¿Es necesario callar la cólera? Sobre el “desfile salvaje” del virus en Bolivia, y en otras partes

Por Franck Poupeau, investigador del CNRS en Bolivia, IFEA

Enésimo día de confinamiento en La Paz, Bolivia. Del otro lado del Atlántico, fuera de los medios de comunicación y de las listas profesionales, circula una petición llamando a la regularización de todos lxs migrantes en territorios francés y europeo; he aquí un extracto con el que me encontré por casualidad: “Vivimos hoy día una situación de crisis sanitaria mundial inédita frente a la cual los más vulnerables entre nosotros son los más expuestos. Hoy alrededor de 300.000 personas sin papeles se encuentran en suelo francés, estas son aproximadamente 4 millones en el territorio de la Unión Europea, viviendo a menudo en condiciones precarias inadmisibles, que imposibilitan el respeto de las medidas recomendadas por la OMS para luchar contra la difusión del coronavirus. Portugal ha decidido otorgar una residencia temporal (hasta el 30 de junio de 2020) a los migrantes presentes en su territorio. Una veintena de diputados franceses demandan asimismo la regularización temporal de los ilegales presentes en el territorio francés durante la epidemia del coronavirus; invocan “una medida de salubridad pública” frente a la “dramática situación de los ilegales y sin hogar”.

La petición no solo plantea la cuestión “humanitaria”, sino también la “cuestión ética de la contratación temporal de personas llamadas migrantes para paliar la penuria de los trabajadores en Francia y la disminución de la mano de obra disponible ligada a la pandemia y al cierre de fronteras”. Esta petición suscita sobre todo una indignación frente al hecho de enviar “al frente”, como se dice en tiempos de “guerra”, a gente no equipada – trabajadorxs temporales, cajerxs, repartidorxs, operarixs y también enfermerxs, médicos etc. ¿Cómo podemos comparar con una guerra aquello que depende de fallas de manejo, y que un diario independiente ha calificado de “mentira de estado”^[i] ?

En situación de confinamiento, en Francia o en el extranjero, podemos optar por tener acceso a la información sobre los eventos más cercanos, o los más lejanos, primero a través de los diarios digitales y las redes sociales que seleccionan la información, más que por los medios audiovisuales, cuyas pertenencias a los grandes grupos, las limitaciones de difusión y las conveniencias “editócratas”^[ii] son cada vez más cuestionadas. Vivir el confinamiento en el extranjero, es vivir también la impotencia frente a lo que ocurre en el país de origen – un prisma que condiciona también la percepción del país de residencia. Y veremos que en materia de gestión de crisis, Bolivia no es tan diferente a Francia…

Esta cuestión ética, sobre los migrantes y los personales expuestos, nos lleva directamente a las Américas: a los “excluidos del exterior” que son los migrantes bolivianos, temporales o no, que trabajan en Chile y que están bloqueados en la frontera de su propio país, impedidos por su propio gobierno de entrar a su territorio nacional^[iii] – una excepción nacional jamás vista, en un momento en el que la mayoría de países se esfuerzan por repatriar a sus connacionales. Pero existen también los “excluidos del interior”, trabajadores precarios, vendedores o vendedoras ambulantes, pagados por jornada o por negocios espontáneos, que sufren de lleno el confinamiento, y la incapacidad de su gobierno para encontrar otras soluciones además del cierre y la suspensión de las actividades que aseguran sus ingresos – 70% del trabajo es todavía informal en Bolivia. Manifestaciones ya han tenido lugar en Beni a inicios de abril, luego en el departamento de Tajira, dirigidas por trabajadorxs que se rehúsan a “elegir” entre morir de hambre o morir de coronavirus. Millones de dólares han sido otorgados a Bolivia para esta crisis^[iv], millones de bonos han sido luego prometidos a la población, pero el confinamiento no ha esperado ni la transparencia de fondos, ni la puesta en marcha de medidas por un gobierno de facto desbordado por los acontecimientos.

En la ciudad de La Paz, ciertos mercados continúan funcionando como de costumbre. Los mercados abiertos de barrios populares (villa Fátima, calles Buenos Aires o Santa Cruz, etc.) reciben todavía muchos compradores, raramente equipados con mascarillas o guantes. Este no es el caso de la zona favorecida del mercado Achumani, en la zona Sur, donde los equipos sanitarios, aunque de mala calidad, son de rigor. Es en esta parte de La Paz, y no en los barrios populares, en donde el virus empezó a diseminarse – contrariamente a una idea comúnmente difundida por los medios, según la cual la población de El Alto, la ciudad del altiplano que domina La Paz, sería la más afectada, por ser la más contraria al confinamiento – pero en estos lugares donde el trabajo informal es predominante, la promulgación de tales medidas tiene consecuencias incalculables sobre el nivel de vida de las familias y su capacidad a comprar alimentos. En los barrios más periféricos, y separados del resto de la ciudad y de sus flujos económicos, las mujeres que se ocupan de los hogares en ausencia de los maridos bloqueados en las obras al otro lado del país, cuentan que se las arreglan con alimentos almacenados antes de la crisis.

Los barrios privilegiados de La Paz en cambio, pasan menos penurias. En primer lugar, porque los controles militares son ciertamente numerosos, pero menos represivos que en otros lugares:  se controlan las identidades, para entrar a los supermercados, para pasar un cruce. En el altiplano al contrario, y siendo las zonas rurales menos afectadas, se hace de todo para impedir que los campesinos vayan a aprovisionar a los múltiples mercados que irrigan generalmente la economíaa urbana; y según otros testimonios, los controles militares ahí son más represivos. Sin embargo, los productos agrícolas siguen llegando, por caminos indirectos, a veces con la complicidad de las fuerzas policiales para escapar de los controles militares. En segundo lugar, porque las áreas urbanas de La Paz, más abajo, permanecen bien abastecidas por vendedores ambulantes de las comunidades circundantes, porque las rutas de aprovisionamiento que llegan de las municipalidades vecinas son menos controladas que las del altiplano, y los minibuses de aquellos que son habitualmente choferes o repartidores, traen comuneros a vender sus cosechas en las esquinas. La crisis sanitaria acelera todo un conjunto de transformaciones de los circuitos de aprovisionamiento, en la articulación entre lo rural y lo urbano. Mientras que por lo general, aún se perciben las dinámicas agrícolas desde un prisma de oposición entre la agroindustria de las regiones orientales – aquellas con las que el gobierno precedente de Evo Morales habría “pactado” con fines electorales –  y los pequeños cultivos de comunidades campesinas o indígenas, se asiste al surgimiento de una economía familiar compleja y multiforme (como lo muestran Nico Tassi & Maria Elena Canedo: “Una pata en la chacra y una en el mercado” : multiactividad y reconfiguracion rural en La Paz, CIDES-UMSA, 2019), efecto indirecto y probablemente inesperado de la promoción de la economía plural del Estado plurinacional instaurado en 2009, y que recompone tanto los modos de producción como los de la comercialización de productos alimentarios.

Sin estos productores de actividades múltiples, la crisis sanitaria ya sería seguramente una crisis alimentaria. No obstante, son ellos, los de las comunidades vecinas, a quienes los opositores de Morales abucheaban desde sus barrios favorecidos durante aquello que llamaron la “recuperación de la democracia”, y que resultó ser la instauración pura y simple de un régimen autoritario que no dudó en reprimir, con sangre, las manifestaciones y los bloqueos de quienes no aceptaban este golpe de facto – más de 30 muertos en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Son también ellos a quienes la presidente interina, -para quien la crisis sanitaria constituyó la ocasión inesperada de postergar sine die las elecciones previstas a inicios de mayo-, etiquetaba como “salvajes”, cuyo retorno al poder dicha presidenta quería evitar a toda costa, “democráticamente hablando”, por supuesto.

Es también en vista de estos plazos electorales futuros que el número de contaminados es sistemáticamente disminuido, y que verdaderas manipulaciones de cifras son ahora evocadas. En ausencia de infraestructuras sanitarias suficientes (menos de un centenar de camas aptas para cuidados intensivos en todo el país, herencia del gobierno anterior, que construyó hospitales sin darles los medios de equiparse por completo), y frente a la incapacidad de su gobierno para conseguir las pruebas y los equipamientos de protección necesarios para el personal hospitalario y la población, el confinamiento resultó ser – al igual que en Francia -, la única estrategia posible. El bajo número de personas afectadas (650 contaminados oficiales, 37 muertos declarados (hasta mediados de abril), es el único capital político valorable para justificar un “buen manejo” de la crisis. Medidas que restringen aún más el acceso a las pruebas de identificación del covid-19 han sido recientemente promulgadas, para intentar controlar las cifras de la expansión de la pandemia: “Las pruebas no se aplican a los contactos de un caso confirmado o sospechoso que al momento no presente sintomatología”, declaró el ministro de salud Marcelo Navajas el 15 de abril.

Hasta la fecha (abril), menos de 600 pruebas han sido realizadas en el país – la cantidad (y la tasa por millón de habitantes) más débil de toda América Latina, a pesar de una donación de 20.000 pruebas por parte de China. Una estrategia tal, orientada por la perspectiva de las elecciones futuras, no garantiza evidentemente ninguna trazabilidad susceptible de estancar la propagación de la enfermedad entre la población. Y existe, al parecer, un cálculo siniestro en esta “gestión”: la militarización del país, o más exactamente de sus lugares estratégicos, consiste sobre todo en confinar las zonas populares, donde la propensión de ir al hospital es muchas veces baja – herencia postcolonial de un sistema de salud deficiente en que el miedo al hospital conduce a menudo a muertes invisibles e incalculables. Mientras se trate de campesinos o indígenas, finalmente, poco importa – a estas poblaciones no se aplica la “biopolítica”, que consistiría en controlar la vida, porque la “política” real (para ellos) consiste solo en recluir a sus muertos.

¿Podemos decentemente publicar, en estas condiciones, textos académicos de análisis sobre “el virus”? Y aún si –al igual que todos–, uno puede estar afectado, ¿se puede realmente contar lo que se vive de la crisis? O al final, dejar hablar al poeta – no dejarse llevar por los relatos reconstruidos de la vida confinada y por los discursos desfasados de los “semisabios” para quienes el virus constituye otra oportunidad de promoción académica:

«Solidísimos bribones. Varios han explotado vuestros mundos. Sin necesidades, y poco dispuestos a poner en práctica sus brillantes talentos y su experiencia de vuestras conciencias (…) Maestros juglares, transforman el lugar y las personas y emplean la comedia magnética. Llamean los ojos, la sangre canta, los huesos se ensanchan, las lágrimas y unos hilillos rojos chorrean. Su burla o su terror dura un minuto, o meses enteros.

                                   Sólo yo tengo la clave de este desfile salvaje.»

(Arthur Rimbaud)

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¿Es necesario, una vez más, como en cada crisis “política” (las barriadas en llamas del 2005 en Francia), “económica” (la burbuja financiera del 2008), “terrorista” (los atentados de 2015 en Paris, traducidos como “radicalización”), ahora “sanitaria” (el virus, pero también las fallas de gestión que abrió), ceder a las órdenes de las instituciones, institutos y demás agencias que financian la investigación, a la vez que recortan continuamente los presupuestos, e intentan demostrar la “utilidad” de las ciencias sociales, si no para el “monitoreo”, -término consagrado de esos apóstoles de la “gobernanza”-, al menos para la comprensión de este proceso en curso? ¿Es necesario, una vez más, buscar en los recursos científicos acumulados a lo largo de una carrera, materiales para hacer un “paper” o un “blog”, que -a falta de ser tomados en cuenta o incluso leídos por estas mismas instituciones-, serán exhibidos por estas a golpe de listas de correos y de tweets, para justificar su existencia, y hacer olvidar que no dieron a la investigación con qué existir dentro de la anticipación y prospectiva? ¿Es necesario adoptar los códigos del formato erudito, para dar la apariencia de una contribución “ilustrada” al “debate público” y, como lo han hecho recientemente aún numerosos especialistas de las ciencias sociales a propósito de los “chalecos amarillos”, intentar replicar de la manera más “inteligente” y “entendida” posible, los resultados de investigaciones sin relación directa con los eventos en curso? ¿Es necesario resignarse a existir únicamente en la persecución de una aplicabilidad fantaseada de soluciones que siempre llegan a posteriori, e imitar de manera cada vez más dócil el tono prepotente de las informaciones de “expertos”? ¿Hay que callar la cólera?. No se trata de rechazar la escritura, o de negar la contribución de las ciencias sociales al entendimiento de los eventos y de sus efectos sociales, se trata solamente de dejar la posición del experto que ofrece su “testimonio” para buscar “soluciones”, que se quedan generalmente confinadas a los blogs institucionales de la global science.

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^[i] https://www.mediapart.fr/journal/france/020420/masques-les-preuves-d-un-mensonge-d-etat

^[ii] Para un ejemplo entre varios, ver el análisis del 7 de abril del 2020 realizado por el Acrimed: https://www.acrimed.org/Covid-19-les-editocrates-serrent-les-rangs

^[iii] https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/12/825-bolivianos-varados-en-colchane-se-van-iquique-alli-tendran-albergue-252461.html

^[iv] 20 M $ de parte del Banco Mundial, 5 M $ de la Unión Europea, a inicios de abril, otras ayudas están aún por llegar, al igual que un préstamo de 1000 M $ del Banco central de Bolivia.

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