Formaciones de estatalidad

Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA

Presentación de Gina Paola Rodríguez (IEALC / IFEA)

Formaciones de estatalidad: Elementos para repensar el Estado en América Latina

El 17 de noviembre 2017, Gina Paola Rodriguez, Doctora en ciencias sociales e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Universidad de Buenos Aires, presentó avances de la investigación que desarrolla gracias al apoyo del IFEA. En continuidad con lo que fue su tesis doctoral, sustentada en el 2015, su trabajo actual elabora un ejercicio comparado de las dinámicas de violencia parainstitucional en Perú y Colombia en el contexto de sus conflictos armados internos. Para esta sesión de las Tardes de Jóvenes Investigadores la expositora se concentró en el caso colombiano y avanzó en  algunas hipótesis interpretativas sobre el caso peruano que eventualmente pueden ser útiles para  analizar otros países latinoamericanos.

La intervención empezó señalando que la inestabilidad política que ha conocido Colombia desde su nacimiento como República ha sido la fuente de numerosas violencias en las que se intersectan motivaciones políticas, económicas y hasta de sangre. De todas estas violencias, aquella de tipo parainstitucional ha sido la menos investigada en comparación con otras como la violencia insurgente. De ahí que el objetivo de la investigadora consista en indagar el papel de la violencia ejercida por agentes que actúan en modo paralelo al Estado en defensa del statu quo en el proceso ampliado de construcción del Estado y el poder político.

La presentación constó de cuatro partes. En primer lugar, Rodríguez expuso el concepto de “estatalidad” señalando que se trata de un concepto polisémico y complejo cuya definición tradicional merece ser repensada a la luz de este estudio de caso. Luego, presentó las diversas fases y ciclos de la violencia parainstitucional que han dinamizado la construcción del orden en Colombia entre 1945 y 2010. En la tercera parte, formuló la pregunta por las posibles interpretaciones de este fenómeno anunciando una disyuntiva: ¿se tratará de una crisis del Estado o de una estatalidad ad hoc? ¿Será la violencia parainstitucional un componente de la estatalidad? Según la investigadora, el análisis de la violencia parainstitucional a la luz del proceso de construcción del orden, exige repensar las representaciones del Estado elaboradas a partir de binomios clásicos como legal/ilegal, Estado/sociedad civil y público/privado. Lo que casos como el colombiano y el peruano mostrarían, es la existencia de un punto intermedio, una zona gris que no es dejada al azar y que permitiría al Estado construir y mantener su autoridad.  Finalmente, las ideas expuestas condujeron a una discusión acerca de la situación peruana y los posibles puntos de comparación con la experiencia colombiana.

De las definiciones de la estatalidad hasta una lectura de la violencia parainstitucional

 Antes de exponer los diferentes momentos que componen su investigación, Rodríguez quiso definir el concepto de violencia parainstitucional a partir de cuatro características. Primero, que esta violencia tiene por objeto mantener el statu-quo a través de la represión y el disciplinamiento por la vía del terror. Segundo, que discurre de manera simultánea a la violencia estatal, pero a través de organizaciones o grupos con dinámicas de funcionamiento propias. Tercero, que sirve de complemento y/o suplemento a las fuerzas estatales. Cuarto, que reviste un status organizacional que se define a la vez como legal e ilegal.

Según Rodríguez, la noción de estatalidad suele estar asociada a las capacidades desplegadas por el aparato estatal, el sector público o las burocracias, perdiendo de vista otro tipo de relaciones y actores sociales que también permiten establecer el orden y la coacción sobre un territorio dado. Si bien muchas de estas relaciones se formalizan en un sistema legal surgido del Estado y respaldado por él, muchas otras escapan a lo debidamente sancionado por derecho. De ahí que un concepto más complejo de estatalidad deba comprender -además de  la política legal-formal que establece el estado de derecho, los deberes y libertades ciudadanas etc.- aquella estructura informal y a veces ilegal que asegura los intereses de clase del Estado y garantiza su mantenimiento en el tiempo.

El carácter bifronte de la estatalidad ha sido señalado en trabajos como el del jurista alemán Ernst Fraenkel (1941) quien postuló la noción de “estado dual” para referirse a aquel tipo de organización política en la que el estado de excepción y el estado de normalidad coexisten en un espacio y un tiempo dado. En otro contexto y con otro problema en la mira, el sociólogo argentino Matias Dewey (2012), propuso el término “estatalidad híbrida” para describir cómo las capacidades del Estado incluyen tanto aquellas legales y normadas por el derecho, como otras de tipo ilegal e informal, de tal modo que la estatalidad se construye gracias a la acción de actores estatales como de no estatales. Los aportes de Fraenkel y Dewey, entre otros, nutrieron la interpretación de Rodríguez acerca de los modos en los que el Estado colombiano construye su soberanía apoyado en el despliegue de la violencia parainstitucional.

A partir de allí, las preguntas que planteó la investigadora fueron las siguientes: ¿qué forma adquieren estas prácticas en Colombia entre 1945 y 2010?, ¿de qué manera estos modos de operación nos devuelven una imagen distinta de las capacidades del Estado colombiano, más allá de las visiones que apuntan a su debilidad endémica?

El caso colombiano: análisis de los ciclos de violencia parainstitucional

La investigadora dividió analíticamente su periodo de estudio en cinco ciclos o etapas que,  si bien conservan líneas de continuidad, se diferencian por el tipo de actores, las modalidades de ejercicio de la violencia y el recurso a elementos normativos con fines de disciplinamiento.

El primer ciclo se produce entre 1946 y 1958 en el marco de la exacerbación de los conflictos entre los partidos liberal y conservador. La violencia parainstitucional estuvo agenciada por grupos parapoliciales como los “Pajáros”, los “Contrachusmeros” y los “Aplanchadores”, creados por terratenientes, comerciantes y políticos de filiación conservadora que asumieron la tarea de disciplinar por la vía del terror a los militantes liberales y las poblaciones consideradas “disidentes”. Esta época estuvo marcada también por la creación de “La Chulavita”, una policía compuesta en su totalidad por efectivos afines al partido conservador que ejercían su “fuerza de ley” sobre aquellos que no compartían el mismo sistema de valores.

Cuadro de Fernando Botero. El Cazador. Fuente: Colección « Violencia en Colombia ». Museo Nacional de Colombia.

El segundo ciclo se extiende entre 1958 y 1978 y se diferencia del anterior tanto por los actores comprometidos como por las técnicas empleadas. La violencia extrema entre los partidos tradicionales cedió el paso a un acuerdo de élites que mantuvo en la periferia a las terceras fuerzas. El pacto de 1957, conocido como Frente Nacional, prescribió la alternancia del poder entre los dos partidos por un periodo de 16 años así como la división milimétrica de la burocracia estatal. Esta resolución, aunada a otros factores como la influencia de la Revolución Cubana y la agudización de la pobreza y desigualdad en el país, marcaron el surgimiento de grupos guerrilleros como  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como alternativas armadas de oposición política. En este contexto, y en sintonía con lo acaecido en el resto de América Latina, se produjo la consolidación de la Doctrina de Seguridad Nacional promocionada por los Estados Unidos en su lucha anticomunista través de la formación de fuerzas militares de todo el continente. La confrontación, otrora fundada en la afiliación partidista, se convirtió ahora en una confrontación de clase, que relocalizó la mira de “amenazas” para el Estado en las movilizaciones sociales, campesinas, estudiantiles y gremiales consideradas peligrosas para el orden y la seguridad de la nación. Como mecanismo de funcionamiento de la paralegalidad el periodo combinó la proclamación recurrente del Estado de sitio con la persecución armada y el encarcelamiento de las fuerzas de oposición.

El tercer ciclo empieza en el año 1978 y se extiende hasta 1991. Se caracteriza por el involucramiento de los grupos narcotraficantes en la formación de una nueva generación de grupos de violencia parainstitucional. Los grupos paramilitares surgen como un modo de enfrentar a las guerrillas y defender intereses sectoriales a partir de la asociación entre fuerzas del Estado y grupos de narcotraficantes. Creados con la misión de liberar los territorios que estaban bajo la influencia de las guerrillas, operaron una contrarreforma del poder político y económico en los territorios. La estrategia que hasta entonces se mantuvo al margen de la ley empezó a ser convalidada a partir del año 1991, cuando el Estado colombiano legalizó la  creación de las Cooperativas de Seguridad y Vigilancia con el nombre de CONVIVIR. Se trató de grupos de civiles habilitados para tener armamento y funciones de vigilancia, seguridad y control sobre el territorio.

Con distintos alcances y características, la situación colombiana encuentra su análoga en Perú  que, en los años 1991 y 1992 asistió a la legalización de los Comités de Autodefensa (CAD), encargados del combate a Sendero Luminoso. Funcionando de manera informal desde comienzos de los ochenta, dichos Comités fueron finalmente convalidados en tiempos del fujimorismo para asistir a las Fuerzas Armadas y a la Policía en la lucha contra el terrorismo. En ambos casos, la frontera entre civiles y militares se hizo porosa y la multiplicación y  expansión de estos grupos por el territorio nacional produjo un agravamiento sin precedentes de la violencia. Sin embargo, mientras en Perú, la acción contrainsurgente de los CAD permitió la derrota de Sendero Luminoso, en Colombia el efecto espejo entre insurgencia y contrainsurgencia escaló el conflicto de manera geométrica sin lograr la rendición militar de ninguno de los bandos.

Siguiendo con el caso colombiano, Rodríguez describió la estrategia de expansión de los grupos paramilitares.  En un comienzo, se trató de grupos que operaban localmente y estaban desarticulados entre sí. Sin embargo a comienzos de los 2000 iniciaron un proceso de articulación nacional con el que buscaron presentarse ante la opinión pública como una organización centralizada y jerárquica que exigía al Estado colombiano un “proceso de paz”, similar al adelantado con la insurgencia. A partir del año 2003, se inició un cuestionado proceso de desarme y amnistía de los grupos paramilitares bajo la ley de “Justicia y Paz”, con resultados desalentadores tanto por la impunidad en la que quedaron sus crímenes como por la persistencia de sus estructuras políticas y militares a lo largo del territorio nacional.

El último ciclo empieza a partir de esta época y persiste hasta hoy en una coyuntura de fragmentación, dispersión y rearme de los antiguos grupos de autodefensa. Puede decirse que los esfuerzos del Estado colombiano por desmovilizar a los grupos paramilitares han fracasado. Los residuos del paramilitarismo han configurado el fenómeno conocido como  Bandas Criminales Emergentes (BACRIM), que mantienen a la población en vilo no sólo por su participación en actividades como la extorsión y los mercados ilícitos, sino por su abierta intervención en la configuración de los poderes políticos regionales y nacionales.

La escombrera, operación Orión.  Fotografía de Jesús Abad Colorado[1] (2002)

Por otra parte, en 2012 se inició el proceso de paz con las FARC, que ha atravesado numerosas dificultades no sólo para su firma e implementación. Tras lo logrado en La Habana, si bien se observa una baja en las muertes producto del conflicto armado, causa perplejidad el inusitado aumento de homicidios en el marco de enfrentamientos entre bandas de crimen organizado por el control de las economías y territorios otrora controlados por las FARC. La persistencia de la violencia  y la criminalidad por parte de los ex-paramilitares después del 2003 mantiene la estrategia de disciplinamiento de las poblaciones contrarias al modelo neoliberal de expansión extractivista. Así, desde el año 2016 han sido asesinados más de 200 líderes sociales, campesinos e indígenas. Por supuesto, lo acaecido a partir de 2012 amerita un análisis más detenido.

En el caso peruano, la persistencia de los Comités de Autodefensa en tiempos del posconflicto remite a otras dinámicas. Extinguido su poder de fuego, estas agrupaciones mantienen actualmente su formación con miras al logro de un reconocimiento de derechos por parte de Estado. A su pedido de visibilización como “héroes de la Pacificación”, se suman  demandas concretas de mejoramiento de sus condiciones de vida (becas, indemnizaciones, etc.) y de articulación de su accionar en los esquemas locales de seguridad ciudadana.

¿Una soberanía estatal a través de la desmonopolización de la violencia?

Para Rodríguez, la delegación de la violencia en grupos paraestatales, más que una crisis del Estado puede constituir un modo de estatalidad ad hoc. A fin de mantener su soberanía, los Estados desmonopolizan eventualmente el uso de la fuerza en grupos de civiles. La estrategia encuentra sus límites cuando dichos grupos adquieren una autonomía que hace imposible su control por parte del Estado. Aunque no se puede arribar a una conclusión definitiva en torno al proceso histórico, es posible pensar que el Estado colombiano es un Estado que, en una estrategia sui generis, ha permitido y oficiado el uso privatizado de la violencia como una estrategia para construir y mantener el statu quo. De manera paradójica, el Estado jugó un papel de disolución y redistribución del monopolio de la violencia a fin de preservar su existencia. En este sentido, la guerra en Colombia no es tanto el producto de un Estado ausente o de un Estado víctima que ha sido incapaz de contener la formación de grupos de violencia paraestatal, sino de uno que quiso hacerlos funcionar (por acción u omisión) para sus propios fines, con resultados inesperados. Esta puede ser una hipótesis de trabajo para pensar  en otros Estados considerados “fracasados” por exhibir una modalidad desconcentrada de ejercicio de la violencia.  La investigación concluye sosteniendo la necesidad de reparar en las dinámicas de producción del orden y la estatalidad que se construyen en las zonas grises: de legalidad e ilegalidad, de normalidad y excepción, de autoritarismo y democracia, con miras a devolver la complejidad al proceso histórico.

 Discusión – debate

La presentación fue seguida por un debate centrado en el concepto del monopolio de la violencia y en la comparación que podría ser establecida con el caso peruano.

Arthur Morenas señaló el aspecto importante de la construcción de un discurso y de prácticas sobre el monopolio de la violencia, que también puede ser una forma de invisibilizar formas de dominación gubernamental y no gubernamental. En este caso de estudio, opinó que le parece interesante el trabajo de Rodríguez, cuestionando categorías que los investigadores no suelen cuestionar cuando trabajan sobre el Estado. Terminó preguntando a Rodríguez como incluiría la problemática de la aceptación de formas de dominación en su estudio de caso. Esta forma de comportarse, Rodríguez la identifica según el concepto de Bourdieu de la violencia simbólica. Sin embargo, la violencia simbólica también es sujeta a la disputa permanente entre el Estado y otros agentes no gubernamentales. Sería interesante ver como se construye esta violencia simbólica a través de estudios etnográficos como los de Cecilia Méndez. Esta presentación también hace reflexionar sobre el aspecto económico y el binomio publico/privado sobre el territorio peruano y el control real del estado en la emergencia de inversión privada.

Gerardo Huamaní quiso hacer el paralelismo con la identidad peruana, la Nación peruana que aparece como fraccionada mientras ciertos miembros del gobierno afirman que existe una nación unida. A su parecer, en el caso peruano, la nación puede ser al mismo tiempo unida y fraccionada. El concepto de Estado nación, en este caso, supone que el monopolio se ha logrado por los Estados y que es algo acabado, mientras que la investigadora percibe el Estado como un proceso movible, como lo define el antropólogo Ponciano del Pino en su libro “En nombre del gobierno”.

La historiadora Trilce Lask señaló que el control del Estado sobre ciertos espacios fue casi inexistente. La investigadora propone una perspectiva de las acciones del Estado basada en las estrategias económicas y la necesidad de acoger a las inversiones extranjeras que fueron muy florecientes en la época de la violencia paramilitar. De esta manera, Rodríguez nos mostró las múltiples realidades del poder en un proceso que no se construye necesariamente sobre la efectividad del Estado sobre un territorio específico.

Evelyne Mesclier, directora del IFEA, cuestionó la comparación que se podría estar haciendo entre el caso colombiano y el caso peruano en la medida en que la presencia de los Comités de Autodefensa y los grupos paramilitares se explican por un contexto político e histórico diferente, en cada caso. Otra pregunta fue: si el Estado colombiano se ha construido como un espacio con muchos poderíos regionales dónde se ve una repartición de grupos poderosos en varias ciudades como Medellín por ejemplo.  En lo que concierne el regionalismo, Rodríguez afirmó que Colombia es un país muy fragmentado regionalmente y culturalmente y esto se sumó al hecho de que había también una débil infraestructura pública de rutas y caminos para conectar las diversas regiones del país. Por otro lado, hay un centralismo político y administrativo que recién se va a modificar a partir del año 1986 a través una ley que  dictaminó la elección popular de alcaldes y la descentralización presupuestal.

José Miguel Munive señaló un paralelismo entre la historia de Perú en el siglo XIX y lo que sucedió en la guerra contra Sendero Luminoso a finales del siglo XX. En ambas coyunturas, el Estado peruano, con el fin de legitimarse,  delegó o negoció el ejercicio de la violencia con la población civil, especialmente con la población campesina. Actualmente estas manifestaciones pueden ser observables en la zona acerca de Ayacucho y cerca de la zona del VRAEM con grupos herederos de los comités de autodefensa.

Jeremy Robert preguntó por la metodología etnográfica del caso peruano y a partir de ahí la discusión se centró en el trabajo de campo realizado por la investigadora en Ayacucho. Al respecto, Rodríguez comentó que hasta el momento, su trabajo se ha centrado en la realización de entrevistas a antiguos miembros de Comités de Autodefensa. El trabajo de clasificación e interpretación de la  información recopilada es la etapa a seguir. La extracción de conclusiones provisorias en el futuro promete ser laboriosa en la medida en que la información oficial respecto a los CAD es más bien escasa.

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[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/la-foto-que-dejo-al-descubierto-los-desmanes-de-la-operacion-orion/438656-3

Reseña redactada por Marie Pigeolet (PRODIG -CNRS / Université Paris 1) con el apoyo de Gina Paola Rodríguez (IEALC)

El Perú en el siglo XIX : perspectivas de estudio

Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA

Presentación de Patricio Alvarado Luna (PUCP/ IFEA) y Ronald Elward (UNMSM)

 “Marchas, contramarchas, derrotas y victorias: el ejército realista bajo el mando de José Manuel de Goyeneche y Joaquín de la Pezuela, 1809-1816” (Patricio Alvarado Luna)

El viernes 23 de febrero del 2018, Patricio Alvarado Luna presentó una parte de su tesis de maestría en Historia (PUCP/becario IFEA 2017), que analiza los efectos y configuraciones geopolíticas originadas por las acciones del ejército realista, comandado por Goyeneche y Pezuela, durante las guerras de independencia (1809-1816). La concepción del espacio geográfico, tanto en la etapa final de la época colonial como en la construcción de narrativas históricas en el presente, corresponde a uno de los principales intereses de este investigador. La historia nacional y tradicional ha tendido a construirse en espacios territoriales determinados por la soberanía del Perú actual. Sin embargo, esta óptica puede limitar el entendimiento del alcance de ciertos procesos históricos. En este caso en particular, el proceso revolucionario y contrarrevolucionario acontecido en el Alto Perú es un suceso que involucra no solamente a Bolivia, sino también al Perú. Es así como la investigación de Alvarado pretende unir y entrar en diálogo con otras narrativas históricas mediante la corriente historiográfica de “historias conectadas”, y así superar percepciones centralistas que son características de la historiografía tradicional.

Las fuentes que maneja el historiador se dividen entre oficiales y privadas. Las primeras corresponden principalmente a material oficial como memorias de gobierno y documentación estatal. Esta fuente de información es valiosa al mostrar la postura de la administración virreinal en torno al proceso independentista. Sin embargo, esta fuente tiene sus límites y sesgos, por lo que es necesario cotejar con otro tipo de información. Es en ese sentido que la información documental de carácter privado es vital. Entre las cartas personales y bandos se puede obtener información complementaria e íntima, debido a su carácter privado. Asimismo, la gran colección documental que Alvarado consultó y recopiló provino de distintos archivos, tanto de Sudamérica como Europa. El Archivo General de la Nación de Perú, el Archivo Nacional de Bolivia, y el Archivo General de Indias, así como el Archivo de Simancas, estos dos últimos en España.

La crisis de la monarquía española en 1808, con la abdicación de Fernando VII, permitió la aparición del fenómeno “juntista” en América. La búsqueda de estas regiones por autonomía y soberanía, pero sin separación del imperio español. Este hecho produjo una pugna de poder entre quienes se mantenían fieles al depuesto rey español y los que apoyaban a Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y pretendiente a la regencia de España. Estas rencillas escalaron en violencia en el Alto Perú, así que el virrey del Perú, Abascal, decidió mandar al presidente de la Audiencia del Cuzco, Goyeneche, para acabar con este accionar. Según Abascal, era necesario que sea Goyeneche ya que el mensaje que quería transmitir era que un americano estaba llevando a cabo la contrarrevolución. Una manera de manifestar la fidelidad de los americanos a la monarquía española.

Jose Manuel de Goyeneche

El mando de Goyeneche sobre el ejército realista del Alto Perú eventualmente iba a terminar. En 1813, a partir de problemas y presiones internas, iba a ser reemplazado por el peninsular Pezuela. El nuevo jefe del ejército se preocupó, a diferencia de Goyeneche en conocer la geografía y la población de la región. Buscó identificar las motivaciones que dirigió a los habitantes del Alto Perú en adherirse a la causa insurgente. Con este reconocimiento del territorio, Pezuela logró tener más éxito en las campañas militares. Es así como hacia 1816, las corrientes independentistas que provenían de Argentina decidieron incursionar al Perú por Chile en vez de Bolivia.

En este periodo la población del Alto Perú se encuentra halada por diferentes frentes: independentistas y realistas. El contacto de los altos mandos del ejército de ambos bandos con las comunidades y autoridades locales es clave para entender no solamente el derrotero de las guerras de independencia, sino las dinámicas sociales entre la élite y los sectores populares en dicha región. El cambio de mando entre Goyeneche y Pezuela muestra un claro indicio de lo vital que resultaba hacer un reconocimiento territorial, tanto para fines estratégicos como para prevenir que la causa insurgente crezca.

Las preguntas realizadas al investigador se centraron en las fuentes y metodología. Arthur Morenas preguntó sobre sobre los problemas qué podría enfrentar el investigador a la documentación histórica en archivos. Alvarado respondió que dependía del tipo de fuente y del archivo en cuestión. En su experiencia, los archivos que visitó para su investigación brindaron una atención rápida y óptima. Posiblemente uno de los inconvenientes que podría aparecer es que no todos los materiales tienen una copia, más aún si son privados. Así que, si alguien más está consultando dicho documento, podría ser un problema. Afortunadamente, la digitalización de materiales históricos es una iniciativa que está generalizándose cada vez más. Asimismo, Raúl Alencar preguntó sobre los materiales que provienen de los sectores populares. En esta época, la documentación existente proviene mayoritariamente de las élites. Alvarado finaliza que llegó a consultar información de carácter judicial y penal, pero la dificultad de rescatar la voz de los sectores populares en dicho tiempo todavía es problemática.

“La élite indígena cusqueña durante el siglo XIX (1781-1896)”(Ronald Edward)

Ronald Edward realizó la presentación de su tema de maestría en Historia (UNMSM). Esta se centra en el análisis de la asimilación y resistencia cultural de la élite indígena cuzqueña en la transición de colonia a república (1781-1896). Edward expresa que la historiografía sobre los remanentes de esta élite es mínima. Es natural caer en la concepción errónea que luego de la independencia estos personajes desaparecieron, dado que su rol dentro de la élite social republicana quedó silenciado. La hipótesis que maneja el investigador es que este grupo no desapareció, sino que migró a otros poblados para mantener su vigencia. Mientras que la ciudad del Cuzco comenzó un proceso de “acriollamiento” en las esferas de poder luego de la independencia, los remanentes de la élite cuzqueña tuvieron que trasladarse a las localidades rurales de San Jerónimo y San Sebastián, donde siguieron ejerciendo cargos administrativos incluso durante la última parte del siglo XX.

Presentación de Ronald Eldward (Foto L. Miramont)

Para poder rastrear y determinar esta hipótesis, Edward realizó una investigación de carácter cualitativo y cuantitativo. Mediante la consulta de fuentes documentales como oficios, censos políticos, propiedades y biografías logró determinar la transformación de la participación política de esta élite. De las 88 familias que logró rastrear, 2/3 de ellas tuvieron individuos que ejercieron el cargo de cacique entre 1781-1812. Asimismo, cinco individuos de estas familias fueron elegidos electores parroquiales para la junta de gobierno en Cádiz (1812-1814). Durante la etapa inicial de la república, 1824-1854, los miembros de esta élite comenzaron a ser poco a poco desplazados. Varios miembros en la transición pertenecieron al colegio electoral, así como también fueron alcaldes y recaudadores de tributo. Sin embargo, en el transcurrir de los años la participación de ellos en las altas esferas de poder disminuiría. En la segunda parte del siglo XIX, pocos remanentes de esta élite indígena todavía permanecen en la ciudad del Cuzco. El resto se trasladó a los pueblos de San Jerónimo y San Sebastián, donde cumplirían un rol dirigente durante los siguientes 100 años.

Complementando a la información de archivo, Edward tuvo la oportunidad de entrevistar a los descendientes de estas familias que todavía viven en dichas localidades. A partir de estos contactos logró determinar de qué manera este grupo social se percibe. La identidad que ellos proclaman es inca, y esto les da legitimidad en sus poblados. En la actualidad, el respeto hacia estas familias proviene de una tradición establecida a fines del siglo XIX, pero inicialmente el reconocimiento hacia este grupo social provenía de su pasado prehispánico. Otra muestra de la adaptación de esta población es que en ese momento comenzaron a funcionar ayllus en esas localidades, en contraste con el Cuzco. Persiste en ellos la idea de haber sido vencidos, pero no se consideran subordinados.

Posteriormente surgieron preguntas sobre la exposición de Edward. La primera interrogante fue cómo se desarrolló el proceso de trabajo. El investigador explicó que tardó unos 5 años en lograr copilar la información que extrajo de los cabildos, protocolos notariales y libros parroquiales. El punto principal era determinar quién era quién, para así poder clasificar a los sujetos de estudio. Además, documentación como nacimientos, defunciones y testamentos fueron vitales para relacionar y armar los integrantes de las familias cuzqueñas. La siguiente pregunta fue cómo las familias en San Jerónimo y San Sebastián todavía mantienen un poder administrativo y representativo en las comunidades. Edward responde que principalmente mediante la tradición y liderazgo de estas familias, desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, han logrado posicionarse en estas comunidades porque han sido servido los intereses de la población. Así que hay una tradición forjada y que, además, es legitimada por su pasado incaico.

Reseña redactada por Raúl Alencar (PUCP)

Yápankam: Ekuarturnumia Uunt Kanusa tserérini ichípsar unuímiattai chichame

Aénts Unuímiattai nuyá Chicham Unuímiattai Yajayá Aéntsjai Mash Irunturar Aújmateamu

Warínkish Utuámpra Surutai Sevilla Don Bosco-nam (Muruna Santiaknum, Ekuaturnum)

19 nuyá 21-tin tuntiák nantutin uwí 2018-tin najánnattawai.

 

Jú irúnmanumka mash aénts yá wakera nu mash kaúnkartí timiaiti, júnaka Kar Atamaint, Anne-Gaël Bilhaut, Marcelino Chumpi, Grégory Deshoullière nuyá Shuar Juákmararu nútiksank Tarímiat Aéntsun Chichatairin, Nekátaitin nuyá Nekákmari Chichamprin IICSAE chichampruiniawai.

Jú tuámun enéntaikia nekaska uunt unuímiatainiam pujuínia, niinki unuímiatin turá shuar nuyá achuar unuímiau pénker tuákar inkiúrar, yajayá aénts ii pujutairin nuyá ii nunké urúkuit nu aarman iis shiir aújmatsarmi timiaiti. Nútiksarik ukúnmaisha tárimiat aénts Uunt Kanusnum pujuíniajaish itiúrak iruntrar yaíniaikimiait tiri juka enentaichush enentaimtusmaiti.

Aénts ipiáwarma jú aíniawai: Jaime Vargas, Santiago Utitiaj, Marlon Vargas, Philippe Descola, Anne-Christine Taylor, Carmen Martínez Novo, Maurizio Gnerre, tura chíkich aéntsush taartatui. Aénts núkap júna asumpruinia kaúnkarat tusar nákameaji (Ii nunkeya, Uunt yaatkanmaya, Ekuaturnumia nuyá Yajá nunkánmayá).

Juí papiinium enkemaarum iistarum tusar ipiámaji https://yapankam.wordpress.com/ turá nuínchuka juní enkemaarum anújmamkatarum, kuítchaiti juí.

Yápankam: las voces de la investigación en la Alta Amazonia ecuatoriana

Congreso Internacional de Antropología y Lingüística

Centro de Acopio de Sevilla Don Bosco (Morona Santiago, Ecuador)
del 19 al 21 de abril 2018

Este evento abierto a todos está organizado por Kar Atamaint, Anne-Gaël Bilhaut, Marcelino Chumpi, Grégory Deshoullière, la Comisión de Lengua y Saberes de la Nacionalidad Shuar y el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales.

El principal objetivo de este evento es facilitar un espacio de encuentro y reflexión académica en el que universitarios, estudiosos y no estudiosos shuar y achuar puedan debatir y discutir lo que científicos sociales escribieron sobre la región y sus modos de vida. Iniciativa inédita en la región, este encuentro tiene también por objetivo servir de modelo de asociatividad científica para los otros pueblos nativos de la Amazonía y más allá.

Dentro de los invitados contamos con: Jaime Vargas, Santiago Utitiaj, Marlon Vargas, Philippe Descola, Anne-Christine Taylor, Carmen Martínez Novo, Maurizio Gnerre, etc. Se espera un público amplio (local, provincial, nacional como internacional).

Para mayores detalles acceder página oficial https://yapankam.wordpress.com/ y registrarse por el formulario aquí.

Gestión de riesgo y emergencia en el medio urbano

Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA

Reflexión metodológica sobre la práctica de terreno en la interrelación entre disciplinas desde un enfoque deductivo: la geografía y la antropología al servicio de la gestión del riesgo y la emergencia en el medio urbano. El caso de Barrios altos, Lima, Perú

Presentación de Marie Pigeolet (Université Paris I Panthéon Sorbonne / IFEA)

Desde el terremoto de 1970 hasta el embate del fenómeno del Niño Costero en 2017, la ciudad de Lima ha sufrido en las últimas décadas las consecuencias de la incapacidad del Estado para prevenir y gestionar la crisis provocada por los desastres naturales. Sin embargo, a lo largo de este periodo la ciudad ha experimentado un crecimiento urbano sostenido que demuestra una evidente capacidad de recuperación frente a los sucesivos embates de la naturaleza. Marie Pigeolet, doctoranda en Geografía de la Universidad Paris I Panthéon Sorbonne e integrante del Grupo de investigación para la gestión de riesgos y desastres de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostiene que dicha capacidad de respuesta está marcada por prácticas informales vinculadas a la organización del territorio y que funcionan al margen de las normas establecidas por organismos oficiales ante los cuales la población expresa una fuerte desconfianza.

¿Pueden estas prácticas aportar elementos útiles para la gestión de riesgos? ¿Ha contribuido la informalidad a la capacidad de recuperación de la ciudad? Pigeolet planteó estas preguntas como punto de partida de su investigación doctoral que tiene por objetivo identificar e integrar los saberes de la población urbana con el conocimiento de los especialistas en gestión de riesgos. En octubre de 2017, inició la primera etapa de su trabajo de campo en la zona de Barrios Altos, perteneciente al distrito del Cercado de Lima. El pasado 26 de enero, Pigeolet presentó los resultados preliminares de esta primera parte de su investigación y una reflexión sobre metodología interdisciplinaria que reúne herramientas de la geografía y la antropología. La presentación se desarrolló en tres partes. La primera consistió en una exposición del marco teórico aplicado en la definición del problema de investigación y la metodología a emplear. En la segunda Marie expuso los avances y dificultades suscitados a lo largo de su práctica de terreno y sus implicancias en la posterior reelaboración de su hipótesis de trabajo. En la parte final, planteó una discusión acerca de los aportes y límites de la metodología interdisciplinaria.

Una elaboración deductiva: planteamiento del problema y metodología

Resiliencia, informalidad e incertidumbre fueron los conceptos que orientaron la problematización planteada por la investigación. Pigeolet señala que la resiliencia es un concepto útil para entender la capacidad de recuperación de sistemas urbanos expuestos a riesgos naturales y sociales, en la medida en que supone múltiples respuestas en los planos espacial, social e institucional (Reghezza & Rufat, 2015). En realidades urbanas caracterizadas por la incapacidad institucional del Estado para afrontar tales situaciones, la interrogante acerca de las formas de responder a la crisis nos lleva al terreno de las prácticas y acciones informales que con tal propósito despliega la población y que involucran una suma de saberes cotidianos que no son partícipes de las normas administrativas y científicas (Sierra, 2016). Para dar cuenta de estos saberes, Marie introduce la noción de “conocimiento informal”, el cual cumpliría una función relevante en la gestión de emergencias. En ese sentido, propone identificar cómo los saberes informales contribuyen a tomar decisiones ante eventos que cuestionan la definición de la realidad, es decir, en situaciones de “agujero negro” o incertidumbre, donde lo normativo es puesto de lado y las acciones son regidas por el pánico (Gilbert, 1992).

En el caso de Lima, este conocimiento estaría imbricado en el conjunto de representaciones y valores asociados a la sensibilidad religiosa de la población y su vinculación con la organización del espacio. Por esta razón, la investigadora se interesó por comprender el papel de la vida espiritual en la organización del espacio en Barrios Altos, barrio donde se encuentran numerosos conventos e iglesias que durante el periodo colonial estaban consagrados a la evangelización de la población local.

Procesión del Señor de los Milagros (Créditos M. Pigeolet)

¿En qué medida la dimensión religiosa, sus discursos, actores e historia expresan una relación original con el territorio que puede contribuir a la gestión de riesgos?, es la pregunta que orientó la investigación de Marie Pigeolet. En el campo de la geografía social la pertinencia de esta interrogante se respalda en el hecho de que la organización territorial deriva de las prácticas sociales y la valoración y funciones conferidas a cada espacio, en este caso, iglesias, mercados, zonas comerciales, recorridos para ir a la escuela. Desde su perspectiva, estos elementos y su relación con las sensibilidades de la población hacen necesaria la colaboración entre la geografía y el trabajo antropológico. Mediante una metodología que combinó entrevistas, encuestas e itinerarios comentados, Pigeolet se propuso identificar elementos que evidencien la complementariedad entre el conocimiento “profano” (informal) y el conocimiento “experto” (Deboulet & Nez, 2013) y los aportes que la gestión urbana puede tomar de la intersección entre ambos saberes.

En relación a los saberes informales vinculados a la religiosidad, se realizó cincuenta entrevistas con fieles y representantes de la cofradía Señor de los Milagros, además de conversaciones con académicos especialistas en religiosidad popular y un representante de la Comisión Episcopal de Acción Social sobre las acciones desplegadas para responder al impacto del fenómeno del Niño en el norte de Lima. Se realizó también tres itinerarios comentados que incluyeron encuestas puerta a puerta en 17 quintas de Barrios Altos para determinar la percepción de sus habitantes respecto a los espacios y recorridos que prefieren utilizar los habitantes en razón de su seguridad o accesibilidad. De otro lado, se buscó una aproximación con los saberes expertos mediante entrevistas a especialistas de ProLima, organización municipal que cuenta con información técnica que data de 1950, y con arquitectos del proyecto Lima Sin Riesgo, quienes trabajan con juntas vecinales en Barrios Altos en la reducción de riesgos cotidianos ante incendios, colapso de viviendas y desastres naturales.

Itinerarios Comentados

Fortalezas y límites de una elaboración deductiva

La confrontación entre la hipótesis con el trabajo de campo arrojó puntos de contraste que exigieron cuestionar la problematización inicial de la investigación y considerar redirigir su objeto hacia la dinámica de los actores en la gestión de emergencia de un fenómeno perturbador.

Si bien los entrevistados se identificaron como católicos practicantes el resultado de las encuestas puso en evidencia que la iglesia no ejerce una influencia decisiva en la organización del espacio para los vecinos de Barrios Altos. Esta cumple una función más bien relacionada con el apoyo moral y psicológico y su papel en la gestión de emergencias estaría limitado a la distribución de donaciones a las personas más afectadas. Por otra parte, los vecinos de las quintas no poseen una organización colectiva que reúna esfuerzos ante situaciones de crisis; el problema más importante que convoca su participación es el de la propiedad.

En vista de estos resultados, la investigadora considera que es preciso desplazar su enfoque hacia el papel de las instituciones, entre ellas la iglesia, dejando de lado los aspectos referidos a las devociones populares. La elaboración de una nueva problematización implicará el examen de la presencia de las instituciones religiosas a escala nacional en coordinación con el gobierno, los organismos no gubernamentales y la ciudadanía, así como ampliar el espectro de amenazas a problemas como la delincuencia, el colapso de viviendas y los incendios, pues restringir el análisis, señala la investigadora, falsearía los desastres naturales falsearía los resultados.

Pigeolet sostiene que si bien el papel de los discursos religiosos en las acciones de los ciudadanos resultó menos influyente de lo esperado, la metodología planteada permitió esclarecer el lugar de las instituciones religiosas como actores en la gestión de la emergencia. Señala asimismo que la proximidad a la dimensión sensible respecto al espacio local propiciada por los itinerarios le permitió entender dinámicas sociales marcadas por la informalidad de las que no es posible obtener información en las fuentes oficiales. No obstante, recalcó la necesidad de ampliar el horizonte de la investigación a la función de las instituciones religiosas en tanto actores, lo que implica analizar con más profundidad el aspecto sociopolítico en una escala nacional.

Vivienda precaria en Barrios Altos (Créditos- M. Pigeolet)

Debate

Los asistentes al seminario plantearon comentarios e interrogantes que se centraron especialmente en cuestiones metodológicas y en el diseño de la pregunta de investigación.

Andrés Figallo destacó que la investigación introduzca el concepto de resiliencia para entender la gestión de riesgos en el contexto urbano, pues permite interpretar el potencial de recuperación de la ciudad en tanto sistema en constante evolución. De igual forma destacó la propuesta de examinar el papel de la iglesia como actor en la gestión del desastre dada su capacidad logística y de movilización de recursos. Jorge Luis Avila Cedrón consideró relevante el aporte del trabajo de campo realizado por Marie puesto que propone integrar a los diversos actores que participan en la gestión del riesgo, incluyendo actores locales no gubernamentales cuya acción es efectiva en el momento de la crisis. Puso énfasis en las posibilidades que ofrece el estudio para indagar acerca de las capacidades de autogestión de la población.

Evelyne Mesclier, directora del IFEA, cuestionó el carácter interdisciplinario de la metodología planteando la interrogante acerca de si herramientas como las encuestas y entrevistas no son también propias de la geografía social, y señaló el paralelo de los itinerarios comentados con las cartografías mentales. Jeremy Robert observó la necesidad de redirigir los procedimientos de búsqueda. Consideró que las encuestas y posiblemente las preguntas planteadas no fueron las más favorables para la obtención de la información esperada. En tal sentido, consideró pertinente plantear otras maneras de observar las prácticas y comportamientos asociados a la sensibilidad religiosa y la gestión de riesgos. Complementando el comentario de Robert, José Miguel Munive sugirió recurrir a la etnografía de las prácticas sociales y económicas relacionadas con la institucionalidad religiosa y su posicionamiento en el espacio. La observación participante permitiría aproximarse a las prácticas y acaso obtener información que puede aparecer velada en las respuestas de los entrevistados.

Las intervenciones finales de Jeremy Robert y Evelyne Mesclier se centraron en la cuestión de la pregunta de investigación. Robert señaló que abrir la interrogante desde el lado de la religiosidad en lugar de la gestión de riesgos sería más productivo que el recorrido inverso. Comenzar por reflexionar porqué la elección de lo religioso y no de otros aspectos de la vida social y cultural de la población podría abrir nuevos elementos de comprensión, puesto que poner en primer plano el acopio de elementos útiles para los expertos en gestión de riesgos podría orientar el estudio hacia la obtención de un inventario restándole capacidad teórica y explicativa. En la misma línea Evelyne Mesclier anotó que elegir como punto de partida  una interrogante propia de las llamadas “ciencias duras” (en relación a la gestión de riesgos) y no de las ciencias sociales podría llevar hacia lugares comunes que en lugar de poner en valor el conocimiento popular, lo descalifican al considerarlo carente de autoridad en comparación con las recomendaciones dadas por los expertos.

Reseña redactada por José Miguel Munive Vargas (UNMSM)

Referencias bibliográficas ( Recomendación de Marie Pigeolet)

BENNAFLA, K. 2015 – “Informalité”, notion à la une de Géoconfluences. Visto en: http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-informalite
DEBOULET, A. & NEZ, H. (dir.), 2013 – Savoirs citoyens et démocratie urbaine, 137 pp. Rennes: Universidad de Rennes.

GARCIA-ACOSTA, V. 2005 – El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos. Desacatos. Revistas de ciencias sociales, 19: 11-24.

GILBERT, C., 1992 – Le pouvoir en situation extrême. Catastrophes et Politique, 268 pp. París : L’Harmattan.

GROSJEAN, M. & THIBAUD J.-P. 2001 – L’espace urbain en méthodes, 217 pp. Marsella: Editions Parenthèses.

MCFARLANE, C., 2016 – Repenser l’informalité : la politique, les crises et la ville. Lien social et Politiques, 76: 44‑76. Visto en: http://id.erudit.org/iderudit/1037065ar

MORELLE, M. et. al., 2016 – L’informalité politique en ville. 8 chercheurs et 9 villes face aux modes de gouvernement urbain. L’Espace Politique [en ligne], 29. Visto en: https://espacepolitique.revues.org/3806

RAULET-CROSET, N., COLLARD, D. & BORZEIX, A., 2013 – Les apports des parcours commentés. Appréhender l’espace dans les organisations éphémères. Revue internationale de psychologie et de gestion des comportements organisationnels. Supplément (HS) : 109-128

REGHEZZA-ZITT, M., 2006 – Réflexions autour de la vulnérabilité métropolitaine : la métropole parisienne face au risque de crue centennale, 385 pp. Tesis doctoral en Geografía, Universidad de Nanterre, Paris X.

REGHEZZA-ZITT, M. & RUFAT, S., 2015 – Résiliences, sociétés et territoires face à l’incertitude, aux risques et aux catastrophes, 227 pp. París: ISTE Editions.

ROBERT, J., 2012 – Pour une géographie de la gestion de crise : de l’accessibilité aux soins d’urgence à la vulnérabilité du territoire à Lima. Tesis doctoral en Geografía, Universidad de Grenoble

RODRÍGUEZ CANALES,  J. 2014 – Tres aspectos de la participación política de la iglesia. Revista de investigación (Arequipa), 5: 48-62.SIERRA, A. et. al., 2009 – Experiencias de gestión de riesgos en Lima: actores y territorios urbanos. Bulletin de l’Institut français d’études andines, 38 (3): 777-797.

 

Presentación de libro

ARQUEOMETRÍA: ESTUDIOS ANALÍTICOS DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Rémy Chapoulie, Marcela Sepúlveda, Nino Del-Solar-Velarde, Véronique Wright (eds.)

Fecha y hora: lunes 12 de marzo de 2018 – 19h

Lugar: Sala de cine Alianza Francesa de Lima (Av. Arequipa 4595, Miraflores – Lima)

Participan:

  • Christophe Moulherat, Museo del Quai Branly-Jacques Chirac  (Paris, Francia)
  • Denise Pozzi-Escot, Museo de Sitio de Pachacamac (Lima, Perú)
  • Marcela Sepúlveda, Universidad de Tarapacá (Arica, Chile)

Sobre la publicación:

Este libro constituye una primera recopilación de técnicas arqueométricas elementales, moleculares, de datación y de prospección, además de casos de estudio originales en los cuales la utilización de estos análisis contribuyó con resultados enriquecedores y significativos a la interpretación arqueológica de variadas dimensiones materiales y culturales de sociedades pasadas de América y de Europa. Esperamos que por ser el primer libro de síntesis de estas características, en español, se genere un gran interés entre estudiantes, profesionales e investigadores, en sus variados procesos de formación e investigación, para que en el futuro incorporen estas herramientas y miradas arqueométricas a sus trabajos y a la resolución de sus problemas de estudio.

Los 30 capítulos están estructurados en 3 partes: I) Técnicas, protocolos y aplicaciones; II) Materiales y casos de estudio; y finalmente, III) Técnicas de prospección en Arqueología.

Los autores son destacados investigadores arqueólogos, físicos, químicos, biólogos y geógrafos de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, México y Perú.

Evento en facebook: https://www.facebook.com/events/2116008291960992/

Exposición Fotográfica en Cuzcudén

Galerie

Cette galerie contient 6 photos.

Exposición temporal inaugurada el 1 de Octubre de 2017 en el colegio primario, I.E.P. 82270, del centro poblado de Cuzcudén). Se realizó en el marco del proyecto de investigación « Los Alfareros Itinerantes de Cuzcudén, San Pablo, Cajamarca » de Gabriel Ramón (Departamento … Lire la suite

Présentation du livre : Narra la independencia desde tu pueblo (Huacho)

« Narra la independencia desde tu pueblo. Huacho, Arequipa, Tarapacá » fut présenté en décembre dans la ville de Huacho. Cecilia Méndez (Université de Californie à Santa Barbara – UCSB) et Juan Carlos Estenssoro (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3), tous deux historiens, étaient en charge des commentaires. Evelyne Mesclier, directrice de l’IFEA, Humberto Barba, maire de la province de Huaura et Luis Rosado, co-auteur participaient également à la présentation.

L’ouvrage, publié par l’Institut Français d’Etudes Andines – IFEA, l’Institut d’Etudes péruviens – IEP et le Centre de recherche sur l’Amérique latine coloniale – CRAEC de l’Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle, est une compilation d’essais gagnants du concours Narra la independencia desde tu pueblo, tu provincia o tu ciudad réalisé en 2014. L’objectif était de créer un espace ouvert d’échanges, de débats et de critiques autour de l’Independence du Pérou, dans un contexte où il se commémore le bicentenaire.

Crédits photo: K. PACHECO

Pour rester dans l’esprit du concours, la publication vise à « deslimeñizar » ou décentraliser la commémoration du bicentenaire qui n’est plus considéré comme une date spécifique – le 28 juillet 1821 – mais est maintenant reconnu comme un processus de longue date qui a besoin de retrouver sa place dans la mémoire collective d’un point de vue régional et local.

En plus des trois essais gagnants: “Infieles al rey: El pueblo de San Bartolomé de Huacho durante el proceso de Independencia, 1812-1822”, de Luis Rosado Loarte (1er prix), “El cabildo de Arequipa en una coyuntura de crisis, 1809–1824” de Guido Riveros Taco (2eme prix) et “Tarapacá: una periferia virreinal en tiempos de independencias”, de Paulo Lanas Castillo (3eme prix), la publication fait écho du débat académique que le concours a généré.  L’article « Indépendances » de Martín Tanaka et les réponses des coordonnateurs du concours (Cecilia Méndez et Juan Carlos Estenssoro) sont inclus dans les annexes.

Crédits photo: K. PACHECO

 

LE CHEMIN DE CROIX DE LA PAIX EN COLOMBIE

La difficile gouvernabilité dans le post-conflit

Par Gina Paola Rodríguez  (Boursière IFEA et chercheuse de l’Institut d’Études d’Amérique Latine  et les Caraïbes – IEALC)

La Colombie est passée par différents accords de paix, mais elle est loin de tourner la page de la violence politique. Plus de cinq décennies de guerre qui se sont soldés par 300 mille morts, 8 millions de déplacés et 9,5 millions d’affectés, font du post-conflit un moment de grande vulnérabilité pour la société colombienne.

Depuis le début des négociations à Cuba en novembre 2012,  la mise en place de la paix a semblé inatteignable à plusieurs reprises. La méfiance entre les parties a été le premier obstacle, qui a pu être surmonté pour faire place à l’«Accord  Final pour l’achèvement du conflit et la réussite d’une paix durable»[1]. Quand il semblait que le plus dur était passé, le processus de paix fût sur le point d’échouer suite au triomphe du non au plébiscite d’octobre 2016. Suite à la reprise et à la modification de plusieurs articles le président Santos[2], l’Accord pu finalement passer le cap de la ratification au Parlement en décembre 2016.

Proceso de paz de La Habana. Foto: Alejandro Ernesto EFE

Cependant, un an après la signature de l’Accord mettant fin au conflit entre le gouvernement et les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC-EP), la paix reste instable pour plusieurs raisons. D’abord, à court terme, au vu de la grande difficulté à mettre l’accord en place au milieu de violences multiples (nouvelles et anciennes), ce qui s’ajoute au manque d’appui politique pour concrétiser ce pacte sur le plan législatif et institutionnel. Si ces facteurs s’aggravent, la paix, qui est déjà fuyante, pourrait échapper complètement aux colombiens.

Violences recyclées et nouveaux conflits  

Depuis l’ouverture des conversations à Cuba, un nouvel ordre illégal s’est mis en place dans le pays, en articulation avec les multiples économies illicites enclavées dans les territoires. Selon la Fondation Idées pour la Paix (2016), plusieurs dynamiques sont en train de transformer la carte des conflits dans le pays : d’un côté, l’usurpation et le transfert de capacités des FARC-EP aux guérillas en activité (ELN y EPL) et, de l’autre, la bagarre entre ces guérillas, le néo-paramilitarisme et la délinquance commune pour le contrôle des territoires libérés. Cette lutte est liée au contrôle des routes et des ressources associées au trafic de drogue, à l’extraction minière illégale (coltan[3] inclus) et aux activités prédatrices telles que l’extorsion, rendant encore plus précaire les conditions déjà critiques de sécurité.

En décalage face à la gravité des problèmes, les interventions de l’État s’adressent aux chaînons les plus faibles de la chaîne, comme les cultivateurs de coca. Ces actions rencontrent de sérieuses difficultés pour répondre de manière intégrale et pas seulement répressive. L’aggravation de ce dernier élément a empêché la reconstruction d’un lien de confiance et de légitimité entre l’État colombien et ses citoyens, condition requise et indispensable pour la consolidation de la paix. Nous pouvons citer comme exemple la grève nationale indigène ou « Minga pour la Vie », fin octobre, qui a mobilisé cent mille colombiens dans 24 des 32 départements du pays, pour protester contre la répression constante dont les peuples originaires et les communautés afro-descendantes sont victimes de la part des forces de sécurité[4] et pour réclamer la mise en place du chapitre ethnique de l’Accord de Paix.

Les difficultés de l’État colombien pour garantir la sécurité sont aussi évidentes face aux nombreux cas d’assassinats des leaders sociaux, des défenseurs de droits de l’homme et des activistes politiques. Entre janvier 2016 et septembre 2017, 186 leaders ont été exécutés par des groupes paramilitaires, selon les rapports des associations communautaires et de DDHH (IECAH, 2017). Même si le neo-paramilitarisme s’est renforcé dans les zones où les FARC-EP ne sont plus présentes, le gouvernement refuse de reconnaître leur existence ainsi que le caractère systématique des faits. Par ailleurs, l’assassinat des membres des FARC-EP qui ont été graciés ou qui sont en cours de réincorporation viole les garanties accordées à La Habana. Jusqu’à présent, 37 membres de celle qu’on appelle aujourd’hui la “Force Alternative Révolutionnaire du Commun” (FARC) ont été assassinés. Les membres de l’organisation voient dans ces décès la répétition du génocide dont a été victime l’Union Patriotique (UP), partie politique des FARC, dans les décennies 1980 et 90.

Face à ce panorama, le fantôme de la désertion des “farianos” parcourt le pays. Les vices du processus de réincorporation à la vie civile font prévoir que le chiffre actuel de 400 déserteurs continuera à augmenter. Aux problèmes déjà mentionnés pour garantir la sécurité physique, s’ajoutent de gros inconvénients en matière juridique, de réincorporation matérielle et politique. Sur le plan juridique, la loi d’amnistie ne fonctionne que partiellement. Ceux qui ont réussi à obtenir la liberté l’ont fait comme gestionnaires de paix et non en vertu de la Loi d’amnistie, et 1270 ex-combattants sont encore emprisonnés. Il n’y a peu de progrès en ce qui concerne la réincorporation économique. Selon le rapport de l’Observatoire du Suivi de la mise en place de l’Accord de Paix (OIAP), sur les 26 zones « veredales » (de pacification) où les démobilisés auraient dû se concentrer, seulement sept ont vu les constructions de logement, de routes et de services publics se concrétiser ; pour les 19 autres, les travaux sont restés inachevés. D’autre part, si au 30 septembre 2017, 10172 ex-combattants des FARC-EP avaient reçu l’assignation unique de normalisation de deux millions de pesos (663 USD aprox.) et 9843 avaient été incorporés au système de santé, seulement 3850 étaient affiliés au système de pensions et une quantité encore moindre était inscrite dans les programmes académiques (OIAP, 2017).

Finalement, la réincorporation politique n’est faite qu’à moitié et n’offre pas de garanties. Malgré le lancement de la Force Alternative Révolutionnaire du Commun (FARC) comme parti politique à la mi 2017 et la récente annonce de la candidature présidentielle de leur leader, Rodrigo Londoño Echeverry “Timochenko”, la violence exercée contre ses militants complique leur insertion dans le jeu démocratique.

 Le déficit politique ou la paix sans quorum

La pierre angulaire de toute situation de post-conflit repose sur le modèle de justice qui s’appliquera aux faits lors des affrontements. La Justice Transitionnelle (JT), qui est le cadre au sein duquel devront est connus et jugés les faits du passé, se caractérise par son caractère exceptionnel et extraordinaire, ainsi par son potentiel à favoriser des transformations dans la justice dans le post-conflit et même à posteriori. Il s’agit, comme le signale Aukerman (2002), d’une opportunité pour la réforme institutionnelle, l’ajustement normatif, et surtout, le changement culturel en relation avec la justice. Malgré son caractère exceptionnel, la JT coexiste avec la Justice Ordinaire (JO) et avec les valeurs culturelles et philosophiques que celle-ci défend. Cette coexistence n’est pas facile, et il se peut que la force des valeurs de la JO mette en danger la viabilité de la JT.

En Colombie, cela semble être le cas. Selon Molano (2016), les attentes des colombiens vis-à-vis de la justice sont plus proches à la démagogie punitive que de la justice restauratrice. De fait, “il existe une tendance à voir la justice comme une punition ou sanction qui s’impose à un sujet comme condition parfois nécessaire à la satisfaction du droit d’un autre sujet”. C’est alors imposée l’idée que “les problèmes sociaux doivent se résoudre par l’intervention de l’appareil punitif de l’État, et que cette intervention est efficace seulement en fonction de sa sévérité. Cette démagogie punitive – insiste l’auteur– sur-simplifie le débat public sur les objectifs et les limites de la justice pénale” (Molano, 2016:19).

L’observation de Molano explique en partie les difficultés que la Juridiction Spéciale (JT) pour la Paix a expérimenté lors de sa conception et de sa réglementation. L’appel à la « main dure » contre la guérilla a été l’emblème de la campagne des adversaires du processus de paix qui a fait l’objet de la plus grande réceptivité de la part des colombiens. À plusieurs moments, l’insistance de certains groupes de pression pour judiciariser les ex-guérilleros selon les canons de la justice ordinaire, voire même avec plus sévérité, ont mis en danger la continuité du processus de paix.

L’autre facteur qui explique le retard dans l’implémentation de la JT est le clientélisme endémique du parlement colombien. Suite à d’énormes efforts et après des mois de paralysie au Congrès, la loi statutaire qui réglemente la Juridiction Spéciale pour la Paix (JEP) a pu finalement être approuvée. La dissolution de la coalition pro gouvernementale du Congrès et l’approche des élections législatives et présidentielles (mars et mai de 2018) ont motivé diverses stratégies de dilation de la part de congressistes qui ont cherché à profiter de l’urgence présidentielle pour exiger dons et charges dans la perspective des élections à venir. Pendant plusieurs mois, un nombre inédit de congressistes se sont désisté de participer du vote du Règlement de la JEP, ne permettant pas l’assistance requise pour le quorum approbatif. La lenteur[5] des législateurs s’explique par leur interprétation particulière de la connexion entre la participation politique des FARC et de la réglementation dans la JEP. Selon l’Accord Final, les personnes qui ont laissé les armes et qui ont une responsabilité de crimes de guerre et délits de lèse humanité peuvent exceptionnellement exercer le droit politique d’être élus, à condition d’avoir manifesté au préalable leur engagement à se soumettre à la Juridiction. Cependant, la loi statutaire devait clarifier les conditions d’exercice des postes d’élection populaire et, en même temps, faire respecter les restrictions qu’impose le Tribunal de Paix.

Avec de telles modifications par rapport au pacte réalisé à La Habana, l’approbation de la JEP, colonne vertébrale de la Justice Transitionnelle, aurait pu se résoudre avant l’échéance du fast-track[6] (ou voie rapide). Cependant, 11 lois ordinaires, 18 décrets, trois lois statutaires, deux lois organiques et deux actes législatifs restent encore en suspens pour compléter le paquet prévu dans l’Accord Final, qui devrait suivre le processus ordinaire du Congrès en 2018.

Petit à petit…

Au-delà de la lenteur du processus, un certain nombre d’éléments du Système de Vérité, Justice, Réparation et Non Répétition (SVJRN) que contemple l’Accord de Paix ont fait l’objet d’avancées: la réglementation du Système, la sélection des magistrats de la JEP, la désignation de la directrice de l’Unité de Recherche de Personnes Disparus ou encore la réglementation de la Commission d’Elucidation de la Vérité, la Cohabitation et la Non-Répétition (CEV).

Ce dernier pas est fondamental dans l’impératif moral et politique d’offrir Vérité et Réparation aux victimes du conflit armé et de recomposer le tissu social fragilisé par la violence. Conformé par onze membres et présidé par le prêtre jésuite Francisco de Roux, la CEV aura pour but de « contribuer à l’élucidation de ce qui s’est passé, en accord avec les éléments du mandat, et d’offrir une explication vaste de la complexité du conflit, afin de promouvoir une compréhension partagée dans la société, en particulier des aspects les moins connus du conflit, tel que son impact sur les enfants et les adolescents, la violence de genre, entre autres ». De plus, il devra « promouvoir et contribuer à la reconnaissance des victimes comme citoyens et citoyennes qui ont vu leurs droits outragés et comme sujets politiques d’importance pour la transformation du pays » et « la reconnaissance individuelle et collective des responsabilités de la part de tous ceux qui, d’une façon directe ou indirecte, ont participé au conflit » (Art. 2, Décret 588/2007).

De la citation se déduit que, plus que la publication d’un rapport sur la vérité du conflit armé, qui nous savons ne sera pas unique et provoquera des disputes, la CEV sera un mécanisme de mémoire que jalonnera le processus de réconciliation et de participation des victimes en vue de sa réparation. Un pays comme la Colombie, embourbé dans un conflit armé depuis plus d’un demi-siècle, a besoin d’identifier en urgence les patrons de comportement violent et de proposer des possibles thérapeutiques. Le travail de la Commission permettra aux colombiens de comprendre pourquoi ce qui s’est passé c’est passé, et comment éviter que cela se reproduise à nouveau. C’est une tâche complexe à mettre en œuvre durant les trois ans d’existence qu’aura la CEV, et qui laissera difficilement tout le monde satisfait, mais qui devra se réaliser avec la plus grande rigueur possible. Comme dans le cas d’autres Commissions de la Vérité, au Pérou, en Afrique du Sud, en Argentine ou au Chili, la CEV colombienne s’orientera vers vers la recherche de la vérité sans implications judiciaires, mais sa particularité résidera dans le défi de reconstruire un conflit de longue durée, d’énorme magnitude et complexité et avec une écrasante quantité de victimes.

Ce qui se vient …

Aucun processus de paix n’est facile. Il prend parfois la forme d’un chemin de croix, un parcours tortueux et exténuant du début à la fin, où la rédemption menace de se dissiper avant d’arriver à destination. Après avoir souffert l’impact politique, économique et social d’une confrontation armée, la société colombienne fait face au défi de surmonter la violence, de reconstruire son institutionalité, de récupérer la cohabitation civile et de neutraliser les causes et les catalyseurs de l’affrontement armé, et d’empêcher sa réactivation ou sa transmutation.

Sur ce parcours, deux éléments menacent la mise en place d’une paix durable. D’un côté, le caractère partiel des Accords, qui n’ont été négociés et signés qu’avec un des protagonistes de la violence, en en excluant d’autres qui très vite ont repris les drapeaux, les zones et les affaires de ceux qui sont sortis de la confrontation. Dans ce contexte, l’avancée des conversations avec l’ELN et l’EPL, tout comme l’adoption de mesures visant la suppression définitive du neo-paramilitarisme, sont particulièrement urgentes. L’autre menace concerne l’avancée trop timide dans la mise en œuvre des accords destinés à la réparation des victimes et à fournir les garanties de non répétition,  qui a eu pour conséquence de nouvelles violations de droits humains aussi bien de la part des groupes armées que de l’État.

Dans ce contexte aussi complexe, le président Santos doit jouer le tout pour le tout afin que le Parlement respecte la paix. Avec lui,  les partis politiques, la Cour Constitutionnelle, le gouvernement à tous les niveaux, les FARC et, évidemment, la société colombienne, doivent fournir les bases pour que la paix prévale.

 

 REFERENCES

Aukerman, M. (2002). Extraordinary evil, ordinary crime: A Framework for understanding transitional justice. Harvard Human Rights Journal, 15, 39-96.

Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2016). Economías criminales en clave de postconflicto: Tendencias actuales y propuestas para hacerles frente. Bogotá: FIP.

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) (2017). Los asesinatos de líderes sociales dificultan la paz en Colombia. [en línea]. Disponible en: https://www.iecah.org/index.php/articulos/3257-los-asesinatos-de-lideres-sociales-dificultan-la-paz-en-colombia

Molano, A., (2015). “Justicia para el posconflicto: viejos y nuevos problemas en escenarios complejos”, en Andrés Molano (comp.). El posconflicto en Colombia: Reflexiones y propuestas para recorrer la transición. Bogotá: Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga: Fundación Konrad Adenauer Colombia.

Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) (2017). ¿En qué va la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz? [en línea] Disponible en: https://goo.gl/XM62Bo

Rodríguez, G., (2016). “¿Cesó la horrible noche? Marchas y contramarchas de la paz en Colombia”, Revista Política Latinoamericana N° 3, julio-diciembre [en línea]. Disponible en: http://www.politicalatinoamericana.org/revista/index.php/RPL/issue/view/3

Minga por la vida. Foto: El Nuevo Diario

[1] Les Accords tournent autour de six sujets : 1. Reforme rurale intégrale, 2. Participation politique, 3. Cessez-le- feu bilatéral et l’arrêt  définitif des hostililtés, 4. Vérité, Justice y Réparation pour les victimes, 5. Drogues illégales, 6. Mécanismes de mise en place et de vérification. Le texte final peut se consulter en : http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx

[2] Pour une description plus détaillée des modifications faites à l’Accord après le plébiscite voir : Rodríguez (2016).

[3] Le coltan est un minerai utilisé pour la fabrication des composantes en microélectronique, télécommunication et dans l’industrie aérospatiale.  Sa rareté et sa forte  demande sur le marché international font de son exploitation illégale une source d’affrontements sanglants comme c’est le cas en République du Congo.

[4] La Grève indigène s’est déclanchée suite au massacre, semble-t-il par des membres de la police, de 7 à 15 paysans de la région de Tumaco, au sud du pays. L’attaque a eu lieu le 5 octobre quand plus de 1000 paysans avançaient  dans la région de la forêt d’Alto Mira pour essayer d’empêcher l’éradication de cultures de coca dans un affrontement avec les forces de sécurité. Jusqu’à aujourd’hui, les faits n’ont pas été éclaircis.

[5] Le Congrès discute depuis plus de sept mois les projets de loi référents au Système National d’Innovation Agricole et l’Adéquation de terres et de la Réforme Politique et du projet de loi des Circonscriptions Spéciales de Paix, incluant des modifications que iraient à l’encontre de ce qui a été pacté onvenu à La Habana et de l’esprit de l’Accord.

[6] Le fast track ou voie rapide, est un mécanisme prévu par l’acte législatif n°1 de 2016, qui réduit de huit à quatre le nombre de débats requis au Congrès pour l’approbation de lois et de réformes constitutionnelles liées au processus de paix, et dont le fonctionnement est prévu jusqu’au 30 novembre 2017.

 

 

EL VIA CRUCIS DE LA PAZ EN COLOMBIA

La difícil gobernabilidad en el posconflicto

Por Gina Paola Rodríguez (Becaria IFEA e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC)

Colombia ha transitado diversos acuerdos de paz, pero se encuentra lejos de doblar la página de la violencia política. Más de cinco décadas en guerra con un saldo de 300 mil muertos, 8 millones de desplazados y 9.5 millones de hechos victimizantes[1] hacen del posconflicto un momento de gran vulnerabilidad para la sociedad colombiana.

Desde el comienzo de las negociaciones en Cuba en noviembre de 2012, la meta de la paz pareció perderse en el horizonte en diversos momentos. La desconfianza entre las partes fue el primer escollo, pero logró superarse para dar paso al “Acuerdo Final para la finalización del conflicto y el logro de una Paz sostenible y duradera”[2]. Cuando se creyó que lo más difícil había sido vencido, el proceso de paz estuvo a punto de expirar con el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 2016. Reanimado y modificado en diversos ítems por el presidente Santos[3], el Acuerdo pudo superar la refrendación en el Congreso de la República en diciembre del año pasado.

Proceso de paz de La Habana. Foto: Alejandro Ernesto EFE

A un año de firmados los acuerdos con los que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) buscaron finalizar el conflicto, varios factores mantienen a la paz en vilo. La dificultad para implementar lo pactado en medio de múltiples violencias (nuevas y recicladas) sumada a la falta de apoyo político para concretar legislativa e institucionalmente lo pactado con la insurgencia son los obstáculos que enfrenta el posconflicto en el corto plazo. De profundizarse, estos factores pueden hacer que la paz, de por si esquiva, escape por completo al alcance de los colombianos.

Violencias recicladas y nuevas conflictividades

Desde la instalación de las conversaciones en Cuba, un renovado orden ilegal se ha venido configurando en el país en articulación con las múltiples economías ilícitas enclavadas en los territorios. Como documenta la investigación de la Fundación Ideas para la Paz (2016), una serie de dinámicas vienen transformando el mapa de la conflictividad en el país: por un lado, la suplantación y transferencia de capacidades de las FARC-EP a las guerrillas en actividad (el Ejército de Libeeración Nacional- ELN  y el Ejército Popular de Liberación-EPL) y por otro la disputa entre estas, el neoparamilitarismo y la delincuencia común por el control de los territorios liberados; esta pugna se vincula con el control de las vías y recursos asociados al narcotráfico, la minería ilegal (incluido el coltán[4]) y las actividades predatorias como la extorsión, agudizando las ya críticas condiciones de seguridad.

Como agravante, las intervenciones del Estado se dirigen a los eslabones más débiles de la cadena, como los cultivadores de coca, y enfrentan serias dificultades para generar una respuesta integral y no exclusivamente represiva. La exacerbación de este último componente ha impedido la reconstrucción de un lazo de confianza y legitimidad entre el Estado colombiano y sus ciudadanos, un requisito indispensable para consolidación de la paz. Como muestra, el Paro Nacional Indígena, o “Minga por la Vida”, iniciado a finales de octubre, movilizó a cien mil colombianos en 24 de los 32 departamentos del país en protesta por la constante represión de la que son objeto los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes por parte de las fuerzas de seguridad[5] y en reclamo por la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.

Las dificultades del Estado colombiano para garantizar la seguridad se hacen más evidentes ante los numerosos casos de asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas políticos. Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, 186 líderes han sido ejecutados por grupos paramilitares, según informes de organizaciones comunitarias y de DDHH (IECAH, 2017). Aunque el neoparamilitarismo se ha fortalecido en las zonas de donde han salido las FARC-EP, el gobierno  se niega a reconocer su existencia así como la sistematicidad de los hechos. También el asesinato de integrantes de las FARC-EP que han sido indultados o que están en proceso de reincorporación incumple con las garantías pactadas en La Habana. Hasta el momento, 37 integrantes de la ahora llamada “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” (FARC) han sido asesinados. Los integrantes de la organización ven en estas muertes la repetición del genocidio sufrido por la Unión Patriótica (UP), partido político de las FARC, en las décadas del 80 y 90.

Frente a este panorama, el fantasma de la deserción de los farianos recorre el país. Los defectos del proceso de reincorporación a la vida civil hacen prever que la actual cifra de 400 desertores seguirá en aumento. A los problemas referidos para garantizar la seguridad física, se suman gruesos inconvenientes en materia de seguridad jurídica, reincorporación material y reincorporación política. En el aspecto jurídico, la ley de amnistía funcionó parcialmente. Quienes lograron la libertad lo hicieron bajo la figura de gestores de paz y no en virtud de la Ley de amnistía, y quedan aún 1270 excombatientes en prisión. En cuanto a la reincorporación económica, el avance es mínimo. Según el informe de Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), de las 26 zonas veredales donde habrían de concentrarse los desmovilizados, solo 7 vieron sus construcciones de viviendas, carreteras y servicios públicos finalizadas y en 19 las obras quedaron inconclusas. Por otra parte, si bien al 30 de septiembre de 2017, 10.172 excombatientes de las FARC-EP habían recibido los recursos de la asignación única de normalización de dos millones de pesos (663 USD aprox.) y 9.843 habían sido vinculados al sistema de salud, sólo 3.850 estaban afiliados al sistema de pensiones y una cantidad  aun menor se encontraba inscrita en programas académicos (OIAP, 2017).

Por último, la reincorporación política se halla a medio camino y sin garantías. Pese al lanzamiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) como partido político a mediados de 2017 y al reciente anuncio de la candidatura presidencial de su líder, Rodrigo Londoño Echeverry “Timochenko”, la violencia ejercida contra los militantes de esta agrupación política dificulta su inserción en el juego democrático.

El déficit político o la paz sin quórum

La piedra angular de todo posconflicto es el modelo de justicia que se aplicará a los hechos ocurridos durante los enfrentamientos. La Justicia Transicional (JT), marco en el que habrán de conocerse y juzgarse los hechos del pasado, se caracteriza por su carácter excepcional y extraordinario, así como por su potencial para propiciar transformaciones en la justicia en el posconflicto e incluso a posteriori. Se trata, como señala Aukerman (2002), de una oportunidad para la reforma institucional, el ajuste normativo, y sobre todo, el cambio cultural en relación con la justicia. No obstante su excepcionalidad, la JT coexiste con la justicia ordinaria (JO) y con los valores culturales y filosóficos propugnados por esta. La coexistencia entre ambas no es sencilla, pudiendo ocurrir que la pregnancia de los valores de la JO pongan en riesgo la viabilidad de la JT.

En Colombia tal parece ser el caso. Como analiza Molano (2016) las expectativas de los colombianos en torno a la justicia están más cerca de la demagogia punitiva que de la justicia restaurativa. Así, “se tiende a ver la justicia como un castigo o sanción que se impone a un sujeto como condición acaso necesaria para la satisfacción del derecho de otro”, es decir, ha echado raíces la idea de que “los problemas sociales deben resolverse mediante la intervención del aparato punitivo del Estado, y de que dicha intervención es efectiva sólo en función y proporción directa de su severidad. Esta demagogia punitiva -insiste el autor- sobre-simplifica el debate público sobre los fines y los límites de la justicia penal” (Molano, 2016:19).

La observación de Molano explica, en parte, las dificultades que ha experimentado la Jurisdicción Especial para la Paz en su concepción y reglamentación. El llamado a la mano dura contra la guerrilla ha sido uno de los emblemas de campaña de los opositores al proceso de paz que más receptividad ha tenido entre los colombianos. En diversos momentos, la insistencia de ciertos grupos de presión en judicializar a los ex-guerrilleros según los cánones de la justicia ordinaria, e incluso con mayor severidad, pusieron en peligro la continuidad del proceso de paz.

La otra parte que explica el retraso en la implementación de la JT es el clientelismo endémico del parlamento colombiano. Con enorme esfuerzo y tras meses de estar paralizada en el Congreso, finalmente pudo ser aprobada la Ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La disolución de la coalición oficialista en el Congreso y la cercanía de las elecciones legislativas y presidenciales (marzo y mayo de 2018) motivaron diversas estrategias de dilación por parte de los congresistas que buscaron sacar provecho de la urgencia presidencial para exigir dádivas y cargos que les permitan enfrentar los próximos comicios. Durante meses, un número inaudito de congresistas se declaró impedido para participar en la votación del Reglamento de la JEP, impidiendo completar el quórum aprobatorio. La lentitud[6] de los legisladores provino de su particular interpretación de la conexión entre la participación política de la FARC y lo reglamentado en la JEP.  Según el Acuerdo Final, las personas que dejaron las armas y tienen responsabilidades en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad pueden excepcionalmente ejercer el derecho político de ser elegidos, previa manifestación expresa de acogerse a la Jurisdicción. Sin embargo, la ley estatutaria debía aclarar cómo se puede ejercer un cargo de elección popular y, al mismo tiempo, acatar las restricciones que imponga el Tribunal de Paz.

Con sendas modificaciones respecto a lo pactado en La Habana, la aprobación de la JEP, columna vertebral de la Justicia Transicional, pudo resolverse antes del vencimiento del fast track[7], o vía rápida. Sin embargo, quedan pendientes 11 leyes ordinarias, 18 decretos, tres leyes estatutarias, dos leyes orgánicas y dos actos legislativos para completar el paquete contemplado en el Acuerdo Final, que deberán seguir el curso ordinario en el Congreso durante el 2018.

Pasito a pasito

Más allá del ralentismo descrito, algunos elementos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRN) que contempla el Acuerdo de Paz, han ido avanzando. La reglamentación del Sistema, la selección de los magistrados de la JEP, la designación de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la reglamentación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) son algunas muestras.

Este último paso es fundamental en el imperativo moral y político de ofrecer Verdad y Reparación a las víctimas del conflicto armado y recomponer el tejido social afectado por la violencia.  Conformada por once miembros y presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, la CEV tendrá como objetivo “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la  sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el  impacto del conflicto en los niños, niñas y  adolescentes y la violencia basada en género, entre otros”. Además deberá “promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que  vieron sus derechos vulnerados y  como sujetos políticos de importancia para la transformación del país” y “el reconocimiento individual y colectivo de las responsabilidades por parte de todos aquellos que directa o indirectamente participaron en el conflicto” (Art. 2, Decreto 588/2007).

De lo citado se colige que, más que publicar un informe sobre la verdad del conflicto armado, que como sabemos no va a ser única y causará disputas, la CEV será un mecanismo de memoria que jalone procesos de reconciliación y de participación de las víctimas con miras a su reparación. Un país como Colombia, que lleva más de medio siglo en conflicto armado, necesita con urgencia  identificar cuáles han sido los patrones de comportamiento violento y proponer posibles terapéuticas. El trabajo de la Comisión le permitirá a los colombianos entender por qué pasó lo que pasó y cómo evitar que vuelva a ocurrir. Es una tarea compleja de cumplir en los tres años que tendrá de existencia la CEV y que difícilmente dejará satisfechos a todos, pero que deberá realizarse con el mayor rigor posible. Como en el caso de otras Comisiones de la Verdad, como las de Perú, Sudáfrica, Argentina o Chile, la CEV colombiana se orientará a la búsqueda de la verdad sin implicaciones judiciales, pero su particularidad radicará en el reto de reconstruir un conflicto de larga duración, de enorme magnitud y complejidad y con una  abrumadora cantidad de víctimas.

Lo que se viene…

Ningún proceso de paz es un camino rectilíneo y fácilmente transitable. A veces toma la forma de un vía crucis, un recorrido tortuoso y extenuante de una estación a otra, donde la redención amenaza con disiparse antes de llegar a destino. Tras sufrir el impacto político, económico y social de una confrontación armada, la sociedad colombiana encara el desafío de superar la violencia, reconstruir su institucionalidad, recuperar la convivencia civil, neutralizar las causas y catalizadores del enfrentamiento armado, e impedir su reactivación o transmutación.

En este trasegar, dos elementos dificultan el logro de una paz sostenible y duradera. De un lado, el carácter parcial de los Acuerdos, que se han negociado y firmado con uno de los protagonistas de la violencia y han dejado por fuera a otros que muy pronto han tomado las banderas, las zonas y los negocios de quienes salieron de la confrontación. Urgen, en este sentido, el avance de las conversaciones con el ELN y el EPL, así como la adopción de medidas tendientes al desmonte definitivo del neoparamilitarismo. La otra amenaza al proceso de paz, es el escaso avance en la implementación de los acuerdos destinados a la reparación de las víctimas y a garantizar la no repetición de hechos de violencia, que ha traído como consecuencia nuevas violaciones de derechos humanos tanto por parte de los grupos armados como del propio Estado.

En este contexto tan complejo, el presidente Santos debe jugarse el todo por el todo para lograr que el Congreso le cumpla a la paz. Junto a él, los partidos políticos, la Corte Constitucional, el gobierno en todos sus niveles, las FARC y, por supuesto, la sociedad colombiana tienen que aportar los cimientos para que la paz prevalezca.

Minga por la vida. Foto: El Nuevo Diario

 REFERENCIAS

Aukerman, M. (2002). Extraordinary evil, ordinary crime: A Framework for understanding transitional justice. Harvard Human Rights Journal, 15, 39-96.

Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2016). Economías criminales en clave de postconflicto: Tendencias actuales y propuestas para hacerles frente. Bogotá: FIP.

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) (2017). Los asesinatos de líderes sociales dificultan la paz en Colombia. [en línea]. Disponible en: https://www.iecah.org/index.php/articulos/3257-los-asesinatos-de-lideres-sociales-dificultan-la-paz-en-colombia

Molano, A., (2015). “Justicia para el posconflicto: viejos y nuevos problemas en escenarios complejos”, en Andrés Molano (comp.). El posconflicto en Colombia: Reflexiones y propuestas para recorrer la transición. Bogotá: Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga: Fundación Konrad Adenauer Colombia.

Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) (2017). ¿En qué va la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz? [en línea] Disponible en: https://goo.gl/XM62Bo

Rodríguez, G., (2016). “¿Cesó la horrible noche? Marchas y contramarchas de la paz en Colombia”, Revista Política Latinoamericana N° 3, julio-diciembre [en línea]. Disponible en: http://www.politicalatinoamericana.org/revista/index.php/RPL/issue/view/3

[1] Según datos de la Unidad de Víctimas hay doce crímenes prevalentes en las denuncias: desplazamiento forzado, homicidio, mutilaciones por minas, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y robo de bienes.

[2] Los Acuerdos giran en torno a seis temas: 1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política; 3. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; 4. Verdad, Justicia y Reparación para las Víctimas; 5. Drogas ilícitas y 6. Mecanismos de implementación y verificación. El texto final puede consultarse en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx

[3] Para una descripción más detallada de las modificaciones realizadas al Acuerdo tras el plebiscito ver: Rodríguez (2016).

[4] El coltán es un mineral utilizado para la fabricación de componentes en microelectrónica, telecomunicaciones y en la industria aeroespacial. Su escasez y enorme demanda en el mercado internacional hacen de su explotación ilegal una fuente de sangrientos enfrentamientos como atestigua el caso de la República del Congo.

[5] El antecedente inmediato del Paro indígena fue la masacre de entre 7 y 15 campesinos, presuntamente por efectivos de la Policía, en la población de Tumaco al sur del país. El ataque ocurrió el 5 de octubre cuando más de 1.000 campesinos avanzaban por la zona selvática de Alto Mira tratando de impedir la erradicación de cultivos de coca en un pulso con las fuerzas de seguridad. A la fecha los hechos continúan sin esclarecerse.

[6]  El Congreso lleva más de siete meses discutiendo los proyectos de ley referentes al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y la Adecuación de tierras y de la Reforma Política y  el de las Circunscripciones Especiales de Paz, incluso con modificaciones que irían en contra de lo pactado en La Habana y del espíritu del Acuerdo.

[7]  El fast track es un mecanismo contemplado en el acto legislativo número 1 de 2016, que reduce de ocho a cuatro el número de debates requeridos en el Congreso para la aprobación de leyes y reformas constitucionales vinculadas con el proceso de paz cuyo funcionamiento está previsto hasta el 30 de noviembre de 2017.

Appel à candidatures 2018

L’IFEA a clôturé ses appels à candidatures le 15 décembre 2018. Trois types de bourses, accordées à partir du premier trimestre de 2018, appuient la recherche en Archéologie et en Sciences humaines et sociales. Il s’agit :

  • des Bourses Andines ouvertes à des chercheurs ou étudiants provenant des pays où l’IFEA développe ses activités : Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou
  • de la Bourse Brignardello ouverte aux archéologues péruviens, français ou européens inscrits en université française
  • des Aides à la mobilité destinées aux Français ou Européens inscrits dans des universités françaises dont le terrain de recherche se trouve dans les pays andins (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou)

La liste de candidats sélectionnés sera publié dans la page web de l’IFEA.

 

Workshop et conférence finale du programme BlueGrass, Sao Paulo, 6 -10 novembre 2017

Par Jérémy Robert (IFEA)

Le 4ème workshop et la conférence finale du programme BlueGrass se sont tenus à Sao Paulo, au Brésil, en novembre 2017. Cet événement a permis un travail de synthèse à partir des études de cas ainsi qu’une réflexion sur l’intérêt de la mise en œuvre de l’analyse des coalitions d’acteurs multiniveaux. Les discussions ont mis en évidence les enjeux (et les difficultés) de la comparaison et l’intérêt d’une analyse fine des conflits et des jeux d’acteurs pour saisir la complexité des changements politiques. Elles ont permis de définir des axes de réflexion transversaux avec l’objectif de valoriser les résultats des recherches dans une série de publications collectives : les hydrocracies locales, l’émergence et l’institutionnalisation des politiques environnementales, le rôle des experts ou encore le gouvernement des minorités et l’activisme.

Cette réunion des chercheurs du programme a été aussi l’opportunité d’un échange avec le public dans le cadre d’une conférence donnée par Bernard Barraqué sur les « Conflits de l’eau dans les Amériques. Une approche comparative », suivies des interventions d’Ana Paula Fracalanza et Patrick Laigneau sur les conflits et des politiques de l’eau dans le contexte brésilien. La semaine de travail s’est conclue par une visite de l’usine de traitement de l’eau de San Lorenzo accompagnée par les ingénieurs de la SABESP (opérateur à Sao Paulo).

Cette semaine d’échange a clôturé 4 années de recherche sur les conflits et les politiques de l’eau dans les villes d’Amériques. Elle n’est cependant qu’une étape supplémentaire dans le processus collectif – interdisciplinaire et international – de réflexion et de production de connaissance sur les enjeux de l’eau, et qui continue de fournir des perspectives nombreuses et stimulantes.

 

 

 

BlueGrass (2014- 2017) – Les luttes pour « l’or bleu » : des mobilisations locales pour l’eau à l’internationalisation des politiques environnementales. Une analyse multi-niveaux. Programme de recherche ANR mené dans plusieurs pays d’Amérique: Brésil, Etats-Unis, Mexique, Pérou et Bolivie. Ce programme est porté par l’unité mixte internationale du CNRS EGlobes et l’university of Arizona à Tucson en partenariat avec le CEMCA, l’IFEA et l’Université de São Paulo au Brésil.

Workshop y conferencia final del programa BlueGrass, Sao Paulo, 6 -10 noviembre 2017

Por Jérémy Robert (IFEA)

El 4to workshop y la conferencia final del programa BlueGrass se realizó en Sao Paulo, Brasil, en noviembre de 2017. Este evento ha permitido un trabajo de síntesis a partir de estudios de caso así como también una reflexión sobre el interés de la puesta en marcha del análisis de las coaliciones de actores multiniveles. Las discusiones pusieron en evidencia los desafíos (y  las dificultades) de la comparación y el interés de un análisis cuidadoso de los conflictos y de los roles de los actores para comprender la complejidad de los cambios políticos. Ellos han permitido definir ejes transversales de reflexión con el objetivo de valorizar los resultados de las investigaciones en una serie de publicaciones colectivas: las hidrocracias locales, la emergencia y la institucionalización de las políticas ambientales, el rol de los expertos o el gobierno de las minorías y el activismo.

Esta reunión de los investigadores del programa significó también la oportunidad de un intercambio con el público en el marco de una conferencia a cargo de Bernard Barraqué sobre los «Conflictos del agua en las Américas. Una aproximación comparativa», seguida de las intervenciones de Ana Paula Fracalanza y Patrick Laigneau sobre los conflictos y las políticas del agua en el contexto brasileño. La semana de trabajo concluyó con una visita a la planta de tratamiento de agua de San Lorenzo en compañía de los ingenieros de la SABESP (operador de Sao Paulo).

Con esta semana de intercambios, concluyeron 4 años de investigación sobre los conflictos y las políticas del agua en las ciudades americanas. Sin embargo, no se trata más que de una etapa suplementaria en el proceso colectivo – interdisciplinario e internacional – de reflexión y de producción de conocimiento sobre los problemas del agua, y que continúa proporcionando perspectivas numerosas y estimulantes.

 

 

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BlueGrass (2014- 2017) – Las luchas por el «oro azul»: de las movilizaciones locales por el agua a la internacionalización de las políticas ambientales. Un análisis multinivel. Programa de investigación del ANR realizado en numerosos países de América: Brasil, Estados Unidos, México, Perú y Bolivia. Este programa es conducido por la unidad mixta internacional del CNRS EGlobes y la Universidad de Arizona en Tucson en asociación con el CEMCA, el IFEA y la Universidad de Sao Paulo en Brasil.

 

Cycle « Sujétion et émancipation en Amérique latine et les Caraïbes »

En Colombie, l’année 2017 a été l’occasion d’organiser le cycle de conférences « Sujétion et émancipation en Amérique latine et les Caraïbes ». Ces nombreuses rencontres scientifiques internationales ont permis une réflexion sur l’histoire de la puissance coloniale et les formes de soumission, de libération et de résistance qui lui furent associées. Promus par la coopération bilatérale universitaire, ces événements ont contribué au dialogue entre linguistes et  historiens  français et colombiens.

La réflexion a cherché également à aborder l’historialisation des différentes articulations entre la  race, la classe et le genre, afin de comprendre quelles ont été les modalités de la négociation du pouvoir. De façon transversale, les rôles des femmes, les peuples autochtones, les afro-descendants, les métis et tous ceux considérés comme anormaux, ont été considérés pour pouvoir découvrir la spécificité de chaque processus inscrit dans un moment historique précis.

En bref, la dynamique qui existe entre les réalités locales et les aspects globaux, tels que la puissance coloniale, a été au centre de la réflexion de cet événement qui a été divisé en six cycles :

  • Premier cycle « Subjugation Coloniale » avec la Conférence « Race et temps : un défi » pour les historiens » de Jean-Frédéric Schaub (EHESS CRBC – Mondes américains) et des commentaires de Max s. Hering Torres (UNAL) et Marguerite Garrido (Université des Andes, Université Externado, Université d’Oxford)

  •  2éme cycle  « Illustration : entre l’égalité et le racisme »  avec la conférence « Orangs-outans et esclaves : limites de l’humanité dans le débat illustré», présentation de Silvia Sebastiani (CRH-EHESS, European University Institute) et les commentaires de Georges Lomné ( Université Paris-Est Marne-la – La – Vallée) et Max S. Hering Torres (UNAL).

  • Troisième cycle « L’esclavage et la liberté » avec la Conférence « Fuir,  payer ou se révolter : libération de l’esclavage dans les Amériques jusqu’à 1851 » présentation de Aline Helg (Université de Genève) et les commentaires de Marixa Lasso (UNAL).

  • Quatrième cycle : « Mémoire, colonialité et transmodernité », avec  «L’Europe des Caraïbes et la colonialité de la mémoire » conférence de Manuela Boatca (Université de Fribourg) et les commentaires de Santiago Castro-Gomez (Pontificia Université Javierana)

  • Cinquième cycle «  Multiculturalisme : émancipation ou assimilation ? », Conférence « Dérives du multiculturalisme en Colombie : utopies ethniques et promotion du marché patrimonial » de Marta Zambrano (UNAL) et les commentaires de Vince Curiel (UNAL)
  • Sixième cycle : « Expressions oraless et Littératures autochtones en Colombie. Vers une émancipation de l’écriture ? », avec la conférence « Oralités graphiques et visions cérébrales des textualités autochtones contemporaines » par Miguel Rocha Vivas (Pontificale Université Javeriana) et les commentaires de Laura Lema Silva.

Les rencontres ont été organisées conjointement par l’Institut des Amériques (IdA), l’Institut Français d’Études Andines, l’UNAL, l’Université Marne – la Vallée et GRECOL, dans le cadre de l’année France / Colombie saisons croises 2017.

Texte : IFEA – Colombie

Crédits photos :  Institut des Amériques, Pole andin Bogotá