Las autoridades locales frente al coronavirus: algunas lecciones e ideas para el futuro

Por Arthur Morenas, doctorando en ciencia política (Institut des Amériques)

Desde hace una semana, la municipalidad provincial de Chincha prohibió el acceso al mercado de abastos, el principal mercado de la ciudad, a toda persona que residiese fuera del distrito de Chincha Alta, capital de la provincia. Desde el inicio del estado de emergencia en todo el territorio nacional, las autoridades vienen enfrentándose al problema de la aglomeración de personas en el mercado y sus alrededores, el cual genera riesgos de contagio. Chincha, situada a 3 horas al sur de la capital Lima, es la segunda provincia más poblada de la región Ica, con 217 683 habitantes. La mayor parte de su población se concentra en los distritos costeros de Chincha Alta (63 671), Pueblo Nuevo (61 078), Sunampe (27 496) y Grocio Prado (24 049). Si los distritos de Chincha Alta y Pueblo Nuevo son mayormente urbanos, los otros distritos tienen importantes actividades agrícolas, pesqueras y ganaderas. La provincia tiene además 3 distritos ubicados en la sierra (Chavín, San Juan de Yánac y San Pedro de Huacarpana), importantes por su actividad agrícola y ganadera, pero también minera.

La concentración urbana en la parte costera, y específicamente en los alrededores de Chincha Alta resultó problemática en la gestión de la crisis del Coronavirus. El mercado de abastos y sus alrededores (ocupados por el comercio ambulante) son habitualmente lugares de alta concentración de gente. Las restricciones horarias y limitaciones al comercio ambulante habían empeorado la situación, y resultó necesario limitar el acceso al mercado y descentralizar los mercados de abastecimiento en los principales distritos de la provincia. De hecho, la medida obligó a los alcaldes de municipalidades distritales a organizar, en sus respectivos distritos, mercados locales. Esta medida era necesaria; sin embargo, tardó en implementarse e ilustra el papel específico de los gobiernos regionales y locales en la lucha contra el coronavirus, papel que no debería reducirse solo a la entrega de víveres a poblaciones vulnerables.

El mercado provisional en la plaza de armas del distrito de Sunampe . Foto: A. Morenas

Los gobiernos locales: ¿posibles actores para acercar al productor y consumidor en tiempos de crisis sanitaria?

Desde el inicio de la crisis y del estado de emergencia en el Perú, la cuestión de la mejor manera de poder limitar las altas concentraciones de personas en los mercados y supermercados ha sido central y a veces controversial, como lo mostró la medida de alternancia en los días de compra entre hombres y mujeres o la prohibición de compras los jueves y viernes santo. Las decisiones gubernamentales han sido a veces criticadas, pero poco se mencionó sobre el papel que podían (o deberían) tener las autoridades locales y regionales. Si la transferencia de recursos del gobierno nacional a las autoridades regionales y locales para la compra y entrega de canastas de primera necesitad a los hogares más necesitados dio a estas un papel “oficial” en la gestión de la crisis, se debería poner énfasis también en una serie de medidas que podrían implementar, con el fin de controlar a nivel local las concentraciones excesivas de personas. Se dio, a través de la prensa, cierto énfasis a la decisión de alcaldes distritales de cerrar sus “fronteras”: la decisión de la municipalidad de La Molina fue la más mediatizada, pero también se tomó esta decisión en otros distritos como Pacasmayo o San Pedro de Lloc.

No obstante, poco se mencionó sobre el papel que pueden jugar estas autoridades para reorganizar los circuitos de abastecimiento, para intentar limitar las concentraciones de gente en los mercados y supermercados y a la vez acercar al consumidor y al productor, para reducir riesgos de contaminación en el transporte de los productos: “de la chacra a la olla”, es el nombre que se le dio a la iniciativa en varios distritos de Chincha. De hecho, los gobiernos locales conocen más que cualquier otra autoridad gubernamental o estatal a los habitantes y productores de sus respectivos distritos, y son probablemente los más indicados para poder realizar dicha tarea. Cabe mencionar que estas iniciativas no se pueden reproducir con la misma facilidad en todas las localidades: la provincia de Chincha cuenta con un número importante de productores agrícolas, avícolas y actividad pesquera, lo que ayuda evidentemente a organizar dichos circuitos locales de abastecimiento. La iniciativa de descentralizar los mercados de abastos se revela no obstante necesaria para poder enfrentar con más eficiencia el tema de la alta concentración de gente, y se podría pensar en mecanismos para abastecer, especialmente en zonas urbanas, las tiendas y pequeños negocios con precios equivalentes a los de los grandes mercados, en general más económicos. Cuando, en algunos momentos, se denunciaba el número exagerado de distritos, la crisis actual recuerda la importancia de contar con niveles de autoridad lo suficientemente cercanos a la población para poder fomentar la organización local, pero también la importancia de contar con mecanismos de repartición de los recursos entre distritos, para que la organización local no sea sinónimo de nuevas desigualdades entre distritos ricos y pobres.

La crisis del coronavirus saca a la luz la problemática de los “no pobres” vulnerables.

El conocimiento de las autoridades locales de sus respetivos distritos y provincias fue uno de los argumentos principales a favor de la transferencia de recursos para la compra de productos de primera necesidad. Cabe mencionar aquí también que muchas autoridades locales no esperaron dicha transferencia del gobierno para implementar, muchas veces con grandes empresas locales, la entrega, por ejemplo, de pollos a los residentes de sus distritos (como ocurrió en varios distritos de la región Ica). No queremos entrar aquí en el debate sobre la dimensión muchas veces “política” de dichas entregas (¿es necesario que el alcalde en persona realice la entrega, y que el personal de comunicación de la municipalidad esté difundiendo en vivo las entregas?), pero sí recalcar que esta crisis saca a la luz el problema de los “no pobres” en situación de vulnerabilidad, los cuales no han sido incluidos en muchas políticas públicas de las últimas décadas.

Se ha hablado mucho sobre la fortaleza fiscal del Perú, que le permite afrontar con más dinamismo la crisis del coronavirus en comparación con otros países de la región, e incluso del mundo. La entrega de bonos a los hogares más vulnerables ha sido, sin lugar a duda, un paso importante para ayudar a millones de familias en situación de pobreza. La extensión de los bonos a trabajadores independientes, y la transferencia de recursos para la entrega de canastas de primera necesidad a nivel local muestra con cierta claridad la dificultad que tiene el Estado peruano para llegar a todos los necesitados en un momento de crisis excepcional. En estas últimas décadas, los programas sociales se han basado en el principio de “focalización” de la pobreza, con la idea de que los programas sociales lleguen a las personas que realmente lo necesiten: aquellas en situación de pobreza y extrema pobreza. No obstante, como lo recuerdan Javier Herrera y Angelo Cozzubo “La expansión de la cobertura de los programas sociales, al focalizar únicamente a la población en condición de pobreza, ha dejado sin atención a los vulnerables y menos aún diseñando políticas específicas destinadas a disminuir la vulnerabilidad (en particular los mecanismos de seguros contra el desempleo, la quiebra de negocios familiares, las consecuencias de desastres naturales, el acceso al crédito formal, etc.)”[1]. Los vulnerables son las personas y hogares que salieron de la situación de pobreza, pero que podrían fácilmente, por razones coyunturales o de enfermedad, por ejemplo, caer de nuevo en esta. La dificultad para el Estado peruano de ayudar a esos hogares en situación de vulnerabilidad, que representaban el 28,4% en el 2018[2], muestra que todavía se hizo poco para identificar e implementar políticas socioeconómicas de corte más universal. De alguna manera, el anuncio del 28 de julio de 2019 por el presidente Vizcarra de la universalización del Sistema Integral de Salud (SIS), antes dirigido a los hogares más pobres, va en este sentido, aunque necesita un incremento importante del presupuesto para el sector salud. La crisis del coronavirus podría, de cierta manera, reforzar una forma de consenso nacional para mejorar el sistema público de salud. La situación también saca a la luz el desafío, para los científicos sociales en general, de producir un conocimiento más detallado sobre esta categoría de “no pobres” aún en situación bastante precaria y frágil, lo cual implica no limitarse solamente a las encuestas sobre condiciones materiales de vida y pobreza monetaria.


[1] Javier Herrera y Angelo Cozzubo, La Vulnerabilidad de los hogares a la pobreza en el Perú, 2004-2014, UMR DIAL 225, Université Paris Dauphine, Institut de Recherche pour le développement,  Documento de Trabajo, n˚ 2018‑08, 2016.

[2] https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/28/coronavirus-en-peru-los-vulnerables-a-la-pandemia-covid-19/


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