El derecho a la protesta pacífica en renegociación

Reflexión en torno al paro nacional colombiano de abril-mayo 2021

Escribe Julie Massal, doctora en ciencia política e investigadora del IFEA en Colombia

Negociar el derecho a la protesta pacífica en contexto de pos-acuerdo de paz.

La movilización social actual en Colombia, que ha sido calificada por algunos actores y observadores como “un estallido social”, se inscribe en un contexto marcado por la conformación de un debate público cada vez más orientado a definir, delimitar y revindicar el “derecho a la protesta pacífica” (Cruz, 2015). Ello necesariamente implica definir “qué es protestar pacíficamente” y establecer “qué se puede hacer” (o no) para promover demandas y lograr hacerse escuchar por las autoridades. Dicho de otro modo, lo que está en juego fundamentalmente es negociar y ampliar el repertorio de acción colectiva[1] vigente hoy en día, en Colombia.  Por parte de los manifestantes, desde protestas anteriores como el paro nacional en 2019, se busca lograr el reconocimiento del derecho a usar la protesta disruptiva, que perturba en cierto grado el funcionamiento del orden social o institucional, más no violenta (Barrera & Hoyos, 2020). Por ello, se busca innovar con modos de acción que logren captar la atención de las autoridades públicas sin desatar una represión desmedida.

Pues el nivel de represión de la protesta – o del disenso político-  en Colombia se puede considerar como “anormalmente elevado” dentro de un régimen democrático estable; y ello es observable bajo gobiernos de muy diversa índole política, como lo demuestra un estudio histórico de largo alcance en el siglo XX (Gutiérrez, 2014). Cabe recordar que el régimen democrático colombiano se fundó, de manera muy ambivalente, sobre una alternancia automática entre los partidos mayoritarios, el Conservador y el Liberal, pues cada 4 años, alternativamente, esos partidos “ponen” el presidente, durante el periodo llamado del Frente Nacional (1958-1974)[2]: este mecanismo se pensó como una forma de terminar el enfrentamiento entre estos partidos pero también de restringir el surgimiento de nuevas disidencias liberales. Fue precisamente la emergencia del líder disidente del partido liberal, Eliecer Gaitán, y su asesinato el 9 de abril de 1948, lo que dio lugar al periodo de la Violencia (1948-1953) entre partidarios de los Conservadores y Liberales, y luego a una breve dictadura militar (1953-1957). Así, aunque se busque re-institucionalizar el conflicto político, esa alternancia bipartidista restringe el espacio político para expresiones partidistas y sociales de oposición, aun en un régimen formalmente democrático.

También se debe resaltar el carácter polarizado del debate público, debido a la huella que deja el conflicto armado desde los años 1960 en la sociedad y la política colombiana: el tratamiento al disenso político, cuando éste es expresado a través de movimientos sindicales y partidos políticos afines a la izquierda[3], ha sido estigmatizador, por considerarse toda fuerza de oposición como vinculada o infiltrada por las guerrillas armadas. La expresión pacífica de la oposición política o social carece, por ende, de una suficiente representación política y de un acceso garantizado al debate público.

En ese contexto, el proceso de movilización actual, en abril-mayo de 2021, evidencia que el margen de negociación del repertorio de acción es aún muy estrecho para la población movilizada. Es más, las posibilidades de ampliar este margen de maniobra lucen también restringidas. Ello ocurre en un contexto político muy ambivalente: el contexto de pos-acuerdo de paz, vigente gracias al acuerdo de paz concluido con la ex guerrilla de las Farc en 2016, puede haber propiciado la expresión pacifica de demandas sociales y políticas, en particular las de actores sociales reconstituidos, como lo vemos más adelante. Pero en el plano institucional, no hubo una ampliación de la representación política: en las primeras elecciones legislativas (marzo de 2018) pos-acuerdo de paz, la ex guerrilla de las Farc, convertida en el partido político “Fuerza alternativa Revolucionara de Colombia”, consiguió menos de 1% de los votos y su candidato presidencial renunció a presentarse después de varios ataques en su contra durante la campaña electoral. El poder legislativo y ejecutivo siguen dominados por fuerzas partidistas tradicionales. Además se observa la persistencia de diversas expresiones de violencia social y política (CCJ-CINEP-INDEPAZ-IEPRI, 2018), incluso contra actores sociales movilizados pacíficamente en pos de promover la paz. En este marco, la protesta en el espacio público redefine los márgenes y condiciones de su legitimidad.

Para entenderlo mejor, examinamos brevemente unos rasgos notorios de la protesta, y contextualizamos el momento en el que se produce, a mediano plazo. También recordamos el espectro de demandas antiguas y actuales que se expresan así como los motivos de agravio pendientes. Concluimos con un llamado a desarrollar varias reflexiones investigativas.

Una movilización amplia, diversa y sostenida en un contexto sociopolítico agitado

La movilización social en Colombia adquiere una amplitud llamativa, en abril-mayo de 2021, incluso mayor a la movilización observada en el paro nacional de noviembre 2019. Este paro también había sido considerado como un hito histórico, solo comparable con el paro cívico de 1977, un referente fundamental en la memoria de las luchas sociales en Colombia[4].

Esta amplitud se hace manifiesta tanto por su extensión geográfica como por su diversidad social. Se han registrado marchas y  otras acciones (plantones, bloqueos de vías) en todo el país, especialmente cerca o dentro de las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Barranquilla) y en ciudades medianas, con mayor fuerza en el suroeste colombiano, en Cali y Popayán[5]. Se expresaron múltiples sectores urbanos, mayormente juveniles[6], y un conjunto de corporaciones profesionales, como transportadores, sector de la salud (médicos, enfermeras), estudiantes y docentes del sector público y privado, trabajadores del sector minero, campesinos, entre otros. Cuentan además con un fuerte apoyo organizativo de actores como la Minga indígena, procedente del Cauca, que recorre el país en bus y con marchas en centros urbanos. Varios de estos actores, sobre todo actores juveniles que agrupan jóvenes que no estudian ni trabajan[7], han sido objeto de una atención mediática mayor de lo usual, porque su presencia ha sido considerada como novedosa[8].

Pero también la protesta se ha extendido en el tiempo, por ya más de cinco semanas, desde el 28 de abril hasta inicios de junio (cuando se escriben estas líneas). Las marchas (mínimo dos veces por semana) han sido uno de los modos de acción más usado, dentro de la convocatoria al “paro nacional”. Vale aclarar que el término de “paro nacional” designa la huelga multisectorial generada por el rechazo a una nueva reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo al Congreso en abril de 2021 y que catalizó la protesta inicialmente, por su impacto en la clase media, debido sobre todo al aumento del IVA en productos esenciales alimenticios. Pero también se observa una extrema diversidad de modalidades de acción colectiva, al extenderse la protesta tanto geográfica como socialmente. Entre estas acciones se cuentan bloqueos de vías (por los transportadores), plantones ante diversas instituciones públicas o puestos de policía; algunos de estos puestos fueron reapropiados y convertidos en bibliotecas populares, y en general se observa una extrema diversidad de actividades artísticas durante o al margen de las marchas.

La principal interrogante respecto a esa duración se refiere al por qué se extiende la protesta, pese al retiro de dos reformas claves: el 2 de mayo, la reforma fiscal fue provisionalmente retirada por el gobierno (una nueva versión de ella se propondrá al Congreso próximamente), y el 19 de mayo también fue desaprobada y archivada en el Congreso una reforma de la salud que había sido muy poco difundida mediáticamente[9] pero que fue criticada por el sector de la salud. Aun después del retiro de estas muy controvertidas propuestas de reforma, la protesta siguió tomando fuerza con nuevas marchas concurridas, especialmente el 22 y el 25 de mayo, entre otros motivos porque la represión de las marchas, mayormente pacíficas, desde inicios de mayo genera una amplia indignación a nivel nacional. Pero también porque se extiende el descontento dirigido cada vez más en contra del presidente de la República, de la policía, o de diversas instituciones judiciales (Fiscalía) y órganos de control al sector público (Contraloría, Procuraduría), considerados demasiado cercanos al Ejecutivo y no suficientemente independientes.

Este descontento político y social ya ha sido expresado en el paro nacional de 2019, cuando se denunció la corrupción y diversas reformas que aumentaban la flexibilidad laboral y reducían el monto de las pensiones. Pero se agrava después de un año de fuerte restricción del acceso al espacio público durante la pandemia de covid19, debido a las medidas de confinamiento (25 marzo-26 de agosto de 2020), y luego en 2020-2021, de diversos períodos de restricción caracterizados por toques de queda o cuarentenas puntuales y localizadas en diversas ciudades. Además, el descontento crece al ver la crisis sanitaria ampliarse o prolongarse y la crisis socio-económica agravarse.

En efecto, pese a las medidas a menudo drásticas que han sido implementadas por más de un año,  Colombia enfrenta hoy en día el tercer y más alto pico que ha conocido el país y registra más de 90 000 fallecidos (inicios de junio de 2021) sobre una población mayor de 48 millones de habitantes. El efecto socio-económico de la lucha contra la pandemia también empieza a registrarse, especialmente el aumento drástico de nivel de pobreza (que hoy afecta 42.5% de la población) o de extrema pobreza (15% de la población), en ausencia de un sistema de seguro frente al desempleo. Este último alcanza un nivel promedio de 15.9% a fines de 2020, pero afecta aún más a la juventud y a las mujeres. Los planes de apoyo social instituidos durante la pandemia podrían concluirse pronto, mientras se prepara la reapertura económica y social total desde el 8 de junio, pese al persistente alto nivel de contagio por covid19.

Articulación y diversificación de los actores y sus demandas 

La prorrogación de la protesta, pese al retiro de dos controvertidas reformas (fiscal y de salud), puede explicarse, a nuestro juicio, por dos factores de largo alcance : el primero es la diversificación de actores que se han sumado a las diversas acciones, y el segundo, corolario, es la multitud de motivos de agravio que emergen, revelando de paso la magnitud de la ira, frustración y rabia expresadas en los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública o en las consignas sobre la renuncia del presidente. Por ello, parece pertinente enfocar esta diversidad de actores y reclamos, no como un problema de dispersión (como se sugiere a menudo), sino muy al contrario, como el síntoma de un proceso de articulación de actores sociales que han logrado promover y afianzar nuevos debates sociales y políticos a lo largo de la década del 2010, marcada por la negociación del acuerdo de paz con las Farc (2012-2016) y su implementación desde entonces (con todas sus limitaciones).

En efecto, la última década ha sido caracterizada por el auge de una multitud de actores sociales locales y nacionales (pacifistas, ecologistas, feministas), pero también por la reorganización de actores históricos como lo son los movimientos campesinos y estudiantiles. Los actores campesinos, en alianza con diversos grupos de población agrarios, indígenas y urbanos (estudiantes, ecologistas),  protagonizaron el “paro nacional agrario” en 2013-2014, del cual surgieron nuevos procesos de alianza entre sectores rurales y urbanos, o entre sectores productivos y consumidores (Lalinde, 2019). A su vez, se fomentó la alianza entre estudiantes de universidades públicas y privadas en 2011, al denunciar juntos los intentos de privatización de la educación superior pública y al rechazar el alto costo de acceso a la enseñanza superior. En 2017, el “paro cívico” en Buenaventura (suroeste pacífico) también puso en evidencia la pobreza y la violencia persistente en regiones que carecen de servicios básicos y de infraestructuras públicas. En las protestas del 2018, profesores y rectores de universidades públicas abogaron por un mayor presupuesto ante una fuerte deuda pública en el sector educativo, y los estudiantes reclamaron mayores oportunidades profesionales y de movilidad social.  En 2019, el paro nacional nuevamente reunió una diversidad de sectores estudiantiles y académicos en general pero también de sindicatos de trabajadores y de representantes de la tercera edad, por un mayor acceso al empleo y contra la corrupción, junto con sectores diversos movilizados en contra de las reformas fiscal, laboral y pensional. Además, en 2019, fue notoria la defensa y promoción del proceso de paz, muy fragilizado, por amplios sectores sociales afectados por la violencia social y política, tanto contra líderes sociales como contra excombatientes de las Farc desmovilizados. Pero la promesa del proceso de paz de abrir el espectro político a nuevos actores sociales ha perdido fuerza ante los pocos avances en este ámbito, siendo el Congreso considerado uno de los mayores responsables del lento avance de las reformas institucionales que derivan del acuerdo de paz de 2016. Finalmente, el fracaso del referendo de agosto de 2018 sobre un conjunto de propuestas políticas apuntalando la lucha contra la corrupción, desacreditó aún más los partidos representados a nivel legislativo y hoy cercanos al poder ejecutivo.

Todos estos episodios de protesta o intentos de expresar el descontento por vías institucionales evidencian una serie de motivos de protesta de actores diversos que han ido coordinándose. Debido a los retrasos en la implementación del cambio institucional (punto 2 del acuerdo de paz), existe una pérdida de confianza generalizada en la palabra institucional (tanto legislativa como ejecutiva y la de ciertos órganos de control y judiciales) y una pérdida de esperanza frente al cambio político que se esperaba iba a significar el proceso de paz. Sigue siendo muy estrecho el espacio para abrir el debate público a demandas sociales que han quedado inaudibles por mucho tiempo. Por ello, se expresa la diversidad de demandas y expectativas pero también de frustraciones en las protestas de 2019 y más aún en 2021.

Hoy en día, el abanico de demandas y expectativas, así como de reclamos y motivos de agravio, parece inagotable. En efecto existen denuncias y reclamos en el plano político, social y cultural: denuncia de la violencia policial contra los manifestantes, incluida violencia sexual contra manifestantes menores de edad ; denuncia por declaraciones abiertamente o implícitamente racistas contra los indígenas por parte de representantes de partidos o de periodistas, que los conminan a “regresar a su hábitat natural” y oponen los “indígenas” que viven en “reservas” (según los términos despectivos usados por algunos representantes públicos) a los “ciudadanos” (urbanos); por último, también hay fuertes denuncias por cómo se ha estigmatizado a los manifestantes, tildados de “vándalos” y “terroristas” por el poder ejecutivo, y por la respuesta oficial mayormente represiva.

Pero igualmente surgen múltiples demandas y expectativas de oportunidades de empleo o de estudio, por ejemplo exigiendo reducir el costo de la matrícula universitaria o los intereses sobre los préstamos a los estudiantes; también se espera una mayor protección frente al desempleo y la informalidad o la precariedad, sobre todo para las mujeres cabezas de hogar,  por lo que surge un incipiente debate sobre una “renta básica” para todos los jóvenes desempleados y los más pobres. También hay un debate creciente sobre la relación entre el campo y la ciudad, porque según adujeron algunos observadores, ahora se hace visible en el espacio urbano la situación de pobreza y hambre pero también la violencia sufrida tradicionalmente en el campo. Finalmente podemos destacar una demanda creciente de igualdad de género, por actores que denuncian el hecho  de que la pobreza y el desempleo afectan aún más a las mujeres.

Aunque estos temas no son del todo nuevos, ahora cobran una relevancia inesperada en el debate público[10]. Y, pese a la profusión de temas y debates que se cruzan de manera muy compleja, de los que aquí solo mencionamos algunos, el eje aglutinador parece ser una reivindicación central: el derecho a usar el espacio público para expresar las demandas y el descontento, después de más de 12 meses de restricción durante la pandemia. E incluso, creemos que no solo se trata de usar el espacio público sino más fundamentalmente aun, de reapropiárselo. En este sentido, también se debe observar con detenida atención otro fenómeno de mayor relevancia que, en el plano sociocultural y político, ha marcado el paro nacional en mayo de 2021: en Cali, Bogotá, Manizales, Pasto y Popayán, se tumbaron estatuas de conquistadores y fundadores de las ciudades[11], y se renombraron calles y avenidas como la Avenida Jiménez en la Candelaria (centro histórico de Bogotá), rebautizada “Avenida Misak” por el pueblo Misak que organizó el derrumbe de la estatua de G. Jiménez de Quesada. Estos actos apuntan además, entre muchos otros significados que deberán ser objeto de reflexión y análisis, a denunciar la glorificación de la Conquista y el exterminio de los pueblos indígenas, pero también incentivan a revindicar el derecho a debatir otra “memoria histórica” y a cuestionar la propia construcción de la nación, como lo sugiere M. Saade[12]. Ello también se puede destacar en los pliegos de peticiones locales, por ejemplo en el Catatumbo (noreste de Colombia)[13].

Por ende, se puede considerar que si tantos procesos organizativos y motivos de protesta prosperan y se cruzan hoy en día, en un panorama aun confuso y profuso, ello no se debe meramente a un “estallido” de frustraciones – aunque estas son innegables – sino a un muy amplio y complejo proceso de articulación de actores socio-políticos y a la promoción de nuevos debates públicos que hoy cobran una relevancia ineludible. La diversidad de actores presentes en la protesta, más que un elemento de desunión, constituye en nuestro criterio el indicio de la paulatina reconstrucción de un tejido social muy desgarrado por el conflicto armado y la violencia sociopolítica aun imperante.

Derecho a la protesta y redefinición del repertorio de acción colectiva vigente

En este contexto, el hecho de renegociar, definir y delimitar el “derecho a la protesta pacífica” (reconocido por el art. 37 de la Constitución de 1991), adquiere un significado y un alcance complejo, a corto pero también a más largo plazo, pues se trata de garantizar a más diversos actores sociales el acceso seguro al debate público y de elaborar estrategias para contornar o disminuir la represión.

El conflicto armado persistente (principalmente debido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, aun activa y a las disidencias de las Farc que se extienden) propicia todavía la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) en el discurso oficial y entre las fuerzas del orden. La DSN lleva a tratar la protesta como un elemento desestabilizador y subversivo, pues se sospecha que está infiltrada por las guerrillas, y es percibida como necesariamente violenta. No obstante, investigaciones recientes demuestran, al contrario, una disminución en el uso de la violencia desde los años 1970, violencia que hoy está presente en el 4% de las acciones colectivas (Barrera & Hoyos, 2020). Debido en parte a la DSN, la protesta aun no es concebida como un fenómeno normal dentro de un régimen democrático, por lo que la represión apunta a restablecer “el orden público”, como lo evidencia el protagonismo del Escuadrón antimotines y disturbios (Esmad), que es central en la respuesta de la fuerza pública. Aunque existe un creciente cuestionamiento (sobre todo desde 2019) al uso de armas letales en la represión, aún persiste una carencia de reglamentación de las modalidades de uso de la fuerza, lo que propicia además una tendencia a militarizar la respuesta[14].

Ante ello, negociar espacios de protesta pacífica y definir las condiciones de su legitimidad es el reto mayor al que se enfrentan los actores sociales, tanto en el plano político como judicial.  Por ejemplo, el uso del bloqueo de vías y carreteras es un delito penal (artículo 353A del código penal vigente que data del año 2000), pero aun así, es un modo de acción muy difundido, lo que genera enfrentamientos entre la población, como se observa recurrentemente en las protestas. Las marchas, que son la principal modalidad de acción en los paros nacionales, junto con el plantón delante de las instancias de poder, son más aceptadas por la población, pero también son reprimidas como lo evidencia la respuesta a los paros del 2019 y 2021, entre muchos ejemplos.

El análisis de “la marcha” como forma de acción, en sus dimensiones expresivas, políticas o culturales (Fillieule, 2015), podría ayudar a comprender cómo se definen estrategias entre los actores sociales frente a la represión, sea para eludirla o denunciarla. Entre la diversidad de modalidades de acción ensayadas, se destaca el uso recurrente del arte en las marchas, con bailes, títeres, performances teatrales y músicos, en parte con ánimo de desincentivar la represión, pero también de dar un carácter alegre a la protesta, más allá de los reclamos. El éxito de esta estrategia deberá medirse con más claridad. De manera general, existe poco conocimiento cualitativo de las marchas aunque ya empiezan a surgir estudios más enfocados en la etnografía de la acción colectiva (Aguilar-Forero, 2020; Perilla, 2018).

También se debe evaluar los límites encontrados ante la respuesta oficial. Si bien se reprime tradicionalmente la protesta en Colombia, hoy en día, la represión evoluciona  y es menos uniforme de lo que se puede percibir, aunque aún existe muy poco análisis al respecto. Sería pertinente entender mejor, por ejemplo, cómo ciertos actores logran disminuir la represión, aunque sea de manera puntual tal como lo hicieron los estudiantes en el 2011 con “maratones de besos y abrazos” con la policía (Cruz, 2015), mientras que otros actores (campesinos, jóvenes y actores barriales urbanos) enfrentan niveles de represión elevados. Se requiere observar también más detalladamente las interacciones y negociaciones sobre los modos de acción en uso y su traducción jurídica o política (Uprimny & Sánchez, 2010; Lalinde, 2019). Ello ayudaría a evaluar mejor, a su vez, la evolución del repertorio de acción colectiva, que hoy por hoy está en clara redefinición. Se trata por ende de un momento de inflexión política determinante, lo que explica sin duda su carácter eminentemente candente.

Bibliografía

Aguilar-Forero N. (2020). “Las cuatro co de la acción colectiva juvenil: el caso del paro nacional de Colombia (noviembre 2019-enero2020)”. Análisis Político (UN), enero-abril, nº 98, p. 26-43.

Barrera V. & Hoyos C. (2020). “¿Violenta y desordenada? Análisis de los repertorios de la protesta social en Colombia”. Análisis político (UN),enero-abril,  nº 98, p. 167-190.

Cruz E. (2015). “El derecho a la protesta social en Colombia”. Pensamiento Jurídico (UN) n°42, p. 47-69.

CCJ-IEPRI-CINEP-UN & al. (2018). ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo. Bogotá : http://www.nocheyniebla.org/wp-content/uploads/u1/docs/cuales_son_los_patrones_final.pdf

Fillieule O. (2015). “Estudiar las marchas. Balance y perspectivas a partir de veinte años de investigaciones”. In Combes Hélène, Tamayo Sergio & Voegtli Michael, Pensar y Mirar la protesta, México, CNRS- Conacyt-Red Mexicana de Estudios de movimientos sociales & UAM, p. 39-91.

Fillieule O. (2010). “Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action”. In Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, p. 77-99.

Lalinde S. (Ed). (2019). Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia, Dejusticia, Documentos 49.

Gutiérrez F. (2014). El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010). Bogotá: IEPRI-UN & Penguin Random House, 1a ed.

Perilla Daza D. (2018). La plebitusa: movilización política de las emociones pos-plebiscito por la paz en Colombia. Maguare, vol. 32, n°2 (jul-dic), p. 153-181.

Uprimny R. & Sánchez Duque L.M. (2010). Derecho penal y protesta social (caso Colombia). En Bertoni E. (Comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina. Buenos Aires, Universidad de Palermo, p. 47-74.


[1] El « repertorio de acciones » es definido tradicionalmente como el abanico de modos de acción disponibles y usados con frecuencia, en un momento y contexto dado, en función de la respuesta pública. Ver: Fillieule Olivier, « Tombeau pour Charles Tilly. Répertoires, performances et stratégies d’action », in Fillieule Olivier, Agrikoliansky Éric &Sommier Isabelle (dir.), Penser les mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2010, p. 77-99.

[2] Para un análisis de la democracia colombiana durante el “Frente Nacional”: Gutiérrez (2014: 95-105).

[3] En particular la Unión Patriótica, partido surgido de una desmovilización parcial de las Farc en 1984, que fue víctima de un “genocidio político” (entre 3000 y 5000 militantes y candidatos a elecciones fueron asesinados).

[4] Son pocos los datos estadísticos disponibles, pero se puede evaluar muy superficialmente en cerca de 2 millones de participantes en las principales marchas en mayo de 2021, según fuentes de prensa, aunque también existe una multitud de modos de acción menos visibles.

[5] “Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali?”, Uniperiodico, 11-05-2021: Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali? (unal.edu.co)

[6] El apoyo a la población juvenil se expresa en declaraciones y acciones públicas muy diversas, como por ejemplo la marcha de la población mayor de edad el 23 de mayo, llamada “cuchimarcha”. Más ampliamente, el paro ha registrado 75% de aprobación: León J., “El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll”, La Silla Vacia, 25-05-2021:  El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[7] “Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes”, Portafolio, 14-05-2021: Dane reporte situación en Colombia: Ni empleo ni educación, el drama del 27,7% de los jóvenes-en-colombia | Economía | Portafolio

[8] “Colombia ante una juventud golpeada e invisibilizada”, Uniperiódico (digital), 27-05-2021:Colombia ante una juventud golpeada e invisibilizada (unal.edu.co)

[9] “La caída de la reforma a la Salud, el nuevo triunfo de las protestas en Colombia”: France24, 19-05-2021: La caída de la reforma a la Salud, el nuevo triunfo de las protestas en Colombia (france24.com)

[10] León J., “El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll”, en La Silla Vacia, 25-05-2021:  El paro es un motivo de esperanza, según la Invamer Poll | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

[11] Saade M. « Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia », in Las 2Orillas, 25-05-2021 : Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia – Las2orillas

[12]  Según M. Saade (op. cit.) : 1) en Popayán, el 16 de septiembre de 2020: derrumban estatua de Sebastián de Belalcázar ; 2)  en Cali, 28 abril de 2021: derrumban estatua de Sebastián de Belalcázar ; 3) en Manizales, 1 mayo de 2021: derrumban estatua de Gilberto Alzate Avendaño, político histórico conservador; 4) en Pasto, 1 mayo de 2021: cae estatua de Antonio Nariño, precursor de la independencia de Colombia, y 5) en Bogotá, 7 de mayo de 2021: tumban estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad. Salvo en Popayán, todos los actos han ocurrido en el periodo del paro nacional.

[13] “El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional”, Pacifista, 19-05-2021: El Catatumbo también tiene su agenda en medio del Paro Nacional | ¡PACIFISTA!

[14]  Uprimny R., “El Decreto de asistencia militar de Duque es inconstitucional”, La Silla Vacía, 31-05-2021: El decreto de « asistencia militar » de Duque es inconstitucional | La Silla Vacía (lasillavacia.com)

Elections présidentielles en Equateur en contexte de crise sociale et sanitaire: une droite affaiblie mais victorieuse

Par Julie Massal, docteure en sciencie politique e chercheuse de l’IFEA en Colombie

Les élections présidentielles des 7 février et 11 avril en Equateur ont présenté un revirement de tendance entre le premier et le second tour ; le premier donnant l’avantage aux divers acteurs de gauche avant que la droite l’emporte au second. On examine ici certains aspects des résultats en les reliant au contexte à court terme, afin d’en discerner quelques enjeux majeurs.

  1. Un premier tour favorable à des acteurs de gauche divisés et en conflit

Au premier tour, le scrutin présidentiel semble illustrer un mouvement en faveur des forces politiques de gauche, avec trois candidats situés à gauche du spectre politique, mais issus de traditions politiques distinctes, et un candidat de droite libérale, qui réunissent plus de 80% du vote, malgré une forte dispersion de l’offre avec 16 candidats au premier tour[1]. Cela semble témoigner d’un effacement complet de la droite[2], avant que le 2e tour ne rebatte les cartes.

Andrés Arauz, le candidat de la tendance « Socialisme du XXI siècle » inspirée par l’ex-président R. Correa (2007-2017) obtient 32.7% des suffrages exprimés ; c’est un peu moins que prévu (il avait 36% d’intentions de vote dans les sondages), mais cela lui octroie une large avance sur ses rivaux. Proche de R. Correa (entretemps jugé et condamné pour corruption), il est considéré comme la continuation de son projet politique, qui suscite de vives oppositions y compris parmi les acteurs sociaux de gauche[3]. Les deux rivaux d’Arauz sont d’une part l’ex banquier Guillermo Lasso, candidat du mouvement « Créer des opportunités » (CREO, droite libérale), et d’autre part Yaku Perez, candidat du mouvement Pachakutik, bras politique de la Confédération des Nationalités Indigènes d’Equateur (CONAIE). Celle-ci joue un rôle majeur lors de la révolte d’octobre 2019 contre l’augmentation du prix des combustibles. Si Yaku Perez n’a pas été le leader de cette révolte, sa candidature a été choisie par Pachakutik, non sans susciter de fortes divisions au sein de la CONAIE, pour représenter une gauche sociale et écologiste d’opposition, éloignée de la gauche Corréiste, à laquelle elle se déclare d’ailleurs ouvertement hostile. Cela tient notamment au fait que Yaku Perez incarne une branche de la « résistance à l’extractivisme » qui a été fortement réprimée, à l’instar de la CONAIE et de nombreux mouvements sociaux, durant le mandat de Correa.

Selon un décompte final, produit après de multiples recours et procédures partielles de recomptage, G. Lasso obtient 19.74% des voix et Y. Perez, 19,38%, soit environ 33 000 voix d’écart (0.35% des votes), et Lasso devient donc le candidat désigné pour affronter Arauz au 2e tour. Mais la droite reste affaiblie, car lors des législatives (qui ont aussi lieu le 7 février), elle obtient moins de 10% des voix, ce qui en fait seulement la 4e force politique. En outre, Lasso obtient de moins bons résultats en 2021 qu’aux scrutins où il s’est présenté auparavant en 2013 et 2017. La droite est reléguée au niveau législatif derrière trois mouvances de gauche : le parti du candidat corréiste, Union pour l’Esperance (Unes) ; Pachakutik, désormais 2e force à l’assemblée[4] et enfin le parti Gauche Démocratique (ID), dont le candidat X. Hervas obtient 15.7% des voix à la présidentielle et qui devient la 3e force politique législative.  Tout semble donc indiquer un net affaiblissement de la droite.

Enfin, l’abstention, annoncée comme très élevée (d’au moins 30%) dans les sondages en raison du contexte sanitaire critique qui pouvait détourner les électeurs du scrutin, n’est finalement « que » de 18%, dans un pays où le vote est obligatoire. Le vote nul atteint 9.6%.

Ainsi, « la gauche » peut sembler en position de force à l’issue du premier tour. Mais en réalité, il existe de forts clivages en son sein, car aussi bien la Gauche Démocratique que Pachakutik et les mouvements sociaux et indiens ainsi qu’une part importante de l’électorat, sont fortement hostiles au candidat corréiste, A. Arauz, ce qui lui donne peu de réserves de voix. Le clivage politique corréiste/anti-corréiste est donc encore bien présent, même si ce n’est pas le seul facteur à prendre en compte pour comprendre le revirement qui se présente au second tour.

2. Un second tour favorable à une droite affaiblie

Le second tour, dont le résultat était annoncé serré à l’approche du scrutin, présente une inversion de l’ordre des favoris, chose rare mais non inédite. En effet, le candidat G. Lasso l’emporte avec 52,36% des suffrages exprimés (soit 4.652.699 voix) contre 47.64% pour A. Arauz (4.232.323 voix), sur un total de 13.1 millions d’électeurs[5]. Cette fois l’abstention est de 20.9% (2.260.957 électeurs) et le taux de votes nuls de 9,6 % au premier tour, passe à 16, 3% (1.757 679 bulletins nuls) au second tour. Le report de voix bénéficie très majoritairement à G. Lasso, qui passe de 19.7% à 52.4% des suffrages, tandis qu’A. Arauz passe de 32.7% à 47.6%.

Cela pose plusieurs questions, auxquelles une analyse plus poussée des résultats devra permettre de répondre. Quel est le réservoir de voix de G. Lasso, notamment parmi les populations indigènes[6] qui n’ont plus de candidat ? Celles-ci ont-elles respecté la consigne électorale de « vote nul idéologique », promue par Pachakutik, mais que certains dirigeants de la CONAIE ont eux-mêmes rejetée ? L’enjeu majeur est donc de savoir si le vote indien est bien la clef du scrutin et surtout du revirement du rapport de force gauche-droite, ce qui suppose de comprendre comment les divisions au sein des acteurs indiens ont pesé sur cet électorat. Car les choix des dirigeants indiens au second tour illustrent une forte hétérogénéité politique et des stratégies concurrentes[7]

Après l’éviction de Yaku Perez, Pachakutik et une partie des instances dirigeantes nationales ou locales de la CONAIE appellent leurs bases au « vote nul idéologique » pour le second tour. Mais, en raison des divisions entre CONAIE et Pachakutik au sujet de la candidature de Perez et de divergences relatives au projet corréiste au sein même de la CONAIE, cette consigne de vote n’est pas acceptée par certains dirigeants de la CONAIE. Son président, Jaime Vargas, l’un des principaux leaders indiens de la révolte d’octobre 2019, se voit expulsé de Pachakutik juste avant le second tour, pour avoir exprimé son appui au candidat corréiste A. Arauz. Mais d’autres dirigeants de la CONAIE, comme Leonidas Iza, également un leader majeur de la révolte d’octobre 2019,  exigent la « sanction » des électeurs indiens qui ne respecteraient pas la consigne électorale du vote nul, dans les régions où la population indigène est supposée acquise à la CONAIE[8]. Les divisions se font aussi sentir via des rapprochements explicites envers G. Lasso : l’ex candidate à la vice-présidence et binôme de Y. Perez, V. Cedeno, a appelé à voter pour lui. Et Y. Perez, connu pour son hostilité marquée à R. Correa, s’était prononcé en faveur de G. Lasso au scrutin présidentiel en 2017. Cette fois-ci, il annule son vote et appelle au respect de cette consigne. Ces positions diverses reflètent la complexité des choix politiques parmi les dirigeants indiens, tant au sein de la CONAIE que de Pachakutik, positions qui elles-mêmes peuvent diverger de celles des électeurs indiens.

C’est pourquoi l’étude des résultats du second tour doit s’inscrire dans une analyse approfondie des clivages politiques au sein des courants de gauche. Ceux-ci sont en effet très hétérogènes et s’opposent, en particulier, sur deux aspects majeurs : en premier lieu, la place de l’Etat et son rôle interventionniste dans l’économie , qui est revendiqué par les pro-Correa et rejeté par Y. Perez ; et en second lieu, le modèle de développement fondé sur l’extraction des ressources, que la gauche corréiste a promu comme un moyen d’obtenir des ressources nécessaires à la lutte contre la pauvreté, mais en réprimant fortement acteurs sociaux et écologistes opposés à ce modèle, représentés par Y. Perez. Le vote pour G. Lasso peut difficilement apparaitre, dans un tel contexte, comme un vote de conviction en faveur de la droite libérale qu’il représente. Certes, il obtient la moitié des suffrages exprimés et bénéficie en majorité du report de voix, mais ce sont « seulement » 4.7 millions de voix sur les 13 millions d’électeurs et 17 millions d’habitants. Et cela se produit dans un contexte de division profonde des gauches et d’affaiblissement de la droite. Contexte marqué aussi au second tour par l’abstention de près de 21% malgré le vote obligatoire, et 16.3% de votes nuls, un taux plus important que d’ordinaire et en forte croissance face au 1er tour.

Le vote Lasso peut représenter un vote sanction envers le camp corréiste qui a, selon certains de leurs dirigeants, « trahi » les populations indiennes en réprimant fortement mouvements indiens et écologistes[9], même si ce mécontentement s’exprime aussi via le vote nul. Mais l’évaluation du vote indien et de son appui à la droite au second tour reste à discuter après une analyse approfondie des reports de voix des électeurs de Yaku Perez. La carte du vote par départements[10] révèle certes un appui à Lasso dans des provinces de la Sierra et d’Amazonie qui avaient soutenu Y. Perez au premier tour, mais ces résultats départementaux doivent être examinés à la lumière des taux d’abstention et de votes nuls, analyse qui permettra d’éclairer les dynamiques locales et nationales du vote indien et son orientation ou non en faveur de la droite libérale, thème pour l’instant au cœur des polémiques[11]

Par ailleurs, il s’agit de comprendre d’autres facteurs du report de vote en faveur de Lasso, puisque le clivage régional semble inversé, comme au premier tour : la Sierra vote majoritairement pour le « banquier de Guayaquil » tandis que la Costa (hormis l’archipel des Galápagos) vote plutôt pour le candidat de Quito. Les ressorts du vote régional semblent donc également en redéfinition.

C’est enfin un scrutin qui a lieu à peine un an et demi après la révolte d’octobre 2019, marquée par le rejet des populations indigènes de la Sierra et des secteurs populaires urbains envers des réformes précarisant l’emploi et accroissant le prix des combustibles. La révolte se solde par des affrontements importants pendant près de 10 jours, laissant plus de 1300 blessés et au moins une dizaine de décès. Cela a pu, selon certains analystes comme F. García (Flacso) faire perdre au mouvement Pachakutik une partie du vote urbain des classes moyennes ou aisées, selon une analyse de la sociologie du vote Pachakutik au premier tour[12]. Ce repli de Pachakutik sur des bases indiennes et populaires diminue sa capacité à incarner le vote contestataire. Le mécontentement des secteurs « anti-Correa », qui ne se sentent plus représentés par Pachakutik, peut favoriser le candidat de la droite libérale. Mais une sociologie du report de vote au second tour est indispensable pour le vérifier.

3. Le contexte socio-économique et sanitaire : enjeux présents et à venir.

L’élection s’est tenue dans un contexte sanitaire critique, encore accentué par un nouveau pic et un reconfinement peu avant le second tour, qui se double d’une forte crise économique et sociale. Malgré un confinement précoce et sévère en mars 2020, l’épidémie a eu des effets dévastateurs, avec plus de 340 000 cas et 17 mille morts recensés (mi-avril 2021), dans un pays de 17 millions d’habitants[13]. Qui plus est, selon de récentes études, le groupe d’âge le plus touché est désormais celui des 20-49 ans (60.5%), suivi du groupe des 50-65 ans (20.3%)[14]. Les effets de la gestion de la pandémie sur la pauvreté, le chômage et le sous-emploi ont été présents dans les débats présidentiels. Le candidat Lasso a axé une grande part de sa campagne sur des promesses d’emplois et des aides aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants, en promettant après sa victoire au second tour « des opportunités et la prospérité pour tous ».  

La crise sanitaire et économique ravive aussi les crispations liées aux scandales de corruption qui touchent le camp des pro-Correa ou le gouvernement Moreno. Ce débat sur la corruption se confond désormais avec les enjeux de la campagne de vaccination durant les derniers mois du gouvernement Moreno (2017-2021), qui mène une politique d’austérité fiscale aggravant la précarité de l’emploi et la fragilité du système hospitalier. Or, la campagne de vaccination est encore lente et marquée par la dénonciation de passe-droits, après que le ministre de la santé s’est fait vacciner (ainsi que sa famille) alors que moins de dix mille doses de vaccin étaient arrivées dans le pays, ce qui le contraint à démissionner aussitôt le fait révélé.

Tout cela ne peut qu’aggraver le mécontentement, voire le désespoir, d’une partie importante de la population tant face à ces pratiques que face à l’absence d’une offre politique tournée vers l’avenir ou susceptible d’offrir des réponses concrètes et crédibles aux enjeux immédiats. La crise sociale de 2019, en Equateur mais plus largement dans la région latino-américaine, a rappelé le rôle de mouvements sociaux certes affaiblis mais déterminés à lutter contre les réformes d’inspiration néolibérale ou contre l’usage de l’extractivisme comme (seul) moteur du développement économique. Ces thèmes ont paru singulièrement absents des débats présidentiels en 2021, et l’absence de réponse à ces enjeux ne peut qu’aggraver le vide politique. Le contexte sanitaire préoccupant au Pérou, qui votait pour le premier tour de l’élection présidentielle le 11 avril, ou bien au Brésil, où la pandémie semble hors de contrôle et suscite un mécontentement croissant envers le gouvernement Bolsonaro, ajoute à l’inquiétude face à l’avenir politique andin et latino-américain.


[1] Les résultats des 2 tours sont en ligne : Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[2] Celle-ci a pourtant orienté le gouvernement de L. Moreno (2017-2021) : Pablo Ospina , “Ecuador: ¿realmente hay un ‘giro a la derecha’? Del correísmo al morenismo”, Nueva Sociedad, Avril 2019 : http://nuso.org/articulo/ecuador-moreno-correa-elecciones-politica/?fbclid=IwAR1zggus-M1mmAlloyZvGktlQ57Ju4rRNwxbZsqxAsMC4rmw2dxvwRIu5H4

[3] Pour une analyse des clivages politiques au sein des gauches: Frédéric ThomasContretemps, 7 avril 2021 : Équateur : les gauches, l’extractivisme et la transition

[4] El Universo, 9 de febrero, 2021: El movimiento indígena se convierte en segunda fuerza política del Ecuador, duplica y triplica su votación de elecciones pasadas | Política | Noticias | El Universo

[5] Chiffres du Conseil National Electoral (13 avril 2021): Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[6] En Equateur, la population autochtone ou indigène est définie par des critères tels que l’usage d’une langue indienne et l’appartenance à des « communautés » ; ces dernières sont elles-mêmes regroupées au sein de « peuples » (Otavalos, Saraguros), qui composent à leur tour des « nationalités » (Quichua par exemple) reconnues par la Constitution en vigueur (2008). La CONAIE est la confédération des organisations qui représentent ces nationalités.

[7] France24, 07-04-2021:Ecuador: presidenciales dividen al movimiento indígena, clave para definir el balotaje (france24.com)

[8] Dans les régions où la Conaie est le mieux ancrée (notamment la Sierra centrale et du sud), elle exerce une sorte de domination symbolique sur les communautés et incite à l’adoption d’un vote collectif et non de choix individuels. La sanction s’exerce sous forme de pression morale ou pécuniaire (via une amende) lorsque la personne ne respecte pas le choix communautaire ou celui de l’organisation présente localement. Les divisions internes de la Conaie entre dirigeants et entre ceux-ci et leurs bases peuvent donc altérer la capacité à exercer cette « domination ».

[9] Cf. l’analyse de M. Moreano Venegas : Antiextractivismo y política radical en Ecuador – Jacobin América Latina (jacobinlat.com) (febrero-2021), ou celle de F. Thomas, op.cit.

[10] Disponible dans l’article suivant : Rafael Correa reconoce victoria de Guillermo Lasso en segunda vuelta: ‘Su éxito será el del Ecuador’ | El Comercio (El Comercio, 12-04-2021)

[11] El Universo, 13 de abril, 2021 : Apoyo de Jaime Vargas a Andrés Arauz y el silencio de Jaime Nebot en campaña ayudaron a Guillermo Lasso a ganar en los sitios donde Yaku Pérez tuvo más votación, aseguran analistas | Política | Noticias | El Universo

[12] Cf. le Webinaire réalisé par l’IFEA, le 15 mars 2021 : Institut français d’etudes andines – YouTube

[13] Paz-Gómez D.M. & Santelices Enríquez M.C (2020). (In)capacidades de política en tiempos de covid-19: comprendiendo las respuestas económicas de Colombia y Ecuador. Análisis Político, IEPRI-UN, nº 100, p. 72-91.

[14] El Universo 11 de abril de 2021 :Casos de coronavirus en Ecuador, al domingo 11 de abril: 346.817 confirmados, 17.293 fallecidos y 183.300 vacunados | Ecuador | Noticias | El Universo

Elecciones presidenciales en Ecuador en un contexto de crisis social y sanitaria: una derecha debilitada pero victoriosa

Escribe Julie Massal, doctora en ciencia política e investigadora del IFEA en Colombia

Las elecciones presidenciales del 7 de febrero y 11 de abril en Ecuador presentaron un giro entre la tendencia de la primera y la segunda vuelta; la primera dio ventaja a diversos actores de la izquierda antes que la derecha ganara la segunda. Examinaremos aquí ciertos aspectos de los resultados en relación al contexto a corto plazo, con el fin de discernir algunos de los principales desafíos. 

  1. Una primera vuelta favorable a los actores de izquierda divididos y en conflicto

En primera vuelta, el escrutinio presidencial parece ilustrar un movimiento en favor de las fuerzas políticas de izquierda, con tres candidatos situados a la izquierda del espectro político, pero provenientes de tradiciones políticas distintas, y un candidato de derecha liberal, que reúnen más del 80% del voto, a pesar de una fuerte dispersión de la oferta con 16 candidatos en primera vuelta[1]. Ello parece indicar una desaparición completa de la derecha[2], antes que la segunda vuelta barajara las cartas.

Andrés Arauz, el candidato de la tendencia « socialismo del siglo XXI » inspirado por el expresidente R. Correa (2007-2017) obtuvo 32.7% de votos emitidos; un poco menos de lo previsto (él tenía 36% de intención de voto en los sondeos), pero ello le otorga una larga ventaja sobre sus rivales. Cercano a R. Correa (por ahora juzgado y condenado por corrupción), es considerado como la continuación de su proyecto político, que suscita vivas oposiciones incluso entre los actores sociales de izquierda[3]. Los rivales de Arauz son en un lado el ex banquero Guillermo Lasso, candidato del movimiento “Crear las oportunidades” (CREO, derecha liberal), y de otro lado Yaku Pérez, candidato del movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Esta organización juega un rol mayor en las protestas de octubre de 2019 contra el aumento del precio de los combustibles.  Aunque Yaku Pérez, fue el líder de estas protestas, su candidatura fue escogida por Pachakutik, no sin suscitar fuertes divisiones en el seno de la CONAIE, para representar a una izquierda social y ecologista de oposición, distanciada de la izquierda Correista, a la que ella se declara abiertamente hostil. Esto se debe en particular al hecho de que Yaku Pérez encarna una rama de la “resistencia al extractivismo” que ha sido fuertemente reprimida, como la CONAIE y muchos movimientos sociales, durante el mandato de Correa.

Según el conteo final, producido tras múltiples recursos y procedimientos de reconteo parcial, G. Lasso obtiene 19.74% de votos e Y. Pérez, 19.38%, es decir un aproximado de 33,000 votos de diferencia (0.35% de votos), y Lasso se convierte entonces en el candidato designado para enfrentar a Arauz en la segunda vuelta. Pero la derecha queda debilitada, porque en las legislativas (que tuvieron lugar también el 7 de febrero), obtuvo menos del 10% de los votos, con lo que llega a ser apenas la cuarta fuerza política.  De otro lado, Lasso obtiene peores resultados en 2021, que en los anteriores escrutinios donde participó en 2013 y 2017. La derecha es relegada a nivel legislativo detrás de tres movimientos de izquierda: el partido del candidato correista, Unión por la esperanza (Unes); Pachakutik, en adelante la segunda fuerza en la asamblea[4] y finalmente el partido Izquierda Democrática (ID) – cuyo candidato X. Hervas obtiene 15.7% de votos en la presidencial y se convierte en la tercera fuerza política legislativa. Todo parece indicar un claro debilitamiento de la derecha.

Finalmente, la abstención, anunciada como muy elevada (de al menos 30%) en los sondeos en razón del contexto sanitario crítico que podía alejar a los electores del escrutinio, -alcanzó finalmente “solo” el 18%, en un país donde el voto es obligatorio. El voto nulo alcanza el 9.6%.

Así, “la izquierda” parece presentar una posición de fuerza al término de la primera vuelta. Pero en realidad, existen fuertes divisiones en su seno, porque si bien la Izquierda Democrática, Pachakutik y los movimientos sociales e indígenas constituyen una parte importante del electorado, son fuertemente hostiles al candidato correista, A. Arauz, lo que le da pocas reservas de votos. La división política correista/anticorreista está todavía bien presente, aunque no es el único factor a tomar en cuenta para comprender el giro que se presentó en la segunda vuelta.

 2. Una segunda vuelta favorable a una derecha debilitada

En la segunda vuelta, que se preveía reñida en la fase previa a la votación, se produjo una rara, pero no inédita inversión del orden de los favoritos. En efecto, el candidato G. Lasso la gana con el 52.36% de votos emitidos (es decir 4 652,699 votos) contra el 47.64% para A. Arauz (4 232,323 votos), sobre un total de 13.1 millones de electores[5]. Esta vez la abstención es de 20.9% (2 260957 electores) y la tasa de votos nulos de 9.6% en la primera vuelta pasa a ser de 16. 3% (1 757679 boletines nulos) en la segunda vuelta. El reporte de votos beneficia muy mayoritariamente a G. Lasso que pasa de 19.7% a 52.4% de votos, mientras que A. Arauz pasa de 32.7% a 47.6%.

Esto plantea una serie de preguntas, a las que hay que dar respuesta mediante un análisis más profundo de los resultados. ¿Cuál es la reserva de votos de Lasso especialmente entre las poblaciones indígenas[6] que no tienen candidato? ¿respetaron la consigna electoral de “voto nulo ideológico”, promovida por Pachakutik, pero que ciertos dirigentes de la CONAIE rechazaron? La cuestión principal, es entonces saber si el voto indígena es realmente la clave de la elección y sobretodo de la inversión del equilibrio de poder izquierda-derecha, lo que supone comprender como las divisiones en el seno de los actores indígenas han pesado sobre el electorado. Porque la elección de los dirigentes indígenas en segunda vuelta muestra una fuerte heterogeneidad política y de estrategias contrapuestas[7].

Después de la eliminación de Yaku Pérez, Pachakutik y una parte de las instancias dirigentes nacionales o locales de la CONAIE llaman a sus bases al “voto nulo ideológico” para la segunda vuelta. Pero, debido a divisiones entre la CONAIE y Pachakutik a propósito de la candidatura de Pérez y de divergencias relativas al proyecto correista en el seno mismo de la CONAIE, esta consigna de voto no fue aceptada por ciertos dirigentes de la CONAIE. Su presidente, Jaime Vargas, uno de los principales líderes indígenas de las protestas de octubre de 2019, se ve expulsado de Pachakutik justo antes de la segunda vuelta, por haber manifestado su apoyo al candidato correista A. Arauz. Pero otros dirigentes de la CONAIE, como Leonidas Iza, también un líder mayor de las protestas de octubre de 2019, exigen la “sanción” de los electores indígenas que no respetaron la consigna electoral del voto nulo, en las regiones donde la población indígena esta supuestamente comprometida con la CONAIE[8]. Las divisiones se hacen así sentir a través del acercamiento explícito hacia G. Lasso: la ex candidata de la vicepresidencia y binomio de Y. Pérez, V. Cedeno, ha llamado a votar por él.  E Y. Pérez, conocido por su marcada hostilidad hacia R. Correa, se había pronunciado a favor de G. Lasso en el escrutinio presidencial en 2017. Esta vez sí, él anula su voto y llama al respeto de esta consigna. Estas posiciones diversas reflejan la complejidad de las elecciones políticas entre los dirigentes indígenas, tanto en el seno de la CONAIE que, de Pachakutik, posiciones que en sí mismas pueden divergir con la de los electores indígenas.

Por ello el estudio de los resultados de la segunda vuelta debe inscribirse en un análisis -cuidadoso de las divisiones políticas en el seno de las corrientes de la izquierda. Estas son en efecto muy heterogéneas y se oponen, en particular, sobre dos aspectos mayores: en primer lugar el espacio del Estado y su rol intervencionista en la economía, que es reivindicada por los pro-Correa y rechazada por Y. Pérez; y en segundo lugar, el modelo de desarrollo fundado en la extracción de recursos que la izquierda correista ha promovido como un medio de obtener recursos necesarios para la lucha contra la pobreza pero reprimiendo fuertemente a los actores sociales y ecologistas opuestos a este modelo, representados por Y. Pérez. El voto por G. Lasso puede difícilmente aparecer en este contexto, como un voto de convicción en favor de la derecha liberal que representa. Es cierto que obtuvo la mitad de los votos emitidos y se benefició mayoritariamente del arrastre de votos, pero fueron “solo” 4.7 millones de votos sobre los 13 millones de electores y 17 millones de habitantes. Y esto se produce en un contexto de división profunda de izquierdas y debilitamiento de la derecha. El contexto también estuvo marcado en la segunda vuelta por la abstención de cerca del 21% a pesar del voto obligatorio, y el 16.3% de votos nulos, una tasa más importante de lo común y en fuerte crecimiento frente a la primera vuelta.

El voto Lasso puede representar un voto de sanción hacia el sector correista que, según ciertos dirigentes “traicionó” a las poblaciones indígenas reprimiendo fuertemente los movimientos indígenas y ecologistas[9], aún si el descontento se expresa también a través del voto nulo. Pero la valoración del voto indígena y de su apoyo a la derecha en la segunda vuelta queda por discutir tras un análisis exhaustivo de la transferencia de los votos de los electores de Yaku Pérez. El mapa de voto por departamentos[10] revela ciertamente un apoyo a Lasso en las provincias de la Sierra y de la Amazonia que habían apoyado a Y. Pérez en la primera vuelta, pero estos resultados departamentales deben ser examinados a la luz de las tasas de abstención y de votos nulos, un análisis que permitirá esclarecer las dinámicas locales y nacionales del voto indígena y su orientación o no a favor de la derecha liberal, tema que por el momento está en el centro de la polémica[11].

Además, se trata de comprender otros factores del traspaso de votos en favor de Lasso, porque – el sesgo regional parece invertida, como en la primera vuelta: la Sierra vota mayoritariamente por el “banquero de Guayaquil” mientras que la Costa (salvo el archipiélago de Galápagos) vota sobre todo por el candidato de Quito. Los resultados del voto regional parecen entonces estar igualmente en redefinición.

Finalmente es un escrutinio que se da lugar apenas un año y medio después de las protestas de octubre de 2019, marcadas por el rechazo de las poblaciones indígenas de la Sierra y de los sectores populares urbanos hacia las reformas que precarizan el empleo e incrementan el precio de los combustibles. Las protestas dieron lugar a importantes enfrentamientos durante 10 días, dejando más de 1300 heridos y al menos una decena de muertos. Esto ha podido según ciertos análisis como el de F. García (FLACSO) hacer perder al movimiento Pachakutik una parte de su voto urbano en las clases medias altas, según un análisis de la sociología del voto Pachakutik en primera vuelta[12]. Este repliegue de Pachakutik hacia sus bases indígenas y populares disminuye su capacidad de encarnar el voto contestatario. El descontento de sectores “anti-Correa”, que no se sienten representados más por Pachakutik, pudo favorecer al candidato de la derecha liberal. Pero una sociología de recuento de votos en segunda vuelta es indispensable para verificarlo.

3. El contexto socio-económico y sanitario: desafíos presentes y futuros

La elección se realizó en un contexto sanitario crítico, aún acentuado por un nuevo pico y un reconfinamiento poco antes de la segunda vuelta, a lo que se suma una fuerte crisis económica y social. A pesar de un confinamiento precoz y severo en marzo del 2020, la epidemia ha tenido efectos devastadores, con más de 340,000 casos y 17,000 muertos (mitad de abril 2021), en un país de 17 millones de habitantes[13]. Además, según estudios recientes, el grupo de edad más afectado es ahora el de los 20-49 años (60.5%) seguido del grupo de 50 a 65 años (20.3%)[14]. Los efectos de la gestión de la pandemia sobre la pobreza, el desempleo o el subempleo han estado presentes en los debates presidenciales. El candidato Lasso ha centrado una gran parte de su campaña en promesas de empleo y de ayudas a las pequeñas empresas y a los trabajadores independientes, prometiendo después de su victoria en segunda vuelta “oportunidades y prosperidad para todos”.

La crisis sanitaria y económica revive también las crispaciones ligadas a los escándalos de corrupción que afectan al sector pro-correa o al gobierno de Moreno. Éste debate sobre la corrupción se confunde además con problemas en la campaña de vacunación durante los últimos meses del gobierno de Moreno (2017-2021) que lleva una política de austeridad fiscal agravando la precariedad del empleo y la fragilidad del sistema hospitalario. La campaña de vacunación está todavía lenta y marcada por las denuncias de favoritismo, después que el ministro de la salud se hiciera vacunar (así como a su familia) mientras que menos de 10,000 dosis de vacunas habían llegado al país, lo que lo llevó a renunciar y rápidamente ser relevado.

Todo esto no puede más que aumentar el descontento, o incluso la desesperación, de una parte importante de la población tanto frente a estas prácticas como a la ausencia de una oferta política dirigida al futuro o susceptible de ofrecer respuestas concretas y creíbles a los problemas inmediatos. La crisis social del 2019, en Ecuador y más ampliamente en la región latinoamericana, ha recordado el rol de los movimientos sociales ciertamente debilitados pero determinados a luchar contra las reformas de inspiración neoliberal o contra el uso del extractivismo como (único) motor de desarrollo económico. Estos temas han aparecido singularmente ausentes en los debates presidenciales del 2021, y la ausencia de respuesta a estos problemas no puede sino  agravar el vacío político. El contexto sanitario preocupante en Perú, que votaba por la primera vuelta en elección presidencial el 11 de abril o también en Brasil, donde la pandemia parece fuera de control y suscita el descontento creciente hacia el gobierno de Bolsonaro, aumenta la inquietud frente al futuro político andino y latinoamericano.


[1] Los resultados de las dos vueltas están en línea: Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[2] Esto por tanto orientó el gobierno de L. Moreno (2017-2021): Pablo Ospina, « Ecuador: ¿realmente hay un “giro a la derecha”? Del correismo al morenismo”, Nueva sociedad, abril 2019: http://nuso.org/articulo/ecuador-moreno-correa-elecciones-politica/?fbclid=IwAR1zggus-M1mmAlloyZvGktlQ57Ju4rRNwxbZsqxAsMC4rmw2dxvwRIu5H4

[3]  Cf. el análisis de las divisiones políticas en el seno de las izquierdas: Frédéric Thomas, Contretemps, 7 de abril de 2021: Équateur : les gauches, l’extractivisme et la transition

[4] El universo, 9 de febrero, 2021: El movimiento indígena se convierte en segunda fuerza política del Ecuador, duplica y triplica su votación de elecciones pasadas | Política | Noticias | El Universo

[5]  Cifras del Consejo nacional electoral (13 de abril de 2021): Resultados – Elecciones Generales 2021 (cne.gob.ec)

[6] En Ecuador, la población autóctona o indígena está definida por criterios tales como el uso de una lengua indígena y la pertenencia a las “comunidades”; éstas últimas están ellas mismas reagrupadas en el seno de los “pueblos” (Otavalos, Saraguros), que componen a su vez  – las “nacionalidades” (quichua por ejemplo) reconocidas por la Constitución en vigor (2008). La CONAIE es la confederación de las organizaciones que representan esas nacionalidades.

[7]  France24, 07-04-2021: Ecuador: presidenciales dividen al movimiento indígena, clave para definir el balotaje (france24.com)

[8] En las regiones donde la CONAIE está mejor anclada (particularmente la Sierra central y del sur), ella ejerce una suerte de dominación simbólica sobre las comunidades e incita a la adopción de un voto colectivo y no a decisiones individuales. La sanción se ejerce bajo una forma de presión moral o pecuniaria (vía una multa) si la persona no respeta la decisión comunitaria o de la organización presente localmente. Las divisiones internas de la CONAIE entre los dirigentes y entre estos y sus bases pueden entonces alterar la capacidad de ejercer este “dominio”.

[9] Cf.  El análisis de M. Moreno Venegas: Antiextractivismo y política radical en Ecuador – Jacobin América Latina (jacobinlat.com)  (Febrero-2021), o aquel de F. Thomás, op. cit.

[10] Disponible en el artículo siguiente: Rafael Correa reconoce victoria de Guillermo Lasso en segunda vuelta: ‘Su éxito será el del Ecuador’ | El Comercio (El comercio, 12-04-20 21).

[11]  El universo, 13 de abril, 2021: Apoyo de Jaime Vargas a Andrés Arauz y el silencio de Jaime Nebot en campaña ayudaron a Guillermo Lasso a ganar en los sitios donde Yaku Pérez tuvo más votación, aseguran analistas | Política | Noticias | El Universo

[12]  Cf. El webinar realizado por IFEA, el 15 de marzo de 2021: Institut français d’etudes andines – YouTube

[13] Paz-Gómez D.M & Santelices Enríquez M.C (2020). (In) capacidades de política en tiempos de COVID-19: comprendiendo las respuestas económicas de Colombia y Ecuador. Análisis político, IEPRI-UN, nº 100, p. 72-91.

[14] 11 de abril de 2021: Casos de coronavirus en Ecuador, al domingo 11 de abril: 346.817 confirmados, 17.293 fallecidos y 183.300 vacunados | Ecuador | Noticias | El Universo

Alina Wong in Memoriam

Par Aliocha Maldavsky, directora del IFEA

L’Institut français d’études andines a l’infinie tristesse de faire part du décès d’Alina Wong, chargée des ventes des publications de l’Institut, survenu le 15 janvier 2021, des suites du COVID-19 à l’âge de 61 ans. Archéologue de formation, Alina avait participé dès les années 1980 aux activités de l’IFEA dans ce domaine. Elle avait ensuite rejoint l’équipe de la bibliothèque pour occuper en 1998 le poste de responsable des ventes. Quasiment toute sa vie professionnelle s’est déroulée dans notre institution, aux côtés d’autres collègues qui, comme elle, ont vu passer les chercheurs et les directeurs. Alina connaissait donc très bien l’IFEA, où elle assurait une tâche essentielle, celle de veiller à la diffusion de la connaissance scientifique, à travers ses ouvrages et sa revue, le Bulletin de l’Institut français d’études andines.

Elle connaissait parfaitement le réseau de distribution au Pérou et dans le reste des pays andins et assurait un suivi méticuleux des ventes, ne ménageant pas sa peine à l’occasion des foires du livre, s’adaptant aux récentes évolutions de son métier. Excellente libraire, Alina était surtout une femme solaire, irradiant sympathie et bonne humeur partout sur son passage. Prochainement, Alina allait enfin disposer d’un espace adéquat à l’exposition des livres et à leur vente, dans les nouveaux locaux de l’IFEA, en cours de rénovation dans le quartier de Barranco. L’IFEA ne manquera pas de lui rendre l’hommage qu’elle mérite, dans ce nouveau lieu de vie collective et de rencontres scientifiques.

El Instituto Francés de Estudios Andinos lamenta profundamente anunciar el fallecimiento de Alina Wong, encargada de las ventas de las publicaciones del Instituto, el 15 de enero de 2021, a causa de los efectos del COVID-19 a los 61 años. Alina, arqueóloga de formación, participó en las actividades del IFEA en este campo desde los años ochenta. Posteriormente, se incorporó al equipo de la biblioteca para luego ocupar el puesto de responsable de ventas en 1998. Casi toda su vida profesional transcurrió en nuestra institución, junto a otros colegas que, como ella, han visto pasar a investigadores y directores. Así pues, Alina conoció muy bien el IFEA, donde desempeñó una labor esencial, la de garantizar la difusión de los conocimientos científicos, a través de sus libros y de su revista, el Bulletin de l’Institut français d’études andines.

Ella conocía perfectamente la red de distribución en Perú y en el resto de los países andinos y hacía un seguimiento meticuloso de las ventas, sin escatimar esfuerzos en las ferias del libro, adaptándose a las novedades de su profesión. Excelente librera, Alina era sobre todo una mujer alegre, que irradiaba simpatía y buen humor allá donde iba. Pronto, Alina iba contar por fin con un espacio adecuado para la exposición y venta de libros, en el nuevo local del IFEA, actualmente en remodelación en el distrito de Barranco. El IFEA no dejará de rendirle el homenaje que se merece en este nuevo lugar de vida colectiva y de reuniones científicas.

© A. Langlois, archivo IFEA – 2015

 

© Archivo IFEA
Feria del Libro del Congreso Nacional de Arqueología, © K. Pacheco – 2016
Feria del libro de Lima 2016, acompañada por Gérard Borras y Nora Araujo © K. Pacheco

Alina y su gran amigo el filólogo peruanista Gerald Taylor, © K. Pacheco – Lima, 2015

Evento el Pastoralismo Andino © K. Pacheco, Alianza Francesa de Lima – 2019

© Personal del IFEA 2019

 

Pandemia y tensiones fronterizas entre Perú y Ecuador

Escribe François Bignon*, doctor en historia por la Universidad de Rennes 2

Artículo publicado originalmente en francés por el blog COVIDAM: Le covid dans les Amériques, del Instituto de las América e IGlobes (CNRS), en febrero del 2021.

A finales de enero del 2021, la directora de Amnistía internacional – Américas denunció la militarización de la frontera de Perú y Ecuador. Ante los disparos de advertencia realizados por el ejército peruano contra grupos de migrantes venezolanos, hacía un llamado a « limitar el uso de las fuerzas armadas en el ámbito de la gestión migratoria para evitar una tragedia« .

Mientras Perú, afectado por una terrible segunda ola de la epidemia, acababa de decretar de nuevo el cierre de sus fronteras exteriores, el ejército peruano movilizó importantes efectivos en el sector, enviando al menos 1.200 soldados y una cincuentena de vehículos blindados para controlar varias decenas de puntos de paso ilegales por los que transitan los venezolanos. Ante los rumores de una próxima retirada, el comandante general de las fuerzas armadas peruanas llegó a asegurar la presencia de 3.000 soldados en la región, mientras sus servicios difundían un pujante video en las redes sociales para reafirmar a los peruanos que sus fronteras estaban bajo control.

Esta militarización de la frontera, que se basa en la doble situación de la pandemia y la migración venezolana, debe ser analizada a la luz de una larga historia de conflictos que bien puede volver a la palestra. A menudo se habla de una nueva geopolítica de la vacuna, pero las tensiones asociadas a la pandemia también están reavivando disputas preexistentes.

Si bien la escala nacional no es siempre la más adecuada para luchar contra el virus que no respeta fronteras, sabemos que la pandemia global ha reforzado las fronteras internacionales en todo el mundo, mostrando también las debilidades inherentes a su gestión multilateral. En las Américas, la pandemia ha afectado las fronteras antes abiertas y atravesadas por un importante flujo demográfico y económico, cómo la frontera entre Canadá y Estados e incluso la que separa Argentina de Uruguay. En Europa como en América, la reorganización de las fronteras internacionales ha afectado menos a las élites con capacidad de permanecer conectadas en casa que a los nuevos pobres de la movilidad global, condenados a intentar atravesar estas barreras que ahora se les cierran.

La situación entre Perú y Ecuador no es la excepción a la regla. La militarización peruana se efectúa contra el paso ilegal de migrantes venezolanos en nombre de la lucha contra la Covid-19. Este control reforzado se aplica sobre un segmento minoritario de los (aproximadamente) 1500 km de frontera terrestre que separa las dos repúblicas. La mayor parte de esta frontera atraviesa la selva amazónica, hasta donde el virus circula intensamente, tanto en la región andino-amazónica como en la parte brasileña. Pero debido a la intensidad del flujo de personas, es en la parte occidental de esta frontera donde la atención se focaliza, donde el serpenteante río Zarumilla constituye el límite internacional entre los dos países. El corredor entre Huaquillas (Ecuador) y Aguas verdes (Perú) es así, el principal punto de paso terrestre entre ambos países.

Sin embargo, el río Zarumilla está lejos de haber sido siempre una frontera consensuada. Al contrario, junto a los inmensos territorios amazónicos, ha sido el centro de un litigio a menudo considerado como el más largo diferendo de frontera del continente y que ha llevado a varias guerras.

Arraigado en el proceso de independencia de España a principios del siglo XIX, el desacuerdo entre Lima y Quito en torno a su frontera común fue total durante casi dos siglos. Los ecuatorianos reivindicaban los territorios situados hasta el río Tumbes al sur del río Zarumilla, mientras que los peruanos consideraban a veces toda la región ecuatoriana de El Oro como peruana. En la Amazonia, la diferencia afectaba a cerca de cientos de miles de kilómetros cuadrados. A una primera guerra en 1828 (implicando a la Gran Colombia), le siguieron las de 1858-1860, 1941, 1981 y, finalmente la de 1995. Por tanto, la existencia de los dos estados andinos ha estado profundamente marcada por esta rivalidad territorial. El proceso de integración regional iniciada en 1969 por el Pacto Andino no permitió resolver definitivamente el conflicto. Los dos países continuaron dándose la espalda con un comercio preferencial hacia el sur para Perú y hacia el norte para Ecuador, practicando más bien una indiferencia cordial que el codesarrollo entre dos pueblos que comparten mucho en términos de cultura. La Comunidad Andina de Naciones está, hoy en día, dormida.

La herencia bélica de esta relación sigue presente en el paisaje regional, a través de diferentes monumentos conmemorativos de la guerra de 1941, en el curso de la cual la provincia ecuatoriana El Oro fue ocupada militarmente, obligando a miles de personas a abandonar la región, dejando atrás tenaces rencores. Una película de propaganda de la época que celebra la aplastante victoria peruana, acaba de incorporarse al patrimonio cultural de la nación. Ya en 1995, cuando se produjeron enfrentamientos en las estribaciones amazónicas de lo Andes, muy lejos de la región de Zarumilla, una viva emoción se instaló entre los habitantes de la región, convencidos de que los peruanos se preparaban de nuevo para “invadirlos”.

En Machala, capital de la región ecuatoriana El Oro, el monumento a los muertos de la guerra de 1941 recuerda el pasado doloroso de las relaciones fronterizas entre Ecuador y Perú, que la crisis de la covid-19 amenaza con reavivar

Sin embargo, fue lo absurdo de la última guerra entre dos estados latinoamericanos lo que permitió un acuerdo definitivo. En 1998 se firmó finalmente la paz en Brasilia, acompañada de un mensaje de proyectos de desarrollo fronterizo que tuvieron un éxito limitado.

Desde entonces, la relaciones entre los dos países se normalizaron en principio, pero en ocasiones pueden surgir desacuerdos sobre la gestión fronteriza sobre el terreno de esta dolorosa historia. En 2017 la construcción de un espacio verde a lo largo del río fronterizo había sido interpretado por las autoridades peruanas como la construcción de un muro que contravenía los acuerdos de paz. Frente al retiro del embajador peruano, los ecuatorianos congelaron el proyecto.

Pero mientras que en este caso se trataba de permitir la libre circulación legal de bienes y personas, la pandemia mundial ha completamente invertido las posiciones.

La circulación rápida del virus en el continente americano, así como la situación catastrófica de Guayaquil, situada inmediatamente al norte de la frontera, han tempranamente decidido al gobierno peruano del presidente Martín Vizcarra a controlar demás de cerca las entradas sobre su suelo. La situación era además más crítica en cuanto a que los cruces ilegales se han multiplicado con la llegada masiva de migrantes venezolanos.

Perú es en efecto el segundo país que más venezolanos exiliados ha acogido sobre su suelo, albergando a un 1 millón de ellos. Al inicio bien acogidos, los migrantes han ido enfrentando cada vez más dificultades económicas y xenofobia. Desde junio del 2019, las autoridades peruanas exigieron una obtención de visa a fin de limitar las entradas.

En este contexto, es el río Zarumilla el que constituye el escenario de la mayoría de los cruces clandestinos. Éstos operan en los dos sentidos: venezolanos que van desde Ecuador hacia el Perú, pero también desde el Perú hacia el Ecuador cuando algunos de ellos bloqueados en el Perú en plena pandemia, decidieron retornar a su patria caminando. Estos pasajes son frecuentemente explotados por las redes de contrabando que están estructuralmente establecidas en esta escarpada frontera. Desde el siglo XIX, el contrabando viene regularmente a añadirle leña al fuego entre los dos gobiernos que denuncian cada uno las acciones ilegales de los nacionales vecinos, utilizando el hecho para legitimar el reforzamiento de los efectivos policiales y militares.

Así pues, en base a una tradición bien establecida, el ejército peruano ha decidido remilitarizar esta frontera para oponerse al flujo ilegal y desmantelar los puntos de paso, afrontando el riesgo de reavivar las tensiones latentes. ¿podría la Covid-19 y la migración venezolana anunciar futuros conflictos alrededor de una frontera históricamente conflictiva?

Cabe señalar que, contrariamente a la situación que prevalecía hace 25 años, es la cooperación más que la competencia lo que parece, al menos de manera oficial, tomar el rumbo. El ejército ecuatoriano muestra así su coordinación con las fuerzas peruanas, tal como lo practica con el vecino Colombia. La presencia de las fuerzas armadas de ambos lados no tiene el mismo potencial beligerante que cuando los dos estados se enfrentaban por la propia definición de la frontera.

Peruanos y ecuatorianos tienen los ojos puestos en la situación política y sanitaria de sus respectivas naciones más que sobre su frontera común. A principios de 2021, las noticias giran en torno a las elecciones. Los ecuatorianos elegían a su nuevo presidente el 7 de febrero, en una primera vuelta muy disputada y mientras que en Perú se lanzaba la campaña para las elecciones de abril, en un contexto de inestabilidad estructural política y de intenso debate sobre la importación de vacunas y el uso de ciertos medicamentos.

Las miradas no están puestas principalmente a la frontera y son sobre todo las poblaciones locales quienes sufren el filtro fronterizo establecido por los militares, arruinando la economía local que es fundamentalmente transnacional, aunque los productos alimentarios continúen atravesando la frontera. Para los venezolanos sin recursos varados en la frontera o para los nacionales que deben acceder al país vecino por su trabajo, la tragedia no está lejana, como lo demuestra el caso de una peruana herida de bala por un soldado peruano cuando intentaba regresar a su país a la altura de Huaquillas.

Ante este tipo de demostración de fuerza peruana, los ecuatorianos parecen moverse lentamente. Las fuerzas armadas anunciaron el 1 de febrero el envío de 200 soldados y 20 vehículos a la frontera. El objetivo oficial es cooperar con el ejército peruano, pero eso no impide pensar que las fuerzas ecuatorianas desearían también afirmar soberanía ocupando el terreno. Además, el ministro de defensa ecuatoriano declaró hace algunos días la necesidad de reorganizar las tropas fronterizas,  quizás un preludio a un movimiento más amplio.

« Nos dimos cuenta que hace falta reforzar con personal. Tenemos destacamentos permanentes fijos a lo largo de la línea frontera, algunos fueron levantados y vamos a tener que volverlos a reactivar”. Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa (Ecuador), 28 de enero de 2021

Oswaldo Jarrín, ministre de la Défense (Équateur), le 28 janvier 2021 (« Nous nous sommes rendus compte qu’il faut renforcer les effectifs. Nous avons des détachements permanents fixés le long de la frontière, certains avaient été retirés et nous allons devoir les réactiver »)

Soldados ecuatorianos posan frente al Canal de Zarumilla. La militarización peruana de la frontera tras el cierre sanitario de Perú parece imponer una competencia  mediático en torno a la presencia soberana de ambos estados.

Si la lógica fronteriza ha cambiado, la presencia continuada de los militares en la región podría provocar el resurgimiento de la tención mediante la multiplicación de los incidentes. También es probable que las elecciones de ambos países vuelvan a barajar las cartas, sobre todo si persiste la situación sanitaria. Los nuevos presidentes de Ecuador y Perú, podrían ser tentados en ganar un poco de crédito y ganar legitimidad adicional a bajo costo utilizando una retórica nacionalista clásica.

La militarización de la frontera entre Perú y Ecuador podría revertir definitivamente la lógica de apertura que había prevalecido desde la paz de 1998. Las consecuencias de esta situación afectarían sobre todo a las poblaciones locales fronterizas que, ayer como hoy, son las primeras en soportar el costo de dichos enfrentamientos.

Rennes, 11 de febrero de 2021

* François Bignon, es doctor en historia (Universidad de Rennes- Arènes UMR 60 51). El ha sido delegado en Lima del Instituto de las Américas de Lima de 2014 a 2017. Su tesis de doctorado estudia el proceso de fabricación de las fronteras y de las identidades nacionales alrededor de la guerra de 1941 entre Perú y Ecuador.

Lancement du projet : Raconte l’indépendance depuis ton village, ton quartier ou ta ville

Le 26 mars 2021 a eu lieu le lancement de la deuxième édition du projet :  « Raconte l’indépendance depuis ton village, ton quartier ou ta ville », dont l’objectif est d’offrir un cadre alternatif aux célébrations du Bicentenaire de l’Indépendance du Pérou et de le penser depuis les provinces du Pérou.

Raconte l’indépendance … est un projet d’histoire participative et citoyenne né en 2013 avec un premier concours d’essais, dont les textes gagnants, centrés sur Arequipa, Huacho et Tarapacá, ont été présentés au colloque international  « Les indépendances avant l’indépendance »  et publiés par l’IFEA en 2017 (voir publication).

L’objectif de démocratiser la mémoire de l’indépendance va au-delà d’un concours de rédaction d’essais, et le projet vise désormais à intégrer les citoyennes et les citoyens dans un débat historiographique décentralisé, se mettant ainsi au service de tous ceux qui souhaitent contribuer à la réécriture de l’histoire de l’Indépendance depuis leur lieu d’origine ou lieu de leur choix. La deuxième édition du projet propose un partage des sources à travers la diffusion de ressources numériques (sources primaires sur la période de l’Indépendance digitalisées), afin de les mettre à disposition des chercheurs et du public en général – pour faciliter la recherche dans le contexte de la crise sanitaire, qui limite l’accès aux archives et bibliothèques. Le projet organise également des ateliers de formation à l’écriture de l’histoire pour des historiens amateurs, avec le concours de l’université San Marcos et de l’Instituto de estudios peruanos (IEP). Il offrira des espaces de dialogue et de rencontre afin que cette nouvelle mémoire commune puisse être construite comme la mémoire de tous.

Au cours de la présentation, animée par l’anthropologue et journaliste Javier Torres Seoane, ont été dévoilés le projet, son histoire, les ateliers de formation, la création de bases de données et de moteurs de recherche, et d’autres éléments conçus en vue d’un nouvel appel à candidatures. Parmi les participants figuraient des représentants des entités organisatrices : le département d’histoire de l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le département d’histoire de l’University of California Santa Barbara, le centre de recherche sur l’Amérique hispanique coloniale de l’université de la Sorbonne Nouvelle, la fondation Neogranadina, l’Institut français d’études andines et les archives régionales d’Ayacucho.

Webinaire : Protestations sociales et changements politiques dans la zone andine: le cas de l’Equateur

Afin de promouvoir une analyse comparative dans la zone andine concernant les changements sociaux et politiques actuels et récents dans des pays tels que la Bolivie, l’Equateur, la Colombie et le Pérou, l’IFEA propose une série de webinaires qui se concentrent sur les spécificités d’un pays, en vue d’une éventuelle comparaison régionale entre les principales tendances du changement socio-politique en cours.

Le premier de ces webinaires a eu lieu le 15 mars sous le titre : « Protestations sociales et changements politiques dans la zone andine : le cas équatorien ». L’événement proposait d’analyser quels sont les principaux acteurs sociaux (mouvements, organisations, associations) qui contribuent actuellement à orienter le débat politique et social, en mettant l’accent sur les dynamiques qui permettent de comprendre le récent processus électoral.

Le débat a compté sur la participation de Floresmilo Simbaña, diplômé en sciences publiques et sociales et ancien dirigeant de la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur, CONAIE ; Fernando García, professeur chercheur du département d’Anthropologie, d’Histoire et de sciences humaines de la FLACSO-Équateur et Pablo Ospina, professeur d’Anthropologie à l’Université Andine Simon Bolivar, à Quito. La coordination scientifique de l’événement était assurée par Julie Massal (IFEA) et Maria Moreno, professeure invitée à la FLACSO-Equateur. 

Nuit des idées 2021

Le 28 janvier dernier, nous avons participé à « La nuit des idées », un événement mondial organisé depuis 2016 par l’Institut Français de Paris, qui réunit chaque année chercheurs et artistes autour d’une thématique commune, favorisant l’échange de connaissances et de points de vue. À cette occasion, le point de départ était le thème « Proches » : une façon d’explorer la compréhension de l’espace et des autres, entre chacun de nous et au sein de nos sociétés.

L’édition péruvienne de la Nuit des idées avait un programme très varié qui a été inauguré par une conférence intitulée « Civilizaciones : reinventemos nuestra historia », avec la participation de l’écrivain français Laurent Binet et du ministre péruvien de la culture, Alejandro Neyra. Cette « première édition andine » a été coordonnée par l’Ambassade de France au Pérou, les Alliances françaises, l’IFEA et France Volontaires.

Parmi les événements présentés par l’IFEA figuraient :

La table ronde : Proximité et éloignement dans les villes andines. Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelles implications sur les mobilités quotidiennes ? Quels projets?,  avec la participation de spécialistes péruviens et colombiens : Pablo Vega Centeno (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima), Germán Prieto (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá) et Priscille De Coninck (Agence Française de Développement, Colombie) et organisé par les chercheurs du projet « Les pratiques de la mobilité durable dans les métropoles d’Amérique latine : une étude comparée de Bogotá et Lima – MODURAL». Voir l’evénément:

Les présentations de chercheurs français regroupées sous le titre « Proches … de l’Amazonie » auquel ont participé : Raphaël Colliaux (IFEA), avec la présentation : L’Amazonie péruvienne face aux dynamiques économiques mondiales. Le cas de la voie navigable de l’Amazone ; Paul Codjia (Université McGill) : Plusieurs nations pour un seul État ? et Catherine Lara (IFEA) avec le sujet: Être potière en Amazonie. Voir les présentations:

La série d’entretiens intitulée : Entretiens : la génération du bicentenaire ? Entre revendications et solidarité, les mobilisations au XXIe siècle, sous la coordination scientifique d’Evelyne Mesclier (IRD/PRODIG) et d’Arthur Morenas (Université de Strasbourg), avec la participation de spécialistes de différentes provenances et disciplines : Hélène Combes, docteure en science politique et maître de conférences à Science Po, Paris ; Moises Rojas, sociologue et maître de conférences à l’UNMSM et à l’UPC, diplômé d’un master en politique comparée à la PUCP ; María Luisa Burneo, diplômée d’un master en anthropologie à l’EHESS, chercheuse à l’IEP et maître de conférences à la PUCP et Johnatan Vega Slee, diplômé d’une licence en histoire à l’UNMSM et candidat au diplôme master en Anthropologie à la FLACSO Equateur.  Regarder l’entretien:

Pour terminer la soirée, le  sujet « Étudier et enseigner le quechua : une science humaine et sociale » a été présenté à travers une vidéo intitulée « Runasimita Yachasun : Conversation avec César Itier (Inalco – Paris) »  voir la vidéo:

 

 

La colonialidad del poder y el sistema de justicia: una exploración marrón y decolonial

Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA

Presentación de César Bazán Seminario, Instituto de Sociología de la Universidad de Friburgo & Arnold-Bergstraesser Institut.

Reseña redactada por Miryam Nacimiento, doctoranda en antropología cultural por el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York – CUNY

El viernes 18 de diciembre de 2020, durante las Tardes de Jóvenes Investigadores, se llevó a cabo la exposición y posterior discusión de la investigación: “La colonialidad del poder y el sistema de justicia: una exploración marrón y decolonial”, realizada por César Bazán Seminario, estudiante de doctorado de la Universidad de Freiburg, Alemania. Con base a la revisión de expedientes fiscales, la conducción de entrevistas y la asistencia a audiencias judiciales, el estudio analiza la actuación de la Policía Peruana y del sistema de justicia durante el conflicto social en torno al proyecto minero de extracción de cobre “Las Bambas”, en Cotabamba, región Apurímac – Perú. Específicamente, se discutió el tratamiento policial y judicial de las protestas, las cuales estuvieron motivadas por modificaciones en el programa ambiental de la empresa extractiva de capitales chinos que operaba en el área. Inspirado en la aproximación teórica decolonial propuesta autores como Aníbal Quijano y Enrique Dussel, la investigación pregunta: ¿cómo se manifiesta la colonialidad del poder en los actores del sistema de justicia? La principal expresión de la colonialidad en lo sucedido en “Las Bambas” se identifica en la presencia de divisiones dicotómicas que estructuran las relaciones sociales y la vida diaria de los actores tales como civilización/ barbarie, centro/periferia o amigo/enemigo, oposiciones que emergen en la modernidad y que constituyen patrones de la “colonialidad del poder”.

Estas dualidades se manifiestan, por ejemplo, en el Plan de Operaciones implementado por la Policía Peruana para hacer frente a las protestas, en el cual los manifestantes no son tratados como ciudadanos ejerciendo su legítimo derecho a protestar, sino como terroristas o adversarios, a quienes se les intenta incluso de vincular con grupos subversivos. Para César Bazán, este tratamiento a la población local responde a una lógica racial que pone en desventaja a comunidades rurales, quechua hablantes y de piel “marrón” como las de Cotabamba. Por otro lado, la relación comercial entre China y Perú también expresa un vínculo colonial en tanto el poder económico protagónico global del primero se contrapone al rol periférico del segundo, en su calidad de país productor de materias primas. La colonialidad se manifiesta también en la subordinación de la Policía a la empresa con la que firma convenios remunerados para brindarle seguridad. Finalmente, se aludió al respaldo legal que reciben los intereses comerciales y extractivos por parte del sistema de justicia en tanto se obstaculizó la determinación responsabilidades por las tres muertes ocurridas durante las protestas.

La discusión posterior giró principalmente en torno a la utilización de categorías inspiradas en la teoría decolonial para la descripción de los actores. Específicamente, el expositor y las asistentes se detuvieron en la caracterización de manifestantes como “personas de piel marrón”, racializadas y criminalizadas por parte de otras “personas de piel marrón” (policías y abogados). De igual manera, se discutió las nociones de centro/periferia y Norte versus Sur Global, así como su utilidad para describir las complejas dinámicas de poder que hacen parte del conflicto en “Las Bambas” y que no necesariamente pasarían por un relacionamiento dicotómico por parte de los involucrados. Esto último se refleja, por ejemplo, en las difíciles condiciones de trabajo de la misma Policía. César Bazán Seminario argumentó que el tratamiento conceptual propuesto intenta dar cuenta del racismo y eurocentrismo, rasgos de “la colonialidad del poder”, y que influyen en las decisiones que toman los actores para favorecer a los intereses extractivos en desmedro de los manifestantes locales, comúnmente identificados como “no civilizados”. Finalmente, cabe destacar que Bazán Seminario conjuga el trabajo académico con el activismo en un colectivo de abogados, con el fin no solo de entender la relación entre el derecho y la colonialidad del poder, sino también de reivindicar lo que él designa como “lo marrón” o aquello que no es blanco.  

BIBLIOGRAFÍA

QUIJANO, Aníbal. (1992). Colonialidad y Modernidad/Racionalidad. Perú Indígena. 13 (29), pp. 11-20.

QUIJANO, Aníbal. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Lander, Edgardo (compilador). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, pp. 122-151.

QUIJANO, Aníbal. (2007). Colonialidad del poder y clasificación social. En: Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (editores). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar: 93-125.

WALLERSTEIN, Immanuel. 2006. Análisis de sistemas-mundo: una introducción. 2da edición. México DF: Siglo XXI.

El rapado: La violencia de Sendero Luminoso contra las mujeres andinas

Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA

Presentación de Renzo Aroni Sulca, Universidad de Columbia – Nueva York (23 de octubre 2020)

Reseña redactada por Anaïs Vidal-Jaumary, doctoranda en Historia por el IHEAL y la PUCP

Renzo Aroni nos presenta un capítulo de su tesis de doctorado en el cual aborda el tema del corte de cabello de mujeres andinas (rapado) en el medio de la masacre de sus esposos, realizada por Sendero Luminoso, (distrito de Huamanquiquia, 1 de julio de 1992). 

Renzo examina el significado cultural y simbólico de estos actos en este contexto y período, es decir, en las comunidades andinas durante el conflicto armado. Su investigación se centra en dos preguntas: ¿Por qué los senderistas raparon el cabello de estas mujeres y cómo justifican sus acciones? Y ¿qué relatos ofrecen las mujeres que sufrieron esta misma acción?

Las primeras fuentes del investigador son los testimonios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y las entrevistas con una senderista que participó en la masacre y que habla de su decisión de cortar las trenzas de las mujeres en lugar de matarlas. Notamos que su justificación y argumentos contrastan con los testimonios de las viudas. 

Para poder entender la masacre del 1 de julio, el investigador contextualiza su estudio detallando el desarrollo de la coalición campesina de resistencia y también, la violencia retributiva de Sendero Luminoso. Detalla también el relato de esta masacre, tal como fue contado por testigos el 9 de abril del 2002 durante la cuarta sesión de las audiencias públicas en Ayacucho, organizada por la CVR.    

Según los testimonios y los puntos de vista de los y las entrevistados(as); el significado del corte de cabello por la fuerza, de las trenzas en este caso particular, por parte de los senderistas, varía bastante. Primero, este puede representar una manera de castigar sin matar, incluso, por demanda de parte de estas mujeres para salvar sus vidas. En segundo lugar, es un acto mucho más grave, humillante. Esta acción violenta en contra de una colaboración o supuesta colaboración con los enemigos de Sendero Luminoso, sucedió en el medio del terror, torturas y pérdida de seres queridos. El trauma persistió no sólo en el período de crecimiento del cabello sino también el resto de sus vidas: “Era como matarnos”. En este contexto, el corte se entiende histórica y culturalmente como un acto de castigo, como una humillación pública. Si esta forma de violencia física fue usada por los senderistas entre otros castigos corporales, el investigador subraya que este método violento se practicaba a veces, en los pueblos andinos. Siguiendo la mirada de Carlos Iván Degregori, lo analiza como una continuación de la antigua sociedad señorial. 

Más allá de la humillación, el corte de cabello tiene un significado importante en la cosmovisión andina. De hecho, el cabello es parte integral del cuerpo de la mujer, físicamente pero también en su concepción cultural. Es una manifestación de la fuerza vital y es importante subrayar que el cabello caído, cortado, debe ser quemado para que el alma de la persona no sufra de la pérdida. Por ello, Renzo Aroni menciona que las mujeres recogieron sus trenzas al día siguiente de la masacre. Su investigación se apoya, también, en trabajos sobre el corte de cabello de las mujeres francesas durante la Segunda Guerra Mundial, en relación con las acusaciones de traición por acostarse con el enemigo[1]

Finalmente, desde la concepción andina, el corte de cabello tiene significados diferentes y mucho más profundos que los propuestos por el informe de la CVR y otros estudios, los cuales se concentran en el castigo humillante. Ahí, se combinan varias formas de violencia: agresión física, punitiva, psicológica, incluso sexualizada.

BIBLIOGRAFÍA

Aroni, Renzo. “Huamanquiquia: Indigenous Peasant Resistance against the Shining Path in Peru.” Ph.D. Diss., University of California, Davis, 2020.

Boesten, Jelke. Sexual Violence during War and Peace: Gender, Power, and Post-Conflict Justice in Peru. New York: Palgrave Macmillan, 2014.

Coxshall, Wendy. “Rebuilding Disrupted Relations: Widowhood, Narrative and Silence in a Contemporary Community in Ayacucho, Peru.” Ph.D. Diss., University of Manchester, 2004.

Sebba, Anne. Les Parisiennes: How the Women of Paris Lived, Loved and Died in the 1940s.London: Weidenfeld & Nicolson, 2016.

Sherrow, Victoria. Encyclopedia of Hair: A Cultural History. London: Greenwood Press, 2006.

Theidon, Kimberly. Intimate Enemies: Violence and Reconciliation in Peru. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013.

Virgili, Fabrice. Shorn Women: Gender and Punishment in Liberation France. Translated from the French by John Flower. Oxford and New York: Berg Publishers, 2002.

[1] https://www.abc.es/historia/abci-cruel-castigo-resistencia-francesa-prostitutas-tuvieron-sexo-nazis-201808230139_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

Narraciones de la Independencia del Perú: presentación de Anaïs Vidal-Jaumary (IHEAL/PUCP)

Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA

Por Mélanie Lercier, voluntaria internacional IFEA y doctoranda en antropología por la Universidad Rennes 2

            El 20 de noviembre del 2020 se llevó a cabo una nueva sesión de las Tardes de los Jóvenes Investigadores del IFEA. Con enfoque histórico y antropológico, Anaïs Vidal-Jaumary nos presentó parte de su tesis doctoral en una ponencia titulada “Narraciones de la Independencia del Perú”. Anaïs analizó, 200 años después de darse la Independencia, los relatos del evento por pobladores tanto rurales como urbanos en el Cañón del Colca (Arequipa), Apurímac, Cusco y Lima capital. Partiendo de la observación de que existe una versión de la historia de la independencia peruana que predomina, Vidal-Jaumary procuró acercarse a las percepciones personales del evento histórico, con la meta de elaborar un panorama de las visiones peruanas acerca de la Independencia, y explorar las posibles causas y consecuencias del desarrollo de distintos relatos históricos.

            Por lo tanto, ella planteó las siguientes preguntas: ¿cuáles son las visiones de la Independencia que se enfrentan? ¿En qué las diferencias de percepción son un objeto de estudio particular? ¿Cuál es el papel de la Historia y del historiador(a) frente a tales disimilitudes? ¿Cuáles son las opciones para llegar a un relato nacional más cercano a los hechos históricos?

            Para contestar estas interrogantes, la ponente se basó en una abundante bibliografía historiográfica, la cual le ayudó a enmarcar su trabajo de archivo en Perú. Retomando un concepto de Carlos Contreras y Luis Miguel Glave, Vidal-Jaumary destacó principalmente tres maneras de ver el proceso de emancipación política del Perú, al hablar de Independencia concedida, conseguida y concebida.

            Por otro lado, Vidal-Jaumary amplió su método histórico con un enfoque antropológico, al hacer trabajo de campo en varios lugares del Perú para recoger las narraciones locales sobre la Independencia. Complementó estas entrevistas con encuestas realizadas en línea.

            Varios resultados salieron del trabajo de campo de Vidal-Jaumary. Primero, un aspecto muy interesante a nivel local fue la presencia de distintas formas de hacer memoria y manejar símbolos comunes para crear identidades fluctuantes, lo cual reforzó las hipótesis iniciales de la ponente. Además de cuestionar la noción de la «Identidad peruana», ello permitió ver el panorama de los relatos de la Independencia según la relevancia a nivel local de ciertos acontecimientos históricos. Así, en algunos lugares, los pobladores se refirieron a un pasado incaico mientras que en otros recurrieron a personajes simbólicos como Túpac Amaru II, Micaela Bastidas y Alfonso Ugarte. Como bien remarcó la ponente, estos símbolos muy poco tienen que ver con la Independencia peruana sino con eventos históricos más recientes, desde la guerra del Pacífico a la Reforma agraria de 1969 y las políticas indigenistas del s.XX, cuyo impacto en las memorias locales depende de la ubicación geográfica de las poblaciones entrevistadas. A manera de apertura, Vidal-Jaumary mencionó el impacto de la migración urbana y/o transnacional en estos relatos.

            La ponente también presentó los límites de una investigación multisituada, que por su riqueza también trae demasiado material para una tesis doctoral, lo cual seguramente llevará a Anaïs a explorar parte del tema en un trabajo post-doctoral.

            Después de la presentación hubo un tiempo de intercambio entre el público y la ponente. Varias preguntas de los asistentes trataron del tema de la metodología usada para el trabajo de campo, entre otras: ¿cómo había seleccionado a sus entrevistados? ¿Había entrevistado a sabios locales? ¿Existen distintos relatos según el género de los entrevistados?

            Vidal-Jaumary dio luces sobre su proceso de investigación, precisando que su único criterio había sido la elección de personas con distintas edades mas no el género o la educación. Asimismo, la elección de los lugares donde hacer trabajo de campo fue más el resultado de criterios logísticos y personales. Para contestar preguntas complementarias, Vidal-Jaumary remarcó que articulaba sus fuentes según la dinámica de la historia comparativa y había limitado sus zonas de estudio a tres lugares a pesar de la riqueza de los relatos en el norte del Perú y la Amazonía, ya que tal cantidad de datos supera el objetivo de una tesis doctoral. Finalmente, Vidal-Jaumary insistió en la importancia del conflicto y la guerra en los relatos de la Independencia en tanto tema asociado con el reforzamiento de la identidad nacional.

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Vulnerabilidad social en la política de gestión de riesgo de desastre (Lurigancho-Chosica)

Tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA: Presentación de André Anaya (PUCP)

Reseña redactada por Jorge Bayona, doctorando en historia por la Universidad de Washington

El viernes 18 de septiembre se realizó una nueva sesión de las Tardes de Jóvenes Investigadores, en la cual tuvimos la oportunidad de conocer la investigación de André Anaya titulada: “El desastre des-naturalizado: enfoque de vulnerabilidad social en la política de gestión de riesgo de desastre (GRD) en Lurigancho-Chosica, Quebrada Carosio”. Tras una interesante exposición, los asistentes y el ponente pudieron intercambiar pareceres al respecto.

Siguiendo a autores como Fischer, Giddens, Beck y Wilches-Chaux, y por medio de su caso de estudio de la Quebrada Carosio en Lurigancho-Chosica, Anaya propone que las teorías de ciencias sociales tienen un aporte que brindar a la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD). Es decir, en lugar de solo estudiar el riesgo y la vulnerabilidad que presentan los “desastres naturales” desde la perspectiva de las ciencias físicas y la ingeniería, un enfoque en el que se incluye la perspectiva de las ciencias sociales resulta más efectivo. Esta perspectiva, al entrar en diálogo con los habitantes de la zona para comprender sus necesidades y recoger sus conocimientos, tendrá mejores resultados que una aproximación prescriptiva vertical, en la cual los científicos e ingenieros se limitan a dar instrucciones a la población respecto de las medidas que se tomarán.

Anaya ilustró la necesidad del diálogo con las poblaciones locales con un ejemplo muy sugerente. En una ocasión, las autoridades decidieron enviar maquinaria pesada a remover piedras y detritos que podrían resultar una amenaza en caso de lluvias. Esta iniciativa prosiguió pese a las advertencias de las habitantes de la zona, quienes les indicaban que al realizar esta obra en los tempranos meses del año, se exponían a las mismas lluvias cuyo efecto querían minimizar. En efecto, cuando llegaron las lluvias, el agua arrastró la maquinaria pesada quebrada abajo donde causó daño entre las viviendas de la zona.

Por medio de su trabajo de campo, Anaya diagnosticó las características de las comunidades que residen en la Quebrada Carosio. Se tratan de asentamientos humanos llamados Buenos Aires y Moyopampa, respectivamente. Según Anaya, entre sus diferencias tenemos que, si bien ambos están conformados por migrantes que llegaron a los alrededores de Lima, en Moyopampa habitan mayormente personas que están “de paso”, en el sentido de que residen en viviendas alquiladas mientras consolidan su situación laboral y social en la ciudad, y que tienen la intención de mudarse a un lugar más céntrico tras un período relativamente breve. Como resultado de la constante circulación de residentes, la cohesión social en este asentamiento humano es más débil. En cambio, Buenos Aires, pese a tener una infraestructura más precaria que Moyopampa, tiene una población más estable y, por ende, mayor cohesión social. Esto incide en la manera en que se pueden organizar para resistir los desastres naturales en la zona.

Presentación de André Anaya © IFEA

Según Anaya, una perspectiva de ciencias sociales ayudará a reducir los efectos adversos de los desastres naturales. Si bien se han hecho avances que han posibilitado una mayor integración con la comunidad local, todavía no se ha alcanzado el potencial completo. Con un aporte de las ciencias sociales se podría articular una mejor respuesta al desastre, con medidas como el desarrollo de capacidades de la población local, alineación de participación e intereses, y manejo de la información y conocimiento. Estos aportes llevarían a una mejora en los medios para prevenir los efectos perjudiciales, así como en la evaluación de los problemas y limitaciones de los proyectos GRD existentes.

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La migration en héritage

Par Sébastien Jallade (IFEA)

La pandémie a offert le triste spectacle de milliers de familles quittant Lima à pied, au milieu du désert, pour s’en retourner dans leurs villages d’origine. Une fois la surprise passée, il conviendrait de poser les bonnes questions. Qu’avait-on, collectivement, à proposer face à cet exode aussi subi que spontané, né d’une des crises sanitaires majeures de ces dernières décennies ? Si l’on omet le cas singulier de la migration vénézuélienne, l’État avait tant bien que mal pensé aux expatriés partant ou revenant au Pérou, prévu un accueil à la base militaire n°8 de l’aéroport Jorge Chavez, affrété des véhicules vers les hôtels des beaux quartiers de la capitale, pour 15 jours de quarantaine. Mais pour les migrants des quartiers dits « périphériques », pas même un bus n’avait été prévu.

Ce silence, assourdissant, collectif, témoigne d’un impensé. Tout fonctionne comme s’il y avait une discrimination inconsciente dans le traitement de l’expérience migratoire. L’une, internationale, relèverait d’une mobilité identifiée, reconnue, marquée du sceau du rapport au « sol national ». L’autre, la migration interne, aurait droit à un traitement mineur, qui relèverait somme toute d’un problème privé.

Cette paralysie, cette inaction, est le reflet des représentations de la migration interne au Pérou. Ne pas reconnaitre le processus de déracinement que celle-ci induit, c’est aussi taire les ruptures et recompositions multiples qui se produisent dans la vie des individus et des collectifs. La construction des subjectivités, les relations sociales et la vie professionnelle sont mises au défi durablement : discontinuités, arrangements et reconfigurations deviennent le lot quotidien. Vertueux ou chaotiques, dynamiques ou précaires, les processus qui en ressortent se tissent dans des espaces de citoyennetés différenciés, car non pleinement reconnus. Ils fragilisent une expérience déjà marquée par des changements de repères profonds, parfois même de langue, sans pour autant changer de pays.

À l’heure où le Pérou se questionne sur le terreau de son identité collective, il conviendrait de s’interroger sur des stratégies concrètes de revalorisation de la migration interne, de ses acteurs et de ses processus. Depuis les années 2000, un nouveau champ d’action prend son essor un peu partout sur la planète, celui de la « patrimonialisation de la migration ». Ce mouvement, très hétérogène, aspire à faire reconnaître la singularité de l’expérience migratoire: par exemple, intégrer les migrants, leurs lieux, leurs objets, leurs valeurs, leurs mémoires, dans le récit national ; ou au contraire valoriser les expressions de leurs singularités ; ou bien encore promouvoir des dynamiques de reconnaissance, d’interaction et d’action destinées à ces acteurs fragilisés par des bouleversements profonds, tout en les reconnaissant comme une richesse pour les sociétés d’accueil ; pour certains États, enfin, c’est aussi affronter le délicat devoir de mémoire lié à l’esclavage ou à la colonisation, processus souvent conflictuel et loin d’être achevé[1].

Il ne faut pas se méprendre sur la nature de ce mouvement. Loin d’ajouter une pierre à l’interminable production de patrimoines en tout genre, l’idée est bien d’établir de véritables partenariats stratégiques avec les acteurs issus des migrations, dans un contexte de mondialisation marquée par l’essor des mobilités. Comme le dit Hélène Bertheleu en préambule d’un livre publié sur le sujet, « ces questions sont importantes car les narrations qui tentent de restituer les expériences migratoires nous parlent aussi et peut-être surtout de reconnaissance, de citoyenneté́ et d’horizon démocratique »[2].

Pour le Pérou, ce serait aussi un pari pour l’avenir : et si les acteurs de la migration pouvaient être un levier pour penser la société dans toute sa pluralité ? Et une façon, pour l’État, de proposer un outil innovant en matière d’interculturalité ?

Les associations de migrants, à Lima et dans tout le pays, se comptent par milliers. Acteurs pluriels et dynamiques, ils articulent à une échelle familiale ou communautaire un large faisceau de processus entre ceux « restés au pays » et ceux qui sont partis. Par exemple, l’Asociación Hijos del Distrito de Accomarca, à Ate Vitarte, fédère en son sein des dynamiques multiples : fête patronale, projets productifs, appui judiciaire aux victimes des crimes perpétrés lors du conflit armé interne, participation aux concours de comparsas de carnavals de migrants d’Ayacucho à Lima. C’est aussi le cas du Centro Social de Hualla, moteur d’innombrables interactions pour les migrants de Victor Fajardo, notamment autour du Pumpin, et décrit par Renzo Aroni dans ses travaux[3]. Ou encore l’association des migrants de San Juan de Collata (Huarochiri, Lima), qui il y a peu révélait des quipus de l’époque coloniale, qui fascinent les chercheurs et les médias du monde entier. C’est encore le cas de l’association Mayunmarca, que j’ai la chance de suivre depuis plusieurs années déjà, et qui est composée de migrants de Chungui (La Mar, Vraem). Malgré le statut d’État d’urgence de la zone, où règnent le trafic de drogue et une violence latente, ces migrants y expérimentent des projets patrimoniaux et culturels originaux là où les acteurs traditionnels de l’État, dans ce domaine, sont éminemment absents. Dans tout le pays, des associations inventent, impulsent, dialoguent, recomposent, se trompent parfois, essaient à nouveau. Elles le font bien souvent seules, sans moyens ; elles dessinent les contours d’une citoyenneté active issue de la migration.

© Morfi Jimenez, S/T, de la série « Cerros de Lima ».

Investir ces espaces, identifier les acteurs, valoriser les dynamiques qui en émergent, interroger les mémoires et leurs transformations, les zones d’ombres aussi (pensons à la colonisation incontrôlée et massive de l’Amazonie), seraient autant de façons de répondre à ce défi. C’est bien là un patrimoine unique, qui se reconfigure, actualise et dépasse les sempiternels discours sur l’identité nationale. Voilà une catégorie d’acteurs indispensable, qui devrait se trouver au cœur des stratégies impulsées par l’État, et notamment par le Secteur culture, puisqu’en matière de patrimonialisation, mais aussi d’interculturalité[4], le Ministère de la culture (Mincul) est l’acteur désigné pour impulser de telles politiques.

Or la crise du Covid-19 a révélé l’inverse. Au moment où l’État avait un besoin vital d’activer des relais et de proposer des leviers d’action, le Mincul a plongé dans la crise. Crise politique, avec la démission d’une ministre ; mais aussi paralysie institutionnelle, et même conceptuelle. Pendant près de deux mois, aucune action d’envergure n’a permis de faire participer activement le secteur aux défis posés par la pandémie. Il a fallu attendre le 10 mai pour voir le Mincul produire un décret législatif, « qui établit des actions pour la protection des populations indigènes ou aborigènes dans le cadre de l’urgence sanitaire déclarée par le Covid 19 ». Ce document ne proposait rien de concret : aucun outil sur lequel s’appuyer, aucune vision. Ce qui fit dire à l’anthropologue Alberto Chirif, que non seulement ce décret était « insignifiant », mais que la seule explication qu’il trouvait face à cette paralysie, était qu’« on ne sait pas quoi faire »[5].

Quels sont les signaux qui ont manqué, les acteurs non identifiés, les outils institutionnels absents ou inadaptés, les compétences dédiées à d’autres enjeux somme toute moins prioritaires qui n’ont pu être mobilisés ? Cet exode en forme de reflux est aussi le reflet d’une inadéquation de l’État et de ses modalités de fonctionnement. Il existe un décalage profond entre l’organisation institutionnelle du ministère et les exigences du moment ; en d’autres termes, entre son diagnostic, ses outils et ses pratiques ; entre sa lecture des phénomènes sociaux au Pérou et les dynamiques qu’elle impulse. Car ce sont bien les imaginaires qui aboutissent aux politiques publiques. On réalise un bilan, puis on crée des outils institutionnels, on établit des budgets, on embauche des spécialistes, on identifie des relais dans la société civile, on instaure des protocoles d’action qui, normalement, devraient répondre à une logique d’acteurs.

La question de la « patrimonialisation de la migration », très segmentée au Pérou, illustre ces carences. Prenons un exemple : en 2018, le responsable du Musée afro péruvien de Zaña, Luis Rocca Torres (comm. pers., 2018), m’évoquait les souvenirs du processus difficile qui avait conduit à faire de la ville un site de mémoire associé à la « Route de l’esclave » de l’UNESCO[6]. Selon ses dires, le Mincul se désintéressa du projet dès l’origine et n’appuya pas la réalisation du dossier de candidature. Pendant 4 années, les acteurs locaux durent réaliser seuls les recherches, réunir les documents, les cartes, fouiller les archives des recensements, recueillir les récits oraux des anciens habitants de Zaña, nés au début du siècle dernier. L’objectif était de valoriser l’héritage afro péruvien de toute la vallée (11 districts), ancienne terre d’haciendas et d’esclavage, non loin de Lambayeque. Beaucoup de descendants d’esclaves y sont restés. Des associations existent. La mémoire se perpétue aussi par une mise en valeur des dynamiques culturelles locales[7]. Malgré tout cela, Luis Rocca Torres rappelle qu’il fallut organiser une campagne nationale et internationale de recueil de signatures pour que le Mincul finisse par accepter d’envoyer le dossier de candidature à Paris, siège de l’UNESCO : le ministère « ne voulait pas reconnaître qu’il y avait eu 3 siècles d’esclavage à Zaña », parce qu’il n’y avait pas de « cadre légal » pour cela. À l’approche de la déclaration, en 2017, le Mincul octroya finalement un diplôme au maire de Zaña, acte ressenti localement comme une façon de s’approprier l’initiative. Les acteurs locaux insistèrent pour qu’une plaque soit déposée dans l’enceinte même du musée communautaire afro péruvien de la ville, en présence du ministre de la culture de l’époque (Salvador del Solar). Loin d’avoir fait de ce processus un espace de légitimité et d’action pour les acteurs locaux, le Mincul l’avait cantonné à sa dimension normative ou symbolique[8]. On est évidemment très loin de l’idée de coopération, ou de cogestion, entre acteurs.

Ainsi, une politique de « patrimonialisation de la migration » non clairement assumée, élaborée dans un cadre conceptuel et légal flou, ne prenant pas en compte, dans une logique de partenariat, tous les acteurs issus de la migration interne au Pérou, ne peut aboutir qu’à des pratiques incohérentes. Dans ce contexte, il conviendrait de questionner les valeurs et pratiques sous-jacentes à l’application de l’approche interculturelle par l’État. En 2011, Norma Correa Aste[9] soulignait « les biais indigéniste et rural des politiques interculturelles », qui « limitent leur application à d’autres secteurs de la population. Il est donc fondamental d’élargir le champ d’action des politiques interculturelles afin d’intégrer les zones urbaines ». L’auteur énumérait aussi les carences dans ce domaine, marquées par le « manque d’outils techniques », le « manque de gestion », la « dispersion d’initiatives », ou encore le « faible contrôle ». Ainsi, à l’exception notable de la Ley de consulta previa, (dont la mise en œuvre est difficile par ailleurs), beaucoup d’instruments interculturels du secteur Culture se présentent sous forme d’outils ou de modèles de « bonnes pratiques » plus que de politiques concrètes, centrées sur des logiques d’acteurs. Citons par exemple le « Guide de médiation culturelle », le « Guide des services publics ‘avec pertinence culturelle’ », ou encore une « carte sonore des langues ».

Par ailleurs, le Secteur culture dispose bien d’un instrument emblématique de patrimonialisation des mobilités territoriales au Pérou, mais il s’agit de chemins du passé. Le projet Qhapaq Ñan est devenu la plus grande politique patrimoniale de ces 20 dernières années au Pérou. La promotion de l’usage social contemporain des chemins incas sert de caution et de prétexte à une production massive de discours patriotiques et de pratiques en tout genre (projets de restauration et de conservation, éducation au patrimoine, logiques de développement, etc.). Or, si on y regarde de plus près, l’usage social supposé des anciens chemins préhispaniques est une vue de l’esprit. L’essor des routes, les migrations et la fragmentation inéluctable des chemins ruraux dans les Andes est partout la règle. Ces voies de communication n’intègrent plus les territoires qu’elles traversent, ni à une échelle régionale, ni nationale, sauf rares exceptions[10]. Les populations rurales qui les utilisent encore, sur des distances de plus en plus courtes, ne le font pas pour une supposée appropriation patrimoniale, mais pour ce qu’ils sont : des chemins. Le Mincul s’enferme ici dans une lecture nostalgique des mobilités territoriales du pays (promotion des anciens chemins), et peine à sortir le mot « culture » du carcan temporel, conceptuel et institutionnel dans lequel il l’a enfermé. Le surpoids manifeste d’une certaine vision de l’archéologie dans l’organisation institutionnelle du ministère pose question.

Glorification nostalgique des chemins du passé, silence sur ceux du présent : en matière de « patrimonialisation de la migration », le Mincul n’est pas le seul à promouvoir une vision biaisée du passé, même si les registres de discours diffèrent. Malgré une scénographie réussie, pédagogique et ludique, le Museo Metropolitano de Lima, inauguré en 2010, propose une lecture romanesque du destin de la ville. Telle une saga héroïque, l’histoire devient un scénario équivoque fait de grandes dates, de héros et de grandes batailles. La Nation (ici symbolisée par sa capitale) y perd bien des couleurs : la scénographie ôte toute complexité aux phénomènes sociaux, escamote les mémoires subalternes et masque une quantité invraisemblable d’acteurs, à commencer par ceux de la migration, très peu représentés.

Ces formes d’écritures de l’histoire ne préparent-elles pas les rendez-vous manqués de demain ? Il y a quelques années, les historiennes Paule Petitier et Sophie Wahnich parlaient de « fantasme de conte », pour désigner les récits, présents partout sur la planète, où, à l’image des contes de fées, « le rôle du conteur se termine quand les héros parviennent à une vie paisible et sans histoires » : « Ils furent heureux et ils eurent beaucoup d’enfants »[11]. L’histoire, mise au service du roman national, devient un « patrimoine à préserver », celui des jours heureux, « ritualisant la présence des ancêtres » par de subtils raccourcis avec le passé. Les historiens reprenaient en cela l’idée « d’histoire froide » de Claude Lévi-Strauss, où, dans La Pensée sauvage, narrer l’histoire serait « perpétuer un mode d’être au monde immuable », une manière de « raconter ce fantasme d’un monde sans altérité perturbatrice, sans contradictions, et le rendre agissant ».

Ce type de récits s’inscrit bien dans un paradigme de « fin de l’histoire », comme le rappelle une autre historienne, Ludivine Bantigny, dans le même ouvrage. Le passé devient une ressource stratégique congédiant toute altérité au nom du modèle politique dominant. C’est aussi une façon de confisquer l’avenir : la quête émancipatrice, ce serait celle des racines, de l’identité, dévalorisant tout recours à des projets alternatifs, notamment socio-économiques, ou à l’idée même d’utopie. Le retour aux sources comme horizon d’attente. À ce titre, le Covid-19 marque l’irruption de l’évènement avec un grand « E », sous forme de crise, dans un panorama dominant de discours de « fin de l’histoire ». Elle rappelle combien ce type de récits ne répond qu’imparfaitement aux défis démocratiques des sociétés où ils s’inscrivent.

© Manuela Calleguerrero, « La sombra que quedó” (acrílico/tela 100×120 cm, 2013) ».

Pourtant, là encore, quelques initiatives concrètes de « patrimonialisation de la migration » s’esquissent, souvent à la marge. C’est le cas, de façon plutôt timide, du Lieu de la Mémoire, la Tolérance et l’Inclusion sociale (LUM), intégré tardivement (et un peu par défaut) au Mincul, sous le gouvernement Humala. La migration n’est pas la thèse centrale du musée : quelques chiffres, quelques dates, des représentations de la migration (notamment des peintres de Sarhua), quoique trop peu. Le couloir dédié à ce sujet souffre d’une vision esthétique et mélancolique de la migration. Des phrases poétiques en Quechua, au sol, dialoguent avec des photographies de paysages désertés de toute vie, aux murs, censés métaphoriser une poétique du déracinement. Les migrants apparaissent encore sporadiquement, au second étage, sous la forme de leurs collectifs, de leurs combats et des défis du moment. Outre le musée, les responsables du LUM élaborent aussi quelques collaborations ponctuelles avec des associations de migrants de Lima.

Ils imitent surtout, en cela, les pas d’une autre institution, du secteur Justice : la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. La CMAN est chargée des réparations liées au conflit armé interne. Elle établit des partenariats stratégiques avec la société civile depuis plusieurs années déjà. À Lima, Abancay, Ayacucho, Huancayo ou Huamachuco, les migrants sont autant d’acteurs avec lesquels l’institution noue des dialogues pluriels et constants. Sans aucun doute, le secteur Justice, au travers des dynamiques de réparations, a compris avant d’autres la nécessité d’établir des ponts avec les acteurs de la migration. Ce dialogue s’inscrit dans un cadre conceptuel et légal précis. La migration forcée est une catégorie reconnue par la loi, comme conséquence des dynamiques de mémoire et de réparations nées des cendres du conflit armé interne. Cette institution construit en cela une véritable politique publique, que la technocratie pourrait qualifier « d’interculturelle », sur ce sujet si épineux. On voit combien représentations, diagnostics, cadre légal, institutionnel et moyens d’interventions sont intimement liés.

Je voudrais terminer cette note en recourant à la force évocatrice de la littérature. Julio Noriega, dans plusieurs de ses ouvrages[12], rappelle qu’une des grandes figures de la littérature contemporaine de langue quechua est bien le migrant. Alimentée par l’essor des routes et de la radio, mais aussi le mythe de l’éducation, la migration interne au Pérou a longtemps fonctionné « comme une incitation constante à l’aventure vers l’inconnu ». Le départ était associé à un « voyage de reconquête » que les différentes étapes de la migration métaphorisaient : la douleur de la séparation, le long chemin vers la ville, puis la conquête des espaces urbains. On ne peut qu’éprouver une vraie joie à découvrir, au fil des pages, un foisonnement de sentiments, qui trouvent leur traduction dans des thématiques récurrentes ; sous-jacente à bien des textes, la difficile coexistence entre deux cultures, l’épineuse question de la marginalité, l’intégration, l’ascension sociale ; mais aussi, un jour peut-être, le retour, comme une impossible rédemption ; pour toujours, l’exil et le déracinement.

Ces chants, ces nouvelles, ces poèmes, mis en valeur par l’auteur, traduisent depuis des années des processus infinis de croisements, de reconstructions et d’hybridation. Ceux-ci « transcendent » les frontières géographiques et culturelles, tout autant que les catégories institutionnelles (et académiques) dans lesquelles on voudrait les enfermer. Ces processus sont aussi éminemment politiques : loin d’individus passifs enfermés dans la pauvreté et le passé, arpentant les mêmes chemins depuis des siècles, les migrants ne cessent d’être des acteurs de leur destin et de participer à la construction de la Nation. Ces histoires racontent le destin de millions de femmes et d’hommes qui ont fait de la migration le phénomène social majeur des 70 dernières années au Pérou.

Photo d’illustration principale : avec les remerciements de Morfi Jimenez, S/T, de la série « Cerros de Lima ».

Photo d’illustration n°2 : avec les remerciements de Manuela Calleguerrero, « La sombra que quedó” (acrílico/tela 100×120 cm, 2013) ».


[1] Il existe de très nombreux travaux sur ces sujets. Lire notamment : Fourcade, M.-B. ; Legrand, C. (dir. 2008). Patrimoine des migrations, migrations des patrimoines. Québec : Les Presses de l’Université Laval, coll. « Intercultures ». Barbe, N. ; Chauliac, M. (dir., 2014). L’immigration aux frontières du patrimoine. Paris : Maison des Sciences de l’Homme, coll. « Ethnologie de la France ». Pontes Giménez, V. (2016). Los museos de la inmigración como modelo para la musealización del patrimonio inmaterial. Granada: Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 47, pp. 115-130. Devoto Fernando, J. (2011). Los museos de las migraciones internacionales: entre historia, memoria y patrimonio. En Ayer, 83, Fascismo y políticas agrarias: nuevos enfoques en un marco comparativo, pp. 231-262.

[2] Bertheleu, H. (dir.) (2016). Mémoires des migrations en France. Du patrimoine à la citoyenneté, Rennes : Presses universitaires de Rennes, coll. « Des sociétés ».

[3] Aroni Sulca, R. (2013). Sentimiento de Pumpin: música, migración y memoria en Lima. Perú : Tesis, México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 41-48.

[4] Via le Vice-ministère de l’interculturalité.

[5] Chirif, A. (22/04/2020). ¿Conocen en el Mincul qué significan las palabras emergencia y urgencia ? En https://www.servindi.org/actualidad-opinion/22/04/2020/conocen-en-el-ministerio-de-cultura-que-significan-las-palabras.

[6] La « Route de l’esclave », promue par l’UNESCO depuis 1994, vise à promouvoir des dynamiques de mémoire et de recherche sur la question de la traite négrière et de l’esclavage. En Amérique latine, Zaña fut le 7ème site concerné.

[7] Par exemple : Torres, Luis Rocca (2011). Baile tierra, Músicas y cantares de Zaña. Chiclayo : Museo Afroperuano.

[8] Outre la reconnaissance de Zaña en tant que “Dépositaire Vivant de la Mémoire Collective Afro Péruvienne” (décret ministériel N° 187-2015-MCn), nous pouvons citer la Journée de la Culture Afro péruvienne (4 juin), créée en 2006. 

[9] Correa Aste, N. (2011). Interculturalidad y políticas públicas: una agenda al 2016. Lima : PUCP/CIESE.

[10] Jallade, S. (2020). Los caminos andinos en el Perú: contradicciones y desafíos para una política pública intercultural. En : C. Gnecco, El señuelo patrimonial, Pensamientos post-arqueológicos en el camino de los Incas, Revista Diálogos patrimonio Cultural, Tunja : Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

[11] Millet, C. ; Petitier, P. (dir. 2015). Ecrire l’histoire, dossier « La fin de l’histoire », 15, CNRS Éditions.

[12] Entre autres: Noriega Bernuy, J. Caminan los apus: escritura andina en migración. Lima: Pakarina Ediciones, 2012 ; Noriega Bernuy, J. Escritura quechua en el Perú. Lima : Pakarina Ediciones, 2011.

La migración como herencia

Escribe Sébastien Jallade (IFEA)

La pandemia mostró el triste espectáculo de miles de familias en pleno desierto, saliendo de Lima a pie, para volver a sus pueblos de origen. Superado el desconcierto, corresponde plantearse las preguntas adecuadas. ¿Qué hubiésemos podido proponer de manera colectiva frente a este éxodo tan forzado y espontáneo a la vez, originado por una de las mayores crisis sanitarias de estas últimas décadas? Haciendo caso omiso de la migración venezolana, el Estado había relativamente planificado el recibimiento de los expatriados dentro y fuera del Perú, en la base militar Grupo 8 del Aeropuerto Jorge Chávez, y había dispuesto vehículos para transportarlos hacia los hoteles de los barrios residenciales de la capital, para los 15 días de cuarentena. Pero para los migrantes de los barrios periféricos, no se había dispuesto movilidad alguna.

Este silencio, ensordecedor, colectivo, revela lo ignorado. Todo funciona como si hubiese una discriminación inconsciente en el trato de la experiencia migratoria. Una, internacional, relevaría de un problema público, identificado, reconocido y marcado por el sello de la relación con el « territorio nacional »; otra, la migración interna, merecería un trato menor que, al fin y al cabo, se tornaría en problema privado.

Esta parálisis, esta inacción, es el reflejo de las representaciones de la migración interna en el Perú. No reconocer el proceso de desarraigo inducido, es también acallar las rupturas y recomposiciones múltiples que se producen en la vida de los individuos y colectivos. La construcción de las subjetividades, las relaciones sociales y la vida profesional son cuestionadas duraderamente: discontinuidades, arreglos y reconfiguraciones devienen en situaciones recurrentes. Virtuosos o caóticos, dinámicos o precarios, los procesos resultantes se tejen en espacios diferenciados de ciudadanía, al no ser plenamente reconocidos. Fragilizan una experiencia ya marcada por cambios profundos de referencias, que a veces implican un cambio de idioma, dentro de su propio país.

A la hora en que el Perú se cuestiona sobre el sustrato de su identidad colectiva, convendría interrogarse acerca de estrategias concretas de revalorización de la migración interna, sus actores, sus procesos. Desde los años 2000, un nuevo campo de acción está floreciendo en casi todo el planeta, aquel de la « patrimonialización de la migración ». Este movimiento, muy heterogéneo, aspira a lograr el reconocimiento de la singularidad de la experiencia migratoria: por ejemplo, al integrar a los migrantes, sus lugares, sus objetos, sus valores, sus memorias, en el relato nacional; o por el contrario valorando las expresiones de sus singularidades; o también promoviendo dinámicas de reconocimiento, interacción y acción destinadas a aquellos actores fragilizados por trastornos profundos, reconociéndolos como una riqueza para las sociedades receptoras; para ciertos Estados, finalmente, se trata también de enfrentar el delicado deber de memoria ligado a la esclavitud o la colonización, procesos a menudo conflictivos e inconclusos[1].

No debemos equivocarnos en cuanto a la naturaleza de este movimiento. Lejos de sumarse a la interminable producción de patrimonios de todo tipo, la idea es efectivamente establecer verdaderas colaboraciones estratégicas con los actores ligados a las migraciones, en un contexto de globalización marcado por el florecimiento de movilizaciones. Como lo dice Hélène Bertheleu en preámbulo de un libro publicado sobre el tema, « estas preguntas son importantes, pues las narraciones que tratan de restituir las experiencias migratorias nos hablan también y quizás sobre todo de reconocimiento, de ciudadanía y de horizonte democrático »[2].

Para el Perú, se trataría también de una apuesta para el futuro: ¿Podrían los actores de la migración convertirse en la palanca para pensar la sociedad en toda su pluralidad? ¿Y una manera para el Estado de proponer una herramienta innovadora en materia de interculturalidad?

En Lima y en todo el país, las asociaciones de migrantes se cuentan por millares. Actores plurales y dinámicos, articulan un amplio espectro de procesos a escala familiar o comunitaria, entre aquellos que se quedaron « en su tierra », y aquellos que se fueron. Por ejemplo, la Asociación « Hijos del Distrito de Accomarca », en Ate Vitarte, federa internamente dinámicas múltiples: fiesta patronal, proyectos productivos, apoyo jurídico para las víctimas de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, participación en los concursos de comparsas de los carnavales de migrantes de Ayacucho en Lima. Asimismo es el caso del Centro social de Hualla, motor de innumerables interacciones para los migrantes de Víctor Fajardo, en especial alrededor del Pumpin, descrito por Renzo Aroni en sus trabajos[3]. O también la asociación de migrantes de San Juan de Collata (Huarochirí, Lima), que hace poco reveló quipus de la época colonial que suscitan el mayor interés de los investigadores y medios de comunicación del mundo entero. Es también el caso de la asociación Mayunmarca, que tengo la suerte de seguir desde hace varios años ya, y que está constituida por migrantes de Chungui (La Mar, Vraem). A pesar del estado de emergencia de la zona, donde dominan el tráfico de drogas y una violencia latente, estos migrantes experimentan ahí proyectos patrimoniales y culturales originales, donde los actores tradicionales del Estado, en este ámbito, se hallan eminentemente ausentes. En todo el país, asociaciones inventan, impulsan, dialogan, recomponen, se equivocan a veces, lo intentan de nuevo. Lo hacen a menudo solas, sin medios; ellas dibujan los contornos de una ciudadanía activa proveniente de la migración.

© Morfi Jiménez, S/T, serie “Cerros de Lima”.

Acceder a estos espacios, identificar los actores, valorar las dinámicas resultantes, interrogar las memorias y sus transformaciones, así como las zonas sombrías (pensemos en la colonización incontrolada y masiva de la Amazonia), serían otras tantas maneras de enfrentar este reto. Se trata sin duda aquí de un patrimonio único, que se reconfigura, que actualiza y supera los eternos discursos sobre la identidad nacional. He aquí una categoría de actores indispensable, que debería estar en el centro de las estrategias impulsadas por el Estado, y en particular por el sector Cultura, dado que en lo relativo a la patrimonialización, y también la interculturalidad[4], el Ministerio de Cultura (Mincul) es el actor designado para impulsar tales políticas.

No obstante, la crisis del Covid-19 ha revelado lo contrario. En el momento en que el Estado tenía una necesidad vital de activar actores de enlace y proponer medios de acción, el Mincul se hundió en una crisis. Crisis política, con la renuncia de una ministra; pero también parálisis institucional, e inclusive conceptual. Durante cerca de dos meses, ninguna acción de envergadura permitió la participación activa del sector frente a los retos planteados por la pandemia. Hubo que esperar el 10 de mayo para que el Mincul emitiera un decreto legislativo, « que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Covid 19 ». Este documento no proponía nada concreto: ninguna herramienta sobre la cual apoyarse, ninguna visión. Razón que motivó al antropólogo Alberto Chirif a declarar no solo que este decreto era “insignificante”, sino que lo único que explicaba esta parálisis era que “no se sabía qué hacer”[5].

¿Cuáles son las señales que hicieron falta, los actores no identificados, las herramientas institucionales ausentes o inadecuadas, las competencias que no pudieron ser movilizadas por haber sido dedicadas a otros retos menos prioritarios? Este éxodo en forma de reflujo es también el reflejo de una inadecuación del Estado y de sus modalidades de funcionamiento. Existe un desfase profundo entre la organización institucional del ministerio y las exigencias del momento; en otros términos, entre su diagnóstico, sus herramientas y sus prácticas; entre su lectura de los fenómenos sociales en el Perú y las dinámicas que impulsa. Porque, de hecho, las políticas públicas surgen de los imaginarios. Se realiza un balance, se crean herramientas institucionales, se establecen presupuestos, se contratan especialistas, se identifican actores de enlace en la sociedad civil, se implementan protocolos de acción que, normalmente, deberían responder a una lógica de actores.

La cuestión de la “patrimonialización de la migración”, muy segmentada en el Perú, ilustra estas carencias. Tomemos un ejemplo: en el 2018, el responsable del Museo Afroperuano de Zaña, Luis Roca Torres (com. pers. 2018), evocaba los recuerdos del difícil proceso que había conducido a convertir la ciudad en un lugar de memoria asociado a la “Ruta del Esclavo” de la UNESCO[6]. Según sus declaraciones, el Mincul se desinteresó del proyecto desde un principio, y no apoyó la realización del expediente. Durante 4 años, los actores locales tuvieron que llevar a cabo las investigaciones solos, reunir los documentos, los mapas, indagar en los archivos de censos, recuperar los relatos orales de los antiguos habitantes de Zaña, nacidos a comienzos del siglo pasado. El objetivo era valorar la herencia afroperuana de todo el valle (11 distritos), antigua tierra de haciendas y esclavitud, cerca de Lambayeque. Muchos descendientes de esclavos se quedaron ahí. Existen asociaciones. La memoria se perpetúa también mediante la puesta en valor de dinámicas culturales locales[7]. A pesar de ello, Luis Roca Torres recuerda que hubo que organizar una campaña nacional e internacional de recojo de firmas para que el Mincul acepte finalmente enviar el expediente a París, sede la UNESCO: el ministerio « no quería aprobar de que hubo 3 siglos de esclavitud en Zaña », porque no había un « marco legal » para ello. Cuando ya se acercaba la declaratoria, en el 2017, el Mincul otorgó finalmente un diploma al alcalde de Zaña, acto percibido localmente como una manera de adueñarse de la iniciativa. Los actores locales insistieron para que una placa fuera colocada en el recinto mismo del museo comunitario afroperuano de la ciudad, en presencia del ministro de cultura de la época (Salvador del Solar). Lejos de haber convertido este proceso en un espacio de legitimidad y de acción para los actores locales, el Mincul lo había limitado a su dimensión normativa o simbólica[8]. Estamos evidentemente muy lejos de la idea de cooperación, o de gestión conjunta entre actores.

Así, una política de « patrimonialización de la migración » que no es claramente asumida, elaborada dentro de un marco conceptual y legal poco claro, y que no toma en cuenta a todos los actores provenientes de la migración interna en el Perú dentro de una lógica colaborativa, no puede sino desembocar en prácticas incoherentes. En este contexto, convendría cuestionar los valores y prácticas subyacentes a la aplicación del enfoque intercultural por parte del Estado. En el 2011, Norma Correa Aste[9] subrayaba « los sesgos indigenista y rural de las políticas interculturales » que « limitan su aplicación en otros sectores de la ciudadanía. Es por ello fundamental ampliar el ámbito de acción de las políticas interculturales para incluir a zonas urbanas ». La autora enumeraba asimismo las carencias en este ámbito, marcadas por la « falta de instrumentos técnicos », la « dispersión de iniciativas », o también la « débil fiscalización ». Así, con la notoria excepción de la Ley de consulta previa (cuya puesta en práctica resulta por cierto difícil), muchos instrumentos interculturales del sector Cultura se presentan bajo la forma de herramientas o modelos de « buenas prácticas » más que de políticas concretas, enfocadas en lógicas de actores. Citemos por ejemplo la « Guía de mediación cultural », la « Guía de servicios públicos con pertinencia cultural », o también el “Mapa sonoro de lenguas”.

Por otra parte, el sector Cultura dispone de hecho de un instrumento emblemático de patrimonialización de las movilizaciones territoriales en el Perú, pero se trata de caminos del pasado. El proyecto Qhapaq Ñan se convirtió en la mayor política patrimonial de estos últimos 20 años en el Perú. La promoción del uso social contemporáneo de los caminos incas sirve como garantía y pretexto a una producción masiva de discursos patrióticos y a prácticas de todo tipo (proyectos de restauración y de conservación, educación al patrimonio, lógicas de desarrollo etc.). Sin embargo, mirando las cosas más de cerca, el supuesto uso social de los antiguos caminos prehispánicos es una ilusión. El incremento de las carreteras, las migraciones y la fragmentación ineluctable de los caminos rurales en los Andes es la regla general. Salvo escasas excepciones, estas vías de comunicación ya no integran los territorios que atraviesan, ni a escala regional, ni a escala nacional[10]. Las poblaciones rurales que aún las utilizan, en distancias cada vez más cortas, no lo hacen por una supuesta apropiación patrimonial, sino por lo que son: caminos. El Mincul se encierra aquí en una lectura nostálgica de las dinámicas territoriales del país (promoción de caminos antiguos), y le cuesta sacar la palabra « cultura » de la camisa de fuerza temporal, conceptual e institucional en donde la encerró. La sobrecarga manifiesta de una cierta visión de la arqueología en la organización institucional del ministerio plantea interrogantes.

Glorificación nostálgica de los caminos del pasado, silencio sobre los del presente: en materia de “patrimonialización de la migración”, aun cuando los discursos difieran, el Mincul no es el único en promover una visión sesgada del pasado. A pesar de una escenografía exitosa, pedagógica y lúdica, el Museo Metropolitano de Lima, inaugurado en el 2010, propone una lectura novelesca del destino de la ciudad. A imagen de una saga heroica, la historia se transforma en un escenario equívoco compuesto por grandes fechas, héroes y grandes batallas. No se ve sino un pálido reflejo de la Nación (simbolizada aquí por su capital): la escenografía despoja los fenómenos sociales de su complejidad, escamotea las memorias subalternas y oculta una cantidad inverosímil de actores, empezando por aquellos de la migración, muy escasamente representados.

¿Acaso estas formas de escritura de la historia no preparan los desencuentros del mañana? Hace algunos años, las historiadoras Paule Petitier y Sophie Wahnich hablaban de una « fantasía de cuento », para designar a los relatos, presentes en casi en todo el planeta, donde, al igual que en los cuentos de hadas, « el papel del relator se termina cuando los héroes alcanzan una vida apaciguada y sin problemas »: « fueron felices y tuvieron muchos hijos »[11]. La historia, puesta al servicio del relato nacional, se convierte en un « patrimonio que debe ser preservado », aquel de los días felices, « que ritualiza la presencia de los antepasados » mediante sutiles atajos con el pasado. Los historiadores retoman en esto la idea de la « historia fría » de Claude Lévi-Strauss, donde, en El pensamiento Salvaje, narrar la historia sería « perpetuar un modo de ser en el mundo inmutable », una manera de « contar esta fantasía de un mundo sin alteridad perturbadora, sin contradicciones, y volverlo actuante ».

Este tipo de relatos se inscribe de hecho en un paradigma de « fin de la historia », tal como lo recuerda en la misma obra otra historiadora, Ludivine Bantigny. El pasado se convierte en un recurso estratégico que descarta toda alteridad en nombre de un modelo político dominante. Es también una manera de confiscar el porvenir: la búsqueda emancipadora sería aquella de las raíces, de la identidad, desvalorizando todo recurso a proyectos alternativos, especialmente socio-económicos, hasta la idea misma de la utopía. La vuelta a los orígenes como horizonte de expectativa. En este sentido, el Covid-19 marca la irrupción del acontecimiento con “A” mayúscula, bajo la forma de crisis, en un panorama dominante del discurso de « fin de la historia ». Aquello recuerda en qué medida este tipo de relatos no responde sino de manera muy imperfecta a los desafíos democráticos de las sociedades en las que se inscriben.

© Manuela Calleguerrero, “La sombra que quedó” (acrílico/tela 100×120 cm, 2013).

Sin embargo, aquí también, algunas iniciativas concretas de “patrimonialización de la migración” se esbozan, a menudo de manera marginal. Éste es el caso, -tímidamente-, del Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión social (LUM), incorporado de forma tardía (y un poco por defecto) al Mincul, durante el gobierno de Humala. La migración no es la tesis central del museo: algunas cifras, algunas fechas, representaciones de la migración (en especial de los pintores de Sarhua), aunque muy pocas. El corredor dedicado a este tema sufre de una visión estética y melancólica de la migración. Frases poéticas en quechua, en el piso, dialogan con fotografías colocadas en las paredes de paisajes despojados de toda forma de vida, supuestamente como metáforas de una poética del desarraigo. Los migrantes aparecen aún esporádicamente, en el segundo piso, bajo la forma de sus colectivos, sus combates y desafíos del momento. Además del museo, los responsables del LUM entablan también algunas colaboraciones puntuales con asociaciones de migrantes de Lima.

En esto, se replican esencialmente los pasos de otra institución, del sector Justicia: la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. La CMAN está encargada de las reparaciones ligadas al conflicto armado interno. Desde hace varios años ya, establece colaboraciones estratégicas con la sociedad civil. En Lima, Abancay, Ayacucho, Huancayo o Huamachuco, los migrantes son actores con quienes la institución entabla diálogos plurales y constantes. Sin duda alguna, a través de dinámicas de reparaciones, el sector Justicia ha entendido, antes que otros, la necesidad de implementar puentes con los actores de la migración. Este diálogo se inscribe dentro de un marco conceptual y legal preciso. La migración forzada es una categoría reconocida por la ley, como consecuencia de las dinámicas de memoria y reparaciones que surgen de las cenizas del conflicto armado interno. En torno a este tema tan difícil, esta institución construye aquí una verdadera política pública, que la tecnocracia podría calificar como « intercultural ». Se nota en qué medida representaciones, diagnósticos, marco legal e institucional y medios de intervención están íntimamente interrelacionados.

Quisiera terminar esta nota acudiendo a la fuerza evocadora de la literatura. En varias de sus obras, Julio Noriega[12] recuerda que una de las grandes figuras de la literatura contemporánea en idioma quechua es de hecho el migrante. Alimentada por el aumento de las carreteras, la radio, así como el mito de la educación, la migración interna en el Perú ha funcionado durante mucho tiempo “como una incitación constante de aventura hacia lo desconocido”. La partida estaba asociada con un “viaje de reconquista”, que las diferentes etapas de la migración metaforizaban: el dolor de la despedida, el largo camino hacia la ciudad, y luego la conquista de los espacios urbanos. Uno no puede sino regocijarse al descubrir, a lo largo de las páginas, una abundancia de sentimientos, que hallan su traducción en temáticas recurrentes, subyacentes a muchos textos: la difícil coexistencia entre dos culturas, la delicada cuestión de la marginalidad, la integración, el ascenso social; pero también, un día quizás, el retorno, como una redención imposible; por siempre, el exilio y el desarraigo.

Estos cantos, estos cuentos, estos poemas, puestos en valor por el autor, traducen desde hace años procesos infinitos de cruces, reconstrucciones e hibridaciones. Éstos « trascienden » las fronteras geográficas y culturales, al igual que las categorías institucionales (y académicas) en donde quisiéramos encerrarlos. Estos procesos son también eminentemente políticos: lejos de los individuos pasivos encerrados en la pobreza y el pasado, recorriendo los mismos caminos desde hace siglos, los migrantes no dejan de ser los actores de su destino ni de participar en la construcción de la Nación. Estas historias cuentan el destino de millones de mujeres y hombres que convirtieron a la migración en el mayor fenómeno social de los últimos 70 años en el Perú.

Fotografía de ilustración principal: gentileza de Morfi Jiménez, S/T, serie “Cerros de Lima”.

Fotografía de ilustración n°2: gentileza de Manuela Calleguerrero, “La sombra que quedó” (acrílico/tela 100×120 cm, 2013).


[1] Existen muy numerosos trabajos sobre estos temas. Ver en particular: Fourcade, M.-B. ; Legrand, C. (dir. 2008). Patrimoine des migrations, migrations des patrimoines. Québec : Les Presses de l’Université Laval, coll. « Intercultures ». Barbe, N. ; Chauliac, M. (dir., 2014). L’immigration aux frontières du patrimoine. Paris : Maison des Sciences de l’Homme, coll. « Ethnologie de la France ». Pontes Giménez, V. (2016). Los museos de la inmigración como modelo para la musealización del patrimonio inmaterial. Granada: Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 47, pp. 115-130. Devoto Fernando, J. (2011). Los museos de las migraciones internacionales: entre historia, memoria y patrimonio. En Ayer, 83, Fascismo y políticas agrarias: nuevos enfoques en un marco comparativo, pp. 231-262.

[2] Bertheleu, H. (dir.) (2016). Mémoires des migrations en France. Du patrimoine à la citoyenneté, Rennes: Presses universitaires de Rennes, coll. « Des sociétés ».

[3] Aroni Sulca, R. (2013). Sentimiento de Pumpin: música, migración y memoria en Lima. Perú : Tesis, México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 41-48.

[4] A través del vice-ministerio de la interculturalidad.

[5] Chirif, A. (22/04/2020). ¿Conocen en el Mincul qué significan las palabras emergencia y urgencia? En https://www.servindi.org/actualidad-opinion/22/04/2020/conocen-en-el-ministerio-de-cultura-que-significan-las-palabras

[6] La « Ruta del esclavo », promovida por la UNESCO desde 1994, apunta a destacar dinámicas de memoria e investigación sobre la cuestión de la trata de esclavos. En América Latina, Zaña fue el séptimo lugar involucrado.

[7] Por ejemplo: Torres, Luis Rocca (2011). Baile tierra, Músicas y cantares de Zaña. Chiclayo: Museo Afroperuano.

[8] A más del reconocimiento de Zaña como « Depositario Vivo de la Memoria Colectiva Afroperuana » (decreto ministerial N° 187-2015-MCn), podemos citar el Día de la Cultura Afroperuana (4 de junio), creado en el 2006.

[9] Correa Aste, N. (2011). Interculturalidad y políticas públicas: una agenda al 2016. Lima: PUCP/CIESE.

[10] Jallade, S. (2020). Los caminos andinos en el Perú: contradicciones y desafíos para una política pública intercultural. In: C. Gnecco, El señuelo patrimonial, Pensamientos post-arqueológicos en el camino de los Incas, Revista Diálogos patrimonio Cultural, Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

[11] Millet, C. ; Petitier, P. (dir. 2015). Ecrire l’histoire, dossier « La fin de l’histoire », 15, CNRS Éditions.

[12] Entre otras: Noriega Bernuy, J. Caminan los apus: escritura andina en migración. Lima: Pakarina Ediciones, 2012; Noriega Bernuy, J. Escritura quechua en el Perú. Lima: Pakarina Ediciones, 2011.

Enlazando mundos a través de las músicas: Xavier Bellenger (1956 – 2020), antropólogo, músico, ingeniero de sonido, fotógrafo y director de films.

Escribe Mariano Agustín Rosales*                                                                                                                                         

A comienzos del año 2020 en la ciudad de Lima, una persona fundamental para el estudio de la cultura andina y las músicas del mundo, ha partido: el antropólogo francés Xavier Bellenger. Quien fuera investigador asociado al IFEA, viajó a Perú desde su juventud siguiendo su interés por las músicas tradicionales de los Andes, siendo entonces acogido particularmente por la comunidad de la Isla de Taquile, sitio icónico y fundamental para su desarrollo como investigador. Luego de más de 45 años de trabajo desde aquel viaje inicial, en los que se desenvolvió como antropólogo, productor discográfico y filmográfico, investigador y docente, nos deja una variada y extensa colección de registros sonoros, fílmicos y etnográficos realizados en más de 25 países, así como investigaciones y proyectos vanguardistas en la aplicación de nuevas tecnologías en el campo de la antropología musical.

Muchos investigadores, músicos y aficionados que han tenido la oportunidad  de colaborar con Bellenger en diferentes etapas de su vida y en diferentes lugares del mundo, han encontrado inspiración en la gran pasión y vocación que poseía, así como una gran originalidad para imaginar y concretar proyectos. Visitar su casa era como entrar a un museo de flautas tradicionales de todo el mundo, y al mismo tiempo un recorrido por la historia de la tecnología de registros de campo, con sus respectivos formatos de almacenamiento, desde cintas magnéticas hasta los últimos desarrollos electrónicos. Así y todo, lo más cautivador era conversar con él, compartir incontables anécdotas y relatos fabulosos de pueblos remotos de los cuales podía compartir algún registro sonoro o de video que conservaba notablemente catalogados y organizados en su archivo personal.

Xavier Bellenger en Allahabad, India. © Mariano Agustín Rosales

Primeros contactos con el mundo andino

Siendo un joven parisino, su curiosidad y fascinación por mundos lejanos lo llevó a interesarse en las flautas andinas. Tocando la quena en el metro lograría juntar sus primeros ahorros para viajar por primera vez a Perú con tan solo 16 años. Durante estos primeros viajes, en un afortunado encuentro con el arqueólogo Louis Girault durante la espera de una conexión de vuelo a Perú, vislumbraría su camino de investigador, que lo llevaría a ingresar a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, en ese entonces dirigida por Jacques Soustelle. También, en estos viajes iniciáticos logra recopilar el material que conformaría su primer disco “Équateur: rythmes Indiens et afro-américains” (BAM 1977) así como asistir a Nathan Wachtel en sus investigaciones sobre la cultura uru en la provincia de Carangas, Bolivia. Allí realizó registros fotográficos y sonoros que presentaría 40 años más tarde en la exposición multimedial “Chipaya: De la sombra a la luz” (La Paz, 2018)[1] con el apoyo del IFEA, y que se puede visitar actualmente en la misma localidad de Santa Ana de Chipaya. Como quenista participó en varios proyectos musicales, notablemente grabaría el disco de quena y ney “Conférence Des Roseaux” (OCORA 1984) a dúo junto a Kudsi Erguner, maestro turco de tradiciones sufí. A lo largo de los años, llevaría esa misma quena en su equipaje a cada uno de sus viajes, hasta sus últimos días. Ambos rumbos profesionales, el de investigador y el de productor, fueron fructíferos y extraordinarios.

Producción discográfica, fotográfica y filmográfica

Desde aquella primera publicación, Bellenger produjo más de 30 discos de músicas tradicionales de todo el mundo, cerca de 30.000 fotografías, una serie completa de films de música tradicional, y cientos de horas de vídeo de registro etnográfico[2]. A inicios de la década de 1980, como director adjunto de la Colección de Músicas Tradicionales del Mundo de la UNESCO, creada por Alain Danielou, se adentra en la edición y producción de proyectos discográficos, hasta ese entonces en formato de disco de vinilo. En Perú, con la compañía de Josafat Roel Pineda, realiza grabaciones en Huancané y Lampa, departamento de Puno, registros que conformarían la primera edición en formato CD dedicada a la música tradicional “Pérou: Ayarachi y Chiriguano” (GREM 1983), relatando impactantes batallas sonoras de hordas de tocadores de siringas. Al finalizar el servicio militar francés   -experiencia que lo llevaría por primera vez a África- regresa a la región de Cusco, allí viaja a Paucartambo equipado de una grabadora Nagra y con la compañía de Martine Du Authier y Thomas Turino, realiza un relevamiento sonoro de las icónicas danzas de la Fiesta de la Virgen del Carmen, siendo este uno de los registros sonoros abarcativos más tempranos que existen de dicha festividad [3]. En dichos viajes a Cusco, realiza una de las pocas grabaciones que existen del charanguista cusqueño Julio Benavente y el arpista invidente Leandro Apaza.

A raíz de estas experiencias, crea su propio sello GREM: Groupe de Recherche et d’Étude des Musiques, a través del cual realiza numerosos lanzamientos de músicas del mundo en formato de vinilo y CD. Bajo el mismo sello realiza una impactante serie de 17 films musicales en películas de 35 mm titulados “Etnoclips”, rodados en locaciones tan diversas como España, Francia, Senegal, Isla de la Reunión, Trinidad y Tobago, India y los Andes, transmitidas por el canal de televisión “La Sept–Arte”, utilizando un original lenguaje de acercamiento a diversas culturas musicales, sin recurrir a locuciones o voz en off, en la misma época en la que MTV comenzaba a realizar sus primeros videoclips de música pop. Simultáneamente, con GREM edita la serie discográfica “L’aventure du monde par les sons” con música de Perú, Bolivia, Madagascar, Mongolia, Ecuador, Turquía, implementando nuevas tecnologías de grabación digital, como la PCM de Sony en el notable disco “Larecaja y Omasuyos” (GREM-IFEA 1989),  y utilizando las primeras cintas digitales DAT adentrándose en las selvas de Perú, Ecuador y Colombia en contacto con las comunidades shuar, ashaninka y aguaruna. Con estas producciones Bellenger crea un lenguaje que combina música, paisajes y diálogos a lo largo de viajes sonoros sin interrupciones ni divisiones por tracks, estilo de edición que ha mantenido hasta sus últimos trabajos. Ya por aquellos años, la influencia de Bellenger en el campo de la composición musical y sonora, comienza a tener notable trascendencia: el músico electrónico Jean Michel Jarre le convoca a proveer sonidos para su disco “Zoolook” (DREYFUS 1984), siendo pionero en el uso de samples para la composición de música electrónica, y el director cinematográfico Ridley Scott junto al músico Vangelis solicitan parte de los paisajes sonoros del disco “Amazonia Musiques, chants et paysages sonores” (GREM-IFEA 1991) para ser utilizados en la banda de sonido de la película “1492: Conquer of Paradise”. Años más tarde colaboraría de forma similar con el productor peruano Miki González, en el lanzamiento de su disco “Café Inkaterra” pionero en la escena de folklore con beats electrónicos.

En la década de 1990 encontraría nuevos horizontes al ser convocado por la  Academia de las Músicas y las Danzas de la India para realizar un relevamiento de músicas tradicionales, en las cercanías del río Ganges, desde sus vertientes en los Himalayas hasta la desembocadura en Calcuta. Este proyecto llevó a Bellenger a residir en dicho país durante cuatro años, y cuyo resultado se puede apreciar en la edición en CD triple titulada “Ganga: les musiques du Gange” (Virgin 1997). La producción de discos continuaría hasta sus últimos años, ya residiendo en Perú, donde crea el sello independiente “WIM: World Images and Music” a través del cual edita los discos “Saraguro: Cultura y Música de Ecuador” (WIM 2012) y “Pueblo Uru Chipaya: Música y Cultura de Bolivia” (WIM-IFEA 2018), así como reedita en formato digital una colección de gran parte de su discografía.

 Estudio de Xavier Bellenger en Montreuil (Francia). © Mariano Agustín Rosales

Investigación sobre modos ritualizados de producción musical en los Andes

Es notable que, de forma paralela a esta intensa actividad de producción, supo mantener a lo largo de aquellos años un continuo y estrecho contacto con la comunidad de Taquile, y la vocación de seguir registrando y comprendiendo los eventos rituales y musicales de dicha isla lo llevan a instalarse allí durante más de tres años, en plena convivencia con la misma familia que lo había recibido en su juventud. En este contexto inicia su labor como investigador asociado al IFEA, y logra realizar un relevamiento intensivo de músicas rituales de varias localidades en las cercanías del lago Titicaca, sin duda uno de los archivos más extensos reunidos hasta la fecha en dicha región. Este banco de registros de sonido y video, y los datos recogidos a lo largo de más de 30 años en Taquile, serían el corpus para su trabajo de tesis de doctorado en antropología otorgado por la Universidad Sorbona Nueva, Paris III, publicado como “El Espacio Musical Andino” (IFEA 2007), en formato de libro multimedia, con un DVD adjunto que permite escuchar y ver parte del material recopilado, formato novedoso en su momento para una publicación de tipo musicológica y etnográfica. Con esta publicación, el objetivo de Bellenger de describir un sistema ritual de producción musical andina quedaba formalizado, y dedicaría los siguientes años a difundir este trabajo en congresos, cursos y universidades, como invitado y como docente, con gran acogida por parte de la comunidad musical y académica de los países andinos.

Para continuar estudiando el significado y la forma particular de estas prácticas musicales, ya radicado en Lima, se embarca en otra brillante etapa de investigación. Él mismo idea un dispositivo electrónico que bautiza “DigiNotator”, y que lo ayudaría a poder captar con precisión los movimientos de los flautistas sobre las quenas y así poder visualizar en detalle los patrones de digitaciones utilizadas. Gracias a la colaboración de Michel Geiss y Franck Morisseau, ambos tecnólogos musicales franceses, se construyen los primeros prototipos, y con la colaboración del autor de estas líneas, se realizaron las primeras pruebas en campo del dispositivo así como el desarrollo de las siguientes versiones. En 2017 creamos conjuntamente GA-MA: Grupo Andino de Música Autóctona, convocando a músicos e investigadores de Perú, Argentina y Francia, para poner a prueba las capacidades de esta nueva tecnología de registro kinestésico. Dentro de los notables aportes de este grupo de investigación podemos mencionar:

  • El haber realizado las primeras grabaciones de campo kinestésicas con flautas de diversos tipos como quenas y pinkullos andinos, gaitas tradicionales colombianas y cornamusas bretonas.
  • La creación de un programa computarizado para el análisis y visualización de digitaciones y soplidos.
  • La recreación exacta de estas técnicas instrumentales, basándose en estos datos, por parte de un grupo de músicos ubicados en otro lado del mundo (el conjunto argentino De Tanto Lejos, en Buenos Aires)
  • La impresión 3D de una quena, perfectamente sonora, en base a una tomografía tomada del ejemplar original.

Legado y Difusión

En los últimos años, Xavier Bellenger ha presentado estos avances en congresos llevados a cabo en diferentes países como Argentina, Colombia y Perú, antes de su temprana partida el 8 de febrero de 2020. Su trabajo deja un inmenso legado, un vastísimo acervo cultural y un horizonte sin precedentes en el estudio de músicas tradicionales y en el desarrollo de nuevas tecnologías para el registro sonoro y multimedial, que seguiremos conservando, difundiendo e investigando. [4]

* Ing. Mariano Agustín Rosales                                                                                                     

marianorosales@gmail.com

Co-Fundador GA-MA

Grupo Andino de Música Autóctona

https://gamoctono.wixsite.com/gama       

Co-Editor WIM: World Images and Music                                     www.worldimagesandmusic.com

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*  Mariano Agustín ROSALES, Argentina. Buenos Aires, 1984.

Ingeniero, músico, investigador y docente, radicado en Cusco, Perú. Graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad de Buenos Aires, trabajó como colaborador de Xavier Bellenger realizado investigaciones en el campo del registro sonoro y kinestésico, siendo cofundador de GA-MA y coeditor en WIM.

Bibliografía

BELLENGER, Xavier         

El espacio musical andino. Modo ritualizado de producción musical en la isla de Taquile y en la región del lago Titicaca. Traducción: Sandra Recarte. Editores: IFEA – PUCP – CBC-IRD- Embajada de Francia. Travaux de l’IFEA n° 239. 321p.; ilustraciones, fotos y DVD.
Lima 2007

Distribution géographique et ethnique des instruments de musique dans le pays andins. Memoire de l’Ecole de Hautes Études en Sciences Sociales; Paris 1977.

Les Instruments de musique dans les pays andins (Équateur, Pérou, Bolivie) Bulletin de l’Institut francais d’Etudes Andines IX/X; Lima 1980/81.


[1] Galería virtual disponible para su visita en el sitio ww.worldimagesandmusic.com/exhibitions/chipaya/

[2] Parte de este material ha sido recientemente digitalizado y re-editado en el sitio www.worldimagesandmusic.com/music

[3] Material que será editado en CD bajo el título “Paucartambo 1981” por la Dirección de Cultura de Cusco

[4] Los avances realizados por GA-MA fueron documentados y comentados por Bellenger en vídeo entrevistas que han sido transcritas y serán publicadas próximamente en medios de difusión musicológica.