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Estrategias territoriales frente a la institucionalización observados en los casos de Chile y Perú

                                                                                                                            Paola Henríquez-Lagos Candidata a doctora en comunicación de la Universidad Austral de Chile y Universidad de La Frontera/ RELACI

                                                                                                                                                  Rémi Paillet Doctorando en geografía en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne/ IFEA

                                                                                                                                     Sebastián García Cruz Maestrante en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú

 

Palabras claves: territorio, comunidades, administración, patrimonialización y distritalización. 

 

En América Latina, el territorio constituye mucho más que una extensión geográfica: es un espacio de sentido, una matriz cultural y un escenario político donde se inscriben las disputas por la autonomía, la identidad y el desarrollo. Lejos de ser una categoría neutra, el territorio se configura como una construcción social (Giraut, 2008) en permanente tensión entre lógicas estatales, empresariales y comunitarias; a la vez se construye  como un dispositivo de poder (Raffestin, 1986) históricamente atravesado por desigualdades coloniales.

Desde una perspectiva latinoamericana, diversos autores han demostrado que el territorio encarna relaciones históricas de dominación (Claudia Briones, 2005; Gudynas, 2009), pero también proyectos comunitarios orientados hacia el futuro como formas de resistencia (Bengoa, 2000; Acosta, 2012; Escobar, 2010). Las territorialidades indígenas y campesinas en Chile y Perú revelan cómo los Estados producen y administran diferencias culturales al tiempo que limitan el reconocimiento efectivo de los pueblos originarios y las comunidades campesinas. De manera convergente, se evidencia que la configuración territorial en América se sostiene sobre procesos de desposesión histórica que continúan estructurando la marginalidad contemporánea.

La crítica latinoamericana al extractivismo y el crecimiento económico acelerado permiten comprender que las disputas territoriales no solo son materiales, sino también epistémicas. Se conceptualiza al extractivismo como un régimen que subordina la vida y los bienes comunes a una lógica de acumulación, mientras que se proponen alternativas como el “buen vivir” que se fundamentan en concepciones comunitarias del territorio que cuestionan las nociones hegemónicas de progreso sin las comunidades de base.

En cambio, las comunidades indígenas y campesinas entienden el territorio como una “ontología relacional” donde lo humano, lo no humano y lo espiritual se articulan en un mismo entramado de significación. Esta perspectiva resulta fundamental para analizar los casos en  Chile, en específico la Región de Aysén, y en Perú, específicamente en el  valle del Sondondo en la sierra y en el Gran Pajonal; todos ellos caracterizados por tensiones entre territorialidades comunitarias y proyectos hegemónicos de desarrollo desde arriba.

 

Caso 1. En la patagonia austral de Chile, en Aysén, y desde el análisis de Fornillo y Núñez (2021) se ha evidenciado  cómo la patagonia es construida discursivamente como un “territorio de recursos” orientado a la extracción intensiva, principalmente del cultivo de salmones; esto tensiona la relación entre los distintos habitantes de este territorio: comunidades costeras mapuche, pescadores, baqueanos y salmoneras.

 

Caso 2. Desde los estudios del patrimonio, Gisela Cánepa (2013) destaca que la patrimonialización es siempre un proceso político que legitima ciertas memorias mientras silencia otras, dimensión central para comprender las tensiones que atraviesa el valle del Sondondo. En esta misma línea, Aparicio Martínez (2018) advierte que la “intangibilización” del paisaje andino puede despojar a las comunidades campesinas del uso vivo y productivo de su territorio al transformarlo en un objeto de tutela estatal.

 

Caso 3. Por su parte, los estudios de Hvalkof (1987; 1998; 2006) permiten comprender al Gran Pajonal como un espacio atravesado por siglos de intervención estatal, colonial y misionera, donde los pueblos ashéninka han desarrollado estrategias de defensa territorial, autonomía y negociación institucional.

 

El análisis comparado de estos tres escenarios surge del diálogo interdisciplinario desarrollado en la mesa redonda “Retos de la institucionalización territorial: patrimonio, ley y autonomía”, realizada durante las Jornadas de Jóvenes Americanistas del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), el 3 de julio de 2025 en Quito, Ecuador, bajo el tema: “Mutaciones territoriales: perspectivas transversales, aproximaciones multitemporales”. La instancia permitió problematizar la noción de territorio desde experiencias situadas que evidencian la compleja realidad socioecológica latinoamericana. Los tres casos analizados: Aysén en la Patagonia chilena, el valle del Sondondo en la sierra peruana y el Gran Pajonal en la Amazonía peruana, muestran distintas modalidades de disputa, resignificación y apropiación territorial frente a proyectos hegemónicos de progreso desigual. 

En conjunto, estos estudios permiten comprender al territorio como una categoría analítica transversal que articula dimensiones ecológicas, espaciales, económicas, políticas, culturales, jurídicas y simbólicas. Desde los estudios culturales y la teoría del Control Cultural (Bonfil, 1991), se evidencia que las disputas territoriales no se reducen al control de los recursos, sino también al control de los significados: quién define qué es desarrollo, qué se reconoce como patrimonio y cómo se entiende la autonomía. En este sentido, el territorio emerge como un espacio de resistencia, lucha y afirmación identitaria, donde las comunidades indígenas y campesinas reescriben su relación con la modernidad, la globalización, los seres vivos y el Estado, proponiendo formas plurales y situadas de habitar el mundo.

Las reflexiones que articulan este trabajo giran en torno a tres fenómenos sociales clave: administración, patrimonialización y distritalización que, como muestran los casos de Aysén, valle del Sondondo y el Gran Pajonal, permiten comprender cómo las comunidades indígenas y campesinas reinventan sus territorialidades, despliegan estrategias de gobernanza y reconfiguran sus vínculos con el Estado, desafiando los marcos coloniales e institucionales que históricamente han limitado su autonomía.

 

Extractivismo, administración del mar y resistencias culturales en Aysén (Patagonia chilena)

La región de Aysén, en la Patagonia chilena, se configura como uno de los territorios más aislados del país, marcada por un paisaje de fiordos, canales, bosques y archipiélagos que han moldeado históricamente formas de vida basadas en la autosuficiencia y la pesca artesanal. Este territorio ha sido recurrentemente interpretado desde el centro político como una “reserva de recursos”, por ello ha sido afectada por el extractivismo y destinada a la extracción intensiva; primero mediante la ganadería y la pesca y, desde finales del siglo XX, con la creciente expansión de la industria salmonera (Fornillo y Núñez, 2021). A pesar del discurso oficial de Aysén como “reserva de vida”, que emergió con fuerza durante los gobiernos de Michelle Bachelet (centro izquierda), esta narrativa coexiste en tensión con la continuidad de megaproyectos extractivos como HidroAysén (Muñoz y Torres, 2010) y con la expansión salmonera en la zona que concentra más del 50 % de los centros de cultivo del país (Toledo, 2023; Yaitul, 2016).

La región alberga comunidades mapuche-huilliche y mapuche-chonas (no reconocidas por el Estado chileno) cuyas prácticas, conocimientos y espiritualidades mantienen una relación estrecha con el mar, concebido como un espacio relacional, sagrado y vivo. Esta ontología contrasta con las lógicas extractivistas que estructuran los proyectos de desarrollo hegemónicos promovidos desde el Estado y los conglomerados empresariales.

Las consecuencias territoriales y ecológicas de este modelo se expresan en la saturación del borde costero, la deficiente planificación y la escasa participación de las comunidades locales en la toma de decisiones estratégicas. La propagación de enfermedades, como el virus ISA, constituyen evidencias de un impacto ambiental severo que compromete la biodiversidad y la sostenibilidad del territorio (Isakson y Bernardello, 2012).

Frente a este escenario, las comunidades mapuche costeras de Pu Wapi y Antunen Rain  recurrieron a la Ley 20.249 o Ley Lafkenche para solicitar el reconocimiento de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) con el fin de resguardar sus territorios desde un enfoque ancestral y ecológico. Sin embargo, estas solicitudes encontraron barreras institucionales, técnicas y simbólicas (Álvarez et al., 2022), como procesos administrativos prolongados, rechazo sistemático en primera y segunda instancia, falta de recursos técnicos y oposición organizada de gremios empresariales que perciben la ley como una amenaza para el desarrollo económico regional.

 

La disputa territorial en Aysén revela, en efecto, una confrontación entre visiones epistémicas: por un lado, el enfoque extractivo, que concibe el mar como un recurso económico administrable; por otro, la cosmovisión indígena que entiende el lafkenmapu (espacio costero) como un territorio vivo, espiritual y colectivo, donde conceptos como mapu (universo) e itrofill mogen (biodiversidad) expresan una ética de reciprocidad con los seres humanos y no humanos para afirmar una visión del territorio como tejido de vida (Le Bonniec et al., 2017).  El extractivismo opera bajo una lógica de acumulación que subordina los territorios a la rentabilidad, mientras las epistemologías indígenas defienden la interdependencia ecológica y la continuidad de la vida.

Estas tensiones se actualizan en conflictos concretos: solicitudes de ECMPO rechazadas, presiones políticas dentro de la CRUBC (Comisión Regional de Uso del Borde Costero), campañas de desinformación en medios regionales y discursos gremiales que presentan las demandas indígenas como un obstáculo al bienestar regional. La disputa, sin embargo, no es solo económica o jurídica, sino profundamente simbólica: se debate quién tiene legitimidad para definir el futuro del territorio, qué se considera desarrollo y qué actores poseen el poder de ocupar el espacio discursivo público.

Así, Aysén se presenta como un territorio en disputa donde confluyen distintos regímenes de verdad y proyectos de mundo. La Ley Lafkenche (Ley 20.249) se convierte, más que en un instrumento técnico, en un campo de lucha política y cultural que redefine las relaciones entre Estado, naturaleza y pueblos originarios. En este marco, el mar deja de ser un mero recurso para convertirse en un espacio de memoria, dignidad y resistencia desde el cual las comunidades mapuche interpelan las lógicas hegemónicas que han gobernado históricamente el territorio.

 

Este conflicto ha sido analizado en su dimensión discursiva por Paola Henríquez-Lagos, en el marco del proyecto: “Sustentabilidad desde las ciencias sociales en el territorio Aysén” propiciado por la Universidad de Aysén en Chile y que será materializado en un libro colectivo que se publicará en el año 2026. 

A partir del enfoque de los estudios críticos del discurso y apoyado en herramientas como el análisis de contenido (Bardin, 1996; Van Dijk, 1999) y los métodos narrativos (Riessman, 2008), el estudio examina un corpus compuesto por declaraciones públicas, prensa regional y discursos de actores involucrados, entendiendo el acceso al discurso mediático como una forma de poder (Otazo, 2000; Bourdieu, 1997) y el agua y el mar como bienes comunes inscritos en relaciones de fuerza (Torres, et al., 2017; Guerrero et al., 2018).

Los resultados muestran que los actores compiten por imponer una definición legítima del mar y del bienestar regional. Para las comunidades solicitantes, la Ley 20.249 constituye una herramienta jurídica que reconoce el uso consuetudinario del lafkenmapu y permite resguardar territorios desde una ontología relacional donde el mar es un espacio espiritual, económico y cultural; su defensa se articula en claves de autonomía, cuidado ambiental y derechos colectivos, reforzada por el reconocimiento histórico del pueblo mapuche en el territorio (Pinto, 2003). Los gremios salmoneros, en cambio, construyen un discurso donde la Ley Lafkenche es presentada como una “camisa de fuerza” que obstaculiza la inversión, el empleo y el crecimiento regional, inscribiendo la discusión en marcos neoliberales de desarrollo y en la idea de que el mar es un recurso administrable y productivo (Espinoza, 2016; Zarta, 2018). Las autoridades políticas adoptan posiciones intermedias: reconocen la vigencia de la ley, pero sostienen la necesidad de reformarla para evitar conflictos y garantizar gobernabilidad.

El estudio concluye que Aysén se constituye como un territorio discursivo y político en disputa, donde el control del relato sobre el mar es tan relevante como su control material. Las solicitudes de ECMPO, pese a sus múltiples rechazos administrativos, representan prácticas contemporáneas de resistencia y reterritorialización que buscan redefinir la relación entre Estado, empresas y comunidades. En este marco, la Ley Lafkenche no opera solo como normativa, sino como un campo simbólico donde se enfrentan modelos incompatibles de bienestar, de naturaleza y de futuro, reafirmando que cada palabra pronunciada en defensa del mar constituye una forma de vida en pugna.

 

Paisaje, patrimonialización y conflicto en el valle del Sondondo

En el centro-sur del Perú, los campesinos del valle del Sondondo son los actores de un proceso de recomposición territorial y de reafirmación de sus identidades colectivas.

Desde el año 2010, el valle del Sondondo, ubicado en las provincias de Lucanas y Sucre, al sur de la región de Ayacucho, es objeto de un proceso de reconocimiento y valorización del patrimonio local por parte del Estado peruano.

Desde 2013, el Ministerio de Cultura peruano, a través de la Dirección de Paisaje Cultural anuncia querer reconocer al paisaje cultural del valle del Sondondo como patrimonio cultural de la nación para permitir “la elaboración e implementación de un conjunto de programas y proyectos que contribuirán a la conservación, gestión y promoción de este territorio cultural excepcional” [1]. Este proceso de declaratoria es realizado en coordinación con el Departamento de Arquitectura y la Coordinación de Patrimonio Arquitectónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) [2]. Sumado a lo anterior, se presentó una postulación de inscripción a patrimonio mundial de la UNESCO, la cual está en curso durante el desarrollo de este artículo y es impulsada por el Ministerio de Cultura.

En 2019, el Valle fue reconocido como “itinerario cultural de interés” por el Ministerio de Turismo y fue declarado de interés nacional por el congreso. El 23 de junio de 2019 se promulgó una ley que declara de interés nacional la promoción y la inclusión del valle del Sondondo en el Plan Estratégico Regional de Turismo del Gobierno Regional de Ayacucho (Ley N.º 30971, 2019).

 

Desde 2024, Rémi Paillet en el marco de su estudio doctoral en geografía analiza cómo los campesinos del valle del Sondondo se suman u oponen a estos procesos de reconocimiento y valorización del patrimonio local, aceptan o rechazan las iniciativas del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Turismo, mientras desarrollan nuevas actividades no agrícolas, particularmente turísticas. Los datos aquí presentados proceden de los primeros resultados de los trabajos de campo realizados en 2024 y 2025 en el valle del Sondondo.

A más de una década desde el inicio de los trabajos del Ministerio de Cultura por reconocer al paisaje cultural del Valle del Sondondo como Patrimonio Cultural de la Nación, el valle del Sondondo continúa dividido, entre las comunidades campesinas que se oponen y las que apoyan el proceso de declaratoria.

Si bien la patrimonialización es ante todo un proceso social basado en la herencia, la apropiación y la transmisión por parte de un colectivo, de un bien material o inmaterial (Veschambre, 2007), el Ministerio de Cultura peruano se atribuye la misión de declarar el paisaje cultural del valle del Sondondo, del que forman parte las terrazas agrícolas (más comúnmente llamadas andenes en Perú) utilizadas por los campesinos del valle, como patrimonio cultural de la nación. Se trata de una patrimonialización institucional y formal.

El problema de este proceso de patrimonialización radica en el hecho de que va acompañado de algunas consultas cuyo único objetivo es informar, sin tener en cuenta las opiniones de los habitantes o las comunidades campesinas, propietarios de las tierras agrícolas y usuarios de los andenes; además las consultas  están dirigidas por personas que no viven en el valle del Sondondo. Un proceso que inevitablemente genera tensiones a nivel local entre los partidarios y los opositores a la declaración de los andenes como paisaje cultural y patrimonio cultural de la nación.

Este proyecto del Ministerio genera oposición en varios distritos del valle del Sondondo, por ser malentendido por la población e insuficientemente explicado por el Estado.

En el pueblo de Andamarca, situado al sur del valle del Sondondo, esta patrimonialización institucional y exógena del paisaje (Cormier-Salem et al., 2005), y en particular de los andenes, genera una fuerte oposición por parte de los campesinos y la comunidad campesina, oposición alimentada por anteriores reconocimientos de los andenes como patrimonio arqueológico intangible a principios de la década de 2000 y por una desconfianza hacia el Estado, heredada del conflicto armado.

 

En Andamarca, el complejo arqueológico de Caniche y los andenes de la margen derecha del río Negro Mayo fueron declarados en 2003 patrimonio cultural de la nación en la categoría de “sitio arqueológico”. Desde entonces, los campesinos siguen teniendo derecho a utilizarlos para la agricultura, pero su mantenimiento está estrictamente regulado por la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 28296). La propuesta actual del Ministerio de Cultura es declarar nuevos sectores como “paisaje cultural” y no “sítio arqueológico” como en el pasado. El título de paisaje cultural es menos restrictivo que el de sitio arqueológico para los campesinos. El carácter intangible de los espacios declarados patrimonio cultural de la nación como sitios arqueológicos a principios de la década de 2000 y el temor a perder sus tierras alimentan la oposición campesina al actual proceso de declaratoria.

La dificultad de la patrimonialización del paisaje agrario reside en su carácter productivo, vivo y social. Patricia Aparicio Martínez denunció la cláusula protectora de la “intangibilización”, la cual evitaría el uso continuado y vivo de estos sistemas como hasta ahora, así como el escaso reconocimiento social del valor patrimonial de los paisajes. Explica que el valor de los andenes “no solo podría adscribirse a las tradicionales categorías del patrimonio inmueble material, sino que se acerca a las que son propias del patrimonio inmaterial” Aparicio Martínez (2018).

Para Maico Jhon Aybar Villalobos, arqueólogo de la Dirección Descentralizada del Ministerio de Cultura en Ayacucho, las dificultades que enfrenta este proyecto son el resultado de una “culpa compartida” entre los diferentes actores involucrados en la patrimonialización del valle del Sondondo: la falta de presupuesto a nivel ministerial, que no permite informar y explicar el proceso a los habitantes del valle del Sondondo ni ofrecer formación sobre el mantenimiento de los andenes; la inacción de las autoridades locales y la falta de apoyo a la conservación del patrimonio por parte de los alcaldes de los distritos del valle; y el desconocimiento del proceso de declaratoria por parte de los habitantes y su voluntad de intensificar los sistemas de producción agrícola, asociada a un escaso interés por proteger este patrimonio milenario.

Hoy en día, algunos campesinos que desarrollan una actividad turística en Andamarca se oponen a este proceso de patrimonialización exógena del paisaje, a pesar de que su actividad turística se basa en estos paisajes culturales, estos andenes siguen siendo su herramienta de trabajo.

Las tensiones entre los diferentes actores en torno a este proceso de patrimonialización del paisaje reflejan las diferentes visiones opuestas sobre el concepto de patrimonio, pero también sobre el de territorio (Di Méo, 1994). Tanto los campesinos como el Estado comprendieron que el paisaje y el patrimonio pueden convertirse en recursos, en el sentido de recursos territoriales (Gumuchian & Pecqueur, 2007), sobre los que basar una nueva dinámica económica y turística.

El estudio de las tensiones entre actores generados por los procesos de valorización del patrimonio proporciona unos primeros resultados que dan testimonio de las mutaciones territoriales en curso, de la producción de nuevos territorios, de la recomposición y reafirmación de identidades y de la necesidad de concebir el territorio como una herramienta de apropiación del espacio, tanto por parte de las instituciones como de las sociedades.

 

Distritalización y lucha territorial en el Gran Pajonal

Otro caso en donde se manifiestan diversas lógicas territoriales es el del Gran Pajonal (Keshiki) en la Amazonía peruana, territorio habitado mayoritariamente por los ashéninka, población arawak de la Selva Central que constituye, junto con los asháninka, uno de los pueblos indígenas más numerosos del país [3].

El Gran Pajonal se ubica entre los ríos Ucayali, Tambo, Perené y Pichis en el distrito de Raimondi, provincia de Atalaya, abarcando aproximadamente 360,000 hectáreas de meseta interfluvial. Este territorio ha sido escenario de múltiples disputas derivadas de diversas concepciones sobre cómo llevar el desarrollo. Esta caracterización del espacio como “rico en recursos” requiere comprender el contexto histórico de relacionamiento con agentes externos no-indígenas. La proyección idealizada del potencial productivo del Pajonal se originó con los primeros intentos de conquista por parte de los misioneros franciscanos en 1730. Durante casi tres siglos, los ashéninka han enfrentado diversos planes de apropiación y explotación territorial: primero por la corona española, posteriormente por el naciente Estado peruano y, más recientemente, por colonos de las tierras altas (Hvalkof, 1987) y Sendero Luminoso (Hvalkof, 1998). Estos repetidos intentos de conquista y control de recursos estuvieron acompañados de justificaciones ideológicas que caracterizaban a los indígenas como “salvajes” y “primitivos”, legitimando así su explotación y la de sus territorios bajo diversas consignas de “civilización” y “desarrollo” (Hvalkof, 2006).

Entre mediados de la década de 1980 e inicios de los 2000, los ashéninka lograron garantizar parcialmente la protección territorial mediante la titulación legal de sus comunidades, estableciendo un marco formal de defensa frente a diversos agentes externos no-indígenas. En la actualidad, sin embargo, navegan por un complejo equilibrio entre sus propias concepciones del territorio —basadas en redes de relaciones sociales, espirituales y ecológicas—, las nuevas formas de territorialidad impuestas por economías extractivistas —muchas veces ilegales—, y por las agendas ecológicas de instituciones estatales y ONG. Esta negociación se desarrolla dentro de una política indígena que se compromete estratégicamente con las demandas institucionales externas, resistiendo simultáneamente las lógicas puramente extractivistas.

En este contexto territorial, desde 1992, la Organización Ashéninka del Gran Pajonal ha venido impulsando el proceso de distritalización (Fernández, 2015), formalizado actualmente mediante la Ley 31.513, publicada en 2022, que declara junto a otros distritos de interés nacional la creación del distrito del Gran Pajonal. Este proceso representa una estrategia política particular: la organización indígena no rechaza las estructuras formales del Estado, sino que las concibe como herramientas para lograr una mejor gobernanza territorial y mejorar sus condiciones de vida.

 

La distritalización revela una aparente paradoja: la búsqueda de autonomía indígena mediante la incorporación a marcos institucionales formales del Estado. Sin embargo, los ashéninka ejercen su derecho a la autodeterminación precisamente porque dirigen libremente cómo desean relacionarse con el Estado [4]. Esta forma de autodeterminación les permite mantener control sobre sus asuntos locales mientras se relacionan estratégicamente con el Estado, desafiando las narrativas tradicionales que oponen resistencia indígena y participación estatal.

Este proceso ilustra una modalidad específica de participación política indígena que trasciende el modelo de las organizaciones como intermediarias ante el Estado (Chaumeil, 2000). La distritalización representa la incorporación directa de las poblaciones indígenas a estructuras estatales mucho más complejas como estrategia de autonomía territorial. No constituye una adopción de formas alóctonas de organización política, sino una apropiación estratégica de herramientas estatales dentro de una historia de relacionamiento externo orientada a preservar y mejorar las formas de vida ashéninka.

 

Sebastián García Cruz es estudiante de maestría en Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y miembro del Grupo de Antropología Amazónica. Desde 2020 trabaja etnográficamente con el pueblo ashéninka del Gran Pajonal. Su investigación de maestría aborda cómo las expectativas de los ashéninka en torno al proceso de distritalización del Gran Pajonal incluyen formas de incorporación creativa de instituciones estatales pero también de rechazo y crítica simultánea a “la política del Estado”. El proceso de distritalización permite observar cómo se generan apropiaciones en el control territorial y la protección de sus modos de vida, negociando creativamente con el Estado sin subordinarse a una lógica de “formación estatal”.

 

Recomposiciones territoriales: autonomía esperada y gobernanza compartida

En los tres casos analizados: Aysén, el valle del Sondondo y el Gran Pajonal se observa un patrón común: la relación difícil, fragmentada y distante entre las comunidades (indígenas y campesinas) y el Estado, marcada tanto por la desconfianza histórica como por las estrategias locales para disputar, resistir o apropiarse de dispositivos institucionales. Aunque los contextos son distintos, todos revelan que la autonomía no constituye un estado fijo ni un horizonte único, sino un imaginario desplegado a través de múltiples caminos, donde las comunidades combinan resistencia, negociación y reapropiación de herramientas estatales.

 

En la Amazonía peruana, la búsqueda de autonomía ashéninka se expresa en estrategias de apropiación estratégica, donde la distritalización funciona como una forma autonomía territorial frente en donde el Estado es una herramienta más antes de que sugiera una simple integración en sus estructuras formales.  Esta no adopción total de las formas estatales puede delinear una desconfianza, hacia agentes no-indígenas como los  misioneros, colonos y otros agentes extractivos, por ello, es necesario problematizar estas relaciones con el Estado como prácticas de defensa territorial que cuentan con especial  vigilancia sobre actores externos, especialmente los colonos de las tierras altas cuya presencia se percibe como amenaza recurrente.

En contraste, en el valle del Sondondo la tensión no se orienta hacia la autonomía en sentido político-formal, sino hacia el respeto de los derechos territoriales y de la autoridad comunal. La patrimonialización estatal, aun presentada como mecanismo de reconocimiento, produce desacuerdos internos y conflictos entre campesinos y el Estado, evidenciando que existen visiones incompatibles sobre el valor del paisaje, la soberanía territorial y el sentido del patrimonio. La lentitud del proceso y la fractura entre sectores opositores y partidarios expresan la herida todavía abierta del conflicto armado (1980–2000) y la distancia histórica entre Estado y campesinado andino.

En el caso austral de Chile, las tensiones se amplifican por la fragilidad socioeconómica, el centralismo político y el avance legislativo favorable al modelo extractivista: retrocesos en la Ley Lafkenche, reducción de millas marinas protegidas, nuevas leyes de permisología y episodios de violencia institucional con el Estado, como denuncias de detención y tortura contra autoridades mapuche, profundizan la percepción de un Estado miope, intervencionista en lo normativo pero ausente en lo social, que controla sin conocer y administra sin habitar los territorios aislados. Aquí, las comunidades mapuche-lafkenche movilizan la Ley 20.249 como herramienta de resistencia y de territorialización, desafiando la apropiación empresarial del mar y cuestionando el lugar subalterno que el Estado les asigna.

 

Los tres territorios comparten procesos simultáneos de desinterés estatal pero esa necesidad por el control territorial, donde la distancia geográfica sirve de fundamento a políticas que territorializan desde arriba, imponiendo lógicas técnicas o económicas que invisibilizan formas locales de vida. Las comunidades, sin embargo, responden mediante prácticas situadas que reformulan el vínculo con el Estado: lo confrontan, lo condicionan o lo reapropian según sus objetivos, demostrando que la autonomía en Perú y Chile se construye desde relaciones complejas y no desde rupturas absolutas.

Estos casos muestran que las disputas territoriales no se explican solo por el acceso o manejo de recursos, sino por la definición misma del territorio como lugar de existencia y lugar político clave en donde  emergen diversos proyectos de desarrollo inconmensurables: uno empresarial con respaldo estatal que busca administrar, patrimonializar o explotar y otro comunitario que defiende el territorio como memoria, como derecho y como posibilidad de futuro.

 

Referencias

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[1] Consulte en:  https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/46526-valle-de-sondondo-camino-a-ser-patrimonio-cultural-de-la-nacion

[2] Consulte en: https://arquitectura.pucp.edu.pe/investigacion/proyectos/paisajes-culturales-del-valle-del-sondondo/

[3] Los pueblos asháninka y ashéninka conforman una población de aproximadamente 60,000 habitantes en el Perú. Las similitudes y diferencias lingüísticas entre ambos grupos continúan siendo objeto de debate entre especialistas en lingüística amazónica.

[4] Desde la perspectiva de la autodeterminación establecida en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (Art. 3 y 4).


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
idalima2023 (7 février 2026). Estrategias territoriales frente a la institucionalización observados en los casos de Chile y Perú. IFEA. Consulté le 7 mars 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/15nbn


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