¿Minería informal o con participación comunal? Una discusión sobre conceptos, actores y la estigmatización de una actividad económica compleja
Informal Mining or Mining with Community Participation? A Discussion on
Concepts, Actors and the Stigmatization of a Complex Economic Activity
Discursos Del Sur, N°15, enero/julio 2025, pp.140-164, DOI: https://doi.org/10.15381/dds.n15.28600 ISSN: 2617-2283 ©Los autores. Este artículo es publicado por Discursos del Sur, revista de teoría crítica en ciencias sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es] que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada de su fuente original.
Recibido: 30/09/2024
Aprobado: 15/04/2025
Yonathan Layme Choqque
Université Paris Cité, Francia
yonathan.layme-choqque@etu.u.paris.fr
https://orcid.org/0009-0004-9523-8050
Caroline Weill
École de Hautes Études en Sciences Sociales-EHESS, Francia
caroline.weill89@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-5852-6895
Resumen:
El presente artículo pretende contribuir al debate sobre la minería informal, la cual ha experimentado una notable expansión en el sur andino peruano en los últimos años, y busca analizar los discursos estigmatizantes de ciertos sectores sociales y del Estado peruano, principalmente desde Lima. Después de problematizar los conceptos movilizados para pensar ese fenómeno, se buscará caracterizar a los actores sociales de la minería informal e indagar en las raíces y los impactos que viene teniendo el fenómeno en la zona de trabajo. Se tratará de entender, por un lado, el rol del Estado y la burocracia de sus instituciones, las cuales no logran apoyar adecuadamente al minero informal; y, por otro lado, se examinará el discurso paternalista de cierto sector de la izquierda limeña con respecto a las comunidades indígenas, romantizándolas y presentándolas como eternos protectores del medio ambiente. Si bien tenemos críticas y preocupaciones importantes frente a la expansión de la minería informal en el sur andino, planteamos la necesidad de contar con una comprensión matizada, contextualizada y, sobre todo, libre de prejuicios, de lo que viene significando este fenómeno para los actores y los territorios diversos de nuestro país.
Palabras claves: minería informal, empresas extractivas, Estado, comunidades campesinas.
Abstract
This article aims to contribute to the debate on informal mining, which has experienced notable expansion in the Peruvian southern Andes in recent years, and seeks to analyze the stigmatizing discourses of certain social sectors and the Peruvian State, primarily emanating from Lima. After problematizing the concepts mobilized to conceptualize this phenomenon, we seek to characterize the social actors of informal mining and investigate the roots and impacts that the phenomenon is having in the study area. The analysis attempts to understand, on one hand, the role of the State and the bureaucracy of its institutions, which fail to adequately support the informal miner; and, on the other hand, examines the paternalistic discourse of a certain sector of Lima’s left regarding indigenous communities, romanticizing them and presenting them as eternal guardians of the environment. While we maintain important criticisms and concerns regarding the expansion of informal mining in the southern Andes, we propose the need for a nuanced, contextualized and, above all, prejudice-free understanding of what this phenomenon signifies for the diverse actors and territories of our country.
Keywords: informal mining, extractive companies, State, peasant communities.
- Introducción
Durante las primeras semanas de marzo del 2024, miles de mineros de las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, entre otras, se movilizaban en las calles de Lima, exigiendo la derogatoria del Decreto Legislativo 1607, aprobado el 21 de diciembre del 2023. Dicha norma establecía un plazo de 90 días para que los mineros artesanales culminaran con su proceso de formalización y facultaba a la Policía Nacional del Perú para intervenir en caso de incumplimiento dentro de dicho plazo. En la noche del 14 de marzo, el Congreso de la República, presionado por la protesta de los mineros y en un contexto de deslegitimación política, aprobó rápidamente la derogatoria de dicho Decreto Legislativo1. Esa misma noche y en los días siguientes, la prensa escrita,2 instituciones del Estado peruano como el Ministerio de Energía y Minas, gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y algunas ONG3 —aunque cada uno con distintos discursos y posicionamientos al respecto — sacaron pronunciamientos rechazando la decisión del Congreso de la República y denunciando la minería “informal y abiertamente ilegal”.
Se observó una reacción similar en noviembre del 2024, ante una nueva ola de movilizaciones en rechazo a la denominada “ley MAPE” (minería artesanal y de pequeña escala). Esta vez, los mineros no solo se movilizaron en Lima, sino también en sus propias regiones. Finalmente, en medio de intensas discusiones y un clima de populismo, el Congreso de la República aprobó una nueva prórroga y ampliación del proceso de formalización de la minería artesanal y pequeña minería (MAPE).4 En este contexto, vimos nuevamente florecer una serie de declaraciones por parte de diversos actores —mediáticos, políticos, corporativos, oegeneros —expresando un fuerte rechazo a esta medida de ampliación, y asociando esta actividad a la contaminación ambiental, la trata de personas, la prostitución infantil, el crimen organizado y el narcotráfico, aduciendo que la ampliación del REINFO sirve principalmente a los mineros que no buscan formalizarse para beneficiarse de esta situación de ilegalidad.
Sin embargo, en nuestros años de trabajo de campo en las provincias altas de la región de Cusco y en algunas zonas del departamento de Apurímac —en el marco de nuestras tesis de maestría y de doctorad—, lo que hemos podido observar es que la abrumadora mayoría de pequeños mineros artesanales (muchos de ellos siendo los propios comuneros de la zona) buscan insistentemente formalizarse; y al verse sistemáticamente trabados en los trámites administrativos y la corrupción de las instituciones del Estado, viven preocupados de que la Policía Nacional los intervenga y les quite los materiales de trabajo, el campamento y los recursos mineros acumulados con gran esfuerzo a lo largo de varios meses o años. Como investigadores que trabajamos desde la pandemia de COVID-19 en zonas donde ha venido expandiéndose la minería informal, principalmente en las provincias altas de Cusco y algunas provincias de Apurímac, nos llama la atención la manera en la cual se retrata a los mineros principalmente andinos y sus movilizaciones políticas. Las generalizaciones, la perspectiva homogeneizadora sobre un sector altamente heterogéneo, así como el tono a veces criminalizante de muchos comentarios escuchados y leídos nos llevan a proponer aquí una lectura distinta de este fenómeno que, con mucha razón, varios comentaristas han caracterizado como “complejo”. Sin embargo, no es suficiente afirmar que la situación de la minería informal e ilegal es compleja: se trata de matizar realmente la mirada sobre ella.
Es sobre la base de esta brecha entre lo observado en campo y lo escuchado en los discursos públicos que formulamos esta modesta contribución al debate, en la que pretendemos problematizar y profundizar el tema en cuestión. Buscaremos caracterizar los actores sociales de la minería artesanal en expansión en el sur andino desde hace unos años, indagando en las raíces e impactos que viene teniendo el fenómeno en nuestra zona de trabajo. También se tratará de analizar los discursos que se vienen produciendo, principalmente desde Lima, sobre el fenómeno de la minería informal e ilegal en la sierra y la Amazonía, cuestionando los conceptos movilizados. A lo largo del texto, trataremos de problematizar, por un lado, el rol del Estado y la burocracia de sus instituciones y, por otro lado, el discurso paternalista de ciertos sectores de la izquierda limeña con respecto a las comunidades indígenas, romantizándolas y presentándolas como eternos protectores del medio ambiente. Finalmente, consideramos importante hacer hincapié en el rol de las grandes empresas mineras y los grupos económicos como la CONFIEP que respaldan abiertamente las empresas extractivas transnacionales, en detrimento de los derechos e intereses de la población local y nacional.
La metodología empleada para este artículo es de carácter etnográfico, realizado entre enero y diciembre del 2023 de manera conjunta, y entre enero y diciembre del 2024 de forma independiente, en el marco de nuestras investigaciones de maestría y doctorado. El estudio se centró principalmente en las provincias de Chumbivilcas y Espinar de la región de Cusco, así como las provincias de Cotabambas y Grau en la región de Apurímac. Además de la observación participante y las conversaciones informales, se realizó entrevistas a autoridades locales, presidentes comunales, trabajadores asalariados, mineros inversionistas y dirigentes sociales; asimismo, la revisión de la prensa escrita y la normativa sobre la minería artesanal y pequeña minería (MAPE). En la segunda parte del artículo se acude a un análisis de discursos (pronunciamientos, publicaciones) que permite ilustrar ciertos aspectos de la actual campaña de estigmatización contra los pequeños mineros. En particular, el contrastar diversos elementos de los discursos producidos en este contexto con los datos que surgen de la etnografía realizada permitirá hacer hincapié a las lógicas que los subyacen.
2. Categorías estatales, categorías etnográficas: de la necesidad de diferenciar actores
más que tipos de minería
Lo primero que llama la atención son los términos con los cuales se engloba a actores sociales tan diferentes. Hablar de “minería artesanal, informal e ilegal” abarca una enorme diversidad de actores y formas de extraer el recurso minero. Primero, las realidades de departamentos como La Libertad, Puno, Cusco o la Amazonía son en extremo diversas: es muy complicado proponer una lectura general y un posicionamiento único frente a realidades tan heterogéneas. Además, la sociología de los actores vaía enormemente, y van desde individuos que sacan pepas de oro de los riachuelos, hasta mafias organizadas, armadas y acostumbradas a usar amenazas y asesinatos para apropiarse de terrenos ajenos. Parece evidente decir que no se puede entender de la misma forma el uno y el otro, pero las categorías usadas por el Estado peruano no ayudan a pensar esa heterogeneidad de los actores. Como bien han subrayado Escalante y Weill (2023), viene en parte porque actores de la sociedad civil y algunos investigadores movilizan categorías producidas por el Estado, lo que dificulta el entender la complejidad de la realidad.
Para el Estado peruano, la minería está constituido por cuatro estratos: gran minería, media minería, pequeña minería y minería artesanal, que se caracterizan según el volumen de producción, extensión de denuncios y concesiones mineras, producción mínima anual y derechos de vigencia (Cuadros Falla, 2013). Escalante y Weill plantean que “las problemáticas de afectación ambiental van más allá de la escala o del cumplimiento de determinados requisitos” (2023, p.15). El mismo Ministerio del Ambiente del Perú afirma que “es necesario considerar que el procesamiento minero por escalas es un error conceptual que requiere ser corregido” (2016, p. 46). Asimismo, Escalante y Weill plantean que diferenciar los tipos de minería basada de la legalidad genera confusión: por una parte, los mineros informales suelen tener algún grado de avance en sus procesos de formalización y, por otra parte, la minería a gran escala suele recurrir a “distintas prácticas que bien podrían considerarse informales: desde el incumplimiento de sus propios instrumentos de gestión ambiental […], la banalización de los mismos (es decir, la elaboración de documentos “por cumplir” con fallas e imprecisiones), hasta la financiación de actores sociales y políticos de acuerdo a sus fines” (Escalante y Weill, 2023, p. 17).
Así, la distinción entre formalidad/legalidad e informalidad/ilegalidad implica una relación con lo estatal que es, en sí, problemática (como veremos más adelante). Visto ello, Escalante y Weill han propuesto, para entender el contexto chumbivilcano (Cusco), el concepto de “minería con participación comunal” entendida como actividades que “responden a iniciativas comuneras o de actores que se asocian con sectores de las comunidades, y que no por eso dejan de vincularse con los mismos circuitos de abastecimiento y comercialización que los informales/ilegales” (2023, pp. 16-17). Por su parte Castro (2023), así como Castro y Cabrera (2024), han propuesto los conceptos de “minería comunal” y “minería desde la comunidad” que hacen referencia a la gestión, el acceso, la utilización y la distribución de los recursos del “subsuelo” en la comunidad y que constituyen nuevas formas de apropiación y reivindicación del territorio. Estos trabajos relativamente recientes destacan y hacen hincapié en la necesidad de identificar y caracterizar mejor los actores sociales y la forma en que la actividad minera se está trabajando en los territorios sur andinos, alejándose de las categorías estatales que generan confusión al momento de leer un contexto social determinados.
En efecto, existe una enorme diferencia entre las mafias que se benefician económicamente del carácter ilegal de sus negocios, por lo que no buscan en lo absoluto “formalizarse”, y la dinámica de los pequeños y medianos mineros que conocemos a través de nuestros trabajos de campo en Cusco y parte de Apurímac. Primero, los mineros son los propios comuneros, o sus hijos o parientes que tienen algún grado de vínculo con la comunidad dueña del terreno5, y aunque a veces se generan tensiones y conflictos internos por los desacuerdos en torno a explotaciones mineras en territorios comunales, no terminan de pasar por encima de las comunidades. Además, algunas comunidades han creado nuevos instrumentos que regulan el acceso a los recursos mineros; así, por ejemplo, en las comunidades de Choccoyo, de Curpiri y de Yanque, en el distrito de Colquemarca, se han creado los comités de minería que regulan el acceso a los recursos mineros, y de medio ambiente que supervisa sus impactos. Pero también la explotación del recurso minero en la comunidad se realiza de acuerdo con el acceso a las reglas establecidas por la propia comunidad: en la comunidad de Huaccoto se pide permiso para explotar partes del terreno mancomunado, mientras en la comunidad de Idiopa Ñaupa Japo solo se puede explotar en las parcelas familiares. No es extraño constatar que una comunidad paralice, o incluso expropie, una labor minera que no habría respetado los acuerdos
comunitarios.
Segundo, a menudo, los mineros informales de las provincias altas buscan insistentemente formalizarse. En agosto del 2023 y enero del 2025, la asociación de mineros artesanales Fuerza Mayor Unidos de Colquemarca y la Municipalidad Distrital de Colquemarca organizaron la I y II Convención de Minería Artesanal de la Macro Región Sur, que tuvieron el objetivo principal de discutir sobre la formalización minera y plantear alternativas sobre la legislación minera: son conscientes de que la formalización minera es un paso clave para mejorar su actividad y que estos espacios de discusión son claves para plantear alternativas. En sus discursos, surge una suerte de reivindicación de ser reconocidos como ciudadanos, que aportan al PBI del país a través de su esfuerzo, de su trabajo y de los impuestos que están pagando (a través del REINFO, pagan un 18 % de sus ingresos). Piden abiertamente que se les capacite para realizar sus actividades con más seguridad para los trabajadores, y con más responsabilidad acerca del medio ambiente. Muy lejos de ello está la situación de mafias armadas y organizadas que desplazan a pueblos enteros para poder explotar sus riquezas, como lo que sucede en la provincia de Pataz6 (la Libertad), que ha sido noticia nacional con el asesinato de 13 mineros en mayo del 2025. Sin embargo, la diferencia es abismal entre el sur y el norte del Perú: unos explotan sus propios territorios comunales de manera familiar en sus parcelas y piden ser reconocidos como ciudadanos que aportan a la riqueza del país; y otros usan la coerción, la violencia y el abuso de poder para generar beneficios. Asimilar un sector con lo otro nos parece una generalización hasta ofensiva para los comuneros-mineros con los que trabajamos. Sobre una temática tan delicada, y acerca de un sector tan heterogéneo, cualquier generalización y aproximación llega a ser rápidamente muy problemática.
Necesitamos conceptos y categorías adecuadas para entender este fenómeno: conceptos que dejen de lado la necesidad estatal de categorizar en función a un proceso administrativo que él mismo establece y que está siendo cuestionado por los actores involucrados en ello. Para categorizar estos actores, se podrían movilizar criterios como: la legitimidad a decidir sobre el territorio (si son parte de la comunidad, o si son actores externos), las formas de relacionamiento con los habitantes del lugar (qué tipo de acercamiento y negociaciones existen, qué niveles de cumplimiento con los acuerdos hay, uso o no de la violencia, etc.), las formas de organización del trabajo minero, etc. Necesitamos también entender cuáles son los puntos de contacto y de articulación entre los distintos actores. Por ejemplo, en un caso que venimos estudiando, descubrimos que la dueña de una mina artesanal en Chumbivilcas, que fue apresada por no contar con los permisos adecuados para usar explosivos, conoció en la cárcel a un joven que tiene ahora dos denuncias por trata de personas, y desarrollan hoy negocios basados en la trata de mujeres con fines de explotación sexual. La criminalización de la minería informal por parte del Estado favorece entonces la articulación entre los comuneros-mineros y las redes de economías criminales.
3. Problematizar el rol del Estado frente a la formalización de los mineros
Si el 14 de marzo los mineros que marcharon en las calles de Lima pedían al Estado no imponer un plazo de 90 días para la formalización, es precisamente porque buscan formalizarse para “hacer las cosas bien”, pero es el Estado quien hasta la fecha no lo ha permitido. En más de dos décadas del proceso de formalización minera, hasta julio del 2024, solamente 23 446 mineros artesanales se encuentran en proceso de formalización y cuentan con registro vigente, y 61 181 mineros se encuentran con registro suspendido. Esto debido a los constantes cambios de normatividad sobre la pequeña minería y minería artesanal, y además debido a “las constantes prórrogas de plazo con limitado sustento técnico, falta de planes de trabajo, crisis políticas y económicas” (Mamami Dávila y Castro Valle, 2022, p. 2).
Los testimonios recogidos son unánimes sobre esta problemática: el Estado (local, regional, nacional) no brinda las capacitaciones adecuadas y el debido acompañamiento técnico para poder culminar con el proceso de formalización (a menudo por falta de recursos humanos y económicos de las propias entidades del Estado, otras veces también por un profundo desconocimiento de la realidad del terreno por parte de los funcionarios). Otro aspecto fundamental del papel del Estado en la no formalización de los mineros informales radica en que las autoridades están plagadas por la corrupción (Chirif, 2023). Así, un comunero de Choccoyo nos dijo que “hay mucho entrampamiento en las oficinas del GREMH de Cusco, hay funcionarios que son nombrados y suelen jugar sucio y piden billete, y si no quieres dar te joden y no avanza los documentos” (entrevista, 6 de marzo del 2023). En otros casos, consultores privados ofrecen sus servicios para agilizar los trámites de formalización a través de sus conexiones con los funcionarios que rentabilizan. En otros casos, los funcionarios tienen contactos con los propios concesionarios, quienes les pagan para que no avance la formalización. La corrupción también se da ampliamente en la Policía, a cargo de vigilar y sancionar a los mineros que incumplirían las normas legales. Muchos policías son socios de las propias minas; los cupos ya no se pagan en dinero sino en acciones mineras dentro de la asociación de socios mineros. Los mineros que no acepten trabajar con policías se ven con la sorpresa de recibir más visitas de la Fiscalía del Medio Ambiente o más bajadas de policías que confiscan sus herramientas y maquinarias.
Asimismo, contrariamente a los discursos de ciertos sectores, no es que la minería informal esté “[penetrando] en esferas del Estado subnacional y nacional; por ejemplo, en el sistema de justicia, las fuerzas del orden, municipios distritales y provinciales” (CooperAcción, 2024), sino más bien es el sistema estatal corrupto que aprovecha la expansión de una actividad que percibe como muy rentable, y que usa su capacidad de coerción (amenazas, presiones, confiscaciones de material, etc.) para sacar beneficios personales; o, en todo caso, es un proceso de mutua influencia. Fuera lo que fuera, presentar la minería informal en su globalidad como una amenaza que está capturando el Estado nos parece una deformación de la realidad, más aún cuando esos procedimientos (tráficos de influencias, corrupción, presiones) son el modo de actuar hegemónico de actores como las empresas transnacionales, que gracias a sus contactos con funcionarios de alto rango aceleran las aprobaciones de los estudios de impactos ambientales (EIA) y otras regulaciones mineras. Sin embargo, pocos son los que, como Durand (2016), denuncian la captura del Estado por estas grandes empresas transnacionales.
Al fin y al cabo, la mayor traba para la formalización de los mineros informales es, sin duda alguna, el adquirir un derecho minero, ya sea a través de una concesión minera, un contrato de explotación o una concesión de beneficio (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2011). Sin ello, no pueden formalizarse. No obstante, las concesiones son entregadas desde Lima por el INGEMET, y a menudo, cuando los mineros buscan formalizarse, se dan con la sorpresa de que su territorio comunal ya ha sido concesionado a algún desconocido, a menudo una empresa extranjera. Así se hace bastante difícil el contacto con el dueño de la concesión, cuya autorización los mineros informales necesitan para formalizarse. Lo que se ha denominado “concesiones ociosas” responden a esta lógica, y son el blanco principal de los reclamos de los pequeños mineros.
Así, vemos que, frente a un plazo intransigente para la formalización minera, se necesita problematizar el rol y papel del Estado, más que la probidad de los manifestantes. Se suele escuchar que el Estado se encuentra ausente de las zonas rurales y alejadas del país; sin embargo, ello es solo parcialmente cierto. Si bien la provisión de servicios públicos como la educación, la salud y la justicia suelen ser bastante escasa, el brazo represivo del Estado (la policía hostigando en los domicilios, las denuncias penales contra dirigentes sociales, los militares desplegados por los estados de emergencia) sí está muy presente. La defensa de los derechos humanos, y más allá, de los intereses de las poblaciones más oprimidas, debe pasar por un cuestionamiento del rol y del papel del Estado frente a las poblaciones rurales en todo su ámbito.
4. Factores de la expansión e impactos ambiguos de la minería informal en la provincia
de Chumbivilcas
Queremos concentrarnos aquí en los procesos de minería informal que conocemos, tal como venimos observando y analizando en la provincia de Chumbivilcas y algunas zonas de la región Apurímac. Ello no pretende reflejar la realidad a nivel nacional, sino humildemente quisiéramos aportar algunos elementos que permitan matizar la forma en la que se suele presentar a los pequeños mineros en los discursos hegemónicos actuales.
Es importante recalcar que la minería informal no es un fenómeno nuevo; sencillamente se ha ido expandiendo desde la pandemia (Escalante y Weill, 2023; Weill y Layme, 2024; Castro y Cárdenas, 2023). Hace varias décadas que hombres del sur andino se desplazan desde muy jóvenes a centros de minería informal como Secocha (Arequipa), La Pampa (Madre de Dios), la Rinconada (Puno), etc., en búsqueda de oportunidades laborales. La poca rentabilidad del sector agropecuario en regiones altoandinas, y el casi nulo desarrollo de esferas de empleo digno en las zonas rurales del país, han empujado a la migración masculina hace mucho tiempo. Además, la brecha educativa entre zona rural y zona urbana, el difícil acceso a la universidad, además de la fuerte carga de discriminación racista y la explotación laboral a la que se enfrentan los jóvenes al llegar a las ciudades en búsqueda de empleo, significa en los hechos su marginación casi sistemática del mundo de la economía formal y de la sociedad nacional (Robles Mangoa y Sánchez, 2024). Así, para los jóvenes rurales, las minas informales son desde hace mucho tiempo una de las pocas vías para poder cumplir sus sueños: estudiar, viajar, tener algún negocio, poder invertir, tener un departamento —en fin, vivir “dignamente”—. La minería les permite generar algo de capital rápidamente, aunque no fácilmente, pues es una labor ardua, pesada, a menudo peligrosa.
Otro factor que impulsa la expansión minera informal son las promesas incumplidas de desarrollo por parte de las grandes empresas mineras que se vienen implementando a lo largo de los Andes. Es bastante reducido el sector de la población local que se ha beneficiado de la compra de terrenos, de abastecimientos de servicios como transporte, construcción y restaurantes/hotelería hacia las empresas; más bien, se ha profundizado la desigualdad socioeconómica y la diferenciación de clase dentro de la población (Hervé, 2019; Pérez et al.,2019). Además, las afectaciones ambientales vienen socavando las economías de sobrevivencia de muchas familias campesinas (De Echave et al., 2022), mientras el costo de vida aumenta brutalmente (Weill, 2020). En medio de tanta desigualdad, los “de fuera” llegan y se llevan los minerales por toneladas: ¿por qué los legítimos dueños del lugar no podrían beneficiarse de dichas riquezas? El discurso generalizado en nuestra zona de trabajo es: “antes que vengan de fuera, mejor explotamos nosotros y así nos quedamos con los beneficios. Si, total, contaminados vamos a quedar, mejor que sea en beneficio nuestro”. Es innegable que la dinamización de la economía a raíz de la minería informal es mucho más visible que en contextos de minería transnacional. La presión de las grandes empresas transnacionales, y la amenaza que ello supone de perder el control sobre sus territorios y sus riquezas, es otro factor fundamental del surgimiento de la minería informal en estos territorios.
Recalquemos además que la minería informal ha significado un empoderamiento económico importante para las comunidades de Chumbivilcas. Se trata de un proceso heterogéneo: no todos han “golpeado”, es decir, han encontrado una veta importante y muy rentable; algunos se han endeudado mucho, y la mayoría a veces ganan, a veces pierden. Esa imagen del minero que mueve millones es muy reductora: la gran mayoría fluctúa mucho en términos de ganancias. Los que sí han golpeado suelen redistribuir en cierta medida sus ganancias a través de sus vínculos de parentesco y pertenencia a las comunidades: la solidaridad también es constitutiva de estas actividades mineras comunales.
El surgimiento económico de muchas familias comuneras ha significado no solo una mejora en sus condiciones de vida, sino crucialmente en las relaciones de poder en su entorno (Layme 2024). Donde antes los humillaban por tener una casa techada con paja, ahora tienen casas de material noble; donde antes los humillaban por buscar un trabajo como empleada doméstica y peón, ahora son ellos quienes prestan dinero a las familias más pudientes de sus distritos y provincias. Es enorme la recuperación de dignidad que el empoderamiento económico puede generar: permite a personas racializadas, procedentes de zonas rurales y de familias humildes, defenderse ante las actitudes discriminatorias y racistas en restaurantes en la ciudad del Cusco o en los servicios de salud de Lima. Permite acceder a servicios básicos como la educación, la salud o la justicia, servicios que deberían ser garantizados por el Estado y que no lo son, por haber sido privatizado desde hace tres décadas. Ello no es poca cosa.
De cierta forma, lo que la lucha por los derechos humanos no ha podido lograr en décadas, el empoderamiento económico lo está haciendo: negociar con empresas mineras de forma más horizontal, por ejemplo. Es el caso de la zona de Pamputa, en Apurímac, donde una empresa quiere invertir: la comunidad no lo rechaza, pero exige ser socia, y percibir un 5 % de las utilidades. La empresa se negó y ofreció un monto de dinero por familia, a lo cual, “riéndose”, los comuneros contestaron que esta suma es lo que ellos ganan en 6 meses explotando el mineral por sus propios medios. Así, la explotación de sus recursos acorta, también, la asimetría de poder entre comunidades y empresas transnacionales al momento de negociar.
Sin embargo, y es innegable, la expansión de la minería informal en los territorios altoandinos está causando también problemas sociales y transformaciones. Al generarse mucho dinero rápidamente, se viene produciendo una fuerte ola de delincuencia, con robos, asaltos, asesinatos, secuestros de parte de bandas armadas —generalmente originarias de las zonas costeñas, que vienen plagando el país, y en primer lugar la capital nacional—. De hecho, durante meses, el distrito minero de Colquemarca (Chumbivilcas) fue sacudido por fuertes debates en torno a la posible instalación de una comisaría de la Policía Nacional Perú: el aumento de la inseguridad ciudadana necesita ser controlado, pero muchos temen que la Policía se vuelva un elemento más de las redes de corrupción y de violencia organizada, en vez de apoyar a la población. La instalación de una comisaría en septiembre del 2024 no ha apaciguado los debates, y la cuestión de la delincuencia sigue sin poder resolverse (y eso, a nivel nacional).
Por otro lado, la minería es una actividad altamente masculinizada, y sea transnacional o informal, genera una situación de gran precariedad económica y social para las mujeres en contextos mineros (Pérez et al., 2019; Weill, 2025). El aumento del alcoholismo, de la violencia doméstica, de las infidelidades y abandonos de hogar por parte de los hombres, la difusión de enfermedades de transmisión sexual, la prostitución generalmente ejercida bajo la modalidad de trata de personas y hacia mujeres en particular estado de vulnerabilidad (venezolanas en procesos migratorios precarizados por la presión policial, y niñas y adolescentes huyendo de hogares violentos); todas estas son dinámicas muy serias y transversales a los escenarios mineros (Weill y Layme, 2024). La preocupación ambiental también es innegable y afecta en particular a las mujeres. Regresaremos a la discusión sobre la cuestión ambiental en la siguiente sección.
En ese sentido, no se trata de negar las consecuencias negativas de las actividades mineras, incluyendo a la minería con participación comunal; sin embargo, se trata de tomarlas como parte integrante del conjunto de transformaciones socioeconómicas y políticas que se vienen dando, y que no todas son negativas, ni para los pequeños mineros, ni para las comunidades de las que son parte.
5. Una sospecha permanente que pesa contra las poblaciones rurales del país: analizando los discursos estigmatizantes sobre la movilización de los pequeños mineros
En cambio, lo que percibimos en los discursos actuales sobre la temática, es una suerte de sospecha permanente sobre las poblaciones andinas y rurales. Pareciera que de la misma forma que cualquier movilización política de las comunidades andinas es sospechosa de ser “terruca”, cualquier movimiento económico de estas poblaciones es sospechosa de ser parte de la “economía criminal”. El estigma de “terruco”, tan bien analizado por Aguirre (2011), tiene una fuerte connotación racial y viene reproduciéndose desde hace varias décadas en el contexto de conflictos sociales contra grandes proyectos extractivos (Saldaña, 2016). Ello ha sido particularmente evidente durante las movilizaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte, cuando el conjunto de manifestantes campesinos, rurales, quechua o aymarahablantes han sido (como en la década de 1980) indiscriminadamente asociados con terroristas (incluso parte de la izquierda limeña ha tenido en un inicio reparos en solidarizarse con estos movimientos, por sospechar de motivaciones políticas turbias). De la misma forma, parece que todas las actividades económicas (comercio informal y contrabando, minería informal) desarrolladas por estas mismas poblaciones serían sospechosas de ser de índole criminal. El paralelo no es exagerado, pues encontramos por ejemplo en la página web de PAS (Colectivo País Seguro), el aviso de una noticia de un sabotaje a una torre eléctrica que dice: “como en la época negra del terrorismo: sabotajes permanentes a la minería ilegal”. La descripción de esta misma noticia es contraria en La República, donde la asociación entre terrorismo y minería ilegal se encuentra ausente.7
La criminalización de grandes sectores de las poblaciones andinas, a través de la estigmatización de sus formas políticas y económicas de desenvolverse, atraviesa los discursos que escuchamos hoy acerca los mineros informales. El ya mencionado colectivo PAS produce informes como “Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú”, auspiciado por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2024), donde se recalca que “las actividades de minería informal e ilegal afectan el orden interno, la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, movilizan grandes cantidades de dinero y son la principal fuente de lavado de activos, están vinculadas a redes de corrupción y a otros delitos” (p. 4). Por su parte, un comunicado de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú denunciaba, el 28 de noviembre 2024, “la contaminación que genera la minería ilegal, la prostitución infantil que esta actividad promueve, el uso ilegal de armas y explosivos, el sicariato, la extorsión y muertes que la minería ilegal ha producido”. Como investigadores que venimos trabajando desde hace unos años esta cuestión, nos parece algo irónico que el gremio de empresas mineras denuncie la criminalidad y la violencia generadas por ciertas actividades económicas. En el contexto agroindustrial del valle de Virú, como lo muestra Aguilar (2024), una actividad económica formal y que mueve millones de dólares en exportación, se vincula muy de cerca con la ola de crimen organizado y sicariato. Las deudas que siguen manteniendo una serie de empresas mineras con el Estado, o los vínculos que mantienen partidos políticos como el de Keiko Fujimori con empresas como Odebrecht, son ya tan mediático que resultaría redundante recordarlo. Así, el tipo de posturas criminalizantes a la minería informal e ilegal de parte del sector empresarial no deja de hacer eco a la célebre frase “Hagan lo que digo, no lo que hago”.
Luego del sector empresarial, observemos posiciones más cercanas a la sociedad civil como el Observatorio de la Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad. De tono más conservacionista, esa agrupación afirma en un pronunciamiento de abril del 2024 que “extender los plazos [para la formalización] solo ocasiona el avance de las economías ilegales que afectan las esferas sociales, ambientales y de salud en las regiones más vulnerables del país”. La problemática ambiental es uno de los temas que más focaliza los discursos estigmatizantes hacia la minería informal, por ello vale la pena detenerse para analizar detalladamente este aspecto de la discusión. Se debe recalcar que el impacto ambiental varía en funcióna las modalidades de explotación y de las tecnologías empleadas. En el caso de Chumbivilcas, la enorme mayoría de la minería con participación comunal es por socavón: se abre túneles bajo la tierra y se extrae la roca que se exporta para su procesamiento en la costa, a menudo en Nazca (Ica) o Chala (Arequipa). El procesamiento, siendo la fase más contaminante del proceso minero, a la fecha en Chumbivilcas, no se percibe como un problema de contaminación. La única zona realmente contaminada se encuentra en la pampa de Choccoyo, donde se realiza minería aluvial o de lavadero, una modalidad de trabajo ultraminoritaria en la zona. También se debe tomar en cuenta los procesos diferenciados entre extracción del oro, del cobre, del plomo, etc., cuyo procesamiento difiere, y donde existen tecnologías variadas, algunas más limpias que otras. Como señalan Weill, Castro y Escalante (2024), el tema de los impactos ambientales de la minería artesanal y pequeña minería (MAPE) en Chumbivilcas es un asunto que aún carece de mediciones rigurosas y oficiales: al no existir datos concretos, no es posible realizar generalizaciones apresuradas.
Las preocupaciones ambientales sobre la explotación minera en Chumbivilcas son serias y legítimas. La propia población local es consciente de ello, ya que son ellos quienes viven y seguirán viviendo en la zona. Sin embargo, las personas que manifiestan su preocupación por la desaparición de fuentes de agua también expresan, en la misma conversación, la necesidad de generar empleo y sustento. Esta contradicción lo resume muy bien una periodista boliviana, en el marco de un seminario itinerante sobre extractivismo: “La vida es tan paradójica: es la minería que sostiene económicamente el país. Puede ser depredadora y contaminante, pero es la única fuente de trabajo. Entonces lo que queremos es una minería responsable, con tecnología limpia y medidas de seguridad industrial. Hay gente extremadamente ecologista, pero ¿qué propone esa gente a los que trabajan para su subsistencia?”. Estas palabras hacen hincapié en el uso y la instrumentalización de la cuestión ambiental para estigmatizar a categorías de población históricamente marginadas. A nivel local, los descendientes de hacendados comentan, por ejemplo: “Hoy ya no hay caballeros, son sin instrucción y agresivos. Ahora son mayoría, tienen dinero por la minería informal, que es fuente de contaminación”. El tradicional racismo gamonal hacia los indígenas toma hoy la forma de una preocupación por el medio ambiente, que sirve de condena moral a la actividad económica que trastoca las relaciones de poder tradicionales.
A nivel nacional, el énfasis particular sobre los impactos ambientales de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) en los discursos de una gran diversidad de actores parece ser el punto en el que todos convergen. Giselle Vila Benites (2023) muestra, por ejemplo, que los impactos ambientales de la MAPE son movilizados por la élite política y económica para reforzar la autoridad legal, moral y territorial de la gran minería, como opción de desarrollo más favorable por cumplir con la reglamentación ambiental. Sin embargo, se ha comprobado que las empresas nacionales y transnacionales, a lo largo de las últimas décadas, han traído una serie de catástrofes ambientales y sanitarias (Gudynas, 2018): el derrame de mercurio en Choropampa en Cajamarca por la minera Yanacocha, la contaminación por metales pesados en Espinar (Cusco) o por el petróleo en Cuinico (Loreto) por parte de Petroperú. Nos preocupa en este sentido que la importante atención mediática y a la contaminación generada por la MAPE termine encubriendo las fuentes de contaminación bastante más importantes que generan las empresas transnacionales, al consolidar (voluntariamente o no) la percepción de alternativa deseable formal y respetuosa de la legislación ambiental.
Varios autores (Lahiri-Dutt y Macintyre, 2006; Verbrugge y Besmanos, 2016) han cuestionado el lugar sobredimensionado de las cuestiones ambientales en las investigaciones y discursos críticos al extractivismo, minimizando las dimensiones económicas de los fenómenos. En el caso boliviano, Benjamin Swift y Laura Barriga Dávalos (2024) analizan las reacciones ante los incendios forestales que culparon a los pequeños agricultores racializados antes que al sector agroindustrial, y plantean que la desconexión entre algunos sectores ecologistas, urbanos y privilegiados con la realidad económica en territorios rurales produce un “tipo de ecologismo [que] no considera los problemas ambientales como una cuestión estructural estrechamente relacionada con la clase, raza e injusticias sociales”, lo que termina reproduciendo discursos con “fundamentos racistas y capitalistas”. Esta tendencia se enmarca en la trayectoria histórica del conservacionismo del siglo XIX, cuando empresas coloniales e imperialistas buscaban proteger una naturaleza considerada prístina y salvaje, exterior a la presencia humana, de los daños realizados por los pueblos indígenas, analfabetos y sin conciencia ambiental (Blanc, 2024; Ferdinand,2019). Respecto a la MAPE, en el caso peruano, podríamos entender entonces el lugar preponderante que se le otorga a la cuestión ambiental como el sesgo de un sector social que construye formas moralistas de entender la cuestión ambiental; una ecología que tiene, entonces, antecedentes racistas y coloniales. Consideramos que se debe entender la problemática ambiental como un riesgo a las economías de subsistencia y para la salud ambiental y los trabajos de cuidados, es decir, adoptar una perspectiva materialista, pues ayudaría a darle la debida importancia a la cuestión ambiental sin desconectarla de los procesos socioeconómicos de las poblaciones que interactúan con su entorno de vida y de trabajo.
A un nivel más global, concordamos con una serie de autores críticos del extractivismo en el sentido de que la minería, grande o pequeña, no puede representar un horizonte sostenible a largo plazo. Sin embargo, el debate sobre la sostenibilidad del modelo de organización económico desborda por mucho el debate sobre la MAPE: el sistema capitalista en su globalidad, impulsado con la acumulación de capital infinito en un mundo finito, ha mostrado ser incompatible con los límites planetarios. Como lo sostiene Horacio Machado (2018), el extractivismo es la columna vertebral del sistema capitalista actual, sin el cual este se derrumbaría. Salir del paradigma extractivista, donde los países del norte externalizan la contaminación producida para subvencionar su nivel de vida y su estilo de consumo, es un reto enorme que ningún país latinoamericano ha logrado resolver. Es una problemática colectiva que nos queda por resolver, y que de ninguna forma debería recaer en la respuesta simple de reducir el problema a la contaminación producida por la minería informal.
Además de la contaminación, se suelen enfatizar los vínculos con partidos y procesos políticos regionales o nacionales considerados como amenaza a la democracia, con la prostitución y la trata de persona, y con el crimen organizado y el narcotráfico. Analizando cada uno de esos elementos, mostraremos la dimensión estigmatizante de los discursos que asocian esas problemáticas nacionales muy reales a este sector económico en particular, y solo a él. Un pronunciamiento del 15 de marzo del 2024 de la ONG CooperAcción refiere a “un sector que ha acumulado mucho poder económico e influencia” y “que hoy en día es consciente de su poderío”. Nos parece que declaraciones de este tipo generalizan y presentan como amenazante a una población que es material, simbólica y sistemáticamente excluida y marginada a nivel nacional, operando una inversión de las posiciones sociales que nos parece altamente problemática. El pronunciamiento también denuncia que los “partidos políticos terminan aproximándose a las organizaciones de mineros informales e incluso firman actas y compromisos”, lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿por qué sería un problema que los candidatos tengan acercamiento a estos actores?, ¿por qué sería más sospechoso que cualquier otro? Se debe recordar que la política peruana funciona bajo lógicas clientelistas y de corrupción sistémica (Nureña y Helfgott, 2019) y que el Estado peruano viene siendo capturado por intereses privados desde hace mucho tiempo (Durand, 2016). La expansión de la minería informal no introduce ninguna novedad ahí. Así, no solo los discursos que lo presentan como una amenaza estigmatizan un sector históricamente marginado, sino que terminan reprochándole el hecho de jugar con las mismas reglas del juego que los poderosos desde hace décadas.
En cuanto a la problemática de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el tema es evidentemente de suma importancia. Sin embargo, no deja de sorprender su asociación casi exclusiva con la minería informal (en particular en La Pampa, Madre de Dios), cuando según nuestro trabajo de campo, las redes de trata y de prostitución conectan las zonas de minería informal y formal (como Espinar o Challhuahuacho), así como también zonas urbanas. En este sentido, esta asociación nos parece una forma de instrumentalizar preocupaciones feministas importantes para estigmatizar una categoría de población ya marginada. Al respecto, se debe hacer hincapié en la visión estigmatizante y homogeneizadora que se reproduce en los discursos hegemónicos al respecto de la trata de personas. En algunas zonas, las trabajadoras sexuales controlan en buena parte sus condiciones de trabajo y los pagos que reciben, y ejercen este trabajo porque es bastante más rentable que otros trabajos a los que las mujeres pobres y racializadas suelen tener acceso. Esta situación, evidentemente, no puede ser generalizada, pues los casos de esclavización sexual existen, en particular con menores de edad. Sin embargo, de forma muy similar a los discursos sobre minería informal, los discursos victimizantes y homogeneizadores sobre trata de personas, con tonalidades moralistas y paternalistas8, no terminan de reflejar la complejidad de las realidades socioeconómicas, agentividades y problemáticas a las que se enfrentan mujeres y hombres de extracción popular y precarizados en las economías no formales.
En cuanto a relaciones con el narcotráfico y el crimen organizado, si bien es una preocupación real en ciertas zonas de minería informal del país, reiteramos por un lado que estos vínculos no caracterizan la totalidad de las zonas de extracción minera informal; y, por otro lado, que también se encuentran en zonas de economías formales, como es el sector agronegocio en el valle de Virú, pero también en la propia capital. Las recurrentes movilizaciones de transportistas en Lima, azotados por las extorsiones a manos de grupos criminales y armados, son la mejor expresión de ello. Siendo esta una realidad transversal a nivel nacional, y no propia de la minería informal, nos parece particularmente estigmatizante fundamentar discursos de rechazo y denuncia a la minería informal y exclusivamente a ella.
- El Decreto Legislativo N.° 1293, sobre la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, fue aprobado en diciembre del 2016, el cual daba un plazo de 36 meses para el proceso de formalización a los mineros informales, prorrogándose dicha vigencia de formalización hasta el 31 de diciembre del 2024, bajo la Ley N.° 31388. ↩︎
- Puede verse las siguientes notas periodísticas: La República (14 de marzo del 2024), Perú21 (24 de julio del 2024). ↩︎
- Principalmente ONG como CooperAcción (15 de marzo del 2024) y Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (14 de marzo del 2024). ↩︎
- Sobre las prórrogas y los procesos de ampliación de la formalización minera, puede verse Ventura Zurita (2024). ↩︎
- La comunidad campesina es la titular de territorio comunal y posee personería jurídica. Al respecto, puede verse: Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N.° 24656. ↩︎
- Al respecto puede verse: La República (7 abril del 2024), La República (2 de agosto del 2023). ↩︎
- Al respecto, véase: La República (9 de mayo del 2024). ↩︎
- Por ejemplo, en la presentación de una obra teatral en Cusco,en noviembredel2024, la fiscal especializada contra la trata afirmó que “la víctima no sabe que es víctima, ella cree que es trabajadora”. Este tipo de afirmaciones reflejan una forma de violencia institucional que acalla la voz de la mujer en cuestión y su autorrepresentación por considerarla ignorante, imponiendo una narrativa que a todas luces rechaza, aunque con la intención de velar por sus intereses. Al igual que la minería informal, comunal o artesanal, las categorías con las que pensamos ese fenómeno (frecuentemente surgidos de categorías estatales), deben entonces ser puestas en debate.
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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
communicationifea (6 août 2025). ¿Minería informal o con participación comunal? Una discusión sobre conceptos, actores y la estigmatización de una actividad económica compleja. IFEA. Consulté le 5 décembre 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/14gmh
