Por Julie Massal, investigadora del IFEA en Bogotá

Una movilización multisectorial de una amplitud nunca vista

Las movilizaciones sociales en Colombia se dieron inicio con la «huelga nacional» del 21 de noviembre de 2019, seguida masivamente[1] en las principales ciudades, como Bogotá, Medellín y Cali (Colombia posee 45 millones de habitantes, 70% de ellos citadinos), pero también en las pequeñas y medianas ciudades, confirmando su carácter nacional. Continuó con las jornadas del 29 de noviembre y del 4 de diciembre, con una participación menor, pero también se diversificó en sus expresiones, como las marchas casi cotidianas y los cacerolazos, inéditos en Colombia. Asimismo, se dieron lugar a las asambleas ciudadanas de barrio y a diversas modalidades de debate, como las «clases a la calle» sobre la coyuntura, y a muchas manifestaciones festivas y culturales, como los conciertos del 8 de diciembre, el día de la fiesta de Bogotá; todos ellos han permitido una reapropiación del espacio público.

Más allá de los sindicatos que convocaron a la huelga, la movilización se extendió hasta las organizaciones estudiantes, campesinas, indígenas, ambientalistas y feministas, pero también hasta los actores no organizados, como las personas mayores que temen una disminución de su jubilación y la «juventud» no estudiante, que demanda ser escuchada y mejor representada. Autoproclamada «protesta ciudadana», esta movilización multisectorial centró su discurso principalmente en tres temas:

1. La lucha anticorrupción, principalmente en el seno de la clase política y en el sector educativo, luego de diversos escándalos en las universidades públicas;
2. La defensa del acuerdo de paz y el rechazo a la violencia social contra los activistas, así como la denuncia del reclutamiento forzado de jóvenes menores por los actores armados;
3. El rechazo al paquetazo de medidas económicas y sociales, en debate en el Congreso (reforma fiscal, reforma de la jubilación). Estas medidas, según los sindicatos, aumentarían la privatización de las pensiones (que funciona ya según el sistema de capitalización en gran parte), agravaran el empleo precario y mal remunerado, especialmente para los jóvenes graduados y profesionales, y elevarían el costo de vida (impuestos, tarifas por servicios públicos).

Estos temas se articulan alrededor de dos ejes: por un lado, el rechazo a la política social y económica del gobierno, que moviliza los sectores en huelga más próximos a los sectores sindicales, los estudiantes, así como a los jubilados y las familias modestas, en medio urbano; y por otro lado, la reivindicación de un debate «necesario» sobre la puesta en marcha del acuerdo de paz, expresado bajo la forma de una crítica a la «política de seguridad» del gobierno, presente también en el medio rural. Este segundo eje adquiere, de hecho, una importancia mayor en el debate público, lo que reflejaría una evolución desde el referéndum del 2 de octubre de 2016, en el que el acuerdo de paz fue rechazado con un 50,2%.

La movilización en curso se revela, en muchos sentidos, sorprendente. La convocatoria a una huelga nacional por los principales sindicatos el 21 de noviembre no constituye una innovación per se; sin embargo, otras convocatorias a una huelga nacional, como la del 25 de abril de 2019, no tuvieron el mismo eco. Esta vez, la convocatoria va mucho más allá de los sectores tradicionalmente movilizados y recae sobre la creación de una agenda política con nuevas reivindicaciones, manteniendo una fuerte expectativa en relación con el proceso de paz. Se trata de comprender este proceso de articulación multisectorial.

El surgimiento de nuevos debates sociales y políticos

Esta movilización es percibida como innovadora, tanto por su composición y sus motivaciones como por su escala y su extensión geográfica. La movilización social no es, sin embargo, un fenómeno totalmente inédito en Colombia: sea que se trate de un plan nacional o local, ella permitió mantener una red de organizaciones diversas, campesinas, feministas, medioambientales o pacifistas, que participaron en la construcción de diferentes modalidades de resistencia civil, frente al conflicto armado y a la violencia política engendrada por este. Las movilizaciones pasadas produjeron así nuevas articulaciones al plan nacional, entre los actores campesinos y estudiantes en 2011 y 2013, así como con los movimientos pacifistas (Massal, 2018; Allain & Beuf, 2014; Cruz, 2013). Estos antecedentes ponen al descubierto un proceso de recomposición de los movimientos sociales, iniciado poco antes de la negociación del proceso de paz en 2012 y que ha continuado desde entonces. Pero la violencia social y política parecía limitar un poco la extensión de la movilización. La sorpresa generada por la respuesta de finales de 2019 esta pues ligada a su dimensión nacional y a su composición heterogénea, y al hecho de que ella se sitúa en gran parte fuera de los canales institucionales sindicales y partidarios.

La movilización actual es el fruto de las evoluciones sociopolíticas a mediano plazo.  A nivel urbano, después de una década, nuevos debates modifican la agenda de los actores sociales. Las movilizaciones estudiantiles de 2011, que reunieron estudiantes del sector público y privado, habían ya ampliado el debate enfatizando el difícil acceso a los estudios universitarios, esto en respuesta a la privatización de las universidades públicas y al costo de la educación superior. A finales de 2018, este tema volvió al debate a través de nuevas marchas estudiantiles (pero también de maestros y rectores) que señalaban el insuficiente financiamiento del sector público y la falta de oportunidades profesionales para los egresados. El desempleo se agravó, además, en el año 2019, especialmente para los más jóvenes, lo que alimenta la crisis social entre la juventud.

A ello se le suma una protesta creciente contra la clase política tradicional considerada corrupta, así como a numerosas instituciones, especialmente la policía. El desperdicio del dinero público y la «falta de atención» para los problemas sociales cotidianos de una población 70% urbana son cada vez más denunciados. El tema de la corrupción ha dado lugar a la convocatoria a un referéndum (agosto de 2018) por una nueva clase política urbana, cercana a la alcaldesa electa de Bogotá, C. López (que tomará sus funciones en enero de 2020), a favor de reformas institucionales. Pero esta consulta fracasó por poco, suscitando un descontento acrecentado contra los partidos tradicionales, considerados responsables de este fracaso.

El tema de la corrupción sigue siendo un elemento importante en el debate político y los partidos tradicionales pierden su dominio, como lo reflejan las elecciones municipales y departamentales del 27 de octubre de 2019, teniendo como resultado en las principales ciudades (Bogotá, Medellín y Cali), la aparición de figuras independientes de las alianzas partidarias habituales. Los actores de la protesta actual denuncian, además, toda reapropiación partidaria, incluyendo a los partidos de izquierda o de centro; es así que el partido Farc se ha mostrado silencioso al respecto.

Un proceso de paz en el centro de las expectativas sociales

El proceso de paz apareció como uno de los tres principales retos de las protestas. No obstante, está debilitado. Las expectativas sociales con respecto a la paz alimentan la movilización actual, porque el fin del conflicto y la violencia son el núcleo de las demandas.

Si bien han evolucionado en un marco formalmente democrático desde 1958, las protestas han conocido largos períodos de restricción de libertades cívicas y diversas formas de represión o de estigmatización política y social. El grado de violencia es incluso evaluado como «anormalmente elevado» en un contexto democrático (Gutiérrez, 2014). Durante el conflicto armado, la violencia social y política restringió las posibilidades de protesta, estigmatizando la movilización social por sus conexiones con las guerrillas. Sin embargo, a pesar del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2016, la violencia no ha desaparecido. A pesar de la desmovilización de las FARC y la constitución de un partido político Farc[2], el conflicto armado persiste, porque un grupo de disidentes de las FARC (representado por 400 personas en 2016, y por 2018 hoy en día) se negaron a desmovilizarse y después se fortificaron; a ello se le suma la retoma de armas del 29 de agosto de 2019 por ciertos antiguos dirigentes. Por su parte, la guerrilla ELN permanece activa, pues el diálogo iniciado en 2017 por el gobierno de Santos fue interrumpido en enero de 2019 por el presidente I. Duque (Massal, 2019). Así, la violencia social y política continúa muy presente en numerosas regiones de Colombia.

Esta violencia se ejerce especialmente contra los «líderes sociales» (activistas), bajo la forma de amenazas de muerte, asesinatos selectivos y otros tipos de intimidación. Es llevada a cabo por diversos actores armados, sea la guerrilla ELN, los grupos disidentes de las FARC, o las organizaciones relacionadas con grupos paramilitares (desmovilizados por la ley Justicia y Paz de 2005), que continúan bajo formas criminales y mafiosas múltiples sin olvidar la red de criminales transnacionales ligados al narcotráfico (CCJ, 2018; ICG, 2019).

Es por ello que la focalización sobre el proceso de paz se da en tres temáticas a través de las protestas actuales: la defensa del acuerdo de paz (2016), el rechazo a la violencia social contra los activistas[3]  y las poblaciones civiles en las regiones donde los actores armados predominan, y la denuncia del reclutamiento forzado de menores por los actores disidentes. Esta triple temática adquiere una dimensión nueva con la revelación (el 5 de noviembre de 2019), a cargo del senador Roy Barreras, de la presencia de al menos 8 menores de edad en el campo de disidentes bombardeado por el ejército, poco después de la retoma de armas de los antiguos dirigentes FARC, el 29 de agosto de 2019[4].

Esta revelación tuvo un doble efecto: en un primer momento, produjo indignación sobre el hecho de que estos jóvenes (entre 12 y 17 años) muertos en un bombardeo hayan sido presentados como «bajas de combate». Ello relanzó dos debates cruciales: por un lado, el reclutamiento forzado de menores por los actores armados; por otro lado, el de los «falsos positivos»[5], que recuerda las horas más difíciles del conflicto.  Luego, en un segundo momento, el hecho de que esta información sea revelada tan tardíamente, más de dos meses después de los hechos, y que la prensa y el poder no hayan hecho eco mucho antes, generó un rechazo hacia el ministro de defensa, G. Botero (ya cuestionado por otras razones, obligado a renunciar el 6 de noviembre) y hacia el presidente, I. Duque, acusado de minimizar la amplitud del tema. A partir de esto, la política de «seguridad» del gobierno es cuestionada de una manera más global.

Por esta razón el debate se desplaza y amplía entonces hacia la «falta de respeto y de puesta en marcha» del acuerdo de paz y en la «violencia contra los lideres sociales»[6]. Fue después del 6 de noviembre que la mayoría de las organizaciones sociales se unieron a la huelga nacional, ampliando la agenda de reivindicaciones más allá del simple rechazo a las «medidas» socioeconómicas. Durante las jornadas de movilización, después del 21 de noviembre, la defensa de la paz[7] y el rechazo de la violencia social contra los activistas estuvieron presentes en las reivindicaciones de los manifestantes de manera más visible. El rechazo a la violencia social, que había comenzado a adquirir visibilidad en el plano mediático desde 2017, seguía poco debatido en el plano político. La reactivación del tema del reclutamiento forzado de menores[8], igualmente debatido en noviembre por la Comisión de la Verdad a través de un encuentro en Medellín[9], es también un hecho mayor en las regiones más pobres, aún frecuentemente afectadas por la violencia armada.

Así, la movilización multisectorial ha puesto nuevamente en el debate público las preocupaciones sociales durante mucho tiempo inaudibles, pero también ha reactivado el debate sobre el proceso de paz, muy frágil.  Los actores sociales han podido articular de manera innovadora los problemas de seguridad y los socioeconómicos. Mas allá del descontento contra el gobierno de Duque, estas son las evoluciones importantes que conviene seguir a largo plazo.

Bibliografía

Allain M. (avec la collab. d’A. Beuf), “L’agriculture familiale et ses réappropriations locales par le mouvement paysan colombien”, Revue Tiers-Monde 2014/4 (n°220), p. 43-59.

CCJ (2018), Organizaciones sucesoras del paramilitarismo, Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas (ed.).

Cruz E., “La reforma de la educación superior y las protestas estudiantiles en Colombia”, Postdata, 2013, Buenos Aires, 18(1), 1-2: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-96012013000100002&lng=es&tlng=es (consulté le 25 mai 2016).

Fundación Paz y Reconciliación PARES (2018), “¿Cómo va la paz? La reestructuración unilateral del acuerdo de paz”, Bogotá, disponible en: https://pares.com.co/2019/01/08/como-va-la-paz-la-reestructuracion-unilateral-del-acuerdo-de-paz/

Gutiérrez F. (2014), El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010), Bogotá: IEPRI-UN & Penguin Random House, 1a ed

ICG (2019), “Tranquilizar el Pacifico tormentoso: violencia y gobernanza en la Costa de Colombia”, Rapport 76 (AL), 8 de agosto [Informe].

Indepaz (2018), “Conflictos armados focalizados”, dir. C. Gonzalez Posso, Punto de encuentro 74, Bogotá, diciembre [Informe].

Kroc Institute for International Peace Studies (Notre-Dame University) (2019). Informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, Part III. [Informe].

Massal Julie, “Les mobilisations sociales dans les régimes hybrides : Regards croisés sur la Colombie, l’Egypte et la Tunisie”, in : Botiveau B., Salcedo H. & Signoles A. (dir.), Amérique latine-Monde arabe, la Diagonale des suds, Paris, Editions Riveneuve-IREMAM-CHERPA, 2018, p. 63-90.

Massal Julie, “Deux ans après l’accord de paix, où en est la Colombie” : Entrevista realizada por M. Allain (Iheal/Creda), Noria Research (18 de febrero de 2019) : https://www.noria-research.com/fr/deux-ans-apres-laccord-avec-les-farc/

 

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[1] El 21 de noviembre, según diversas fuentes de la prensa, alrededor de 800 000 personas se movilizaron en Bogotá (de 8 millones de habitantes), 80 000 en Medellín (de 2,4 millones). Mucho más de lo normal.

[2] La guerrilla y el partido conservan el mismo acrónimo, pero el nombre difiere; la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dio lugar al partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (31 de agosto de 2017). El pronombre difiere igualmente: las FARC se convirtieron en la Farc.

[3] Esta es medida por la ONG colombiana Somos Defensores desde 2010 (reportes en línea): https://www.somosdefensores.org/ . Por ejemplo, contra las mujeres: El Nuevo Siglo, Bogotá, 15/11/2019: “Las mujeres líderes enfrentan nuevas amenazas”, https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2019-las-mujeres-lideres-enfrentan-nuevas-amenazas

[4] Inicialmente la cifra era de 7, pero pasó a 8 luego de la verificación : El País, 5-11-2019: “Barreras denuncia que en bombardeo murieron 7 niños que fueron reportados como bajas en combate”: https://www.elpais.com.co/colombia/roy-barreras-denuncia-que-en-bombardeo-murieron-7-ninos-y-los-hicieron-pasar-por-bajas-de-combate.html

[5] Las víctimas civiles fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate con el fin de otorgar bonos a los soldados, en la década de los años 2000 bajo el mandato de A. Uribe. Las víctimas de falsos positivos según las cifras más conservadoras alcanzan las 3000 personas.

[6] Ver, por ejemplo, los reportes de los think tank colombianos (PARES, 2018 ; Indepaz, 2018) o de la organización International Crisis Croup (ICG, 2019).

[7] “El llamado a incluir el Acuerdo de Paz en la conversación con Duque”, El Espectador, 27/11/2019 : https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-llamado-incluir-el-acuerdo-de-paz-en-la-conversacion-con-duque-articulo-893056?fbclid=IwAR2_8QIqW474lZsofz8rCIz5h13FBJrEqdOhVsVnkcVP9CThrw-X8Y8obLY

[8] “Reclutamiento forzado, un cáncer que está avanzando”, El Espectador,  16/11/2019 : https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/reclutamiento-forzado-un-cancer-que-esta-avanzando-articulo-891393

[9] Comisión de la verdad (CVCR) : “Niños, niñas y adolescentes le hablaron a Colombia” (27/11/2019) : https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/nunca-mas-ninos-y-ninas-en-la-guera-ninas-ninos-adolescentes-hablaron-colombia

 

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