Formaciones de estatalidad

Reseña de las tardes de l@s jóvenes investigador@s del IFEA

Presentación de Gina Paola Rodríguez (IEALC / IFEA)

Formaciones de estatalidad: Elementos para repensar el Estado en América Latina

El 17 de noviembre 2017, Gina Paola Rodriguez, Doctora en ciencias sociales e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Universidad de Buenos Aires, presentó avances de la investigación que desarrolla gracias al apoyo del IFEA. En continuidad con lo que fue su tesis doctoral, sustentada en el 2015, su trabajo actual elabora un ejercicio comparado de las dinámicas de violencia parainstitucional en Perú y Colombia en el contexto de sus conflictos armados internos. Para esta sesión de las Tardes de Jóvenes Investigadores la expositora se concentró en el caso colombiano y avanzó en  algunas hipótesis interpretativas sobre el caso peruano que eventualmente pueden ser útiles para  analizar otros países latinoamericanos.

La intervención empezó señalando que la inestabilidad política que ha conocido Colombia desde su nacimiento como República ha sido la fuente de numerosas violencias en las que se intersectan motivaciones políticas, económicas y hasta de sangre. De todas estas violencias, aquella de tipo parainstitucional ha sido la menos investigada en comparación con otras como la violencia insurgente. De ahí que el objetivo de la investigadora consista en indagar el papel de la violencia ejercida por agentes que actúan en modo paralelo al Estado en defensa del statu quo en el proceso ampliado de construcción del Estado y el poder político.

La presentación constó de cuatro partes. En primer lugar, Rodríguez expuso el concepto de “estatalidad” señalando que se trata de un concepto polisémico y complejo cuya definición tradicional merece ser repensada a la luz de este estudio de caso. Luego, presentó las diversas fases y ciclos de la violencia parainstitucional que han dinamizado la construcción del orden en Colombia entre 1945 y 2010. En la tercera parte, formuló la pregunta por las posibles interpretaciones de este fenómeno anunciando una disyuntiva: ¿se tratará de una crisis del Estado o de una estatalidad ad hoc? ¿Será la violencia parainstitucional un componente de la estatalidad? Según la investigadora, el análisis de la violencia parainstitucional a la luz del proceso de construcción del orden, exige repensar las representaciones del Estado elaboradas a partir de binomios clásicos como legal/ilegal, Estado/sociedad civil y público/privado. Lo que casos como el colombiano y el peruano mostrarían, es la existencia de un punto intermedio, una zona gris que no es dejada al azar y que permitiría al Estado construir y mantener su autoridad.  Finalmente, las ideas expuestas condujeron a una discusión acerca de la situación peruana y los posibles puntos de comparación con la experiencia colombiana.

De las definiciones de la estatalidad hasta una lectura de la violencia parainstitucional

 Antes de exponer los diferentes momentos que componen su investigación, Rodríguez quiso definir el concepto de violencia parainstitucional a partir de cuatro características. Primero, que esta violencia tiene por objeto mantener el statu-quo a través de la represión y el disciplinamiento por la vía del terror. Segundo, que discurre de manera simultánea a la violencia estatal, pero a través de organizaciones o grupos con dinámicas de funcionamiento propias. Tercero, que sirve de complemento y/o suplemento a las fuerzas estatales. Cuarto, que reviste un status organizacional que se define a la vez como legal e ilegal.

Según Rodríguez, la noción de estatalidad suele estar asociada a las capacidades desplegadas por el aparato estatal, el sector público o las burocracias, perdiendo de vista otro tipo de relaciones y actores sociales que también permiten establecer el orden y la coacción sobre un territorio dado. Si bien muchas de estas relaciones se formalizan en un sistema legal surgido del Estado y respaldado por él, muchas otras escapan a lo debidamente sancionado por derecho. De ahí que un concepto más complejo de estatalidad deba comprender -además de  la política legal-formal que establece el estado de derecho, los deberes y libertades ciudadanas etc.- aquella estructura informal y a veces ilegal que asegura los intereses de clase del Estado y garantiza su mantenimiento en el tiempo.

El carácter bifronte de la estatalidad ha sido señalado en trabajos como el del jurista alemán Ernst Fraenkel (1941) quien postuló la noción de “estado dual” para referirse a aquel tipo de organización política en la que el estado de excepción y el estado de normalidad coexisten en un espacio y un tiempo dado. En otro contexto y con otro problema en la mira, el sociólogo argentino Matias Dewey (2012), propuso el término “estatalidad híbrida” para describir cómo las capacidades del Estado incluyen tanto aquellas legales y normadas por el derecho, como otras de tipo ilegal e informal, de tal modo que la estatalidad se construye gracias a la acción de actores estatales como de no estatales. Los aportes de Fraenkel y Dewey, entre otros, nutrieron la interpretación de Rodríguez acerca de los modos en los que el Estado colombiano construye su soberanía apoyado en el despliegue de la violencia parainstitucional.

A partir de allí, las preguntas que planteó la investigadora fueron las siguientes: ¿qué forma adquieren estas prácticas en Colombia entre 1945 y 2010?, ¿de qué manera estos modos de operación nos devuelven una imagen distinta de las capacidades del Estado colombiano, más allá de las visiones que apuntan a su debilidad endémica?

El caso colombiano: análisis de los ciclos de violencia parainstitucional

La investigadora dividió analíticamente su periodo de estudio en cinco ciclos o etapas que,  si bien conservan líneas de continuidad, se diferencian por el tipo de actores, las modalidades de ejercicio de la violencia y el recurso a elementos normativos con fines de disciplinamiento.

El primer ciclo se produce entre 1946 y 1958 en el marco de la exacerbación de los conflictos entre los partidos liberal y conservador. La violencia parainstitucional estuvo agenciada por grupos parapoliciales como los “Pajáros”, los “Contrachusmeros” y los “Aplanchadores”, creados por terratenientes, comerciantes y políticos de filiación conservadora que asumieron la tarea de disciplinar por la vía del terror a los militantes liberales y las poblaciones consideradas “disidentes”. Esta época estuvo marcada también por la creación de “La Chulavita”, una policía compuesta en su totalidad por efectivos afines al partido conservador que ejercían su “fuerza de ley” sobre aquellos que no compartían el mismo sistema de valores.

Cuadro de Fernando Botero. El Cazador. Fuente: Colección « Violencia en Colombia ». Museo Nacional de Colombia.

El segundo ciclo se extiende entre 1958 y 1978 y se diferencia del anterior tanto por los actores comprometidos como por las técnicas empleadas. La violencia extrema entre los partidos tradicionales cedió el paso a un acuerdo de élites que mantuvo en la periferia a las terceras fuerzas. El pacto de 1957, conocido como Frente Nacional, prescribió la alternancia del poder entre los dos partidos por un periodo de 16 años así como la división milimétrica de la burocracia estatal. Esta resolución, aunada a otros factores como la influencia de la Revolución Cubana y la agudización de la pobreza y desigualdad en el país, marcaron el surgimiento de grupos guerrilleros como  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como alternativas armadas de oposición política. En este contexto, y en sintonía con lo acaecido en el resto de América Latina, se produjo la consolidación de la Doctrina de Seguridad Nacional promocionada por los Estados Unidos en su lucha anticomunista través de la formación de fuerzas militares de todo el continente. La confrontación, otrora fundada en la afiliación partidista, se convirtió ahora en una confrontación de clase, que relocalizó la mira de “amenazas” para el Estado en las movilizaciones sociales, campesinas, estudiantiles y gremiales consideradas peligrosas para el orden y la seguridad de la nación. Como mecanismo de funcionamiento de la paralegalidad el periodo combinó la proclamación recurrente del Estado de sitio con la persecución armada y el encarcelamiento de las fuerzas de oposición.

El tercer ciclo empieza en el año 1978 y se extiende hasta 1991. Se caracteriza por el involucramiento de los grupos narcotraficantes en la formación de una nueva generación de grupos de violencia parainstitucional. Los grupos paramilitares surgen como un modo de enfrentar a las guerrillas y defender intereses sectoriales a partir de la asociación entre fuerzas del Estado y grupos de narcotraficantes. Creados con la misión de liberar los territorios que estaban bajo la influencia de las guerrillas, operaron una contrarreforma del poder político y económico en los territorios. La estrategia que hasta entonces se mantuvo al margen de la ley empezó a ser convalidada a partir del año 1991, cuando el Estado colombiano legalizó la  creación de las Cooperativas de Seguridad y Vigilancia con el nombre de CONVIVIR. Se trató de grupos de civiles habilitados para tener armamento y funciones de vigilancia, seguridad y control sobre el territorio.

Con distintos alcances y características, la situación colombiana encuentra su análoga en Perú  que, en los años 1991 y 1992 asistió a la legalización de los Comités de Autodefensa (CAD), encargados del combate a Sendero Luminoso. Funcionando de manera informal desde comienzos de los ochenta, dichos Comités fueron finalmente convalidados en tiempos del fujimorismo para asistir a las Fuerzas Armadas y a la Policía en la lucha contra el terrorismo. En ambos casos, la frontera entre civiles y militares se hizo porosa y la multiplicación y  expansión de estos grupos por el territorio nacional produjo un agravamiento sin precedentes de la violencia. Sin embargo, mientras en Perú, la acción contrainsurgente de los CAD permitió la derrota de Sendero Luminoso, en Colombia el efecto espejo entre insurgencia y contrainsurgencia escaló el conflicto de manera geométrica sin lograr la rendición militar de ninguno de los bandos.

Siguiendo con el caso colombiano, Rodríguez describió la estrategia de expansión de los grupos paramilitares.  En un comienzo, se trató de grupos que operaban localmente y estaban desarticulados entre sí. Sin embargo a comienzos de los 2000 iniciaron un proceso de articulación nacional con el que buscaron presentarse ante la opinión pública como una organización centralizada y jerárquica que exigía al Estado colombiano un “proceso de paz”, similar al adelantado con la insurgencia. A partir del año 2003, se inició un cuestionado proceso de desarme y amnistía de los grupos paramilitares bajo la ley de “Justicia y Paz”, con resultados desalentadores tanto por la impunidad en la que quedaron sus crímenes como por la persistencia de sus estructuras políticas y militares a lo largo del territorio nacional.

El último ciclo empieza a partir de esta época y persiste hasta hoy en una coyuntura de fragmentación, dispersión y rearme de los antiguos grupos de autodefensa. Puede decirse que los esfuerzos del Estado colombiano por desmovilizar a los grupos paramilitares han fracasado. Los residuos del paramilitarismo han configurado el fenómeno conocido como  Bandas Criminales Emergentes (BACRIM), que mantienen a la población en vilo no sólo por su participación en actividades como la extorsión y los mercados ilícitos, sino por su abierta intervención en la configuración de los poderes políticos regionales y nacionales.

La escombrera, operación Orión.  Fotografía de Jesús Abad Colorado[1] (2002)

Por otra parte, en 2012 se inició el proceso de paz con las FARC, que ha atravesado numerosas dificultades no sólo para su firma e implementación. Tras lo logrado en La Habana, si bien se observa una baja en las muertes producto del conflicto armado, causa perplejidad el inusitado aumento de homicidios en el marco de enfrentamientos entre bandas de crimen organizado por el control de las economías y territorios otrora controlados por las FARC. La persistencia de la violencia  y la criminalidad por parte de los ex-paramilitares después del 2003 mantiene la estrategia de disciplinamiento de las poblaciones contrarias al modelo neoliberal de expansión extractivista. Así, desde el año 2016 han sido asesinados más de 200 líderes sociales, campesinos e indígenas. Por supuesto, lo acaecido a partir de 2012 amerita un análisis más detenido.

En el caso peruano, la persistencia de los Comités de Autodefensa en tiempos del posconflicto remite a otras dinámicas. Extinguido su poder de fuego, estas agrupaciones mantienen actualmente su formación con miras al logro de un reconocimiento de derechos por parte de Estado. A su pedido de visibilización como “héroes de la Pacificación”, se suman  demandas concretas de mejoramiento de sus condiciones de vida (becas, indemnizaciones, etc.) y de articulación de su accionar en los esquemas locales de seguridad ciudadana.

¿Una soberanía estatal a través de la desmonopolización de la violencia?

Para Rodríguez, la delegación de la violencia en grupos paraestatales, más que una crisis del Estado puede constituir un modo de estatalidad ad hoc. A fin de mantener su soberanía, los Estados desmonopolizan eventualmente el uso de la fuerza en grupos de civiles. La estrategia encuentra sus límites cuando dichos grupos adquieren una autonomía que hace imposible su control por parte del Estado. Aunque no se puede arribar a una conclusión definitiva en torno al proceso histórico, es posible pensar que el Estado colombiano es un Estado que, en una estrategia sui generis, ha permitido y oficiado el uso privatizado de la violencia como una estrategia para construir y mantener el statu quo. De manera paradójica, el Estado jugó un papel de disolución y redistribución del monopolio de la violencia a fin de preservar su existencia. En este sentido, la guerra en Colombia no es tanto el producto de un Estado ausente o de un Estado víctima que ha sido incapaz de contener la formación de grupos de violencia paraestatal, sino de uno que quiso hacerlos funcionar (por acción u omisión) para sus propios fines, con resultados inesperados. Esta puede ser una hipótesis de trabajo para pensar  en otros Estados considerados “fracasados” por exhibir una modalidad desconcentrada de ejercicio de la violencia.  La investigación concluye sosteniendo la necesidad de reparar en las dinámicas de producción del orden y la estatalidad que se construyen en las zonas grises: de legalidad e ilegalidad, de normalidad y excepción, de autoritarismo y democracia, con miras a devolver la complejidad al proceso histórico.

 Discusión – debate

La presentación fue seguida por un debate centrado en el concepto del monopolio de la violencia y en la comparación que podría ser establecida con el caso peruano.

Arthur Morenas señaló el aspecto importante de la construcción de un discurso y de prácticas sobre el monopolio de la violencia, que también puede ser una forma de invisibilizar formas de dominación gubernamental y no gubernamental. En este caso de estudio, opinó que le parece interesante el trabajo de Rodríguez, cuestionando categorías que los investigadores no suelen cuestionar cuando trabajan sobre el Estado. Terminó preguntando a Rodríguez como incluiría la problemática de la aceptación de formas de dominación en su estudio de caso. Esta forma de comportarse, Rodríguez la identifica según el concepto de Bourdieu de la violencia simbólica. Sin embargo, la violencia simbólica también es sujeta a la disputa permanente entre el Estado y otros agentes no gubernamentales. Sería interesante ver como se construye esta violencia simbólica a través de estudios etnográficos como los de Cecilia Méndez. Esta presentación también hace reflexionar sobre el aspecto económico y el binomio publico/privado sobre el territorio peruano y el control real del estado en la emergencia de inversión privada.

Gerardo Huamaní quiso hacer el paralelismo con la identidad peruana, la Nación peruana que aparece como fraccionada mientras ciertos miembros del gobierno afirman que existe una nación unida. A su parecer, en el caso peruano, la nación puede ser al mismo tiempo unida y fraccionada. El concepto de Estado nación, en este caso, supone que el monopolio se ha logrado por los Estados y que es algo acabado, mientras que la investigadora percibe el Estado como un proceso movible, como lo define el antropólogo Ponciano del Pino en su libro “En nombre del gobierno”.

La historiadora Trilce Lask señaló que el control del Estado sobre ciertos espacios fue casi inexistente. La investigadora propone una perspectiva de las acciones del Estado basada en las estrategias económicas y la necesidad de acoger a las inversiones extranjeras que fueron muy florecientes en la época de la violencia paramilitar. De esta manera, Rodríguez nos mostró las múltiples realidades del poder en un proceso que no se construye necesariamente sobre la efectividad del Estado sobre un territorio específico.

Evelyne Mesclier, directora del IFEA, cuestionó la comparación que se podría estar haciendo entre el caso colombiano y el caso peruano en la medida en que la presencia de los Comités de Autodefensa y los grupos paramilitares se explican por un contexto político e histórico diferente, en cada caso. Otra pregunta fue: si el Estado colombiano se ha construido como un espacio con muchos poderíos regionales dónde se ve una repartición de grupos poderosos en varias ciudades como Medellín por ejemplo.  En lo que concierne el regionalismo, Rodríguez afirmó que Colombia es un país muy fragmentado regionalmente y culturalmente y esto se sumó al hecho de que había también una débil infraestructura pública de rutas y caminos para conectar las diversas regiones del país. Por otro lado, hay un centralismo político y administrativo que recién se va a modificar a partir del año 1986 a través una ley que  dictaminó la elección popular de alcaldes y la descentralización presupuestal.

José Miguel Munive señaló un paralelismo entre la historia de Perú en el siglo XIX y lo que sucedió en la guerra contra Sendero Luminoso a finales del siglo XX. En ambas coyunturas, el Estado peruano, con el fin de legitimarse,  delegó o negoció el ejercicio de la violencia con la población civil, especialmente con la población campesina. Actualmente estas manifestaciones pueden ser observables en la zona acerca de Ayacucho y cerca de la zona del VRAEM con grupos herederos de los comités de autodefensa.

Jeremy Robert preguntó por la metodología etnográfica del caso peruano y a partir de ahí la discusión se centró en el trabajo de campo realizado por la investigadora en Ayacucho. Al respecto, Rodríguez comentó que hasta el momento, su trabajo se ha centrado en la realización de entrevistas a antiguos miembros de Comités de Autodefensa. El trabajo de clasificación e interpretación de la  información recopilada es la etapa a seguir. La extracción de conclusiones provisorias en el futuro promete ser laboriosa en la medida en que la información oficial respecto a los CAD es más bien escasa.

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[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/la-foto-que-dejo-al-descubierto-los-desmanes-de-la-operacion-orion/438656-3

Reseña redactada por Marie Pigeolet (PRODIG -CNRS / Université Paris 1) con el apoyo de Gina Paola Rodríguez (IEALC)


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