Escribe Julie Massal, doctora en ciencia política e investigadora del IFEA en Colombia

El proceso de paz colombiano, 5 años después del Acuerdo del Teatro Colón

El 24 de noviembre de 2021, Colombia celebró el quinto aniversario del Acuerdo de paz  hoy conocido como el Acuerdo del Teatro Colón, vigente desde el 1 de diciembre de 2016[1]. Como en años anteriores, han florecido los balances del proceso de paz[2], evidenciando voces y percepciones muy divergentes, aunque el apoyo al proceso sigue firme en la comunidad internacional.

Pese a ciertos avances, cada vez más se expresan voces de alerta sobre la falta de reformas económicas (reforma rural integral, punto 1), o en la lucha contra el narcotráfico (punto 4), y más aún, ante la  violencia que acecha territorios y regiones, ya muy afectados durante el conflicto, debido a la multitud de grupos armados presentes y a la débil presencia del Estado a nivel social y económico. Esta violencia afecta en particular a los excombatientes de las Farc desmovilizados y a los llamados “líderes sociales”, líderes comunitarios y de organizaciones locales que adelantan procesos productivos alternativos a los cultivos ilícitos, defienden las políticas derivadas del acuerdo de paz, o promueven la defensa del medio ambiente. La población civil también enfrenta la violencia de los distintos actores (disidentes, guerrillas, narcotraficantes y grupos heredados de los paramilitares) que compiten por el control del territorio y los recursos, entre ellos los derivados del narcotráfico[3]. En conjunto, el proceso de paz sufre retrasos importantes en su implementación[4].

La verdad, la justicia,  la reparación a las víctimas y la no repetición: pilares del proceso de paz

Uno de los pilares fundamentales del proceso de paz es el Sistema Integral  de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), dentro de lo que se conoce como la Justicia Transicional. Ha sido desplegado desde el 2018 y al cabo de tres años, empiezan a surgir algunos resultados preliminares. Dentro del SIVJRNR, existen tres instancias: la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, Reconciliación, Convivencia y No Repetición (conocida como CEV o Comisión de la Verdad) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). La Comisión no tiene competencia judicial pero aporta elementos de información que la JEP puede utilizar.

La JEP tiene siete macro-casos abiertos[5], y ha empezado en 2021 a emitir fallos[6], tanto contra exdirigentes de la guerrilla de las Farc por el crimen de secuestro contra civiles (políticos, empresarios entre otros), como contra militares y policías, acusados de haber cometido o permitido los llamados “falsos positivos”. Este término designa las ejecuciones extrajudiciales realizadas, a cambio de primas o vacaciones, por policías o militares contra civiles disfrazados de guerrilleros, para aparentar resultados positivos en la “lucha antisubversiva”[7]. La JEP ha develado la cifra reevaluada de 6400 casos de falsos positivos (la mayoría ocurrieron entre 2006 y 2008)[8]. La JEP también ha llegado a promover la búsqueda de personas aún no encontradas, entre las víctimas de “falsos positivos” o personas que han sido secuestradas y luego asesinadas, o que han desaparecido sin causa conocida, organizando esta tarea junto con la UBPD.

El avance en los siete macro-casos ha dejado clara la magnitud de los procesos de reparación pendientes hacia las diversas víctimas, pero también ha demostrado la complejidad y diversidad de los distintos patrones de violencia ejercidos durante el conflicto, así como de los modus operandi en vigencia según el tipo de victimario, en las distintas regiones.

Paralelamente a los avances de la JEP,  la CEV ha avanzado, desde octubre de 2018, en la recolección de los testimonios de las victimas pero también en los encuentros con los responsables de la guerrilla, de la fuerza pública y del sector privado,  en aras a presentar un informe final con distintos capítulos enfocados en la diversas víctimas y grupos de población (indígenas, mujeres, niños y jóvenes, etc.).

Los debates en torno a la Comisión de la Verdad: retos y aportes.

En este marco, es pertinente recordar algunos debates que se han dado alrededor del desempeño, de los aportes de la CEV y de los retos que ha tenido que enfrentar hasta la fecha. Estos debates han sido expresados en el coloquio internacional virtual: “La Comisión de la Verdad colombiana. Perspectivas a la luz de experiencias comparadas”[9], que fue organizado el 6 y el 7 de octubre de 2021, por el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), el Instituto de las Américas (IDA), la Asociación de Juristas Franco-Colombianos (AJFC) y la propia Comisión de la Verdad (CEV), con el apoyo de la Embajada de Francia. En ese evento se han  evidenciado algunos de los principales retos que la CEV ha tenido que sortear. Esos retos se relacionan tanto con su metodología de trabajo y su equilibrio, su eficacia o impacto, su legitimidad y su pertinencia social y cultural.

Ese evento se realizó justo después de que el mandato de la Comisión, que debía extinguirse en noviembre de 2021, fuera prorrogado por otros nueve meses: 7 para la realización del informe final de la Comisión, y 2 para su socialización y difusión en la sociedad.  Esto ocurrió debido al procedimiento de varias organizaciones de víctimas ante la Corte Constitucional, para pedir que el mandato se extendiera, ante los obstáculos relacionados con la pandemia y el confinamiento de cinco meses en 2020, lo que dificultó los encuentros de la Comisión con las víctimas en varias regiones, sobre todo las más apartadas y desprovistas de cobertura de internet.  

El caso colombiano muestra como la labor de la CEV se realiza durante un periodo que, si bien se enmarca en el proceso de paz, también se caracteriza por la persistencia de varios tipos de violencia social y política hasta la actualidad, lo que reorienta su mandato, tal como resaltó el comisionado Carlos Martin Beristaín. Por ende, aunque su mandato es entender las dinámicas del conflicto armado, también orienta su reflexión sobre los factores de persistencia de la violencia hasta hoy. La CEV opera además en un periodo marcado por una fuerte polarización política y social en torno al proceso de paz, pues como lo evidenció el plebiscito de octubre de 2016, este proceso de paz no es consensual en absoluto. Esa polarización obedece a múltiples causas, pero es de resaltar en especial la fuerte tensión entre el Estado y sectores de la sociedad civil, en particular algunas organizaciones de representantes de victimas del Estado y de la fuerza pública (como las madres de los jóvenes que fueron víctimas de “falsos positivos”) que no coinciden en su interpretación del conflicto armado y tampoco respecto a lo que debería ocurrirle a los victimarios, sean institucionales (fuerza pública), privados (empresarios), paramilitares o guerrilleros, después de reveladas las responsabilidades de los crímenes que la JEP también va a tratar al nivel judicial[10].

La Comisión de la Verdad debe contribuir, como lo indica su mandato, al “esclarecimiento de la verdad” acerca de los crímenes cometidos. Por ende, pueden surgir tensiones o divergencias en la forma como se conciben y se evalúan las responsabilidades de los victimarios y las penas aplicables, al nivel jurídico o simbólico. Hay sectores críticos por la falta de sanción hacia responsables de las Farc sobre todo, y que se muestran escépticos ante la “poca eficacia” en este sentido del sistema de justicia transicional.

Otras críticas se refieren más bien al trato a las víctimas. Se puede señalar por ejemplo que la JEP y la Comisión tienen procedimientos distintos de recolección de los testimonios, que aparecen a veces no suficientemente articulados, lo que obliga ciertas victimas a testimoniar en distintos espacios y en repetidas ocasiones[11]. Además, la violencia persistente afecta a víctimas que han dado su testimonio y que pueden verse intimidadas o amenazadas, razón por la cual se ha reclamado mayores garantías de seguridad para las víctimas por parte de la Comisión; algo que es un tema de debate y un motivo de preocupación hasta la actualidad, pese a avances en esta dimensión.

Finalmente una dificultad adicional se debe a que la CEV no es el primer espacio de debate que promueven las instituciones en torno a la reconciliación y la memoria,  dimensiones que han sido ya trabajadas por instancias oficiales pero también por la academia y la sociedad civil en otros espacios. Los “ejercicios de memoria” han sido numerosos y la producción de informes e investigaciones en este ámbito ha tenido un auge en la última década en Colombia[12]. Por ende, la CEV tenía que demostrar su legitimidad con un aporte adicional en este sentido, para contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la convivencia y la no repetición, y no volver a repetir lo que ya se conocía y se había hecho pero que no había sido publicitado o sistematizado.

Pese a todas estas dificultades y restricciones, agravadas durante el confinamiento que ha impedido los desplazamientos de los comisarios hacia las regiones y los encuentros presenciales con las víctimas (que no siempre pueden o quieren testimoniar en modalidad virtual), la CEV ha logrado  entrevistar o encontrarse, en el lapso de 3 años, con cerca de 25 000 personas que han contribuido con testimonios, y ha colectado y revisado múltiples informes e investigaciones elaborados en el sector académico, o por ONG y organizaciones sociales nacionales, locales o internacionales. Esto le permite evaluar y analizar las dinámicas del conflicto y la persistente violencia en distintas regiones del país.

Al nivel metodológico, el enfoque de género, con un énfasis más marcado que en otras comisiones en el mundo sobre la violencia hacia las mujeres, y el enfoque étnico, con la atención puesta sobre los efectos del conflicto en las poblaciones indígenas y afrodescendientes, han sido desarrollados tanto en grupos de trabajo específicos como en actividades transversales a la labor de la Comisión.

Así, la comisionada Alejandra Miller subraya que existe un continuum entre las violencias privadas en la esfera personal o doméstica y las violencias políticas hacia las mujeres, relacionadas con cualquier forma de militantismo social. También se observa un predominio del interés por la violencia sexual (la misma que se declina en 13 modalidades distintas), aunque existen otras violencias hacia la mujer menos visibles como la desaparición o el desplazamiento, aun cuando éstas afectan en mayor medida el género masculino. Pese a estos avances innegables, subsisten limitaciones tanto conceptuales como metodológicas que han sido objeto de debate con organizaciones de mujeres y sectores académicos, especialmente en la forma de concebir el enfoque de género y la “visión liberal” de la paz[13].

En el evento de octubre, también se resaltó, en las investigaciones o las experiencias de organizaciones locales, las limitaciones del enfoque étnico, incorporado más tardíamente y con menos alcance, a la reflexión colectiva de la CEV, así como la débil e incipiente implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz. Las organizaciones sociales señalan además las prácticas racistas y discriminatorias hacia los pueblos étnicos y la falta de apoyo social, estatal e institucional hacia la población indígena y afrodescendiente, la más afectada por la pobreza y la violencia, llamando a poner un mayor énfasis en estas realidades en el trabajo de la CEV.

Todos estos retos (alcances, enfoques, eficacia, pertinencia, representatividad y legitimidad) han sido objeto de reflexión en el evento de octubre ya mencionado. Pero hacia el futuro, la CEV tiene retos igualmente importantes y tal vez aún más controversiales.

Los retos hacia el futuro  frente al informe final de la CEV.

El informe final estará listo en el próximo mes de junio, y su difusión se dará en junio-agosto 2022, justo después de la elección legislativa y presidencial (respectivamente en marzo y mayo-junio). Esto significa que coincidirá con la llegada de un nuevo Congreso (20 de julio) y un(a) nuevo(a) Presidente (7 agosto). El periodo electoral suele ser marcado por un incremento de la polarización sociopolítica.

Por ende, con la difusión del informe de la CEV, más aun en semejante contexto, el principal reto radica en la manera de preparar la sociedad colombiana a recibir las verdades que surjan del Informe. Es decir, en lograr que los diversos sectores sociales y políticos, ya bastante escépticos, críticos o prevenidos, estén en posición de oírlas, entenderlas y aceptarlas. A falta de lo cual, puede generarse un rechazo hacia la CEV y un incremento aún más notorio de la violencia. Muchas verdades pueden resultar incomodas o inaceptables para los responsables de los crímenes pero también para las víctimas. Máxime si estos responsables no reciben las sanciones esperadas por parte de la JEP. Lo que podría alterar o dificultar la reconciliación entre víctimas y victimarios pero también entre distintas categorías de víctimas, ya que algunas se sienten menos escuchadas u olvidadas.

La comisionada Lucía González ha insistido, en el evento de octubre, sobre las necesarias estrategias a desplegar para garantizar la más amplia difusión del informe final, no solo como texto escrito sino a través de múltiples formatos, en medios de comunicación, pero también gracias a los eventos artísticos y culturales que puedan difundirse en  los festivales. Las prácticas artísticas son una forma de hacerse escuchar por parte de las victimas tanto al nivel individual como colectivo, y también constituyen una herramienta para la reconstrucción de lazos sociales y comunitarios en territorios afectados por la violencia.

El énfasis en la transformación de índole cultural es por ende una tarea determinante a futuro, para escuchar la palabra de las víctimas y fomentar la reconciliación, pero también para prepararse a escuchar las verdades que surjan. Sin embargo, algunas representantes de organizaciones de víctimas, en el evento de octubre, también han señalado las divergencias entre ellas y los diferentes posicionamientos hacia el pasado, el presente y el futuro, que pueden afectar la capacidad de oír las verdades y aceptarlas.

También subsisten las enormes dificultades de algunas comunidades y víctimas para hacerse escuchar, peor aún en territorios marcados por un incremento de la violencia política, articulada a las desigualdades socioeconómicas tradicionales y a las diversas actividades económicas ilegales (minería, narcotráfico). Esa violencia aísla aún más, con o sin confinamiento sanitario, a las regiones muy apartadas, desprovistas de servicios sociales y públicos elementales y de conexión internet. Esto lo resaltó el comisionado Leyner Palacios, quien expuso desde la región pacifica mediante un video que tuvo mucha dificultad en enviarnos a los organizadores del evento. Ello ilustra de manera explícita la dificultad de acceder a las víctimas para los comisarios, y para ellas, de lograr ser visibles para el conjunto de la sociedad colombiana. ¿Qué verdades llegarán hasta ellas y como serán recibidas?

El trabajo de la CEV está hoy por hoy en el centro del debate político,  y refleja de este modo, al mismo tiempo que las analiza, las tensiones sociales, culturales y políticas persistentes en Colombia, cinco años después del Acuerdo de paz. Este fue renegociado luego de su rechazo en el plebiscito, renegociación que retomó gran parte de las críticas al Acuerdo de la Habana. Aun así, los sectores opositores al Acuerdo de paz siguen renuentes hacia la labor de la CEV, por razones múltiples que superan el alcance de este artículo.

La Comisión de la verdad colombiana es considerada al nivel internacional como una comisión que beneficia de un mandato equilibrado, representativo, ambicioso pero no en exceso, y con fuerte legitimidad, según lo mencionado por R. Uprimny (en la conferencia final del evento de octubre). Además se ha beneficiado de los aprendizajes hechos a partir de las comisiones similares en otros países (como las de Perú, Guatemala, Argentina o Chile, entre otras). Pese a ello, la CEV sigue enfrentando  desafíos trascendentales. Y el conflicto persistente,  así como las múltiples modalidades de violencia, ensombrecen las perspectivas de reconciliación y de cambio sociopolítico. Por ello, el proceso de paz está en juego en el próximo periodo electoral.

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[1] La versión inicial se conoce como Acuerdo de la Habana, por haber sido negociado en esta ciudad cubana; fue firmado en Cartagena en Colombia en septiembre de 2016. Después de su rechazo en el plebiscito del 2 de octubre, fue renegociado y aprobado el 24 de noviembre de 2016, por el Congreso, en el Teatro Colón en Bogotá.

[2] Por ejemplo: “Logros y retos de la paz a los cinco años del acuerdo del colón”, 22/11/2021, por C. González Posso: LOGROS Y RETOS DE LA PAZ A LOS CINCO AÑOS DEL ACUERDO DEL COLÓN – Indepaz

[3] Indepaz, informe en línea (14/11/2021) : LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2021 – Indepaz; Contagioradio (2/11/2021): “En solo 3 meses fueron agredidos 209 defensores de DD.HH” : En solo 3 meses fueron agredidos 209 defensores de DD.HH. – Contagio Radio

[4] Contagioradio (22/11/2021): “En cinco años del Acuerdo de Paz, la implementación solo lleva 20%: Indepaz”: En cinco años del Acuerdo de Paz, la implementación solo lleva 20%: Indepaz – Contagio Radio

[5] En vez de tratar casos individuales, la JEP trata diferentes tipos de crímenes en distintas regiones, cada uno siendo objeto de un “macro-caso”, para establecer “patrones” de violencia. Para más información : Los grandes casos de la JEP

[6] Para una síntesis reciente en cifras de los resultados (noviembre de 2021): Presentación de PowerPoint (jep.gov.co)

[7] Esto puede significar el asesinato pero también la posterior desaparición de los civiles asesinados, la mayoría de ellos han sido enterrados en fosas comunes pero también a veces desmembrados.

[8]  Los avances en el macro-caso 03: “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”: Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado (jep.gov.co)

[9] Coloquio internacional: “La comisión de la verdad colombiana, perspectivas a la luz de experiencias comparadas”. Sesión 6 de octubre: https://www.youtube.com/watch?v=ZKLoOJMQXZg ; Sesión 7 de octubre: https://www.youtube.com/watch?v=E7js77KLOqc

[10] S. Michalowski, M. Cruz Rodríguez & H. Martínez Carrillo, ¿Cómo contribuir a la paz con verdad y justicia? Aportes a la verdad y reconocimiento de responsabilidad por quienes serán seleccionados en la Jurisdicción Especial para la Paz. Bogotá, Editorial Dejusticia, 2021.

[11] J. Vargas & J. Galindo, “Cómo participan las victimas en la JEP?”, Policy Brief n°7-20, CAPAZ-EDPAL-Georg August-Universität Göttingen, November 2020.

[12] Para una síntesis: Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: “Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”,  Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 11-07-2019.

[13] Gómez D. & al. (2021), Comisiones de la verdad y género en países del Sur Global: miradas decoloniales, retrospectivas y prospectivas de la justicia transicional, Uniandes-CIDER-CAPAZ.

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