EL VIA CRUCIS DE LA PAZ EN COLOMBIA

La difícil gobernabilidad en el posconflicto

Por Gina Paola Rodríguez (Becaria IFEA e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC)

Colombia ha transitado diversos acuerdos de paz, pero se encuentra lejos de doblar la página de la violencia política. Más de cinco décadas en guerra con un saldo de 300 mil muertos, 8 millones de desplazados y 9.5 millones de hechos victimizantes[1] hacen del posconflicto un momento de gran vulnerabilidad para la sociedad colombiana.

Desde el comienzo de las negociaciones en Cuba en noviembre de 2012, la meta de la paz pareció perderse en el horizonte en diversos momentos. La desconfianza entre las partes fue el primer escollo, pero logró superarse para dar paso al “Acuerdo Final para la finalización del conflicto y el logro de una Paz sostenible y duradera”[2]. Cuando se creyó que lo más difícil había sido vencido, el proceso de paz estuvo a punto de expirar con el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 2016. Reanimado y modificado en diversos ítems por el presidente Santos[3], el Acuerdo pudo superar la refrendación en el Congreso de la República en diciembre del año pasado.

A un año de firmados los acuerdos con los que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) buscaron finalizar el conflicto, varios factores mantienen a la paz en vilo. La dificultad para implementar lo pactado en medio de múltiples violencias (nuevas y recicladas) sumada a la falta de apoyo político para concretar legislativa e institucionalmente lo pactado con la insurgencia son los obstáculos que enfrenta el posconflicto en el corto plazo. De profundizarse, estos factores pueden hacer que la paz, de por si esquiva, escape por completo al alcance de los colombianos.

Violencias recicladas y nuevas conflictividades

Desde la instalación de las conversaciones en Cuba, un renovado orden ilegal se ha venido configurando en el país en articulación con las múltiples economías ilícitas enclavadas en los territorios. Como documenta la investigación de la Fundación Ideas para la Paz (2016), una serie de dinámicas vienen transformando el mapa de la conflictividad en el país: por un lado, la suplantación y transferencia de capacidades de las FARC-EP a las guerrillas en actividad (el Ejército de Libeeración Nacional- ELN  y el Ejército Popular de Liberación-EPL) y por otro la disputa entre estas, el neoparamilitarismo y la delincuencia común por el control de los territorios liberados; esta pugna se vincula con el control de las vías y recursos asociados al narcotráfico, la minería ilegal (incluido el coltán[4]) y las actividades predatorias como la extorsión, agudizando las ya críticas condiciones de seguridad.

Como agravante, las intervenciones del Estado se dirigen a los eslabones más débiles de la cadena, como los cultivadores de coca, y enfrentan serias dificultades para generar una respuesta integral y no exclusivamente represiva. La exacerbación de este último componente ha impedido la reconstrucción de un lazo de confianza y legitimidad entre el Estado colombiano y sus ciudadanos, un requisito indispensable para consolidación de la paz. Como muestra, el Paro Nacional Indígena, o “Minga por la Vida”, iniciado a finales de octubre, movilizó a cien mil colombianos en 24 de los 32 departamentos del país en protesta por la constante represión de la que son objeto los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes por parte de las fuerzas de seguridad[5] y en reclamo por la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.

Las dificultades del Estado colombiano para garantizar la seguridad se hacen más evidentes ante los numerosos casos de asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas políticos. Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, 186 líderes han sido ejecutados por grupos paramilitares, según informes de organizaciones comunitarias y de DDHH (IECAH, 2017). Aunque el neoparamilitarismo se ha fortalecido en las zonas de donde han salido las FARC-EP, el gobierno  se niega a reconocer su existencia así como la sistematicidad de los hechos. También el asesinato de integrantes de las FARC-EP que han sido indultados o que están en proceso de reincorporación incumple con las garantías pactadas en La Habana. Hasta el momento, 37 integrantes de la ahora llamada “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” (FARC) han sido asesinados. Los integrantes de la organización ven en estas muertes la repetición del genocidio sufrido por la Unión Patriótica (UP), partido político de las FARC, en las décadas del 80 y 90.

Frente a este panorama, el fantasma de la deserción de los farianos recorre el país. Los defectos del proceso de reincorporación a la vida civil hacen prever que la actual cifra de 400 desertores seguirá en aumento. A los problemas referidos para garantizar la seguridad física, se suman gruesos inconvenientes en materia de seguridad jurídica, reincorporación material y reincorporación política. En el aspecto jurídico, la ley de amnistía funcionó parcialmente. Quienes lograron la libertad lo hicieron bajo la figura de gestores de paz y no en virtud de la Ley de amnistía, y quedan aún 1270 excombatientes en prisión. En cuanto a la reincorporación económica, el avance es mínimo. Según el informe de Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), de las 26 zonas veredales donde habrían de concentrarse los desmovilizados, solo 7 vieron sus construcciones de viviendas, carreteras y servicios públicos finalizadas y en 19 las obras quedaron inconclusas. Por otra parte, si bien al 30 de septiembre de 2017, 10.172 excombatientes de las FARC-EP habían recibido los recursos de la asignación única de normalización de dos millones de pesos (663 USD aprox.) y 9.843 habían sido vinculados al sistema de salud, sólo 3.850 estaban afiliados al sistema de pensiones y una cantidad  aun menor se encontraba inscrita en programas académicos (OIAP, 2017).

Por último, la reincorporación política se halla a medio camino y sin garantías. Pese al lanzamiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) como partido político a mediados de 2017 y al reciente anuncio de la candidatura presidencial de su líder, Rodrigo Londoño Echeverry “Timochenko”, la violencia ejercida contra los militantes de esta agrupación política dificulta su inserción en el juego democrático.

El déficit político o la paz sin quórum

La piedra angular de todo posconflicto es el modelo de justicia que se aplicará a los hechos ocurridos durante los enfrentamientos. La Justicia Transicional (JT), marco en el que habrán de conocerse y juzgarse los hechos del pasado, se caracteriza por su carácter excepcional y extraordinario, así como por su potencial para propiciar transformaciones en la justicia en el posconflicto e incluso a posteriori. Se trata, como señala Aukerman (2002), de una oportunidad para la reforma institucional, el ajuste normativo, y sobre todo, el cambio cultural en relación con la justicia. No obstante su excepcionalidad, la JT coexiste con la justicia ordinaria (JO) y con los valores culturales y filosóficos propugnados por esta. La coexistencia entre ambas no es sencilla, pudiendo ocurrir que la pregnancia de los valores de la JO pongan en riesgo la viabilidad de la JT.

En Colombia tal parece ser el caso. Como analiza Molano (2016) las expectativas de los colombianos en torno a la justicia están más cerca de la demagogia punitiva que de la justicia restaurativa. Así, “se tiende a ver la justicia como un castigo o sanción que se impone a un sujeto como condición acaso necesaria para la satisfacción del derecho de otro”, es decir, ha echado raíces la idea de que “los problemas sociales deben resolverse mediante la intervención del aparato punitivo del Estado, y de que dicha intervención es efectiva sólo en función y proporción directa de su severidad. Esta demagogia punitiva -insiste el autor- sobre-simplifica el debate público sobre los fines y los límites de la justicia penal” (Molano, 2016:19).

La observación de Molano explica, en parte, las dificultades que ha experimentado la Jurisdicción Especial para la Paz en su concepción y reglamentación. El llamado a la mano dura contra la guerrilla ha sido uno de los emblemas de campaña de los opositores al proceso de paz que más receptividad ha tenido entre los colombianos. En diversos momentos, la insistencia de ciertos grupos de presión en judicializar a los ex-guerrilleros según los cánones de la justicia ordinaria, e incluso con mayor severidad, pusieron en peligro la continuidad del proceso de paz.

La otra parte que explica el retraso en la implementación de la JT es el clientelismo endémico del parlamento colombiano. Con enorme esfuerzo y tras meses de estar paralizada en el Congreso, finalmente pudo ser aprobada la Ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La disolución de la coalición oficialista en el Congreso y la cercanía de las elecciones legislativas y presidenciales (marzo y mayo de 2018) motivaron diversas estrategias de dilación por parte de los congresistas que buscaron sacar provecho de la urgencia presidencial para exigir dádivas y cargos que les permitan enfrentar los próximos comicios. Durante meses, un número inaudito de congresistas se declaró impedido para participar en la votación del Reglamento de la JEP, impidiendo completar el quórum aprobatorio. La lentitud[6] de los legisladores provino de su particular interpretación de la conexión entre la participación política de la FARC y lo reglamentado en la JEP.  Según el Acuerdo Final, las personas que dejaron las armas y tienen responsabilidades en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad pueden excepcionalmente ejercer el derecho político de ser elegidos, previa manifestación expresa de acogerse a la Jurisdicción. Sin embargo, la ley estatutaria debía aclarar cómo se puede ejercer un cargo de elección popular y, al mismo tiempo, acatar las restricciones que imponga el Tribunal de Paz.

Con sendas modificaciones respecto a lo pactado en La Habana, la aprobación de la JEP, columna vertebral de la Justicia Transicional, pudo resolverse antes del vencimiento del fast track[7], o vía rápida. Sin embargo, quedan pendientes 11 leyes ordinarias, 18 decretos, tres leyes estatutarias, dos leyes orgánicas y dos actos legislativos para completar el paquete contemplado en el Acuerdo Final, que deberán seguir el curso ordinario en el Congreso durante el 2018.

Pasito a pasito

Más allá del ralentismo descrito, algunos elementos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRN) que contempla el Acuerdo de Paz, han ido avanzando. La reglamentación del Sistema, la selección de los magistrados de la JEP, la designación de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la reglamentación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) son algunas muestras.

Este último paso es fundamental en el imperativo moral y político de ofrecer Verdad y Reparación a las víctimas del conflicto armado y recomponer el tejido social afectado por la violencia.  Conformada por once miembros y presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, la CEV tendrá como objetivo “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la  sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el  impacto del conflicto en los niños, niñas y  adolescentes y la violencia basada en género, entre otros”. Además deberá “promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que  vieron sus derechos vulnerados y  como sujetos políticos de importancia para la transformación del país” y “el reconocimiento individual y colectivo de las responsabilidades por parte de todos aquellos que directa o indirectamente participaron en el conflicto” (Art. 2, Decreto 588/2007).

De lo citado se colige que, más que publicar un informe sobre la verdad del conflicto armado, que como sabemos no va a ser única y causará disputas, la CEV será un mecanismo de memoria que jalone procesos de reconciliación y de participación de las víctimas con miras a su reparación. Un país como Colombia, que lleva más de medio siglo en conflicto armado, necesita con urgencia  identificar cuáles han sido los patrones de comportamiento violento y proponer posibles terapéuticas. El trabajo de la Comisión le permitirá a los colombianos entender por qué pasó lo que pasó y cómo evitar que vuelva a ocurrir. Es una tarea compleja de cumplir en los tres años que tendrá de existencia la CEV y que difícilmente dejará satisfechos a todos, pero que deberá realizarse con el mayor rigor posible. Como en el caso de otras Comisiones de la Verdad, como las de Perú, Sudáfrica, Argentina o Chile, la CEV colombiana se orientará a la búsqueda de la verdad sin implicaciones judiciales, pero su particularidad radicará en el reto de reconstruir un conflicto de larga duración, de enorme magnitud y complejidad y con una  abrumadora cantidad de víctimas.

Lo que se viene…

Ningún proceso de paz es un camino rectilíneo y fácilmente transitable. A veces toma la forma de un vía crucis, un recorrido tortuoso y extenuante de una estación a otra, donde la redención amenaza con disiparse antes de llegar a destino. Tras sufrir el impacto político, económico y social de una confrontación armada, la sociedad colombiana encara el desafío de superar la violencia, reconstruir su institucionalidad, recuperar la convivencia civil, neutralizar las causas y catalizadores del enfrentamiento armado, e impedir su reactivación o transmutación.

En este trasegar, dos elementos dificultan el logro de una paz sostenible y duradera. De un lado, el carácter parcial de los Acuerdos, que se han negociado y firmado con uno de los protagonistas de la violencia y han dejado por fuera a otros que muy pronto han tomado las banderas, las zonas y los negocios de quienes salieron de la confrontación. Urgen, en este sentido, el avance de las conversaciones con el ELN y el EPL, así como la adopción de medidas tendientes al desmonte definitivo del neoparamilitarismo. La otra amenaza al proceso de paz, es el escaso avance en la implementación de los acuerdos destinados a la reparación de las víctimas y a garantizar la no repetición de hechos de violencia, que ha traído como consecuencia nuevas violaciones de derechos humanos tanto por parte de los grupos armados como del propio Estado.

En este contexto tan complejo, el presidente Santos debe jugarse el todo por el todo para lograr que el Congreso le cumpla a la paz. Junto a él, los partidos políticos, la Corte Constitucional, el gobierno en todos sus niveles, las FARC y, por supuesto, la sociedad colombiana tienen que aportar los cimientos para que la paz prevalezca.

 REFERENCIAS

Aukerman, M. (2002). Extraordinary evil, ordinary crime: A Framework for understanding transitional justice. Harvard Human Rights Journal, 15, 39-96.

Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2016). Economías criminales en clave de postconflicto: Tendencias actuales y propuestas para hacerles frente. Bogotá: FIP.

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) (2017). Los asesinatos de líderes sociales dificultan la paz en Colombia. [en línea]. Disponible en: https://www.iecah.org/index.php/articulos/3257-los-asesinatos-de-lideres-sociales-dificultan-la-paz-en-colombia

Molano, A., (2015). “Justicia para el posconflicto: viejos y nuevos problemas en escenarios complejos”, en Andrés Molano (comp.). El posconflicto en Colombia: Reflexiones y propuestas para recorrer la transición. Bogotá: Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga: Fundación Konrad Adenauer Colombia.

Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) (2017). ¿En qué va la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz? [en línea] Disponible en: https://goo.gl/XM62Bo

Rodríguez, G., (2016). “¿Cesó la horrible noche? Marchas y contramarchas de la paz en Colombia”, Revista Política Latinoamericana N° 3, julio-diciembre [en línea]. Disponible en: http://www.politicalatinoamericana.org/revista/index.php/RPL/issue/view/3

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[1] Según datos de la Unidad de Víctimas hay doce crímenes prevalentes en las denuncias: desplazamiento forzado, homicidio, mutilaciones por minas, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y robo de bienes.

[2] Los Acuerdos giran en torno a seis temas: 1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política; 3. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo; 4. Verdad, Justicia y Reparación para las Víctimas; 5. Drogas ilícitas y 6. Mecanismos de implementación y verificación. El texto final puede consultarse en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx

[3] Para una descripción más detallada de las modificaciones realizadas al Acuerdo tras el plebiscito ver: Rodríguez (2016).

[4] El coltán es un mineral utilizado para la fabricación de componentes en microelectrónica, telecomunicaciones y en la industria aeroespacial. Su escasez y enorme demanda en el mercado internacional hacen de su explotación ilegal una fuente de sangrientos enfrentamientos como atestigua el caso de la República del Congo.

[5] El antecedente inmediato del Paro indígena fue la masacre de entre 7 y 15 campesinos, presuntamente por efectivos de la Policía, en la población de Tumaco al sur del país. El ataque ocurrió el 5 de octubre cuando más de 1.000 campesinos avanzaban por la zona selvática de Alto Mira tratando de impedir la erradicación de cultivos de coca en un pulso con las fuerzas de seguridad. A la fecha los hechos continúan sin esclarecerse.

[6]  El Congreso lleva más de siete meses discutiendo los proyectos de ley referentes al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y la Adecuación de tierras y de la Reforma Política y  el de las Circunscripciones Especiales de Paz, incluso con modificaciones que irían en contra de lo pactado en La Habana y del espíritu del Acuerdo.

[7]  El fast track es un mecanismo contemplado en el acto legislativo número 1 de 2016, que reduce de ocho a cuatro el número de debates requeridos en el Congreso para la aprobación de leyes y reformas constitucionales vinculadas con el proceso de paz cuyo funcionamiento está previsto hasta el 30 de noviembre de 2017.

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