40º Feria del libro Ricardo Palma

El IFEA participó de la  Feria Internacional Ricardo Palma realizada en el Parque Kennedy de Miraflores, Lima. Presentamos a continuación algunas imágenes del Stand del IFEA.  

L’IFEA a participé à la Foire Internationale Ricardo Palma qui s’est tenue dans le parc des Kennedy de Miraflores,  Lima.  Voici quelques images du stand de l’IFEA.

Photos : K. Pacheco (IFEA)

FORO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA PERÚ – FRANCIA

Saberes autóctonos, ciencias naturales y ciencias sociales: Nuevas perspectivas sobre el cambio climático en la Amazonía

Lugar: Auditorio Maes Heller (Universidad del Pacífico)

Cambio climático y cambios en el bosque amazónico: nuevas perspectivas sobre la conectividad hidroclimática entre la Amazonía y los Andes tropicales
Conferencia de Jhan Carlo Espinoza (IRD)
Panelistas:
• Daniel De La Torre Ugarte Pierrend (Universidad del Pacífico)
• Manuel Glave Testino (GRADE, PUCP)
• Fey Yamina Silva Vidal (IGP)
Moderador: Benjamín Marticorena Castillo (CONCYTEC)

Saberes autóctonos y desarrollo sostenible
Conferencia de Mina Kleiche-Dray (IRD)
Panelistas:
• Raphaël Colliaux (IFEA)
• Óscar Alberto Espinosa de Rivero (PUCP)
• Frederica Barclay Rey de Castro (EQUIDAD)
Moderador: Benjamín Marticorena Castillo (CONCYTEC)

Diálogo ciencias y políticas
Resumen temas principales Panel 1 y Panel 2: Benjamín Marticorena Castillo (CONCYTEC)
Panelistas:
• Elsa Galarza Contreras (Universidad del Pacífico)
• Francisco Santa Cruz Castello (PNUD)
• Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga Guzmán(SERFOR)

Organizan: CONCYTEC, IRD, Universidad del Pacífico, IFEA, Embajada de Francia en el Perú

INGRESO LIBRE PREVIA INSCRIPCIÓN (aforo limitado – llevar DNI) link de inscripción

Descargar programa

CONVOCATORIA JJA 2020

Desde su creación en 2008, las Jornadas de los Jóvenes Americanistas (JJA) tienen un doble objetivo: contribuir a poner en relación a jóvenes investigadores que trabajan sobre América Latina y constituir así una comunidad científica en el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales.

Al promover el diálogo entre jóvenes investigadores de diversas disciplinas, instituciones académicas y procedencias, especializados en diferentes periodos y áreas geográficas, las Jornadas potencian la confrontación de enfoques, métodos de análisis y herramientas hermenéuticas.
Para su undécima edición, que tendrá lugar en Ciudad de México (18-20 de junio) y en Madrid (18-19 de junio), los organizadores de las JJA proponen una convocatoria centrada en las “Circulaciones de saberes y relaciones de poder (de la época prehispánica a nuestros días)”.

En Ciudad de México, las Jornadas se desarrollarán en el marco de un taller y vendrán precedidas de un coloquio internacional titulado “Agarrar el siglo XX por el cuello. Mitologías europeas y estados del mundo: un balance”, del 15 al 17 de junio. La inscripción a las JJA en México presupone la asistencia al coloquio.

Organizan:

  • Instituto Francés de Estudios Andinos (UMIFRE 17, USR 3337, Lima)
  • Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (UMIFRE 16, USR 3337, México)
  • École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)
  • Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, Madrid)
  • Institut des Amériques (IDA)

Con el apoyo de: Instituto Francés de América Latina (IFAL)

Descargar convocatoria 2020 // Formulario de inscripción

Fecha límite de inscripción: viernes 31 de enero de 2020 (10h – hora de México / 17h – hora de Madrid)

 

Convocatoria de becas 2020

Destinadas a beneficiar a estudiantes de maestría y doctorado e investigadores en ciencias sociales y humanas, las becas del Instituto Francés de Estudios Andinos, han contribuido al desarrollo de la investigación en la región andina desde su puesta en marcha en el año 1998.

El IFEA propone tres tipos de becas:

  • Las becas andinas dirigidas a investigadores pertenecientes a los países en los que el IFEA desarrolla sus actividades: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Se proponen dos tipos: el primero dirigido a investigadores confirmados (pertenecientes a una institución o que ejerzan la docencia) y el segundo para jóvenes investigadores (en último año de maestría o doctorado).
  • Las becas Aides à la mobilité con el fin de facilitar el desplazamiento para el trabajo de campo hacia la región andina de estudiantes franceses y/o europeos (a condición de que sean francófonos e inscritos en una universidad francesa)
  • La beca Carlos Brignardello, destinada a contribuir en la formación de jóvenes arqueólogos peruanos, franceses y/o europeos (a condición de que sean francófonos e inscritos en una universidad francesa). Esta beca nace para contribuir a perpetuar la memoria y las investigaciones de Carlos Brignardello benefactor del IFEA y apasionado de la Arqueología.

La convocatoria completa, los formularios para la postulación pueden consultarse en la página web del IFEA:  www.ifea.org.pe/convocatorias

Para dudas o consultas particulares acudir al correo: bourses.ifea@gmail.com

 

Fecha límite de postulación: 20 de enero de 2020

El científico, la corrupción y la política[1]

Por Arthur Morenas, coordinador del polo andino del Institut des Amériques (IDA) en Lima 

Nosotros estimaríamos que nuestras investigaciones no merecen una hora de pena si tuvieran solo un interés especulativo. Si separamos, con precaución, los problemas teóricos de los problemas prácticos, no es para descuidar estos últimos: es, al contrario, para ponernos en condición de resolverlos mejor” (Durkheim, 2013 [1893]: Prefacio a la primera edición. Traducción propia).

Las crisis políticas y la multiplicación de los escándalos de corrupción en varios países de América Latina dan, para los científicos sociales, una relevancia particular a las palabras de Emile Durkheim. ¿Cómo hacer ciencia y valorizar sus aportes en contextos de fuertes exigencias sociales?

En el Perú, el escándalo Lava Jato tuvo como principal consecuencia la renuncia del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, así como un intenso debate sobre la necesidad de una reforma política. Recientemente, el actual presidente, Martín Vizcarra (quien asumió como vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski el mandato presidencial después de la renuncia de este), anunció su intención de adelantar las elecciones generales para el 2020. En el marco de este debate, los científicos sociales están en primera fila. La creación, a fines del 2018, de una “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política”, conformada por universitarios[2], lo ilustra con claridad. Esta comisión fue creada por el Poder Ejecutivo, en el marco de una abierta lucha contra la corrupción, con el fin de recibir propuestas para la reforma política y legitimarla científicamente. Otro ejemplo es el intento de institucionalizar un colegio de politólogos para organizar la “profesión” de politólogo[3]. Esta iniciativa provenía del Congreso de la República, cuya mayoría (el fujimorismo y el partido aprista) rechaza en gran parte las propuestas del Ejecutivo en materia de reforma política (por ejemplo, la propuesta de no reelección inmediata de los congresistas). La creación de dicho colegio habría significado la implementación de requisitos estrictos para poder ejercer la “profesión” de politólogo, lo que implicaba un control sobre las personas “profesionalmente calificadas” para opinar sobre la reforma política[4]. Si se hubieran aplicado a la “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política” los mismos requisitos que se querían imponer para colegiarse, varios de sus miembros no habrían podido participar[5]. De hecho, en el Perú, salvo algunas excepciones, la carrera de Ciencias Políticas con grados de bachillerato y licenciatura son recientes (años 2000). Sin embargo, el criterio principal para entrar al colegio de politólogos era la realización de estudios de Ciencias Políticas en pregrado y la obtención de la licenciatura, excluyendo así a sociólogos, historiadores, antropólogos… que trabajan temas políticos o han realizado maestrías o doctorados en dicha disciplina (como era el caso de varios miembros de la “Comisión de Alto Nivel”).

Estas cuestiones hacen recordar la manera como grupos profesionales y sociales utilizaron herramientas y legitimidad científica para inscribirse en las luchas para la construcción de los Estados latinoamericanos (y sus políticas) (Dezalay & Garth, 2002; Oré & Rap, 2009). Los momentos de crisis son propicios para estas estrategias, ya que las exigencias sociales son fuertes, y las estructuras de regulación social y política están debilitadas. Según estas exigencias, los politólogos y los científicos sociales tendrían que ser los “doctores” de la democracia a la imagen de los “money doctors” que se dedicaron a “salvar” las economías latinoamericanas a partir de finales del siglo XIX (Drake, 1994). A nuestro parecer, esta situación puede llevar a dos riesgos. Primero, y el intento de creación del colegio de politólogos lo muestra con cierta claridad, la tentación de independizar la ciencia política de las otras ciencias sociales (como ocurrió en cierta medida con la economía) (Heredia, 2015), privándola de valiosos aportes[6]. Segundo, el riesgo de entrar en el debate científico usando las categorías forjadas en las esferas políticas (u otras). Sin embargo, como nos lo recuerda la frase de Durkheim: para que los trabajos científicos tengan un verdadero interés para comprender y resolver problemas, es necesario mantener cierta distancia con las categorías comúnmente empleadas. Usando estas perspectivas, los trabajos científicos pueden tener verdaderos aportes. A continuación, recordamos algunas perspectivas forjadas desde las Ciencias Sociales, que recuerdan a la vez la importancia de trabajos empíricos profundizados y los aportes desde sus diferentes ramas.

 

Estudiar la corrupción: las prácticas y la categorización

Camille Goirand, en el marco de las conferencias que brindó durante la décima edición de las Jornadas de Jóvenes Americanistas organizadas en La Paz por el IFEA[7], recordó que las categorías “clientelismo” o “corrupción” abarcan muchas veces una serie de prácticas que tienen poco que ver entre ellas. Estas categorías no son neutras. Por lo tanto, es necesario identificar lo que se suele considerar, en un espacio social y político específico, como “corrupción” y los juegos de poder que existen para el uso legítimo de esta categoría. Usando el caso brasileño, recordó que los recientes escándalos de corrupción “Lava Jato” fueron aprovechados por grupos políticos y sociales para derrocar al gobierno, cuando estos mismos grupos afrontaban también graves acusaciones de malversaciones y sobornos. Dicho esto, no se trata de buscar culpar o exculpar a grupos políticos, sino más bien de identificar el trabajo de estos agentes sociales y políticos para orientar la categorización de ciertas prácticas como “corruptas” (y al mismo tiempo normalizar y legitimar ciertas prácticas, que en otros contextos sociales podrían ser consideradas como tales). Poner la mirada sobre este trabajo de “encuadre”[8] es un aporte valioso de las Ciencias Sociales: son herramientas para entender la manera como se estructura el poder, las visiones y estrategias que se usan para legitimar o deslegitimar ciertas prácticas, etc.

En el Perú, si bien siempre existieron acusaciones contra gobernantes a nivel nacional, en estos últimos años la atención se había centrado en asuntos locales y regionales[9]. El caso probablemente más emblemático ha sido “La Centralita”, en 2014, en el que se acusó al entonces presidente del gobierno regional de Áncash de utilizar una red de espionaje y presión contra opositores políticos y de haberse beneficiado de coimas en proyectos de obras públicas. A inicios de 2016, la Contraloría General de la República, órgano encargado del control del uso de los recursos públicos, informaba que 11 de los 24 gobernadores regionales en cargo entre 2011 y 2014 tienen denuncias penales, de los cuales 5, en ese entonces, eran prófugos o se encontraban bajo prisión preventiva[10]. Lo que sobresale hoy en día en el marco del escándalo Lava Jato es la formalización, penal, de acusaciones de corrupción en contra de altas autoridades políticas y administrativas del país. Estas revelaciones agudizaron la crisis política que conoce el Perú desde los años 2000, y en este contexto la lucha contra la corrupción constituye hoy en día un capital político, que hasta ahora era movilizado esencialmente por los partidos de izquierda, con un éxito relativo. Por lo tanto, estudiar cuáles son los grupos que intentan aprovechar este capital político (o deslegitimarlo), sus estrategias y su posición en el poder nacional permite contextualizar y situar la actual crisis política y acercarse a las prácticas concretas del poder en el Perú.

 

Prácticas del poder en el Perú

No obstante, la crisis política en el Perú tiene raíces más profundas y no se le puede reducir a los escándalos de corrupción. Por eso es aún más relevante interesarse por las prácticas del poder (político, económico, estatal, etc.). Retomando las ideas de Alberto Vergara, la crisis política en el Perú radica, al menos en parte, en el sentimiento de que “ir a votar parece cada vez más una pantomima sin consecuencias” (Vergara, 2012: 1). Esta ausencia de “alternativa”, el autor la relaciona con el auge, en el Estado peruano, de un grupo de tecnócratas quienes “han sido formados en un habitus impregnado de unos principios, prácticas y políticas chorreados desde el MEF y los organismos internacionales” (Vergara, 2012: 3). Por lo tanto, la manera con la cual se organizó este sistema institucional debe interesar al científico social. Recientemente, los trabajos sobre el caso peruano se han dividido en dos enfoques, a veces opuestos, entre la visión de un Estado “capturado” (Cabtree & Durand, 2017) por los grupos económicos y la presentación de una burocracia independiente, que no se deja influenciar por el sector privado u organismos internacionales (Dargent, 2012). Mas allá de un debate sobre el grado de independencia formal de estos “tecnócratas”, cuyo mérito es llevar la atención hacia las prácticas concretas del poder, nos parece central entender cómo se institucionalizó y estructuró este nuevo aparato estatal. Esto conduce a interesarse no solamente por la estructura burocrática, sino también por el origen social de estos grupos, el peso de las universidades públicas y privadas, los recursos necesarios para poder acceder a los principales puestos de responsabilidad etc.

Por ejemplo, volviendo a una escala “local”, el trabajo de Álvaro Galvez (2017) muestra con bastante interés el auge de los “perfileros” o “emprendedores del Estado” en relación con la elaboración e implementación de los proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP, reemplazado en 2017 por el sistema InvertePe). El autor describe un sistema, que podría parecer paradójico, en el cual la “mejor” manera de trabajar para el Estado, a nivel local, es siendo un consultor privado dedicado a la elaboración de proyectos de inversión pública. Esta “confusión” entre intereses públicos y privados lleva, en algunos contextos, a la caracterización de actos de corrupción. Pero la paradoja descrita por el autor va más allá de una confusión de intereses en la implementación de proyectos de inversión pública: a nivel local, las características y los recursos legítimos para poder ingresar en el “sector público” son, en gran parte, características y recursos provenientes del sector privado. Si bien, durante varios años, estas características eran poco cuestionadas, hoy en día la multiplicación de los escándalos de corrupción cambia este escenario. Actualmente, la analogía con el nivel nacional es evidente: aunque las acusaciones de “lobbyismo” no son nuevas, estas prácticas son puestas en tela de juicio.

En algunas palabras, y para concluir, la(s) crisis política(s) nos enseña(n) lo necesarias que son las Ciencias Sociales, en su conjunto, para la sociedad, pero también la necesidad de darles cierta autonomía en la construcción de sus cuestionamientos. No se trata, no obstante, de postular la independencia total del científico social en relación con las dinámicas sociales y políticas, pero sí recordar la importancia de ofrecer condiciones de trabajo que le permitan forjar sus problemáticas con cierta independencia[11], no para mantenerse alejados de la sociedad, sino para ofrecer nuevas miradas y enfoques y salir del monopolio que tienen ciertos grupos (políticos, periodísticos o económicos) en la construcción de las problemáticas y debates públicos.

 

Referencias citadas

CRABTREE, J. & DURAND, F., 2017 – Perú: élites del poder y captura política, 201 pp.; Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

DARGENT, E., 2012 – Technocracy under democracy: assessing the political autonomy of experts in latin america; Austin: The University of Texas at Austin. Tesis de doctorado (Ciencia política)

DEZALAY, Y. & GARTH, B., 2002 – La internacionalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transformar los Estados latinoamericanos, 390 pp.; Bogotá: Inst. Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.

DRAKE, P. W. (ed.), 1994 – Money doctors, foreign debts, and economic reforms in Latin America from the 1890s to the present, xxxiii + 270 pp.; Wilmington, Del.: SR Books.

DURKHEIM, É., 2013 [1893] – De la division du travail social; París: Presses Universitaires de France.

GÁLVEZ, Á., 2017 – Emprendedores del Estado: el Sistema Nacional de Inversión Pública y el surgimiento de los “perfileros” en los gobiernos locales. In: Burócratas y tecnócratas. La infructuosa búsqueda de la eficiencia empresarial en el Estado peruano del siglo XXI (Á. Gálvez & Á. Grompone Velásquez, eds.):  19-96; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

HEREDIA, M., 2015 – Cuando los economistas alcanzaron el poder: o cómo se gestó la confianza en los expertos, 299 pp.; Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

MUÑOZ, P. & GUIBERT, Y., 2016 – Perú: El fin del optimismo. Revista de ciencia política, 36 (1): 313-338.

ORÉ, M. T. & RAP, E., 2009 – Políticas neoliberales de agua en el Perú. Antecedentes y entretelones de la ley de recursos hídricos. Debates en Sociología, 34: 32-66.

QUIROZ, A. W., 2013 – Historia de la corrupción en el Perú, 486 pp.; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

VERGARA, A., 2012 – Alternancia sin alternativa.  ¿Un año de Humala o veinte años de un sistema? Revista Argumentos, 6 (3): 1-13.

 

[1] Título libremente inspirado de la traducción francesa del libro de Max Weber, La política como vocación, 1919 (Le savant et la politique).

[2] Disponible en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300957/Comisi%C3%B3n_Informe_Completo-compressed_compressed.pdf

[3] Por el momento, la ley de creación del Colegio de Politólogos ha sido observada por el Poder Ejecutivo, el cual la juzgó inconstitucional.

[4] Aunque es probable que este control hubiera sido relativo. Los colegios profesionales en el Perú tienen cierta importancia en el ejercicio de las profesiones (abogado, arquitecto, entre otros). No obstante, algunas carreras emblemáticas, con bastante peso en la función pública, tienen vínculos relativamente débiles con los colegios profesionales. El caso más evidente es el del Colegio de Economistas, al cual no pertenecían varios de quienes habían sido ministros de Economía.

[5] Maria Alejandra Campos, «El inútil colegio de politólogos», El Comercio (16 de mayo de 2019). Disponible en https://elcomercio.pe/politica/inutil-colegio-politologos-maria-alejandra-campos-noticia-635744

[6] Cabe mencionar que uno de los clásicos de los estudios sobre corrupción en el Perú es fruto del trabajo del historiador Alonso W. Quiroz (2013).

[7] Junto con el CEMCA, la UMSA, la Embajada de Francia en Bolivia y el IDA.

[8] «Framing», en inglés; «cadrage» en francés.

[9] Paula Muñoz y Yamilé Guibert, por ejemplo, describen bien este aumento de la percepción de los casos de corrupción a nivel local a partir de 2014 (Muñoz & Guibert, 2016: cap. VII). Recordamos que estamos hablando aquí de casos de corrupción que llevaron a penas de prisión o prisión preventiva, y no solo a denuncias periodísticas o políticas.

[10] «Once ex gobernadores regionales denunciados por corrupción», El Comercio, (12 de enero de 2016). Disponible en https://elcomercio.pe/peru/once-ex-gobernadores-regionales-denunciados-corrupcion-262162

[11] Cabe mencionar, en este contexto, la reciente movilización de importantes instituciones peruanas para pedir una política nacional de apoyo a las Ciencias Sociales. Disponible en http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ApuestaporlasCCSS_Brochure_d.pdf

Le savant, la corruption et la politique[1]

Par Arthur MORENAS, coordinateur du Pole Andine de l’Institut des Amériques à Lima

« Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n’est pas pour négliger ces derniers : c’est, au contraire, pour nous mettre en état de les mieux résoudre » (Durkheim, 2013 [1893] : Préface a la première édition)

Les crises politiques et la multiplication des scandales de corruption dans plusieurs pays d’Amérique latine donnent une importance particulière, pour le chercheur en sciences sociales, aux mots de Emile Durkheim : comment faire de la science et valoriser ses apports dans des contextes de fortes exigences sociales ?

Au Pérou, le scandale Lava Jato a eu comme principale conséquence la démission du président de la République Pedro Pablo Kuczynski ainsi qu’un intense débat quant à la nécessité d’une réforme politique. Récemment, le président Martin Vizcarra (qui, en tant que vice-président de Pedro Pablo Kuczynski, a assumé la présidence de la République) a annoncé son intention d’avancer les élections générales pour l’année 2020. Dans le cadre de ce débat, les scientifiques sont en première file. La création, fin 2018, d’une « Commission de Haut Niveau pour la Réforme Politique », formée d’universitaires[2], l’illustre clairement. Cette commission a été créé par le pouvoir exécutif dans le cadre d’une lutte ouverte contre la corruption, avec l’objectif de recevoir des propositions et de légitimer scientifiquement la réforme politique. Un autre exemple est la tentative d’institutionnaliser un « Collège de politologues » afin d’organiser la « profession » de politologue. Cette initiative provenait du Congrès de la République, dont la majorité (le Fujimorisme et la parti Apriste) rejette en grande partie les propositions de l’exécutif en matière de réforme politique (par exemple : la proposition de non-réélection immédiate des députés). La création de ce Collège aurait impliqué la mise en place de stricts prérequis pour pouvoir exercer la « profession » de politologue[3], ce qui aurai entrainé de fait un contrôle sur les personnes « professionnellement qualifiées » pour opiner sur la réforme politique[4]. En effet, si l’on avait appliqué à la « Commission de Haut Niveau pour la Réforme Politique » les mêmes prérequis que l’on souhaitait imposer pour rejoindre le Collège professionnel de politologues, plusieurs des membres de cette commission n’auraient pas pu y participer[5]. De fait : au Pérou, hormis quelques exceptions, les formations en sciences politique avec des diplômes de Bachelor ou Licence sont récentes (années 2000). Or, le critère principal pour pouvoir rejoindre le Collège de politologues était la réalisation d’études de science politique dès le premier cycle universitaire, excluant ainsi les sociologues, historiens, anthropologues et autres travaillant sur des thématiques politiques, ou ayant réalisé des études de science politique en Master et Doctorat, mais pas en premier cycle (comme c’était le cas de plusieurs membres de la « Commission de Haut Niveau »).

Ces questions rappellent la manière dont des groupes professionnels et sociaux utilisèrent des outils et une légitimité scientifique pour s’inscrire dans les luttes pour la construction des Etats latinoaméricains (et leurs politiques) (Dezalay & Garth, 2002 ; Oré & Rap, 2009). Les moments de crise sont propices à ces stratégies, du fait de fortes exigences sociales et de structures de régulation politique relativement affaiblies. Selon une partie de ces exigences, les politologues et les scientifiques devraient être les « docteurs » de la démocratie, à l’image des « money doctors » qui se sont employés à « sauver » les économies latino-américaines à partir de la fin du XIXème siècle (Drake, 1994). Cependant, cette situation peut amener deux risques. Premièrement, et la tentative de création du « Collège de politologues » le montre clairement, la tentation d’isoler les sciences politiques des autres sciences sociales (comme ce fut le cas, dans une certaine mesure, de l’Economie) (Heredia, 2015), la privant de riches apports[6] et démarches de recherche. Deuxièmement : le risque d’entrer dans le débat scientifique en utilisant les catégories forgées dans les sphères politiques (ou autres). Comme nous le rappelle la phrase de Durkheim : pour que les travaux scientifiques aient un véritable intérêt pour comprendre et résoudre des problématiques, il est nécessaire de maintenir une certaine distance avec les catégories communément employées. À travers ces perspectives, les travaux scientifiques peuvent fournir de véritables apports.

Dans les pages qui suivent, nous rappellerons certaines perspectives développées à partir des sciences sociales, qui donnent à voir à la fois l’importance de travaux empiriques approfondis ainsi que les multiples et riches apports des différentes « branches » des sciences sociales.

Etudier la corruption : les pratiques et la catégorisation

Camille Goirand, dans le cadre des conférences données lors de la Xème édition des Journées des Jeunes Américanistes organisées à La Paz par l’IFEA[7], a rappelé que les catégories comme « clientélisme » ou « corruption » concernent souvent des pratiques qui ont peu de choses à voir entre elles. Ces catégories ne sont pas neutres. Il est, de ce fait, nécessaire d’identifier ce que l’on a coutume de considérer, dans un espace social et politique spécifique, comme « corruption » et les jeux de pouvoir qui existent pour l’utilisation légitime de cette catégorie. À travers du cas brésilien, Camille Goirand a rappelé que les récents scandales de corruption « Lava Jato » ont été utilisés par des groupes politiques et sociaux pour battre le gouvernement, quand ces mêmes groupes affrontaient aussi de graves accusations de malversations et pots de vins. Ceci dit, il ne s’agit pas de chercher à responsabiliser ou déresponsabiliser des groupes politiques, mais plutôt d’identifier le travail de ces agents sociaux et politiques pour orienter la catégorisation de certaines pratiques comme « corruption » (et dans le même temps normaliser et légitimer certaines pratiques, qui dans d’autres contextes sociaux pourraient être considérées comme corrompues). Faire porter le regard sur ce travail de « cadrage » est un riche apport des sciences sociales : ce sont des outils pour comprendre la manière à travers laquelle se structurent le pouvoir, les visions et les stratégies utilisées par les agents sociaux pour légitimer ou délégitimer certaines pratiques.

Au Pérou, si des accusations contre les gouvernements nationaux ont toujours existé, l’attention s’était surtout centrée, ces dernières années, sur des questions locales et régionales[8]. L’affaire la plus emblématique a été, en 2014, la « Centralita », dans laquelle le président du conseil régional de Ancash avait alors été accusé d’utiliser un réseau d’espionnage et de pressions contre les opposants politiques, ainsi que d’avoir bénéficié de pots de vins dans des projets de travaux publics. Au début de l’année 2016, la Contraloría General de la República, organe chargé du contrôle de l’utilisation des ressources publiques, informait que 11 des 24 gouverneurs régionaux en poste entre 2011 et 2014 affrontaient des accusations pénales, parmi lesquels 5 étaient alors en fuite ou en prison préventive[9]. Ce qui est mis en évidence aujourd’hui dans le cadre du scandale Lava Jato est la formalisation, pénale, d’accusation de corruptions contre de hautes autorités politiques et administratives du pays. Ces révélations ont accentué la crise politique que connait le Pérou depuis les années 2000, et dans ce contexte la lutte contre la corruption est aujourd’hui un capital politique, qui était jusqu’alors mobilisé essentiellement par les partis de gauche avec un succès relatif. De ce fait, étudier qui sont les groupes qui tentent d’utiliser ce capital politique (ou le délégitimer), leurs stratégies et leurs positions dans le pouvoir national permet de contextualiser et situer la crise actuelle et s’approcher des pratiques concrètes du pouvoir au Pérou.

Pratiques du pouvoir au Pérou

Cependant, la crise politique au Pérou a des racines plus profondes et l’on ne peut la réduire aux scandales de corruption. Pour cela il est encore plus important e s’intéresser aux pratiques du pouvoir (politique, économique, étatique etc). En reprenant les idées de Alberto Vergara, la crise politique au Pérou se situe, au moins en partie, dans le sentiment qu’ « aller voter ressemble toujours plus à une pantomime sans conséquences » (Vergara, 2012 : 1). Cette absence d’ « alternative », l’auteur la met en relation avec la montée en puissance, dans l’Etat péruvien, d’un groupe de technocrates qui « ont été formés dans un habitus imprégné de principes, pratiques et politiques ruisselant depuis le MEF [ndlr : Ministère d’Économie et des Finances] et les organismes internationaux » (Vergara, 2012 : 3). De ce fait, la manière dont s’est organisé ce système institutionnel doit intéresser le scientifique. Récemment, les travaux sur le cas péruvien se sont divisés en deux perspectives, parfois opposées, entre la vision d’un État « capturé » (Cabtree & Durand, 2017) par les groupes économiques et la présentation d’une bureaucratie indépendante, ne se laissant influencer ni par les organismes privés ni par les organismes internationaux (Dargent, 2012). Au-delà d’un débat sur le niveau d’indépendance formelle de ces « technocrates », dont le mérite est de faire porter l’attention sur les pratiques concrètes du pouvoir, il nous parait central de comprendre comment s’est institutionnalisé et structuré ce nouvel appareil étatique. Cela amène à s’intéresser non seulement à la structure bureaucratique mais aussi aux origines sociales de ces groupes, le poids des universités publiques et privées, les ressources nécessaires pour pouvoir accéder aux principaux postes de responsabilité etc.

Par exemple, et revenant à une échelle locale, un travail de Alvaro Galvez (2017) montre avec beaucoup d’intérêt la montée en puissance des « perfileros » ou « entrepreneurs d’Etat » en lien avec l’élaboration et la mise en fonctionnement de projets d’investissements publics dans le cadre du Système National d’Investissement Public (SNIP, remplacé en 2017 par le système InvertePe). L’auteur décrit un système, qui pourrait paraître paradoxale, dans lequel la « meilleure » manière de travailler pour l’Etat à l’échelle locale est en étant un consultant privé dédié à l’élaboration de projets d’investissements publics. Cette « confusion » entre intérêts publics et privés amène, dans certains contextes, à la caractérisation d’actes de corruption. Mais le paradoxe décrit par l’auteur va au-delà d’une confusion entre intérêts dans la mise en œuvre de projets d’investissements publics : au niveau local, les caractéristiques et les ressources légitimes pour pouvoir entrer dans le « secteur public » sont, en grande partie, des caractéristiques et ressources provenant du secteur privé. Si durant plusieurs années ces caractéristiques étaient peu questionnées, aujourd’hui la multiplication des scandales de corruption change cet état de fait. L’analogie avec le niveau national est aujourd’hui évidente : bien que les accusations de « lobbysme » ne soient pas nouvelles, ces pratiques sont aujourd’hui mises en accusation.

En quelques mots, pour conclure, les crises politiques nous montrent la nécessité des sciences sociales, dans leur ensemble, pour la société, mais aussi la nécessité de leur donner une certaine autonomie dans la construction de leurs questionnements. Il ne s’agit pas, cependant, de postuler l’indépendance totale du scientifique des dynamiques sociales et politiques, mais plutôt de rappeler l’importance d’offrir des conditions de travail qui permettent aux scientifique de forger leurs problématiques avec une certaine indépendance, non pas pour se maintenir à l’écart de la société mais pour offrir de nouveaux regards et perspectives, et sortir du monopole qu’ont certains groupes (politiques, journalistiques ou économiques) dans la construction des problématiques et débats publics.

Références citées :

CRABTREE, J. & DURAND, F., 2017 – Perú: élites del poder y captura política, 201 pp.; Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

DARGENT, E., 2012 – Technocracy under democracy: assessing the political autonomy of experts in latin america; Austin: The University of Texas at Austin. Thèse de doctorat (PhD) en Science politique.

Dezalay, Yves, et Bryant G. Garth. 2002. La mondialisation des guerres de palais: la restructuration du pouvoir d’Etat en Amérique latine, entre notables du droit et Chicago boys. 390pp Collection liber. Paris: Seuil.

DRAKE, P. W. (ed.), 1994 – Money doctors, foreign debts, and economic reforms in Latin America from the 1890s to the present, xxxiii + 270 pp.; Wilmington, Del.: SR Books.

DURKHEIM, É., 2013 [1893] – De la division du travail social; París: Presses Universitaires de France.

GÁLVEZ, Á., 2017 – Emprendedores del Estado: el Sistema Nacional de Inversión Pública y el surgimiento de los “perfileros” en los gobiernos locales. In: Burócratas y tecnócratas. La infructuosa búsqueda de la eficiencia empresarial en el Estado peruano del siglo XXI (Á. Gálvez & Á. Grompone Velásquez, eds.):  19-96; Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

HEREDIA, M., 2015 – Cuando los economistas alcanzaron el poder: o cómo se gestó la confianza en los expertos, 299 pp.; Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

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[1] Titre librement inspiré du libre de Max Weber, Le savant et la politique, 1919

[2] Rapport disponible en ligne : https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300957/Comisi%C3%B3n_Informe_Completo-compressed_compressed.pdf

[3] Pour le moment la loi de création du collège de politologues a été observée par le pouvoir exécutif, qui l’a jugé inconstitutionnelle

[4] Bien qu’il soit possible que ce contrôle ait été relatif. Les collèges professionnels au Pérou ont une certaine importance dans l’exercice des professions (avocat, architectes entre autres). Néanmoins certaines professions emblématiques, avec un poids important dans la fonction publique, ont des liens relativement faibles avec les collèges professionnels. Le cas le plus évident est celui du collège des économistes, auquel plusieurs ministres de l’Economie n’ont jamais appartenu.

[5] Voir : Maria Alejandra Campos, «El inútil colegio de politólogos», El Comercio (16 mai 2019). Disponible en https://elcomercio.pe/politica/inutil-colegio-politologos-maria-alejandra-campos-noticia-635744

 

[6] Il faut rappeler que l’un des classiques de l’étude de la corruption au Pérou est le fruit d’un travail de l’historien Alonso W. Quiroz (2013)

[7] Avec le CEMCA, la UMSA, l’Ambassade de France en Bolivie et l’IDA.

[8] Paula Muñoz et Yamilé Guibert, par exemple, décrivent bien cette augmentation des cas de corruption au niveau local à partir de 2014 (Muñoz & Guibert, 2016 : cap. VII). Nous rappelons que nous parlons ici de cas de corruption qui se sont traduits par des peines de prison ou de la prison préventive, et pas uniquement à des accusations journalistiques ou politiques.

[9] «Once ex gobernadores regionales denunciados por corrupción», El Comercio, (12 janvier 2016). Disponible en ligne : https://elcomercio.pe/peru/once-ex-gobernadores-regionales-denunciados-corrupcion-262162

 

Colloque “Territoire indigène en transformation”

Par Raphaël Colliaux  (IFEA)

Les 20 et 21 août derniers, s’est déroulé le colloque international intitulé : « Territoire indigène en transformation. Autodétermination et nouvelles formes de gouvernance en Amazonie ». L’objectif était de questionner la territorialité et les mouvements indigènes dans l’Amazonie péruvienne contemporaine. L’événement a investi deux espaces académiques emblématiques de Lima: la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) et l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Il s’est agi, durant ce colloque, d’esquisser un bilan de la question territoriale en Amazonie péruvienne, en portant une attention particulière au rôle des populations indigènes dans la gouvernance locale. Le 20 août à la PUCP, après l’inauguration d’Alejandro Diez Hurtado (Directeur du Départament de Sciences Sociales) et d’Evelyne Mesclier (Directrice de l’IFEA), a débuté la première table-ronde thématique, intitulée « Groupe ethnique, peuples indigènes, Nation indigène. Les transformations de la politique indigène dans sa relation avec l’État ». Dans ce cadre, ont été présentées les interventions d’Oscar Espinosa (PUCP), de Ketty Marcelo (ONAMIAP), de Teresita Antazú (AIDESEP-UNAY), de Gil Inoach (GTAW), de Thomas Moore (CEIPR), et finalement les commentaires de Jean-Pierre Chaumeil (CNRS/IFEA). 

© R. Colliaux

La seconde table-ronde thématique, « Le territoire indigène et ses histoires. Perspectives critiques sur les stratégies de défense du territoire. Opportunités, limites et possibilités », a pu ensuite compter sur la participation d’Alberto Chirif, d’Alexandre Surrallés (CNRS/EHESS), de Beatriz Huertas Castillo (Rainforest Foundation Norway), de Patricia Urteaga (PUCP), de Richard Chase Smith (IBC), ainsi que sur les commentaires d’Oscar Espinosa (PUCP). Le débat a abordé les initiatives autochtones les plus récentes, comme celle du Gouvernement Territorial Autonome de la Nation Wampis (GTANW).

Le 21 août, la seconde journée de travail s’est déroulée à la UNMSM, après les mots de bienvenu de Pablo Sandoval (Directeur de l’École et Maîtrise d’Anthropologie). La troisième table-ronde de réflexion, « Les forêts et la conservation de l’environnement : quelle est la place des peuples indigènes ? », a ensuite débuté. Sont intervenus Zoila Aurora Cruz Burga (UNALM), Marco Arenas (SERNANP) et Ernesto Ráez Luna (UARM), qui furent commentés par Danny Pinedo (UNMSM).

Finalement, dans l’après-midi, un débat intitulé « Terres indigènes, développement des infrastructures et droits territoriaux. Inclusion, exclusion ou tout le contraire ? » a été ouvert. Dans le cadre de ce débat, ont participé Evelyne Mesclier (IFEA), Luis Hallazi Méndez (IBC), Roger Merino (U. del Pacífico), Diego Saavedra Celestino (DAR) et Mario Zuñiga Lossio (PUINAMUDT). Kathya Castillo Avenio (UNMSM) et Raphaël Colliaux (IFEA) ont assumé la modération des débats, en tentant en outre d’inclure le public à la discussion. Enfin, Danny Pinedo (UNMSM) a réalisé la conclusion générale des deux journées de travail. Il faut souligner la diversité des profils des intervenants, qui se distinguent par leurs trajectoires intellectuels et professionnelles propres – académiques, activistes, fonctionnaires, entre autres. Cette hétérogénéité a donné lieu à un échange de points de vue et de préoccupations qui a enrichi substantiellement les débats.  

L’événement s’est déroulé dans le cadre des activités du programme AMAZ « Configurations socio-spatiales, défis politique et débats ontologiques en Amazonie », projet financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR – France) et associé à l’Institut Français d’Études Andines (IFEA). Le comité d’organisation de l’événement était composé par Raphaël Colliaux (IFEA), Oscar Espinosa (PUCP), Danny Pinedo (UNMSM), Silvia Romio (PUCP/IFEA) et Alexandre Surrallés (EHESS/CNRS).

© K. Pacheco

CITAS del IFEA: Giselle Vila

Giselle Vila Benites a donné une conférence le 28 août intitulé « Les convivialités enchevêtrées dans les petites mines.  Les cas des communautés autochtones et afro-descendantes de Madre de Dios (Pérou) et de Choco (Colombie) » dans le cadre du cycle des rencontres des RDV de l’IFEA à Bogota.

À cette occasion Giselle Vila, doctorante en géographie de l’Université de Melbourne (Australie) et boursière de l’IFEA 2019, a souligné le fait que, bien que les petites exploitations minières puissent conduire à des conflits territoriaux et à la dégradation de l’environnement, elles offrent également une voie de développement aux sociétés rurales pauvres.

La chercheuse a ainsi présenté le creuset complexe d’arrangements communautaires qui se développent autour de petites exploitations minières à partir de l’exploration de deux régions reconnues comme des frontières extractives : Madre de Dios (Pérou) et Choco (Colombie). Sur la base d’informations qualitatives comprenant des entrevues, des archives et des observations, elle a proposé le concept de « coexistences enchevêtrées » pour explorer les discussions, les accords et les frictions qui sont générés entre les communautés en fonction de la façon dont les mines s’incorporent comme une activité économique essentielle à leur subsistance

La réunion s’est tenue avec le soutien de l’Institut d’Études Politiques et de Relations Internationales (IEPRI) de l’Université Nationale de Colombie.

Vidéo partie 1 (espagnol)

Vidéo partie 2 (espagnol)

Homenaje a la Barequera en el distrito de Itsmina, Choco (Colombia) © G. Vila

“Retener a los indios” Indigenismo, educación y agencia campesina. Ayacucho (1920 – 1960)

Por José Carlos Banda (UPC)

El viernes 19 de julio, José Miguel Munive (UNMSM) presentó “Retener a los indios. Indigenismo, educación y agencia campesina. Ayacucho (1920-1960)”, un avance de la investigación que viene realizando de forma independiente y que se propone desarrollar en el marco de un futuro programa doctoral en Historia. Esta presentación se dio como parte de las Tardes de Jóvenes Investigadores, organizadas por el IFEA y el Institut des Amériques.

La investigación busca comprender la relación entre la agencia social y política en los Andes, y su relación con el indigenismo, entendido por Munive como un proyecto que fue apropiado por gobiernos de distintas vertientes ideológicas y que pretendió homogenizar a los campesinos andinos. Esto supone, para el investigador, ser conscientes de que en el Perú el indigenismo fue cooptado por el estado en momentos en que se sucedieron regímenes que fueron desde el fascismo peruano, con Sánchez Cerro a la cabeza, respaldado por destacados indigenistas como Dora Mayer de Zulen, o el progresismo de Bustamante y Rivero, quien puso a Luis E. Valcárcel a la cabeza del Ministerio de Educación.

José Miguel Munive busca aproximarse a las dinámicas y actitudes de los pueblos campesinos de Ayacucho frente a la educación y a las propuestas de desarrollo rural, específicamente en las provincias de Lucanas, Víctor Fajardo y la actual Huancasancos. El investigador propone que la población rural se apropió de las herramientas que proveyeron estas políticas para subvertir parte de su poder a partir de pequeños cambios o variaciones y, de ese modo, participar de la institucionalidad y reproducción del estado, y satisfacer sus aspiraciones de ascenso social.

José Miguel Munive // © T. Romero

Munive centra su atención en el rol de los campesinos letrados dentro de las comunidades: qué estrategias utilizaron para apropiarse de lo letrado y cómo esto se relaciona con la redefinición e instrumentalización de categorías étnicas e identidades políticas. En este sentido, la investigación plantea la colisión de dos visiones o proyectos: por un lado, el proyecto indigenista buscó fijar las identidades étnicas y normalizar a la población bajo la categoría de “indios” o “indígenas”; por otro lado, los campesinos venían subvirtiendo este proceso.

El investigador fundamenta su estudio en la reconstrucción de los circuitos regionales que propiciaron la formación de redes de acceso al conocimiento. La migración o circulación de personas por razones de trabajo o estudios les permitió adquirir distintos niveles de competencia letrada, así como habilidades y destrezas urbanas, posibilitando, al mismo tiempo, el flujo de ideas. De esta manera, escribanías, beneficencias públicas, agencias municipales, la circulación de prensa escrita, la lectura pública de periódicos, la conscripción militar y las colecciones hemerográficas en áreas rurales fueron espacios que facilitaron la adquisición de competencias letradas. Estos campesinos se convirtieron en intelectuales del campo y adquirieron el rol de mediadores del proyecto indigenista estatal. Para sustentar sus ideas, el investigador sigue algunas historias de vida, como la de Moisés Vizcarra, letrado autodidacta y fundador del periódico Sierra (1936-1972), o de Belisario Molina, campesino letrado calificado por las autoridades como “agitador y cabecilla indígena” o como “falso indio” según circunstancias de la política local. Munive contrastó estas trayectorias de movilidad social con casos de élites iletradas cuyo poder político entró en declive hacia fines de la primera mitad del siglo.

A partir de la década de 1940 (y hasta fines de los 60), el indigenismo adquirió auge internacional a partir de las resoluciones de los congresos indigenistas interamericanos. Durante esos años, por ejemplo, se crea el Instituto Indigenista Peruano (1948) y se realizan las misiones de la OIT que buscaban la incorporación de la llamada “población aborigen” a la “cultura moderna”. Desde el Ministerio de Educación, Luis E. Valcárcel impulsó la expansión de la escolaridad rural con la creación de los Núcleos Escolares Campesinos, política de larga duración que contó con apoyo técnico y económico de la cooperación norteamericana. Estas ideas se encontraban en plena circulación y los maestros fueron responsables de plasmarlas en la enseñanza pública.

© L. Miramont

En este periodo, la investigación presta especial atención al entrenamiento recibido por los maestros en la Escuela Normal de Mujeres Nuestra Señora de Lourdes de Ayacucho, y a sus metodologías de trabajo para identificar las necesidades educativas de los pueblos. Formadas como etnólogas, con una fuerte influencia del culturalismo norteamericano, las maestras debían desplegar una serie de estrategias de investigación y diagnóstico como paso previo a su intervención en las comunidades campesinas. La “acción educativa de la escuela” tenía como premisa que el maestro debía trascender el espacio de las aulas escolares e integrarse a la vida comunitaria.

Transformar socialmente la vida campesina a través de la alfabetización en quechua (como fase previa a la castellanización) y la promoción de la sanidad –ambos ejes gravitantes de la política educativa indigenista– fue la misión encomendada a esta generación de maestras y maestros rurales. Pero, al mismo tiempo, esta política tuvo entre sus principales objetivos retener a los campesinos como trabajadores del campo, estabilizando y reproduciendo roles y jerarquías asociadas a una idea preconcebida de lo que debía ser la “raza indígena” y del lugar que correspondía los campesinos andinos en la sociedad peruana. En palabras del investigador, el proyecto estatal buscó producir una forma de “indianidad” ideada por los propios indigenistas.

Los campesinos no se quedaron pasivos frente a esta política, pues no quisieron acomodarse a lo que el proyecto indigenista pensaba que ellos deberían ser. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el rechazo a que sus hijos reciban una educación en quechua, distinta a la de las escuelas urbanas, o a la categoría jurídica de comunidad de indígenas. Su deseo fue apropiarse de las herramientas lingüísticas y jurídicas para poder trabajar e integrarse en zonas urbanas.

Para sustentar sus postulados, el trabajo de Munive se basa en distintas fuentes de investigación, primarias y secundarias, trabajo etnográfico, entrevistas y documentación de archivo. Esto resulta clave porque los efectos de la educación en cada localidad se encuentran conectados con procesos específicos de cada localidad. Al seguir los lineamientos de la investigación cualitativa y el análisis de casos, el trabajo no pretende caracterizar un proceso homogéneo, sino comprender su multiplicidad tomando como muestra el caso de los pueblos rurales del sur de Ayacucho.

Debate

Los asistentes al seminario aportaron comentarios y formularon preguntas acerca de aspectos conceptuales y metodológicos. Tania Herrera propuso considerar una aproximación de clase que permita definir a los sujetos de investigación y entender de quiénes son (campesinos o indios) y qué lugar ocupan en la sociedad rural. Diego Sánchez destacó la apropiación de la literacidad como factor que empoderó a los actores subalternos a la vez que fue utilizada como mecanismo disciplinar por la escuela rural. Asimismo, consideró pertinente distinguir las formas de resistencia en las que se manifiesta la agencia campesina, sea a través de la migración o el acceso a la lectura. Lucie Miramont, doctoranda en Antropología de la Universidad de Toulouse, recomendó revisar los planteamientos teóricos de Henri Favre y James Scott. Partiendo del trabajo de este último, Miramont introdujo la noción de infrapolítica para analizar los pequeños cambios y variaciones que se dan lugar en las escuelas, entendidos estos como formas de resistencia discretas.

José Miguel Munive consideró pertinente un enfoque de clase, no obstante observó que dicha perspectiva no siempre encaja con la realidad de los pueblos rurales. En un nivel de análisis local, señaló, podemos distinguir que los actores se desplazan con solvencia entre una y otra adscripción étnica o definición de clase, identificándose como indios o campesinos mestizos según las circunstancias y sus necesidades inmediatas. La adquisición de distintos niveles de competencia letrada o habilidades urbanas hizo posible instrumentalizar estas definiciones en distintos contextos. Por otra parte, enfatizó que lejos de pensar en términos de resistencia, el proceso de la literacidad rural muestra que los campesinos andinos optaron por negociar con las prerrogativas del proyecto estatal tomando las herramientas convenientes para satisfacer sus aspiraciones. Ello les permitió participar de la institucionalidad del estado, reproducir la cultura hegemónica, y en asimismo, la exclusión étnica.

© T. Romero

Juan Carlos Estenssoro, historiador y profesor de la Universidad de París III Sorbone Nouvelle, introdujo el término educación corporativa para designar la lógica de los actores sociales para acceder al conocimiento recurriendo al aprendizaje y ejercicio de diversos oficios. Estenssoro consideró necesario, en primer lugar, establecer una articulación entre la primera parte de la investigación, correspondiente a las formas de aprendizaje corporativo y autodidacta, y la segunda, sobre la expansión de la educación estatal escolarizada. Estas dos formas de educación, ¿conviven?, ¿se sustituyen una a la otra? ¿Estamos frente a dos vías paralelas o a una evolución? ¿Cómo historizar el proceso de la escolaridad rural respecto a las problemáticas de la primera parte? Junto a estas interrogantes, el historiador planteó indagar en qué medida el carácter estatal de las escuelas rurales marcó estos espacios de construcción social. Desde su punto de vista, estaríamos frente a un espacio no compartido donde la literacidad es vista como un saber delegado o subalterno por parte de las élites locales. ¿Qué sucede con estas élites, quienes a la vez que se distinguen de la población campesina prescinden de educar a sus propios hijos? Estenssoro observó que, dada la evidencia, estamos frente a un caso en el que la convención tradicional de cultura letrada vs cultura popular no funciona y que esto es debido a que los sistemas de distinción de dichas élites no pasan necesariamente por la educación.  En segundo lugar, Estenssoro enfatizó que es necesario ser conscientes de que al hablar de comunidad indígena e indígenas estamos hablando de conceptos jurídicos –cuyos orígenes se encuentran en la legislación colonial–, no culturales. Finalmente, recomendó ampliar la cronología del estudio hacia 1880 en los años del primer indigenismo para entender la lógica de la educación corporativa y la lectura social.

Cecilia Méndez, historiadora y profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara, destacó la originalidad del proyecto en la medida que propone trascender los recientes estudios sobre el indigenismo de los años 40 y 60. Méndez preguntó acerca del origen social de los maestros rurales. ¿Quiénes son estos maestros?, ¿se trata de hijos de hacendados?, ¿de pequeños funcionarios del estado? Al respecto, contrastó el caso de México donde la política estatal creó escuelas para maestros indígenas, en tanto que en el Perú se trataría más bien de un movimiento misti y de un proyecto contradictorio que busca desindianizar, por un lado, y al mismo tiempo retener a los “indios” en el campo. En segundo lugar, planteó interrogarse respecto a si el propósito de disciplinar los cuerpos se vió reforzado por los regímenes militares que tuvieron lugar durante el periodo y hasta qué punto, tomando en cuenta que se trata de un momento de avance agresivo de la castellanización en donde el propio indigenismo tiene una presencia fascista. En tercer lugar, la historiadora propuso indagar qué sucedió después, con el fin este mundo de hacendados, mestizos y mistis, qué quedó de estos proyectos en el contexto posterior de aparición de Sendero Luminoso, considerando el papel de tuvo la escuela en su formación. Al final de su intervención, Méndez cuestionó la noción de agencia en la medida en que su uso implica partir del supuesto de que los campesinos andinos no tenían capacidad de acción política. Señaló que a diferencia del enfoque con que se estudia la historia de los sectores populares, los académicos prescinden del término agencia cuando abordan el estudio de las elites. En tal sentido, su uso conduciría a replicar los mismos estereotipos que la investigación se propone cuestionar.

Bibliografía sugerida (Recomendación de José Miguel Munive)

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Séminaire : Paix et guerre en temps d’indépendance

Il y a deux siècles, une grande partie des peuples hispano-américains éteint en train de se battre contre l’empire espagnol pour leur indépendance. Des 1810, s’étendant sur de vastes régions de la Nouvelle-Espagne, du Rio de la Plata, du Venezuela, de la Nouvelle Grenade et du Chili, la guerre armée menée entre les indépendantistes et les défenseurs du régime a touché non seulement les combattants, mais aussi les habitants des communautés où ont eu lieu les combats, et aussi des personnes qui n’ont pas souffert directement. Ces guerres ont également généré de nombreuses conséquences politiques, sociales et culturelles qui ont marqué l’avenir des peuples et des régimes politico-institutionnels hispano-américains naissants.

© J. Massal

Pour analyser sur ce contexte, et afin de commémorer le bicentenaire de l’indépendance des pays hispano-américains, le colloque international « Paix et guerre en temps d’indépendance » s’est déroulé les 15 et 16 août à Bogota. L’événement avait pour but de proposer un espace académique pour réfléchir et discuter, historiquement et historiographiquement sur la dynamique et les vicissitudes des guerres d’indépendance ; la conduite de ses protagonistes, les imaginaires, les vocabulaires, les conceptions et les pratiques qui, dans ce contexte, ont été construites sur la guerre et la paix et les débats qui ont surgi autour du destin et de la mission que les armées devaient avoir à la fin de la guerre.

Le colloque fut organisé par le Département d’Histoire de l’Université Nationale de Colombie, la Banque de la République, l’Institut Colombien d’Anthropologie et d’Histoire (ICANH) et l’Institut Français d’Études Andines (IFEA).

Visualiser l’événement ici (espagnol)

24º Feria internacional del libro de Lima (FIL 2019)

El IFEA participó de la 24 Feria Internacional del Libro de Lima realizada en el Parque de los Próceres (Jesús María). Allí compartió con sus lectores sus últimas publicaciones y sus colecciones clásicas a precio de feria. Presentamos a continuación algunas imágenes del Stand del IFEA

L’IFEA a participé à la 24e Foire Internationale du Livre de Lima qui s’est tenue dans le parc des « próceres » (Jésus Maria, Lima). L’institut a partagé avec ses lecteurs ses dernières publications et ses collections classiques à prix de foire. Voici quelques images du stand de l’IFEA.

Présentation de livre « Écrits en quechua et société “serrana” en transformation : Pérou, 1920 – 1960 »

Le 25 juillet dernier, dans le cadre de la Foire Internationale du Livre de Lima 2019, l’IFEA a présenté sa publication : « Écrits en Quechua et société « serrana » en transformation (Pérou 1920 – 1960) » (IFEA et IEP, 2019) d’Alan Durston, professeur à l’Université de York (Canada).

La présentation était accompagnée des commentaires de Jefrey Gamarra de l’Université de San Cristobal de Huamanga (Ayacucho) et Cecilia Méndez de l’Université de Californie (Santa Barbara).

© K. Pacheco

L’ouvrage couvre la période entre 1920 et 1960 dans laquelle un boom littéraire en Quechua a eu lieu au Pérou, caractérisé par l’émergence de nouveaux genres – tels que le théâtre “costumbrista”, dans lequel la vie rurale contemporaine a été dépeinte – et par une inspiration régionaliste. Les auteurs étaient bilingues et appartenaient à la classe professionnelle des centres urbains des montagnes du sud du Pérou comme Ayacucho et Cusco où l’utilisation du Quechua prédominait encore.

La publication examine les contextes et les fonctions de l’écriture quechua à l’époque des grandes transformations à travers trois études de cas : Moisés Cavero Cazo (Ayacucho), Andrés Alencastre (Cusco) et Teodoro Meneses Morales (Huanta). Qu’est-ce qui les a incités à écrire du théâtre, de la poésie et de la prose en quechua ? En examinant cette production et en la plaçant dans son contexte historique, l’ouvrage cherche à contribuer à l’historiographie sur les changements culturels dans les montagnes sud péruviennes modernes, ainsi qu’à faire partie d’études sur l’histoire du Quechua en tant que langue écrite.

Video de la présentation (espagnol)

RDV de l’IFEA : Le mythe de l’islam précolombien

Le 4 juillet dernier, Sylvie Taussig, chercheuse française du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et en mission longue durée auprès de l’IFEA, a présenté une conférence intitulée « Le mythe de l’islam précolombien ». La conférence proposait d’explorer une histoire alternative selon laquelle ce n’est pas Christophe Colomb qui a découvert l’Amérique, mais la population arabe ou le peuple malien plusieurs siècles plus tôt.

Cette hypothèse qui, dans le contexte actuel semble peu probable, a été scientifiquement soutenue dans les années 1920 et elle est périodiquement réapparue dans la prédication des pseudo-sages et entrepreneurs religieux musulmans en dépit d’être réfutée par la science.  L’évènement qui s’est tenu à l’Alliance Française de Lima, dans le cadre des RDVs de l’IFEA, a permis d’ouvrir le débat autour de ces hypothèses, de leurs acteurs et des intentions d’où apparaît cette histoire alternative.

© K. Pacheco

Sylvie Taussig, est spécialiste des sciences politiques, concentre ses travaux sur des sujets qu’elle réalise au Pérou et en Amérique latine tels que : Histoire des idées au XVIIe siècle, Théories de la sécularisation, Religion et Politique, et Islam globalisé.