definitiva en torno al proceso histórico, es posible pensar que el Estado colombiano es un Estado que, en una estrategia sui generis, ha permitido y oficiado el uso privatizado de la violencia como una estrategia para construir y mantener el statu quo. De manera paradójica, el Estado jugó un papel de disolución y redistribución del monopolio de la violencia a fin de preservar su existencia. En este sentido, la guerra en Colombia no es tanto el producto de un Estado ausente o de un Estado víctima que ha sido incapaz de contener la formación de grupos de violencia paraestatal, sino de uno que quiso hacerlos funcionar (por acción u omisión) para sus propios fines, con resultados inesperados. Esta puede ser una hipótesis de trabajo para pensar  en otros Estados considerados “fracasados” por exhibir una modalidad desconcentrada de ejercicio de la violencia.  La investigación concluye sosteniendo la necesidad de reparar en las dinámicas de producción del orden y la estatalidad que se construyen en las zonas grises: de legalidad e ilegalidad, de normalidad y excepción, de autoritarismo y democracia, con miras a devolver la complejidad al proceso histórico.

 Discusión – debate

La presentación fue seguida por un debate centrado en el concepto del monopolio de la violencia y en la comparación que podría ser establecida con el caso peruano.

Arthur Morenas señaló el aspecto importante de la construcción de un discurso y de prácticas sobre el monopolio de la violencia, que también puede ser una forma de invisibilizar formas de dominación gubernamental y no gubernamental. En este caso de estudio, opinó que le parece interesante el trabajo de Rodríguez, cuestionando categorías que los investigadores no suelen cuestionar cuando trabajan sobre el Estado. Terminó preguntando a Rodríguez como incluiría la problemática de la aceptación de formas de dominación en su estudio de caso. Esta forma de comportarse, Rodríguez la identifica según el concepto de Bourdieu de la violencia simbólica. Sin embargo, la violencia simbólica también es sujeta a la disputa permanente entre el Estado y otros agentes no gubernamentales. Sería interesante ver como se construye esta violencia simbólica a través de estudios etnográficos como los de Cecilia Méndez. Esta presentación también hace reflexionar sobre el aspecto económico y el binomio publico/privado sobre el territorio peruano y el control real del estado en la emergencia de inversión privada.

Gerardo Huamaní quiso hacer el paralelismo con la identidad peruana, la Nación peruana que aparece como fraccionada mientras ciertos miembros del gobierno afirman que existe una nación unida. A su parecer, en el caso peruano, la nación puede ser al mismo tiempo unida y fraccionada. El concepto de Estado nación, en este caso, supone que el monopolio se ha logrado por los Estados y que es algo acabado, mientras que la investigadora percibe el Estado como un proceso movible, como lo define el antropólogo Ponciano del Pino en su libro “En nombre del gobierno”.

La historiadora Trilce Lask señaló que el control del Estado sobre ciertos espacios fue casi inexistente. La investigadora propone una perspectiva de las acciones del Estado basada en las estrategias económicas y la necesidad de acoger a las inversiones extranjeras que fueron muy florecientes en la época de la violencia paramilitar. De esta manera, Rodríguez nos mostró las múltiples realidades del poder en un proceso que no se construye necesariamente sobre la efectividad del Estado sobre un territorio específico.

Evelyne Mesclier, directora del IFEA, cuestionó la comparación que se podría estar haciendo entre el caso colombiano y el caso peruano en la medida en que la presencia de los Comités de Autodefensa y los grupos paramilitares se explican por un contexto político e histórico diferente, en cada caso. Otra pregunta fue: si el Estado colombiano se ha construido como un espacio con muchos poderíos regionales dónde se ve una repartición de grupos poderosos en varias ciudades como Medellín por ejemplo.  En lo que concierne el regionalismo, Rodríguez afirmó que Colombia es un país muy fragmentado regionalmente y culturalmente y esto se sumó al hecho de que había también una débil infraestructura pública de rutas y caminos para conectar las diversas regiones del país. Por otro lado, hay un centralismo político y administrativo que recién se va a modificar a partir del año 1986 a través una ley que  dictaminó la elección popular de alcaldes y la descentralización presupuestal.

José Miguel Munive señaló un paralelismo entre la historia de Perú en el siglo XIX y lo que sucedió en la guerra contra Sendero Luminoso a finales del siglo XX. En ambas coyunturas, el Estado peruano, con el fin de legitimarse,  delegó o negoció el ejercicio de la violencia con la población civil, especialmente con la población campesina. Actualmente estas manifestaciones pueden ser observables en la zona acerca de Ayacucho y cerca de la zona del VRAEM con grupos herederos de los comités de autodefensa.

Jeremy Robert preguntó por la metodología etnográfica del caso peruano y a partir de ahí la discusión se centró en el trabajo de campo realizado por la investigadora en Ayacucho. Al respecto, Rodríguez comentó que hasta el momento, su trabajo se ha centrado en la realización de entrevistas a antiguos miembros de Comités de Autodefensa. El trabajo de clasificación e interpretación de la  información recopilada es la etapa a seguir. La extracción de conclusiones provisorias en el futuro promete ser laboriosa en la medida en que la información oficial respecto a los CAD es más bien escasa.

BIBLIOGRAFÍA

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[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/la-foto-que-dejo-al-descubierto-los-desmanes-de-la-operacion-orion/438656-3

Reseña redactada por Marie Pigeolet (PRODIG -CNRS / Université Paris 1) con el apoyo de Gina Paola Rodríguez (IEALC)

Violencia contra las mujeres en el Perú

¿Cuál es el alcance del movimiento «Me Too» en el acceso al apoyo institucional?

Por Robin Cavagnoud[1]

La violencia contra las mujeres es definida por las Naciones Unidas como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (ONU, 1993: p. 3).

El fenómeno de la violencia contra las mujeres ha sido fuertemente mediatizado a nivel mundial desde octubre de 2017, principalmente a través de la aparición del movimiento Me Too. Basado en las representaciones individuales y colectivas que definen y orientan las relaciones entre los sexos en una sociedad dada y en particular con relación a la dominación tanto física como simbólica ejercida por los hombres sobre las mujeres (incluso lo inverso es igualmente posible), al interior o al exterior de la familia, y entre todas las edades de la vida. Esto implica además retos individuales, familiares y políticos en términos de salud pública y de protección social.

En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES de 2016 (INEI, 2016) el 32,2% de las mujeres ha sido, al menos una vez, víctima de una forma de violencia física y/o sexual por parte de su cónyuge o pareja, el 64,2% de una forma de violencia psicológica y/o verbal y el 60,5% de ellas manifiesta haber sido o ser el objeto de alguna forma de control o dominación. Estas cifras están por debajo de los resultados registrados en las últimas encuestas, en particular la de 2012 en la que las proporciones fueron las siguientes: 37,2%, 70,6% y 66,3% respectivamente. Sin embargo, la tendencia se mantiene: la violencia de género contra las mujeres se ha instalado como un fenómeno estructural de la sociedad peruana mientras que su magnitud hace extremadamente difícil, por el momento, una mayor democratización e igualdad en la relación entre los sexos, por ejemplo en la toma de decisiones concernientes a la sexualidad, las elecciones profesionales o la vida familiar cotidiana.

Muralización en Barrios Altos, Lima-Perú (Créditos foto: Leslie Camacho)

La literatura sobre la violencia contra las mujeres muestra dos principales formas de expresión. La primera se inscribe en las relaciones de poder y de control, llamada “terrorismo íntimo”, en la que la violencia psicológica y física encierra a las víctimas en la relación conyugal y crea una situación de miedo permanente y de disminución de recursos personales (confianza, autoestima), financieras (dinero para huir) y sociales a través de las redes de apoyo potencial (familia, amigos) (Leone et al., 2007). Esta forma de violencia se origina generalmente en un modelo patriarcal de dominación masculina y en una legitimación de la violencia en el seno de la familia. La segunda es llamada “violencia situacional”. Esta es la consecuencia de un conflicto abierto entre los miembros de una pareja y más específicamente una disputa que desemboca en un acto de violencia física más circunstancial (Johnson & Leone, 2005).

Factores contextuales e individuales múltiples 

Los contextos de vulnerabilidad social y económica tienen una cierta incidencia sobre las dimensiones y la magnitud de la violencia, en particular doméstica, por el hecho de crear tensiones entre los mismos padres y entre los padres y los hijos, pudiendo desembocar en situaciones de agresión verbal y/o física agravada. Hay otros factores que pueden tener una influencia en la victimización de las mujeres en la relación de pareja, en particular su nivel de instrucción en la medida en que la acumulación de un número más importante de años de estudios contribuye a una mejor inserción profesional y a mayores oportunidades en el mercado laboral en condiciones estables (contrato formal, sistema de protección social, mayores ingresos). Esta situación les permite adquirir una mayor autonomía en su vida privada y estar menos expuestas a actos de violencia en su relación de pareja. Sin embargo, es probable que este análisis encuentre limitaciones en el caso del Perú, donde la autonomía de las mujeres puede constituir un factor de violencia originado por la frustración de los hombres frente a su falta de control sobre su vida cotidiana, más que la probabilidad de la denuncia de la violencia de la que las mujeres son víctimas (Benavides, Bellatín & Cavagnoud, 2017). Pareciera que la misma tendencia se verifica en el caso de Colombia, donde la incorporación creciente de las mujeres en el mercado laboral no ha sido sinónimo de la disminución de los maltratos conyugales (Meil Landwerlin, 2004).

Marcha « Ni una menos », Lima – Perú (Créditos foto: Kelly del Sol)

Además, la violencia de género contra las mujeres también puede reproducirse según la lógica intergeneracional. Las mujeres que crecieron en una familia en la cual sus madres fueron maltratadas por sus padres muestran una probabilidad mayor de exposición a las formas de agresión por parte de sus cónyuges. A este respecto, existe una suerte de asimilación y legitimación del maltrato en el seno del hogar y una instalación de la figura masculina dominante que tiene la capacidad de usar la violencia para imponer su autoridad en el conjunto familiar. En esas circunstancias, es frecuente que el consumo de alcohol sea uno de los factores desencadenantes de las agresiones. Según los resultados de ENDES de 2016, un 49,1% de las mujeres víctimas de violencia declaran que sus cónyuges estuvieron al menos una vez bajo la influencia del alcohol y/o las drogas en el momento de cometer el acto violento (56,7% en 2012). En este caso, las mujeres—e igualmente sus hijos— fueron víctimas de la violencia ejercida por los hombres adultos de la familia, principalmente por el padre, pero también por parte de otros miembros masculinos como el suegro o un tío. Además de violencia doméstica no es raro finalmente que las niñas y adolescentes sean el blanco de diferentes agresiones en el colegio o en la proximidad de su domicilio, en el barrio de residencia. En numerosos ejemplos tomados de la actualidad, estas formas de abuso físico pueden transformarse en agresiones de carácter sexual.

Respuesta pública y escaso acceso a los servicios de protección 

Frente a las situaciones de violencia, las mujeres pueden acceder a las instituciones especializadas en este dominio para presentar una queja o recibir apoyo psicológico y social. En el Perú, según la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar (Ley N° 26260), que establece un protocolo de denuncia, investigación y sanción en el caso de violencia familiar, la Policía Nacional, el fiscal y el juez son los principales actores institucionales a cargo de intervenir y de abrir un proceso que conduzca a una posible pena. Paralelamente, se han abierto centros especializados para asegurar una mejor atención: las Comisarías de la Mujer y los “Centros de Emergencia Mujer” (CEM).

El Perú es uno de los países pioneros en la región con la creación de estas instituciones especializadas y la inauguración en 1992 de la primera Comisaría de la Mujer como respuesta a las demandas de la sociedad civil frente al trato frecuentemente humillante y discriminatorio en las instancias policiales manejadas por hombres (Estremadoyro, 1992), provocando un fenómeno de “re-victimización” hacia las mujeres. Existen actualmente 32 Comisarías de Familia a nivel nacional de las cuales 9 pertenecen a la metrópoli de Lima y Callao.

Además, los Centros de Emergencia Mujer constituyen los principales órganos operacionales en el marco del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). El primer Centro de Emergencia Mujer fue creado el 8 de marzo de 1999 y al término del mismo año un total de 13 centros habían sido puestos en marcha. Estos últimos son espacios independientes para el depósito de denuncias en casos de violencia familiar y/o sexual y deben normalmente permitir simplificar el protocolo de denuncia y hacer un seguimiento más preciso de ello. A la fecha existen casi 270 Centros de Emergencia Mujer instalados en todos los departamentos del país, de los cuales 30 funcionan las 24 horas del día. Se trata de un servicio público y gratuito que ofrece una orientación a la vez legal, de defensa judicial y de ayuda psicológica.

Sin embargo, el acceso a estos servicios de denuncia y de ayuda continúa siendo muy limitado en razón a una serie de factores individuales y contextuales. Según los resultados de la ENDES de 2016, solo el 27,2% de las mujeres víctimas de violencia física se acercaron a una institución para presentar una denuncia o buscar una forma de apoyo. Este resultado se mantiene estable con relación a la encuesta de 2012 (27,3%) pero es significativamente mayor con relación a la de 2009 (16,1%). Pero no indica ningún elemento sobre la calidad de la atención recibida y menos aún sobre el resultado de la denuncia y de la condena eventual del conyugue. Entre las mujeres que han recurrido a una institución para encontrar ayuda 75.9% acudieron a la comisaría, 10.9% un Centro de Emergencia Mujer (DEMUNA), 9.8% a un fiscal, 9.3% a un juez, 4.8% a un centro de salud, 4.2% al MIMP y 5.7% se dirigieron hacia otro tipo de institución.

Finalmente la edad de las mujeres tiene una influencia significativa en este proceso y muestra diferencias muy claras entre las generaciones. Según la misma ENDES, sólo el 9.1% de mujeres de 15 a 19 años víctimas de la violencia siguen un proceso institucional, contra el 16,2% de las mujeres de 20 a 24 años, el 24,6% de las mujeres de 25 a 29, el 28,8% de las mujeres de 30 a 34 años, el 29,7% de las mujeres de 35 a 39 años, el 32,5% de las mujeres de 40 a 44 años y el 35,9% de las mujeres de 45 a 49 años. Sin embargo, pocos elementos empíricos explican esta tendencia.

¿Cómo explicar la baja proporción de mujeres que denuncian?

Un estudio reciente realizado a partir de entrevistas a profundidad a mujeres víctimas de violencia en el distrito de San Juan de Miraflores de la periferia noreste de Lima (Benavides,  et al., 2017) identifica numerosas razones de orden individual que conducen a ciertas mujeres a denunciar estos actos a los servicios de ayuda y de protección social, a diferencia de aquellas, en su mayoría, que optan por  no tomar acciones legales.

Primero, el nivel escolar de las mujeres parece tener una influencia en la probabilidad de denuncia. Las mujeres que recurrieron al servicio de ayuda han estudiado al menos hasta el nivel secundario, mientras que otras han sido menos escolarizadas o no han estudiado más que algunos años del nivel primario. Esta observación va en el sentido de los resultados de la ENDES de 2016 según la cual la denuncia de un acto de violencia en una comisaría aumenta sensiblemente con el nivel educativo de las mujeres: de 57,3% para aquellas que no han alcanzado un nivel de educación “primaria” a 81,6% para aquellas que tienen un nivel de educación universitaria.

Además, la severidad del acto violento por parte del cónyuge aparece como un motivo determinante en el proceso de denuncia. La referencia a actos de violencia física, incluida la sexual (más que psicológica), en repetidas ocasiones se refleja en el testimonio de las mujeres que terminan yendo a una comisaría. Este caso es todavía más frecuente cuando los niños son los principales testigos de estas escenas que resultan imposibles de soportar física y psicológicamente para unos y otros:

El padre de mis hijos me pegaba…  a mis hijos también, con kerosene nos quemaba, era de esteras mi casa  … y yo estaba bien escondida y mi hijita estaba bien escondida y corría, corría, porque la quería agarrar pe’ a ella, mi hijito al mayor le había agarrado y le ha dicho no hay tu madre y les había bañado con querosene y el agarraba fosforo dice y mi hijito mientras eso fuufff… lo soplaba … y traje al policía y lo agarraron le quitamos la ropa y le había hecho llagas el querosene …” (Testimonio de A. M. O., 59 años). 

Cuanto más agudo y perjudicial sea un acto de agresión física, más inclinadas están las mujeres a denunciar a su cónyuge para proteger a sus hijos y no exponerlos a consecuencias más graves. A pesar de esta voluntad de acudir a las autoridades, sucede sin embargo que un obstáculo administrativo como la ausencia de un documento de identidad válido o un acto de corrupción del cónyuge impide la puesta en marcha del protocolo de denuncia. El “terrorismo íntimo” expresado a través de escenas extremadamente violentas y regulares, así como de relaciones sexuales forzadas, motiva más intensamente a las mujeres a vencer su temor y denunciar estas violencias, a diferencia de la “violencia situacional” donde las mujeres dudan, a menudo, en acudir a un puesto policial.

Para comprender la elección de las mujeres para llevar a cabo el proceso de denuncia de su cónyuge, según este estudio, se debe tomar en cuenta la combinación de tres factores: 1) la situación profesional de las mujeres y la autonomía financiera que ellas pueden obtener gracias a su trabajo, 2) el número de hijos menores de edad que tienen bajo su responsabilidad, 3) la existencia de una red de apoyo fuera de su casa. Tener un empleo estable y en cierta medida correctamente remunerado permite cubrir los gastos básicos de sus hijos y, por lo tanto, aparece como requisito previo para señalar un acto de violencia física. La denuncia supone a corto plazo la detención provisoria de su cónyuge y, en consecuencia, un riesgo de pérdida financiera para los hijos. En este sentido, la situación de las mujeres en el mercado laboral puede condicionar en gran parte su motivación a acudir a un servicio de ayuda como la comisaría o el Centro de Emergencia Mujer.

Más allá de la dimensión económica, las mujeres deben igualmente disponer de una solución alternativa/de respaldo para cambiar de domicilio y/o seguir al cuidado de sus hijos luego de una denuncia que resulta en la mayoría de los casos una separación o un divorcio. Esta alternativa puede ser vista al interior de una red de parentesco femenina constituida por la madre, las hermanas o las amigas más cercanas. La constitución previa de este recurso social es primordial para encontrar un apoyo alternativo a la familia de origen representada por la pareja marido/mujer y los niños con el fin de denunciar al cónyuge y encontrar un espacio de protección para los hijos. La existencia de este apoyo es bastante extraña en los testimonios recogidos en este estudio y se manifiesta, en su mayoría, de manera inversa por la manifestación de su ausencia:

“Yo quería ir denunciarlo  y separarme de él (su cónyuge) pero yo no sabía para nada adónde ir y me sentía impotente. Tenía cuatro hijos pequeños  y no sabía a dónde ir y si encontraría un trabajo, no sabía a quién podría encargarlos. Por eso finalmente decidí soportar la situación” (Testimonio J. I. S., 59 años). 

Para las mujeres, el desarrollo de su autonomía personal con la obtención de un empleo estable y/o la gestión individual de su vida íntima puede incrementar la probabilidad de violencia doméstica en el caso del Perú (Benavides, Bellatín & Cavagnoud, 2017) pero en contraparte este factor puede también ayudar a las mujeres a tomar la decisión de poner una denuncia para responder a esta violencia doméstica. Las mujeres socialmente aisladas de su familia o de su red de vecinos muestran así una probabilidad muy ínfima de acudir al servicio social. Esta falta de socialización las aleja de todo recurso que les permita encontrar un apoyo fuera de su domicilio.

Finalmente, es frecuente observar en el testimonio de numerosas mujeres víctimas de violencia doméstica una forma de resignación y fatalismo que las aleja de toda idea de denuncia contra su cónyuge, acompañada de cierta culpabilidad por los hechos de las que son víctimas. Esta inclinación a no intentar ninguna acción legal y a la autocondenación de las mujeres es recurrente en el caso de la “violencia situacional”, mezclando a la vez las agresiones verbales y los insultos repetidos. En todos los casos, este fenómeno conduce directamente a una interiorización de las estructuras de género asimétricas que obedecen a la dominación de los hombres, particularmente frecuente en la sociedad peruana.

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Ante esta situación, podemos preguntarnos en qué medida el surgimiento de movimientos de la sociedad civil puede contribuir a mejorar el acceso de las mujeres víctimas de violencia a tipos de servicios y dispositivos de ayuda institucional como los descritos  líneas atrás. Si bien “Me Too” y otras iniciativas similares destinadas a denunciar la dominación de los hombres en el ámbito de la intimidad y la sexualidad han permitido destacar, principalmente gracias al uso de las redes sociales, las múltiples escenas y contextos de violencia de las cuales las mujeres son el blanco, queda por ver si estas manifestaciones de buena voluntad pueden proporcionar recursos reales para mejorar la situación de vida de las mujeres en contextos sociales que van más allá de la clases medias. La denuncia de la violencia permite, sin ninguna duda, liberar la palabra silenciada durante mucho tiempo por temor a represalias o amenazas. Produce un discurso que permite poco a poco comunicar y alcanzar ambientes sociales donde las mujeres experimentan otras formas de vulnerabilidades (empleo, salud, educación, protección social, cuidado de niños, segregación urbana), además de la violencia de género. Si un mayor acceso a los servicios de ayuda institucional debe y puede ser visto en entornos sociales marcados por una gran inseguridad, es conveniente para los actores locales (Comisarías de la Mujer, Centros de Emergencia Mujer, municipios) tomar el discurso y hacerlo “operativo” bajo la forma de acción política, no partidista, de prevención y de intervención, con el propósito de proporcionar un apoyo sostenible a las mujeres, de todas las edades y de todas las condiciones sociales, víctimas de este flagelo.

Bibliografía:

BENAVIDES, M., BELLATÍN, P. & CAVAGNOUD, R., 2017 – Social protection systems and domestic violence in poor urban context: the case of San Juan de Lurigancho. Nopoor. Enhacing Knowledge for Renewed Policies Against Poverty. Working Paper n° 56, 33 pp.; Bruselas: EU-funded research Project.

ESTREMADOYRO, F., 1992 – Violencia en la pareja. Comisarías de Mujeres en el Perú, 78 pp.; Ediciones Flora Tristán.

INEI, 2016 – PERÚ. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES, 539 pp.; Lima.

JOHNSON, M. P. & LEONE, J. M., 2005 – The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Findings from the National Violence Against Women Survey. Journal of Family Issues, 26 (3): 322-349.

LEONE, J. M., JOHNSON, M. P. & COHAN, C. L., 2007 – Victim Help Seeking: Differences Between Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Family Relations. Interdisciplinary Journal of Applied Family Science, 56 (5): 427-439.

MEIL LANDWERLIN, G., 2004 – Cambio familiar y maltrato conyugal a la mujer. Revista Internacional de Sociología, 37: 7-27.

ONU, 1993 – Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Résolution 48/104 de l’Assemblée Générale de l’ONU, 6 pp.; New York.

[1] Socio-demógrafo, profesor asociado al Departamento de Ciencias sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coordinador del grupo de investigación Edades de la Vida y Educación (EVE-CISEPA/IFEA). rcavagnoud@pucp.pe

Violence à l’encontre des femmes au Pérou

Quelle portée du mouvement « Me Too » dans l’accès à l’aide institutionnelle ?

Par Robin Cavagnoud[1]

La violence à l’encontre des femmes est définie par les Nations-Unies comme « tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant, ou pouvant causer, aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou la vie privée » (ONU, 1993: p. 3).

Le phénomène de la violence contre les femmes a été fortement médiatisé au niveau mondial depuis octobre 2017, notamment à travers l’apparition du mouvement Me Too. Il repose sur des représentations individuelles et collectives qui définissent et orientent les rapports entre les sexes dans une société donnée, et en particulier sur la domination aussi bien physique que symbolique s’exerçant de la part des hommes sur les femmes (même si l’inverse est également possible), à l’intérieur et à l’extérieur de la famille, et entre tous les âges de la vie. Il implique par ailleurs des enjeux individuels, familiaux et politiques en termes de santé publique et de protection sociale.

Au Pérou, selon l’Enquête démographique et de santé familiale de 2016 (ENDES, 2016), 32,2% des femmes ont été au moins une fois victimes d’une forme de violence physique et/ou sexuelle de la part de leur conjoint ou partenaire, 64,2% d’une forme de violence psychologique et/ou verbale et 60,5% d’entre elles manifestent avoir été ou être l’objet d’une forme de contrôle ou domination. Ces chiffres sont en deçà des résultats enregistrés lors les dernières enquêtes, en particulier celle de 2012 où les proportions étaient respectivement les suivantes : 37,2%, 70,6% et 66,3%. Pourtant, la tendance de fond reste la même : la violence de genre à l’encontre des femmes est installée comme  phénomène structurel de la société péruvienne tandis que sa magnitude rend extrêmement difficile, pour le moment, une plus large démocratisation et égalité dans le rapport entre les sexes, par exemple dans les prises de décisions concernant la sexualité, les choix professionnels ou à la vie familiale quotidienne.

Muralisme à Barrios Altos, Lima-Pérou (Crédits: Leslie Camacho)

La littérature sur les violences à l’encontre des femmes montre deux principales formes d’expression. La première s’inscrit dans un rapport de pouvoir et de contrôle appelé « terrorisme intime » dans lequel la violence psychologique et physique enferme les victimes dans la relation conjugale et crée une situation de peur permanente et de diminution des ressources personnelles (confiance, estime de soi), financières (argent pour s’enfuir) et sociales à travers les réseaux de soutien potentiel (famille, amis) (Leone, Johnson et Cohan, 2007). Cette forme de violence s’enracine généralement dans un modèle patriarcal de domination masculine et dans une légitimation de la violence au sein de la famille. La seconde est appelée « violence situationnelle ». Elle est la conséquence d’un conflit ouvert entre les membres d’un couple, et plus spécifiquement d’une dispute débouchant sur un acte de violence physique davantage circonstanciel (Johnson et Leone, 2005).

Des facteurs contextuels et individuels multiples

Les contextes de vulnérabilité sociale et économique ont une incidence certaine sur les dimensions et la magnitude de la violence, en particulier domestique, par le fait de créer des tensions entre les parents eux-mêmes et entre les parents et les enfants, pouvant déboucher sur des situations d’agression verbale et/ou physique aggravées. D’autres facteurs peuvent avoir une influence sur la victimisation des femmes dans la relation de couple, en particulier leur niveau d’instruction dans la mesure où l’accumulation d’un nombre plus important d’années d’études contribue à une meilleure insertion professionnelle et à plus d’opportunités sur le marché du travail dans des conditions stables (contrat formel, système de protection sociale, revenus plus importants). Cette situation leur permet d’acquérir une autonomie plus importante dans leur vie privée et d’être tendanciellement moins exposées à des actes violents dans leur relation de couple. Cependant, certaines études montrent les limites de cette analyse dans le cas du Pérou où l’autonomie des femmes peut constituer un facteur de violence engendré par la frustration des hommes face à leur manque d’emprise sur leur vie quotidienne, plus que la probabilité de dénonciation de la violence dont les femmes sont victimes (Benavides et al., 2012). Il semblerait que la même tendance se vérifie dans le cas de la Colombie où l’incorporation croissante des femmes sur le marché du travail n’ait pas été synonyme d’une diminution des maltraitances conjugales (Meil Landwerlin, 2004).

Marcha « Ni una menos », Lima- Pérou (Crédits photo: Kelly del Sol)

Par ailleurs, la violence de genre à l’encontre des femmes peut également se reproduire selon une logique intergénérationnelle. Les femmes qui ont grandi dans une famille où leurs mères étaient maltraitées par les pères montrent une probabilité plus importante d’exposition à des formes d’agression de la part de leurs conjoints. Il existe à cet égard une sorte d’assimilation et légitimation de la maltraitance au sein du ménage et une installation d’une figure masculine dominante ayant la capacité d’user de la violence pour imposer son autorité sur l’ensemble de la maisonnée. Dans ces circonstances, il est fréquent que la consommation d’alcool soit l’un des facteurs déclencheurs de ces agressions. Selon les résultats de la même ENDES de 2016, 49,1% des femmes victimes de violence déclarent que leurs conjoints étaient au moins une fois sous l’influence de l’alcool et/ou de drogues au moment de commettre l’acte violent (56,7% en 2012). Dans ce cas, les femmes mais également leurs enfants sont victimes de la violence exercée par les hommes adultes de la famille, principalement par le père mais aussi par d’autres membres masculins comme le beau-père ou un oncle. En plus des violences domestiques, il n’est pas rare enfin que les fillettes et adolescentes ne soient pas la cible de différentes agressions au collège ou à proximité de leur domicile dans le quartier de résidence. Dans de nombreux exemples tirés de l’actualité, ces formes d’abus physique peuvent se transformer en agressions à caractère sexuel.

Réponse publique et faible accès aux services de protection

Face aux situations de violence, les femmes peuvent se rendre à l’une des institutions spécialisées dans ce domaine pour présenter une plainte ou recevoir un soutien psychologique et social. Au Pérou, selon la Loi de protection face à la violence familiale (Loi No 26260), qui établit un protocole de dénonciation, investigation et sanction dans les cas de violence familiale, la Police nationale, le fiscal et le juge sont les principaux acteurs institutionnels en charge d’intervenir et d’ouvrir un procès conduisant à une possible peine. Parallèlement, des centres spécialisés ont été mis en place pour assurer une meilleure attention : les commissariats de femmes et les « Centres d’urgence pour femmes » (Centros de Emergencia Mujer).

Le Pérou est l’un des pays pionniers dans la région avec la création de ces institutions spécialisées et l’inauguration dès 1992 du premier commissariat de femmes comme réponse aux demandes de la société civile face au traitement fréquemment humiliant et discriminatoire dans les instances policières gérées par des hommes (Estramadoyro, 1992), provoquant un phénomène de « re-victimisation » envers les femmes. Il existe actuellement quelques 32 commissariats dit « de famille » au niveau national dont neuf dans la métropole de Lima et Callao.

Par ailleurs, les Centres d’urgence pour femmes constituent les principaux organes opérationnels dans le cadre du Programme national contre la violence familiale et sexuelle du Ministère de la femme et des populations vulnérables (MIMP). Le premier Centre d’urgence pour femmes a été créé le 8 mars 1999 et à la fin de cette même année un total de 13 autres centres avaient été mis en place. Ces derniers sont des espaces indépendants pour le dépôt de plaintes en cas de violence familiale et/ou sexuelle et doivent normalement permettre de simplifier le protocole de dénonciation et faire un suivi plus précis de celui-ci. À ce jour, il existe quelques 270 Centres d’urgence pour femmes installés dans tous les départements du pays dont 30 ayant un fonctionnement 24 heures sur 24. Il s’agit d’un service publique et gratuit offrant une orientation à la fois légale, de défense judiciaire et d’aide psychologique.

Pourtant, l’accès à ces services de dénonciation et d’aide reste fortement limité en raison d’une série de facteurs individuels et contextuels. Selon les résultats de l’ENDES 2016, seul 27,2% des femmes victimes de violence physique se rendent à une institution pour porter plainte ou chercher une forme de soutien. Ce résultat est parfaitement stable par rapport à de l’Enquête de 2012 (27,3%) mais en augmentation significative par rapport à celle de 2009 (16,1%). Mais il n’indique aucun élément sur la qualité de l’attention reçue et encore moins sur l’aboutissement de la plainte et la condamnation éventuelle du conjoint. Parmi les femmes qui ont eu recours à une institution pour trouver de l’aide, 75,9% font appel à un commissariat, 10,9% à un Centre d’urgence pour femmes (DEMUNA), 9,8% à un fiscal, 9,3% à un juge, 4,8% à un centre de santé, 4,2% au MIMP et 5,7% se tournent vers un autre type d’institution.

Enfin, l’âge des femmes a une influence significative dans cette démarche et montre des différences très nettes au fil des générations. Selon la même ENDES, seul 9,1% des femmes de 15 à 19 ans victimes de violence réalisent une démarche institutionnelle, contre 16,2% des femmes de 20 à 24 ans, 24,6% des femmes de 25 à 29 ans, 28,8% des femmes de 30 à 34 ans, 29,7% des femmes de 35 à 39 ans, 32,5% des femmes de 40 à 44 ans et 35,9% des femmes de 45 à 49 ans. Pourtant, peu d’éléments empiriques expliquent cette tendance.

Comment expliquer la faible proportion de femmes portant plainte ?

Une étude récente réalisée à partir d’entretiens approfondis auprès de femmes victimes de violences dans le district de San Juan de Miraflores de la périphérie nord-est de Lima (Benavides, Belatín et Cavagnoud, 2017) identifient plusieurs raisons d’ordre individuel qui conduisent certaines femmes à dénoncer ces actes aux services sociaux d’aide et de protection sociale au contraire de celles, majoritaires, qui optent pour la non poursuite d’actions en justice.

D’abord, le niveau scolaire des femmes semble avoir une influence dans la probabilité de dénonciation. Les femmes qui ont recours à un service d’aide ont au moins étudié jusqu’à l’enseignement secondaire alors que les autres ont été peu scolarisées ou n’ont étudié que quelques années dans l’enseignement primaire. Cette observation va dans le sens des résultats de l’ENDES de 2016 selon lesquels la dénonciation d’un acte de violence auprès d’un commissariat augmente sensiblement avec le niveau scolaire des femmes : de 57,3% pour celles n’ayant pas atteint le niveau dit « primaire » à 81,6% pour celles ayant un niveau d’éducation universitaire.

Par ailleurs, la sévérité de l’acte violent de la part du conjoint apparaît comme un motif péremptoire dans la démarche de dénonciation. La référence à des actes de violence physique y compris sexuelle (plus que psychologique) à répétition se retrouve dans le témoignage des femmes qui finissent par se rendre à un commissariat. Ce cas est encore plus fréquent lorsque les enfants sont les premiers témoins de ces scènes qui deviennent impossibles à supporter physiquement et psychologiquement pour les uns et les autres :

« Le père de mes enfants me frappait. Sur mes enfants et sur moi il aspergeait de quérosène la petite maison de paille que nous occupions alors que nous étions cachés chez une voisine et qu’il n’arrivait pas à nous trouver. Il essayait ensuite d’attaquer ma fille qui courait alors que mon fils l’attrapait et soufflait sur l’allumette pour éviter qu’il mette le feu sur la maison. La police est alors arrivée pour le capturer et lui enlever les vêtements suite aux brûlures qu’il avait sur le corps à cause des giclées de kérosène. » (témoignage A.M.O., 59 ans).

Plus l’acte d’agression physique est aigue et préjudiciable, plus les femmes sont enclines à dénoncer leur conjoint pour protéger leurs enfants et ne pas les exposer à des conséquences plus graves. Malgré cette volonté de se rendre aux autorités, il arrive pourtant qu’un obstacle administratif comme l’absence d’un document d’identité valide ou un acte de corruption du conjoint entrave la mise en place d’un protocole de dénonciation. Le « terrorisme intime » exprimé par des scènes extrêmement violentes et régulières ainsi que des relations sexuelles forcées motivent davantage les femmes à vaincre leur peur et dénoncer ces violences, au contraire de la « violence situationnelle » où les femmes hésitent le plus souvent à se rendre à un poste de police.

Pour comprendre le choix des femmes à réaliser la démarche de dénonciation de leur conjoint, il convient d’après cette étude de prendre en compte la combinaison de trois facteurs : 1. la situation professionnelle des femmes et l’autonomie financière qu’elles peuvent obtenir grâce à leur travail, 2. le nombre d’enfants en bas âge sous leur responsabilité et 3. L’existence d’un réseau de soutien hors de leur domicile. Avoir un emploi stable et dans une certaine mesure correctement rémunéré permet de couvrir les dépenses élémentaires de leurs enfants et apparaît donc comme une condition première pour signaler un acte de violence physique. La dénonciation suppose à court terme la détention provisoire du conjoint et par conséquent un risque de perte financière fourni aux enfants. En ce sens, la situation des femmes sur le marché du travail peut conditionner en grande partie leur motivation à se rendre à un service d’aide comme la police ou un Centre d’urgence pour Femmes.

Au delà de la dimension économique, les femmes doivent également disposer d’une solution de repli pour changer de domicile et/ou faire garder leurs enfants après une dénonciation entraînant dans la plupart des cas une séparation voire un divorce. Cette alternative peut être envisagée à l’intérieur du réseau de parentèle féminin constitué par la mère, les sœurs ou les amies proches. La constitution préalable de cette ressource sociale est primordiale pour trouver un support alternatif à la famille d’origine représentée par le couple mari/femme et les enfants afin de dénoncer le conjoint et trouver un espace de protection pour les enfants. L’existence de ce support est plutôt rare dans les témoignages recueillis dans cette étude et se manifeste davantage à front renversé par l’expression de son absence :

« Moi, je voulais aller au bout de la plainte et me séparer de lui [son conjoint] mais je ne savais pas du tout où aller et je me sentais impuissante. J’avais quatre enfants en bas âge à cette époque et je me demandais vraiment où aller et si je trouvais un trouver un travail, à qui je pouvais bien les faire garder. C’est pour cela que j’ai tout fait finalement pour supporter la situation. » (témoignage J.I.S., 59 ans).

Le développement pour les femmes d’une autonomie personnelle par un emploi stable et/ou la gestion individuelle de sa vie intime peut accroître la probabilité de violence domestique dans le cas du Pérou (Benavides et al., 2012) mais en contrepartie ce facteur peut aussi aider les femmes à prendre la décision de déposer plainte pour répondre à cette violence domestique. Les femmes isolées socialement vis-à-vis de leur famille ou dans le réseau de voisinage montrent ainsi une probabilité très infime de se rendre à un service d’aide sociale. Ce manque de socialisation les éloigne de toute ressource leur permettant de trouver un appui en dehors de leur domicile.

Enfin, il est fréquent d’observer le témoignage de nombreuses femmes victimes de violence domestique une forme de résignation et de fatalisme qui les éloigne de toute idée de porter plainte contre leur conjoint, intégrant pour certaines la culpabilité des faits dont elles sont victimes. Cette inclinaison à ne tenter aucune action en justice et à l’auto-condamnation des femmes est récurrent dans les cas de « violence situationnelle » mêlant à la fois les agressions verbales et les insultes répétées. Dans tous les cas, ce phénomène renvoie directement à une intériorisation des structures de genre asymétriques obéissant à la domination des hommes particulièrement fréquente dans la société péruvienne.

***

Face à ce constat, on peut se demander dans quelle mesure le jaillissement de mouvements issus de la société civile peut contribuer à un meilleur accès des femmes victimes de la violence de genre aux services et dispositifs d’aide institutionnelle comme ceux décrits plus haut. Si « Me too » et d’autres initiatives similaires visant à dénoncer la domination des hommes dans le domaine intime et de la sexualité ont permis de mettre en lumière, notamment grâce à l’utilisation des réseaux sociaux, les multiples scènes et contextes de violence dont les femmes sont la cible, il reste à voir si ces manifestations de bonne volonté peuvent constituer des ressources réelles d’amélioration de la situation de vie des femmes dans des contextes sociaux dépassant les classes moyennes. La dénonciation de la violence permet sans nulle de doute de libérer une parole trop longtemps tenue sous silence par crainte de représailles ou menaces. Il produit ainsi un discours qui parvient petit à petit à circuler et parvenir dans des milieux sociaux où les femmes connaissent d’autres formes de vulnérabilités (emploi, santé, éducation, protection sociale, soin des enfants, ségrégation urbaine) s’ajoutant à la violence de genre. Si un meilleur accès aux services d’aide institutionnelle doit et peut être envisagé dans des milieux sociaux marqués par la grande précarité, il convient aux acteurs locaux (commissariats de femmes, Centres d’urgence pour femmes, municipalités) de s’emparer de ce discours et le rendre « opérationnel » sous forme d’actions politiques, non partisanes, de prévention et d’intervention, afin d’offrir un support durable aux femmes, de tous les âges et de toutes les conditions sociales, victimes de ce fléau.

Bibliographie :

BENAVIDES, M., BELLATÍN, P. & CAVAGNOUD, R., 2017 – Social protection systems and domestic violence in poor urban context: the case of San Juan de Lurigancho. Nopoor. Enhacing Knowledge for Renewed Policies Against Poverty. Working Paper n° 56, 33 pp.; Bruselas: EU-funded research Project.

ESTREMADOYRO, F., 1992 – Violencia en la pareja. Comisarías de Mujeres en el Perú, 78 pp.; Ediciones Flora Tristán.

INEI, 2016 – PERÚ. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES, 539 pp.; Lima.

JOHNSON, M. P. & LEONE, J. M., 2005 – The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Findings from the National Violence Against Women Survey. Journal of Family Issues, 26 (3): 322-349.

LEONE, J. M., JOHNSON, M. P. & COHAN, C. L., 2007 – Victim Help Seeking: Differences Between Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Family Relations. Interdisciplinary Journal of Applied Family Science, 56 (5): 427-439.

MEIL LANDWERLIN, G., 2004 – Cambio familiar y maltrato conyugal a la mujer. Revista Internacional de Sociología, 37: 7-27.

ONU, 1993 – Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Résolution 48/104 de l’Assemblée Générale de l’ONU, 6 pp.; New York.

[1] Socio-démographe, professeur associé au sein du Département de sciences sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) et coordinateur du groupe de recherche Edades de la Vida y Educación (EVE-CISEPA/IFEA). rcavagnoud@pucp.pe

In Memoriam : Santiago Uceda

Par Jean Vacher, ancien directeur de l’IFEA et Carole Fraresso, archéologue experte d’art précolombien.

Avec la disparition de Santiago Uceda, le 14 janvier 2018, c’est un immense archéologue,  un ami et un collaborateur permanent de l’IFEA qui nous quitte.

Depuis le début de sa carrière d’archéologue, Santiago Uceda a établi et maintenu des relations étroites avec la France. Formé en master et en doctorat à l’Université de Bordeaux[1], il a depuis cette époque développé de nombreux programmes avec des collègues français et participé activement à la vie scientifique et éditoriale de l’IFEA, comme chercheur, comme membre du comité du Bulletin de l’IFEA et membre du comité scientifique « andin » qui a fonctionné au début des années 2010.

C’est à Santiago Uceda, scientifique hors pair, que nous devons les plus importantes avancées archéologiques de la région nord du Pérou. Son implication continue et son  dynamisme au cours de ces 30 dernières années, en collaboration avec son collègue  Ricardo Morales, ont conduit à la naissance puis au développement exceptionnel du Programme Archéologique du site de Las Huacas de Moche, qui a démarré en 1991. Il a su accompagner ses recherches d’une activité et d’une préoccupation permanentes pour la protection et la valorisation des sites archéologiques de la côte nord du Pérou ; l’exemple à suivre pour tous et qui a marqué ceux qui ont eu le privilège de collaborer avec lui.

Son apport aux connaissances sur la culture Moche a été remarquable, corroboré par  ses nombreuses publications, extrêmement riches et détaillées. Son rôle dans la formation académique a été de même majeur, permettant la constitution d’une nouvelle génération d’archéologues et de guides qualifiés. Nous devons aussi souligner  son implication et sa vision holistique et culturelle de l’archéologie dans cette région du Nord, grâce à l’association de la recherche à la sauvegarde d’un patrimoine exceptionnel, mal connu et délaissé auparavant, et au développement socio-économique et culturel avec la mise en place d’un circuit touristique partant de La Libertad jusqu’à la région de Lambayeque. Ce circuit est aujourd’hui incontournable pour la découverte et la compréhension des civilisations de l’ancien Pérou. Il est d’ailleurs emprunté par des milliers de touristiques étrangers et péruviens.

Santiago Uceda était un passionné de l’histoire et des traditions culturelles de son pays, un infatigable travailleur qui, grâce à son dynamisme et à son sens critique, aura marqué de façon indéniable et inaliénable l’histoire de l’archéologie péruvienne.

Son implication exemplaire, l’immensité de ses connaissances, sa générosité, et sa bonne humeur permanente nous manqueront considérablement.

Crédits photo: Musée du Quai Branly – Jacques Chirac

Santiago Uceda a publié à l’IFEA:  «  Moche: propuestas y perspectivas », en coédition avec Elias Mujica, en 1994 ; il a collaboré à deux publications de Claude Chauchat : « Sitios arqueológicos de la zona de Cupisnique y margen derecha del valle de Chicama » (1998) et « Prehistoria de la costa norte del Perú. El Paijanense de Cupisnique » (2006) et il a aussi publié de nombreux articles au Bulletin de l’Institut Français de Études Andines en 1993, 1995, 1997, 2004, 2006, 2010 et 2015.

Santiago Uceda venait d’organiser en tant que commissaire l’exposition « Pérou, avant les Incas » au Musée du Quai Branly – Jacques Chirac.

[1] Après avoir fait la connaissance de Claude Chauchat  au Pérou, Santiago Uceda a préparé un doctorat de 3e cycle dans son laboratoire, à Bordeaux-1, alors dirigé par François Bordes. Après avoir passé le certificat de Préhistoire et Géologie du Quaternaire, il s’est inscrit en thèse de 3e cycle sur un sujet portant sur la vallée de Casma et a obtenu des fonds pour un séjour de terrain sur place. Moyennant une extension de son sujet au lithique des occupations précéramiques de la vallée, qu’il avait également étudié, sa thèse fut transformée en doctorat Nouveau Régime : ce fut le premier de ces doctorats soutenus en Préhistoire à Bordeaux. Il rentra au Pérou en 1986. Communication personnelle de Claude Chauchat, archéologue au CNRS.

In Memoriam: Santiago Uceda

Par Jean Vacher, ex director del IFEA y Carole Fraresso, arqueóloga experta en arte precolombino.

Con la desaparición de Santiago Uceda, el 14 de enero de 2018, perdemos un gran arqueólogo, un amigo y un colaborador permanente del IFEA.

Desde el inicio de su carrera de arqueólogo, Santiago Uceda entabló y mantuvo relaciones estrechas con Francia. Formado en un master y doctorado de la Universidad de Bordeaux[1], desarrolló desde esa época numerosos programas con colegas franceses y participó activamente de la vida científica y editorial del IFEA,  como investigador, como miembro del comité del Bulletin de l’IFEA y miembro del comité científico « andino » que funcionó a inicios de los años 2010.

Debemos a Santiago Uceda, científico sin par, los más importantes avances arqueológicos de la región norte del Perú. Su implicación continúa y su dinamismo estos últimos 30 años, en colaboración con su colega Ricardo Morales, han conducido al nacimiento y posterior desarrollo excepcional del Programa Arqueológico del sitio de Las Huacas de Moche, que se inició en 1991. Supo acompañar estas remarcables investigaciones con una actividad y una preocupación constantes por la protección y la valorización de los sitios arqueológicos de la costa norte del Perú; ejemplo a seguir por todos y que marcó a quienes tuvieron el privilegio de colaborar con él.

Su aporte en el conocimiento de la cultura Moche ha sido remarcable, corroborado por numerosas publicaciones, extremadamente ricas y detalladas. Su rol en la formación académica ha sido así mismo muy grande, permitiendo la constitución de una nueva generación de arqueólogos y de guías calificados. Debemos también señalar su implicación y su visión holística y cultural de la arqueología en la región Norte, al asociar la investigación y la salvaguardia  de un patrimonio excepcional poco conocido y antes descuidado antes, y al desarrollo socioeconómico y cultural con la puesta en marcha de un circuito turístico que parte desde La Libertad hasta la región Lambayeque. Este circuito es hoy ineludible para el descubrimiento y la comprensión de las civilizaciones del antiguo Perú. Y es además recorrido por miles de turistas extranjeros y peruanos.

Santiago Uceda era un apasionado de la historia y de las tradiciones culturales de su país un infatigable trabajador cuyo dinamismo y sentido crítico característico le permitieron marcar de manera innegable e inalienable la historia de la arqueología peruana.

Su implicación ejemplar, la inmensidad de sus conocimientos, su generosidad y su buen humor permanente nos harán falta considerablemente.

Créditos foto: Museo de Quai Branly – Jacques Chirac

Santiago Uceda ha publicado con el IFEA :  « Moche: propuestas y perspectivas », coedición con Elías Mujica, en 1994 ; ha colaborado en dos publicaciones de Claude Chauchat : « Sitios arqueológicos de la zona de Cupisnique y margen derecha del valle de Chicama » (1998) y « Prehistoria de la costa norte del Perú. El Paijanense de Cupisnique » (2006) y también ha publicado numerosos artículos en Bulletin de l’Institut Français de Études Andines durante los años 1993, 1995, 1997, 2004, 2006, 2010 y 2015.

Santiago Uceda acababa de organizar, como curador la exposición « Perú, antes de los Incas » en el Museo de Quai Branly – Jacques Chirac.

[1] Después de conocer a Claude Chauchat  en el Perú, Santiago Uceda preparó un doctorado de 3er ciclo en su laboratorio en Bordeaux-1, entonces dirigido por François Bordes. Después de pasar el certificado de Prehistoria y Geología del Cuaternario, se inscribió en tesis de 3er ciclo sobre un tema relacionado al valle de Casma y obtuvo fondos para una visita de terreno en el campo. Mediante una ampliación de su tema al lítico de las ocupaciones pre-cerámicas del valle, que había estudiado igualmente, su tesis fue transformada en un doctorado de Nuevo Régimen: ese fue el primero de aquellos doctorados sustentados en Prehistoria en Bordeaux. Regresó a Perú en 1986. Comunicación personal de Claude Chauchat, arqueólogo del CNRS.

Resultados de la selección de becas andinas y de la Beca Brignardello

INSTITUTO FRANCÉS DE ESTUDIOS ANDINOS – IFEA –18 de abril de 2018

Sobre los resultados de nuestra convocatoria 2018:

Recibimos un total de 40 expedientes de candidatura para las becas «investigadores confirmados», 81 expedientes de candidatura paras las becas «jóvenes investigadores» y 3 expedientes de candidatura para la beca Carlos Brignardello. 13 investigadores participaron de la evaluación.

Los criterios principales de esta evaluación fueron la calidad del expediente científico (interés del tema, claridad de la problemática, capacidad de situar el proyecto en el contexto de las investigaciones científicas contemporáneas y originalidad), la factibilidad del proyecto (claridad del método, experiencia y formación del candidato o candidata, accesibilidad de las fuentes) los aportes previsibles para los ejes de investigación del IFEA, el compromiso de los asesores en el caso de los jóvenes nvestigadores.

Una primera fase de evaluación, relacionada a la coherencia general del proyecto, conllevó a una selección de 8 expedientes para los investigadores confirmados, 27 para los jóvenes investigadores, 2 para la beca Brignardello. Ello demuestra el buen nivel general de los expedientes presentados y el carácter a menudo interesante y pertinente de sus temas.

Una 2da evaluación, puesta en marcha con el apoyo de especialistas de las disciplinas concernientes, permitió escoger los expedientes que cumplen mejor todos los criterios.

Los expedientes seleccionados están detallados en los siguientes links:

Para becas Andinas: http://www.ifea.org.pe/becas/andinas/

Para becas Brignardello: http://www.ifea.org.pe/becas/carlos-brignardello/

 

Appel à communication :  Journée des Bolivianistes 2018

Suite au succès des deux précédentes Journées des Bolivianistes, qui se sont déroulées en 2016 et en 2017, le Centre de Recherches sur l’Action Locale (CERAL EA-3968), l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité ainsi que l’Institut Français d’Études Andines (IFEA) ont le plaisir d’organiser la Journée des Bolivianistes 2018, qui se déroulera le jeudi 7 juin 2018 et aura pour thème :

« Quelles perspectives pour l’État plurinational de Bolivie ? »

Les propositions de communication, en espagnol ou en français, ne doivent pas faire plus de 4000 signes. Elles doivent être renvoyées avant le lundi 16 avril 2018 aux adresses mails suivantes : victor.audubert@univ-paris13.fr et jean-rene.garcia@academie-sciences.fr
Elles seront examinées par le comité scientifique, qui rendra sa décision début mai. Les
communications présentées durant cette journée d’étude pourront faire l’objet d’une publication.

Comité scientifique

Coordinateur :
– Jean-René Garcia (Vice-Doyen de l’UFR Droit, Sciences Politiques et Sociales de
l’Université Paris 13-Sorbonne Paris Cité, Professeur des Universités associé en droit
public, HDR en droit, HDR en sciences politiques, HDR en philosophie).

Membres :
– Victor Audubert (Doctorant en droit public, Université Paris 13)
– Philippe Boulanger (Docteur en droit public)
– Nicolas Clinchamps (Maître de conférence-HDR en droit public, Université Paris 13)
– Christine Delfour (Professeur des universités en sciences politiques, Université ParisEst Marne-la-Vallée)
– Morgan Donot (Docteure en sciences politiques, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle)
– Renée Fregosi (Maître de conférence-HDR en sciences politiques, Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle)
– Franck Laffaille (Professeur des universités en droit public, Université Paris 13)
– Diego Landivar (Docteur en sciences économiques, Université d’Auvergne)
– Jean-Jacques Ménuret (Maître de conférence en droit public, Université Paris 13)
– Antoine Pécoud (Professeur des universités en sociologie, Université Paris 13)
– Sebastián Urioste (Docteur en sciences politiques, IEP de Paris)
– Nelson Vallejo-Gomez (Docteur en philosophie, GRECOL-ALC, FMSH)
– Patrice Vermeren (Professeur des universités en philosophie, Université Paris 8)

Comité d’organisation
– Victor Audubert (Doctorant en droit public, Université Paris 13)
– Élise Gadea (Doctorante en anthropologie, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle – IFEA)

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El Perú en el siglo XIX : perspectivas de estudio

Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA

Presentación de Patricio Alvarado Luna (PUCP/ IFEA) y Ronald Elward (UNMSM)

 “Marchas, contramarchas, derrotas y victorias: el ejército realista bajo el mando de José Manuel de Goyeneche y Joaquín de la Pezuela, 1809-1816” (Patricio Alvarado Luna)

El viernes 23 de febrero del 2018, Patricio Alvarado Luna presentó una parte de su tesis de maestría en Historia (PUCP/becario IFEA 2017), que analiza los efectos y configuraciones geopolíticas originadas por las acciones del ejército realista, comandado por Goyeneche y Pezuela, durante las guerras de independencia (1809-1816). La concepción del espacio geográfico, tanto en la etapa final de la época colonial como en la construcción de narrativas históricas en el presente, corresponde a uno de los principales intereses de este investigador. La historia nacional y tradicional ha tendido a construirse en espacios territoriales determinados por la soberanía del Perú actual. Sin embargo, esta óptica puede limitar el entendimiento del alcance de ciertos procesos históricos. En este caso en particular, el proceso revolucionario y contrarrevolucionario acontecido en el Alto Perú es un suceso que involucra no solamente a Bolivia, sino también al Perú. Es así como la investigación de Alvarado pretende unir y entrar en diálogo con otras narrativas históricas mediante la corriente historiográfica de “historias conectadas”, y así superar percepciones centralistas que son características de la historiografía tradicional.

Las fuentes que maneja el historiador se dividen entre oficiales y privadas. Las primeras corresponden principalmente a material oficial como memorias de gobierno y documentación estatal. Esta fuente de información es valiosa al mostrar la postura de la administración virreinal en torno al proceso independentista. Sin embargo, esta fuente tiene sus límites y sesgos, por lo que es necesario cotejar con otro tipo de información. Es en ese sentido que la información documental de carácter privado es vital. Entre las cartas personales y bandos se puede obtener información complementaria e íntima, debido a su carácter privado. Asimismo, la gran colección documental que Alvarado consultó y recopiló provino de distintos archivos, tanto de Sudamérica como Europa. El Archivo General de la Nación de Perú, el Archivo Nacional de Bolivia, y el Archivo General de Indias, así como el Archivo de Simancas, estos dos últimos en España.

La crisis de la monarquía española en 1808, con la abdicación de Fernando VII, permitió la aparición del fenómeno “juntista” en América. La búsqueda de estas regiones por autonomía y soberanía, pero sin separación del imperio español. Este hecho produjo una pugna de poder entre quienes se mantenían fieles al depuesto rey español y los que apoyaban a Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y pretendiente a la regencia de España. Estas rencillas escalaron en violencia en el Alto Perú, así que el virrey del Perú, Abascal, decidió mandar al presidente de la Audiencia del Cuzco, Goyeneche, para acabar con este accionar. Según Abascal, era necesario que sea Goyeneche ya que el mensaje que quería transmitir era que un americano estaba llevando a cabo la contrarrevolución. Una manera de manifestar la fidelidad de los americanos a la monarquía española.

Jose Manuel de Goyeneche

El mando de Goyeneche sobre el ejército realista del Alto Perú eventualmente iba a terminar. En 1813, a partir de problemas y presiones internas, iba a ser reemplazado por el peninsular Pezuela. El nuevo jefe del ejército se preocupó, a diferencia de Goyeneche en conocer la geografía y la población de la región. Buscó identificar las motivaciones que dirigió a los habitantes del Alto Perú en adherirse a la causa insurgente. Con este reconocimiento del territorio, Pezuela logró tener más éxito en las campañas militares. Es así como hacia 1816, las corrientes independentistas que provenían de Argentina decidieron incursionar al Perú por Chile en vez de Bolivia.

En este periodo la población del Alto Perú se encuentra halada por diferentes frentes: independentistas y realistas. El contacto de los altos mandos del ejército de ambos bandos con las comunidades y autoridades locales es clave para entender no solamente el derrotero de las guerras de independencia, sino las dinámicas sociales entre la élite y los sectores populares en dicha región. El cambio de mando entre Goyeneche y Pezuela muestra un claro indicio de lo vital que resultaba hacer un reconocimiento territorial, tanto para fines estratégicos como para prevenir que la causa insurgente crezca.

Las preguntas realizadas al investigador se centraron en las fuentes y metodología. Arthur Morenas preguntó sobre sobre los problemas qué podría enfrentar el investigador a la documentación histórica en archivos. Alvarado respondió que dependía del tipo de fuente y del archivo en cuestión. En su experiencia, los archivos que visitó para su investigación brindaron una atención rápida y óptima. Posiblemente uno de los inconvenientes que podría aparecer es que no todos los materiales tienen una copia, más aún si son privados. Así que, si alguien más está consultando dicho documento, podría ser un problema. Afortunadamente, la digitalización de materiales históricos es una iniciativa que está generalizándose cada vez más. Asimismo, Raúl Alencar preguntó sobre los materiales que provienen de los sectores populares. En esta época, la documentación existente proviene mayoritariamente de las élites. Alvarado finaliza que llegó a consultar información de carácter judicial y penal, pero la dificultad de rescatar la voz de los sectores populares en dicho tiempo todavía es problemática.

“La élite indígena cusqueña durante el siglo XIX (1781-1896)”(Ronald Edward)

Ronald Edward realizó la presentación de su tema de maestría en Historia (UNMSM). Esta se centra en el análisis de la asimilación y resistencia cultural de la élite indígena cuzqueña en la transición de colonia a república (1781-1896). Edward expresa que la historiografía sobre los remanentes de esta élite es mínima. Es natural caer en la concepción errónea que luego de la independencia estos personajes desaparecieron, dado que su rol dentro de la élite social republicana quedó silenciado. La hipótesis que maneja el investigador es que este grupo no desapareció, sino que migró a otros poblados para mantener su vigencia. Mientras que la ciudad del Cuzco comenzó un proceso de “acriollamiento” en las esferas de poder luego de la independencia, los remanentes de la élite cuzqueña tuvieron que trasladarse a las localidades rurales de San Jerónimo y San Sebastián, donde siguieron ejerciendo cargos administrativos incluso durante la última parte del siglo XX.

Presentación de Ronald Eldward (Foto L. Miramont)

Para poder rastrear y determinar esta hipótesis, Edward realizó una investigación de carácter cualitativo y cuantitativo. Mediante la consulta de fuentes documentales como oficios, censos políticos, propiedades y biografías logró determinar la transformación de la participación política de esta élite. De las 88 familias que logró rastrear, 2/3 de ellas tuvieron individuos que ejercieron el cargo de cacique entre 1781-1812. Asimismo, cinco individuos de estas familias fueron elegidos electores parroquiales para la junta de gobierno en Cádiz (1812-1814). Durante la etapa inicial de la república, 1824-1854, los miembros de esta élite comenzaron a ser poco a poco desplazados. Varios miembros en la transición pertenecieron al colegio electoral, así como también fueron alcaldes y recaudadores de tributo. Sin embargo, en el transcurrir de los años la participación de ellos en las altas esferas de poder disminuiría. En la segunda parte del siglo XIX, pocos remanentes de esta élite indígena todavía permanecen en la ciudad del Cuzco. El resto se trasladó a los pueblos de San Jerónimo y San Sebastián, donde cumplirían un rol dirigente durante los siguientes 100 años.

Complementando a la información de archivo, Edward tuvo la oportunidad de entrevistar a los descendientes de estas familias que todavía viven en dichas localidades. A partir de estos contactos logró determinar de qué manera este grupo social se percibe. La identidad que ellos proclaman es inca, y esto les da legitimidad en sus poblados. En la actualidad, el respeto hacia estas familias proviene de una tradición establecida a fines del siglo XIX, pero inicialmente el reconocimiento hacia este grupo social provenía de su pasado prehispánico. Otra muestra de la adaptación de esta población es que en ese momento comenzaron a funcionar ayllus en esas localidades, en contraste con el Cuzco. Persiste en ellos la idea de haber sido vencidos, pero no se consideran subordinados.

Posteriormente surgieron preguntas sobre la exposición de Edward. La primera interrogante fue cómo se desarrolló el proceso de trabajo. El investigador explicó que tardó unos 5 años en lograr copilar la información que extrajo de los cabildos, protocolos notariales y libros parroquiales. El punto principal era determinar quién era quién, para así poder clasificar a los sujetos de estudio. Además, documentación como nacimientos, defunciones y testamentos fueron vitales para relacionar y armar los integrantes de las familias cuzqueñas. La siguiente pregunta fue cómo las familias en San Jerónimo y San Sebastián todavía mantienen un poder administrativo y representativo en las comunidades. Edward responde que principalmente mediante la tradición y liderazgo de estas familias, desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, han logrado posicionarse en estas comunidades porque han sido servido los intereses de la población. Así que hay una tradición forjada y que, además, es legitimada por su pasado incaico.

Reseña redactada por Raúl Alencar (PUCP)

Cafés Scientifiques en Equateur

Par Anne-Gaël Bilhaut

Depuis janvier 2018, l’IFEA, l’Institut Français de recherche pour le développement (IRD) et l’Alliance Française de Quito ont lancé une série mensuelle d’événements dans le cadre du « Mardi de la connaissance ».

Les cafés scientifiques à Quito ont pour objectif de présenter des questions précises  en SHS et de provoquer des débats et des discussions avec des experts en la matière et cela dans une atmosphère culturelle ouverte/décontractée. Après une courte présentation sur un sujet précis, le public est invité à débattre avec l’exposant.

Des sujets très divers ont été abordés tels que les tremblements de terre et les volcans, la puissance dans la mondialisation et les rêves en l’Amazonie.

Janvier: ¿Qué tan tóxicos son nuestros platos? (Dra. Laurence Maurice, chercheuse à l’IRD)

Février: El sentido de los sueños (Dr. Iván Sandoval Carrión)

Mars:  Soñar en la Amazonía. Antropología de la noche de los Záparas (Anne-Gaël Bilhaut, anthropologue de l’IFEA et Manari Ushigua, représentante du peuple Zapara)

PENSÉES INFLUENTES

La recherche française en sciences humaines et sociales à l’étranger

Évelyne Mesclier, Directrice de l’IFEA, a participé à une journée d’échanges sur la recherche française en Sciences humaines et sociales à l’étranger. L’évènement intitulé « Pensées influentes, la recherche française en sciences humaines et sociales à l’étranger » fut organisé le 14 mars 2018, de façon conjointe, par Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) et le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS).

Ce fut l’occasion de faire découvrir au grand public les différentes facettes de la diplomatie scientifique à travers le monde, en présentant le réseau des instituts de recherche en sciences humaines et sociales, les UMIFRE.

Deux moments ont marqué le rendez-vous: d’abord le dialogue entre les chercheurs et les diplomates sur des enjeux actuels (migrations Afrique/Europe, gouvernance d’Internet en Asie, lutte contre le trafic de bien culturels au Moyen-Orient, etc.) et ensuite un débat nourri d’approches croisées sur la radicalisation  dans le monde.

Vidéo sur la réseaux des IFRES:

Présentation du livre : Archéométrie études analytiques des matériaux archéologiques

Le 11 mars, a été présenté à Lima le livre : « Archéométrie études analytiques des matériaux archéologiques » une coédition de l’Institut Français d’Etudes Andines (IFEA), l’Université Bordeaux Montaigne (France) et l’Université de Tarapacá (Chili).  La publication compile différentes techniques de l’archéométrie élémentaires, moléculaires, de datation et d’exploration, ainsi que des études de cas originales, qui sont présentés pour la première fois en espagnol afin d’être accessible aux étudiants et chercheurs américanistes.

Les commentateurs étaient deux spécialistes reconnus: Denise Pozzi-Escot, archéologue péruvienne, directrice du Musée du site de Pachacamac et Christophe Moulherat, directeur des collections au Musée du Quai Branly – Jacques Chirac (Paris, France).  En plus de souligner l’importance de la publication et de citer certains parties de ses chapitres Denise et Christophe ont présenté les progrès que les techniques archéométriques ont permis de réaliser dans leurs centres de travail respectifs.

Vidéoconférence avec Rémy Chapoulie (Crédits photo: K. PACHECO)

Deux coéditeurs de la publication étaient également présents : Rémy Chapoulie, professeur de l’Université Bordeaux Montaigne, qui a participé grâce à une vidéoconférence depuis la France, et Marcela Sepúlveda chercheuse du Laboratoire d’Analyse des Recherche Archéométrique  (LAIA) de la Université de Tarapacá (Chili).

Sont également coéditeurs Nino Del-Solar-Velarde,  archéologue du ministère de la culture et Véronique Wright, ancienne chercheuse associée à l’IFEA, qui partagent les crédits avec renommés chercheurs archéologues, physiciens, chimistes, biologistes et géographes de l’Argentine, le Brésil, le Chili, les Etats-Unis, la France, le Mexique et le Pérou.

Denise Pozzi-Escot, Marcela Sepúlveda et Christophe Moulherat (Crédits photo: K. Pacheco)

 

Yápankam: Ekuarturnumia Uunt Kanusa tserérini ichípsar unuímiattai chichame

Aénts Unuímiattai nuyá Chicham Unuímiattai Yajayá Aéntsjai Mash Irunturar Aújmateamu

Warínkish Utuámpra Surutai Sevilla Don Bosco-nam (Muruna Santiaknum, Ekuaturnum)

19 nuyá 21-tin tuntiák nantutin uwí 2018-tin najánnattawai.

 

Jú irúnmanumka mash aénts yá wakera nu mash kaúnkartí timiaiti, júnaka Kar Atamaint, Anne-Gaël Bilhaut, Marcelino Chumpi, Grégory Deshoullière nuyá Shuar Juákmararu nútiksank Tarímiat Aéntsun Chichatairin, Nekátaitin nuyá Nekákmari Chichamprin IICSAE chichampruiniawai.

Jú tuámun enéntaikia nekaska uunt unuímiatainiam pujuínia, niinki unuímiatin turá shuar nuyá achuar unuímiau pénker tuákar inkiúrar, yajayá aénts ii pujutairin nuyá ii nunké urúkuit nu aarman iis shiir aújmatsarmi timiaiti. Nútiksarik ukúnmaisha tárimiat aénts Uunt Kanusnum pujuíniajaish itiúrak iruntrar yaíniaikimiait tiri juka enentaichush enentaimtusmaiti.

Aénts ipiáwarma jú aíniawai: Jaime Vargas, Santiago Utitiaj, Marlon Vargas, Philippe Descola, Anne-Christine Taylor, Carmen Martínez Novo, Maurizio Gnerre, tura chíkich aéntsush taartatui. Aénts núkap júna asumpruinia kaúnkarat tusar nákameaji (Ii nunkeya, Uunt yaatkanmaya, Ekuaturnumia nuyá Yajá nunkánmayá).

Juí papiinium enkemaarum iistarum tusar ipiámaji https://yapankam.wordpress.com/ turá nuínchuka juní enkemaarum anújmamkatarum, kuítchaiti juí.