«Pensé que era el momento de hablar». La emergencia de la categoría de la violencia sexual en el conflicto armado como un problema público en Colombia, 1990-2008

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Liliana Rocío Chaparro Moreno, Universidad Nacional de Colombia

Reseña redactada por María Cegarra, doctoranda en Psicología en la Universidad Sorbonne Paris Nord (Francia).

Liliana Rocío Chaparro Moreno es abogada, ha trabajado en organizaciones sociales feministas, trabaja en el marco de los Derechos Humanos desde 2003 y ha acompañado a víctimas de violencia sexual en Colombia. Su tesis de doctorado tiene como objetivo comprender el proceso y las condiciones de emergencia de la categoría «violencia sexual» en el conflicto armado en Colombia, como un problema público entre los años 1990 y 2008. Las fuentes utilizadas por la ponente fueron: los movimientos de organizaciones sociales y de mujeres, ONGs, actores internacionales, la prensa escrita y entidades estatales.

La ponencia comienza haciendo alusión al caso de la periodista Jineth Bedoya, reportera que en el año 2000 fue secuestrada, golpeada y violada por los integrantes de un grupo paramilitar. Esta noticia fue tratada por los medios de comunicación internacionales como un caso de violencia sexual, sin embargo, en la prensa nacional de Colombia no hizo referencia a la violencia sexual, sólo informó sobre el secuestro y los golpes. Es en 2009 que Jineth Bedoya relata los hechos de manera integral en España, dando así título con la frase entre comillas a la presente ponencia y a la tesis. Liliana Rocío Chaparro Moreno problematiza así la manera con que en Colombia se creó un orden simbólico que posibilitó un clima en el que las víctimas pensaron que «ya era el momento de hablar».

Pese a que Colombia sufre con un conflicto armado desde hace varias décadas, no es sino a partir de la década de los noventa que la violencia sexual es asociada al conflicto armado a nivel público, sobre todo gracias al trabajo de las organizaciones de mujeres. Esta emergencia se cristaliza en el año 2008 porque la Corte Constitucional colombiana declara la elaboración de un catálogo de crímenes sexuales, a partir del cual se genera una agenda pública en torno a este asunto. La ponente señala cómo el lenguaje coproduce la realidad y no es únicamente un mero reflejo de la misma. Esta mirada arroja luz sobre una geografía del poder que opera con los «distintos saberes que se interrelacionan, se disputan, que reordenan y reclasifican, que generan discontinuidades, rupturas y continuidades». Si la narración configura el objeto, las fronteras de las cosas que se dicen y las cosas que no. No es hasta 2008 que aumentan las denuncias por parte de las víctimas de violencia sexual y es así que la cuestión se vuelve un problema público. Además, el lenguaje internacional se interrelaciona con las narrativas locales, generando transformaciones tanto en el derecho internacional como en el trabajo colombiano a partir de lo denominado como el “caso Colombia”.

A partir del año 1979, durante el gobierno de Julio César Turbay, la fuerte presencia estatal (a través de estatutos de seguridad) potencia de manera inesperada los movimientos sociales. En 1981 tiene lugar el primer encuentro feminista de Latinoamérica en la ciudad de  Bogotá,  que  será  crucial  para  la  experiencia  feminista  colombiana,  puesto  que  se comienza a tejer redes que antes no existían donde se comparten las experiencias de una violencia sexual que había sido naturalizada, silenciada y marginalizada en el discurso público.  Tras  la aprobación  de la actual y vigente Constitución Colombiana en 1991, específicamente a partir del año 1996, surgen nuevos procesos de negociación con las guerrillas y cabe destacar la aparición de organizaciones de mujeres que trabajan con los procesos de paz. Nace el movimiento feminista La Ruta de las Mujeres y surgen numerosos movimientos feministas. Entre los años 1996 y 2002 (recordemos que el proceso de paz del Caguán  en  Colombia  tiene  lugar  entre  1998  y  2002),  las  organizaciones  de  mujeres elaboran una nueva narrativa en la que hablan de una tríada de sufrimiento por el conflicto armado: por el asesinato de sus compañeros y padres, por el desplazamiento forzado y la violación. A partir de ahí, la participación de las mujeres en las negociaciones por la paz aumenta.

En 2002 se rompe el proceso de paz con las FARC en el Caguán y entra electo el nuevo presidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo mandato moviliza un discurso de «lucha contra el  terrorismo».  En  este  punto,  las  organizaciones  de  mujeres  se  vuelven  clave  para demostrar  ante  las  comunidades  nacional  e  internacional,  a  través  de  la  denuncia  del ejercicio persistente de la violencia sexual, que el atroz conflicto armado en Colombia seguía activo.

Desde   el   2003,   la   ponente   señala   como   hallazgo   fundamental   un   giro epistemológico de la violencia sexual posibilitando su emergencia como categoría en torno a tres ejes: (1) la tecnificación del lenguaje, (2) el arma de guerra y (3) las estadísticas. (1) Se pasa de un lenguaje descriptivo a un lenguaje jurídico-penal que señala los crímenes internacionales  como  tal,  siendo  conjugado  esto  con  la  intensificación  que  toman  los estudios de Género y posibilitando el abordaje de la violencia sexual de manera explícita y definida. (2) La percepción de las mujeres como botín de guerra incorpora a la violencia sexual el carácter de «inevitable»; sin embargo, dicha percepción pasa a ser de «arma de guerra»  donde los  cuerpos  de las mujeres  son  campo  de batalla, lo  cual  permite una interpretación diferente de la violencia sexual: pasa a ser algo estratégico y político, y no un mero daño colateral de la guerra. (3) Se comienza a generar cifras sobre los casos de violencia sexual específica que hasta entonces no eran visibilizados junto con las cifras de masacres, torturas y desplazamientos.

A partir de aquí se comienza a interpretar el silencio de las víctimas como síntoma de la gravedad de esta violencia y de la ausencia de atención por parte del Estado. Se interpreta ese silencio como consecuencia del miedo y del trauma, y no como una decisión individual de cada víctima. Así, el miedo y el trauma dejan de ser individuales propios a cada víctima para pasar a considerarse como un problema público.

Las conclusiones se presentan en torno a los siguientes problemas en el país sobre la violencia sexual: la necesidad de las mujeres de (1) legitimar su presencia en los procesos de paz, (2) de evitar las amnistías y (3) de lograr medidas extraordinarias para demostrar la experiencia de las mujeres en la guerra como tan atroz como la de los hombres. El uso del lenguaje como instrumento que visibiliza y legitima (o no) el fenómeno de la violencia sexual, lo cual está conectado a cómo un problema pasa de ser privado a ser público. Con esta tesis se pretende así historizar un proceso que se mantiene latente en Colombia y en otros países latinoamericanos.

Tras la ponencia, se formularon varias preguntas y se nombraron varias referencias bibliográficas.

Una  primera  pregunta  trata  sobre  los  testimonios  de  la  violencia  sexual  como victimización y la relación víctima-victimario, donde el uso de la violencia sexual como arma de guerra es común también en el conflicto armado de Perú. Esta intervención habla sobre el sufrimiento de la violencia sexual infligida por soldados hombres hacia soldados hombres   en   el   ámbito   castrense,   dentro   de   la   formación   en   la   brutalización   e hipermasculinización, vivido como pérdida del honor masculino como hombres y también como  vulneración  del  cuerpo  que  lo  capacita  como  arma  a  ejercer  tal  violencia posteriormente. Este asunto es tratado por Jelke Boesten en su obra Sexual Violence During War   and Peace: Gender, Power,   and PostConflict   Justice   in Peru   (2014).   Liliana Chaparro  retoma  su  premisa  de  que  el  lenguaje  coproduce  la  realidad  y  la  narración configura el objeto y recuerda igualmente que la población LGBT no está recogida en las cifras como víctimas de la violencia sexual en Colombia hasta el año 2008.

Sharie Neira pregunta acerca de los grupos feministas que comienzan a empujar la generación de estadísticas sobre las víctimas y si la ponente ha podido entrevistar a algunas integrantes  de  los  grupos.  Pregunta  también  sobre  la  existencia  de  los  conflictos intrafeministas en el seno de estos movimientos y sobre quiénes exigían la presencia del Estado sobre esta cuestión, ya que le propio Estado es también un agente de violencia. Se menciona el libro Imbrication. Femmes, race et clase dans les mouvements sociaux de Jules Falquet (2019). Liliana responde que eligió no hacer entrevistas para poder estudiar la posterioridad de los sucesos y recomienda la lectura de la tesis de Carolina Vergel, Usages militants et institutionnels du droit à propos de la cause des femmes victimes du conflit armé en Colombie (defendida en 2013), que trata cómo el movimiento social de mujeres creó la causa de las mujeres en la guerra. Liliana comenta que en el encuentro de 1981 hay una ruptura y se gesta una red feminista paradójicamente «rota», debido a dos discursos que se oponen: uno que defiende la existencia de una experiencia femenina singular que otros movimientos no entienden, versus una perspectiva más marxista que señala un problema de clase que una vez resuelto, desemboca automáticamente en la desaparición de la opresión patriarcal. Finalmente, para responder a la pregunta de quiénes exigían la presencia del Estado sobre esta cuestión, Liliana menciona que fueron organizaciones como La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, La Casa de la Mujer, la Ruta Pacífica de las Mujeres, entre otras, las que reclamaron al Tribunal Constitucional que emitiera alineamientos de políticas públicas. Los movimientos que se oponen a la presencia del Estado no son las organizadas. Se concluye que el hecho de exigir la presencia del Estado no significó no cuestionar la militarización de la vida civil, entonces cabe preguntarse no tanto si se quiere al Estado en esta cuestión, sino cómo se le quiere.

Durante el conversatorio se mencionan además los siguientes trabajos:

Sed de sangre: Historia del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo XX, de Johanna Bourke (2008).

▪ Manhood   Deprived   and   (Re)constructed   during   Conflicts   and   International Prosecutions: The Curious Case of the Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta et al., Feminist Legal Studies, 1-19, de Gözde Turan (2016).

▪ Trabajo sobre las mujeres militares estadounidenses perpetradoras de violencia en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, por Basuli Deb.

Presentación de Liliana Rocío Chaparro Moreno © IFEA

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Homenaje a Xavier Ricard Lanata, un franco-peruano paradigmático

Escribe Jean-Joinville Vacher, Director de Investigación Emérito del Instituto de Investigación para el desarrollo (IRD), Ex Director del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA)

Xavier Ricard Lanata falleció el último 5 de septiembre debido a un cáncer. Tenía 48 años.

Franco-peruano de nacimiento y de esencia, dedicó sus pletóricas actividades y sus múltiples trabajos a entretejer lazos entre las culturas y los países así como al combate enérgico, generoso y valiente en pro de la preservación de la vida y de la tierra frente a la destrucción y al desmoronamiento actuales. Poseedor de una vasta cultura y de una curiosidad insaciable, nos propone, a través de su formación como etnólogo, politólogo, filósofo y ecólogo, una reflexión original, holística e intercultural de las civilizaciones de hoy y del mañana.

Luego de haber cursado estudios de ciencias políticas y de filosofía en París, se inició en la problemática del desarrollo y de la sostenibilidad en Zimbabue y en Tanzania.

Luego, es en el Perú en donde desarrolla una remarcable investigación etnológica sobre el chamanismo de las mesetas alto-andinas. Este estudio será publicado tanto en Francia como en el Perú: “Ladrones de sombra. El universo religioso de los pastores del Ausangate” (Les voleurs d’ombre. L’univers religieux des bergers de l’Ausangate). Este encuentro con los pastores andinos desarrollará su pasión por el diálogo entre las culturas y las miradas cruzadas que aplicará como director adjunto del Centro de estudios regionales andinos Bartolomé de las Casas (CBC) en Cusco entre los años 2002 y 2007. Durante este periodo, Xavier Ricard Lanata implementó una fructuosa colaboración con diferentes instituciones francesas, tales como el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA).

De regreso a Francia, entre el 2008 y el 2014, trabaja para el Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD – Terres Solidaires) como director de cooperación internacional.

Estas diferentes experiencias refuerzan, como él lo señala, “la necesidad de colocarnos en el lugar del otro” y su compromiso “para una transición ecológica y la existencia de una fraternidad universal que se preocupe de preservar el equilibrio y la belleza del mundo” que plasmará en su libro “Blanche est la terre” (2017).

Entre el 2015 y el 2016, se integra a la Escuela Nacional de Administración (ENA) con el objetivo de poder aplicar sus ideas en el seno del poder público. De 2017 a 2020, ejercerá sucesivamente las funciones de Administrador Civil en la Dirección General del Tesoro y de Consejero en la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD).

Sus ideas originales, su libertad intelectual y su profunda convicción de luchar con energía contra la depredación originada por el capitalismo contemporáneo que está conduciendo al mundo hacia su destrucción y por el surgimiento de una sociedad más justa y viable, constituyen los pilares de sus dos últimas obras: “La tropicalisation du Monde” (2019) y “Demain la Planète: quatre scénarios de déglobalisation” (2021). En su última aparición en público, habló de “una indispensable insurrección de las consciencias”.

Por su presencia y trayectoria, Xavier Ricard Lanata fue y será una constante inspiración y un modelo intelectual, político, ético y de humanismo.

Hommage à Xavier Ricard Lanata, un franco-péruvien paradigmatique

Par, Jean-Joinville Vacher, Directeur de Recherche Émérite de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Ex Directeur de l’Institut Français d’Études Andines (IFEA)

Xavier Ricard Lanata, s’est éteint le 5 septembre passé suite à un cancer. Il avait 48 ans.

Franco-péruvien de naissance et d’essence, il a dédié ses activités pléthoriques et ses multiples ouvrages à tisser des liens entre les cultures et les mondes et au combat énergique, généreux et courageux pour la préservation du vivant et de la terre face à l’effondrement et la destruction actuels. D’une culture foisonnante, d’une curiosité insatiable, il nous offre par sa formation d’ethnologue, de politologue, de philosophe et d’écologue une réflexion originale, holistique et interculturelle sur les mondes d’aujourd’hui et de demain.

Suite à des études de sciences politiques et de philosophie à Paris, il s’initie aux problématiques de développement et de durabilité au Zimbabwe et en Tanzanie.

Puis c’est au Pérou, au début des années 2000, où il développe une remarquable recherche ethnologique de terrain sur le chamanisme des hauts plateaux andins. Cette étude sera l’objet d’une publication en France et au Pérou : « Les voleurs d’ombre. L’univers religieux des bergers de l’Ausangate » (Ladrones de sombra. El universo religioso de los pastores del Ausangate). Cette rencontre avec les bergers andins développera sa passion pour le dialogue entre les cultures et les regards croisés qu’il appliquera comme directeur adjoint du Centre d’études régionales andines Bartolomé de las Casas (CBC) à Cuzco entre 2002 et 2007. Pendant cette période, Xavier Ricard Lanata a mis en place une collaboration fructueuse avec différentes institutions françaises, dont l’Institut Français d’Études Andines (IFEA).

De retour en France, il travaille pour le Comité Catholique contre la Faim et le Développement (CCFD-Terres Solidaires) comme directeur des partenariats internationaux de 2008 à 2014.

Ces différentes expériences renforcent comme il l’écrit « la nécessité de nous convertir au regard de l’autre » et son engagement « pour une transition écologique et une fraternité universelle soucieuse de préserver les équilibres et la beauté des mondes » qu’il transmettra dans son livre « Blanche est la terre » (2017).

En 2015 et 2016, il intègre l’École Nationale d’Administration (ENA) avec l’objectif de pouvoir appliquer ses idées au sein de la puissance publique. Il exercera successivement de 2017 à 2020 les fonctions d’Administrateur Civil à la Direction Générale du Trésor puis de Conseiller à l’Agence Française de Développement (AFD).

Ses idées originales, sa liberté intellectuelle et sa profonde conviction de lutter avec énergie contre la prédation du capitalisme contemporain vers la destruction du monde et pour l’avènement d’une société plus juste et viable constituent les piliers de ses deux derniers ouvrages  « La tropicalisation du Monde (2019) et « Demain la Planète : quatre scénarios de déglobalisation (2021) ». Dans sa dernière participation publique, il évoquait « une indispensable insurrection des consciences ».

Xavier Ricard Lanata par sa présence, ses actions et ses œuvres fut et sera une constante inspiration et un modèle intellectuel, politique, éthique et d’humanisme.

Sexualidades y afectos de mujeres lesbianas afrodescendientes y blancas/mestizas en Cali, Colombia: la entrevista y el terreno

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de María Cegarra, Universidad Sorbonne Paris Nord (Francia)

Reseña redactada por Maëlle Lucas, doctoranda en geografía en la Universidad Rennes 2 (Francia)

El pasado 13 de agosto, durante el Encuentro mensual de los Jóvenes Investigadorxs del IFEA, María Cegarra, doctoranda de psicología en la Universidad Sorbonne Paris Nord, nos presentó el marco teórico y los primeros avances de su trabajo doctoral, desde Cali, donde está actualmente realizando su trabajo de campo. María Cegarra busca entender la experiencia y el discurso en el ámbito de la sexualidad de mujeres caleñas afrodescendientes y mestizas, lesbianas y de clase media y popular. Llegó a Colombia en un momento de muchos cambios, con la pandemia de la Covid-19 y con el Paro Nacional que ocurrió en los últimos meses. Este último evento se ve reflejado en la afectividad de las personas encontradas durante el trabajo de campo, y tiene un impacto en la forma de vivir su sexualidad en el ámbito doméstico y privado y fuera de él.

Marco teórico

María Cegarra empezó su presentación con una definición de las principales teorías que enmarcan su tesis, para que la audiencia tenga una idea más precisa de dónde parte su investigación. El feminismo decolonial es central para entender la opresión múltiple que viven las mujeres que María Cegarra pudo entrevistar. Además de la estigmatización por su orientación sexual, muchas mujeres son invisibilizadas por el feminismo blanco europeo. El feminismo decolonial busca responder a esta falla. La herencia colonial sigue presente en un imaginario que construye y define lo que deben ser el cuerpo y el deseo femeninos. Aquí se puede mencionar el trabajo de Mara Viveros Vigoya que habla de sexualización de la raza (Viveros Vigoya, 2008) y describe este vínculo del imaginario colonial entre origen étnico y sexualidad. Un elemento importante para tener en cuenta es que el color de la piel está vinculado con el nivel de vida, en un contexto racializado donde el cuerpo es el lugar privilegiado de la dominación.

Fernando Urrea Giraldo habla de pigmentocracia para definir una jerarquía de poder según el color de la piel (Urrea Giraldo y La Furcia, 2014). La otra forma de opresión que se evidencia en el trabajo de María Cegarra es la alterización de las mujeres lesbianas. Monique Wittig describe este fenómeno en On ne naît pas femme, publicado en 1980.

Contexto caleño

En una segunda fase de su presentación, María Cegarra nos describió el contexto caleño en el que está realizando su encuesta. Busca comparar las trayectorias sexuales de mujeres caleñas lesbianas, en una ciudad en la que la protesta social del sector LGBTQI+ está teniendo cada vez más peso. El censo del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) nos da alguna información sobre la población estudiada. En Cali viven 258 000 personas afrodescendientes, en una ciudad de aproximadamente 2 millones de habitantes. Se observa una bajada significativa de la población identificada como negra, raizal o palenquera en Colombia entre el 2005 y el 2018. En relación a un menor acceso a recursos económicos estables, el nivel educativo de esta población está por debajo del nivel educativo del total de la población colombiana. Estudian menos personas NARP (población Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera) en la educación superior y en posgrado. Cali y el departamento del Valle del Cauca concentran parte de esta población negra afrocolombiana. En el mapa, se puede observar que estas personas se concentran también en los sectores orientales de la ciudad, que son los más pobres.

Cuestiones de metodología y avances de las primeras entrevistas

La recopilación de datos se hace principalmente por entrevistas individuales en profundidad. Se conciben como un conversatorio. Y también se usa el método de la observación etnográfica. El objetivo es de 30 entrevistas, con 50% de mujeres que se identifiquen como afrodescendientes y 50% de mujeres como mestizas, todas lesbianas o bisexuales. Se usa también la técnica de la bola de nieve. A nivel de la ética de la metodología, es importante que las personas entrevistadas estén al tanto de la información que se va a generar. Aquí es importante mencionar que María Cegarra parte del conocimiento situado, es decir que se “anuncia” como mujer blanca, española, lesbiana y de clase trabajadora, y todos estos elementos la sitúan epistemológicamente en el entorno de su trabajo de campo. Teniendo en cuenta estos datos, insiste en la precaución que se debe tener para no caer en una colonización académica, discursiva y epistémica. Considera que el saber está producido por las mujeres entrevistadas y que el resultado de su trabajo será el reflejo de un diálogo con esta parte de la sociedad colombiana en un tiempo dado. Para facilitar el contacto visual con la persona, no se toman notas durante la entrevista. María Cegarra cerró su presentación con una interrogación sobre la legitimidad de definir la identificación étnica de las personas entrevistadas.

Discusión

La discusión se abrió con esta pregunta, y con la dificultad de identificarse en las sociedades latinoamericanas, donde lo étnico está muy vinculado con lo socio-económico, y afirmarse como mestizo si uno tiene la piel de color claro, puede ser una forma de borrar su posición social dominante. María Cegarra elige seguir la auto-identificación de las personas entrevistadas. Una proposición interesante surgió de la discusión, con la idea de preguntar también cómo la sociedad identifica a estas personas.

El segundo tema importante de la discusión giró alrededor de la metodología elegida y la relación de poder que se establece en las entrevistas. Por un lado, la persona entrevistada es la que detiene la información que busca la investigadora y esto le da poder. Pero por otro lado, desde un punto de vista macro-sociológico, no hay que olvidar la posición de poder que le da a la investigadora el hecho de ser blanca, europea y con capital académico.

Otra sugestión que salió de la conversación es la de considerar la grabadora como un actor de la entrevista, y observar qué pasa cuando se prende y cuando se apaga. Más allá de esto, María Cegarra busca tener en cuenta el comportamiento del cuerpo, que también brinda una información muy rica para la investigación.

La discusión se cerró con consejos bibliográficos, y surgió la idea de contactar a investigadores claves para la investigación, con los que se podrían también hacer entrevistas, como las antropólogas Ochy Curiel y Mara Viveros.

Calí, 2021 ©María Cegarra

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Economías coloniales de la salud. Hospitales en el Virreinato de Perú, siglos XVI–XVII

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Camille Sallé, European University Institute/EHESS (Francia)

Reseña redactada por Ruth Jimenez Nina, estudiante de maestría en Lingüística Antropológica en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (México)

Camille Sallé es doctorante en Historia de la European University Institute y de la EHESS. Su presentación en el Encuentro de Jóvenes Investigadores analiza la temática del hospital como una institución de salud, caridad y como sistema de asistencia en el contexto colonial de la explotación minera en Potosí en los siglos XVI y XVII. 

La autora nos invita a reflexionar sobre los hospitales de esa época, no solo como instituciones de atención a los enfermos y de disciplinarización del cuerpo y alma, sino como instituciones multidimensionales que involucran prácticas y dinámicas económicas, políticas y sociales y también como instituciones mediadoras de transacciones de caridad. Sallé explicó que la tradición hospitalaria europea que perpetuaba un principio de justicia distributiva por clases sociales, es decir, el derecho a acceso de salud era otorgado de acuerdo al nivel social del paciente. En ese contexto, la caridad era un mecanismo de redistribución, pero no pretendía cambiar el orden social más bien mantenerlo. 

Este principio de justicia distributiva segregacionista fue aplicado en el sistema hospitalario en Lima, por ejemplo, pero no en Potosí donde se tiene registros que el mismo hospital servía a españoles, indígenas y negros. Sin embargo, la perpetuación jerárquica se mantenía, todas las personas eran atendidas en el mismo lugar, pero tenían diferentes derechos: un español pagaba por su cura y la de sus dependientes (por “caridad”), los indígenas podían ser atendidos gratis (por “caridad”) toda vez que paguen un tributo anual hospitalario. 

Profundizando el contexto potosino, se debe tomar en cuenta que esta ciudad fue de las más importantes en el siglo XVI, y su importancia radica específicamente en la extracción de plata de esa época y actualmente es el mejor ejemplo de economía extractivista. El sistema laboral de la mita forzaba a todos los tributarios masculinos entre los 18 y 50 años a trabajar durante seis meses en la mina. 

El único hospital de esta ciudad, fundado en 1555 y administrado por españoles, se llamó Hospital de los Naturales (también llamado de indios) de Potosí y se encargaba de proveer salud física y espiritual (evangelización de indígenas y transacciones para la salvación del alma) para todos. En esta ocasión, la autora nos compartió la trayectoria de 4 personas registradas en este hospital. El caso que se analizó a profundidad fue el de Luca Villca, un indígena que estaba en Potosí para cumplir con la mita, y quien sufre un accidente laboral, se interna en el hospital y después un año muere. La esposa de este mitayo, Angélica Calina, inicia una acción legal contra Gonzalo de Fúnez, el empleador de su esposo, a la que después renuncia por 75 pesos pagados por Gonzalo de Fúnez, de los que 65 son para ella y 10 son donación para la parroquia. 

Según las obligaciones legales, Leyes de Toledo de 1574 y Ordenanzas de Minas de 1608, el maestro de mina debía responder por sus empleados. Había un marco legal para pedir compensación económica en casos de muerte (hasta 200 pesos) y también “enfermedad” (2 pesos/día), pero los trabajadores debían estar hospitalizados para acceder a esa compensación. Por lo tanto, el hospital en Potosí en esa época era una institución de control y justificación para acceder a derechos económicos ligados al trabajo y en este sentido, es una institución de mecanismo de redistribución de justicia diferente. 

Finalmente, la autora y los participantes de la reunión de jóvenes investigadores observaron la necesidad de redefinir el concepto de “caridad”. En los registros hospitalarios se consideraba “limosna”, por lo tanto, caridad cuando un español pagaba la curación de su esclavo, su mitayo y demás dependientes, en cambio la tasa anual hospitalaria que pagan los mitayos, se registra como eso, pago de tasa. Lo que se denomina “caridad”, parece más bien una cuestión política y colonial porque crea una diferencia entre quien puede hacer caridad y quién no. La caridad otorga beneficios espirituales, como la salvación del alma, poder político y prestigio y está reservada para los españoles. Finalmente, los comentarios también llevaron a pensar sobre la manera en la que la atención medica provista por los empleadores podía responder a intereses económicos, ya no era rentable que un trabajador muera o esté enfermo. 

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Estrategias de enfrentamiento de la violencia de género contra mujeres indígenas en Ecuador. Un análisis desde el pluralismo jurídico emancipatorio

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Liliam Fiallo, Universidad Andina Simón Bolívar (UASB Ecuador)

Reseña redactada por Pauline Vandenbossche, doctoranda en ciencias políticas por la Universidad Lyon Lumière (Francia)

El 18 de junio de 2021, Liliam Fiallo, estudiante de doctorado en sociología en la Universidad Andina Simón Bolivar (UASB Ecuador), presentó la ponencia “Estrategias de enfrentamiento de la violencia de género contra mujeres indígenas en Ecuador. Un análisis desde el pluralismo jurídico emancipatorio.” En esta ocasión la ponente presentó parte de los resultados de su investigación doctoral.

El objetivo de la investigación doctoral es comprender la situación que atraviesan dos grupos de mujeres indígenas en Ecuador cuando están expuestas a violencias de género, y cómo las mujeres denuncian a la justicia su caso de violencia de género. En suma, la investigación analiza el pluralismo jurídico ecuatoriano, y la manera en la que las mujeres indígenas pueden elegir entre presentar su caso a la justicia ordinaria o a la justicia indígena.

Los dos grupos de mujeres investigados están localizados, por una parte, en la provincia costera Tsachila Santo Domingo que tiene siete comunas en el país. Por otra parte, Liliam Fiallo se acercó a mujeres de Colta en el Chimborazo, una provincia de los Andes que agrupa 170 comunas. Si bien las dos localidades son diferentes por el área geográfica y por el número de comunas agrupadas, Liliam Fiallo ha decidido enfocarse en ambas zonas porque son lugares marcados por una fuerte lucha social, y por la presencia de organizaciones de desarrollo y por misiones católicas y evangélicas, lo cual ha impactado las prácticas en las instituciones legales y ha incentivado la movilización de las organizaciones de mujeres. 

Durante su investigación, Liliam Fiallo ha principalmente entrevistado a fiscales, a lideresas, a representantes comunitarias y a las mujeres víctimas de violencia. También ha hecho un estudio documental jurídico. Sus fuentes ofrecen un panorama de diferentes experiencias y puntos de vista que permiten entender el problema del acceso a la justicia de parte de las víctimas de violencia de género en Ecuador.

La ponente presentó entre otros datos, el principio de igualdad jerárquica en Ecuador y las cifras de mujeres víctimas de violencia de género, según el área de residencia, la etnia de pertenencia y la edad. Estas cifras oficiales colectadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el 2019 demuestran que más de la mitad de todas las mujeres registradas han sufrido violencias de género, más que todo en el área urbana (65,7%) y entre los 30 y 44 años (68,8%). La etnia indígena es la tercera etnia más afectada por la violencia de género (el 64% de las mujeres indígenas ha sufrido violencia de género en su vida), después de las etnias afrodescendientes y mestizas (respectivamente 71,8% y 65,1%). 

Decidimos enfocar el resumen de esta presentación sobre dos puntos que nos parecen ser muy interesantes, los cuales vamos a presentar a continuación.

Primero, el hecho de que las mujeres víctimas de violencia puedan elegir entre la justicia ordinaria  y la justicia indígena es sumamente interesante. En efecto, aprendimos a partir de situaciones concretas de los casos presentadas por Fiallo, que contrariamente a los diferentes estudios académicos que consideran la representación jurídica necesaria – por parte de expertos de derecho y/o de justicia – para que las víctimas acedan a la justicia; hay ciertas mujeres que decidieron en “autonomía” hacia qué tipo de justicia preferían dirigirse. Si bien no todas las mujeres denuncian su caso, varias mujeres a quienes la joven investigadora conoció, tienen una socialización jurídica y saben lo que quieren y esperan de la justicia ordinaria o indígena. Al respecto, los asistentes sugirieron a Fiallo de profundizar el estudio de la socialización jurídica de las mujeres víctimas de violencia de género para entender las condiciones sociales y jurídicas que permitan que unas quieran denunciar. Por ejemplo, la obligación oficial de poner una denuncia y designar un responsable, puede ser un límite o una discriminación    para las víctimas en el escenario jurídico.

Segundo, una crítica mayor que ha hecho Liliam Fiallo a partir de sus observaciones es que, según ella, que las políticas públicas sobre violencia de género o violencia sexual no toman en cuenta la dimensión socio-étnica de las mujeres. Dicho de otro modo, no se consideran las características étnicas y culturales de las mujeres indígenas para aplicar medidas de protección, prevención y atención frente a violencias de género. Sin embargo, según la ponente, es imprescindible generar una política pública que incluya la etnia de las víctimas al analizar la violencia de género. Cuando se le preguntó por qué consideraba  importante la generación de una política como tal, Fiallo respondió que algunas mujeres que ha conocido y entrevistado sugirieron este cambio, por lo cual la joven investigadora consideró la importancia de la interpretación intercultural de los derechos humanos. Después de esta interesante conclusión, las demás asistentes le aconsejaron a Liliam que no tome como tal las palabras de sus entrevistadas, sino que cuestione el motivo por el cual las dijeron y entender la posición social desde la cual estas mujeres opinaron. En efecto, sería muy interesante profundizar las características sociales de estas mujeres que tienen una reflexión política o mejor dicho, que politizan las violencias de género y su propia experiencia de víctimas de violencia de género, para entender en profundidad la opinión y las esperanzas sobre la justicia de parte de ciertas mujeres indígenas ecuatorianas víctimas de violencia de género.

Presentación de Liliam Fiallo © IFEA

Bibliografía

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Nuestros parientes del bosque: relaciones entre comunidades nativas e indígenas aislados en Madre de Dios

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Luis Felipe Torres, Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil)

Reseña redactada por Danna Duffó Chapilliquén, licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú 

El pasado 28 de mayo de 2021, tuvo lugar uno de los Encuentros de Jóvenes Investigadorxs que el IFEA organiza mensualmente. En aquella fecha, Luis Felipe Torres, doctorando en Antropología Social por la UFRJ, presentó la ponencia  «Nuestros parientes del bosque: relaciones entre comunidades nativas e indígenas aislados en Madre de Dios». Partiendo del trabajo de campo que inició en 2018 en la comunidad nativa de Monte Salvado (Madre de Dios), Luis Felipe expuso algunos de sus hallazgos preliminares sobre las dinámicas relacionales entre dos pueblos de la Amazonía peruana.

El principal énfasis de la investigación recae en las relaciones que se generan entre los pueblos Yine y Mashco Piro, pertenecientes a la familia lingüística Arawak. Por un lado, los Mashco Piro son un pueblo considerado en situación de aislamiento por el Estado peruano, mientras que los Yine han tenido contactos frecuentes con personas externas al grupo desde el siglo XVI. En ese sentido, se relata las maneras en que sus distintos procesos históricos han configurado maneras de ser en el mundo que hoy en día configuran las interacciones que establecen entre sí.

La labor etnográfica de Luis Felipe ha estado enmarcada en la normativa legal del Perú, país donde existen políticas que pretenden proteger a los grupos considerados vulnerables desde el aislamiento. Es así que, en lugar de aproximarse a las razones por las que los Mashco Piro hoy en día entablan contacto con los Yine, su trabajo se basa en cómo estos últimos entienden tales interacciones, concretamente, desde su concepción sobre la historia y el parentesco. En este sentido, se retoma a Peter Gow (1991), quien postuló que entre los Yine, ambos aspectos forman parte de un mismo proceso.

Se problematiza, entonces, la noción de historia que tienen los Yine a partir de su forma de ser en el mundo desde la perspectiva chamánica. Para el mundo de los ‘abuelos lamentablemente muertos’, o Yineru, ello implicaba entablar relaciones con distintos seres para aprender a usar sus poderes y tener la posibilidad de curar. En este sentido, se parte del enfoque perspectivista trabajado por Viveiros de Castro (2012) para aproximarse a la noción de una humanidad que es compartida entre especies y que se diferencia en los distintos cuerpos o ‘ropajes’ que toman. Desde esta postura, el mundo sería transformacional, ya que permitiría cambiar de punto de vista a través del conocimiento de las plantas, los animales y demás seres. Si bien entre algunos Yine se trata de preservar los conocimientos chamánicos, existe la noción extendida de que los Mashco Piro -al estar en mayor contacto con el bosque- los tienen potenciados.

Posteriormente, el ponente hace un recuento sobre algunos procesos de contacto clave que establecieron los Mashco Piro y los Yine con grupos colonizadores. Mientras que los Mashco tomaron un camino hacia la guerra y el refugio, los Yine pasaron por un proceso de asentamiento nuclear y aprendieron conocimientos de los ‘otros’ para protegerse y vivir en el ‘mundo de los blancos’. Como se relata, la actual concepción del ‘buen vivir’ que sostienen los Yine implica crear un asentamiento y entra en pugna con la vida en el bosque.

En ese sentido, la interacción que los Yine entablan hoy en día con los Mashco Piro implica una tensión entre pretender preservar los conocimientos chamánicos e intentar ‘amansar’ a este grupo. Los encuentros que hoy en día establecen se dan por medio de la entrega de objetos y alimentos cultivados a los que los Mashco Piro no tienen acceso. Es a través de este intercambio que los Yine hacen a este grupo sus parientes; lo que no significa hacer alianzas matrimoniales, sino dejar el mundo de la afinidad potencial y tener la certeza de que el vínculo no ocasionará conflictos bélicos.

De tal forma, mientras que desde la perspectiva del Estado el aislamiento es necesario para la protección de los Mashco Piro, para los Yine, esto comprende hacerlos parientes para que adquieran conocimientos de los ‘otros’ que los ayudarán a protegerse ellos mismos de ser esclavizados. 

Al finalizar la presentación, la discusión giró alrededor de diversos temas, incluyendo las distintas nociones de civilización, protección y cuidado que mantienen los Yine. Siguiendo esa línea, se comentó sobre la conformación de relaciones asimétricas, en las que el ‘grupo contactado’ trata de ‘pacificar’ a los otros desde la pretensión del cuidador, del que protege. Por un lado, este accionar parte de una concepción del ‘ser salvaje’, influenciada por la presencia evangélica y colonizadora, pero también de la noción indígena de la protección y el cuidado, que no es la misma que se entiende desde el Estado. Finalmente, se discutió sobre el papel de las mujeres en el parentesco -quienes mantienen los vínculos en la comunidad- y se sugirió no perder de vista el contexto en el que se dan las dinámicas de género para poder incluir esta perspectiva dentro de la investigación.

Presentación de Luis Felipe Torres © IFEA

Bibliografía

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Remodelación y ampliación del IFEA en Lima – Galería fotográfica

Remodelación y ampliación del IFEA en Lima

Escribe Aliocha Maldavsky, directora del IFEA

Después de la obtención de la licencia de edificación en enero del 2021 y tras las autorizaciones municipales, el 26 de abril de 2021 comenzaron en Barranco los trabajos de construcción de la biblioteca del IFEA y de remodelación de la casona. Este proyecto inmobiliario, iniciado por Évelyne Mesclier, directora de 2016 a 2020, permitirá ofrecer a inicios del año 2022 una plataforma única a todas las misiones del Instituto, reuniendo en un solo lugar los investigadores, los servicios administrativos, de edición, de comunicación y de documentación.
Leer el artículo / Lire l’article en français

Fachada de la sede administrativa del IFEA en Barranco, Lima. Julio 2019 © K. Pacheco
Vista desde el fondo, futuro espacio de la sala de lectura, agosto 2021 © A. Maldavsky
Equipo de la construcción, agosto 2021 © A. Maldavsky

Vers la réhabilitation du patrimoine de la Vallée du Sondondo, une recherche-action

Par Aliocha Maldavsky, directrice de l’IFEA; Silvia Dana-Echevarria, presidente de l’association Les Amis du Patrimoine et Évelyne Mesclier, directrice de l’IFEA (2016-2020)

Cet article a été initialement publié dans la Lettre d’information – INSHS Nº71, pages. 29-31[1]

La vallée du Sondondo – © Aliocha Maldavsky 202o

Le projet « Valorisation du patrimoine de la vallée de Sondondo », coordonné par l’Institut Français d’Études Andines-IFEA, est né de l’initiative de l’association française Les Amis du Patrimoine, fondée par une diplômée de l’Université Catholique du Pérou, dont l’objectif est de faire connaître à la communauté internationale le patrimoine culturel d’une vallée des Andes. Celle-ci, la “Vallée du Sondondo”, est située dans le centre-sud du Pérou, entre 2500 et 5000 mètres d’altitude, dans les provinces de Lucanas et Sucre, département d’Ayacucho. Six municipalités, Aucará, Cabana, Carmen Salcedo, Huaycahuacho, Chipao et Huacaña sont regroupées dans cette entité qui correspond aux bassins-versants des rivières Sondondo, Negromayo et Mayobamba.

Ayacucho a été l’épicentre du conflit interne qui a embrasé le Pérou dans les années 1980 et 1990, l’affrontement entre un mouvement de guerilla d’inspiration maoïste et l’État faisant des dizaines de milliers de victimes, entre civils et belligérants. Une grande partie de la population de la vallée a alors migré vers la capitale, Lima, ou vers le piémont côtier de la cordillère, en quête de sécurité et de travail. Malgré le retour à la paix, les taux d’émigration restent aujourd’hui élevés chez les jeunes. La principale activité économique est l’agriculture, sur de petites exploitations, avec des débouchés commerciaux limités.

Si l’on pense au sauvetage du patrimoine, c’est qu’il y a danger : de destruction, de disparition, d’oubli. Le signal d’alarme, dans le cas de la vallée du Sondondo, est venu de la société civile. Malgré l’éloignement, les associations de migrants préservent les liens avec leurs localités d’origine, organisant des activités festives dans la capitale en l’honneur de leurs saints patrons, des mini-projets d’œuvres sociales à destination des familles vivant dans la vallée et des initiatives de rénovation des églises. Dans la vallée, la relation au patrimoine se manifeste par des fêtes religieuses, de rites populaires, comme la fête de l’eau Hatun Raymi, ou de danses, comme la Chimaycha, Los Negritos et la danse des Ciseaux, et par l’identification de sites archéologiques dans le paysage, mais aussi des peintures rupestres, comme celles de Paquare. Les rituels contribuent aussi à la vitalité de la langue quechua. Beaucoup de familles appartiennent par ailleurs à des “communautés paysannes”, une institution héritière des communautés indigènes, reconnue par l’État péruvien.

Intérieur de l’église de Cceca – © Aliocha Maldavsky 2020

La Vallée du Sondondo a ainsi pu être identifiée comme un espace d’intérêt patrimonial particulier. L’église d’Aucará a été déclarée patrimoine culturel de la nation par le ministère de la Culture en 2011. En 2019, la Vallée est reconnue comme “itinéraire culturel d’intérêt” par le Ministère du Tourisme et déclarée d’intérêt national par le congrès. Un dossier d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO est en cours de préparation. Cette reconnaissance se fonde sur une appréhension systémique de la Vallée comme “paysage culturel vivant”, qui associe des éléments naturels à son anthropisation. En effet, cette zone se caractérise par ses impressionnantes terrasses de culture, ses systèmes complexes d’irrigation, ses villages de réduction d’origine coloniale, avec leurs églises baroques rurales et leurs chapelles. On peut aussi souligner l’ancienneté des vestiges liés à l’élevage de camélidés dans la puna et le nombre et l’importance des sites archéologiques, dans un cadre naturel de montagnes, de lacs et de canyons, qui comprend des points d’observation des condors.

Cependant, la vallée est aujourd’hui mal reliée au reste du territoire national. Des pistes permettent d’accéder à une grande partie des éléments marquants du paysage culturel, mais cet ensemble est mal connu et s’est dégradé plus rapidement pendant et après le conflit armé.

En 2019, pendant la semaine de l’Amérique Latine à Paris, Les Amis du Patrimoine présente l’état de dégradation des peintures coloniales des XVIIe et XVIIIe siècles abritées par l’église d’Aucará. Attaquées par un champignon, ces œuvres, dont « La Virgen del Carmen y Las Almas Penitentes del Purgatorio », étaient en train de disparaître. Une équipe de restauration française part alors mener une opération de sauvegarde de la toile, lors d’un séjour d’un mois, financé grâce à la mobilisation de la collectivité péruvienne et française.

Dans la continuité de cette expédition, l’IFEA et l’association les Amis du Patrimoine ont obtenu l’appui de l’ambassade de France au Pérou pour mettre sur pied un projet de réhabilitation et de sauvegarde du patrimoine de la vallée. Des financements FSPI (Fonds de solidarité pour les projets innovants) et ALIPH (Fondation Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, qui intervient pour la première fois en Amérique du Sud) ont été obtenus en 2020. Le projet compte sur l’appui du ministère de la Culture péruvien, de l’archevêché d’Ayacucho, d’Icomos-Pérou.

Inauguré le 4 août 2020, le projet vise à récupérer la mémoire collective à travers la conservation des peintures, la réhabilitation des toits des églises, et un travail scientifique en archéologie, histoire et anthropologie, s’appuyant sur l’expérience de la France en matière de conservation et la réhabilitation de monuments historiques sur des bases scientifiques solides. A long et moyen terme, cette réhabilitation patrimoniale peut servir de relais à un développement touristique culturel et avoir des effets économiques.

Soutenu par l’Ambassade de France au Pérou, l’IIFEA coordonne le volet scientifique du projet, ainsi que l’étude des perspectives de valorisation patrimoniale et touristique. L’association Les Amis du Patrimoine mène les actions de protection et de conservation des toiles de l’église d’Aucará, et dirige également la recherche architecturale et la mise en valeur des églises à travers la sauvegarde de leurs toits. Les deux entités collaborent à la définition initiale, aux adaptations du calendrier et aux activités du projet.

Sauvegarde du tableau La Virgen del Carmen y Las Almas Penitentes del Purgatorio – © Munay 2019

Dans ce cadre, la proposition de recherche scientifique de l’IFEA est résolument pluri et interdisciplinaire. Si les églises et leurs tableaux sont au départ du projet, la recherche scientifique s’intéresse en priorité aux populations locales qui les ont construites, ce, dans une perspective archéologique, historique et anthropologique. Les chercheurs entendent retracer l’histoire de ce territoire, en commençant par la configuration ethno-politique des populations qui habitaient la vallée avant l’arrivée des Espagnols, ainsi que par les changements survenus après la première présence hispanique, qui ont reconfiguré les relations culturelles, politiques, économiques, sociales et religieuses, ainsi qu’au milieu physique, du XVIe siècle de notre ère à nos jours. Cela suppose une collaboration étroite entre les disciplines. Les vestiges matériels étudiés par les archéologues doivent permettre d’expliquer le paysage religieux andin, les premiers temples coloniaux de la vallée de Sondondo, ainsi que les vestiges domestiques de la première occupation hispanique de la vallée. Ce matériel archéologique est complété par des recherches inédites dans des archives des communautés paysannes et quatre fonds d’archives paroissiaux présents dans la vallée, en plus des archives nationales et régionales, afin d’établir un diagnostic documentaire. Des ethnographies sur l’organisation socioculturelle et le système de vie communautaire permettront de compléter ces données, en donnant leur place aux récits et histoires transmis par la tradition orale. Enfin, les chercheurs identifieront des circuits potentiels de routes et de chemins pour valoriser le patrimoine et les opportunités de développement touristique : cette information sera rendue accessible par le biais de plates-formes audiovisuelles sur Internet. Les résultats des recherches seront diffusés dans des publications académiques et de vulgarisation auprès des habitants de la vallée de Sondondo et des citoyens en général.

L’association Les Amis du Patrimoine concentre, quant à elle, ses efforts sur la protection du patrimoine architectural, artistique et immatériel des quatorze églises principales de la Vallée du Sondondo, à travers des actions de prévention et de valorisation par les collectivités locales, en lien avec les chercheurs et des experts en architecture et restauration. Pour étudier le patrimoine artistique de la vallée et nourrir l’histoire des toiles coloniales situées dans l’église d’Aucará, un premier inventaire photographique des biens meubles contenus dans chacune de celles-ci a été effectué, qui complétera la recherche historique. Deux groupes de conservateurs provenant de Cuzco et de Lima ont la tâche de stabiliser huit grands tableaux, selon une méthodologie présentée au ministère de la Culture péruvien. Dans une deuxième étape, une équipe française prendra la relève. Avant de commencer des travaux de conservation des toits, l’association est en train d’établir des plans actualisés. Priorité est donnée aux professionnels originaires de la vallée dans la composition des équipes de travail qui effectuent les mesures : cette inclusion des habitants dans la réhabilitation du patrimoine constitue une dimension essentielle du projet. A cette occasion, des ateliers virtuels d’information avec les habitants et les autorités locales ont été menés localement en décembre 2020 et pendant le premier trimestre de 2021, avec la participation de l’IFEA. La forte affluence à ces rencontres montre l’intérêt de la société civile pour ce projet, ainsi que la volonté d’y contribuer concrètement.

Malgré des débuts difficiles en raison de la crise sanitaire, une grande partie des activités prévues ont pu être entreprises. Par prudence, pour ne pas être un vecteur de contagion pour les habitants, les différents acteurs du projet se sont obligés à mener dans un premier temps leurs activités à distance : la reprise des travaux sur le terrain est prévue à partir du 2e trimestre 2021.

Pour l’IFEA, le projet « Valorisation du patrimoine de la vallée de Sondondo » constitue une expérience de projet pluridisciplinaire et de collaboration avec les populations locales, sur la base de financements diversifiés. C’est également une voie fructueuse d’accès à un large public. En effet, à travers la sauvegarde du patrimoine, hérité et légué, l’engagement des individus et des collectivités s’associe à la recherche scientifique, incorporant des objectifs institutionnels, locaux et internationaux, dont on espère des retombées économiques et sociales à moyen et long terme.

L’église de San Francisco de Pampamarca- © Héctor Ascorra 2021

[1] https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_71.pdf

Políticas de recuperación / renovación de espacios públicos para pobres

A propósito de la “Alameda/Boulevard (¿?) del Bicentenario” (Surquillo, Lima)[1]

Escribe Johnatan Vega Slee, historiador de la UNMSM, Magíster de investigación en Antropología por la FLACSO – Ecuador, ex becario IFEA.

Introducción

En abril de 2020, el “Mercado San Felipe” de Surquillo registró una de las tasas de contagio por covid-19 (41.36%) más altas reconocidas en cualquier establecimiento comercial. El “Mercado” se dividía en tres: Centro Comercial San Felipe, Asociación de Pequeños Comerciantes San Lorenzo y Asociación de Comerciantes San Carlos. Las miradas acusadoras apuntaron contra las dos últimas, que la opinión pública calificó de “informales” y “antihigiénicas” por ocupar las calles, a diferencia de la primera [ver figura 1]. Tras la presión mediática, la Municipalidad Distrital de Surquillo (MDS) decidió desalojarlos. Algunos fueron reubicados temporalmente en un espacio enrejado donde se encuentran una pequeña cancha deportiva y juegos para niños.

Figura 1. División del “Mercado San Felipe” y reubicación de algunos comerciantes

© Alva, Catherine & Vega, Johnatan (2021), con base en Google Earth

Después del desalojo y la destrucción de los puestos, la MDS anunció la “recuperación” del lugar con la construcción de la “Alameda del Bicentenario” en ambas calles. El resultado de la obra se enmarca en lo que he denominado: “políticas de recuperación/renovación de espacios públicos para pobres”. El presente escrito reflexiona sobre los detalles de la implementación del proyecto y sus significados para la ciudad.

La Alameda del Bicentenario

En setiembre, la MDS promocionaba la “recuperación” de 2760 m2 de área para los peatones, así como los pilares de la obra: prioridad peatonal, entorno seguro para el juego, verde urbano, espacios de calma y descanso, accesibilidad universal y distanciamiento físico, y espacios para el encuentro [ver figura 2]. Las imágenes del proyecto auguraban grandes mejoras urbanas para la zona, la cual carece, históricamente, de áreas verdes y espacios públicos de calidad. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta.

Figura 2. Proyecto “Alameda del Bicentenario” – Surquillo

© Facebook de la Municipalidad Distrital de Surquillo (16/09/2020)

Primero, el riesgo y la vulnerabilidad. En octubre, se habilitaron pistas anchas y veredas estrechas. Frente a ellas, el peligro era evidente: los peatones debían estar muy atentos para cruzar la nueva pista de San Carlos, de doble sentido, junto a su intersección, San Felipe, también de doble sentido. Los únicos espacios para los peatones eran las dos veredas estrechas de San Carlos que miden 1.30 m. y 2 m. Es decir, su diseño contraviene la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) para zonas comerciales, que exige, como mínimo, 2.40 m. Por eso, las personas deben casi rozarse para transitar por allí, exponiéndose a contagios, o accidentes, ya que, en ocasiones, la situación los empuja a caminar por la pista. Para noviembre, San Carlos pasó a ser pista de una vía.

Segundo, la sensación de inseguridad. Tanto San Carlos como San Lorenzo cuentan con largos muros ciegos[2] e iluminación tenue. A pesar de ello, en las noches, los vecinos aprovechaban el menor flujo de autos para generar espacios de socialización y diversión en las pistas, con amigos o hijos, quienes, por ejemplo, jugaban fulbito, manejaban bicicleta o patines [ver figura 3]. Tal situación daba cuenta de la necesidad urgente de espacios públicos acordes.

Figura 3. Niña patinando en la pista de la calle San Carlos

© Johnatan Vega Slee (19/11/2020)

Tras la instalación de pistas y veredas, la pregunta era: ¿qué pasó con la Alameda? Para fines de 2020, la MDS ya no la mencionaba, ahora solo se hablaba de un “Boulevard”. Tampoco incluía a San Carlos en la obra, solo a San Lorenzo. Vale señalar que la alameda se define como una calle amplia con álamos, mientras que el boulevard es un espacio ancho y arbolado para pasear o descansar. Sin embargo, la obra final no se acopla a ninguna de las dos definiciones.

Para enero de 2021 se realizó la inauguración del “Boulevard San Lorenzo” junto con la premiación del concurso de pintura sobre pallets que promovió la MDS y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El “Boulevard” consta de dos veredas y una pista en una cuadra. Encima de ella se pintaron algunas líneas amarillas aleatoriamente, se colocaron muebles y macetas de madera, pallets en el suelo como rampas o asientos, y pequeños árboles a los lados. Además, se cercó la calle con un par de rejas y macetas. Y, finalmente, los pallets del concurso se colgaron en un muro ciego. Todo quedó colorido a la vista [ver imagen 4].

Figura 4. Vista del Proyecto “Alameda del Bicentenario” en calle San Lorenzo – Surquillo

© Johnatan Vega Slee (13/2/2021)

Políticas de recuperación/renovación de espacios públicos para pobres

Haciéndole favor a la obra, lo que hicieron podría calificarse como “urbanismo táctico”, pero distorsionado. El urbanismo táctico busca generar procesos de transformación en el espacio urbano a través de intervenciones puntuales en las que se involucra la ciudadanía.

En este caso, hay dos problemas importantes: (i) la concepción errónea del urbanismo táctico (aunque no es casual, sino que obedece a otras condicionantes que se señalan más adelante), y (ii) la participación ciudadana. Sobre el primer punto, tal concepción deviene en la entrega del urbanismo táctico como obra pública municipal final, cuando, por el contrario, debiese ser el punto de partida para generar cambios junto con la ciudadanía. Sobre el segundo punto, no se involucraron aquí ni a los comerciantes ni a los vecinos de los alrededores.

El espacio de “recuperación/renovación” es contiguo a Casas Huertas. En este barrio, el más denso y hacinado del distrito, la oportunidad para contar con áreas verdes y espacios públicos de calidad se ha perdido constantemente. Sucedió en los años sesenta, cuando se creó el Mercado y los comerciantes ocuparon las calles aledañas[3]. Y sucede nuevamente, ahora bajo la responsabilidad de la MDS y la MML, quienes tuvieron la oportunidad de ofrecer mejores espacios a una zona relegada históricamente, hacinada y marginada, pero la desperdiciaron. Inclusive, contraviniendo su proyecto inicial, asunto por el cual tendrían que responder[4].

El discurso de las autoridades era la supuesta necesidad de “recuperar” el espacio; sin embargo: ¡nadie lo secuestró! La MDS sabía de la presencia de los comerciantes, hasta los validaron cobrándoles una cuota mensual. El argumento de la “recuperación” se basó en los discursos higienistas del contexto del covid-19, que asocian la presencia de los comerciantes y el mercado en la vía pública con lo antihigiénico, precario, arcaico e informal, y que, por lo tanto, requiere ser erradicado. De este modo, poco o nada importan los significados del lugar, pues no solo era un espacio de comercio, sino también de encuentro, convivencia y solidaridad, que formaba parte de las memorias y vidas tanto de vecinos como de comerciantes, muchos de los cuales habitan el barrio Casas Huertas. Así, se vacían de significados los lugares para intentar construir, verticalmente, otros nuevos, de arriba hacia abajo, sin más intervención que las de las gerencias de desarrollo urbano o municipios.

La MDS señaló que buscaba implementar mejoras para la zona. Culminada la obra, la pregunta es: ¿cuáles fueron esas mejoras? La “recuperación” consistió en la instalación de mobiliario frágil y temporal, cuyo tiempo de vida es corto (ya están desgastados y rotos), así como fácilmente desechable por ser móvil (bancas, pallets, macetas y rejas), pudiendo pasar de ser un espacio “recuperado” para la gente a una pista en pocos minutos [ver figuras 5 y 6].

Figura 5. Vista del Proyecto “Alameda del Bicentenario” en calle San Lorenzo – Surquillo

© Johnatan Vega Slee (3/5/2021)

Figura 6. Mobiliario desgastado y roto

© Johnatan Vega Slee (3/5/2021)

La concepción de la obra, que podría valorarse a primera vista como una distorsión del urbanismo táctico, obedece también a la mala reputación de algunos barrios de la ciudad (estigmas territoriales). Estos estigmas, señalan los teóricos, tienen efectos sobre cómo los agentes de la sociedad sienten, piensan y actúan. De tal forma, en este caso, se explicaría el proceder de funcionarios y planificadores de la MDS y la MML respecto a la zona, la cual, a lo largo de su historia, ha sido asociada a valores negativos[5], que se han visto reforzados por los discursos higienistas de los tiempos del covid-19.

Por tales motivos, sostengo que la obra se enmarca en una política que podría denominarse como “recuperación/renovación de espacios públicos para pobres”. Son políticas pensadas para barrios históricamente pobres, marginados y/o estigmatizados, que carecen, desde antaño, de áreas verdes y espacios públicos de calidad, a quienes se les entrega tales “obras” como grandes cambios urbanos a su favor. Aquí, la operación se realiza a través de: primero, una materialidad frágil, precaria y temporal, que, en el caso en mención, instala mobiliario de tales características en lugares donde nunca existieron bancas fijas y adecuadas para la gente, planta árboles enclenques y uniformes donde —después de los años cuarenta— no los hubo, y/o cuelga pallets de colores para adornar el vacío que ellos mismos produjeron tras el desalojo, evidenciando el impacto urbano de los muros ciegos para generar sensación de inseguridad. Segundo, se complementa con un diseño urbano agresivo, tanto por la estrechez de veredas y la accesibilidad a las mismas, como por la priorización del auto por encima del peatón.

El caso expuesto encuentra su símil en el barrio Monserrate, del Cercado de Lima. Allí, la MML instaló mobiliario de madera como asiento, árboles pequeños cercados por pedazos de madera y mallas, y trozos de madera regados en el suelo para el juego de los niños. Y planean continuar su política a través del programa “Limeños al Bicentenario”, que, señala, busca “recuperar” 54 espacios públicos en “zonas priorizadas” de Lima.

En suma, este tipo de intervenciones, antes que mejoras, significan reafirmar la fragilidad, vulnerabilidad, precariedad y sensación de inseguridad características de aquellos barrios, consolidando la marginalidad y estigmas asociados históricamente con ellos.

Cierre

En el caso expuesto, el nombramiento del proyecto como “Alameda del Bicentenario” resulta una alegoría pertinente de las “políticas de recuperación/renovación de espacios públicos para pobres”. Es decir, es un proyecto trunco, que inicialmente se planteó como Alameda, después como Boulevard, pero que finalmente no fue ninguno. Es, más bien, una casualidad, ya que, antes que nada, en el fondo, son solo pistas y veredas que siguen reproduciendo el problema de fondo: falta de reales espacios públicos de calidad. Su denominación “Bicentenario” podría interpretarse como la falsa promesa republicana de la clase política, un adjetivo que, a pesar de estar en contexto con los 200 años de vida independiente, en estos tiempos, ya no cuenta con significación alguna para la ciudadanía. O quizá sí, quizá eso sea la concreción de la promesa republicana, quizá eso es lo que nos tiene a bien ofrecer la clase política dirigente: la reafirmación de espacios precarios y marginados con infraestructura que va acorde a las características físicas y simbólicas de los barrios en donde se implementan. En suma, el proyecto en su conjunto es la reafirmación y evidencia del desprecio hacia los pobres y sus barrios. Entonces, la pregunta final sería: ¿estamos dispuestos a seguir aceptándolo?


[1] Agradezco los comentarios de Rosa Huayre y Franklin Velarde a la versión preliminar.

[2]  Son paredes o muros sin ventanas, ni puertas, ni otras aberturas. Tales características físicas generan la sensación de inseguridad en los ciudadanos que transitan por este tipo de infraestructuras.

[3] Para más detalles, ver: https://ifea.hypotheses.org/4129

[4] Se solicitó información a la MDS sobre el proyecto Alameda del Bicentenario a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Transcurridos 38 días hábiles (28 más de lo debido), no se obtiene respuesta.

[5] En 1949, discursos higienistas justificaron, en parte, la segregación del barrio de Surquillo del distrito de Miraflores. Así, en el distrito naciente de Surquillo se acumularon una serie de desventajas físicas y simbólicas.

Le droit de manifester pacifiquement en renégociation :

Réflexion sur la grève nationale colombienne d’avril-mai 2021

Par Julie Massal, docteure en sciencie politique et chercheuse de l’IFEA en Colombie

La mobilisation sociale actuelle en Colombie, qualifiée par certains acteurs et observateurs « d’explosion sociale », s’inscrit dans un contexte marqué par la formation d’un débat public visant de plus en plus à définir, délimiter et revendiquer le « droit à la protestation pacifique » (Cruz, 2015). Cela implique nécessairement de définir « ce qu’est une manifestation pacifique » et d’établir « ce que l’on peut faire » (ou non) pour promouvoir les revendications et se faire entendre des autorités. En d’autres termes, ce qui est fondamentalement en jeu, c’est de négocier et d’élargir le répertoire d’actions collectives[1] en vigueur aujourd’hui en Colombie. Les manifestants, depuis les manifestations précédentes comme la grève nationale de 2019, cherchent à obtenir la reconnaissance du droit d’utiliser la protestation disruptive, qui perturbe dans une certaine mesure le fonctionnement de l’ordre social ou institutionnel, mais non violente (Barrera & Hoyos, 2020). Il s’agit d’innover avec des modes d’action qui parviennent à capter l’attention des pouvoirs publics sans déclencher une répression excessive.

Car le niveau de répression de la protestation – ou de  l’opposition politique – en Colombie peut être considéré comme « anormalement élevé » au sein d’un régime démocratique stable ; et cela est observable sous des gouvernements de couleur politique très différente, comme le démontre une étude historique de longue durée au XXe siècle (Gutiérrez, 2014). Il faut rappeler que le régime démocratique colombien a été fondé, de manière très ambivalente, sur une alternance automatique entre les partis majoritaires, les conservateurs et les libéraux, puisque tous les 4 ans, alternativement, ces partis « choisissent » le président, pendant la période dite du Front National (1958-1974) [2] : ce mécanisme a été pensé comme un moyen de mettre fin à la confrontation entre ces partis mais aussi de limiter l’émergence de nouvelles dissidences libérales. C’est précisément l’émergence du leader dissident du parti libéral, Eliecer Gaitán, et son assassinat le 9 avril 1948, qui ont conduit à la période de La Violence (1948-1953), une guerre civile entre partisans conservateurs et libéraux, puis à une brève dictature militaire (1953-1957). Ainsi, bien qu’elle cherche à réinstitutionnaliser le conflit politique, cette alternance bipartite restreint l’espace politique pour les expressions partisanes et sociales de l’opposition, même dans un régime formellement démocratique.

Il convient également de souligner la nature polarisée du débat public, due à l’empreinte laissée par le conflit armé depuis les années 1960 sur la société et la politique colombiennes : le traitement de la dissidence politique, lorsqu’elle s’exprime par le biais de mouvements syndicaux et de partis politiques alignés à gauche[3], a été stigmatisant, car toutes les forces d’opposition sont considérées comme liées à la guérilla armée ou infiltrées par elle. L’expression pacifique d’une opposition politique ou sociale ne bénéficie donc pas d’une représentation politique suffisante et d’un accès garanti au débat public.

Dans ce contexte, le processus de mobilisation actuel, en avril-mai 2021, montre que la marge de négociation du répertoire d’action est encore très étroite pour la population mobilisée. En outre, les possibilités d’élargir cette marge de manœuvre semblent également restreintes. Cela se produit dans un contexte politique très ambivalent : le contexte post-accord de paix, en vigueur grâce à l’accord de paix conclu avec l’ex-guérilla des FARC en 2016, a pu favoriser l’expression pacifique des revendications sociales et politiques, notamment celles des acteurs sociaux reconstitués, comme nous le verrons plus loin. Mais au niveau institutionnel, il n’y a pas eu d’élargissement de la représentation politique : lors des premières élections législatives (mars 2018) post-accord de paix, l’ancienne guérilla des Farc, devenue le parti politique « Force Alternative Révolutionnaire du Commun », a obtenu moins de 1% des voix et son candidat à la présidence a renoncé à se présenter après plusieurs attaques à son encontre pendant la campagne électorale. Les pouvoirs législatif et exécutif restent dominés par les  partis traditionnels. En outre, on observe la persistance de diverses expressions de violence sociale et politique (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI, 2018), y compris contre des acteurs sociaux mobilisés pacifiquement pour promouvoir la paix. Dans ce cadre, la protestation dans l’espace public redéfinit les marges et les conditions de sa légitimité.

Pour mieux le comprendre, nous examinons brièvement certains traits saillants de la protestation, et nous contextualisons le moment où elle se produit, à moyen terme. Nous rappelons également l’éventail des revendications anciennes et actuelles exprimées ainsi que les griefs en suspens. Nous concluons par un appel à développer plusieurs pistes de recherche et de réflexion.

Une mobilisation large, diverse et soutenue dans un contexte socio-politique agité.

La mobilisation sociale en Colombie acquiert une amplitude frappante, en avril-mai 2021, encore plus importante que la mobilisation observée lors de la grève nationale de novembre 2019. Cette grève avait également été considérée comme un jalon historique, uniquement comparable à la grève civique de 1977, une référence fondamentale dans la mémoire des luttes sociales en Colombie[4].

Cette ampleur se manifeste à la fois dans son extension géographique et dans sa diversité sociale. Des marches et d’autres actions (sit-in, blocages de routes) ont été enregistrées dans tout le pays, en particulier à proximité ou à l’intérieur des grandes villes (Bogota, Medellín, Barranquilla) et dans les villes moyennes, avec plus de force dans le sud-ouest de la Colombie, à Cali et Popayán[5]. De multiples secteurs urbains, principalement des jeunes[6], et divers secteurs professionnels, comme les travailleurs du transport, le secteur de la santé (médecins, infirmières), les étudiants et les enseignants des secteurs public et privé, les travailleurs du secteur minier, les paysans, entre autres, se sont exprimés. Ils bénéficient également d’un fort soutien organisationnel de la part d’acteurs tels que la « Minga indígena », originaire du Cauca, qui parcourt le pays en bus et défile dans les centres urbains. Plusieurs de ces acteurs, notamment les porte-paroles de la jeunesse qui rassemblent des jeunes qui n’étudient ni ne travaillent[7], ont fait l’objet d’une attention médiatique plus importante que d’habitude, car leur présence a été considérée comme inédite[8].

Mais la contestation s’est également prolongée dans le temps, depuis plus de cinq semaines maintenant, du 28 avril au début du mois de juin (au moment où ces lignes sont écrites). Les marches (au moins deux fois par semaine) ont été l’un des modes d’action les plus utilisés, dans le cadre de l’appel à la « grève nationale ». Il convient de préciser que le terme « grève nationale » désigne la grève multisectorielle générée par le rejet d’une nouvelle réforme fiscale proposée par l’exécutif au Congrès en avril 2021, qui a initialement catalysé la protestation en raison de son impact sur la classe moyenne, notamment en raison de l’augmentation de la TVA sur les produits alimentaires essentiels. Mais il y a aussi une extrême diversité des modalités d’action collective, car la protestation s’est étendue à la fois géographiquement et socialement. Ces actions comprennent des blocages de routes (par les transporteurs), des sit-in devant diverses institutions publiques ou postes de police ; certains de ces postes ont été réappropriés et transformés en bibliothèques populaires, et en général, il existe une extrême diversité d’activités artistiques pendant ou en marge des marches.

La principale question concernant cette durée est de savoir pourquoi la protestation se prolonge, malgré le retrait de deux réformes clés : le 2 mai, la réforme fiscale a été provisoirement retirée par le gouvernement (une nouvelle version de celle-ci sera proposée au Congrès prochainement), et le 19 mai, une réforme de la santé, peu médiatisée[9] mais critiquée par le secteur de la santé, a également été désapprouvée et mise en attente au Congrès. Même après le retrait de ces propositions de réforme très controversées, la protestation a continué à se renforcer avec de nouvelles grandes marches, notamment les 22 et 25 mai, entre autres parce que la répression des marches pour la plupart pacifiques, depuis le début du mois de mai, a suscité une indignation nationale généralisée. Mais aussi parce que le mécontentement est de plus en plus dirigé contre le Président de la République, la police, ou encore diverses institutions judiciaires (Parquet) et de contrôle du secteur public (Bureau du contrôleur, Bureau du procureur général), jugées trop proches de l’exécutif et pas assez indépendantes.

Ce mécontentement politique et social s’est déjà exprimé lors de la grève nationale de 2019, lorsqu’ont été dénoncées la corruption et les différentes réformes augmentant la flexibilité du travail et réduisant le montant des retraites. Mais il s’aggrave après une année de restriction sévère de l’accès à l’espace public pendant la pandémie de covid19, en raison des mesures de confinement (25 mars-26 août 2020), puis en 2020-2021, de diverses périodes de restriction caractérisées par des couvre-feux ou des quarantaines ponctuelles et localisées dans plusieurs villes. En outre, le mécontentement s’accroît à mesure que la crise sanitaire s’étend ou se prolonge et que la crise socio-économique s’aggrave.

En effet, malgré les mesures souvent drastiques mises en place depuis plus d’un an, la Colombie fait actuellement face au troisième et plus haut pic que le pays n’ait jamais connu, avec plus de 90 000 morts (début juin 2021) sur une population de plus de 48 millions d’habitants. L’impact socio-économique de la lutte contre la pandémie commence également à se faire sentir, notamment l’augmentation drastique du niveau de pauvreté (qui touche aujourd’hui 42,5% de la population) ou d’extrême pauvreté (15% de la population), en l’absence d’un système d’assurance chômage. Le chômage atteint un niveau moyen de 15,9 % fin 2020, mais touche encore plus les jeunes et les femmes. Les dispositifs d’aide sociale mis en place pendant la pandémie pourraient bientôt prendre fin,  alors que se prépare une réouverture économique et sociale complète à partir du 8 juin, malgré la persistance d’un niveau élevé d’infection par le covid19.

Articulation et diversification des acteurs et de leurs demandes 

L’extension de la contestation, malgré le retrait de deux réformes controversées (fiscale et sanitaire), s’explique, à notre avis, par deux facteurs de longue durée  : le premier est la diversification des acteurs qui se sont joints aux différentes actions, et le second, corollaire, est la multitude des griefs qui émergent, révélant au passage l’ampleur de la colère, de la frustration et de la rage exprimées dans les affrontements entre les manifestants et les forces publiques ou dans les slogans sur la démission du président. Il semble donc pertinent d’aborder cette diversité d’acteurs et de doléances, non pas comme un problème de dispersion (comme cela est souvent suggéré), mais bien au contraire, comme le symptôme d’un processus d’articulation d’acteurs sociaux qui ont réussi à promouvoir et à ancrer de nouveaux débats sociaux et politiques tout au long des années 2010, marquées par la négociation de l’accord de paix avec les Farc (2012-2016) et sa mise en œuvre depuis lors (avec toutes ses limites).

En effet, la dernière décennie a été caractérisée par la montée en puissance d’une multitude d’acteurs sociaux locaux et nationaux (pacifistes, écologistes, féministes), mais aussi par la réorganisation d’acteurs historiques tels que les mouvements paysans et étudiants. Les acteurs paysans, en alliance avec divers groupes de population agraires, indigènes et urbains (étudiants, écologistes), ont joué un rôle de premier plan dans la « grève agraire nationale » de 2013-2014, d’où ont émergé de nouveaux processus d’alliance entre secteurs ruraux et urbains, ou entre secteurs productifs et consommateurs (Lalinde, 2019). A son tour, l’alliance entre les étudiants des universités publiques et privées a été favorisée en 2011, en dénonçant conjointement les tentatives de privatisation de l’enseignement supérieur public et en rejetant le coût élevé de l’accès à l’enseignement supérieur. En 2017, la « grève civique » de Buenaventura (sud-ouest, région Pacifique) a également mis en lumière la pauvreté et la violence persistantes dans des régions dépourvues de services de base et d’infrastructures publiques. Lors des manifestations de 2018, les professeurs et les recteurs des universités publiques ont plaidé en faveur d’un budget plus important face à la lourde dette publique dans le secteur de l’éducation, et les étudiants ont réclamé de plus grandes opportunités de carrière et une plus grande mobilité sociale. En 2019, la grève nationale a de nouveau rassemblé une diversité de secteurs étudiants et universitaires en général, mais aussi des syndicats de travailleurs et des représentants des personnes âgées, pour un meilleur accès à l’emploi et contre la corruption, ainsi que divers secteurs mobilisés contre les réformes fiscales, du travail et des retraites. En outre, en 2019, la défense et la promotion du processus de paix, très fragile, ont été notoires parmi de larges secteurs sociaux touchés par la violence sociale et politique, tant contre les leaders sociaux que contre les anciens combattants démobilisés des FARC. Mais la promesse du processus de paix d’ouvrir le spectre politique à de nouveaux acteurs sociaux s’est essoufflée face au peu de progrès dans ce domaine, le Congrès étant considéré comme l’un des principaux responsables de la lenteur des réformes institutionnelles issues de l’accord de paix de 2016. Enfin, l’échec du référendum d’août 2018 sur un ensemble de propositions politiques visant à fortifier la lutte contre la corruption a encore discrédité les partis représentés au niveau législatif et désormais proches de l’exécutif.

Tous ces épisodes de protestation ou de tentatives d’expression du mécontentement par les canaux institutionnels témoignent d’une série de motifs de protestation de la part de divers acteurs qui se sont coordonnés. En raison des retards dans la mise en œuvre du changement institutionnel (point 2 de l’accord de paix), il existe une perte de confiance généralisée dans la parole institutionnelle (tant dans le domaine législatif et exécutif que dans celui de certains organes de contrôle et judiciaires) et une perte d’espoir dans le changement politique que le processus de paix était censé apporter. L’espace pour ouvrir le débat public à des revendications sociales longtemps restées inaudibles reste très étroit. C’est pourquoi la diversité des demandes et des attentes, mais aussi des frustrations, s’exprime dans les manifestations de 2019 et plus encore de 2021.

Aujourd’hui, l’éventail des demandes et des attentes, ainsi que des revendications et des griefs, semble inépuisable. En effet, il existe des plaintes et des griefs aux niveaux politique, social et culturel : dénonciation des violences policières à l’encontre des manifestants, y compris les violences sexuelles à l’encontre des manifestants mineurs ; dénonciation des déclarations ouvertement ou implicitement racistes à l’encontre des populations autochtones par des représentants de partis ou des journalistes, qui les exhortent à « retourner dans leur habitat naturel » et opposent les « autochtones » vivant dans des « réserves » (selon les termes péjoratifs utilisés par certains représentants publics) aux « citoyens » (urbains) ; enfin, il y a également de fortes dénonciations sur la façon dont les manifestants ont été stigmatisés, qualifiés de « vandales » et de « terroristes » par le pouvoir exécutif, et envers la réponse officielle largement répressive.

Mais il y a aussi de multiples demandes et attentes en matière d’emploi ou d’opportunités d’études, par exemple en demandant une réduction du coût des frais d’inscription à l’université ou des intérêts sur les prêts étudiants ; il y a aussi des attentes d’une plus grande protection contre le chômage et l’informalité ou la précarité, en particulier pour les femmes chefs de famille, et il y a donc un débat émergent sur un “revenu de base” pour tous les jeunes sans emploi et les plus pauvres. On assiste également à un débat croissant sur la relation entre la campagne et la ville, car, selon certains observateurs, la situation de pauvreté et de faim est désormais visible dans l’espace urbain, mais aussi la violence traditionnellement subie dans les campagnes. Enfin, on peut souligner une demande croissante d’égalité des sexes, de la part d’acteurs qui dénoncent le fait que la pauvreté et le chômage touchent encore plus les femmes.

Bien que ces questions ne soient pas entièrement nouvelles, elles prennent aujourd’hui une importance inédite dans le débat public[10]. Et, malgré la profusion de questions et de débats qui s’entrecroisent de manière très complexe, dont nous ne mentionnons ici que quelques-uns, l’axe unificateur semble être une revendication centrale : le droit d’utiliser l’espace public pour exprimer ses revendications et son mécontentement, après plus de 12 mois de restriction pendant la pandémie. Et nous pensons qu’il ne s’agit pas seulement d’utiliser l’espace public mais plus fondamentalement encore de se le réapproprier. C’est pourquoi nous devons également nous intéresser à un autre phénomène majeur qui, sur le plan socioculturel et politique, a marqué la grève nationale de mai 2021 : à Cali, Bogota, Manizales, Pasto et Popayán, les statues des conquistadors et des fondateurs des villes[11] ont été renversées, et des rues et avenues ont été rebaptisées, comme l’Avenida Jiménez à La Candelaria (centre historique de Bogota), rebaptisée « Avenue Misak » par le peuple Misak qui a organisé le renversement de la statue de G. Jiménez de Quesada. Ces actes visent également, parmi de nombreuses autres significations qui devront faire l’objet d’une réflexion et d’une analyse plus poussées, à dénoncer la glorification de la Conquête et l’extermination des peuples indigènes, mais ils encouragent également à revendiquer le droit de débattre d’une autre « mémoire historique » et à remettre en question la construction de la nation elle-même, comme le suggère M. Saade[12]. Cela peut également être mis en évidence dans les pétitions locales, par exemple dans le Catatumbo (nord-est de la Colombie) [13].

Par conséquent, on peut considérer que si tant de processus organisationnels et de motifs de protestation prospèrent et se croisent aujourd’hui, dans un panorama encore confus du fait de la profusion des enjeux, cela n’est pas simplement dû à une « explosion » de frustrations – bien que celles-ci soient indéniables – mais à un processus très large et complexe d’articulation des acteurs sociopolitiques et de promotion de nouveaux débats publics qui prennent aujourd’hui une importance incontournable. La diversité des acteurs présents dans la manifestation, plutôt qu’un élément de désunion, est à notre avis un signe de la reconstruction progressive d’un tissu social qui a été déchiré par le conflit armé et la violence sociopolitique qui prévaut encore.

Droit de protestation et redéfinition du répertoire actuel de l’action collective

Dans ce contexte, le fait de renégocier, définir et délimiter le « droit de manifester pacifiquement » (reconnu par l’art. 37 de la Constitution de 1991), acquiert une signification et une portée complexes, à court terme mais aussi à plus long terme, puisqu’il s’agit de garantir à des acteurs sociaux plus diversifiés un accès sûr au débat public et de développer des stratégies pour contenir ou diminuer la répression.

La persistance du conflit armé (principalement dû à la guérilla toujours active de l’Armée de libération nationale (ELN) et à l’expansion des dissidents des Farc) favorise encore l’influence de la doctrine de sécurité nationale (DSN) dans le discours officiel et parmi les forces de l’ordre. La DSN conduit à traiter la protestation comme un élément déstabilisant et subversif, car elle est soupçonnée d’être infiltrée par la guérilla, et est perçue comme nécessairement violente. Cependant, des recherches récentes montrent, au contraire, une diminution du recours à la violence depuis les années 1970, violence qui est aujourd’hui présente dans 4% des actions collectives (Barrera & Hoyos, 2020). En partie à cause de la DSN, la protestation n’est toujours pas conçue comme un phénomène normal au sein d’un régime démocratique, de sorte que la répression vise à rétablir « l’ordre public », comme en témoigne la prééminence de l’Escadron anti-mutineries et désordres (Esmad), qui est au cœur de la réponse des forces de l’ordre. Bien qu’il y ait une remise en question croissante (surtout depuis 2019) de l’utilisation d’armes létales dans la répression, il y a toujours un manque de réglementation des modalités d’utilisation de la force, ce qui entraîne également une tendance à la militarisation de la réponse[14].

Dans ces conditions, négocier des espaces de protestation pacifique et définir les conditions de sa légitimité est le plus grand défi auquel sont confrontés les acteurs sociaux, tant sur le plan politique que judiciaire.  Par exemple, le recours au blocage des routes et autoroutes est une infraction pénale (article 353A du code pénal actuel datant de 2000), mais il s’agit malgré tout d’un mode d’action très répandu, qui génère des affrontements au sein de la population, comme on l’observe de manière récurrente lors des manifestations. Les marches, qui sont le principal mode d’action des grèves nationales, ainsi que le sit-in devant les instances du pouvoir, sont davantage acceptées par la population, mais elles sont aussi réprimées comme en témoigne la réponse aux grèves de 2019 et 2021, parmi de nombreux exemples.

L’analyse de « la marche » comme forme d’action, dans ses dimensions expressives, politiques ou culturelles (Fillieule, 2015), pourrait permettre de comprendre comment se définissent les stratégies des acteurs sociaux face à la répression, que ce soit pour s’y soustraire ou la dénoncer. Parmi la diversité des modalités d’action testées, l’utilisation récurrente de l’art dans les marches se distingue, avec des danses, des marionnettes, des représentations théâtrales et des musiciens, en partie dans le but de décourager la répression, mais aussi pour donner un caractère joyeux à la manifestation, au-delà des revendications. Le succès de cette stratégie devra être mesuré plus clairement. De manière générale, il existe peu de connaissances qualitatives sur les marches, bien que des études plus ciblées sur l’ethnographie de l’action collective commencent à émerger (Aguilar-Forero, 2020 ; Perilla, 2018).

Les limites rencontrées devant la réponse officielle doivent également être évaluées. Si la protestation est traditionnellement réprimée en Colombie, aujourd’hui, la répression évolue et est moins uniforme qu’on ne le croit, bien qu’il y ait encore très peu d’analyses à ce sujet. Il serait pertinent de mieux comprendre, par exemple, comment certains acteurs parviennent à diminuer la répression, ne serait-ce que de manière ponctuelle comme l’ont fait les étudiants en 2011 avec des « marathons de baisers et d’embrassades » avec la police (Cruz, 2015), alors que d’autres acteurs (paysans, jeunes et acteurs des quartiers urbains) font face à des niveaux élevés de répression. Il est également nécessaire d’observer plus en détail les interactions et les négociations sur les modes d’action en usage et leur traduction juridique ou politique (Uprimny & Sánchez, 2010 ; Lalinde, 2019). Cela permettrait de mieux évaluer, à son tour, l’évolution du répertoire de l’action collective, qui fait actuellement l’objet d’une nette redéfinition. Il s’agit donc d’un moment d’inflexion politique décisif, ce qui explique sans doute son caractère éminemment brûlant.

Bibliographie

Aguilar-Forero N. (2020). “Las cuatro co de la acción colectiva juvenil: el caso del paro nacional de Colombia (noviembre 2019-enero2020)”. Análisis Político (UN), enero-abril, nº 98, p. 26-43.

Barrera V. & Hoyos C. (2020). “¿Violenta y desordenada? Análisis de los repertorios de la protesta social en Colombia”. Análisis político (UN),enero-abril,  nº 98, p. 167-190.

Cruz E. (2015). “El derecho a la protesta social en Colombia”. Pensamiento Jurídico (UN) n°42, p. 47-69.

CCJ-IEPRI-CINEP-UN & al. (2018). ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo. Bogotá : http://www.nocheyniebla.org/wp-content/uploads/u1/docs/cuales_son_los_patrones_final.pdf

Fillieule O. (2015). “Estudiar las marchas. Balance y perspectivas a partir de veinte años de investigaciones”. In Combes Hélène, Tamayo Sergio & Voegtli Michael, Pensar y Mirar la protesta, México, CNRS- Conacyt-Red Mexicana de Estudios de movimientos sociales & UAM, p. 39-91.

Fillieule O. (2010). “Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action”. In Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, p. 77-99.

Lalinde S. (Ed). (2019). Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia, Dejusticia, Documentos 49.

Gutiérrez F. (2014). El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010). Bogotá: IEPRI-UN & Penguin Random House, 1a ed.

Perilla Daza D. (2018). La plebitusa: movilización política de las emociones pos-plebiscito por la paz en Colombia. Maguare, vol. 32, n°2 (jul-dic), p. 153-181.

Uprimny R. & Sánchez Duque L.M. (2010). Derecho penal y protesta social (caso Colombia). En Bertoni E. (Comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina. Buenos Aires, Universidad de Palermo, p. 47-74.


[1] Le « répertoire d’actions » est traditionnellement défini comme l’éventail des modes d’action disponibles et fréquemment utilisés, à un moment donné et dans un contexte donné, en fonction de la réponse du public. Voir: Fillieule Olivier, « Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action », in Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2010, p. 77-99.

[2] Pour une analyse de la démocratie colombienne pendant le « Front national » : Gutiérrez (2014: 95-105).

[3] En particulier l’Union patriotique, un parti issu d’une démobilisation partielle des FARC en 1984, qui a été victime d’un « génocide politique » (entre 3000 et 5000 militants et candidats aux élections ont été assassinés).

[4] Peu de statistiques sont disponibles, mais on peut l’évaluer très superficiellement à environ 2 millions de participants aux principales marches de mai 2021, selon des sources de presse ;  il existe aussi une multitude de modes d’action moins visibles.

[5] « Protestations et explosion sociale : que se passe-t-il à Cali? », Uniperiodico, 11-05-2021: Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali? (unal.edu.co)

[6] Le soutien à la population jeune s’exprime dans un large éventail de déclarations et d’actions publiques, comme la marche de la population âgée du 23 mai, appelée « cuchimarcha » (« la marche des vieux »). Plus largement, la grève a enregistré un taux d’approbation de 75% : Leon J., « La grève est un motif d’espoir, selon l’Invamer Poll», La Silla Vacia, 25-05-2021:El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[7] « Ni emploi ni éducation, le drame de 27,7% des jeunes », Portafolio, 14-05-2021: Dane reporte situación en Colombia: Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes-en-colombia | Economía | Portafolio

[8] « La Colombie devant une jeunesse touchéee et invisibilisée », Uniperiódico (digital), 27-05-2021:Colombia ante una juventud golpeada e invisibilizada (unal.edu.co)

[9] « La chute de la réforme de la Santé; le nouveau succès des protestations en Colombie »: France24, 19-05-2021: La caída de la reforma a la Salud, el nuevo triunfo de las protestas en Colombia (france24.com)

[10] León J., «  La grève est un motif d’espoir, selon Invamer Poll »,  La Silla Vacia, 25-05-2021:  El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[11] Saade M. « Quand les statues tombent : actions publiques pour faire l’histoire », Las 2Orillas, 25-05-2021 : Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia – Las2orillas

[12]  Según M. Saade (op. cit.) : à Popayán, el 16 septembre 2020 la statue de  Sebastián de Belalcázar est mise à bas , tout comme  à Cali, le 28 avril 2021 ; à Manizales, le 1er mai  2021 la statue de Gilberto Alzate Avendaño, politicien conservateur, est mise à bas; à Pasto, le 1er mai 2021 la statue de Antonio Nariño, précurseur de l’Indépendance de la Colombie, tombe et à Bogotá, le 7 mai 2021, c’est celle de  Gonzalo Jiménez de Quesada, fondateur de la ville, qui choit. Excepté à Popayán,  tous ces actes ont eu lieu durant la grève nationale.

[13] « El Catatumbo a aussi son agenda au milieu de la Grève Nationale », Pacifista, 19-05-2021: El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional | ¡PACIFISTA!

[14]  Uprimny R., « Le Décret d’assistance militaire de Duque est anticonstitutionnel », La Silla Vacía, 31-05-2021: El decreto de “asistencia militar” de Duque es inconstitucional | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

El derecho a la protesta pacífica en renegociación

Reflexión en torno al paro nacional colombiano de abril-mayo 2021

Escribe Julie Massal, doctora en ciencia política e investigadora del IFEA en Colombia

Negociar el derecho a la protesta pacífica en contexto de pos-acuerdo de paz.

La movilización social actual en Colombia, que ha sido calificada por algunos actores y observadores como “un estallido social”, se inscribe en un contexto marcado por la conformación de un debate público cada vez más orientado a definir, delimitar y revindicar el “derecho a la protesta pacífica” (Cruz, 2015). Ello necesariamente implica definir “qué es protestar pacíficamente” y establecer “qué se puede hacer” (o no) para promover demandas y lograr hacerse escuchar por las autoridades. Dicho de otro modo, lo que está en juego fundamentalmente es negociar y ampliar el repertorio de acción colectiva[1] vigente hoy en día, en Colombia.  Por parte de los manifestantes, desde protestas anteriores como el paro nacional en 2019, se busca lograr el reconocimiento del derecho a usar la protesta disruptiva, que perturba en cierto grado el funcionamiento del orden social o institucional, más no violenta (Barrera & Hoyos, 2020). Por ello, se busca innovar con modos de acción que logren captar la atención de las autoridades públicas sin desatar una represión desmedida.

Pues el nivel de represión de la protesta – o del disenso político-  en Colombia se puede considerar como “anormalmente elevado” dentro de un régimen democrático estable; y ello es observable bajo gobiernos de muy diversa índole política, como lo demuestra un estudio histórico de largo alcance en el siglo XX (Gutiérrez, 2014). Cabe recordar que el régimen democrático colombiano se fundó, de manera muy ambivalente, sobre una alternancia automática entre los partidos mayoritarios, el Conservador y el Liberal, pues cada 4 años, alternativamente, esos partidos “ponen” el presidente, durante el periodo llamado del Frente Nacional (1958-1974)[2]: este mecanismo se pensó como una forma de terminar el enfrentamiento entre estos partidos pero también de restringir el surgimiento de nuevas disidencias liberales. Fue precisamente la emergencia del líder disidente del partido liberal, Eliecer Gaitán, y su asesinato el 9 de abril de 1948, lo que dio lugar al periodo de la Violencia (1948-1953) entre partidarios de los Conservadores y Liberales, y luego a una breve dictadura militar (1953-1957). Así, aunque se busque re-institucionalizar el conflicto político, esa alternancia bipartidista restringe el espacio político para expresiones partidistas y sociales de oposición, aun en un régimen formalmente democrático.

También se debe resaltar el carácter polarizado del debate público, debido a la huella que deja el conflicto armado desde los años 1960 en la sociedad y la política colombiana: el tratamiento al disenso político, cuando éste es expresado a través de movimientos sindicales y partidos políticos afines a la izquierda[3], ha sido estigmatizador, por considerarse toda fuerza de oposición como vinculada o infiltrada por las guerrillas armadas. La expresión pacífica de la oposición política o social carece, por ende, de una suficiente representación política y de un acceso garantizado al debate público.

En ese contexto, el proceso de movilización actual, en abril-mayo de 2021, evidencia que el margen de negociación del repertorio de acción es aún muy estrecho para la población movilizada. Es más, las posibilidades de ampliar este margen de maniobra lucen también restringidas. Ello ocurre en un contexto político muy ambivalente: el contexto de pos-acuerdo de paz, vigente gracias al acuerdo de paz concluido con la ex guerrilla de las Farc en 2016, puede haber propiciado la expresión pacifica de demandas sociales y políticas, en particular las de actores sociales reconstituidos, como lo vemos más adelante. Pero en el plano institucional, no hubo una ampliación de la representación política: en las primeras elecciones legislativas (marzo de 2018) pos-acuerdo de paz, la ex guerrilla de las Farc, convertida en el partido político “Fuerza alternativa Revolucionara de Colombia”, consiguió menos de 1% de los votos y su candidato presidencial renunció a presentarse después de varios ataques en su contra durante la campaña electoral. El poder legislativo y ejecutivo siguen dominados por fuerzas partidistas tradicionales. Además se observa la persistencia de diversas expresiones de violencia social y política (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI, 2018), incluso contra actores sociales movilizados pacíficamente en pos de promover la paz. En este marco, la protesta en el espacio público redefine los márgenes y condiciones de su legitimidad.

Para entenderlo mejor, examinamos brevemente unos rasgos notorios de la protesta, y contextualizamos el momento en el que se produce, a mediano plazo. También recordamos el espectro de demandas antiguas y actuales que se expresan así como los motivos de agravio pendientes. Concluimos con un llamado a desarrollar varias reflexiones investigativas.

Una movilización amplia, diversa y sostenida en un contexto sociopolítico agitado

La movilización social en Colombia adquiere una amplitud llamativa, en abril-mayo de 2021, incluso mayor a la movilización observada en el paro nacional de noviembre 2019. Este paro también había sido considerado como un hito histórico, solo comparable con el paro cívico de 1977, un referente fundamental en la memoria de las luchas sociales en Colombia[4].

Esta amplitud se hace manifiesta tanto por su extensión geográfica como por su diversidad social. Se han registrado marchas y  otras acciones (plantones, bloqueos de vías) en todo el país, especialmente cerca o dentro de las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Barranquilla) y en ciudades medianas, con mayor fuerza en el suroeste colombiano, en Cali y Popayán[5]. Se expresaron múltiples sectores urbanos, mayormente juveniles[6], y un conjunto de corporaciones profesionales, como transportadores, sector de la salud (médicos, enfermeras), estudiantes y docentes del sector público y privado, trabajadores del sector minero, campesinos, entre otros. Cuentan además con un fuerte apoyo organizativo de actores como la Minga indígena, procedente del Cauca, que recorre el país en bus y con marchas en centros urbanos. Varios de estos actores, sobre todo actores juveniles que agrupan jóvenes que no estudian ni trabajan[7], han sido objeto de una atención mediática mayor de lo usual, porque su presencia ha sido considerada como novedosa[8].

Pero también la protesta se ha extendido en el tiempo, por ya más de cinco semanas, desde el 28 de abril hasta inicios de junio (cuando se escriben estas líneas). Las marchas (mínimo dos veces por semana) han sido uno de los modos de acción más usado, dentro de la convocatoria al “paro nacional”. Vale aclarar que el término de “paro nacional” designa la huelga multisectorial generada por el rechazo a una nueva reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo al Congreso en abril de 2021 y que catalizó la protesta inicialmente, por su impacto en la clase media, debido sobre todo al aumento del IVA en productos esenciales alimenticios. Pero también se observa una extrema diversidad de modalidades de acción colectiva, al extenderse la protesta tanto geográfica como socialmente. Entre estas acciones se cuentan bloqueos de vías (por los transportadores), plantones ante diversas instituciones públicas o puestos de policía; algunos de estos puestos fueron reapropiados y convertidos en bibliotecas populares, y en general se observa una extrema diversidad de actividades artísticas durante o al margen de las marchas.

La principal interrogante respecto a esa duración se refiere al por qué se extiende la protesta, pese al retiro de dos reformas claves: el 2 de mayo, la reforma fiscal fue provisionalmente retirada por el gobierno (una nueva versión de ella se propondrá al Congreso próximamente), y el 19 de mayo también fue desaprobada y archivada en el Congreso una reforma de la salud que había sido muy poco difundida mediáticamente[9] pero que fue criticada por el sector de la salud. Aun después del retiro de estas muy controvertidas propuestas de reforma, la protesta siguió tomando fuerza con nuevas marchas concurridas, especialmente el 22 y el 25 de mayo, entre otros motivos porque la represión de las marchas, mayormente pacíficas, desde inicios de mayo genera una amplia indignación a nivel nacional. Pero también porque se extiende el descontento dirigido cada vez más en contra del presidente de la República, de la policía, o de diversas instituciones judiciales (Fiscalía) y órganos de control al sector público (Contraloría, Procuraduría), considerados demasiado cercanos al Ejecutivo y no suficientemente independientes.

Este descontento político y social ya ha sido expresado en el paro nacional de 2019, cuando se denunció la corrupción y diversas reformas que aumentaban la flexibilidad laboral y reducían el monto de las pensiones. Pero se agrava después de un año de fuerte restricción del acceso al espacio público durante la pandemia de covid19, debido a las medidas de confinamiento (25 marzo-26 de agosto de 2020), y luego en 2020-2021, de diversos períodos de restricción caracterizados por toques de queda o cuarentenas puntuales y localizadas en diversas ciudades. Además, el descontento crece al ver la crisis sanitaria ampliarse o prolongarse y la crisis socio-económica agravarse.

En efecto, pese a las medidas a menudo drásticas que han sido implementadas por más de un año,  Colombia enfrenta hoy en día el tercer y más alto pico que ha conocido el país y registra más de 90 000 fallecidos (inicios de junio de 2021) sobre una población mayor de 48 millones de habitantes. El efecto socio-económico de la lucha contra la pandemia también empieza a registrarse, especialmente el aumento drástico de nivel de pobreza (que hoy afecta 42.5% de la población) o de extrema pobreza (15% de la población), en ausencia de un sistema de seguro frente al desempleo. Este último alcanza un nivel promedio de 15.9% a fines de 2020, pero afecta aún más a la juventud y a las mujeres. Los planes de apoyo social instituidos durante la pandemia podrían concluirse pronto, mientras se prepara la reapertura económica y social total desde el 8 de junio, pese al persistente alto nivel de contagio por covid19.

Articulación y diversificación de los actores y sus demandas 

La prorrogación de la protesta, pese al retiro de dos controvertidas reformas (fiscal y de salud), puede explicarse, a nuestro juicio, por dos factores de largo alcance : el primero es la diversificación de actores que se han sumado a las diversas acciones, y el segundo, corolario, es la multitud de motivos de agravio que emergen, revelando de paso la magnitud de la ira, frustración y rabia expresadas en los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública o en las consignas sobre la renuncia del presidente. Por ello, parece pertinente enfocar esta diversidad de actores y reclamos, no como un problema de dispersión (como se sugiere a menudo), sino muy al contrario, como el síntoma de un proceso de articulación de actores sociales que han logrado promover y afianzar nuevos debates sociales y políticos a lo largo de la década del 2010, marcada por la negociación del acuerdo de paz con las Farc (2012-2016) y su implementación desde entonces (con todas sus limitaciones).

En efecto, la última década ha sido caracterizada por el auge de una multitud de actores sociales locales y nacionales (pacifistas, ecologistas, feministas), pero también por la reorganización de actores históricos como lo son los movimientos campesinos y estudiantiles. Los actores campesinos, en alianza con diversos grupos de población agrarios, indígenas y urbanos (estudiantes, ecologistas),  protagonizaron el “paro nacional agrario” en 2013-2014, del cual surgieron nuevos procesos de alianza entre sectores rurales y urbanos, o entre sectores productivos y consumidores (Lalinde, 2019). A su vez, se fomentó la alianza entre estudiantes de universidades públicas y privadas en 2011, al denunciar juntos los intentos de privatización de la educación superior pública y al rechazar el alto costo de acceso a la enseñanza superior. En 2017, el “paro cívico” en Buenaventura (suroeste pacífico) también puso en evidencia la pobreza y la violencia persistente en regiones que carecen de servicios básicos y de infraestructuras públicas. En las protestas del 2018, profesores y rectores de universidades públicas abogaron por un mayor presupuesto ante una fuerte deuda pública en el sector educativo, y los estudiantes reclamaron mayores oportunidades profesionales y de movilidad social.  En 2019, el paro nacional nuevamente reunió una diversidad de sectores estudiantiles y académicos en general pero también de sindicatos de trabajadores y de representantes de la tercera edad, por un mayor acceso al empleo y contra la corrupción, junto con sectores diversos movilizados en contra de las reformas fiscal, laboral y pensional. Además, en 2019, fue notoria la defensa y promoción del proceso de paz, muy fragilizado, por amplios sectores sociales afectados por la violencia social y política, tanto contra líderes sociales como contra excombatientes de las Farc desmovilizados. Pero la promesa del proceso de paz de abrir el espectro político a nuevos actores sociales ha perdido fuerza ante los pocos avances en este ámbito, siendo el Congreso considerado uno de los mayores responsables del lento avance de las reformas institucionales que derivan del acuerdo de paz de 2016. Finalmente, el fracaso del referendo de agosto de 2018 sobre un conjunto de propuestas políticas apuntalando la lucha contra la corrupción, desacreditó aún más los partidos representados a nivel legislativo y hoy cercanos al poder ejecutivo.

Todos estos episodios de protesta o intentos de expresar el descontento por vías institucionales evidencian una serie de motivos de protesta de actores diversos que han ido coordinándose. Debido a los retrasos en la implementación del cambio institucional (punto 2 del acuerdo de paz), existe una pérdida de confianza generalizada en la palabra institucional (tanto legislativa como ejecutiva y la de ciertos órganos de control y judiciales) y una pérdida de esperanza frente al cambio político que se esperaba iba a significar el proceso de paz. Sigue siendo muy estrecho el espacio para abrir el debate público a demandas sociales que han quedado inaudibles por mucho tiempo. Por ello, se expresa la diversidad de demandas y expectativas pero también de frustraciones en las protestas de 2019 y más aún en 2021.

Hoy en día, el abanico de demandas y expectativas, así como de reclamos y motivos de agravio, parece inagotable. En efecto existen denuncias y reclamos en el plano político, social y cultural: denuncia de la violencia policial contra los manifestantes, incluida violencia sexual contra manifestantes menores de edad ; denuncia por declaraciones abiertamente o implícitamente racistas contra los indígenas por parte de representantes de partidos o de periodistas, que los conminan a “regresar a su hábitat natural” y oponen los “indígenas” que viven en “reservas” (según los términos despectivos usados por algunos representantes públicos) a los “ciudadanos” (urbanos); por último, también hay fuertes denuncias por cómo se ha estigmatizado a los manifestantes, tildados de “vándalos” y “terroristas” por el poder ejecutivo, y por la respuesta oficial mayormente represiva.

Pero igualmente surgen múltiples demandas y expectativas de oportunidades de empleo o de estudio, por ejemplo exigiendo reducir el costo de la matrícula universitaria o los intereses sobre los préstamos a los estudiantes; también se espera una mayor protección frente al desempleo y la informalidad o la precariedad, sobre todo para las mujeres cabezas de hogar,  por lo que surge un incipiente debate sobre una “renta básica” para todos los jóvenes desempleados y los más pobres. También hay un debate creciente sobre la relación entre el campo y la ciudad, porque según adujeron algunos observadores, ahora se hace visible en el espacio urbano la situación de pobreza y hambre pero también la violencia sufrida tradicionalmente en el campo. Finalmente podemos destacar una demanda creciente de igualdad de género, por actores que denuncian el hecho  de que la pobreza y el desempleo afectan aún más a las mujeres.

Aunque estos temas no son del todo nuevos, ahora cobran una relevancia inesperada en el debate público[10]. Y, pese a la profusión de temas y debates que se cruzan de manera muy compleja, de los que aquí solo mencionamos algunos, el eje aglutinador parece ser una reivindicación central: el derecho a usar el espacio público para expresar las demandas y el descontento, después de más de 12 meses de restricción durante la pandemia. E incluso, creemos que no solo se trata de usar el espacio público sino más fundamentalmente aun, de reapropiárselo. En este sentido, también se debe observar con detenida atención otro fenómeno de mayor relevancia que, en el plano sociocultural y político, ha marcado el paro nacional en mayo de 2021: en Cali, Bogotá, Manizales, Pasto y Popayán, se tumbaron estatuas de conquistadores y fundadores de las ciudades[11], y se renombraron calles y avenidas como la Avenida Jiménez en la Candelaria (centro histórico de Bogotá), rebautizada “Avenida Misak” por el pueblo Misak que organizó el derrumbe de la estatua de G. Jiménez de Quesada. Estos actos apuntan además, entre muchos otros significados que deberán ser objeto de reflexión y análisis, a denunciar la glorificación de la Conquista y el exterminio de los pueblos indígenas, pero también incentivan a revindicar el derecho a debatir otra “memoria histórica” y a cuestionar la propia construcción de la nación, como lo sugiere M. Saade[12]. Ello también se puede destacar en los pliegos de peticiones locales, por ejemplo en el Catatumbo (noreste de Colombia)[13].

Por ende, se puede considerar que si tantos procesos organizativos y motivos de protesta prosperan y se cruzan hoy en día, en un panorama aun confuso y profuso, ello no se debe meramente a un “estallido” de frustraciones – aunque estas son innegables – sino a un muy amplio y complejo proceso de articulación de actores socio-políticos y a la promoción de nuevos debates públicos que hoy cobran una relevancia ineludible. La diversidad de actores presentes en la protesta, más que un elemento de desunión, constituye en nuestro criterio el indicio de la paulatina reconstrucción de un tejido social muy desgarrado por el conflicto armado y la violencia sociopolítica aun imperante.

Derecho a la protesta y redefinición del repertorio de acción colectiva vigente

En este contexto, el hecho de renegociar, definir y delimitar el “derecho a la protesta pacífica” (reconocido por el art. 37 de la Constitución de 1991), adquiere un significado y un alcance complejo, a corto pero también a más largo plazo, pues se trata de garantizar a más diversos actores sociales el acceso seguro al debate público y de elaborar estrategias para contornar o disminuir la represión.

El conflicto armado persistente (principalmente debido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, aun activa y a las disidencias de las Farc que se extienden) propicia todavía la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en el discurso oficial y entre las fuerzas del orden. La DSN lleva a tratar la protesta como un elemento desestabilizador y subversivo, pues se sospecha que está infiltrada por las guerrillas, y es percibida como necesariamente violenta. No obstante, investigaciones recientes demuestran, al contrario, una disminución en el uso de la violencia desde los años 1970, violencia que hoy está presente en el 4% de las acciones colectivas (Barrera & Hoyos, 2020). Debido en parte a la DSN, la protesta aun no es concebida como un fenómeno normal dentro de un régimen democrático, por lo que la represión apunta a restablecer “el orden público”, como lo evidencia el protagonismo del Escuadrón antimotines y disturbios (Esmad), que es central en la respuesta de la fuerza pública. Aunque existe un creciente cuestionamiento (sobre todo desde 2019) al uso de armas letales en la represión, aún persiste una carencia de reglamentación de las modalidades de uso de la fuerza, lo que propicia además una tendencia a militarizar la respuesta[14].

Ante ello, negociar espacios de protesta pacífica y definir las condiciones de su legitimidad es el reto mayor al que se enfrentan los actores sociales, tanto en el plano político como judicial.  Por ejemplo, el uso del bloqueo de vías y carreteras es un delito penal (artículo 353A del código penal vigente que data del año 2000), pero aun así, es un modo de acción muy difundido, lo que genera enfrentamientos entre la población, como se observa recurrentemente en las protestas. Las marchas, que son la principal modalidad de acción en los paros nacionales, junto con el plantón delante de las instancias de poder, son más aceptadas por la población, pero también son reprimidas como lo evidencia la respuesta a los paros del 2019 y 2021, entre muchos ejemplos.

El análisis de “la marcha” como forma de acción, en sus dimensiones expresivas, políticas o culturales (Fillieule, 2015), podría ayudar a comprender cómo se definen estrategias entre los actores sociales frente a la represión, sea para eludirla o denunciarla. Entre la diversidad de modalidades de acción ensayadas, se destaca el uso recurrente del arte en las marchas, con bailes, títeres, performances teatrales y músicos, en parte con ánimo de desincentivar la represión, pero también de dar un carácter alegre a la protesta, más allá de los reclamos. El éxito de esta estrategia deberá medirse con más claridad. De manera general, existe poco conocimiento cualitativo de las marchas aunque ya empiezan a surgir estudios más enfocados en la etnografía de la acción colectiva (Aguilar-Forero, 2020; Perilla, 2018).

También se debe evaluar los límites encontrados ante la respuesta oficial. Si bien se reprime tradicionalmente la protesta en Colombia, hoy en día, la represión evoluciona  y es menos uniforme de lo que se puede percibir, aunque aún existe muy poco análisis al respecto. Sería pertinente entender mejor, por ejemplo, cómo ciertos actores logran disminuir la represión, aunque sea de manera puntual tal como lo hicieron los estudiantes en el 2011 con “maratones de besos y abrazos” con la policía (Cruz, 2015), mientras que otros actores (campesinos, jóvenes y actores barriales urbanos) enfrentan niveles de represión elevados. Se requiere observar también más detalladamente las interacciones y negociaciones sobre los modos de acción en uso y su traducción jurídica o política (Uprimny & Sánchez, 2010; Lalinde, 2019). Ello ayudaría a evaluar mejor, a su vez, la evolución del repertorio de acción colectiva, que hoy por hoy está en clara redefinición. Se trata por ende de un momento de inflexión política determinante, lo que explica sin duda su carácter eminentemente candente.

Bibliografía

Aguilar-Forero N. (2020). “Las cuatro co de la acción colectiva juvenil: el caso del paro nacional de Colombia (noviembre 2019-enero2020)”. Análisis Político (UN), enero-abril, nº 98, p. 26-43.

Barrera V. & Hoyos C. (2020). “¿Violenta y desordenada? Análisis de los repertorios de la protesta social en Colombia”. Análisis político (UN),enero-abril,  nº 98, p. 167-190.

Cruz E. (2015). “El derecho a la protesta social en Colombia”. Pensamiento Jurídico (UN) n°42, p. 47-69.

CCJ-IEPRI-CINEP-UN & al. (2018). ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo. Bogotá : http://www.nocheyniebla.org/wp-content/uploads/u1/docs/cuales_son_los_patrones_final.pdf

Fillieule O. (2015). “Estudiar las marchas. Balance y perspectivas a partir de veinte años de investigaciones”. In Combes Hélène, Tamayo Sergio & Voegtli Michael, Pensar y Mirar la protesta, México, CNRS- Conacyt-Red Mexicana de Estudios de movimientos sociales & UAM, p. 39-91.

Fillieule O. (2010). “Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action”. In Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, p. 77-99.

Lalinde S. (Ed). (2019). Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia, Dejusticia, Documentos 49.

Gutiérrez F. (2014). El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010). Bogotá: IEPRI-UN & Penguin Random House, 1a ed.

Perilla Daza D. (2018). La plebitusa: movilización política de las emociones pos-plebiscito por la paz en Colombia. Maguare, vol. 32, n°2 (jul-dic), p. 153-181.

Uprimny R. & Sánchez Duque L.M. (2010). Derecho penal y protesta social (caso Colombia). En Bertoni E. (Comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina. Buenos Aires, Universidad de Palermo, p. 47-74.


[1] El « repertorio de acciones » es definido tradicionalmente como el abanico de modos de acción disponibles y usados con frecuencia, en un momento y contexto dado, en función de la respuesta pública. Ver: Fillieule Olivier, « Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action », in Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2010, p. 77-99.

[2] Para un análisis de la democracia colombiana durante el “Frente Nacional”: Gutiérrez (2014: 95-105).

[3] En particular la Unión Patriótica, partido surgido de una desmovilización parcial de las Farc en 1984, que fue víctima de un “genocidio político” (entre 3000 y 5000 militantes y candidatos a elecciones fueron asesinados).

[4] Son pocos los datos estadísticos disponibles, pero se puede evaluar muy superficialmente en cerca de 2 millones de participantes en las principales marchas en mayo de 2021, según fuentes de prensa, aunque también existe una multitud de modos de acción menos visibles.

[5] “Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali?”, Uniperiodico, 11-05-2021: Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali? (unal.edu.co)

[6] El apoyo a la población juvenil se expresa en declaraciones y acciones públicas muy diversas, como por ejemplo la marcha de la población mayor de edad el 23 de mayo, llamada “cuchimarcha”. Más ampliamente, el paro ha registrado 75% de aprobación: León J., “El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll”, La Silla Vacia, 25-05-2021:  El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[7] “Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes”, Portafolio, 14-05-2021: Dane reporte situación en Colombia: Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes-en-colombia | Economía | Portafolio

[8] “Colombia ante una juventud golpeada e invisibilizada”, Uniperiódico (digital), 27-05-2021:Colombia ante una juventud golpeada e invisibilizada (unal.edu.co)

[9] “La caída de la reforma a la Salud, el nuevo triunfo de las protestas en Colombia”: France24, 19-05-2021: La caída de la reforma a la Salud, el nuevo triunfo de las protestas en Colombia (france24.com)

[10] León J., “El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll”, en La Silla Vacia, 25-05-2021:  El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[11] Saade M. « Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia », in Las 2Orillas, 25-05-2021 : Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia – Las2orillas

[12]  Según M. Saade (op. cit.) : 1) en Popayán, el 16 de septiembre de 2020: derrumban estatua de Sebastián de Belalcázar ; 2)  en Cali, 28 abril de 2021: derrumban estatua de Sebastián de Belalcázar ; 3) en Manizales, 1 mayo de 2021: derrumban estatua de Gilberto Alzate Avendaño, político histórico conservador; 4) en Pasto, 1 mayo de 2021: cae estatua de Antonio Nariño, precursor de la independencia de Colombia, y 5) en Bogotá, 7 de mayo de 2021: tumban estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad. Salvo en Popayán, todos los actos han ocurrido en el periodo del paro nacional.

[13] “El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional”, Pacifista, 19-05-2021: El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional | ¡PACIFISTA!

[14]  Uprimny R., “El Decreto de asistencia militar de Duque es inconstitucional”, La Silla Vacía, 31-05-2021: El decreto de “asistencia militar” de Duque es inconstitucional | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

Dinámicas de plantación en contextos ilegales: explicando la producción de coca en Colombia

Reseña de los Encuentros de lxs Jóvenes Investigadorxs del IFEA

Presentación de Miryam Nacimento, CUNY – The Graduate Center (EEUU)

Reseña redactada por Antonio Pérez Balarezo, doctorando en Prehistoria por la Université de Paris Nanterre (Francia)

La irrupción de cultivos ilícitos en Colombia desde fines de la década de 1980 ha generado impactos de valores incalculables a nivel ambiental, social, económico y político en los países andinos. Particularmente, en lo que se refiere al cultivo ilícito de hoja de coca, cifras oficiales de la ONU muestran que Colombia albergó, en 2020, 154000 hectáreas de coca y produjo 1137 toneladas de cocaína. De ese total, el gobierno de Iván Duque señaló haber erradicado 130000 hectáreas en el mismo año, produciendo así una afectación de cerca de 301 millones de dólares a las organizaciones del narcotráfico. Pero, ¿qué significan estas cifras, juzgadas como históricas por el gobierno colombiano, a nivel socio-político? En otras palabras, más allá de la evidente y persistente política pública de erradicación forzosa como estrategia general de combate a las drogas ilícitas, ¿cuáles son las repercusiones de la existencia de cultivos ilícitos en la configuración de la sociedad y el estado colombianos? En el marco de su tesis de doctorado titulada Cultivos ilusorios, plantas ilícitas y construcción de estado en Colombia, Miryam Nacimento aborda ésta y otras preguntas desde un ángulo distinto al propuesto por investigaciones anteriores: el de la producción de conocimiento por parte del estado, el sector agrario y la sociedad civil alrededor de la planta de coca. Se trata, pues, de comprender la formación del estado colombiano en el marco de la reciente intensificación de la violencia derivada de la guerra contra las drogas, a través de la información (o, en algunos casos, desinformación) producida sobre la coca en varios sectores de la sociedad y el aparato estatal colombiano. Entender el imaginario estatal, en última instancia.

En este contexto mayor, el de su investigación doctoral, el viernes 26 de marzo de 2021, M. Nacimento presentó la ponencia titulada Dinámicas de plantación en contextos ilegales: explicando la producción de coca en Colombia durante unos de los periódicos Encuentros de Jóvenes Investigadores (EJI) organizados por el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). El objetivo de esta ponencia fue analizar el poder explicativo del concepto de plantación histórica para entender la producción ilícita de coca en Colombia. Así mismo, y a la inversa, se buscó explorar la posible contribución del estudio de la coca ilícita al concepto de plantación. Desde el inicio de la presentación, M. Nacimento señaló que la plantación, como herramienta teórico-metodológica, permite explicar ciertas características del cultivo de coca que habrían escapado a conceptualizaciones anteriores. Entender estas características resultaría indispensable a fin de cartografiar los diferentes modos de existencia de los cultivos de coca en Colombia y explorar las diversas repercusiones sociopolíticas a nivel micro y macro-regional. Tras un breve repaso de las principales propuestas teóricas sobre el concepto de plantación disponibles en la literatura, y luego de señalar, entre otros elementos, que la expansión de las fronteras agrarias concretizada por el estado colombiano preparó el camino para la emergencia de plantaciones ilegales, M. Nacimento propuso y discutió una conceptualización mucho más flexible de la plantación centrada en la interrelación de diversas formas de explotación de la tierra, mano de obra y del medio ambiente. 

Permítaseme detenerme un momento en este punto. Para un prehistoriador que estudia los fenómenos técnicos paleoamericanos con el objetivo de lograr una mínima comprensión del devenir evolutivo entre ser humano y medio ambiente, resulta altamente provechoso encontrar puntos en común entre distintas metodologías humanistas. Detallemos por qué. Durante su presentación, M. Nacimento se preocupó por la diversidad —al parecer inherente— de las manifestaciones correspondientes a las unidades de producción ilícita de coca en Colombia. Ella percibe, sin embargo, que tal diversidad puede ser explicada a partir de un concepto-eje compartido: la plantación. Parecería posible señalar, entonces, que diversas formas comparten un mismo concepto. A la diversidad e inestabilidad de la expresión material de los cultivos ilícitos de coca, subyacen ciertos criterios que estructuran el concepto de plantación, cuya estabilidad teórica deberá demostrarse. En el campo de la prehistoria, es prácticamente cotidiano trabajar con una multiplicidad de manifestaciones técnicas y, ante ellas, dudar sobre el sentido antropológico que debe otorgárseles. En esta dinámica de diagnosis extremadamente delicada, existen globalmente dos opciones: o nos sumergimos en la especificidad de cada diferencia percibida, o buscamos lo imperceptible, es decir, el punto de contacto de esas diferencias. El ejercicio epistemológico, en realidad, es doble, pues es necesario recorrer las teselas para observar el mosaico que configuran. El trabajo de campo de M. Nacimento está justamente orientado a definir los criterios que articulan ese mosaico, es decir el concepto de plantación. Si bien se señaló que el sistema de plantaciones en Colombia tiende a reducir todas las diversidades de agentes y esquemas agrarios, ello es únicamente informativo de uno de los criterios del concepto de plantación en Colombia: la lógica predatoria anclada en el monocultivo. Otros criterios discutidos por M. Nacimento corresponden a: un sistema unificado, totalizador y totalizante de captación de rentas; el control territorial; el auge de los intermediarios en la cadena productiva; y el camuflaje como esquema operativo. La ponencia concluyó, por consiguiente, en la potencialidad heurística del concepto de plantación para los fines de una explicación antropológica del fenómeno de los cultivos ilícitos de coca en Colombia.

Sin duda, la aplicación del concepto de plantación traerá muchos beneficios en la explicación que busca M. Nacimento. Sin embargo, durante la ponencia y la discusión posterior, no fueron tan evidentes las eventuales transformaciones epistemológicas de las que el concepto mismo de plantación podría ser objeto luego del estudio de la diversidad de expresiones agrícolas en Colombia. Esto, por supuesto, obedece más al carácter de la presentación —limitada en el tiempo y en el avance de la investigación— que a una falta de atención de la expositora. Cabe resaltar que la sección de discusión se vio enriquecida por una multiplicidad de intervenciones del público, concentradas en las características del trabajo de campo, la construcción y aplicación de metodologías, los aspectos más sociales en torno al fenómeno del cultivo de coca en Colombia, el interés de la antropología política de lo ilegal en las plantaciones, la identidad y/o ciudadanía de los cocaleros, entre otros aspectos.

Quizá el mayor mérito del trabajo de investigación de M. Nacimento resida en el enfoque metodológico desarrollado, que intenta superar las tipologías de las unidades agrícolas ilícitas en Colombia, y tiende hacia una geografía cultural de amplio signo antropológico. Desde nuestra perspectiva, es únicamente en los límites de esta configuración metodológica que será posible otorgar peso explicativo a las estadísticas muchas veces protagonistas de aventuradas propagandas políticas. 

Presentación de Miryam Nacimento © IFEA

Bibliografía

Haraway, Donna, Noboru Ishikawa, Scott F. Gilbert, Kenneth Olwig, Anna L. Tsing, and Nils Bubandt. 2016. “Anthropologists Are Talking – About the Anthropocene.” In Ethnos: Journal of Anthropology, 81:535–64. ttps://doi.org/ 10.1080/00141844.2015.1105838.

Li, Tania Murray. 2018. “After the Land Grab: Infrastructural Violence and the ‘Mafia System’ in Indonesia’s Oil Palm Plantation Zones.” Geoforum 96 (November): 328–37.

Mintz, Sidney W. 1986. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. New York: Penguin Books.

Tsing, Anna. 2017. “A Threat to Holocene Resurgence Is a Threat to Livability.” In The Anthropology of Sustainablity, edited by Marc Brightman and Jerome Lewis. New York: Palgrave Studies in Anthropology of Sustainability.

Elections présidentielles en Equateur en contexte de crise sociale et sanitaire: une droite affaiblie mais victorieuse

Par Julie Massal, docteure en sciencie politique e chercheuse de l’IFEA en Colombie

Les élections présidentielles des 7 février et 11 avril en Equateur ont présenté un revirement de tendance entre le premier et le second tour ; le premier donnant l’avantage aux divers acteurs de gauche avant que la droite l’emporte au second. On examine ici certains aspects des résultats en les reliant au contexte à court terme, afin d’en discerner quelques enjeux majeurs.

  1. Un premier tour favorable à des acteurs de gauche divisés et en conflit

Au premier tour, le scrutin présidentiel semble illustrer un mouvement en faveur des forces politiques de gauche, avec trois candidats situés à gauche du spectre politique, mais issus de traditions politiques distinctes, et un candidat de droite libérale, qui réunissent plus de 80% du vote, malgré une forte dispersion de l’offre avec 16 candidats au premier tour[1]. Cela semble témoigner d’un effacement complet de la droite[2], avant que le 2e tour ne rebatte les cartes.

Andrés Arauz, le candidat de la tendance « Socialisme du XXI siècle » inspirée par l’ex-président R. Correa (2007-2017) obtient 32.7% des suffrages exprimés ; c’est un peu moins que prévu (il avait 36% d’intentions de vote dans les sondages), mais cela lui octroie une large avance sur ses rivaux. Proche de R. Correa (entretemps jugé et condamné pour corruption), il est considéré comme la continuation de son projet politique, qui suscite de vives oppositions y compris parmi les acteurs sociaux de gauche[3]. Les deux rivaux d’Arauz sont d’une part l’ex banquier Guillermo Lasso, candidat du mouvement « Créer des opportunités » (CREO, droite libérale), et d’autre part Yaku Perez, candidat du mouvement Pachakutik, bras politique de la Confédération des Nationalités Indigènes d’Equateur (CONAIE). Celle-ci joue un rôle majeur lors de la révolte d’octobre 2019 contre l’augmentation du prix des combustibles. Si Yaku Perez n’a pas été le leader de cette révolte, sa candidature a été choisie par Pachakutik, non sans susciter de fortes divisions au sein de la CONAIE, pour représenter une gauche sociale et écologiste d’opposition, éloignée de la gauche Corréiste, à laquelle elle se déclare d’ailleurs ouvertement hostile. Cela tient notamment au fait que Yaku Perez incarne une branche de la « résistance à l’extractivisme » qui a été fortement réprimée, à l’instar de la CONAIE et de nombreux mouvements sociaux, durant le mandat de Correa.

Selon un décompte final, produit après de multiples recours et procédures partielles de recomptage, G. Lasso obtient 19.74% des voix et Y. Perez, 19,38%, soit environ 33 000 voix d’écart (0.35% des votes), et Lasso devient donc le candidat désigné pour affronter Arauz au 2e tour. Mais la droite reste affaiblie, car lors des législatives (qui ont aussi lieu le 7 février), elle obtient moins de 10% des voix, ce qui en fait seulement la 4e force politique. En outre, Lasso obtient de moins bons résultats en 2021 qu’aux scrutins où il s’est présenté auparavant en 2013 et 2017. La droite est reléguée au niveau législatif derrière trois mouvances de gauche : le parti du candidat corréiste, Union pour l’Esperance (Unes) ; Pachakutik, désormais 2e force à l’assemblée[4] et enfin le parti Gauche Démocratique (ID), dont le candidat X. Hervas obtient 15.7% des voix à la présidentielle et qui devient la 3e force politique législative.  Tout semble donc indiquer un net affaiblissement de la droite.

Enfin, l’abstention, annoncée comme très élevée (d’au moins 30%) dans les sondages en raison du contexte sanitaire critique qui pouvait détourner les électeurs du scrutin, n’est finalement « que » de 18%, dans un pays où le vote est obligatoire. Le vote nul atteint 9.6%.

Ainsi, « la gauche » peut sembler en position de force à l’issue du premier tour. Mais en réalité, il existe de forts clivages en son sein, car aussi bien la Gauche Démocratique que Pachakutik et les mouvements sociaux et indiens ainsi qu’une part importante de l’électorat, sont fortement hostiles au candidat corréiste, A. Arauz, ce qui lui donne peu de réserves de voix. Le clivage politique corréiste/anti-corréiste est donc encore bien présent, même si ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte pour comprendre le revirement qui se présente au second tour.

2. Un second tour favorable à une droite affaiblie

Le second tour, dont le résultat était annoncé serré à l’approche du scrutin, présente une inversion de l’ordre des favoris, chose rare mais non inédite. En effet, le candidat G. Lasso l’emporte avec 52,36% des suffrages exprimés (soit 4.652.699 voix) contre 47.64% pour A. Arauz (4.232.323 voix), sur un total de 13.1 millions d’électeurs[5]. Cette fois l’abstention est de 20.9% (2.260.957 électeurs) et le taux de votes nuls de 9,6 % au premier tour, passe à 16, 3% (1.757 679 bulletins nuls) au second tour. Le report de voix bénéficie très majoritairement à G. Lasso, qui passe de 19.7% à 52.4% des suffrages, tandis qu’A. Arauz passe de 32.7% à 47.6%.

Cela pose plusieurs questions, auxquelles une analyse plus poussée des résultats devra permettre de répondre. Quel est le réservoir de voix de G. Lasso, notamment parmi les populations indigènes[6] qui n’ont plus de candidat ? Celles-ci ont-elles respecté la consigne électorale de « vote nul idéologique », promue par Pachakutik, mais que certains dirigeants de la CONAIE ont eux-mêmes rejetée ? L’enjeu majeur est donc de savoir si le vote indien est bien la clef du scrutin et surtout du revirement du rapport de force gauche-droite, ce qui suppose de comprendre comment les divisions au sein des acteurs indiens ont pesé sur cet électorat. Car les choix des dirigeants indiens au second tour illustrent une forte hétérogénéité politique et des stratégies concurrentes[7]

Après l’éviction de Yaku Perez, Pachakutik et une partie des instances dirigeantes nationales ou locales de la CONAIE appellent leurs bases au « vote nul idéologique » pour le second tour. Mais, en raison des divisions entre CONAIE et Pachakutik au sujet de la candidature de Perez et de divergences relatives au projet corréiste au sein même de la CONAIE, cette consigne de vote n’est pas acceptée par certains dirigeants de la CONAIE. Son président, Jaime Vargas, l’un des principaux leaders indiens de la révolte d’octobre 2019, se voit expulsé de Pachakutik juste avant le second tour, pour avoir exprimé son appui au candidat corréiste A. Arauz. Mais d’autres dirigeants de la CONAIE, comme Leonidas Iza, également un leader majeur de la révolte d’octobre 2019,  exigent la « sanction » des électeurs indiens qui ne respecteraient pas la consigne électorale du vote nul, dans les régions où la population indigène est supposée acquise à la CONAIE[8]. Les divisions se font aussi sentir via des rapprochements explicites envers G. Lasso : l’ex candidate à la vice-présidence et binôme de Y. Perez, V. Cedeno, a appelé à voter pour lui. Et Y. Perez, connu pour son hostilité marquée à R. Correa, s’était prononcé en faveur de G. Lasso au scrutin présidentiel en 2017. Cette fois-ci, il annule son vote et appelle au respect de cette consigne. Ces positions diverses reflètent la complexité des choix politiques parmi les dirigeants indiens, tant au sein de la CONAIE que de Pachakutik, positions qui elles-mêmes peuvent diverger de celles des électeurs indiens.

C’est pourquoi l’étude des résultats du second tour doit s’inscrire dans une analyse approfondie des clivages politiques au sein des courants de gauche. Ceux-ci sont en effet très hétérogènes et s’opposent, en particulier, sur deux aspects majeurs : en premier lieu, la place de l’Etat et son rôle interventionniste dans l’économie , qui est revendiqué par les pro-Correa et rejeté par Y. Perez ; et en second lieu, le modèle de développement fondé sur l’extraction des ressources, que la gauche corréiste a promu comme un moyen d’obtenir des ressources nécessaires à la lutte contre la pauvreté, mais en réprimant fortement acteurs sociaux et écologistes opposés à ce modèle, représentés par Y. Perez. Le vote pour G. Lasso peut difficilement apparaitre, dans un tel contexte, comme un vote de conviction en faveur de la droite libérale qu’il représente. Certes, il obtient la moitié des suffrages exprimés et bénéficie en majorité du report de voix, mais ce sont « seulement » 4.7 millions de voix sur les 13 millions d’électeurs et 17 millions d’habitants. Et cela se produit dans un contexte de division profonde des gauches et d’affaiblissement de la droite. Contexte marqué aussi au second tour par l’abstention de près de 21% malgré le vote obligatoire, et 16.3% de votes nuls, un taux plus important que d’ordinaire et en forte croissance face au 1er tour.

Le vote Lasso peut représenter un vote sanction envers le camp corréiste qui a, selon certains de leurs dirigeants, « trahi » les populations indiennes en réprimant fortement mouvements indiens et écologistes[9], même si ce mécontentement s’exprime aussi via le vote nul. Mais l’évaluation du vote indien et de son appui à la droite au second tour reste à discuter après une analyse approfondie des reports de voix des électeurs de Yaku Perez. La carte du vote par départements[10] révèle certes un appui à Lasso dans des provinces de la Sierra et d’Amazonie qui avaient soutenu Y. Perez au premier tour, mais ces résultats départementaux doivent être examinés à la lumière des taux d’abstention et de votes nuls, analyse qui permettra d’éclairer les dynamiques locales et nationales du vote indien et son orientation ou non en faveur de la droite libérale, thème pour l’instant au cœur des polémiques[11]

Par ailleurs, il s’agit de comprendre d’autres facteurs du report de vote en faveur de Lasso, puisque le clivage régional semble inversé, comme au premier tour : la Sierra vote majoritairement pour le « banquier de Guayaquil » tandis que la Costa (hormis l’archipel des Galápagos) vote plutôt pour le candidat de Quito. Les ressorts du vote régional semblent donc également en redéfinition.

C’est enfin un scrutin qui a lieu à peine un an et demi après la révolte d’octobre 2019, marquée par le rejet des populations indigènes de la Sierra et des secteurs populaires urbains envers des réformes précarisant l’emploi et accroissant le prix des combustibles. La révolte se solde par des affrontements importants pendant près de 10 jours, laissant plus de 1300 blessés et au moins une dizaine de décès. Cela a pu, selon certains analystes comme F. García (Flacso) faire perdre au mouvement Pachakutik une partie du vote urbain des classes moyennes ou aisées, selon une analyse de la sociologie du vote Pachakutik au premier tour[12]. Ce repli de Pachakutik sur des bases indiennes et populaires diminue sa capacité à incarner le vote contestataire. Le mécontentement des secteurs « anti-Correa », qui ne se sentent plus représentés par Pachakutik, peut favoriser le candidat de la droite libérale. Mais une sociologie du report de vote au second tour est indispensable pour le vérifier.

3. Le contexte socio-économique et sanitaire : enjeux présents et à venir.

L’élection s’est tenue dans un contexte sanitaire critique, encore accentué par un nouveau pic et un reconfinement peu avant le second tour, qui se double d’une forte crise économique et sociale. Malgré un confinement précoce et sévère en mars 2020, l’épidémie a eu des effets dévastateurs, avec plus de 340 000 cas et 17 mille morts recensés (mi-avril 2021), dans un pays de 17 millions d’habitants[13]. Qui plus est, selon de récentes études, le groupe d’âge le plus touché est désormais celui des 20-49 ans (60.5%), suivi du groupe des 50-65 ans (20.3%)[14]. Les effets de la gestion de la pandémie sur la pauvreté, le chômage et le sous-emploi ont été présents dans les débats présidentiels. Le candidat Lasso a axé une grande part de sa campagne sur des promesses d’emplois et des aides aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants, en promettant après sa victoire au second tour « des opportunités et la prospérité pour tous ».  

La crise sanitaire et économique ravive aussi les crispations liées aux scandales de corruption qui touchent le camp des pro-Correa ou le gouvernement Moreno. Ce débat sur la corruption se confond désormais avec les enjeux de la campagne de vaccination durant les derniers mois du gouvernement Moreno (2017-2021), qui mène une politique d’austérité fiscale aggravant la précarité de l’emploi et la fragilité du système hospitalier. Or, la campagne de vaccination est encore lente et marquée par la dénonciation de passe-droits, après que le ministre de la santé s’est fait vacciner (ainsi que sa famille) alors que moins de dix mille doses de vaccin étaient arrivées dans le pays, ce qui le contraint à démissionner aussitôt le fait révélé.

Tout cela ne peut qu’aggraver le mécontentement, voire le désespoir, d’une partie importante de la population tant face à ces pratiques que face à l’absence d’une offre politique tournée vers l’avenir ou susceptible d’offrir des réponses concrètes et crédibles aux enjeux immédiats. La crise sociale de 2019, en Equateur mais plus largement dans la région latino-américaine, a rappelé le rôle de mouvements sociaux certes affaiblis mais déterminés à lutter contre les réformes d’inspiration néolibérale ou contre l’usage de l’extractivisme comme (seul) moteur du développement économique. Ces thèmes ont paru singulièrement absents des débats présidentiels en 2021, et l’absence de réponse à ces enjeux ne peut qu’aggraver le vide politique. Le contexte sanitaire préoccupant au Pérou, qui votait pour le premier tour de l’élection présidentielle le 11 avril, ou bien au Brésil, où la pandémie semble hors de contrôle et suscite un mécontentement croissant envers le gouvernement Bolsonaro, ajoute à l’inquiétude face à l’avenir politique andin et latino-américain.


[1] Les résultats des 2 tours sont en ligne : Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[2] Celle-ci a pourtant orienté le gouvernement de L. Moreno (2017-2021) : Pablo Ospina , “Ecuador: ¿realmente hay un ‘giro a la derecha’? Del correísmo al morenismo”, Nueva Sociedad, Avril 2019 : http://nuso.org/articulo/ecuador-moreno-correa-elecciones-politica/?fbclid=IwAR1zggus-M1mmAlloyZvGktlQ57Ju4rRNwxbZsqxAsMC4rmw2dxvwRIu5H4

[3] Pour une analyse des clivages politiques au sein des gauches: Frédéric ThomasContretemps, 7 avril 2021 : Équateur : les gauches, l’extractivisme et la transition

[4] El Universo, 9 de febrero, 2021: El movimiento indígena se convierte en segunda fuerza política del Ecuador, duplica y triplica su votación de elecciones pasadas | Política | Noticias | El Universo

[5] Chiffres du Conseil National Electoral (13 avril 2021): Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[6] En Equateur, la population autochtone ou indigène est définie par des critères tels que l’usage d’une langue indienne et l’appartenance à des « communautés » ; ces dernières sont elles-mêmes regroupées au sein de « peuples » (Otavalos, Saraguros), qui composent à leur tour des « nationalités » (Quichua par exemple) reconnues par la Constitution en vigueur (2008). La CONAIE est la confédération des organisations qui représentent ces nationalités.

[7] France24, 07-04-2021:Ecuador: presidenciales dividen al movimiento indígena, clave para definir el balotaje (france24.com)

[8] Dans les régions où la Conaie est le mieux ancrée (notamment la Sierra centrale et du sud), elle exerce une sorte de domination symbolique sur les communautés et incite à l’adoption d’un vote collectif et non de choix individuels. La sanction s’exerce sous forme de pression morale ou pécuniaire (via une amende) lorsque la personne ne respecte pas le choix communautaire ou celui de l’organisation présente localement. Les divisions internes de la Conaie entre dirigeants et entre ceux-ci et leurs bases peuvent donc altérer la capacité à exercer cette « domination ».

[9] Cf. l’analyse de M. Moreano Venegas : Antiextractivismo y política radical en Ecuador – Jacobin América Latina (jacobinlat.com) (febrero-2021), ou celle de F. Thomas, op.cit.

[10] Disponible dans l’article suivant : Rafael Correa reconoce victoria de Guillermo Lasso en segunda vuelta: ‘Su éxito será el del Ecuador’ | El Comercio (El Comercio, 12-04-2021)

[11] El Universo, 13 de abril, 2021 : Apoyo de Jaime Vargas a Andrés Arauz y el silencio de Jaime Nebot en campaña ayudaron a Guillermo Lasso a ganar en los sitios donde Yaku Pérez tuvo más votación, aseguran analistas | Política | Noticias | El Universo

[12] Cf. le Webinaire réalisé par l’IFEA, le 15 mars 2021 : Institut français d’etudes andines – YouTube

[13] Paz-Gómez D.M. & Santelices Enríquez M.C (2020). (In)capacidades de política en tiempos de covid-19: comprendiendo las respuestas económicas de Colombia y Ecuador. Análisis Político, IEPRI-UN, nº 100, p. 72-91.

[14] El Universo 11 de abril de 2021 :Casos de coronavirus en Ecuador, al domingo 11 de abril: 346.817 confirmados, 17.293 fallecidos y 183.300 vacunados | Ecuador | Noticias | El Universo

Elecciones presidenciales en Ecuador en un contexto de crisis social y sanitaria: una derecha debilitada pero victoriosa

Escribe Julie Massal, doctora en ciencia política e investigadora del IFEA en Colombia

Las elecciones presidenciales del 7 de febrero y 11 de abril en Ecuador presentaron un giro entre la tendencia de la primera y la segunda vuelta; la primera dio ventaja a diversos actores de la izquierda antes que la derecha ganara la segunda. Examinaremos aquí ciertos aspectos de los resultados en relación al contexto a corto plazo, con el fin de discernir algunos de los principales desafíos. 

  1. Una primera vuelta favorable a los actores de izquierda divididos y en conflicto

En primera vuelta, el escrutinio presidencial parece ilustrar un movimiento en favor de las fuerzas políticas de izquierda, con tres candidatos situados a la izquierda del espectro político, pero provenientes de tradiciones políticas distintas, y un candidato de derecha liberal, que reúnen más del 80% del voto, a pesar de una fuerte dispersión de la oferta con 16 candidatos en primera vuelta[1]. Ello parece indicar una desaparición completa de la derecha[2], antes que la segunda vuelta barajara las cartas.

Andrés Arauz, el candidato de la tendencia “socialismo del siglo XXI” inspirado por el expresidente R. Correa (2007-2017) obtuvo 32.7% de votos emitidos; un poco menos de lo previsto (él tenía 36% de intención de voto en los sondeos), pero ello le otorga una larga ventaja sobre sus rivales. Cercano a R. Correa (por ahora juzgado y condenado por corrupción), es considerado como la continuación de su proyecto político, que suscita vivas oposiciones incluso entre los actores sociales de izquierda[3]. Los rivales de Arauz son en un lado el ex banquero Guillermo Lasso, candidato del movimiento “Crear las oportunidades” (CREO, derecha liberal), y de otro lado Yaku Pérez, candidato del movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Esta organización juega un rol mayor en las protestas de octubre de 2019 contra el aumento del precio de los combustibles.  Aunque Yaku Pérez, fue el líder de estas protestas, su candidatura fue escogida por Pachakutik, no sin suscitar fuertes divisiones en el seno de la CONAIE, para representar a una izquierda social y ecologista de oposición, distanciada de la izquierda Correista, a la que ella se declara abiertamente hostil. Esto se debe en particular al hecho de que Yaku Pérez encarna una rama de la “resistencia al extractivismo” que ha sido fuertemente reprimida, como la CONAIE y muchos movimientos sociales, durante el mandato de Correa.

Según el conteo final, producido tras múltiples recursos y procedimientos de reconteo parcial, G. Lasso obtiene 19.74% de votos e Y. Pérez, 19.38%, es decir un aproximado de 33,000 votos de diferencia (0.35% de votos), y Lasso se convierte entonces en el candidato designado para enfrentar a Arauz en la segunda vuelta. Pero la derecha queda debilitada, porque en las legislativas (que tuvieron lugar también el 7 de febrero), obtuvo menos del 10% de los votos, con lo que llega a ser apenas la cuarta fuerza política.  De otro lado, Lasso obtiene peores resultados en 2021, que en los anteriores escrutinios donde participó en 2013 y 2017. La derecha es relegada a nivel legislativo detrás de tres movimientos de izquierda: el partido del candidato correista, Unión por la esperanza (Unes); Pachakutik, en adelante la segunda fuerza en la asamblea[4] y finalmente el partido Izquierda Democrática (ID) – cuyo candidato X. Hervas obtiene 15.7% de votos en la presidencial y se convierte en la tercera fuerza política legislativa. Todo parece indicar un claro debilitamiento de la derecha.

Finalmente, la abstención, anunciada como muy elevada (de al menos 30%) en los sondeos en razón del contexto sanitario crítico que podía alejar a los electores del escrutinio, -alcanzó finalmente “solo” el 18%, en un país donde el voto es obligatorio. El voto nulo alcanza el 9.6%.

Así, “la izquierda” parece presentar una posición de fuerza al término de la primera vuelta. Pero en realidad, existen fuertes divisiones en su seno, porque si bien la Izquierda Democrática, Pachakutik y los movimientos sociales e indígenas constituyen una parte importante del electorado, son fuertemente hostiles al candidato correista, A. Arauz, lo que le da pocas reservas de votos. La división política correista/anticorreista está todavía bien presente, aunque no es el único factor a tomar en cuenta para comprender el giro que se presentó en la segunda vuelta.

 2. Una segunda vuelta favorable a una derecha debilitada

En la segunda vuelta, que se preveía reñida en la fase previa a la votación, se produjo una rara, pero no inédita inversión del orden de los favoritos. En efecto, el candidato G. Lasso la gana con el 52.36% de votos emitidos (es decir 4 652,699 votos) contra el 47.64% para A. Arauz (4 232,323 votos), sobre un total de 13.1 millones de electores[5]. Esta vez la abstención es de 20.9% (2 260957 electores) y la tasa de votos nulos de 9.6% en la primera vuelta pasa a ser de 16. 3% (1 757679 boletines nulos) en la segunda vuelta. El reporte de votos beneficia muy mayoritariamente a G. Lasso que pasa de 19.7% a 52.4% de votos, mientras que A. Arauz pasa de 32.7% a 47.6%.

Esto plantea una serie de preguntas, a las que hay que dar respuesta mediante un análisis más profundo de los resultados. ¿Cuál es la reserva de votos de Lasso especialmente entre las poblaciones indígenas[6] que no tienen candidato? ¿respetaron la consigna electoral de “voto nulo ideológico”, promovida por Pachakutik, pero que ciertos dirigentes de la CONAIE rechazaron? La cuestión principal, es entonces saber si el voto indígena es realmente la clave de la elección y sobretodo de la inversión del equilibrio de poder izquierda-derecha, lo que supone comprender como las divisiones en el seno de los actores indígenas han pesado sobre el electorado. Porque la elección de los dirigentes indígenas en segunda vuelta muestra una fuerte heterogeneidad política y de estrategias contrapuestas[7].

Después de la eliminación de Yaku Pérez, Pachakutik y una parte de las instancias dirigentes nacionales o locales de la CONAIE llaman a sus bases al “voto nulo ideológico” para la segunda vuelta. Pero, debido a divisiones entre la CONAIE y Pachakutik a propósito de la candidatura de Pérez y de divergencias relativas al proyecto correista en el seno mismo de la CONAIE, esta consigna de voto no fue aceptada por ciertos dirigentes de la CONAIE. Su presidente, Jaime Vargas, uno de los principales líderes indígenas de las protestas de octubre de 2019, se ve expulsado de Pachakutik justo antes de la segunda vuelta, por haber manifestado su apoyo al candidato correista A. Arauz. Pero otros dirigentes de la CONAIE, como Leonidas Iza, también un líder mayor de las protestas de octubre de 2019, exigen la “sanción” de los electores indígenas que no respetaron la consigna electoral del voto nulo, en las regiones donde la población indígena esta supuestamente comprometida con la CONAIE[8]. Las divisiones se hacen así sentir a través del acercamiento explícito hacia G. Lasso: la ex candidata de la vicepresidencia y binomio de Y. Pérez, V. Cedeno, ha llamado a votar por él.  E Y. Pérez, conocido por su marcada hostilidad hacia R. Correa, se había pronunciado a favor de G. Lasso en el escrutinio presidencial en 2017. Esta vez sí, él anula su voto y llama al respeto de esta consigna. Estas posiciones diversas reflejan la complejidad de las elecciones políticas entre los dirigentes indígenas, tanto en el seno de la CONAIE que, de Pachakutik, posiciones que en sí mismas pueden divergir con la de los electores indígenas.

Por ello el estudio de los resultados de la segunda vuelta debe inscribirse en un análisis -cuidadoso de las divisiones políticas en el seno de las corrientes de la izquierda. Estas son en efecto muy heterogéneas y se oponen, en particular, sobre dos aspectos mayores: en primer lugar el espacio del Estado y su rol intervencionista en la economía, que es reivindicada por los pro-Correa y rechazada por Y. Pérez; y en segundo lugar, el modelo de desarrollo fundado en la extracción de recursos que la izquierda correista ha promovido como un medio de obtener recursos necesarios para la lucha contra la pobreza pero reprimiendo fuertemente a los actores sociales y ecologistas opuestos a este modelo, representados por Y. Pérez. El voto por G. Lasso puede difícilmente aparecer en este contexto, como un voto de convicción en favor de la derecha liberal que representa. Es cierto que obtuvo la mitad de los votos emitidos y se benefició mayoritariamente del arrastre de votos, pero fueron “solo” 4.7 millones de votos sobre los 13 millones de electores y 17 millones de habitantes. Y esto se produce en un contexto de división profunda de izquierdas y debilitamiento de la derecha. El contexto también estuvo marcado en la segunda vuelta por la abstención de cerca del 21% a pesar del voto obligatorio, y el 16.3% de votos nulos, una tasa más importante de lo común y en fuerte crecimiento frente a la primera vuelta.

El voto Lasso puede representar un voto de sanción hacia el sector correista que, según ciertos dirigentes “traicionó” a las poblaciones indígenas reprimiendo fuertemente los movimientos indígenas y ecologistas[9], aún si el descontento se expresa también a través del voto nulo. Pero la valoración del voto indígena y de su apoyo a la derecha en la segunda vuelta queda por discutir tras un análisis exhaustivo de la transferencia de los votos de los electores de Yaku Pérez. El mapa de voto por departamentos[10] revela ciertamente un apoyo a Lasso en las provincias de la Sierra y de la Amazonia que habían apoyado a Y. Pérez en la primera vuelta, pero estos resultados departamentales deben ser examinados a la luz de las tasas de abstención y de votos nulos, un análisis que permitirá esclarecer las dinámicas locales y nacionales del voto indígena y su orientación o no a favor de la derecha liberal, tema que por el momento está en el centro de la polémica[11].

Además, se trata de comprender otros factores del traspaso de votos en favor de Lasso, porque – el sesgo regional parece invertida, como en la primera vuelta: la Sierra vota mayoritariamente por el “banquero de Guayaquil” mientras que la Costa (salvo el archipiélago de Galápagos) vota sobre todo por el candidato de Quito. Los resultados del voto regional parecen entonces estar igualmente en redefinición.

Finalmente es un escrutinio que se da lugar apenas un año y medio después de las protestas de octubre de 2019, marcadas por el rechazo de las poblaciones indígenas de la Sierra y de los sectores populares urbanos hacia las reformas que precarizan el empleo e incrementan el precio de los combustibles. Las protestas dieron lugar a importantes enfrentamientos durante 10 días, dejando más de 1300 heridos y al menos una decena de muertos. Esto ha podido según ciertos análisis como el de F. García (FLACSO) hacer perder al movimiento Pachakutik una parte de su voto urbano en las clases medias altas, según un análisis de la sociología del voto Pachakutik en primera vuelta[12]. Este repliegue de Pachakutik hacia sus bases indígenas y populares disminuye su capacidad de encarnar el voto contestatario. El descontento de sectores “anti-Correa”, que no se sienten representados más por Pachakutik, pudo favorecer al candidato de la derecha liberal. Pero una sociología de recuento de votos en segunda vuelta es indispensable para verificarlo.

3. El contexto socio-económico y sanitario: desafíos presentes y futuros

La elección se realizó en un contexto sanitario crítico, aún acentuado por un nuevo pico y un reconfinamiento poco antes de la segunda vuelta, a lo que se suma una fuerte crisis económica y social. A pesar de un confinamiento precoz y severo en marzo del 2020, la epidemia ha tenido efectos devastadores, con más de 340,000 casos y 17,000 muertos (mitad de abril 2021), en un país de 17 millones de habitantes[13]. Además, según estudios recientes, el grupo de edad más afectado es ahora el de los 20-49 años (60.5%) seguido del grupo de 50 a 65 años (20.3%)[14]. Los efectos de la gestión de la pandemia sobre la pobreza, el desempleo o el subempleo han estado presentes en los debates presidenciales. El candidato Lasso ha centrado una gran parte de su campaña en promesas de empleo y de ayudas a las pequeñas empresas y a los trabajadores independientes, prometiendo después de su victoria en segunda vuelta “oportunidades y prosperidad para todos”.

La crisis sanitaria y económica revive también las crispaciones ligadas a los escándalos de corrupción que afectan al sector pro-correa o al gobierno de Moreno. Éste debate sobre la corrupción se confunde además con problemas en la campaña de vacunación durante los últimos meses del gobierno de Moreno (2017-2021) que lleva una política de austeridad fiscal agravando la precariedad del empleo y la fragilidad del sistema hospitalario. La campaña de vacunación está todavía lenta y marcada por las denuncias de favoritismo, después que el ministro de la salud se hiciera vacunar (así como a su familia) mientras que menos de 10,000 dosis de vacunas habían llegado al país, lo que lo llevó a renunciar y rápidamente ser relevado.

Todo esto no puede más que aumentar el descontento, o incluso la desesperación, de una parte importante de la población tanto frente a estas prácticas como a la ausencia de una oferta política dirigida al futuro o susceptible de ofrecer respuestas concretas y creíbles a los problemas inmediatos. La crisis social del 2019, en Ecuador y más ampliamente en la región latinoamericana, ha recordado el rol de los movimientos sociales ciertamente debilitados pero determinados a luchar contra las reformas de inspiración neoliberal o contra el uso del extractivismo como (único) motor de desarrollo económico. Estos temas han aparecido singularmente ausentes en los debates presidenciales del 2021, y la ausencia de respuesta a estos problemas no puede sino  agravar el vacío político. El contexto sanitario preocupante en Perú, que votaba por la primera vuelta en elección presidencial el 11 de abril o también en Brasil, donde la pandemia parece fuera de control y suscita el descontento creciente hacia el gobierno de Bolsonaro, aumenta la inquietud frente al futuro político andino y latinoamericano.


[1] Los resultados de las dos vueltas están en línea: Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[2] Esto por tanto orientó el gobierno de L. Moreno (2017-2021): Pablo Ospina, “Ecuador: ¿realmente hay un “giro a la derecha”? Del correismo al morenismo”, Nueva sociedad, abril 2019: http://nuso.org/articulo/ecuador-moreno-correa-elecciones-politica/?fbclid=IwAR1zggus-M1mmAlloyZvGktlQ57Ju4rRNwxbZsqxAsMC4rmw2dxvwRIu5H4

[3]  Cf. el análisis de las divisiones políticas en el seno de las izquierdas: Frédéric Thomas, Contretemps, 7 de abril de 2021: Équateur : les gauches, l’extractivisme et la transition

[4] El universo, 9 de febrero, 2021: El movimiento indígena se convierte en segunda fuerza política del Ecuador, duplica y triplica su votación de elecciones pasadas | Política | Noticias | El Universo

[5]  Cifras del Consejo nacional electoral (13 de abril de 2021): Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[6] En Ecuador, la población autóctona o indígena está definida por criterios tales como el uso de una lengua indígena y la pertenencia a las “comunidades”; éstas últimas están ellas mismas reagrupadas en el seno de los “pueblos” (Otavalos, Saraguros), que componen a su vez  – las “nacionalidades” (quichua por ejemplo) reconocidas por la Constitución en vigor (2008). La CONAIE es la confederación de las organizaciones que representan esas nacionalidades.

[7]  France24, 07-04-2021: Ecuador: presidenciales dividen al movimiento indígena, clave para definir el balotaje (france24.com)

[8] En las regiones donde la CONAIE está mejor anclada (particularmente la Sierra central y del sur), ella ejerce una suerte de dominación simbólica sobre las comunidades e incita a la adopción de un voto colectivo y no a decisiones individuales. La sanción se ejerce bajo una forma de presión moral o pecuniaria (vía una multa) si la persona no respeta la decisión comunitaria o de la organización presente localmente. Las divisiones internas de la CONAIE entre los dirigentes y entre estos y sus bases pueden entonces alterar la capacidad de ejercer este “dominio”.

[9] Cf.  El análisis de M. Moreno Venegas: Antiextractivismo y política radical en Ecuador – Jacobin América Latina (jacobinlat.com)  (Febrero-2021), o aquel de F. Thomás, op. cit.

[10] Disponible en el artículo siguiente: Rafael Correa reconoce victoria de Guillermo Lasso en segunda vuelta: ‘Su éxito será el del Ecuador’ | El Comercio (El comercio, 12-04-20 21).

[11]  El universo, 13 de abril, 2021: Apoyo de Jaime Vargas a Andrés Arauz y el silencio de Jaime Nebot en campaña ayudaron a Guillermo Lasso a ganar en los sitios donde Yaku Pérez tuvo más votación, aseguran analistas | Política | Noticias | El Universo

[12]  Cf. El webinar realizado por IFEA, el 15 de marzo de 2021: Institut français d’etudes andines – YouTube

[13] Paz-Gómez D.M & Santelices Enríquez M.C (2020). (In) capacidades de política en tiempos de COVID-19: comprendiendo las respuestas económicas de Colombia y Ecuador. Análisis político, IEPRI-UN, nº 100, p. 72-91.

[14] 11 de abril de 2021: Casos de coronavirus en Ecuador, al domingo 11 de abril: 346.817 confirmados, 17.293 fallecidos y 183.300 vacunados | Ecuador | Noticias | El Universo